RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2021-11345-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11345-00

Fecha
3 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11345-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, por las consideraciones expuestas en esta providencia. 45 De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 el defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. 32 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Nidia Trigos Quintero Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00 SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, de la señora Nidia Trigos Quintero, conforme a lo previsto en la parte motiva de esta decisión. TERCERO: RECONOCER personería para actuar al abogado Yerobis de Jesús Castro Galva en representación de la señora Nidia Trigos Quintero, en los términos del poder allegado al expediente. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO. Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11345-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

3 de marzo de 2022

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación No: 11001-03-15-000-2021-11345-00
Demandante: NIDIA TRIGOS QUINTERO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA DE
DECISIÓN ORAL, SUBSECCIÓN B Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – derecho fundamental de
indemnización administrativa a la población desplazada –
inexistencia de configuración de los defectos de violación directa de
la Constitución, desconocimiento de precedente, fáctico, decisión sin
motivación, error inducido y procedimental absoluto.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por Nidia Trigos
Quintero contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral,
Subsección B; el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito enviado por correo electrónico el 7 de diciembre de 2021, al buzón web
del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, la señora Nidia Trigos Quintero, a través de apoderado judicial, instauró
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral,
Subsección B; el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla y la Unidad para la
Atención y Reparación Integral a las Víctimas (en adelante UARIV). Con el escrito de
tutela solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la administración de justicia y a la reparación integral.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales surgió con ocasión de la providencia del 27 de septiembre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral,
Subsección B. En esta decisión, el Tribunal revocó la sanción de multa que impuso el
Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla al representante legal y al director
técnico de reparación de la UARIV, mediante auto del 23 de julio de 2021 al interior
del incidente de desacato al fallo de tutela del 2 de septiembre de 2019 promovido por
la accionante contra dicha entidad1.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados
y, en consecuencia, pidió:

PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales constitucionales al DEBIDO
PROCESO, y al ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, de la
accionante Sra. NIDIA TRIGOS QUINTERO, vulnerados por parte del TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, en su SALA DE DECISIÓN
ORAL SECCIÓN (B), Magistrado Ponente Dr. LUIS EDUARDO CERRA JIMENEZ, el
JUZGADO TRECE (13) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, y LA
UNIDAD PARA LA ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS, en el
trámite del incidente de desacato Radicado Nro. 08-001-33-33-2019-00198-00, y, en
consecuencia:

SEGUNDO: Se ORDENE, DEJAR SIN EFECTOS la providencia de fecha veintisiete (27)
de septiembre de 2021, expedida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLANTICO, en su SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN (B) Magistrado Ponente
Dr. LUIS EDUARDO CERRA JIMÉNEZ, la cual REVOCÓ, la providencia de fecha
veintitrés (23) de julio de 2021, expedida por el JUZGADO TRECE (13)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, la cual declaró en desacato
al Dr. RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE en su condición de Representante
Legal de la Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
y al Dr. ENRIQUE ARDILA FRANCO en su condición de Director Técnico de Reparación
de la UARIV.

TERCERO. Se le ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
ATLANTICO, en su SALA DE DECISIÓN ORAL SECCIÓN (B) Magistrado Ponente Dr.
LUIS EDUARDO CERRA JIMÉNEZ, que en el término máximo de cuarenta y (48) ocho
horas proceda a emitir una nueva providencia que confirme la providencia de fecha
veintitrés (23) de julio de 2021, expedida por el JUZGADO TRECE (13)
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, atendiendo los precedentes
jurisprudenciales relacionados con el acatamiento efectivo, material y real de lo ordenado
en los fallos de tutela, caso puntual de lo ordenado en la parte resolutiva del fallo de
tutela de fecha dos (2) de septiembre de 2021.

CUARTO. Se le ORDENE al JUZGADO TRECE (13) ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA, que mantenga todas las competencias legales señaladas en los
artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991, hasta que sea cumplida de manera real,
material, y efectiva por parte del Dr. RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE en su
condición de Representante Legal de la UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA

1
Identificado con radicado 08-001-33-33-013-2019-00198-00/01.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS y al Dr. ENRIQUE ARDILA
FRANCO en su condición de Director Técnico de Reparación de la UARIV, a lo ordenado
en la parte resolutiva del fallo de tutela de fecha dos (2) de septiembre de 2021.

1.3. Hechos

La Sala encontró los hechos que a continuación se relacionan, los cuales son
relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Nidia Trigos Quintero promovió acción de tutela contra la UARIV ante la
presunta omisión de una respuesta de fondo a la solicitud del 18 de octubre de 2018.
En dicha solicitud pidió el reconocimiento y entrega material de una indemnización
administrativa al ser víctima de desplazamiento forzado y por el homicidio de su esposo
Joel Ríos Duarte (q.e.p.d.) por grupos al margen de la ley.

5. Del asunto conoció el Juzgado Trece Administrativo Mixto del Circuito de
Barranquilla que mediante proveído del 2 de septiembre de 2019 2 resolvió:

PRIMERO: AMPÁRESE el derecho fundamental de petición, debido proceso, protección
a las madres cabeza de familia y reparación integral de la señora Nidia Trigos Quintero
(…).

SEGUNDO: ORDÉNESE a la UNIDAD PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS – UARIV, que en un plazo no superior a quince (15) días, contados a partir
de la fecha de notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, profiera un acto
administrativo que decida de fondo la solicitud de indemnización administrativa elevada
por la señora NIDIA TRIGOS QUINTERO. En caso de ser procedente el reconocimiento
de dicha prestación, en el mismo acto deberá indicar un término razonable y perentorio
en el que se hará la correspondiente entrega material.

(…)

6. Mediante Resolución 04102019-45014 del 20 de septiembre de 2019, la UARIV i) le
reconoció a la actora la medida de indemnización administrativa por el hecho
victimizante de desplazamiento forzado, ii) aplicó el método técnico de priorización 3
con el fin de determinar el orden de indemnización administrativa, de manera
proporcional a los recursos apropiados por la respectiva vigencia fiscal, iii) condicionó
la entrega de la medida a que, en el momento del desembolso, el estado en el Registro
Único de Víctimas fuera el de inclusión4.

2
Radicado 08-001-33-33-013-2019-00198-00.
3
Conforme lo expuesto en la resolución, se define como un “un proceso técnico que permite a la Unidad
para las Víctimas analizar criterios y lineamientos que debe adoptar, mediante el análisis objetivo de
variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del hecho victimizante, y de avance en la
ruta de reparación, con el propósito de establecer el orden más apropiado para otorgar la indemnización
administrativa de acuerdo a la disponibilidad presupuestal anual. Este proceso técnico será aplicado
cada año, para aquellas víctimas que hayan recibido respuesta de fondo afirmativa sobre el derecho a
recibir la medida de indemnización administrativa”.
4
Contra esta decisión procedían los recursos de reposición ante la Dirección Técnica de Reparación y
en subsidio el de apelación ante la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad para las Víctimas.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

7. El 23 de marzo de 2021, la señora Nidia Trigos Quintero promovió incidente de
desacato contra el representante legal y el director técnico de reparación de la UARIV
por el presunto incumplimiento de la orden de tutela del 2 de septiembre de 2019
porque en el acto de reconocimiento de la medida de indemnización administrativa no
le proporcionó la fecha en la cual le haría entrega material de dicha indemnización.

8. Mediante auto del 23 de julio de 2021, el Juzgado Trece Administrativo del Circuito
de Barraquilla impuso una multa de tres salarios mínimos mensuales legales vigentes
al representante legal y al director técnico de reparación de la UARIV por incurrir en
desacato a lo ordenado en el fallo de tutela referido, en los siguientes términos.

PRIMERO: DECLÁRASE que el doctor Dr. RAMON ALBERTO RODRÍGUEZ ANDRADE
en su condición de Representante Legal de la Unidad Administrativa para la Atención y
Reparación Integral a las Victimas “UARIV; al Dr. ENRIQUE ARDILA FRANCO en su
condición de DIRECTOR TÉCNICO DE REPARACIÓN DE LA UNIDAD PARA LAS
VÍCTIMAS “UARIV, en razón al incumplimiento de la orden judicial contenida en fallo de
tutela del 02 de septiembre de 2019, incurrió en DESACATO, conforme lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se le impone a los citados
funcionarios, como sanción, el pago de una multa equivalente a tres (03) salarios
mínimos legal mensual vigente, a la orden del Consejo Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: Conmínese a los funcionarios antes señalados y la accionada UNIDAD
PARA LA ATENCIÒN Y REPARACIÒN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS - UARIV para que
de manera particular analicen la situación de la actora y procedan dar cumplimiento al
fallo de tutela del 02 de septiembre de 2019. Considerando que lo solicitado es dentro
del marco de la justicia transicional para hacer efectivo el derecho y goce a los derechos
a la verdad, justicia, reparación y no repetición de las personas a quienes se les
reconozca su condición de víctimas.

(…)

9. Explicó que la UARIV expidió la Resolución 04102019-45014 del 20 de septiembre
de 2019 por medio de la cual le otorgó la medida de indemnización administrativa por
el hecho victimizante desplazamiento forzado y condicionó el pago al resultado del
Método Técnico de Priorización (ponderación de las variables demográficas,
socioeconómicas, de caracterización del daño, y de avance en el proceso de
reparación integral) habida cuenta de que no acreditó ninguno de los requisitos de
vulnerabilidad previstos en el artículo 4 de la Resolución 1049 de 2019 5. Aplicó dicho
método el 30 de junio de 2020 del que concluyó que no era procedente la inclusión
para la entrega, pero que hasta ese momento no se podía hablar de incumplimiento
del fallo.

