Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-00187-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-00187-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
13 de junio de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2024-00187-01
Demandante: Jesús Antonio Martínez Alonso
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-00187-01
Demandante: JESÚS ANTONIO MARTÍNEZ ALONSO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A,
Y OTRO
Temas: Contra sentencias de tutela. Temeridad y cosa juzgada
constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 23 de febrero de 2024 dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, que declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 15 de enero de 2024, en ejercicio de la acción de tutela, Jesús Antonio Martínez
Alonso, en nombre propio, pidió la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del
16 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, dentro de la acción de tutela con radicado nº 11001-03-15-000-2021-
05171-00, que rechazó por improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
a. Que se tengan como pruebas contundentes las constancias y certificaciones emitidas por los
médicos sobre tratamiento de enfermedad para suplir lo dicho en el folio 05 y 06 de la sección
segunda de esta corporación son 11 folios y otro.
b. La constancia del fallo emitido por el consejo superior de la judicatura sala administrativa 10 de
julio del 2013 ordenando pago no tuvo en cuenta el juez 64 administrativo en las pretensiones,
sino que era contrato; No, es otro como prueba del art 169 CGP y copia expedida por el consejo
superior sobre paros vacaciones y otros FL 05 y OTROS.
c. Que revisada mediante providencia sea admitida la acción demandada.
d. Por medio de fallo de esta corporación plena sea concedido.
e. Que sea reconocido lo expuesto en la acción y de primero sea REVOCADA la sentencia del juez
64 administrativo de Bogotá 12-12-2017.
f. Revisados los argumentos del fallo de la sección segunda de esta corporación de fecha 16 de
septiembre de 2021 dichos al comienzo en el numeral quinto SEA REVOCADO EN SU
INTEGRIDAD.
g. Concedido lo expuesto en el fallo se ordene reconocer las pretensiones de la demanda del
numeral 1 al 7 en salarios mínimos liquidados a la fecha por un valor equitativo ordenando al
juez que conoció la demanda liquidarlos.
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Estos argumentos señalados son la base fundamental en el tipo de proceso de la acción pedida a la
sala plena de esta corporación como lo es también competente la sala administrativa de la comisión
del consejo superior que ha decidido la admisión del proceso ordinario porque el consejo de estado
de este trámite siendo un magistrado de la sección 02 es con juez y el de la judicatura en una
corporación independiente que puede reformarlo total. Ruego a su señoría que me sea concedida y
se ampare los derechos fundamentales del debido proceso que el juez 64 administrativo Bogotá y
tribunal Cundinamarca y sección segunda consejo de estado también negó, se desconoció el
derecho como lo ordena el art 10 de la constitución por no haber otro efecto jurídico que los conceda
sino este trámite y sea revocado para no insistir más.
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El señor Jesús Antonio Martínez Alonso presentó demanda de reparación directa en
contra del municipio que Cáqueza, Cundinamarca, por los presuntos perjuicios
causados por el no de pago de sumas adeudadas por la elaboración y diseño de un
proyecto de distribución de agua potable.
El 12 de diciembre de 2017, el Juzgado 64 Administrativo de Bogotá negó las
pretensiones al encontrar configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Contra esta decisión el actor interpuso recurso de apelación, sin embargo, el
mencionado juzgado, el 22 de febrero de 2018, negó el recurso por haberse interpuesto
de forma extemporánea.
El 22 de marzo de 2019, el demandante presentó recurso extraordinario de revisión
contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2017, luego, el 22 de enero de 2020,
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, rechazó
el recurso por extemporáneo.
El 6 de agosto de 2021, el señor Jesús Antonio Martínez Alonso interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C, al estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa
y de acceso a la administración de justicia, con ocasión del auto del 22 de enero de
2020.
La acción de tutela fue conocida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, que, por sentencia del 16 de septiembre de 2021 resolvió rechazar por
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el requisito de inmediatez.
4. Fundamentos de la acción de tutela
El actor sostuvo que la sentencia del 16 de septiembre de 2021, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, vulneró sus derechos fundamentales
porque las acciones de tutela no tienen término de caducidad y, por ello, se podrían
presentar en cualquier momento. Como fundamento de su dicho citó las sentencias C-
565 del 2000 y C-832 de 2001 dictadas por la Corte Constitucional.
