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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11209-00

Fecha
1 de abril de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11209-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la indebida representación del municipio de Cáqueza (Cundinamarca), de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR que en el presente asunto se configuró la cosa juzgada constitucional en lo relativo a las acusaciones presentadas contra el auto interlocutorio de 22 de enero de 2020, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, respecto de las acusaciones formuladas en contra de las providencias de 22 de febrero de 2018 y 16 de septiembre de 2021, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta sentencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión. QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11209-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

1 de abril de 2022

Radicado: 11001 03 15 000 2021 11209 00
Demandante: JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ ALONSO

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., primero (1º) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2021 11209 00
Demandante: JESÚS ANTONIO MARTINEZ ALONSO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “A”, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN
C Y JUZGADO 64 ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ – SECCIÓN TERCERA

Tesis: Improcedencia de la acción de tutela por
incumplimiento del requisito general de inmediatez.
Cosa juzgada en la acción de tutela. No se cumplen los
supuestos para que se configure actuación temeraria.
Improcedencia de la acción de tutela si la sentencia
acusada decidió una solicitud de amparo constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Jesús Antonio
Martínez Alonso en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección “A”, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección
Tercera – Subsección C, y el Juzgado 64 Administrativo de Oralidad del
Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera.

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El señor Jesús Antonio Martínez Alonso, actuando en nombre propio,
invocó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la defensa1 y al acceso a la administración de justicia2, que estimó
vulnerados con ocasión de las siguientes providencias:

1 Así lo afirmó el accionante en los escritos remitidos el 11 y 13 de enero de 2022.
2 El accionante invocó también este derecho fundamental en el escrito de 7 de febrero de 2022.

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Radicado: 11001 03 15 000 2021 11209 00
Demandante: JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ ALONSO

• Auto de 22 de febrero de 2018, dictado por el Juzgado 64
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá, por el
cual se rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida en audiencia de 12 de diciembre de 2017,
dentro del proceso de reparación directa con radicado número
11001 33 36 719 2014 00069 00, promovido por el aquí accionante
en contra del municipio de Cáqueza - Cundinamarca.

• Auto de 22 de enero de 2020, dictado por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, dentro del
trámite de recurso extraordinario de revisión con radicado número
25000 23 36 000 2019 00231 00, mediante la cual rechazó el
recurso presentado en contra de la sentencia arriba mencionada.

• La sentencia de 16 de septiembre de 2021, proferida por el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A, mediante la cual se
rechazó por improcedente la acción de tutela promovida por el aquí
accionante en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección C, tramitada bajo el radicado
número 11001 03 15 000 2021 05171 00.

De la lectura de los diferentes memoriales presentados por el accionante,
se extraen los siguientes argumentos principales:

En primer lugar afirmó lo siguiente: “[…] De acuerdo al inciso segundo de la
hoja 4 el derecho que negó el juzgado 64 de Bogotá fue con relación al recurso
que se presentó el día 11 de enero de 2018 de apelación, en referencia al auto
de ese despacho 22 de febrero 2018 que lo negó en totalidad y el mismo se hizo
dentro del término legal ley 1437.2011 (sic) art. 247, como la página estaba
caída no se pudo presentar reclamación por este hecho se vulnero el trámite del
debido proceso por el juez 64.”

En segundo lugar, advirtió que “En relación al tribunal administrativo de
Cundinamarca donde se presentó el recurso extraordinario de revisión en marzo
del 2019 contra el auto 27 de enero de 2020 donde lo dio por extemporaneo,
(sic) como el año 2019 hubo paro judicial y también estuve con incapacidad de
salud por la cual impedía verla presentado (sic), como lo indica el art 251 insisto

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3 ley 1437.2011 (sic) nos señala 5 años que vencería en el 2014 por este hecho
como se negó se vulnera el trámite de acceso a la justicia que es sobre el recurso
de apelación.”

