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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02295-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02295-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-02295-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: JACKSON IGNACIO CASTELLANOS ANAYA
Accionado: JUZGADO OCHOCIENTOS CUATRO ADMINISTRATIVO
TRANSITORIO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Tema: SE DECLARA IMPROCEDENTE. No cumple con el requisito de
procedencia de falta de legitimación en la causa por activa.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra el Juzgado
Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor Jackson Ignacio Castellanos Anaya, “[…] actuando en nombre propio, y
en representación de la señora LUCÍA ESMERALDA RESTREPO GÓMEZ […]”,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y
acceso a la administración de justicia cuya vulneración le atribuyó al Juzgado
Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá por la omisión
de dar respuesta a la solicitud de 8 de julio de 2025 presentada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-33-42-051-2018-
00498-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el 8 de julio de 2025 presentó una solicitud de copias ante el Juzgado
Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio de Bogotá, la cual fue reiterada ante
la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca el 14 de enero de 2026, mediante la cual solicitó lo siguiente:

“[…] JACKSON IGNACIO CASTELLANOS ANAYA, en mi condición reconocida de
apoderado de la parte demandante, respetuosamente acudo a usted, con el fin de
solicitar: se me expida copias auténticas y constancia ejecutoria que preste mérito

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

ejecutivo de las sentencias proferidas dentro del proceso de la referencia […]”. [Negrilla
del texto].

2.2. Mencionó que el 4 de marzo de 2026 se registró la anotación de archivo en el
trámite de primera instancia en el sistema de gestión judicial SAMAI y se omitió dar
respuesta a la solicitud de copias que estaba pendiente. Indicó que por esa dilación
injustificada se configuraba la mora judicial.

2.3. Refirió que, a la fecha de la presentación de la presente acción de tutela, no ha
recibido respuesta alguna.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERA. Se ampare (sic) los derechos fundamentales aquí propuestos
vulnerados por el Juzgado (804) Administrativo Transitorio del circuito de
Bogotá.

SEGUNDA. Ordenar a (sic) Juzgado (804) Administrativo Transitorio del circuito
de Bogotá, en el término de 48 horas a dar trámite a la expedición de copias
auténticas y constancia ejecutoria que presenten (sic) merito (sic) ejecutivo para
poder radicar la cuenta de cobro ante la entidad. […]”. [Negrilla del texto].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 16 de marzo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso identificado con radicación número 25000-23-15-000-2026-00194-00
en la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca admitió la presente acción de tutela. Asimismo, requirió al accionante
que aportara constancia de radicación de las solicitudes de copias auténticas.

5. El tribunal mediante auto de 18 de marzo de 2026 dispuso remitir la acción de
tutela al Consejo de Estado, en razón a que “[…] una de las solicitudes objeto de
esta tutela fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
quien no le ha dado tramite (sic) a la misma, y que dicho sea de paso, revisado el
aplicativo SAMAI tiene pendiente resolver otra solicitud en el expediente ordinario
de la referencia, encontrándose el proceso al despacho del magistrado sustanciador
para su resolución […]”. [Negrilla del texto]

6. Mediante auto de 6 de abril de 2026, el Despacho de la Sección Primera del
Consejo de Estado a cargo de la sustanciación del proceso avocó conocimiento de
la presente acción de tutela con radicación número 11001-03-15-000-2026-02295-
00. Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés directo en el resultado del
proceso a la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y a la Fiscalía General de la Nación.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

V. INTERVENCIÓN

7. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los vinculados,
se allegaron los siguientes informes:

7.1. El Juzgado Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito de
Bogotá rindió informe en los siguientes términos:

“[…] En relación con el proceso identificado con radicado No.
11001334205120180049800, en el cual figura como demandante la señora
LUCIA ESMERALDA RESTREPO G., este despacho se permite precisar lo
siguiente:

El Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la sentencia
de segunda instancia el 4 de mayo de 2025; posteriormente, el 9 de junio de
2025, el expediente fue recibido en este despacho con ocasión de su
devolución por parte del superior funcional.

Con posterioridad, mediante auto de 14 de agosto de 2025, el Juzgado 604
Administrativo Transitorio dispuso la devolución del expediente al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sala Transitoria, con el fin de que se
efectuara la corrección de una inconsistencia advertida en la referida
providencia de segunda instancia, remisión que se materializó a través de la
plataforma SAMAI el 11 de febrero de 2026.

No obstante, por una inadvertencia de carácter procesal, el Juzgado 804
Administrativo Transitorio profirió auto de “obedézcase y cúmplase” el 4 de
marzo de 2026 y ordenó el archivo del expediente, omitiendo considerar que
se encontraba pendiente el trámite de corrección ante el superior jerárquico.