Afirmó que aportó como pruebas certificaciones medicas de las que se podía advertir
que se encontraba enfermo y que la autoridad judicial demandada no las valoró.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ponente del auto del
auto del 22 de enero de 2020, dictado en el proceso de reparación directa 11001-33-
36-719-2014-00069-01, que rechazó el recurso extraordinario de revisión, pidió que se
declarara improcedente la solicitud de amparo o que, en su defecto, se denegaran las
pretensiones del actor.
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Señaló que la solicitud de amparo es improcedente por tratarse de una acción de tutela
contra una sentencia dictada en un proceso de la misma naturaleza, sumado a que, a
su juicio, no se incurrió en una situación fraudulenta.
Que existe temeridad porque el debate constitucional propuesto en esta acción de tutela
ya fue resuelto en las tutelas con radicados 2021-05117 y 2021-11209-00/01, última en
la que fue declarada la configuración de la cosa juzgada porque fue excluida de revisión
por parte de la Corte Constitucional.
Que no se cumplen los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. Explicó que no fueron
agotados todos los medios de defensa judicial, puesto que el actor pudo interponer el
recurso de reposición o de queja contra la decisión que rechazó el recurso
extraordinario de revisión, sumado a que el auto del 22 de enero de 2020 fue notificado
el 27 de enero de 2020 y las tutelas con radicados 2021-05171, 2021-11209 y la
presente acción de tutela fueron radicadas el 6 de agosto, 5 de diciembre de 2021 y el
15 de enero de 2024, respectivamente.
Que el actor no sustentó ninguna causal especifica de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial y basó sus argumentos en desacuerdos sobre la
interpretación de las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011. Que el recurso
extraordinario de revisión fue interpuesto luego de vencido el término para el efecto.
Finalmente, solicitó ser desvinculado de la acción de tutela.
El juez 64 administrativo de Bogotá pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela y, subsidiariamente, que se denegaran las pretensiones.
Que la acción de tutela no cumple el requisito general de inmediatez porque fue
presentada luego de 6 meses de la notificación de la decisión cuestionada.
Por último, manifestó que los argumentos de la parte actora no se orientan a evidenciar
la vulneración de derechos fundamentales y, por el contrario, la acción de tutela es
usada como una tercera instancia del proceso ordinario de reparación directa.
Que no se advierte la ocurrencia de un perjuicio irremediable que habilite el estudio de
la presente acción constitucional.
Los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no se
pronunciaron pese a que fueron debidamente notificados.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 23 de
febrero de 2024, declaró improcedente la solicitud de amparo porque el actor no
cumplió con la carga argumentativa mínima requerida para cuestionar providencias
judiciales.
Que el señor Martínez Alonso no explicó por qué razón el fallo cuestionado configuró la
cosa juzgada fraudulenta. Además, consideró que el actor pretende revivir el debate
jurídico realizado en la acción de tutela con radicado nº 11001-03-15-000-2021-05171-
00.
7. Impugnación
El actor pidió que se revocara la sentencia de primera instancia. Insistió en que aportó
certificaciones médicas que daban cuenta de que se encontraba en un tratamiento
médico y por eso no pudo interponer la acción de tutela dentro de los 6 meses
dispuestos por la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado.
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Dijo que la Corte Constitucional en dos providencias ha señalado que la acción de tutela
no tiene término de caducidad y puede interponerse cuando se encuentren vulnerados
derechos fundamentales, como en su caso.
Que el Juez 64 Administrativo de Bogotá vulneró sus derechos fundamentales al
rechazar el recurso de apelación por extemporáneo, porque el término para el efecto,
de acuerdo con el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, eran 10 días y no de 3 días
como mal lo consideró el mencionado juez, por ello, afirmó que esa decisión debía
revocarse, además, manifestó que se vulneró su derecho al debido proceso porque no
se valoraron las pruebas que obraban en el expediente.
Argumentó que la administración de justicia siempre le ha dicho que presenta sus
medios de defensa judicial de manera tardía y que no han encontrado argumento para
validar sus pretensiones, cuando, por el contrario, sí ha aportado pruebas que sustenta
sus afirmaciones y que, si es necesario, aportaría otras pruebas.