10. Que no obstante lo anterior, al evaluar la situación para el año 2021 frente al
otorgamiento o pago de la señalada indemnización, según lo informado por la entidad,
encontró que el método se aplicaría nuevamente el 30 de julio de 2021 por lo que el
resultado anterior (2020) no se tendría en cuenta ya que en cada período anual las
variables de dicho método se modificaban debido al estilo de vida de las víctimas y al

5
Modificado por el artículo primero de la Resolución 582 de 26 de abril de 2021.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

ingresar cientos de casos más para ser evaluados y establecer si algunas de las
víctimas se encuentran en su situación de mayor vulnerabilidad.

11. En ese orden, no había certeza de la entrega de la indemnización a la accionante,
pues existía incertidumbre de si realmente, en algún momento sería indemnizada
porque año tras años tenía que someterse a la aplicación del método hasta cumplir
con los criterios de priorización para alcanzar la puntuación requerida o en su defecto,
contar con algunos de los requisitos de vulnerabilidad, es decir, que “no existe una
escala exacta, ponderación u orden numérico que permita tener con exactitud que en
determinado tiempo o año sería merecedora de la materialización de la
indemnización”.

12. En consecuencia, la respuesta resultaba desproporcionada y ambigua y recordó
que habían pasado 22 meses luego de proferida la orden de tutela sin que le hubiera
indicado un término razonable y perentorio a la señora Nidia Trigos Quintero. Así las
cosas, determinó que en el sub lite se configuraban los factores objetivos y subjetivos
para determinar el incumplimiento a la orden en cita.

13. El 27 de septiembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral – Sección B en grado de consulta de la providencia del 23 de julio de
2021 decidió revocar la sanción impuesta por el juzgado en comento porque la entidad
demostró “haber realizado todas las gestiones tendientes a dar cumplimiento al fallo
de tutela”.

14. Lo anterior, al encontrar que la UARIV expidió la Resolución No. 04102019-45014
– del 20 de septiembre de 2019 a través de la cual le otorgó la medida de
indemnización administrativa por el hecho victimizaste desplazamiento forzado y que,
a partir de allí, adelantó todos los trámites requeridos dentro del proceso de
indemnización. Explicó que la materialización de la entrega no se analizaría en la
consulta porque debió surtirse al interior de la acción de tutela o en el trámite de la
impugnación.

15. La decisión fue notificada por correo electrónico del 4 de octubre de 2021, conforme
a la constancia que obra en el expediente digital.

1.4. Fundamentos de la solicitud

16. La parte actora, advirtió que la solicitud de amparo cumplía con todos los requisitos
de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencias judiciales.

17. Consideró que en la providencia objeto de reproche se configuraron los siguientes
defectos:

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

18. Violación directa de la Constitución y desconocimiento de precedente porque a
pesar de que la UARIV profirió la Resolución Nro.04102019 – 45014 – del 20 de
diciembre de 2019 reconociéndole el derecho a la indemnización administrativa, no
indicó el término para materializar dicho reconocimiento. Además, a la fecha de la
presentación de la acción han pasado más de dos años contados a partir de la orden
de tutela del 2 de septiembre de 2019, situación que el Tribunal accionado pasó por
alto.

19. Con cita de las sentencias T-670 1998, T-799 de 2011, T-371 de 2016, T- 048 de
2019 y SU-034 de 2018, explicó que el Tribunal no le garantizó la materialización del
derecho a la indemnización administrativa, quebrantando su derecho de acceso a la
administración de justicia, pues pasó por alto que realmente no se cumplió la orden
porque en su caso no hay certeza del momento en el cual será indemnizada así que
no existe una solución dentro de un término razonable, por lo que además afecta su
derecho fundamental al debido proceso núcleo esencial del cumplimiento de los fallos
y, en consecuencia, no se le garantiza la tutela judicial efectiva. Omitiendo que la
tutelante es mujer cabeza de hogar y, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencia T-025 de 2004) tiene derecho a la protección reforzada.

20. Resaltó que la conducta de la autoridad accionada fue “pasiva” al no hacer cumplir
de manera efectiva el fallo de tutela objeto del incidente de desacato, pues “solo ha
venido asumiendo una conducta tibia sin ninguna coerción, real y material, frente al
imperativo de justicia, que obligue a los mencionados funcionarios al cumplimiento
efectivo de la orden judicial (…) al extremo de llegar a modificar dicha orden
desconociendo el amparo de los derechos fundamentales (…)”, a pesar de que el
cumplimiento no es complejo ni imposible y, de contera quebrantar los principios de
seguridad jurídica y cosa juzgada, al haber señalado además que la accionante no
interpuso recurso ante el acto administrativo que le reconoció el derecho.

21. Consideró que no se resolvió de manera objetiva el desacato en grado de consulta
porque realmente no se tuvo en cuenta que la orden se encaminó a que se diera
solución al caso de una forma razonable y perentoria para que se le reconociera su
derecho a la indemnización, pues tal como lo determinó el juzgado, la conducta de los
funcionarios encargados de cumplir la orden, fue dolosa ante la falta de interés de
brindar una respuesta real y material conforme al fallo en referencia.

22. Señaló que se le vulneró el debido proceso porque el Tribunal no tuvo en cuenta
que la UARIV guardó silencio en el trámite de tutela y no presentó impugnación del
fallo de primera instancia que amparó sus derechos fundamentales y le dio la orden
de expedir el acto administrativo de indemnización, oportunidad para que la UARIV
presentara sus argumentos contra la orden en comento.

23. Indicó que de conformidad con las sentencias T- 518 de 1995 y T- 555 de 1999, al
comparar la orden de tutela en su contenido o término con la realidad y de encontrarse

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

que no se ha cumplido con exactitud y oportunidad, se incurre en desacato, el cual, si
no es declarado por el juez de instancia o el superior jerárquico con quien se consulta,
se configuraba una “vía de hecho”. Así que en efecto se incurrió en dicho yerro habida
cuenta de que “si se observa de manera objetiva las respuestas emitidas por la entidad
accionada UARIV, y se compara la orden judicial expedida en el fallo de tutela en su
contenido real sin distorsionar el mismo como lo realizó el Despacho accionado, el
término con exactitud y oportunidad que tenía la accionada UARIV, para el cabal
cumplimiento material, real del mismo era, razonable y perentorio”.

24. Adujo que estos dos términos implican que la UARIV debió resolver su caso basado
en la razón, la lógica o la conveniencia (razonable) y, de forma urgente, determinante
o apremiante (perentorio), lo cual no se tuvo en cuenta por el Tribunal porque deja al
arbitrio de la UARIV la entrega material del derecho reconocido y, más grave aun
cuando no existe certeza de ello.

25. Fáctico, frente a este señaló que la decisión se profirió con carencia de apoyo
probatorio, en especial no tuvo en cuenta la providencia presuntamente desacatada
con la que se demuestra el cabal incumplimiento.

26. Decisión sin motivación al no fundamentar fáctica y jurídicamente la resolución del
caso, “es decir, no hace una valoración probatoria de las respuestas enviadas por la
UARIV para concluir que no existe soporte probatorio alguno (…) frente al
cumplimiento real y material de lo ordenado (…) y solo toma la decisión con el
argumento que con la expedición de la referida resolución el fallo fue acatado”.

26. Error inducido, en tanto la autoridad fue engañada por la UARIV con la Resolución
04102019 – 45014 del 20 de diciembre de 2019 para “disfrazar” el cumplimiento
efectivo a la orden, cuando realmente cumplió de forma parcial al no señalar la fecha
de la entrega material de la indemnización.

27. Procedimental absoluto al superarse los 10 días previstos para proferir la decisión
sancionatoria dentro del incidente de desacato (sentencia C-367 de 2014). Al respecto
precisó: “(…) si bien es cierto el despacho accionado dio trámite al incidente de
desacato en diferentes oportunidades por supuesto que se desbordó masivamente en
unos términos para resolver el incidente de desacato, que para nada atienden los
términos señalados en la sentencia C-367 de 2014, en relación, tal como lo señaló la
Corte Constitucional en la referida sentencia que los términos para resolver los
incidentes de desacato son de diez días, es decir, los mismos que se aplican para
resolver la acción de tutela”.

1.5. Trámite de la acción de tutela

28. El magistrado que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del
16 de diciembre de 2021, admitió la petición y dispuso notificar a la parte actora; y al

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral Subsección B en calidad
de autoridad judicial demandada.
29. Así mismo, vinculó en calidad de tercero con interés : i) a la Unidad para la Atención
y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV-, en su calidad de parte accionada en la
tutela que dio lugar al posterior incidente de desacato promovido por la accionante; ii)
a los señores Ramón Alberto Rodríguez Andrade y Enrique Ardila Franco por ser sobre
quienes recayó la sanción de multa impuesta, en su condición de representante legal
y director técnico de la UARIV respectivamente; iii) al Juzgado Trece Administrativo de
Barranquilla, como juez de primera instancia; y iii) a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, conforme lo dispuesto en el artículo 610 del Código General del
Proceso.

30. Adicionalmente, solicitó a las Secretarías del Juzgado Trece Administrativo de
Barranquilla y del Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección
B que remitieran en formato digital del expediente identificado con radicado No. 08-
001-33-33-013-2019-00198-00/01.

