Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11329-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11329-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11329-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
4 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11329-00
Actor: JESÚS ALDEMAR MONTOYA CAÑOLA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA Y OTRO
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el señor Jesús Aldemar Montoya
Cañola contra el Juzgado 29 Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo
de Antioquia.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 3 de diciembre de 2021, el señor Jesús Aldemar Montoya Cañola instauró acción
de tutela contra el Juzgado 29 Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, porque consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad y al debido proceso. Formuló las siguientes
pretensiones:
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11329-00
Actor: Jesús Aldemar Montoya Cañola
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Tutelar mis derechos a la igualdad, al debido proceso, al principio de
inescindibilidad de la norma, a una pensión digna, a la favorabilidad de la ley, a
la transición legal, a la no discriminación por defecto material o sustantivo de las
providencias de primera y de segunda instancia de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, vulnerados por la entidad tutelada, UGPP (unidad
administrativa especial de gestión pensional y contribuciones parafiscales de la
protección social y, la administradora colombiana de pensiones - Colpensiones)
mediante las siguientes decisiones:
a) Resolución RDP 21565 del 24 de mayo de 2017, que revocó la Resolución
RDP 7237 del 24 de febrero de 2017, que reconoció y ordenó el pago a mí favor
de una pensión vitalicia mensual de un millón novecientos cuarenta y siete mil
setecientos dieciséis pesos ($1’947.716) efectiva a partir del 01 de julio de 2009,
condicionada a demostrar el retiro definitivo del servicio.
b) Resolución No. 2724 del 26 de mayo de 2018, que por parte de la UGPP
negó la reliquidación de la pensión de vejez al señor Jesús Aldemar Montoya
Cañola.
c) Con la Resolución No. RDP 028629 del 16 de julio de 2018 resolviendo el
recurso de apelación la UGPP revocó en cada una de sus partes la Resolución
No. 2724 del 26 de mayo de 208, que negó la reliquidación de la pensión de
vejez al señor Jesús Aldemar Montoya Cañola y ordenó la reliquidación
elevando la cuantía a la suma de $3’268.081, efectiva a partir del 1 de febrero
de 2018.
Segunda: Como consecuencia de lo anterior, ordenar al Estado – Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social – UGPP y Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, representada por la dra. Gloria Inés Cortés Arango y dra. Adriana
Guzmán, o por quienes hagan sus veces, para que reliquide mi pensión en
calidad de empleado de la rama judicial, incluyendo en su cálculo el 75% del
último sueldo o asignación más alta devengada en el último año de servicio,
más la totalidad de factores salariales enunciados en el Decreto 546 de 1971 y
el artículo 12 del Decreto 717 de 1978, en el término que considere.
Tercera: Como consecuencia de lo anterior, se declare sin efecto los fallos de
primera y segunda instancia producidos por el Juzgado 29 Administrativo de
oralidad de Medellín y el Tribunal Administrativo de la misma ciudad, por haber
tenido su génesis en acto producido con violación a los derechos fundamentales
invocados por este servidor frente a las entidades tuteladas y, en su defecto, se
disponga lo pertinente frente a la acción administrativa planteada.
1.2. Hechos
De lo narrado en la demanda y de las pruebas allegadas al expediente se extraen
los siguientes hechos relevantes:
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El señor Jesús Aldemar Montoya Cañola laboró como funcionario de la Rama
Judicial por un período superior a 20 años. Aseguró que durante el tiempo de
vinculación al servicio judicial realizó aportes a Cajanal, posteriormente al Seguro
Social y, por último, a Colpensiones.
La UGPP mediante Resolución RDP 21565 del 24 de mayo de 2017, le reconoció al
señor Jesús Aldemar una pensión vitalicia mensual de $1’947.716. Asevera el
demandante, que la entidad liquidó la pensión de jubilación con fundamento en dos
regímenes jurídicos, estos son, el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, para verificar
los requisitos de jubilación y, los artículos 21 y 36 de la Ley 100 de 1993 para
determinar el ingreso base de liquidación. Así, la entidad concluyó que el IBL era el
correspondiente al 75% sobre el promedio de los salarios devengados en los últimos
10 años de servicio, incluyéndose como factores salariales la asignación básica, la
bonificación por servicios prestados, y la prima de antigüedad.
