Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11366-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11366-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11366-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
21 de abril de 2022
Demandante: Contraloría General del Departamento
de Santander
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11366-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11366-01
Demandante: CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER
Tema: Tutela contra providencia judicial – confirma improcedencia
por no cumplir con el requisito de inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la Contraloría General
del Departamento de Santander, en adelante Contraloría de Santander, contra la
sentencia de 24 de febrero de 2022, por medio de la cual el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, declaró improcedente la solicitud de amparo por encontrar no
acreditado el requisito de la inmediatez.
1. ANTECEDENTES
1.1. La solicitud de amparo
La Contraloría de Santander, actuando a través del contralor general de dicha
entidad territorial, presentó acción de tutela1 con el fin de que se amparara sus
derechos fundamentales al “debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la
administración de justicia, derecho de petición con afectación a pretermitir la instancia
procesal en defecto del derecho de defensa y a ser oído en el proceso”.
Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas por el
Tribunal Administrativo de Santander que, en providencia de 11 de mayo de 2021,
ordenó seguir adelante con la ejecución que se adelantó dentro del proceso
resuelto con radicado N° 68001333301420150023401 sin que, a su juicio, se
hubiera decidido de manera previa una solicitud de nulidad presentada.
1.2. Pretensiones
La parte actora elevó las siguientes peticiones:
“
1 Con escrito radicado de 6 de diciembre de 2021, en los correos electrónicos
tutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co y ofiserjademandasbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co,
reenviado a la Secretaría General del Consejo de Estado, el 7 de diciembre de 2021.
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Demandante: Contraloría General del Departamento
de Santander
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11366-01
1. En consecuencia, TUTELAR el Derecho Fundamental Constitucional al debido
proceso, igualdad y acceso a la justicia pronta y efectiva de la Contraloría
General de Santander en el plurimentado proceso judicial, al determinarse las
irregularidades en el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución y demás
proferidas por la entidad pública accionada.
2. Dejar sin efectos jurídicos las providencias: providencia que ordenó seguir
adelante con la ejecución y demás actuaciones proferidas por el Tribunal
Administrativo de Oralidad de Santander, dentro del medio de control Ejecutivo
con radicación No. 6800133330142015-00234-01, para en su lugar, rehacer el
trámite irregular con la debida notificación a la entidad accionada.
3. ORDENAR, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este Fallo de Tutela el Tribunal Administrativo de Oralidad de
Santander, profieran una nueva decisión en el que se respeten los derechos de
las partes y se determine los efectos jurídicos de la indebida notificación,
percatándose que la entidad pueda tener acceso al expediente digital y demás
piezas procedimentales omitidas tras la indebida notificación personal de la
acción.
4. ORDENAR, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la
notificación de este Fallo de Tutela, si aún no lo ha hecho, conminar al Tribunal
Administrativo de Oralidad de Santander proceda a dar respuesta formal al
derecho de petición presentado por el señor Contralor General de Santander.
5. NOTIFICAR por el medio más expedito a las partes involucradas en la presente
acción.” (Sic a toda la cita)
1.3. Hechos
De lo informado por la parte actora y lo aportado con su escrito inicial, se resalta lo
siguiente:
• El ciudadano Guillermo Espinosa Vega es acreedor de las órdenes impartidas
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho donde el
Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, ordenaron su reintegro y el pago de salarios y
prestaciones.
• El señor Guillermo Espinosa Vega, por intermedio de apoderado, realizó el
trámite de cobro administrativo, el cual fue atendido por la Contraloría de
Santander.
• El 6 de abril de 2021, la entidad aquí accionante, recibió un correo electrónico
en el que la abogada Elsa Briggitti Vera Villarreal, allegaba un memorial
dirigido a las cuentas de correo
ventanillatriadmsan@cendoj.ramajudicial.gov.co y de la oficina jurídica de la
Contraloría de Santander.2
• Por lo anterior, el mismo día, quien fungía como contralor general de
Santander envió un correo electrónico a la referida abogada y al Tribunal
Administrativo de Santander, con el siguiente contenido:
2 En el escrito de tutela y sus anexos, no se aclara cuál fue el memorial anexado.
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Demandante: Contraloría General del Departamento
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Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11366-01
“Referencia: Solicitud de saneamiento del proceso - Nulidad
Procedimental acceso a TRASLADO y EXPEDIENTE DIGITAL.
Radicación: 6800133330142015-00234-01
Ejecutante: GUILLERMO ESPINOSA VEGA
Ejecutado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
En mi calidad de CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER, solicito del despacho informar si el ente de control que a bien
represento se encuentra vinculado a la presente Acción, pues no existe en
nuestra base de datos información del citado proceso ejecutivo.
He de aclarar que con base al "ARTÍCULO 197. DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES. Las entidades
públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y
el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón
de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.