Finalmente, señaló que “En lo que se relación (sic) al consejo de estado sección
segunda en el fallo que emitió el día 16 de septiembre de 2021, que se había
presentada (sic) tardíamente ya que se debía de ver (sic) instaurado en el
febrero 2019 y no en marzo 2019, viendo que había un paro judicial y eso
ampliaba los términos de caducidad y como el art. 10 del decreto 25-91-91 nos
da que se puede presentar en cualquier momento de fecha o por la cual la cree
improcedente, aquí se vulneró el trámite del derecho constitucional del
ciudadano, que con esta acción concedida es para revocar el auto que se
señalaron en las fechas anteriores”

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

2.1. Por autos de 13 de diciembre de 2021 y 26 de enero de 2022, el
despacho sustanciador ordenó requerir a la parte accionante para que
precisara, en relación con las autoridades accionadas, los derechos
fundamentales vulnerados, el objeto de la solicitud de amparo y los
hechos generadores de la vulneración de sus garantías.

2.2. Mediante memoriales de 11 y 13 de enero y 7 de febrero de 2022, y
en respuesta a los anteriores requerimientos, el accionante precisó
algunos puntos de la solicitud de amparo, por lo que, el 14 de febrero de
2022, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, ordenó
notificar a los Magistrados que integran la Subsección A – Sección
Segunda del Consejo de Estado, la Sección Tercera – Subsección C del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez 64 Administrativo de
Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Tercera. A su vez,
dispuso comunicar la iniciación del presente trámite al municipio de
Cáqueza – Cundinamarca.

2.3. El Juez 64 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de
Bogotá sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales del
actor y que la acción de tutela de la referencia debe negarse y declararse

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improcedente, principalmente porque el actor contaba con recursos
ordinarios para controvertir las decisiones acusadas.

2.4. Una abogada que dijo actuar como apoderada judicial del municipio
de Cáqueza (Cundinamarca) solicitó que se niegue la presente acción
de tutela, sin embargo, no aportó poder que la faculte para representar
los intereses del referido ente territorial en este trámite constitucional.

2.5. Por su parte, el Magistrado que actuó como ponente en la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, solicitó
que se rechazara por improcedente la solicitud de amparo en estudio,
pues, en primer lugar, el accionante contaba con la posibilidad de
impugnar la decisión que rechazó el mecanismo de amparo, y en segundo
término, se está acusando una sentencia de tutela.

2.6. Finalmente, el Magistrado que actuó como ponente en el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
C, advirtió que el actuar del accionante es temerario, pues ya había
presentado una acción de tutela por los mismos hechos en el año 2021,
además de lo cual esta solicitud de amparo es improcedente, pues no se
agotaron los medios de defensa judiciales, no cumple con el requisito de
inmediatez y no sustentó causal específica de procedencia de la acción.
Finalmente, solicitó su desvinculación.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

Conforme a lo previsto por los numerales 5º y 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto3.

3 De manera excepcional, esta Sala es también competente para conocer la acción de tutela contra

el Juzgado 64 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, puesto que se trata de una misma y
única solicitud de amparo dirigida también contra una Sala del Consejo de Estado, de tal manera
que el pronunciamiento de fondo se hará sobre la totalidad de lo aquí pretendido.

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3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Jesús Antonio Martínez Alonso promovió inicialmente
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el
municipio de Cáqueza (Cundinamarca) por los perjuicios causados con
ocasión del no pago de las sumas adeudadas por la elaboración y diseño
del proyecto marco sobre la red y planta de distribución de agua potable
del municipio, elaborado por él.

3.2.2. El proceso correspondió al Juzgado 64 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá, el que, en audiencia inicial celebrada el 12 de
diciembre de 2017, resolvió las excepciones propuestas, y dictó sentencia
en el sentido de negar las pretensiones de la demanda.

3.2.3. Inconforme con estas decisiones, la parte actora interpuso recurso
de apelación, sobre el cual se pronunció el juez de la causa mediante auto
de 22 de febrero de 2018, en el sentido de “negar por improcedente” el
recurso por haberse presentado de manera extemporánea.

3.2.4. Posteriormente, el actor promovió también recurso extraordinario
de revisión contra el fallo dictado en audiencia inicial de 12 de diciembre
de 2017, que fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección C mediante auto interlocutorio de 22 de
enero de 2020, en el sentido de rechazarlo por extemporáneo.