31. También, se ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado para que
publicara en su respectiva página web una copia digital e íntegra de la demanda de
tutela y del auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés
conociera de los referidos documentos y pudiera intervenir en el trámite constitucional
de la referencia.

32. Posteriormente, mediante auto del 20 de enero de 2022, se le solicitó a la
Secretaría General del Consejo de Estado notificar a los señores Ramón Alberto
Rodríguez Andrade y Enrique Ardila Franco a través de los correos electrónicos
institucionales personales registrados en el expediente digital aportado por la parte
demandada. Esto, en aras de garantizarles sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y a la reparación integral.

1.6. Intervenciones

33. Realizadas las notificaciones y la publicación ordenada, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B

34. Mediante correo electrónico del 12 de enero de 2022, el magistrado ponente de la
decisión acusada, consideró que no se configuraban los presupuestos procesales y
materiales que permitiera acceder a las pretensiones de la demandante y que la acción
de amparo no podía convertirse en una tercera instancia, razón por la cual, solicitó que
se declarara su improcedencia o en su defecto se negara el amparo de los derechos
fundamentales deprecados por la parte actora.

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

35. Explicó que atendiendo a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia
SU-034 de 2018, dentro del trámite de una consulta a una sanción por desacato, se
debe verificar la existencia de elementos probatorios suficientes para demostrar que
hubo responsabilidad subjetiva de quien incurrió en desacato.

36. Señaló que la UARIV demostró que i) expidió la Resolución 04102019-45014 de
20 de septiembre de 2019, notificada el 30 de septiembre de 2019 y, ii) mediante
comunicaciones del 9, 10 y 12 de julio de 2021 le informó las gestiones realizadas
dentro del trámite de la entrega de la medida indemnizatoria por aplicación del método
técnico de priorización, el cual le aplicó con el propósito de determinar, de manera
proporcional a los recursos presupuestales asignados a la UARIV en el año 2020, el
orden de entrega de la indemnización reconocida a su favor. En ese sentido, revocó la
sanción, al no evidenciar negligencia por parte de la UARIV.

37. Refirió que conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en las sentencias
T-449 y T-162 de 1998 y T-121 de 1999, en este caso, de accederse a las pretensiones
de la demanda, la decisión del juez de tutela sólo entraría a reemplazar el criterio del
tribunal quien actuó con autonomía funcional y profirió la providencia con respeto a los
derechos fundamentales invocados por la parte actora. Enfatizó en que se evidencia
el descontento de la señora Nidia Trigos Quintero respecto de la decisión que revocó
la sanción por desacato, lo cual no puede entenderse como una vía de hecho.

1.6.2. Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Barranquilla

38. Mediante correo electrónico del 12 de enero de 2022, señaló que la presente
petición de amparo es improcedente ya que la petición de amparo no puede tenerse
como una instancia más para analizar las actuaciones del trámite incidental del
desacato.

39. Explicó que aplicó el trámite de rigor garantizando el debido proceso y que, por el
contrario, procuró por el cumplimiento del fallo que amparó los derechos
fundamentales de la parte actora en atención a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional (sentencias SU-254 y C-753 de 2013 y, SU-034 de 2018 -
reconocimiento e indemnización de las víctimas del conflicto armado del país).

1.6.3. Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas

40. Mediante escrito del 4 de febrero de 2022, a través del representante judicial de la
unidad pidió su desvinculación por no ser la llamada a responder por los derechos
fundamentales que reclama la accionante, en tanto, ejerce funciones de:

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

a) Entidad coordinadora i) de todas las entidades que integran el Sistema Nacional
de Atención y Reparación Integral a las Víctimas – SNARIV y ii) de los procesos
de retornos y/o reubicaciones de las personas y familias que fueron víctimas de
desplazamiento forzado.
b) Ente ejecutor e implementador i) responsable de brindar la Atención
Humanitaria de Emergencia y de transición, representada de la siguiente
manera: - Atención Humanitaria de Emergencia (alimentación, artículos de
aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, y alojamiento transitorio)
y - Atención Humanitaria de Transición se compone de ayuda para alojamiento
y; ii) de la Política Pública de Atención, Asistencia y Reparación Integral a las
Víctimas de la Violencia.
c) Ente administrador i) del manejo e integralidad de la información contenida en
el Registro Único de Víctimas – RUV, así como de la obligación de asegurar el
principio de confidencialidad de la información contenida en el mismo, ii) del
Fondo para la Reparación de las Víctimas, creado por la Ley 975 de 2005.

41. Señaló que, por lo anterior, no está llamada a responder por la carga impuesta por
el juez constitucional en la presente acción, pues quien está obligado es la autoridad
que profirió la providencia demandada.

42. De otra parte, explicó que en cumplimiento de las órdenes dictadas por la Corte
Constitucional en la sentencia T-025 de 2004 protocolizó el trámite administrativo a
seguir, a efectos del reconocimiento y pago de la indemnización por homicidio y
desplazamiento forzado.

43.Comentó que la Subdirección de Reparación Individual de la Unidad para las
Víctimas profirió las Resoluciones 04102019- 45014 del 20 de septiembre de 2019
(notificada el 30 de septiembre de 2019) y 04102019-649654 del 19 de mayo de 2020
(notificada el 18 de junio de 2020), por la cuales se le reconoció el derecho a recibir la
medida de indemnización administrativa por desplazamiento forzado y homicidio
respectivamente, una vez cumplidos los requisitos contenidos en la fase de solicitud.

44. Señaló que la señora Nidia Trigos Quintero no acreditó una situación de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad de las establecidas en el artículo 4 de la
Resolución 1049 de 2019 y 1° de la Resolución 582 de 2021, esto es, tener i) más de
74 años de edad, o, ii) una discapacidad para el desempeño, o iii) o una enfermedad
catastrófica o de alto costo.

45. Que, por lo anterior, aplicó el Método Técnico de Priorización creado en la
Resolución 1049 del 15 de marzo de 20196 y, realizado el estudio de la solicitud, se
determinó que la accionante cumplía con los supuestos fácticos y jurídicos para

6
“Por la cual se adopta el procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía
administrativa, se crea el método técnico de priorización, se deroga las Resoluciones 090 de 2015 y
01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones”
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

reconocer la medida de indemnización administrativa en los términos de la Ley 1448
de 2011. En ese orden, la entrega de la medida de indemnización se enmarcaba dentro
de la ruta general (solicitudes en las que no se acredite ninguna situación de extrema
vulnerabilidad), con el fin de determinar el orden de asignación de turno para el
desembolso, de manera proporcional a los recursos apropiados en la respectiva
vigencia fiscal.

46. Explicó que el Método Técnico de Priorización, permite a la UARIV:

(…) analizar criterios y lineamientos que debe adoptar, mediante el análisis objetivo de
variables demográficas, socioeconómicas, de caracterización del hecho victimizante, y
de avance en la ruta de reparación, con el propósito de establecer el orden más
apropiado para otorgar la indemnización administrativa de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal anual. Este proceso técnico será aplicado cada año, para aquellas víctimas
que hayan recibido respuesta de fondo afirmativa sobre el derecho a recibir la medida
de indemnización administrativa.

47. Indicó que por lo anterior, se encontraba en imposibilidad de suministrar una fecha
cierta para pagar la indemnización administrativa, toda vez que debe ser respetuosa
del procedimiento establecido en la Resolución 1049 de 2019 y del debido proceso
administrativo, además debe atender los principios generales de progresividad y
sostenibilidad fiscal , en un contexto de igualdad material a través del establecimiento
de criterios de priorización y con un procedimiento administrativo avalado por la Corte
Constitucional en el Auto 206 de 2017.

48. Precisó que esa tesis evidenciaba la improcedencia de la acción de tutela para
obtener una fecha exacta del desembolso de la indemnización ya que no se podían
indemnizar a todas las personas en un solo momento. Adicionalmente, porque no se
supera el requisito de subsidiariedad para ello por cuanto el procedimiento idóneo para
el efecto, es el contemplado en la Resolución 01049 de 2019 que organiza los pagos
de forma igualitaria según el orden de radicación y de acuerdo a unos criterios objetivos
de priorización.

49. Explicó que ese procedimiento tiene como finalidad garantizar la protección de los
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la reparación integral de
las víctimas y, subrayó que era razonable el tiempo de espera, en tanto, no se puede
indemnizar en un solo momento a aquellas, máxime teniendo en cuenta que el Estado
no cuenta con todos los recursos pero sigue adelantando acciones positivas en aras
de conseguir indemnizar a todos aquellos que tengan derecho a la medida pero bajo
la siguiente salvedad, tal como lo ha señalado la Corte Constitucional:

[S]i bien los derechos fundamentales de las víctimas deben ser garantizados de
manera oportuna, cuando un Estado se enfrenta a la tarea de indemnizar a
millones de personas y no cuenta con los recursos suficientes, es factible plantear
estrategias de reparación en plazos razonables y atendiendo a criterios de

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

priorización. Lo anterior no desconoce los derechos de las víctimas sino por el
contrario asegura que, en cierto periodo de tiempo, y no de manera inmediata,
todas serán reparadas.