Es necesario precisar que este Despacho se halla ante una imposibilidad
jurídica y material para dar trámite a la expedición de copias auténticas, toda
vez que el expediente fue remitido formalmente al Honorable Superior desde
el pasado 11 de febrero de 2026 a través de la plataforma SAMAI, con el fin
de surtir el trámite de corrección de la sentencia. Al encontrarse el proceso
bajo la jurisdicción y custodia del Superior Jerárquico, este Juzgado 804
Transitorio carece de la competencia funcional para certificar una providencia
que actualmente se encuentra en etapa de modificación; situación que no se
convalida por el error involuntario ocurrido el 04 de marzo de 2026 al proferir
el auto de 'obedézcase y cúmplase', actuación que carece de sustento fáctico
al no hallarse el proceso en el Despacho y la cual será saneada mediante el
correspondiente control de legalidad.

En consecuencia, la orden de tutela resulta de imposible cumplimiento hasta
tanto el Tribunal no devuelva el plenario debidamente corregido.

De esta manera, y en aras de garantizar el acceso a la administración de
justicia y en cumplimiento a los principios de la función administrativa de
eficacia, eficiencia y celeridad, se proferirá un auto mediante el cual se dejará
sin efecto el auto de "obedézcase y cúmplase" del 4 de marzo de 2026. Esta
decisión tiene como finalidad permitir que el Tribunal Superior realice la
corrección correspondiente de la sentencia de segunda instancia, tal como
fue solicitado por el Juzgado 604 Transitorio el 14 de agosto de 2025.

Bajo las anteriores consideraciones de orden fáctico y jurídico, que dan cuenta
de la ruptura de la competencia funcional por parte de esta autoridad, el

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Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

suscrito Juez solicita muy comedidamente a su Despacho la desvinculación
de la presente acción […]”.

7.2. LaSecretaría de la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva y explicó que no ha incurrido en acción u omisión
vulneradora de derechos, que la solicitud de copias se hizo en el 2025 cuando el
expediente obraba en el despacho de origen. Además, relacionó las actuaciones
adelantadas en el trámite del proceso e indicó que recibió la apelación de la
sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuatrocientos Siete
Administrativo Transitorio de Bogotá y, luego de proferir sentencia de segunda
instancia, devolvió el proceso al Juzgado Seiscientos Cuatro Administrativo
Transitorio de Bogotá.

7.3. Expresó que el Juzgado recibió la solicitud de copias el 8 de julio de 2025 y
advirtió que la parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia contenía un
error por lo que, mediante auto de 14 de agosto de 2025, devolvió el proceso al
Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Dicho envío solo pudo hacerse efectivo
cuando los despachos transitorios entraron en funcionamiento, por lo que el tribunal
recibió el expediente hasta el 11 de febrero de 2026. Actualmente, el proceso se
encuentra al despacho pendiente de resolver la corrección de la sentencia sin que
haya sido posible dar trámite a la solicitud de copias debido a que depende de la
primera gestión.

7.4. La Fiscalía General de la Nación afirmó que no tiene legitimación en la causa
por pasiva debido a que la acción u omisión endilgada a la vulneración no se
encuentra dentro de las competencias de la entidad.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de noviembre
de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del Acuerdo núm.
080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de
diciembre de 20246.

1
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política […]”.
2
“[…] Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho […]”.
3
“[…] Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela […]”.
4
“[…] Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho […]”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

VI.2. Cuestión previa

9. La Sala advierte que, previo a la definición del problema jurídico que se resolverá,
resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal
presentada por el Juzgado Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del
Circuito de Bogotá, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación.

10. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T-1001 de 20067, señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

‘2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el
mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el
demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la
legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con
el interés sustancial que se discute en el proceso […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción
[…]’ […]” (subrayado fuera del texto).

11. Teniendo en cuenta que la Fiscalía General de la Nación fue parte demandada
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del
cual se elevó la solicitud de copias, la Sala considera que a esta entidad sí le asiste
el interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

12. Asimismo, el Juzgado Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito
de Bogotá y la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca son las autoridades judiciales que tienen a cargo el proceso en el
trámite ordinario donde no se ha resuelto la solicitud del accionante, por lo que la
Sala considera que sí les asiste el interés jurídico para ser vinculadas a esta acción
constitucional.

13. Por lo anterior, se negarán las solicitudes de desvinculación presentadas, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

VI.3. Problemas jurídicos

14. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

7
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá:

b) Determinar si la accionada vulneró los derechos fundamentales invocados
por el accionante al omitir dar respuesta a la solicitud.

15. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) requisitos de procedencia de la acción de tutela y
posteriormente (ii) resolver el caso concreto.

VI.4. Requisitos de procedencia de la acción de tutela

16. De acuerdo con el artículo 5° del Decreto Ley 2591 de 1991, la acción de tutela
procede:

“[…] [C]ontra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el
artículo 2 de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este
Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción
de la autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito
[…]”.

17. A su vez, el artículo 6° del mismo Decreto Ley señala que la acción de amparo
deviene en improcedente en las siguientes circunstancias:

“[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que
aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el
solicitante.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas
corpus.

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los
demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no
obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o
violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.

4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño
consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

5. Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto […]”.