3.2.5. Más adelante, el mismo demandante solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la
administración de justicia, supuestamente vulnerados con ocasión del
auto de 22 de enero de 2020. El asuntó lo dirimió la Sección Segunda –
Subsección A de esta Corporación, que, mediante sentencia de 16 de
septiembre de 2021, “rechazó por improcedente la acción de tutela”.

3.3. CUESTIÓN PREVIA

Mediante escrito enviado al correo electrónico de la Secretaría General de
esta corporación, la profesional del derecho Julie Alexandra Ramírez
Avilés, quien dijo actuar en calidad de apoderada judicial del municipio de

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Cáqueza, presentó contestación a la acción de tutela de la referencia.
Sin embargo, revisados los documentos allegados a este trámite, se
advierte que la referida abogada no aportó poder en virtud del cual se le
otorguen facultades para representar los intereses de esa entidad
territorial, aunque sí el acta de posesión del señor Jaime Hernando Carrillo
Velásquez como Alcalde Municipal.

En vista de esta circunstancia, de conformidad con lo previsto en los
artículos 54, 73 y 74 del Código General del Proceso, esta Sala encuentra
que la abogada que compareció al proceso pretendiendo representar al
municipio de Cáqueza carecía de facultades para ejercer la defensa
técnica de éste, en cuanto se abstuvo de presentar el respectivo poder.
De otro lado, aunque se aportaron los documentos que prueban la calidad
del señor Carrillo Velásquez como Alcalde Municipal, lo cierto es que quien
presentó el escrito de contestación fue la referida abogada y no aquél.

En consecuencia, esta Sala se abstendrá de considerar el escrito
presentado por la abogada Ramírez Avilés, además de lo cual, en la parte
resolutiva de esta sentencia declarará probada la excepción de indebida
representación del referido municipio.

3.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

Con este propósito, la Corte Constitucional definió y unificó de tiempo
atrás, los llamados requisitos generales de procedibilidad4, los cuales
deben concurrir en su totalidad, para que resulte viable el estudio de
fondo de la solicitud de amparo; postura que, tiempo después, fue así
mismo acogida por esta corporación5. Tales criterios son los de i) la
relevancia constitucional del asunto planteado, ii) la subsidiariedad,

4 Sentencia C-590 de 2005 (M. P. Jaime Córdoba Triviño).
5 Sentencia de unificación de julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

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relacionada con el previo agotamiento de todos los medios de defensa
judicial disponibles, iii) la inmediatez, relativa al oportuno ejercicio de la
acción de amparo dentro de un plazo razonable, iv) la precisa explicación
sobre el efecto determinante del defecto que se aduce, v) la razonable
identificación de los hechos aducidos y su previa invocación dentro del
proceso ordinario precedente, y vi) que no se trate de fallos de tutela.

Una vez constatada la presencia de todos estos requisitos, la efectiva
prosperidad de la tutela depende de la debida demostración de al menos
una de las causales específicas de procedibilidad definidas en la misma
providencia, entre ellas los defectos orgánico, procedimental, fáctico y
material o sustantivo.

Ahora bien, para la debida verificación de esos aspectos, esta Sala
abordará el tema con respecto a cada una de las providencias
cuestionadas por el solicitante de la tutela.

3.4.1. Auto de 22 de febrero de 2018 dictado por el Juzgado 64
Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro del proceso 11001
33 36 719 2014 00069 00

Sea lo primero decir que, mediante la providencia en comento, se declaró
improcedente el recurso de apelación presentado por el demandante en
contra de la sentencia dictada en audiencia inicial celebrada el 12 de
diciembre de 2017, dentro del proceso de reparación directa con radicado
número 2014-00069. El accionante adujo que esta providencia vulneró su
derecho fundamental al debido proceso, pues el recurso “[…] se hizo dentro
del término legal ley 1437.2011 (sic) art. 247, como la página estaba caída no
se pudo presentar reclamación por este hecho”.

