Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01184-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-01184-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-01184-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
8 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D. C., 8 de junio de 2022
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01184-01
Accionante: Liliana del Socorro Mejía
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
Referencia: Acción de tutela. Segunda Instancia.
Temas: ACCIONES DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Tutela contra sentencia de
tutela/ No configuración de alguno de los eventos en que se acepta su procedencia
excepcional.
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las sentencias de tutela que declararon
carencia actual de objeto por hecho superado en un proceso adelantado contra Unidad
Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 17 de
marzo de 2022 de la Sección Quinta del Consejo de Estado por medio de
la cual se declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 17 de febrero de 2022, Liliana del Socorro Mejía presentó acción de
tutela contra el Juzgado 21 Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, por la presunta vulneración de sus derechos al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, petición y
reparación, con ocasión de las Sentencias de 10 de diciembre de 2021 y 2
de febrero de 2022, proferidas por la autoridades accionadas,
respectivamente, dentro de la acción de tutela No. 05001-33-33-021-2021-
00349-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y
Acuerdo No. 80 de 2019 del Consejo de Estado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2022-01184-01
Accionante: Liliana del Socorro Mejía
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda Instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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“1. Tutelar mis derechos Constitucionales, Fundamentales y legales,
consagrados en la Constitución, mi derecho al debido proceso administrativo
• derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido en el
núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas consagrado en el artículo 29 de la constitución (cp. preámbulo,
arts. 1, 2, 6, 29 y 86), mi derecho de acceso a la administración de justicia-a la
tutela judicial efectiva (art 229 cpc); mi derecho fundamental de petición
artículo. 23, derecho fundamental a la reparación artículo 132: los cuales
considero atropellados, vulnerados, conculcados, violados y/o amenazados:
por las acciones y la omisión del Juzgado Veintiuno Administrativo oral del
circuito de Medellín, juez Luz Estrella Uribe Correa, Tribunal Administrativo de
Antioquia sala de primera de decisión magistrado ponente John Jairo Álzate
López Medellín, dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022) radicado: 05001-
33-33-021-2021-00349-01, instancia: segunda, UARIV, el cual me pone en una
situación de mayor indefensión y vulnerabilidad abiertamente; al no resolver
de fondo la reparación administrativa.
2. Se ordene que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a
partir de la notificación de esta acción constitucional Se REVÓQUE Y SE DEJE
SIN VALOR y EFECTOS jurídicos la sentencia del dos (2) de febrero de dos mil
veintidós (2022) proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia sala de
primera de decisión magistrado ponente John Jairo Álzate López Medellín,
radicado: 05001-33-33-021-2021-00349-01 instancia: segunda, Como
consecuencia, se ordene a esa autoridad judicial que, en un lapso no mayor
a (10) días, profiera una nueva providencia de reemplazo en la que aplique el
precedente judicial de los tribunales y la jurisprudencia constitucional de la
Corte del 206 de 2017, auto 331 de 2019, T-205 de 2021, y que en esa nueva
providencia se dé termine y ordene lo siguiente así:
a. Inaplicar el inciso segundo del capítulo IV del anexo técnico de la
Resolución 1049 de 2019 por ser inconstitucional por estar en oposición del 4,
29 constitución.
b. Para que la entrega de la indemnización se haga efectiva y no quede en
un estado de indefinición eterna, de incertidumbre sin certeza, solicito que se
ordene definir, fijar una fecha con plazo aproximado u orden de acceso a los
recursos para recibir el desembolso de la medida, como lo ordena la
honorable Corte Constitucional en auto 206 de 2017, auto 331 de 2019, y que
el plazo aproximado que se me fije sea razonable, perentorio es decir que no
exceda del término, plazo de 8 días para la entrega de la medida
considerando ya cumplí con todo el debido proceso administrativo de la
resolución etapas, faces, para la entrega de la medida, y por llevar muchos
años a la espera de ser reparado por ser yo sujeto de especial protección
constitucional desarraigado victima por la violencia.
c. Se me asigne turno de pago cierto como lo ratifica y ordena el art 17 de la
resolución 1049 de 2019, teniendo en cuenta que ya cumplí con el debido
proceso administrativo para el desembolso de la medida indemnizatoria en
donde se me realizo, aplico el método técnico de priorización del día 30 de
julio de 2021 oficio 30-8-2021 y 09-11-2021, y el turno de pago cierto que se me
asigne se requiere que en ningún caso supere el plazo de las (48) horas,
dentro de un término razonable y perentorio para el pago y materialización
de la reparación y seguidamente se me haga entrega de la carta de
reconocimiento.