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Jesús Aldemar Montoya Cañola demandó a la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP,
con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos mediante los
cuales se le denegó la reliquidación de su pensión y, como consecuencia, se
efectuara una nueva reliquidación de acuerdo con los parámetros dispuestos en el
artículo 6 del Decreto 546 de 1971, es decir, con el 75% de la asignación mensual
más alta que devengó en el último año de servicios.
Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2019, el Juzgado 29 Administrativo de
Medellín negó las pretensiones de la demanda, consideró que el actor era
beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, y por haber laborado en la Rama Judicial le era aplicable el artículo 6 del
Decreto 546 de 1971, pero únicamente en lo relativo a la edad, tiempo y monto, y
que lo relacionado con la liquidación o reliquidación de la pensión debían incluirse
los factores salariales que refería el Decreto 1158 de 1994, sobre los que
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
efectivamente cotizó, pero que como el ingreso base de liquidación no hacía parte
de la transición, debía ser calculado con el promedio de los salarios percibidos en
los últimos 10 años de servicio y no con la asignación más alta devengada en el
último año. En sentido, concluyó que los actos administrativos expedidos por la
UGPP no infringieron las normas en las que debió fundarse la decisión.
La sentencia fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en proveído
del 6 de agosto de 2021.
1.3. Argumentos de la tutela
En criterio de la parte actora, la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales derecho al debido proceso, a la igualdad, a una pensión digna, a la
favorabilidad de la ley, a la transición legal y a la no discriminación. Señaló que las
providencias adolecen de defecto sustantivo, porque desconocieron las normas que
amparaban su derecho pensional, de manera que inaplicaron el Decreto 546 de
1971 que establecía que para determinar el ingreso base de liquidación se debía
calcular el 75% del salario más alto devengado en el último año y no como lo
establecía la Ley 100 de 1993, que determinaba que debía tomarse del promedio de
los salarios devengados en los últimos 10 años de servicio, monto que resultaba
menor al que pretendía el actor.
Manifestó el accionante que a otras personas en igual condición a la suya, se les
reconoció su pensión de acuerdo con el Decreto 546 de 1971 y no con fundamento
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, frente a lo cual enlistó y aportó como prueba
algunos de esos actos administrativos.
Seguidamente, indicó que los operadores judiciales que resolvieron su demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho crearon una tercera norma, se atribuyeron
funciones legislativas y desconocieron el artículo 288 de la Ley 100 de 1993 que
impide acoger una y otra legislación.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Agregó que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido unánime en afirmar
que, bajo el principio de inescindibilidad de la ley, a quienes se les reconoce la
pensión de jubilación bajo el Decreto 546 de 1971, el monto pensional se liquida en
los términos de su artículo 6°, esto es, «una pensión ordinaria vitalicia de jubilación
equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere devengado
en el último año de servicio».
Por otra parte, manifestó que el Consejo de Estado, al analizar casos en los cuales
los derechos pensionales se han consolidado después de la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, ha sostenido que el régimen pensional especial que regula a los
funcionarios judiciales y del Ministerio Público es el Decreto 546 de 1971. Para ello,
citó la sentencia de radicado «2016-02754 del 2021», proveído de 12 de septiembre
de 2014, proferida por la Sección Segunda de la Corporación y la sentencia T-019
de 2009 de la Corte Constitucional.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Inicialmente, al Juzgado 59 Penal del Circuito de Bogotá le correspondió por
reparto la presente acción de tutela; sin embargo, mediante auto del 3 de diciembre
de 2021, ordenó remitirla a esta Corporación para su conocimiento, dado que la
acción vinculaba a una entidad del orden nacional.
Seguidamente, mediante auto del 10 de diciembre de 2021, se admitió la presente
acción de tutela y se ordenó que se notificara, en su condición de demandados, a
los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia y a la jueza 29 administrativo de Medellín y, en calidad de terceros con
interés, a la directora general (E) de la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP. A su vez,
se dispuso la notificación a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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Posteriormente, en auto de 27 de enero de 2022, el despacho sustanciador ordenó
vincular en calidad de tercera con interés, a la Administradora Colombiana de
Pensiones – Colpensiones y dispuso su notificación.