Sobre este punto, llama la atención de la Sala lo atinente al requisito
general de procedibilidad relativo a la inmediatez en la interposición de la
acción de tutela, respecto del cual la Corte Constitucional ha considerado
que, dado que la finalidad del amparo es la protección urgente e inmediata
de los derechos fundamentales del solicitante, éste debe formularla en un
plazo razonable y proporcionado contado a partir del hecho que originó la

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amenaza o vulneración de tales derechos, pues aceptar lo contrario
desvirtuaría el carácter excepcional de la acción de tutela.

Ahora bien, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
corporación, mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 6,
en lo concerniente a la verificación del cumplimiento del requisito de
inmediatez en los casos que se controvierten providencias judiciales,
consideró que dicha exigencia, por regla general, se debe tener por
cumplida cuando la acción se interpone dentro de los seis (6) meses
siguientes a la notificación de la providencia que se pretende controvertir.

Sin embargo, si de conformidad con la carga argumentativa expuesta por
el demandante en el escrito de tutela, el juez constitucional evidencia que
existe una causal de justificación para que el actor no haya acudido al
procedimiento de amparo en ese plazo, deberá acudir a los criterios
excepcionales para evaluar el cumplimiento del requisito de inmediatez,
esto es, el objetivo o subjetivo, para analizar si el tiempo de presentación
y la fecha en que fue instaurada la tutela es proporcional a las condiciones
del caso en concreto.

En el punto bajo examen, se advierte que, entre el día en que fue
notificado el auto dictado por el Juzgado 64 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá (23 de febrero de 2018)7, y la fecha de interposición
de esta acción de tutela (19 de noviembre de 2021) transcurrió un
lapso ampliamente superior a los seis meses que la jurisprudencia
constitucional ha estimado como razonable para la presentación de las
acciones de tutela contra providencias judiciales, situación que se hace
aún más palmaria si se tiene que, en el presente asunto, se trató de casi
cuatro años de inactividad, por lo que resulta claro que el requisito general
de procedibilidad de inmediatez no fue cumplido, teniendo para estos
efectos en cuenta que la tutela se ha presentado contra el auto que
declaró improcedente el recurso de apelación, y no contra la sentencia de
primera instancia.

6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014. Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01 (M. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez).
7 Información obtenida de la consulta de procesos de la rama judicial.

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En ese orden de ideas, para la Sala la actuación desplegada por el
accionante no resulta razonable ni proporcional, pues lo que se persigue
a través de la acción de tutela es la protección urgente e inmediata de los
derechos fundamentales del solicitante, lo cual amerita una gestión
diligente de su parte. Del mismo modo, debe tenerse en cuenta que, de
lo dicho por aquel, no es posible colegir que se encuentre en una situación
especial de vulneración de derechos que pueda configurarse como una
excepción, y a su vez hiciera desproporcionada la exigencia de acudir ante
el juez constitucional con la oportunidad requerida.

Lo anterior es así pues, aunque el señor Martínez Alonso aportó copia de
su historia clínica, de la lectura de estos documentos se puede apreciar lo
siguiente: i) todos los registros corresponden a situaciones acaecidas en
el año 2020, esto es, dos años después que la autoridad judicial accionada
dictara el auto que “negó por improcedente” el recurso de apelación, a
saber, el 22 de febrero de 2018; y ii) todos los registros ponen de
presente diagnósticos relacionado con alergias, dermatitis tópicas y otros
padecimientos tratados por medicina general y oftalmología, condiciones
de salud que por su naturaleza no permiten deducir que el accionante se
encontraba imposibilitado para promover la protección de sus derechos
en el año 2018.

3.4.2. Auto interlocutorio de 22 de enero de 2020, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección
C dentro del proceso número 25000 23 36 000 2019 00231 00

Mediante la providencia en comento se rechazó por extemporáneo el
recurso extraordinario de revisión promovido por el aquí accionante
contra la sentencia dictada en audiencia inicial celebrada el 12 de
diciembre de 2017, dentro del proceso de reparación directa 2014-00069.
Al respecto, el actor señaló que la referida providencia vulneró su derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, argumentando que,
“como el año 2019 hubo paro judicial y también estuve con incapacidad de salud
por la cual impedía verla presentado (sic), como lo indica el art 251 insisto 3 ley
1437.2011 (sic) nos señala 5 años que vencería en el 2014”.