1.6.4. Los señores Ramón Alberto Rodríguez Andrade, Enrique Ardila Franco y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a la debida notificación,
optaron por guardar silencio.
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

50. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la señora
Nidia Trigos Quintero, a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

51. La UARIV solicitó ser desvinculada del presente trámite constitucional, al
considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva por no ser la autoridad
que profirió la decisión objeto de reproche. Por lo tanto, considera que no era la
llamada a responder por la posible vulneración de las garantías constitucionales de la
parte accionante. Al respecto, la Sala precisa que su vinculación se hizo en calidad de
tercero con interés y no como demandada. En ese orden, su solicitud de
desvinculación será negada y así se declarará en la parte resolutiva de esta
providencia.

52. De otra parte, se reconocerá personería para actuar al abogado Yerobis de Jesús
Castro Galva, identificado con cédula de ciudadanía No. 78.704.534 y tarjeta
profesional No. 344.413 del Consejo Superior de la Judicatura en representación de
los intereses de la señora Nidia Trigos Quintero, de conformidad con el poder especial
aportado al expediente.

2.3. Legitimación en la causa

53. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

54. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19917, en los artículos 1, 10, 46 y 49,
precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier persona
que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii)
a través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover
su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales8.

55. Con fundamento en el marco conceptual expuesto 9, la Sala advierte que la señora
Nidia Trigos Quintero, es titular de los derechos fundamentales que reclama, en
consideración, en suma, a los presuntos yerros en los que incurrió el Tribunal
Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B al revocar la sanción
impuesta por el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla al representante legal y
al director técnico de reparación de la UARIV, mediante auto del 23 de julio de 2021 al
interior del incidente de desacato al fallo de tutela del 2 de septiembre de 2019
promovido por la accionante contra dicha entidad. Orden que, a su juicio, implicaba no
solo el reconocimiento del derecho a la indemnización señalada sino también la
manifestación de la fecha de materialización de dicha indemnización en un término
perentorio y razonable

56. En consecuencia, la parte accionante goza de legitimación en la causa por activa,
presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos de
procedibilidad y del núcleo esencial del derecho presuntamente vulnerado.

57. En relación con la parte demandada, la petición de amparo se dirigió contra el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B, autoridad
judicial que profirió la decisión dentro del incidente de desacato que considera la parte
actora como transgresora de sus derechos fundamentales, razón por la cual, se
encuentra legitimada por pasiva.

2.4. Problema jurídico

58. Teniendo en cuenta la situación fáctica, los argumentos expuestos por la parte
actora, los informes rendidos, el material probatorio recaudado, los problemas jurídicos
que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

7
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
9
Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, ha
venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones de tutela
la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sentencia 27.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-05083-00.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

59. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la reparación integral de la parte actora, ante la
configuración de los presuntos yerros en los que incurrió al revocar la sanción
impuesta por el Juzgado Trece Administrativo de Barranquilla a la UARIV,
consistente en una multa de tres SMMLV, en el trámite de desacato que
interpuso la actora contra dicha entidad?

60. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y de
superarsen, (iii) el análisis del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

61. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios
que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en
fallo de 31 de julio de 201210. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas
Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema11. En la
referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es
procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales 12.

62. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción
de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta
Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 13. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia14 y ocho defectos especiales en

10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
11
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
12
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;. ii) Que se hayan agotado
todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) Que se
cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

los que puede incurrir una providencia judicial15.

63. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más clara
para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y quinto
de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta con los
requisitos especiales. Por tanto, de manera reiterada se han estudiado los siguientes
requisitos generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente la acción de
amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

64. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará la carga
argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el defecto
procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un efecto
decisivo o determinante en la sentencia que se impugna. En este mismo sentido, la
sala ha establecido que para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se
requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de
tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no
intente reabrir el debate de instancia.

65. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como una
“tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores
directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

15
Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para
ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al margen
del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv). Defecto material o
sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; v) Error
inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y
ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales; vi) Decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos
fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerad y viii) Violación directa de la Constitución.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

2.6.1. Relevancia constitucional16

66. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por
cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de i) la providencia
del 27 de septiembre de 2021, comoquiera que, a su juicio, se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, con la decisión de desacato en grado de consulta proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B al no
garantizarle el derecho a la indemnización administrativa que debía otorgarle la UARIV
de conformidad con la orden de tutela del 2 de septiembre de 2019.

67. La argumentación referida por la parte actora en relación con la providencia judicial
y la vulneración de sus derechos fundamentales, es lo que permite la superación de
este requisito y evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente
legal; lo anterior, se cumple con independencia del yerro en el razonamiento jurídico
en que pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su
proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en las
consideraciones de fondo que sustenten su decisión.

2.6.2. Tutela contra tutela17

68. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
incidente de desacato que adelantó la señora Nidia Trigos Quintero contra la UARIV.

2.6.3. Inmediatez18

69. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, este se encuentra
cumplido dado que la providencia del 21 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico Sala de Decisión Oral – Sección B fue notificada
por correo electrónico el 4 de octubre de 2021, cuyo término de ejecutoria se surtió el
11 siguiente y, como la petición de amparo fue radicada el 7 de diciembre de 2021, no
superaría el término razonable.

70. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 19, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los

16
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 25.11.2021. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicado 11001-03-15-000-2021-06578-
00. Sentencias 4.11.21., M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Radicados 11001-03-15-000-2021-06754-00 y
11001-03-15-000-2021-06321-00.
17
Ibidem.
18
Ibidem.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200520, para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y
reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de
los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad21

71. En consideración al requisito de subsidiariedad, por tratarse de una providencia
proferida al interior del trámite de un incidente de desacato, que revocó la decisión
sancionatoria, en grado jurisdiccional de consulta, es evidente que este auto puso fin
a dicho trámite, frente al cual, no son procedentes los recursos ordinarios 22.

72. Asimismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por la parte actora no
se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y 258 de la Ley 1437 de
2011.

73. Superado el cumplimiento de los requisitos adjetivos, en relación con los defectos
alegados, la Sala abordará el fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el
carácter excepcional de la acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la
intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de
derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones
judiciales.

2.7. Del caso concreto

74. En el presente punto, es importante hacer referencia al derecho a la indemnización
administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado y su materialización, habida
consideración que es frente a este puntual aspecto que se circunscribe la problemática

20
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
21
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.
Pedro Pablo Vanegas Gil, sentencia 30.09.2021., Rad. 11001-03-15-000-2021-03866-01; M.P. Rocío
Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01;
Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-
000-2019-04788-01.
22
Ver sentencia C-243 de 1996 de la Corte Constitucional.
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

señalada por la parte actora23 y, posteriormente, se hará el análisis de los defectos
alegados por la señora Nidia Trigos Quintero.

2.7.1. El derecho a la indemnización administrativa de las víctimas de
desplazamiento forzado

75. En la sentencia T-025 de 2004, la Corte Constitucional al estudiar 109 expedientes
en sede de revisión (que corresponden 1150 núcleos familiares), declaró la existencia
de un estado de cosas inconstitucional relativo a las condiciones de vida de la
población desplazada y adoptó los remedios judiciales correspondientes para mitigar
la problemática de vulneración de los derechos de dicha población “habida cuenta de
la magnitud de la afectación de los derechos, del número de personas que no pueden
gozar de ellos y de lo que razonablemente ha de lograr el Estado para cumplir sus
deberes de protección”. Dichas órdenes se encaminaron a superar las insuficiencias
de los recursos y las deficiencias de la capacidad institucional.

76. La Corte Constitucional, en el Auto 206 de 2017 se pronunció respecto de algunas
solicitudes elevadas por UARIV y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado,
en el marco del Estado de Cosas Inconstitucional declarado en la sentencia T-025 del
200424.

77. En términos generales, en dicho auto señaló que a través de una larga línea
jurisprudencial ha reconocido que las víctimas de violaciones graves a los derechos
humanos son titulares de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición, bajo el entendido de que se trata de un conjunto de
derechos inescindible.

78. Específicamente, en esa misma decisión, en lo atinente al derecho a la reparación,
sostuvo que:

[S]e trata de un derecho complejo que posee una naturaleza fundamental amparada por
las normas internacionales de derechos humanos, la jurisprudencia de los organismos
internacionales y por nuestra Constitución Política. El fundamento del deber de reparar
radica en la obligación general del Estado concerniente al respeto y la garantía de los
derechos de todas las personas bajo su jurisdicción (C.P. Art. 2). Por lo tanto, ante
vulneraciones graves y generalizadas de derechos humanos, surge la obligación de
reparar integralmente a las víctimas de tales violaciones, con la finalidad de restablecer
integralmente su dignidad. En caso de no ser posible la restitutio in integrum, este
Tribunal reiteró que el Estado se encuentra en la obligación de implementar estrategias
orientadas a compensar la pérdida material y moral de acuerdo con el principio de
equidad, a través de la indemnización. Lo anterior, con independencia de los resultados

23
Con excepción del defecto procedimental absoluto.
24
En el marco de esta sentencia, la Corte También profirió el auto 373 de 2006: “referencia: evaluación
de los avances, rezagos y retrocesos en la superación del Estado de Cosas Inconstitucional declarado
mediante la sentencia T-025 de 2004, en el marco del seguimiento a los autos 008 de 2009, 385 de
2010 y 219 de 2011”.
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

que se logren en materia de investigaciones penales, del establecimiento de los
responsables de tales violaciones, y sin perjuicio de que el Estado repita posteriormente
contra los infractores25.

