Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-04445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-04445-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-04445-00
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Adolfo Martín Arias Villalobos.
Parte acionada: Tribunal Administrativo de Bolívar.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00.
Asunto: Tutela contra autoridad judicial. Improcedencia por falta de
legitimación en la causa por activa.
Sentencia de primera instancia
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la parte accionante
contra el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La señora Adelina Castro Suárez presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital San Juan de Dios
de Mompox y el Departamento de Bolívar.
1.2. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia de 17 de
octubre de 2014 dentro del proceso 13001-23-31-002-2007-00723-00,
accedió a las pretensiones.
1.3. El Consejo de Estado confirmó la sentencia de primera instancia
mediante fallo de 9 de febrero de 2017.
1.4. Dado el incumplimiento de la sentencia por el Departamento de
Bolívar, fue presentada demanda ejecutiva en su contra, la cual fue
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
tramitada por el Tribunal Administrativo de Bolívar con el radicado núm.
13001-23-33-000-2020-00596-00, en la cual se libró mandamiento de
pago mediante auto de 27 de marzo de 2023.
1.5. El 23 de febrero de 2026 fue presentada una solicitud de medidas
cautelares para el embargo de las cuentas bancarias de la entidad
demandada, sin que hasta el momento se haya producido un
pronunciamiento al respecto.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La parte actora manifestó que se ha visto afectado en sus derechos
constitucionales dado que existe una “[…] evidente mora judicial, injustificada
por demás, por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, por no
haberse dictado auto decretando las medidas cautelares solicitadas en los
términos de ley […]”.
Indicó que la mora judicial afecta de manera directa sus derechos
fundamentales y sostuvo que “[…] en mi condición de apoderado he solicitado
varios impulsos procesales, a efectos de solicitar que se dicte auto de medidas
cautelares, de igual manera, además que ha acudido al despacho en varias
oportunidades de manera presencial, pero a pesar de los múltiples
requerimientos hechos al Tribunal, estos han sido infructuosos […]”.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] Tutelar los Derechos Fundamentales DEBIDO PROCESO, ACCESO
A LA JUSTICIA, teniendo como base las motivaciones de violación o
amenaza de los derechos invocados.
Para proteger esos derechos fundamentales, o para amparar cualquier
otro que el Honorable Consejo de Estado considere violado, pues en este
aspecto el juzgamiento es difuso, agradezco que se acoja la presente
acción de tutela para proteger los derechos fundamentales ya
mencionados, y se le ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOLIVAR MAGISTRADO 003, resolver en el término de 48 horas a partir
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
de la respectiva comunicación o que indique los motivos por los cuales no
ha RESUELTO LA SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR
SOLICITADA dentro del trámite judicial del proceso de EJECUTIVO A
CONTINUACIÓN […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Mediante auto de 16 de junio de 2026, se admitió la presente acción de tutela
y se vinculó al Departamento de Bolívar y a la Señora Adelina Castro Suárez,
en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso.
III. INTERVENCIONES
1. El Tribunal Administrativo de Bolívar rindió informe en el que refirió las
distintas actuaciones desplegadas dentro del proceso objeto de tutela, a partir
del cual manifestó que la demora obedece a la congestión judicial y, a que “[…]
Mediante memorial presentado el 25 de mayo de 2026, el departamento de
Bolívar presentó una solicitud de terminación del proceso ejecutivo por pago.
Al respecto, la directora de Defensa Judicial de la entidad manifiesta que
obtuvo constancia de pago de fecha 23 de julio de 2013, por valor de
$63.026.364, suma que fue consignada a la cuenta corriente No.
057960004901 del banco Davivienda, de propiedad de la señora Isabel María
Diaz Martínez […]” por lo que antes de resolver sobre la medida cautelar de
embargo solicitada por la parte demandante debe revisarse previamente la
solicitud de terminación del proceso por pago.
2. La Gobernación de Bolívar solicitó “[…] Declarar la IMPROCEDENCIA de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por activa, en la medida
en que el accionante no demuestra ser titular material de los derechos
fundamentales cuya protección reclama, ni acredita de manera suficiente
poder especial, expreso e idóneo para promover esta acción constitucional en
nombre de la señora Adelina Castro Suárez, y de manera subsidiaria en caso
de que se considere superado el presupuesto de legitimación en la causa, se
solicita negar el amparo en los términos pretendido, por cuanto la acción de
tutela no puede ser usada como mecanismo de impulso procesal […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, mediante el cual se regula la distribución
de procesos entre las secciones.
2. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sección debe establecer:
A) Si en el presente asunto el accionante se encuentra legitimado
para interponer la presente acción de tutela y, si ello es así, se
deberá:
B) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales de
la parte actora con ocasión de la presunta mora judicial en el marco
del proceso ejecutivo con radicado 13001-23-33-000-2020-00596-
00.