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Sobre este punto, la Sala encuentra relevante abordar de oficio y analizar
detenidamente el tema de la cosa juzgada, figura jurídica sobre la cual la
Corte Constitucional ha señalado que su principal efecto consiste en dotar
de la calidad de inmutables, vinculantes y definitivas a las decisiones
proferidas por las autoridades judiciales al término de los distintos
procesos, incluso los relativos a las acciones de tutela, con lo cual se
garantiza la finalización de las controversias, así como la seguridad
jurídica8.

De manera que a través de la cosa juzgada constitucional se previene
principalmente la existencia de decisiones judiciales contradictorias.
En tal sentido, la Corte Constitucional ha visto en esta figura un límite
legítimo al ejercicio de la acción de amparo, en la medida en que ningún
ciudadano se encuentra facultado para promover dos o más veces una
solicitud de tutela fundamentada sobre los mismos hechos.

En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha indicado que: “una
providencia pasa a ser cosa juzgada constitucional frente a otra cuando existe
identidad de objeto9, de causa petendi10 y de partes11. Específicamente, las
decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo constituyen cosa
juzgada cuando la Corte Constitucional adquiere conocimiento de los fallos de
tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de revisión o
seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria”12.

En caso de comprobarse la configuración de este fenómeno, deberá
optarse, por regla general, por la declaratoria de improcedencia de la

8 Al respecto ver la sentencia SU–055 de 2018.
9 “es decir, la demanda debe versar sobre la misma pretensión material o inmaterial sobre la cual
se predica la cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido,
declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no fueron
declarados expresamente”. Sentencia C-774 de 2001.
10 “es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos

fundamentos o hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos supuestos, caso en el
cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar
sobre la nueva causa.” Sentencia C-774 de 2001.
11 “es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron

vinculadas y obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada. Cuando la cosa juzgada exige
que se presente la identidad de partes, no reclama la identidad física sino la identidad
jurídica.” Sentencia C-774 de 2001.
12 Sentencia T-298 de 2018.

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acción, a partir de la consolidación de cosa juzgada en el respectivo
asunto13. Sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado que no se
configura cosa juzgada entre dos acciones de tutela, “si la nueva solicitud
de amparo se fundamenta en hechos nuevos, que no habían sido analizados
previamente por el juez, o cuando al interponer la primera acción el peticionario
no conocía- y no podía conocer- nuevos elementos fácticos o jurídicos para
sustentarla14”.

Por otra parte, en cuanto a la posible temeridad en la presentación de
acciones de tutela, ya sea de manera sucesiva15 o simultánea16, con
identidad de partes, hechos y pretensiones, ha señalado la jurisprudencia
que es necesario verificar si la actuación “[…] (i) resulta amañada, en la
medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones; (ii) denote el propósito desleal de obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de
una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable; (iii) deje
al descubierto el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón,
de mala fe se instaura la acción; o finalmente (iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.
[…]”17.

Adicionalmente, el alto Tribunal Constitucional ha previsto los siguientes
supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede concluirse que no
se configura la temeridad ante el ejercicio simultáneo o sucesivo de
acciones de tutela con identidad de partes, hechos y pretensiones: (i) la
condición del actor que lo coloca en estado de ignorancia o indefensión,
propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo
insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no por
mala fe; (ii) en el asesoramiento errado de los profesionales del derecho;
(iii) en la consideración de eventos nuevos que aparecieron con
posterioridad a la interposición de la acción o que se omitieron en el

13 Sentencia T- 019 de 2016.
14 Sentencia T-185 de 2013.
15 La presentación sucesiva de una acción de tutela se entiende en aquellos eventos en que
después de haberse decidido una solicitud de amparo, la misma es presentada nuevamente.
16 La acción de tutela es simultánea cuando la persona la interpone en un mismo tiempo ante

varios jueces.
17 Estas subreglas se puntualizaron en la sentencia SU-713 de 2006 y se reiteraron, entre otras,

en las providencias T-560 de 2009, y más recientemente en la SU-439 de 2017.

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trámite de la misma, y, por último, (iv) cuando la Corte profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a
un grupo de personas que se consideran en igualdad de condiciones18.