79. Acotó que las víctimas de desplazamiento forzado tienen el derecho fundamental
a obtener una reparación íntegra y plena, además de ser justa, suficiente, adecuada,
efectiva, oportuna y proporcional para así restablecer los derechos afectados y mitigar
la situación de vulnerabilidad producida por el desarraigo.

80. Aclaró que en la jurisprudencia se ha señalado que, si bien, el derecho a la
reparación es fundamental, ello no se traduce en un derecho absoluto que pueda ser
exigido inmediatamente por todas las víctimas del conflicto armado. Sin embargo, se
ha reiterado que “las limitaciones presupuestales nunca podrán traducirse en una
afectación excesiva o en una negación o desnaturalización de los derechos de las
víctimas”.

81. Puntualmente, en relación con dichas limitaciones presupuestales y los plazos para
otorgar la indemnización en referencia, en dicho auto, la Corte Constitucional sostuvo
que había dirimido esa tensión con el estudio de constitucionalidad de los principios
de progresividad y sostenibilidad (artículos 17 y 19 de la Ley 1448 del 2011). Al
respecto explicó:

[Si] bien los derechos de las víctimas se reconocen de manera inmediata, su contenido
se amplía progresivamente y su cobertura se extiende gradualmente respecto de la
totalidad de víctimas a las que se refiere la ley. Por esta razón, encontró razonable que
los programas masivos de reparación administrativa, característicos de contextos de
violencia generalizada y sistemática, no se encuentren en la capacidad de indemnizar
por completo a todas las víctimas en un mismo momento. En este tipo de situaciones, la
Corte encontró que es legítimo definir plazos razonables para otorgar la indemnización
administrativa y acoger, en esa dirección, determinados criterios que permitan priorizar
la entrega de las medidas que correspondan. Este planteamiento implica analizar la
situación concreta en que se encuentra cada accionante, para verificar si cumple o no
con alguno de los supuestos que permiten darle prelación26. (Subrayado fuera del
original).

82. Enseguida, comentó que en la jurisprudencia que se ha proferido en seguimiento
a la sentencia T-025 del 2004 se precisó que el sistema de priorización no puede
derivar en una práctica inconstitucional, consistente en restringir arbitraria y
desproporcionadamente el acceso de un grupo particular de víctimas a las medidas de
indemnización, sino que deben dar cumplimiento al principio de coherencia (definido
en su momento en la sentencia T-025 del 2004). Adicionó que:

25
Auto 206 del 28 de abril de 2017.
26
Ibídem.

19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

El reconocimiento de los principios de gradualidad y progresividad no puede traducirse
en que las personas desplazadas tengan que esperar de manera indefinida, bajo una
completa incertidumbre, el pago de la indemnización administrativa. Por el contrario, en
todos aquellos casos en los que estas personas se acercan a las autoridades para
solicitar la entrega o información acerca del desembolso de la indemnización
administrativa, es fundamental que las autoridades den plena observancia a las reglas
que rigen la respuesta al derecho de petición y al debido proceso, sin que esto implique,
como se acaba de exponer, que la respuesta sea una aceptación de lo solicitado27.

83. Por lo anterior, recordó que cuando la Corte conoció de las tutelas en las que se
solicitó la protección del derecho de petición en materia de indemnización
administrativa, reiteró las reglas que deben orientar la respuesta a las peticiones
interpuestas ante las autoridades y que, en algunos casos, de forma excepcional
ordenó el reconocimiento de la indemnización administrativa.

84. Dichas situaciones corresponden a aquellas en las que al interior del proceso
judicial de logran acreditar, con suficiencia, dos eventos:

i) Que la persona cumple con las características para acceder directamente a
la indemnización administrativa, debido a la especial situación de
vulnerabilidad en la que se encuentra, en los términos recogidos en la
normatividad vigente
ii) El solicitante enfrenta cargas desproporcionadas, como aquellas que se
derivan de la espera indeterminada para obtener una respuesta de fondo a
la solicitud, en el marco de un proceso administrativo que carece de claridad
acerca de las etapas y los plazos que debe agotar una persona desplazada
para acceder a la indemnización administrativa.

85. Adicionalmente, explicó que el fin común más perseguido por los peticionarios era
el conocimiento de un plazo para el desembolso de la indemnización administrativa
pero que en todo caso “la normativa aplicable no estableció términos puntuales o
plazos perentorios para su pago, más allá de la vigencia de la ley. La
jurisprudencia constitucional tampoco esbozó parámetros en ese sentido que
puedan aplicarse a todos los casos análogos”. Razón por la cual, puso de presente
que la definición de plazos razonables era indispensable para garantizar el debido
proceso sin dilaciones injustificadas. Al respecto precisó que el cumplimiento del
debido proceso comprende el respecto y efectividad de los derechos fundamentales
enfocado a la realización del derecho material de las personas y, en ese sentido, se
tornaba fundamental la definición de plazos razonables para evitar dilaciones
injustificadas. Así que a pesar de que no existían parámetros que permitieran
establecer “a priori” un plazo razonable, era de suma importancia precisar criterios para
analizar cada caso en particular.

27
Ídem.

20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

86. Posteriormente, la Corte Constitucional accedió a la solicitud de la UARIV y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado atinente a exhortar a los jueces de
la República para que se abstuvieran de impartir temporalmente órdenes relacionadas
con reconocimientos económicos y para posponer las sanciones por desacato que
exigen su cumplimiento con el propósito de garantizar el derecho a la igualdad entre
el universo de personas desplazadas que a pesar de encontrarse en la misma
situación, accedían a la indemnización en diferentes momentos, según optaran por
una acción de tutela o atenerse a lo resuelto en el proceso administrativo. Asimismo,
porque la UARIV buscaba a través de un proceso ordinario y reglado “con base en los
criterios de priorización, sustentados en los criterios de medición de carencias básicas
y avances en la ruta de estabilización socioeconómica”, adoptar los correctivos
necesarios para con ello, ofrecer una respuesta oportuna y de fondo acerca de las
condiciones en las cuales las personas recibirían los recursos.

87. Por estas razones, en la decisión en cita la Corte elevó un exhorto general a todos
los jueces de la República para que siguieran los precedentes recogidos en el auto en
cita para que aplicaran las siguientes reglas:

-En el momento de resolver las acciones de tutela que reclaman la protección del
derecho de petición cuando se encuentra relacionado con la indemnización
administrativa, los jueces deben conceder la tutela del derecho de petición, una vez
verificado el cumplimiento de los respectivos requisitos de procedibilidad formal y
material, pero dispondrán que la UARIV tiene hasta el 31 de diciembre de 2017 para
cumplir con el fallo de conformidad con el orden de prioridad que adopte. Por lo tanto,
se abstendrán de impartir órdenes relacionadas con reconocimientos económicos
durante ese lapso.

-Al pronunciarse sobre los incidentes de desacato ocasionados por el incumplimiento de
la UARIV a las órdenes de tutela impartidas en estos casos de indemnización
administrativa, los jueces suspenderán las sanciones por desacato, tanto de arresto
como de multa, dictadas a partir del 01 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de
2017, fecha límite que dispone la UARIV para cumplir las sentencias de tutela que
ordenaron la contestación de una petición o el reconocimiento de la medida de
indemnización administrativa28.

88. Si bien, el exhorto aplicó para la época señalada, lo relevante para el caso que
ocupa la atención de la Sala en este momento, es que enseguida de estas reglas, la
Corte señaló que exceptuaría de dicho exhorto:

(…) a aquellos hogares que “no hayan suplido sus carencias en materia de
subsistencia mínima debido a que se encuentran en situación de extrema urgencia
y vulnerabilidad manifiesta debido a la condición de discapacidad, edad o
composición del hogar [Decreto 1377/14].” Por lo tanto, en aquellas situaciones
excepcionales en las que estas personas solicitan la entrega de los recursos de la
indemnización administrativa, los jueces pueden ordenar su entrega inmediata,
fijando los plazos que consideren pertinentes en el caso específico, una vez

28
Ídem.

21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

verifiquen que los solicitantes acreditaron los requisitos mínimos, pero no
desproporcionados, que es válido exigirles para acceder a estos recursos29.

89. Lo anterior, al enfatizar en que era demasiado restrictivo impedirles a estas
personas que acudieran a la acción de tutela para requerir la entrega inmediata de la
indemnización administrativa ya que se encontraban en situación extrema de
vulnerabilidad.

90. En ese sentido, la Corte Constitucional explicó que contrario a lo que ocurría con
la ayuda humanitaria respecto de la indemnización administrativa, la suspensión
provisional de las órdenes y sanciones por desacato a fallos de tutela “no afecta ni
pone en riesgo el derecho al mínimo vital de las personas desplazadas” porque
esto permitía que la UARIV al desembolsar los recursos con criterios definidos se
cumplieran los fines resarcitorios de dicha indemnización de tal forma que se diera
prioridad a aquellas personas en condiciones de urgencia. Esto, “en el marco de unas
reglas de juego claras que les permitan a las personas desplazadas, priorizadas
o no, crearse expectativas realistas y transparentes respecto de las
circunstancias en las que recibirán, de manera progresiva y gradual, tales
recursos”30.

91. Enfatizó en que para ese momento no había una ruta clara que le permitiera a las
personas desplazadas tener certeza acerca de los procedimientos y de los tiempos
que tienen que esperar para acceder a esos recursos y que lo único cierto era que la
UARIV contaba con un presupuesto anual para indemnizar a un número determinado
de personas, así que, a partir de esto, indemnizaba a aquellas personas conforme lo
permitiera dicho presupuesto. En ese orden, no eran claros los términos para recibir el
pago de la indemnización, incluso para las personas priorizadas.