Pidió que no se tenga en cuenta el recurso extraordinario de revisión decidido por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca porque ese asunto no le serviría para obtener
otro fallo judicial.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Jesús
Antonio Martínez Alonso para dejar sin efecto la sentencia del 16 de septiembre de
2021, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro de la
acción de tutela con radicado nº 11001-03-15-000-2021-05171-00, que declaró
improcedente la solicitud de amparo interpuesta contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, pero porque la acción de tutela
es temeraria, habida cuenta de que el actor ya había promovido una acción de tutela
con identidad de partes, causa y objeto.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la actuación temeraria y (ii) al
análisis del caso concreto.
2. La actuación temeraria y la cosa juzgada constitucional
El artículo 381 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria
cuando sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales. También
señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán
desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante;
1 Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela
respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos
por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones
a que haya lugar.
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(iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional 2, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o
sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los
tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con
base en el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de “respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la
administración de la justicia”.
Según la Corte Constitucional, la temeridad, en últimas, «busca que en el curso de una
acción de tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y
transparencia, resultando descalificado cualquier intención de engaño hacia la autoridad
pública»3.
Por su parte, la Corte Constitucional4 ha señalado que «la presentación sucesiva o
múltiple de acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además,
comprometer el principio de cosa juzgada constitucional».
La cosa juzgada constitucional en acción de tutela se configura cuando se adelanta un
nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo
proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.
3. Análisis del caso concreto
La Sala advierte que en el sub examine se presentan los elementos que dan lugar a la
configuración de la temeridad y la cosa juzgada constitucional, pues el Jesús Antonio
Martínez Alonso ya había presentado otra tutela por los mismos hechos aquí expuestos,
radicada con el número 11001-03-15-000-2021-11209-00/01. Proceso que fue resuelto
en primera instancia el 6 de abril de 2022 por la Sección Primera y en segunda instancia
el 8 de junio de 2022 por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación.
Pues bien, de la comparación de los procesos de tutela, encuentra la Sala lo siguiente:
En cuanto a la identidad de partes. En la presente demanda de tutela y en la del
proceso N.º 2021-11209-00 coinciden los extremos procesales, pues las dos solicitudes
de amparo fueron presentadas por Jesús Antonio Martínez Alonso contra Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A.
2 Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
3 Sentencia T-507 de 2011.
4 Sentencia SU-027 de 2021
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Frente a la identidad fáctica. Tanto en la demanda de tutela que aquí se estudia como
en la solicitud de amparo con radicado N.º 2021-11209-00 se cuestiona las presuntas
irregularidades en que habría incurrido el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, en la sentencia del 16 de septiembre de 2021, mediante la cual se
rechazó por improcedente la acción de tutela promovida contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro de la acción
de tutela con radicado nº 11001-03-15-000-2021-05171-00.
Respecto a la identidad de objeto. En esencia, las pretensiones de este proceso
coinciden con las del proceso N.º 2021-11209-00 En efecto, en los dos procesos solicitó
dejar sin efecto la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, el 16 de septiembre de 2021.
Se encuentra, entonces, acreditada la identidad de partes, identidad fáctica e identidad
de objeto entre las demandas de tutela presentadas por el señor Jesús Antonio
Martínez Alonso y, por lo tanto, está configurada la actuación temeraria por parte del
demandante.
Además, la Sala encuentra que en el caso de la tutela 2021-11209-00 la Corte
Constitucional, mediante auto del 19 de noviembre de 2022 (notificado por estado el 23
de enero de 2023) decidió no seleccionar para revisión el fallo que decidió el asunto
constitucional, tal como se constata en la página electrónica de esa Corporación, en
donde consta:
De lo anterior se puede advertir que la sentencia de tutela dictada en la acción con
radicado 2021-11209-00 además de compartir identidad de partes, fáctica y de objeto
con la acción objeto de estudio, también se encuentra ejecutoriada, por lo que, en este
caso también se configura la cosa juzgada constitucional.
Además, la Sala encuentra que el señor Martínez Alonso no explicó, en los términos
del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, las razones por las cuales presentó una nueva
acción de tutela contra la misma autoridad, por los mismos hechos y con idéntica
finalidad que en la tutela 2021-11209-00 ni tampoco puso de presente hechos nuevos
que lo habilitaran para presentar una nueva acción de tutela.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la decisión de primera instancia que
declaró improcedente la presente acción constitucional, pero por temeridad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
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2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispones el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
Ausente en comisión (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente (E)
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
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