Precisado lo anterior, la Sala procederá a verificar si en el punto relativo
a los cuestionamientos presentados respecto del auto de 22 de enero de
2020 en el asunto de la referencia, existe identidad de partes, hechos y
pretensiones entre la presente la acción de tutela y aquella identificada
con número único de radicación 11001 03 15 000 2021 05171 00, que
tanto el actor como las demás partes dentro del trámite pusieron de
presente, y en consecuencia, si nos encontramos ante la existencia de
cosa juzgada y/o temeridad.

Proceso de la referencia en punto Proceso No. 11001 03 15 000
de las acusaciones contra el auto 2021 05171 00
de 22 de enero de 2020
Partes
Accionante: Jesús Antonio Martínez Accionante: Jesús Antonio Martínez
Alonso Alonso
Accionados: Tribunal Administrativo Accionado: Tribunal Administrativo
de Cundinamarca – Sección Tercera – de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección C y otros Subsección C

En primer lugar, es dable afirmar que existe identidad de partes en las
solicitudes de amparo, pues la acción de tutela de la referencia fue
instaurada por el señor Jesús Antonio Martínez Alonso en contra de, entre
otras providencias, el auto de 22 de enero de 2020 emitido por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C.
De igual manera, la solicitud de amparo radicada bajo el número 2021-
05171 fue promovida por el aquí accionante en contra de la providencia
de 22 de enero de 2020 proferida por el mencionado Tribunal.

En segundo lugar, la Sala encuentra que las pretensiones en ambas
acciones de tutela guardan similitud en cuanto pretenden atacar el auto
dictado el 22 de enero de 2020 dentro del proceso 25000 23 36 000 2019
00231 00, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca

18 Sentencia T-614 de 2015.

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– Sección Tercera – Subsección C, rechazó por extemporáneo el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por el accionante en contra de la
sentencia dictada en audiencia inicial celebrada el 12 de diciembre de
2017, por lo que existe identidad de pretensiones.

En igual sentido, se observa que los argumentos presentados en una y
otra solicitud de amparo se fundan en los mismos supuestos fácticos,
esto es, la disconformidad del actor en cuanto al conteo del término para
la presentación del recurso extraordinario de revisión, y las circunstancias
que acaecieron al momento de su radicación (suspensión de términos y
estado de salud del demandante).

Así pues, esta Sala advierte que se encuentra demostrada la triple
identidad de la acción de tutela de la referencia y la solicitud de amparo
con número de radicación 2021-05171, por lo que resulta claro que en el
presente asunto se configura el fenómeno de la cosa juzgada en lo que
respecta a las acusaciones presentadas en contra del auto de 22 de enero
de 2020, dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección C, como quiera que frente a este punto ya
se profirió decisión definitiva en sede de tutela y el accionante, en esta
oportunidad, no presentó hechos ni cuestionamientos nuevos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el mismo actor advirtió de la
existencia de una primera acción de tutela, incluso, presentó acusaciones
en contra de ésta, y que a pesar de esto manifestó bajo la gravedad de
juramento que no había promovido una solicitud de amparo por los
mismos hechos que aquí se discuten, podría en principio tratarse de un
actuar temerario por parte del señor Martínez Alonso. Con todo, la Sala
entiende que el actor podría encontrarse en un estado de ignorancia sobre
los alcances y reglas aplicables a la acción de tutela y/o de indefensión,
eventualidad que se colige de los distintos requerimientos que debió
realizar este despacho a efectos de conseguir que el actor construyera de
manera aceptablemente clara y congruente lo que pretendía con esta
solicitud de amparo, lo que, a su turno, permite apreciar la inexistencia
de un actuar doloso o de mala fe por parte de aquél.