2.2. La UGPP pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo, con base
en que la sentencia que finalizó el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho hizo tránsito a cosa juzgada y no incurrió en defecto alguno, contrario
sensu, se dictó con fundamento en la valoración razonada de la jurisprudencia
vigente y de las normas aplicables al caso concreto.
2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio, a pesar de haber sido
notificados del auto admisorio de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.
La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
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20121, cambió su postura, de conformidad con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, en el sentido de estudiarlas cuando exista violación flagrante de
algún derecho fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de los
mismos.
Entonces, para aceptar la procedencia de esta acción constitucional contra
providencias judiciales, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los
requisitos generales y específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-
590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
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Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente
y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
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jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
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configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional2».
2. Problema jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial. De ser así, deberá
abordarse el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si la Sala Quinta
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado 29 Administrativo
de Medellín, al proferir las sentencias del 12 de noviembre de 2019 y 6 de agosto de
2021, respectivamente, vulneraron los derechos fundamentales del señor Jesús
Aldemar Montoya Cañola.
3. Análisis de la Sala
3.1. De la relevancia constitucional
En sentencia del 5 de agosto de 20143, la Sala Plena de esta Corporación señaló
que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la
autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en
asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para
determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional,
es necesario examinar dos elementos.
El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es,
que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».
2
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
3 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
El segundo hace referencia que la acción de tutela no se erija en una instancia
adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda
vez que este valioso mecanismo de estirpe constitucional fue creado para proteger
derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus
discrepancias con las providencias que allí se dicten.
Ciertamente, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones de los jueces y, por tanto, no puede admitirse, sin mayores excepciones,
la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.
3.3. Caso concreto y solución del problema jurídico
Sería del caso analizar si se configuraron los defectos sustantivo y desconocimiento
del precedente, en las sentencias proferidas por las autoridades judiciales
accionadas; sin embargo, la Sala advierte que la solicitud de amparo carece de
relevancia constitucional, pues se pretende convertir la acción de tutela en una
instancia adicional del proceso ordinario. Para sustentar esta conclusión, la Sala
hará un análisis conjunto de los supuestos defectos en que habrían incurrido las
accionadas, toda vez que se edifican en una misma línea argumentativa.
En primer lugar, plantea el actor un desconocimiento de algunas decisiones que, a
su juicio, se asemejan a su situación particular, como la sentencia 2016-02754 de
2021 y la sentencia T-019 de 09 de la Corte Constitucional. Luego, efectuó un
listado de unas resoluciones que, según su dicho, corresponden a actos
administrativos a través de los cuales se hicieron reconocimientos de pensiones de
jubilación de acuerdo con los parámetros establecidos en el Decreto 546 de 1971 y
no por el artículo 36 de la Ley 100, estas son:
a) A Martha Rocío Salazar Zuluaga mediante Resolución de pensión # 24892
del 25/05/07.
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b) A Blanca Miriam Gamboa Zapata, mediante Resoluciones de pensión #
23318/23/05/07 y 037470/09/03/12.
c) A Rodrigo de Jesús Mejía Molina, mediante Resolución de pensión #
010073/11/03/05 y 11169/08/03/06.
d) A Ofelia Margarita Gómez de Botero, mediante Resolución de pensión #
22893/15/05/06 y 46018/27/09/07.
e) A María Olivia Hoyos Gómez, mediante Resolución de pensión #
14511/11/04/08.
f) A Jairo de Jesús Vanegas Trujillo, en proceso ordinario laboral sentencia
Laboral del T. S. de Medellín 222 – 2012, radicado 05 -001 – 31 – 05 – 06
2008 -707 -01.
No obstante, considera la Sala que esos señalamientos no bastan para considerar
que se cumple el primer elemento del requisito de la relevancia constitucional –
carga argumentativa mínima–, pues no explicó, con la suficiencia exigida por la
jurisprudencia constitucional, las razones por las que considera que el juzgado y el
tribunal accionados pudieron incurrir en la vulneración de derechos fundamentales
por desconocimiento de esas referencias jurisprudenciales.
Esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela no se puede
escuetamente señalar de manera ligera situaciones fácticas, sino que es necesario
que tal señalamiento se sustente razonablemente en alguna de las causales
específicas de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Como se
sabe, detrás de las causales específicas de prosperidad que ha fijado la Corte
Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de
la acción de tutela contra las providencias judiciales4.
En otras palabras, es necesario que los señalamientos que se hagan se sustenten
razonablemente en alguno de los requisitos específicos que la Corte Constitucional
ha identificado para la prosperidad del amparo, a fin de que el juez cuente con los
parámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos
fundamentales.
4 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 2015-00380-
00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Teniendo en cuenta lo dicho, se advierte que el actor no cumplió con su carga
argumentativa porque se limitó a mencionar sentencias de casos de otras personas
que laboraron en la Rama Judicial, así como a enlistar actos administrativos del
reconocimiento de pensiones a otros funcionarios; pero no explica por qué esos
casos son similares a su situación particular. La parte demandante no se preocupó
por desarrollar los defectos señalados, con miras a evidenciar, por ejemplo, cuáles
eran las reglas o subreglas jurisprudenciales desatendidas y por qué resultaban
vinculantes en el caso concreto.
De conformidad con lo expuesto, si bien el accionante está en desacuerdo con la
decisión proferida por la autoridad judicial accionada, lo cierto es que en la tutela de
la referencia se dedicó a plasmar, en forma general y abstracta, las razones por las
cuales consideraba que se debían amparar sus derechos fundamentales, sin
sustentar el defecto o causales específicas de procedibilidad con la suficiencia
exigida por la jurisprudencia constitucional para controvertir providencias judiciales
mediante la acción de tutela. Como se sabe, detrás de las causales específicas de
prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar
el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias
judiciales5.
En todo caso, en el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que
examinar nueva y especialmente los motivos de reparo contenidos en el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia del 12 de noviembre de 2019, proferida
por el Juzgado 29 Administrativo de Medellín y lo decidido por el Tribunal
Administrativo de Antioquia en providencia del 6 de agosto de 2021.
De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el curso del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, esto es, de la demanda, el recurso de
apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia y los argumentos
5 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de 2015, expediente No. 2014-00552-01, M.P. Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas.
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propuestos en la solicitud de tutela, para la Sala es claro que se pretende continuar
con el debate jurídico que ya fue decidido dentro del medio de control ordinario.
Nótese que en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho la parte actora
cuestionó la legalidad de las resoluciones mediante las cuales la entidad
demandada negó la reclamación del señor Jesús Aldemar Montoya Cañola de
reliquidación pensional que iba encaminada a que se aplicara el régimen previsto en
el Decreto 546 de 1971, para establecer el ingreso base de liquidación. Ante esa
situación, el accionante acudió a la vía judicial para que se ordenara la reliquidación
de la pensión y se tuviera como ingreso base de liquidación el 75% del salario más
alto devengado en el último año, según dicha normativa.
El Juzgado 29 Administrativo de Medellín, en la sentencia de primera instancia,
estimó que la situación del señor Jesús Aldemar se contextualizaba en el régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y, por tanto, que la
liquidación de su pensión estuvo ajustada a derecho.
En el recurso de apelación interpuesto contra la anterior decisión, el demandante
alegó: i) la aplicación indebida del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ii) que para la
liquidación de su pensión se debieron tomar las pautas consagradas en el Decreto
546 de 1971, en atención a que era beneficiario de ese régimen, iii) la indebida
aplicación de la Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018, expedida por el
Consejo de Estado, en atención a que no se podía aplicar de forma retrospectiva.