3. Caso concreto
3.1. Del análisis de la legitimación en la causa por activa del señor Adolfo
Martín Arias Villalobos
La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa por
activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo. En tal sentido,
supone verificar la calidad subjetiva de las partes respecto del interés
1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
sustancial discutido en la acción de tutela, de manera que el derecho cuya
protección se pretende debe corresponder al demandante y no de otra
persona2.
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que “[…] toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad […]” [Se destaca].
Por su parte, el artículo 10º del Decreto Ley 2591 de 19913 establece que “[…]
La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales,
quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se
presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos
cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su
propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la
solicitud. También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales […]” [Se destaca].
A partir de lo anterior, es claro que el o la titular de los derechos fundamentales
que se estiman amenazados o vulnerados puede ejercer la acción de tutela: i)
por sí mismo o actuando mediante apoderado judicial, o ii) a través de agente
oficioso, quien deberá manifestar que actúa como tal y acreditar las razones
por las cuales el titular de los derechos fundamentales que se estiman
amenazados o conculcados no puede ejercer por sí mismo su propia defensa.
Sobre la agencia oficiosa, la Corte Constitucional ha considerado que es
indispensable que el agente oficioso afirme que actúa en dicha condición y
demuestre que el titular del derecho amenazado o vulnerado se encuentra en
2
Sentencia T-086 de 2010; M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
3 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
imposibilidad de promover su propia defensa, “[…] bien sea por circunstancias
físicas, como la enfermedad, o por razones síquicas que pudieren haber
afectado su estado mental, o en presencia de un estado de indefensión que le
impida acudir a la justicia […]”4. De ahí que dicha corporación ha establecido
los siguientes requisitos para su configuración:
“[…] La Corte Constitucional se ha ocupado de establecer algunos
requisitos que deben verificarse cuando un ciudadano actúa como agente
oficioso de otra persona. En primer lugar, debe manifestar que actúa en
tal calidad. En segundo lugar, debe encontrarse acreditado en el
expediente que la persona a favor de quien actúa no puede
interponer por sí misma el amparo que se invoca. En tercer lugar, no
es necesario que exista una relación jurídica entre el agente y el
agenciado o agenciados titulares de los derechos fundamentales. Y en
cuarto lugar, cuando ella sea posible, debe existir una ratificación
oportuna por parte del agenciado respecto de los hechos o las
pretensiones que se consignan en el escrito de tutela. Sin embargo, los
anteriores requisitos deben aplicarse en forma flexible, atendiendo a las
circunstancias particulares de cada caso concreto […]”. [Se destaca]
En el presente caso, el señor Adolfo Martín Arias Villalobos presentó la acción
de tutela de la referencia en nombre propio y en su calidad de apoderado
judicial de la señora Adelina Castro Suárez dentro del proceso de ejecutivo
con núm. 13001-23-33-000-2020-00596-00.
Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que obran en el
expediente de tutela, la Sala advierte que el señor Arias Villalobos no aportó
poder que lo facultara para promover la presente acción constitucional en
representación de la señora Adelina Castro Suárez. De igual manera, se
observa que aquel no ostenta la calidad de parte dentro del proceso
identificado con el radicado 13001-23-33-000-2020-00596-00, objeto de la
presente acción de tutela. En consecuencia, el señor Arias Villalobos carece
de legitimación en la causa por activa para promover el mecanismo de amparo
constitucional de la referencia.
Sobre el particular, cabe indicar que los únicos legitimados para promover el
mecanismo de amparo con el objeto de cuestionar una actuación u omisión
4
Sentencia SU-707 de 1996. Magistrado Ponente: Hernando Herrera Vergara.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
dentro de un proceso judicial, son los sujetos procesales del proceso que se
cuestiona por vía de tutela, ya que ellos serían los eventualmente afectados y
quienes tendrían el interés de que el juez constitucional proteja sus derechos
fundamentales.
Al respecto, esta Sección ha “[…] venido sosteniendo en su jurisprudencia que,
en principio, sólo los sujetos procesales se encuentran legitimados para
controvertir, a través de la acción de tutela, las decisiones o actuaciones que
se realizan en el curso de un proceso judicial […]”5.
Así las cosas, la Sala considera que no se encuentran satisfechos los
requisitos exigidos en los artículos 86 de la Constitución Política y 10º del
Decreto Ley 2591 de 1991, motivo por el cual se declarará improcedente la
acción de tutela de la referencia por falta de legitimación en la causa por activa
del señor Adolfo Martín Arias Villalobos.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de la referencia por
falta de legitimación en la causa por activa, con fundamento en las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: En caso de que este fallo no sea impugnado y quede en firme,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
5
Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-05226-00, 2 de noviembre
de 2023. Consejo de Estado. Sección Primera. Rad. 110010315000-2023-04321-00, 7 de
septiembre de 2023.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-04445-00
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.