d. Se me haga efectiva la entrega de la medida de indemnización por
cumplir el procedimiento de pago de la resolución 1049 de 2019 artículo 6,
fases, etapa, y concretamente con la última fase 4, es decir fase d. y también
se me disponga con la entrega de la carta de reconocimiento dentro de un
término razonable y perentorio que en ningún caso supere el plazo de las (48)
horas. como destinatario o beneficiario a Liliana del Socorro Mejía.
n°43.603.432. de Medellín, Antioquia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-01184-01
Accionante: Liliana del Socorro Mejía
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda Instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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e. Que no se me realice o aplique más método técnico de priorización
teniendo en cuenta que esto es inconstitucional y genera una carga
desproporcionada incierta, desorientadora y no brinda certeza al peticionario
sobre el pago de la indemnización administrativa reconocida por resolución.
3. EXHORTAR al Juzgado veintiuno Administrativo oral del circuito de Medellín,
juez Luz Estrella Uribe Correa, Tribunal Administrativo de Antioquia sala de
primera de decisión magistrado ponente John Jairo Álzate López Medellín,
dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022) radicado: 05001-33-33-021-2021-
00349-01 instancia: segunda y directores de la Unidad para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, al momento de la notificación de
esta Acción de Tutela: para que: i) se abstenga de requerir información o
documentos al actor que ya reposan en su expediente administrativo; y, ii)
informe al despacho judicial de conocimiento, el cumplimiento de las órdenes
emitidas en esta providencia. De igual forma, remita un informe sobre el
acatamiento del presente fallo, adjuntando los soportes documentales a que
haya lugar.
4. Prevenir al Juzgado Veintiuno Administrativo oral del circuito de Medellín,
juez Luz Estrella Uribe Correa, Tribunal Administrativo de Antioquia sala de
primera de decisión magistrado ponente John Jairo Álzate López Medellín,
dos (2) de febrero de dos mil veintidós (2022) radicado: 05001-33-33-021-2021-
00349-01 instancia: segunda y doctor Ramón Alberto Rodríguez Andrade -
director general de la Unidad Administrativa Especial de Atención y
Reparación Integral a las Víctimas; y funcionarios a su cargo: dr. Enrique Ardila
Franco – director técnico de reparaciones, de la Unidad Administrativa
Especial de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la subdirección de
reparaciones la UARIV, o quien los reemplace al momento de la notificación
de esta acción de tutela: de que en ningún caso vuelva a incurrir en las
acciones que dieron mérito a iniciar esta tutela y que si lo hace será
sancionado conforme a como está regulado por el decreto 2591/91- art. 27,
52 y 53, la ley 472/98- art. 41, y la ley 393/97- art. 29, en concordancia con el
art.87 c.p.)”
3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:
4. 1) Mediante Resolución No. 04102019-724765 de 16 de julio de 2020,
la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a
las Víctimas (UARIV) reconoció a Liliana del Socorro Mejía como víctima
directa de un delito contra su libertad e integridad sexual y le concedió
una indemnización administrativa.
5. 2) En la aludida resolución se indicó que la accionante no acreditó
ninguna de las situaciones catalogadas como urgencia manifiesta y
vulnerabilidad extrema, establecidas en la Resolución No. 1049 de 2019,
razón por la cual se dispuso que debería someterse al método técnico de
priorización para el pago de la indemnización.
6. 3) El 29 de noviembre de 2020, Liliana del Socorro Mejía presentó
petición dirigida a la UARIV, al Ministerio de Salud y Protección Social y a la
Secretaria de Salud de Bogotá, en la cual solicitó iniciar la prestación de los
servicios sicosociales y psicológicos con enfoque diferencial de género y,
que una vez se culmine dicho tratamiento, se realice el pago de la
indemnización administrativa reconocida a través de la Resolución No.
04102019-724765 de 2020.
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Accionante: Liliana del Socorro Mejía
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro
Referencia: Acción de tutela. Segunda Instancia
Decisión: Confirma - improcedente
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7. 4) El 12 de junio de 2021, la parte actora solicitó la realización de una
visita domiciliaria con el fin de probar su condición de pobreza extrema y
vulnerabilidad. Asimismo, solicitó las constancias donde se evidenciara el
acompañamiento efectivo en lo que respecta a su salud mental por parte
de las autoridades encargadas.
8. 5) El 9 de noviembre de 2021, la UARIV, mediante Oficio No.