Luego, el Tribunal demandado realizó un recorrido jurisprudencial en relación con la
forma en que eran considerados el IBL y los factores salariales en los diferentes
regímenes y cómo ello tenía una incidencia directa en la determinación del monto de
la pensión que, junto con la edad y el tiempo de servicio, constituían la esencia del
régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11329-00
Actor: Jesús Aldemar Montoya Cañola
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Así, se observa que, tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda,
efectuaron el respectivo razonamiento en relación con el problema jurídico que
plantea el accionante en la presente acción de tutela, toda vez que lo pretendido es
que se calcule el ingreso base se liquidación de su pensión conforme a lo dispuesto
en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971, esto es, el 75% del salario más alto
devengado en el último año de servicio en la Rama Judicial. Para tal efecto, se
citaron las sentencias C–258 de 2013, SU-230 de 2015, SU-427 de 2016, SU-023
de 2018 de la Corte Constitucional y advirtió que el Consejo de Estado mantuvo, por
varios años, una interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en la que
entendía que el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional no era
vinculante para los asuntos sometidos a su jurisdicción.
El Tribunal Administrativo de Antioquia indicó con suficiente motivación que estos
antecedentes condujeron a que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado, en la Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 28 de
agosto de 2018, estableciera unos lineamientos jurisprudenciales para decidir
controversias, como la presente, así se señaló que:
Es claro entonces, que, desde la emisión de la Sentencia de Unificación del
28 de agosto de 2018, donde se acogieron a su vez los planteamientos
efectuados por la H. Corte Constitucional sobre la materia, el IBL no hace
parte del régimen de transición, y por consiguiente no es viable efectuar su
liquidación teniendo en cuenta la asignación más alta devengada en el último
año, sino conforme a lo contenido en los artículos 21 y 36, inciso 3°, de la Ley
100 de 1993, según el caso (…).
(…)
En orden a lo anterior, no considera la Sala acertados los argumentos
expuestos en el recurso de alzada, atinentes a que la sentencia se fundó en
la aplicación de jurisprudencia retroactiva, como quiera que para el momento
de emisión de la sentencia de primera instancia se encontraba vigente la
Sentencia de Unificación del 28 de agosto de 2018, con la cual se modificaba
la línea jurisprudencial que hasta el momento venía siendo aplicada en casos
como el que nos ocupa, y armonizaba las interpretaciones que sobre la
materia habían tenido la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado,
estableciéndose en la misma que para los empleados públicos beneficiarios
del régimen de transición contenido en la Ley 100 de 1993, les es aplicable la
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11329-00
Actor: Jesús Aldemar Montoya Cañola
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
norma anterior en materia pensional en cuanto a la edad, tiempo y monto o
tasa de reemplazo; aspecto que en igual sentido se contempló en la sentencia
de unificación CE-SUJ-S2-021-20 en la cual se definió de forma específica,
que el ingreso base de liquidación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993
abarcaba también a quienes se hubieren pensionado con los requisitos
establecidos por el Decreto 546 de 1971; pronunciamientos que por demás
dispusieron que lo allí contenido aplicaba de forma retrospectiva y era
obligatorio para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa
como en sede judicial.
Como puede verse, los argumentos que cimentaron la apelación son los que
sirvieron de soporte para fundamentar las pretensiones de la acción de tutela, como
si se tratase de una tercera instancia o instancia adicional a las que se surtieron de
conformidad con el procedimiento previsto por el legislador. En suma, el
descontento del accionante revela una mera inconformidad con el razonamiento de
los jueces ordinarios para prolongar, en sede constitucional, el debate que ya se
clausuró, hasta obtener a toda costa una alternativa de decisión en la que se
resuelva favorablemente su visión del litigio. Como se sabe, esa intención choca con
la finalidad de la acción de tutela que, justamente, prohíbe que se utilice en los
términos que aquí se pretende, con mayor razón si la decisión fue argumentada de
manera razonable por el juez de segunda instancia. A juicio de la Sala, lo expuesto
en la decisión enjuiciada no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional. El hecho de que el accionante no la comparta, no habilita al juez de
tutela para volver a estudiar un asunto que ya fue decidido en el proceso ordinario.
Visto lo anterior, es claro que la presente solicitud de amparo no solo carece de la
carga argumentativa mínima requerida para efectuar un análisis de fondo, sino que
busca revivir la discusión planteada y decidida en el proceso ordinario.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11329-00
Actor: Jesús Aldemar Montoya Cañola
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
FALLA:
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela formulada por el señor Jesús
Aldemar Montoya Cañola, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones
de este fallo.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema
permite validar la integridad y autenticidad del presente documento:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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