92. Al encontrar que las autoridades no podían dar una respuesta oportuna, de fondo,
clara y precisa a las peticiones relativas a la entrega de la indemnización, que les
permitiera las personas desplazadas tener claridad acerca de las condiciones en las
cuales se materializaría el derecho señaló que las autoridades responsables debían
reglamentar un procedimiento con criterios puntuales y objetivos para otorgar la
medida indemnizatoria para darles la posibilidad de estimar bajo qué circunstancias se
accedería a ésta.

93. En ese sentido, las personas debían tener certeza de:

i) Las condiciones de tiempo, modo y lugar bajo las cuales se va a realizar la
evaluación con el fin de establecer si se prioriza o no al núcleo familiar, según lo
contemplado en el artículo 7 del Decreto 1377 de 2014;
ii) La definición de un plazo razonable para que se realice el pago efectivo de la
medida, en los casos en los que el solicitante sea priorizado; y

29
Ídem.
30
Ídem.

22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

iii) En las situaciones en las que no sea priorizado, el establecimiento de los términos
bajo los cuales las personas desplazadas accederán a la medida, esto es, los plazos
aproximados y el orden en el que accederán a esos recursos.

94. Puntualizó que esa reglamentación debía protocolizarse en un decreto y
sustentarse en una asignación presupuestal que garantizara su implementación. En
consecuencia, en reiteración de las órdenes del auto 373 de 2016, ordenó al director
de la UARIV “en coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y del
Departamento Nacional de Planeación, reglamentara el procedimiento que deben
agotar las personas desplazadas para la obtención de la indemnización administrativa,
con criterios puntuales y objetivos”. Advirtió al director de la UARIV que:

[L]a magnitud del esfuerzo presupuestal para indemnizar a las personas desplazadas
justifica que esta obligación se satisfaga de manera progresiva y siguiendo criterios de
priorización. No obstante, esto no implica que estas personas se encuentren en una
completa incertidumbre acerca de si van a recibir esos recursos, en qué plazo
aproximado y siguiendo qué orden. Por lo tanto, esta Corporación no encuentra
de recibo que se esgriman las restricciones presupuestales como una excusa para
abstenerse de otorgar la información mínima que permita garantizar el debido
proceso de la población desarraigada cuando se acerca a las autoridades para
solicitar información en esta materia31.

95. En acatamiento a lo señalado Auto 206 de 2017 la Dirección General de la UARIV
profirió la Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019 32 “Por lo cual se adopta el
procedimiento para reconocer y otorgar la indemnización por vía administrativa, se
crea el método técnico de priorización, se derogan las Resoluciones 090 de 2015 y
01958 de 2018 y se dictan otras disposiciones”.

96. En esta resolución se adoptó el procedimiento para reconocer y otorgar la
indemnización por vía administrativa y crear el método de priorización que debe ser
aplicado a las solicitudes de indemnización administrativa radicadas por las personas
incluidas en el Registro Único de Víctimas y por los hechos susceptibles de ser
indemnizados33.

97. Las cuatro fases del procedimiento para la indemnización administrativa: i) de
solicitud de indemnización administrativa, ii) análisis de la solicitud, iii) respuesta de
fondo de la solicitud, iv) entrega de la medida de indemnización.

98. En virtud a que en el caso objeto de estudio, la indemnización administrativa ya le
fue reconocida a la tutelante, la Sala ampliará la información únicamente respecto de

31
Ídem.
32
Modificada por la Resolución 00528 del 26 de 2021 “Por la cual se modifica la Resolución 1049 de
2019 en lo que tiene que ver la situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad en virtud de
la edad y se dictan otras disposiciones”.
33
Aplicable a todas las solicitudes elevadas con posterioridad a su entrada en vigencia (artículo 6).
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

la entrega de la medida. De conformidad con el artículo 14 de la resolución en cita,
prevé que:

[E]n el caso que proceda el reconocimiento de la indemnización, y la víctima haya
acreditado alguna de las situaciones de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad
(…), se priorizará la entrega (…) atendiendo a la disponibilidad presupuestal de la Unidad
de Víctimas.

En caso que los reconocimientos de indemnización en estas situaciones de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad superen el presupuesto asignado a la Unidad de
Víctimas para la respectiva vigencia, el pago de la medida se hará efectivo en la siguiente
orden presupuestal. En el tránsito entre vigencias presupuestales no se modificará el
orden o colocación de las víctimas priorizadas en las listas ordinales que, se
posicionarán en la medida que obtengan firmeza los actos administrativos que
reconocen la medida de indemnización y ordenan su pago.

En los demás casos donde haya procedido el reconocimiento de la indemnización, el
orden de priorización para la entrega de la medida de indemnización se definirá a través
de la aplicación de método técnico de priorización. La entrega de la indemnización
se realizará siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la
medida en los términos del inciso primero de este artículo. (La subraya no es del original).

En todos los casos que proceda la entrega de indemnización, la Unidad para las Víctimas
que hayan sufrido más de un hecho victimizante, siempre y cuando se trate de una
solicitud prioritaria y exista disponibilidad presupuestal. Para las solicitudes generales, la
entrega de la segunda indemnización por otro hecho, estará sujeta a que se haya
entregado la medida a todas las víctimas, al menos una vez34.

99. Respecto del Método Técnico de Priorización, se definió como un proceso técnico
que determina los criterios y lineamientos que debe adoptar la Subdirección de
Reparación Individual para determinar la priorización anual de del desembolso de la
indemnización administrativa (artículo 16 ibidem). Tiene por objetivo, generar unas
listas ordinales indicativas de la priorización para el desembolso de la medida que se
aplica anualmente para la asignación de los turnos de pago de manera proporcional a
los recursos apropiados en la respectiva vigencia fiscal (artículo 17 ídem).

100. A través de este método se analizan objetivamente las diversas características
de las víctimas por medio de las variables demográficas35, socioeconómicas36, de

34
Resolución 01049 del 15 de marzo de 2019.
35
a) pertenencia étnica de acuerdo a la información consignada en el Registro Único de Víctimas, b)
jefatura de hogar o única por parte de hombre o mujer, c) persona que se identifique en el Registro
Único de Víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (LGTBI), d)
grupo etario (0 a 73 años), e) padecer de una enfermedad que no se encuentre en la categorías de:
huérfana, de tipo ruinoso, catastrófico o de alto costo, definidas como tales por el Ministerio de Salud y
Protección Social, f) padecer una enfermedad o discapacidad que no genere dificultad en el desempeño,
lo cual deberá ser acreditado mediante certificado de discapacidad reglamentado y vigente en Colombia.
36
a) Superación de la situación de vulnerabilidad, b) superación de las carencias en subsistencia mínima
en los componentes de alojamiento y alimentación, c) medición de subsistencia mínima cuyo resultado
arroje extrema urgencia y vulnerabilidad en los componentes de alojamiento y alimentación.
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

caracterización del hecho victimizante37 y sobre el avance en la ruta de reparación 38,
con el propósito de generar un orden para otorgar la entrega de la indemnización
(numeral 1 del anexo de la resolución en referencia (método técnico de priorización de
la indemnización administrativa).

101. Finalmente, las situaciones enmarcadas dentro de las denominadas de urgencia
manifiesta o extrema vulnerabilidad son las siguientes: i) edad: tener edad igual o
superior a los 68 años (criterio que se podrá ajustar progresivamente de acuerdo en el
avance en el pago de la indemnización) 39, ii) enfermedad: tener enfermedades
huérfanas, de tipo ruinoso, catastrófico, o de alto costo definidas como tales por el
Ministerio de Salud y Protección Social y, iii) discapacidad: tener discapacidad que se
certifique bajo los criterios, condiciones e instrumentos pertinentes y conducentes que
establezca el Ministerio de Salud y de Protección Social o la Superintendencia
Nacional de Salud (artículo 4 ejusdem).

2.7.2. Defectos de violación directa de la Constitución, desconocimiento de
precedente, fáctico, decisión sin motivación, error inducido y procedimental
absoluto

102. En términos generales la parte actora hace consistir el yerro del tribunal accionado
en el hecho de pasar por alto que con la expedición de la Resolución Nro.04102019 –
45014 – del 20 de diciembre de 2019 por medio de la cual la UARIV le reconoció el
derecho a la indemnización administrativa, no indicó el término para materializar dicho
reconocimiento y, por ende, no cumplió a cabalidad con la orden de tutela del 2 de
septiembre de 2019 y, por lo tanto, no le garantizó el derecho de la indemnización
administrativa por desplazamiento forzado y homicidio. En suma, bajo esta misma
tesitura hace consistir los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento de precedente, fáctico, decisión sin motivación y error inducido.

103. Adicionalmente, alegó el defecto procedimental absoluto al indicar que, al
proferirse la decisión definitiva dentro del trámite de desacato, se superó el término de
10 días para el efecto, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-
367 de 2014.