202172035368511, informó a Liliana del Socorro Mejía que no era posible
realizar el desembolso de la indemnización administrativa ya reconocida
por temas de disponibilidad presupuestal. Adicionalmente, le manifestó a
la accionante que se le aplicaría, nuevamente, el método de priorización
el 31 de julio de 2022 para determinar si resultaba beneficiaria en esa
vigencia fiscal.
9. 6) Liliana del Socorro Mejía presentó acción de tutela contra la UARIV
por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de petición,
debido proceso, igualdad y dignidad humana. En dicha oportunidad, la
parte actora solicitó (se trascribe)
“(i) la asignación de turno de pago cierto, (ii) el pago de la medida de
indemnización administrativa, (iii) que no se le aplicara más el método
técnico de priorización teniendo en cuenta que esto es INCONSTITUCIONAL y
genera una carga DESPROPORCIONADA, y, (iv) que se exhortara a la UARIV a
abstenerse de pedir documentos que reposaran en su poder y que informara
al Despacho judicial sobre el cumplimiento de las órdenes.”
10. 7) El Juzgado 21 Administrativo de Medellín, mediante Sentencia de
10 de diciembre de 2021, declaró carencia actual de objeto por hecho
superado, pues estimó que la UARIV dio respuesta al asunto y adicionó que
la tutelante no presentó documento alguno que permitiera determinar su
prioridad para recibir la indemnización.
11. 8) Liliana del Socorro Mejía impugnó la decisión de tutela de primera
instancia y el Tribunal Administrativo de Antioquia, por medio de Sentencia
de 2 de febrero de 2022, la confirmó, tras encontrar que la UARIV, en
efecto, respondió en debida forma la petición de 29 de noviembre de
2020 y la notificó a la accionante.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora adujo que no
se dio una respuesta de fondo, precisa, completa y congruente a lo
solicitado en la acción de tutela con radicado No. 05001-33-33-021-2021-
00349-00/01, ya que no dio una fecha cierta o plazo razonable para el
pago de la indemnización administrativa. Señaló que, tanto el Juzgado 21
Administrativo de Medellín como el Tribunal Administrativo de Antioquia,
desconocieron el precedente de la Corte Constitucional sobre el derecho
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Decisión: Confirma - improcedente
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que tienen las víctimas del conflicto armado a ser indemnizados (Auto 206
de 2017).
1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación
13. Mediante Sentencia de 17 de marzo de 2022, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la solicitud de amparo
por falta de argumentación y prueba sobre la existencia de cosa juzgada
fraudulenta para el caso de la referencia, ello como requisito adjetivo de
la acción de tutela cuando esta se dirige contra una decisión dictada en
un proceso de la misma naturaleza.
14. El juez de tutela de primer grado adujo que no advirtió fraude
alguno en la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en la que, además de advertirse que la UARIV dio respuesta a
la solicitud de la parte actora (notificada vía correo electrónico),
evidenció que a Liliana del Socorro Mejía se le aplicó el estudio de
ponderación de los criterios de priorización, en el cual se obtuvo como
resultado que no se cumplió con el puntaje mínimo requerido para
priorizar el desembolso de la indemnización solicitada en la vigencia fiscal
de 2021.
15. Asimismo, puso de presente que un fallo reciente de la misma Sala2,
luego de analizar un caso similar sobre el derecho a la indemnización
administrativa por parte de la UARIV a las víctimas del conflicto armado,
concluyó que, de forma excepcional, a través de la acción de tutela, se
ordena el reconocimiento y pago de una medida restaurativa, en 2
eventos: (1) cuando la persona cumple con las características y puntajes
exigidos por el grado de vulnerabilidad en el que se encuentra, y (2)
cuando el solicitante se enfrenta a cargas desproporcionadas que
derivan de la espera indeterminada a que es sometido.
16. En ese orden, manifestó que la autoridad accionada no estaba
obligada a informar una fecha determinada para el desembolso de la
indemnización, toda vez que ni la ley ni la jurisprudencia han determinado
esa exigencia.
17. La parte actora presentó escrito de impugnación en el que alegó
que ocurrió una violación notoria y ostensible de sus derechos al interior
del proceso, pues la acción de tutela sí era procedente, sin embargo, la
Sección Quinta del Consejo de Estado no analizó las razones de hecho y
de derecho por las cuales la acción de tutela de la referencia debería ser
concedida. Asimismo, manifestó que de las pruebas en el proceso
2 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 3 de marzo de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-11345-00.
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lograba advertirse el desinterés de los jueces de tutela al no realizar un
examen minucioso del caso.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio. 2.2. Procedencia
excepcional de la acción de tutela contra sentencia de tutela. 2.3. Conclusiones.