18. En ese sentido, esta Sala de Decisión ha señalado que, de acuerdo con las
normas citadas, cualquier ciudadano que considere amenazado o vulnerado un
derecho fundamental puede acudir ante un juez de la República para obtener la
protección judicial de las garantías constitucionales conculcadas o amenazadas. Así
las cosas, se han establecido como requisitos de procedencia de la acción de tutela:
la legitimación en la causa por activa, la inmediatez y la subsidiaridad.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

VI.5. El caso concreto

19. El señor Jackson Ignacio Castellanos Anaya, “[…] actuando en nombre propio, y
en representación de la señora LUCÍA ESMERALDA RESTREPO GÓMEZ […]”,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y
acceso a la administración de justicia cuya vulneración le atribuyó al Juzgado
Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá por la omisión
de dar respuesta a la solicitud de 8 de julio de 2025 presentada dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho núm. 11001-33-42-051-2018-
00498-00/02.

20. La Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela, en especial la falta de legitimación en la causa por activa.

VI.5.1. La falta de legitimación en la causa por activa en el sub examine

21. Sobre el particular, sea lo primero en indicar que, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991, toda persona tiene a su
disposición la acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales amenazados o
vulnerados por cualquier autoridad pública o por los particulares encargados de la
prestación de un servicio público.

22. Precisamente, el artículo 10° del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19918,
que se refiere a la legitimidad e interés para el ejercicio de la acción, prevé:

“[…] LEGITIMIDAD E INTERÉS. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo
momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus
derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de su
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos
no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal
circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. También podrán
ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales […]”.

23. Bajo ese entendido, la Corte Constitucional ha señalado que el presupuesto de
legitimación en la causa se encuentra satisfecho en los siguientes eventos: i) cuando
la acción de tutela es promovida directamente por el afectado; ii) cuando es promovida
por el afectado a través de apoderado judicial; iii) si el mecanismo de amparo es
interpuesto por el representante legal del afectado; iv) cuando se actúa en calidad de
agente oficioso del afectado, siempre que se acredite la imposibilidad del agenciado
de actuar por sí mismo, y v) cuando la acción de amparo es promovida por el Defensor
del Pueblo o los personeros municipales.

24. También ha precisado la Corte Constitucional el alcance del concepto de
legitimación en la causa por activa en los siguientes términos:

8
“[…] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. […]”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

“[…] La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito
de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. Es una calidad subjetiva de las
partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por
tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el
juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse
inhibido para fallar el caso de fondo.

La legitimación por activa es requisito de procedibilidad. Esta exigencia significa
que el derecho para cuya protección se interpone la acción sea un derecho
fundamental propio del demandante y no de otra persona. Adicionalmente, la
legitimación en la causa como requisito de procedibilidad exige la presencia de
un nexo de causalidad entre la vulneración de los derechos del demandante, y
la acción u omisión de la autoridad o el particular demandado, vínculo sin el cual
la tutela se torna improcedente […]”9. [Subrayado fuera del texto].

25. Descendiendo al caso objeto de estudio, se observa que el señor Jackson Ignacio
Castellanos Anaya presentó la presente acción de tutela “[…] actuando en nombre
propio, y en representación de la señora LUCÍA ESMERALDA RESTREPO GÓMEZ
[…]”. Sin embargo, se advierte que el expediente no contiene documento alguno en
el que la señora Lucía Esmeralda Restrepo Gómez le haya conferido poder, así
como tampoco se encuentra una manifestación de que ella no está en condiciones
de promover su propia defensa.

26. Adicionalmente, la Sala enfatiza que los sujetos procesales del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho son Lucía Esmeralda Restrepo Gómez,
como demandante, y la Fiscalía General de la Nación, como demandada. El
accionante de la presente acción constitucional figuró como apoderado en dicho
trámite judicial, sin ostentar la calidad de parte; por lo que, en principio, los
legitimados afectados por la presunta decisión objeto de esta acción serían los
mencionados sujetos procesales.

27. Esta Sección ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que, en principio, sólo
los sujetos procesales se encuentran legitimados para controvertir, a través de la
acción de tutela, las decisiones o actuaciones que se realizan en el curso de un
proceso judicial10.

28. De lo anterior, la Sala concluye que el señor Jackson Ignacio Castellanos Anaya,
al no tener la calidad de parte dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 11001-33-42-051-2018-00498-00/02, no tiene la
titularidad de los derechos invocados y, en consecuencia, carece de legitimación
para interponer esta acción constitucional.

29. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de tutela al no cumplir el requisito de falta de legitimación en la causa por
activa.

9
Corte Constitucional. Sentencia T - 568 de 2012. M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 7 de
septiembre de 2023 y Rad. 110010315000-2023-05226-00, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón; 2 de noviembre de 2023.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-02295-00
Accionante: Jackson Ignacio Castellanos Anaya

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por el Juzgado
Ochocientos Cuatro Administrativo Transitorio del Circuito de Bogotá, la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Fiscalía
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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