37
a) Multiplicidad de hechos victimizante sufridos, b) mayor tiempo transcurrido desde la ocurrencia del
hecho victimizante hasta la fecha, c) mayor tiempo transcurrido desde la declaración del hecho
victimizante al momento de la solicitud.
38
a) Tiempo transcurrido para la asignación de un turno para la entrega de la indemnización
administrativa, si lo tuviere, b) personas que han accedido a otras medidas de reparación administrativa,
c) personas con sentencia favorable de restitución de tierras y d) víctimas de desplazamiento forzado
con acompañamiento al retorno o reubicación, incluyendo aquellas que han retornado del exterior con
acompañamiento del Estado Colombiano.
39
El criterio de la edad fue modificado a 68 años por la Resolución 582 del 26 de abril de 2021 (antes
era de 74 años).
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

2.7.2.1. Análisis de los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento de precedente, fáctico, decisión sin motivación y error
inducido en el caso concreto

104. Contrario a lo señalado por la parte actora, el Tribunal manifestó que no vulneró
los derechos deprecados por la parte actora porque al estudiar el elemento subjetivo
de responsabilidad de UARIV respecto del cumplimento de la orden fallo de tutela
considerado como desentendido, encontró que esta entidad adelantó gestiones
tendientes al cumplimiento de dicha orden, razón por lo cual revocó la decisión
sancionatoria, dentro de su autonomía e independencia judicial.

105. Revisado el auto del 27 de septiembre de 2021, transcribió la orden de tutela del
2 de septiembre de 2019 y manifestó que la UARIV tenía la obligación de “expedir un
acto administrativo que decidiera de fondo la solicitud de indemnización de la
accionante, y, que si la misma era procedente debía “indicar un término razonable y
perentorio en el que se hará la correspondiente entrega material”.

106. Señaló que dejaba claro que “solo analizará la conducta de la entidad accionada,
pero no lo dispuesto en el fallo de tutela”. En efecto se revocó la sanción, al encontrar
que la UARIV expidió la Resolución No. 04102019-45014 del 20 de septiembre de
2019 a través de la cual le otorgó la medida de indemnización administrativa por el
hecho victimizaste desplazamiento forzado y que, a partir de allí, adelantó todos los
trámites requeridos dentro del proceso de indemnización.

107. Asimismo, expresó que si deben o no materializar la entrega de la indemnización,
este tema no se tramitaba dentro de la consulta, pues debió trabarse al interior de la
acción de tutela o en su defecto dentro del trámite de la impugnación.

108. Resaltó que en dicha resolución se concluyó que no era procedente materializar
la entrega de la medida de indemnización porque no se acreditó ninguna de las
circunstancias descritas en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019 tales como la
edad, por cuanto a la fecha contaba con 42 años así que al aplicar el Método Técnico
de Priorización el 30 de junio de 2020 con el propósito de determinar de forma
proporcional a los recursos presupuestales para ese año, se concluyó que no era
procedente materializar la entrega de la medida de indemnización ya reconocida.

109. Acotó que el proceso de asignación de turnos para la materialización de la entrega
debe estar revestido de un procedimiento garante de los derechos fundamentales, la
gradualidad y progresividad de todas las personas reconocidas como víctimas así que
para el 2020, en modo alguno se podía establecer que hubo incumplimiento por parte
de la UARIV porque no se evidenciaron los elementos objetivos y subjetivos de la
configuración del desacato.

26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

110. En relación con el año 2021, señaló que según lo explicado por la entidad, el
resultado del método del 2020 no incidía en la validación y estimación del orden para
ese período, así que lo aplicaría de nuevo el 30 de julio de 2021 porque las variables
que se tienen en cuenta en dicha aplicación cambian según el estilo de la víctima y
que de la misma manera entran nuevas personas a ser parte de aquel universo de las
cuales se les reconoce el derecho a la indemnización para lo cual, frente a todas debía
realizarse el estudio correspondiente para establecer quienes se encuentran en
afectación mayor de las que ya fueron tenidas en cuenta.

111. En ese orden, el método señalado se aplicaría en el caso de la accionante, el 30
de julio de 2021 y que, si el resultado le permitía acceder a la entrega de la
indemnización, la UARIV citaría a la señora Nidia Trigos Quintero para materializar la
entrega de los recursos.

112. Concluyó que la respuesta de la UARIV solo permitía establecer que la tutelante
debía someterse año tras año hasta cumplir con los criterios de priorización para
adquirir la puntuación requerida o, en su defecto, acreditar alguna de las situaciones
previstas en el artículo 4° de la Resolución 1049 de 2019. En ese sentido, adujo que
no existía una escala exacta que permitiera señalar con en qué momento la actora
recibiría la indemnización.

113. Es por lo anterior que no se configura en el presente caso el defecto de violación
directa de la Constitución porque no es cierto que la autoridad accionada haya pasado
por alto que, pasado más de dos años, desde la orden de tutela la UARIV no ha fijado
una fecha para la entrega material de la indemnización, pues de hecho analizó el
procedimiento de los períodos 2020 y 2021 separadamente y, concluyó que la orden
sí se cumplía y que además no era posible establecer la fecha de entrega bajo el
método a aplicar, en tanto, no se encontraba en uno de los eventos de urgencia
manifiesta para dicho reconocimiento.

114. Situación que es acorde con lo señalado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-034 de 201840, providencia en la que dejó sin efectos aquellas
decisiones proferidas por las autoridades judiciales en las que se negaron a levantar
las sanciones por desacato impuestas a la directora de la época y a otras funcionarias
de la UARIV. La razón de no levantar la sanción se edificó en el hecho de que no
entregaron la indemnización administrativa a las personas desplazadas a las que se
les ampararon sus derechos, conforme a la orden de tutela.

115. En esa oportunidad la Corte, en la sentencia de unificación en cita señaló que:

Con el panorama ofrecido por las anteriores consideraciones, la Sala evidenció que las
providencias acusadas incurrieron en un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente, en la medida en que hicieron caso omiso de que, a raíz de la complejidad

40
Sentencia que de hecho cita la tutelante.
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

que implicaba la ejecución inmediata de las órdenes de tutela –por estar inmersas en un
estado de cosas inconstitucional–, era preciso atender la jurisprudencia conforme a la
cual el juez está revestido de singulares atribuciones para modular las órdenes
impartidas en sentencia –en este caso, las órdenes de pago de la indemnización
administrativa–, considerando los elementos del contexto y los informes allegados por la
entidad obligada.

Específicamente, se advirtió que en el marco de lo que esta Corte ha denominado
órdenes complejas, el precedente habilitaba al juez para que modulara la orden de pago
en uno de sus aspectos accidentales (tiempo, modo y lugar) con el propósito de hacer
posible el cumplimiento, dado el allanamiento a los fallos por parte de la obligada,
contrastado con la problemática estructural asociada al estado de cosas inconstitucional
en materia de víctimas de desplazamiento forzado.

Asimismo, se constató que la pretermisión del estudio sobre la responsabilidad subjetiva
conllevó un desconocimiento del precedente jurisprudencial sobre la finalidad del
incidente de desacato. Se pasó por alto que el no pago inmediato de las medidas de
reparación reconocidas a los solicitantes no era imputable a la negligencia de las
funcionarias sino a la situación coyuntural ocasionada por la violación masiva de
derechos en el marco del conflicto, y dicha omisión condujo a una
desnaturalización de las sanciones de arresto y multa como mecanismos para
propiciar la efectividad de la salvaguarda dispensada en los fallos de tutela41.

116. Adicionalmente, la Corte, en la señalada sentencia de unificación, estableció que,
la autoridad judicial debe tomar en consideración si concurren factores objetivos y/o
subjetivos determinantes para valorar el cumplimiento de una orden de tutela, al
resolver un incidente de desacato.

117. Frente a los factores objetivos, enlistó las variables a tener en cuenta:

(i) Imposibilidad fáctica o jurídica de cumplimiento
(ii) Contexto que rodea la ejecución de la orden impartida
(iii) La presencia de un estado de cosas inconstitucional
(iv) La complejidad de las órdenes,
(v) La capacidad funcional de la persona o institucional del órgano obligado para
hacer efectivo lo dispuesto en el fallo,
(vi) La competencia funcional directa para la ejecución de las órdenes de
amparo, y
(vii) El plazo otorgado para su cumplimiento.

118. Respecto de los factores subjetivos anotó los siguientes:

(i) La responsabilidad subjetiva (dolo o culpa) del obligado,
(ii) Si existió allanamiento a las órdenes, y

41
Sentencia SU-034 de 2018.

28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

(iii) Si el obligado demostró acciones positivas orientadas al cumplimiento42.

119. En ese orden, contario a lo manifestado por la parte tutelante; lo narrado por la
Sala en el marco jurisprudencial del derecho de reconocimiento de indemnización
administrativa aunado a lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia de
unificación en comento, permite arribar a la conclusión que el Tribunal Administrativo
del Atlántico, Sala de Decisión Oral Sección B no vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral
de la señora Nidia Trigos Quintero porque no modificó la orden de tutela como lo señala
la parte actora, comoquiera que lo que hizo la autoridad demandada, fue comparar
dicha orden con las actuaciones desplegadas por la UARIV efectuando un análisis de
los elementos objetivos y subjetivos de lo cual determinó que la entidad adelantó las
gestiones encaminadas a fijar el turno para la entrega, esto, de conformidad con el
Método Técnico de Priorización, en tanto la actora no se encontraba en las situaciones
de urgencia (relativos a la edad, enfermedad y discapacidad).