2.1. Identificación de la providencia objeto de estudio
18. La Sala se centrará en analizar los reparos invocados respecto de la
Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 2 de febrero de 2022, puesto que, pese a que también se
enjuició la decisión proferida en primera instancia, por el Juzgado 21
Administrativo de Medellín, lo cierto es que, con ocasión de la
impugnación de este último, la decisión del tribunal fue la que resolvió el
litigio. Asimismo, no puede pasarse por alto que, ante una eventual
decisión favorable a las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió
la controversia en segunda instancia, la encargada de dar cumplimiento a
lo que se ordene. Por esta razón, la Sala se sustrae de su estudio
2.2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencia de
tutela
19. La Sala confirmará la decisión de primera instancia, por medio de la
cual la Sección Quinta de esta corporación declaró la improcedencia de
la acción de tutela de la referencia.
20. El caso bajo estudio se analizará bajo las reglas fijadas en la
Sentencia SU-627 de 20153 de la Corte Constitucional. Así, se tiene que:
21. (1) La presente acción se dirige contra la Sentencia de tutela de 2 de
febrero de 2022, por la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia
3 La Sentencia SU-627 de 2015 fijó las siguientes reglas para la procedencia de la acción de tutela contra
sentencia de tutela:
1) Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
2) Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República -diferente a la Corte
Constitucional-, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto,
se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de
manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación.
3) Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se
debe distinguir si éstas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4) Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisión del juez de cumplir
con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela sí procede,
incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisión
Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las órdenes
impartidas en dicha sentencia, la acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela
puede proceder de manera excepcional.”
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Decisión: Confirma - improcedente
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confirmó el fallo de primera instancia que declaró la carencia actual de
objeto por hecho superado de la solicitud de amparo de la señora Mejía al
evidenciar que la UARIV, entidad accionada, brindó respuesta de fondo a
la parte actora frente a la solicitud de pago de la indemnización
administrativa, la cual, a su turno, notificó, vía correo electrónico, el 1 de
diciembre de 2021.
22. (2) Habida cuenta de lo anterior, se estaría frente al escenario
establecido por la Corte Constitucional de procedencia excepcional de la
tutela, cuando la misma fue proferida por un órgano judicial distinto a la
misma Corte Constitucional.
23. En ese orden, la Sala procederá a (a) verificar el cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, tal como lo
prevé la Corte Constitucional y, (b) establecer si se configuró una causal
excepcional de procedencia de tutela contra tutela.
24. a) En el presente caso, se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela, porque no existe recurso idóneo y
eficaz que permitiera a la parte demandante alegar los reparos
planteados vía tutela y procurar la defensa de los derechos presuntamente
vulnerados. Hubo un plazo razonable entre la fecha que se notificó la
providencia enjuiciada (3/2/2022)4 y la de interposición de la presente
acción de tutela (17/2/2022). Se identificaron de manera clara, detallada y
comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de ellos. Por
último, se advierte que la controversia tiene relevancia constitucional por
tratarse de la presunta afectación de derechos fundamentales con
ocasión de una providencia judicial de tutela, cuyo debate central es la
falta de respuesta por parte de la UARIV a la solicitud presentada por la
parte actora con respecto a la solicitud de priorización para desembolso
de una indemnización administrativa.
25. b) En lo que respecta a la demostración clara y suficiente de que la
Sentencia fue producto de una situación de fraude, la Sala advierte, tal
como lo hizo en su momento el juez de tutela de primer grado, que la
demandante no alegó ni desarrolló ningún argumento encaminado a
probar la existencia de cosa juzgada fraudulenta, toda vez que, los reparos
planteados en la solicitud de amparo se limitaron a señalar las razones de
inconformidad contra la decisión adoptada en la primera acción de
tutela, esto es, a la carencia actual de objeto por hecho superado con
ocasión de la respuesta emitida, y notificada, por la UARIV a la solicitud de
Liliana del Socorro Mejía.
4 Información recolectada por medio de la página de Consulta de procesos de la Rama Judicial.
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26. Por lo tanto, al no haber evidenciado o probado ninguno de los
requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
sentencia de tutela, pese a cumplir con los demás requisitos de
procedibilidad, es improcedente la acción de tutela de la referencia.
2.3. Conclusiones
27. Así las cosas, al no superarse los requisitos para la procedencia
excepcional de acción de tutela contra el fallo de tutela en segunda
instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia, se declarará la
improcedencia del mecanismo constitucional interpuesto.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 17 de marzo de 2022, por medio
de la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la
improcedencia del amparo solicitado por Liliana del Socorro Mejía, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin5.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
5 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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