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3.4.3. Sentencia de 16 de septiembre de 2021 dictada por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, dentro del
trámite de tutela número 11001 03 15 000 2021 05171 00

Mediante la aludida sentencia la autoridad judicial declaró improcedente
la solicitud de amparo presentada por el aquí accionante contra el auto
que viene de referirse, tras encontrar que se había presentado por fuera
del plazo previsto por la jurisprudencia constitucional para promover
acción de tutela contra providencia judicial. Al respecto, el actor adujo “En
lo que se relación (sic) al consejo de estado sección segunda en el fallo que
emitió el día 16 de septiembre de 2021, que se había presentada (sic)
tardíamente ya que se debía de ver (sic) instaurado en el febrero 2019 y no en
marzo 2019, viendo que había un paro judicial y eso ampliaba los términos de
caducidad y como el art. 10 del decreto 25-91-91 nos da que se puede presentar
en cualquier momento de fecha o por la cual la cree improcedente, aquí se
vulneró el trámite del derecho constitucional del ciudadano, que con esta acción
concedida es para revocar el auto que se señalaron en las fechas anteriores”.

Sobre este punto, la Sala encuentra relevante traer a colación lo relativo
a los supuestos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, particularmente cuando se acusa un anterior fallo de tutela.
A este respecto la Corte Constitucional ha dicho que la regla general es la
de la improcedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela. Sin
embargo, la jurisprudencia ha establecido como excepción a dicha regla
que la nueva acción de tutela puede proceder, siempre y cuando se
logre acreditar que existió fraude y, por tanto, que se está ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta19.

Sobre este punto, la Sala advierte que, de pretenderse la procedencia de
las acusaciones que en este caso se han presentado contra la sentencia
de tutela dictada el 16 de septiembre de 2021, el actor tenía el deber de
acreditar que aquella fue producto de una situación fraudulenta20 y que,
en consecuencia la cosa juzgada resultante adolecería de este mismo

19 Sentencia SU–627 de 2015.
20 Sobre la necesidad de acreditar la existencia de una situación fraudulenta para que proceda la

acción de tutela contra sentencia proferida dentro de una acción de la misma naturaleza,
consúltese la sentencia T-322 de 2019.

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defecto, lo que se predica de un proceso que ha cumplido formalmente
con todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un actuar
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito
a terceros y a la comunidad; circunstancia que no aparece demostrada,
ni se avizora siquiera, dentro del presente proceso.

Por el contrario, en el asunto que se estudia, el actor se limitó a manifestar
su desacuerdo con el criterio adoptado por la autoridad judicial accionada
para determinar la inmediatez de la solicitud de amparo primeramente
presentada, argumento este que no resulta suficiente para demostrar que
el juez de tutela incurrió en una actuación dolosa o negligente, que
habilite, excepcionalmente, al examen de la sentencia de tutela acusada.

3.4.4. Conclusión

De todo lo dicho, la Sala advierte la improcedencia de la solicitud de
amparo de la referencia, respecto de los reparos endilgados a las
providencias de 22 de febrero de 2018 y 16 de septiembre de 2021, pues
en este punto no se observan agotados los requisitos generales relativos
a la inmediatez, y aquel según el cual no es posible acusar una providencia
dictada en desarrollo de la misma acción constitucional, respectivamente.

Por otra parte, se declarará la improcedencia de la presente solicitud de
amparo por haber operado el fenómeno de cosa juzgada en lo relativo a
las acusaciones presentadas contra el auto de 22 de enero de 2020
dictado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera
– Subsección C, dentro del trámite de recurso extraordinario de revisión
con radicado número 25000 23 36 000 2019 00231 00, mediante el cual
se rechazó el recurso presentado contra la sentencia dictada el 12 de
diciembre de 2017 que negó las pretensiones de la demanda de
reparación directa con radicado número 11001 33 36 719 2014 00069 00.

Sin embargo, y en razón a lo expuesto, se descarta la configuración de
temeridad en el actuar del accionante, a partir de esta circunstancia.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la indebida representación del
municipio de Cáqueza (Cundinamarca), de conformidad con lo expuesto
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR que en el presente asunto se configuró la cosa
juzgada constitucional en lo relativo a las acusaciones presentadas contra
el auto interlocutorio de 22 de enero de 2020, dictado por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela,
respecto de las acusaciones formuladas en contra de las providencias de
22 de febrero de 2018 y 16 de septiembre de 2021, de conformidad con
las consideraciones expuestas en esta sentencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.

QUINTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la Ley

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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