120. De hecho, conforme a la copia de la cédula de ciudadanía aportada por la
demandante, se puede establecer que tiene 44 años de edad, que no alegó ni acreditó
algún evento concluyente de extrema urgencia y vulnerabilidad manifiesta, tal como lo
manifestó la Corte Constitucional cuando excepcionó de la regla del exhorto que hizo
a todos los jueces de la Republica en cuanto al bloqueo de órdenes a la UARIV de
reconocimientos económicos y las sanciones por desacato.

121. Desconocimiento de precedente, en ese mismo sentido en el que se resolvió el
cargo anterior, y sin necesidad de hacer un pronunciamiento adicional de las
sentencias que considera desatendidas, el anterior argumento subsume este cargo
habida consideración de que el sustento es el mismo, pues consiste en que el tribunal
no le garantizó la materialización del derecho a la indemnización ya que pasó por alto
que realmente no se cumplió la orden porque en su caso no hay certeza del momento
en el cual será indemnizada así que, a su juicio, no existe una solución dentro de un
término razonable. Pues como se indicó a partir de la comparación de la orden con las
gestiones adelantadas, el Tribunal determinó que no se incurrió en desacato, lo que
se acompasa con la sentencia de unificación como ya se explicó.

122. Fáctico, tampoco se configura este defecto ya que como se evidencia de lo
narrado, la autoridad judicial demandada analizó el cumplimiento de la orden, a partir
de lo resuelto en la providencia del 23 de julio de 2021, es decir, partiendo de la orden
de tutela objeto del incidente del desacato. No de otro modo podría el juez realizar el
respectivo análisis si no tiene en cuenta cuál es la orden que se considera
desentendida.

42
La Corte aclaró que estos “factores señalados son enunciativos, pues, en el ejercicio de la función de
verificación del cumplimiento, el juez puede apreciar otras circunstancias que le permitan evaluar la
conducta del obligado en relación con las medidas protectoras dispuestas en el fallo de tutela”.
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

123. Decisión sin motivación, como quedó claro, sí hubo una debida fundamentación
en la providencia para resolver el caso objeto de análisis, precisamente, al observar
las gestiones adelantadas por la entidad concluyó que sí hubo acatamiento de la orden
de tutela pese a que no se podía establecer con certeza el momento en el cual se
indemnizaría a la accionante, esto, por cuanto, se itera, el Método Técnico de
Priorización implica que aquellas personas respecto de las cuales su situación no
encuadra en aquellos de urgencia, se debe aplicar al universo de personas a las cuales
se les ha reconocido el derecho.

124. Error inducido, es de resaltar que, de los argumentos expuestos por el Tribunal,
no es posible establecer que fue engañado por la UARIV con la Resolución 04102019
45014 del 20 de diciembre de 2019 para “disfrazar” el cumplimiento efectivo a la orden,
cuando realmente cumplió de forma parcial al no señalar la fecha de la entrega material
de la indemnización.

125. Precisamente porque la autoridad judicial consideró que la materialización de la
entrega de la indemnización no era un tema a resolver en la consulta en tanto esa
discusión debió someterse en el trámite de la acción de tutela, pues claramente, la
orden precisó: “En caso de ser procedente el reconocimiento de dicha prestación, en
el mismo acto deberá indicar un término razonable y perentorio en el que se hará la
correspondiente entrega material”. Así que, al estudiar el elemento subjetivo, no
encontró una conducta negligente de la entidad porque si bien, no fijó un término para
la materialización de la entrega de la indemnización, ello obedeció a que, a pesar, de
haber aplicado el método tantas veces señalado, la actora no alcanzó el puntaje
requerido, en ese orden, no existía una escala exacta que permitiera señalar con
exactitud en qué momento la tutelante recibiría la indemnización.

2.7.2.2. Análisis del defecto procedimental absoluto

126. Finalmente, en lo atinente al defecto procedimental absoluto43, la tutelante señaló
que se configuró al superarse los 10 días previstos para proferir la decisión
sancionatoria dentro del incidente de desacato.

127. Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia C-367 de 2014, señaló que
el término para resolver el desacato correspondía al mismo establecido en el artículo
86 del estatuto superior, esto, en atención a la omisión legislativa, pues el artículo 52
del Decreto 2591 de 2011 no fijó un término “determinado o determinable” para
resolver el trámite incidental de desacato a un fallo de tutela. En dicha sentencia, el
Alto Tribunal sostuvo que:

43
De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 el defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

Al regular la Constitución la acción de tutela, en su artículo 86, y precisar que
tanto la protección de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser
inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez días, de
este mandato se sigue que para resolver el trámite incidental de desacato a un
fallo de tutela no habrán de transcurrir más de diez días, contados desde su
apertura44.

128. No obstante, aclaró que en casos excepcionalísimos el juez se puede exceder en
dicho término en los siguientes eventos: “(i) por razones de necesidad de la prueba y
para asegurar el derecho de defensa de la persona contra la cual se promueve el
incidente de desacato, (ii) cuando exista una justificación objetiva y razonable para la
demora en su práctica y (iii) se haga explícita esta justificación en una providencia
judicial”., pero que en todo caso, se resolverá el incidente, en un término que sea
razonable frente a la inmediatez”.

129. Ahora bien, revisado el expediente en referencia, se encuentra que mediante auto
del 27 de abril de 2021 el Juzgado Trece Administrativo del Circuito de Barranquilla
resolvió dar apertura al incidente de desacato de la sentencia de 9 de septiembre de
2019 proferido por esa autoridad en el trámite de tutela de radicado 08-001-33-33-
2019-00198-00. Por su parte, la entidad rindió informe el 10 de mayo de 2021.

130. Mediante auto del 28 de mayo de 2021 requirió a la entidad accionada para que
informara “cuál es el orden definido tras el resultado de la aplicación del Método
Técnico de Priorización del año 2020 y en qué orden se encuentra la accionante NIDIA
TRIGOS, a fin de establecer en que margen poblacional o en qué orden numérico o
cual es la puntuación otorgada si es del caso, en el que se encuentra que permita
determinar una estimación prudencial de cuándo será entregada la indemnización
administrativa a su favor”. Esto ante las dudas que tenía ese despacho sobre la entrega
real y material de la indemnización.

131. La UARIV respondió el 10 de junio de 2021, sin embargo, el juzgado, al no
encontrar la respuesta concreta y específica a lo ordenado en el auto del 28 de mayo
de 2021 hizo un nuevo requerimiento el 1° de julio siguiente, la entidad rindió informe
el 13 de julio de 2021.

132. A través de auto del 23 de julio de 2021 sancionó a los funcionarios respectivos
por incurrir en desacato e impuso como sanción, el pago de una multa equivalente a
tres salarios mínimos mensuales legales vigentes.

133. Con lo anterior, se observa que el juzgado en cita dio apertura al incidente de
desacato el 27 de abril de 2021 y resolvió el incidente el 23 de julio siguiente, por lo
que es evidente que se superan los diez días señalados en el artículo 86 Superior,
pues pasaron más de dos meses. Sin embargo, esto no es suficiente para aseverar

44
Sentencia C-367 de 2014

31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

que se haya incurrido en un yerro de tal magnitud que afecte el auto sancionatorio,
máxime si se tiene en cuenta que se procuró por garantizar también el debido proceso
de la UARIV, brindándole la oportunidad (en varias ocasiones) para que rindiera
informe y manifestara las actuaciones surtidas tendientes al cumplimiento de la orden.

134. Es por lo anterior que la Sala negará la configuración de este defecto, en tanto,
de las actuaciones del trámite incidental no se desprende que el juez actuó al margen
del procedimiento establecido para tal fin45.

2.8. Conclusión

135. La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, de la señora Nidia
Trigos Quintero al no configurarse los defectos de violación directa de la Constitución,
desconocimiento de precedente, fáctico, decisión sin motivación, error inducido y
procedimental absoluto en la providencia del 27 de septiembre de 2021 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico – Sala de Decisión Oral, Subsección B.

136. Lo anterior, porque el Tribunal analizó el cumplimiento de la orden, a partir de lo
resuelto en la providencia del 23 de julio de 2021 sin pasar por alto que pasaron más
de dos años desde que se profirió sin que se haya fijado un término perentorio para
hacer efectiva la indemnización porque al analizar el caso concluyó que esta sí se
cumplía ya que la UARIV respondió de fondo y de forma clara la solicitud de
indemnización de la actora y que además no era posible establecer la fecha de entrega
bajo el método técnico de priorización y, precisó que la entidad realizó todas las
gestiones tendientes a su cumplimiento y, por lo mismo, la providencia tuvo una debida
fundamentación. De otra parte, el hecho de haberse superado el término de los 10 días
al resolver el incidente de desacato, ello no implicó un yerro de tal magnitud que afecte
dicho trámite.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Unidad Administrativa Especial
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas - UARIV, por las consideraciones
expuestas en esta providencia.

45
De conformidad con lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 el defecto
procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.

32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Nidia Trigos Quintero
Demandados: Tribunal Administrativo del Atlántico
– Sala de Decisión Oral, Subsección B y Otros
Rad.: 11001-03-15-000-2021-11345-00

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, de la señora Nidia
Trigos Quintero, conforme a lo previsto en la parte motiva de esta decisión.

TERCERO: RECONOCER personería para actuar al abogado Yerobis de Jesús
Castro Galva en representación de la señora Nidia Trigos Quintero, en los términos del
poder allegado al expediente.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros intervinientes, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO. Si no fuere impugnada, REMITIR el presente asunto a la Corte
Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la
ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.