Para los efectos de este Código se entenderán como personales las
notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico." No hemos
recibido notificación judicial de demanda en la que se acompañe los anexos
y demás documentos de esa demanda ejecutiva, así mismo desde la
presentación de la acción debió la togada ejecutante enviarnos copia de la
misma, y sólo hasta ahora se recibe el correo en el que solicita un control de
legalidad.
Es menester aclarar que con ocasión a los efectos de la PANDEMIA COVID
19 la saturación de los correos electrónicos fue voluminosa, siendo la
dirección de notificaciones judiciales: juridica@contraloriasantander.gov.co
contralor@contraloriasantander.gov.co Por consiguiente, le hago la
siguiente
SOLICITUD
Con fundamento en las MANIFESTACIONES y anotaciones realizadas en el
memorial presentado al despacho por la ejecutante, SOLICITO SE
PROCEDA A SANEAR EL PROCESO, en el sentido de informar sin la
CONTRALORIUA GENERAL DE SANTANDER, se encuentra vinculada al
presente proceso. Evidenciando los correos electrónicos con que se hicieron
las notificaciones judiciales del caso. Esto por cuanto no se han recibido
correos electrónicos que notifiquen de manera personal la presentación o
admisión de la demanda, ni mucho menos se cuenta con el traslado de la
demanda, anexos y demás documentos para ejercer la defensa de la
entidad.” (Sic a toda la cita, resaltado incluido por la Sala)
• Mediante auto de 11 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander, resolvió sobre la solicitud elevada por el actor, evidenciando que el
auto mediante el cual se libró mandamiento de pago fue notificado a la
dirección de correo electrónico juridica@contraloriasantander.gov.co, la cual
es la misma que informó el contralor como la autorizada para notificaciones,
por lo que no encontró motivos para sanear el proceso, en consecuencia, ya
que durante el trámite del mismo no se propusieron excepciones, procedió de
conformidad con el artículo 440 del Código General del Proceso y ordenó
seguir adelante con la ejecución.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La Contraloría de Santander consideró vulnerados sus derechos fundamentales al
“debido proceso, igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia, derecho de
petición con afectación a pretermitir la instancia procesal en defecto del derecho de
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defensa y a ser oído en el proceso”, por cuanto el Tribunal Administrativo de
Santander, ha omitido resolver la petición radicada el 6 de abril de 2021.
Para sustentar la acusación, refirió que para el proceso en cuestión se recibió un
cúmulo de correos electrónicos de los cuales no fue posible descargar la
información necesaria para ejercer el derecho de defensa de la entidad
accionante.
Afirmó que el mandamiento de pago no fue correctamente notificado y que, al no
responderse la petición elevada, no se contó con la información necesaria para
asignar a un apoderado judicial y, sin contar con dicha representación profesional,
cualquier notificación sería irregular.
Igualmente, concluyó que si se efectúa la notificación de los autos dictados en el
proceso, sin que se profiera una respuesta a lo solicitado, se crearía una situación
confusa para la asignación del apoderado y, resaltó que el contralor no es
abogado por lo que intentó manejar la situación sin recibir una respuesta oportuna
por parte del Tribunal de Santander.
Basado en estas premisas, manifestó que en este caso se incurrió en los defectos
procedimental absoluto, sustantivo, desconocimiento del precedente y violación
directa de la constitución, con base en los siguientes razonamientos:
1.4.1. Defecto procedimental absoluto y sustantivo.
Estos defectos fueron expuestos de manera conjunta en la demanda,
sustentándolos en la presunta falta de notificación del auto que libró mandamiento
ejecutivo y la demora del Tribunal Administrativo de Santander en contestar la
petición de información sobre la existencia del proceso.
Aseguró que la autoridad justificó su decisión recurriendo a una norma inaplicable,
aunque no aclaró a cuál hace referencia, ni expuso cual era el artículo que, a su
juicio, era el adecuado para este caso y, enfatizó, que otras entidades judiciales sí
notifican adecuadamente sus providencias
1.4.2. Defecto por desconocimiento del precedente y violación directa de la
constitución
Advirtió sobre el contenido en la sentencia de 12 de septiembre de 2017 dentro del
proceso con radicado 68001233300020140046001, proferido por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, donde se falló a favor de la accionante,
en un proceso ejecutivo donde también se solicitaba el pago de acreencias
laborales y el reintegro de una particular que obtuvo una sentencia favorable.
Para sustentar el cargo, expresó como aspectos pertinentes de la citada
providencia que: (i) la obligación había sido pagada en su totalidad; (ii) ante la
imposibilidad de reintegro, no era viable pagar una indemnización por cuanto esta
no fue ordenada en la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho; (iii) la indemnización pretendida era desproporcionada en comparación
con el salario devengado por la demandante; (iv) el pago solicitado superaba lo
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que hubiera devengado de haber seguido laborando y; (v) el caso debía ceñirse a
lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, relativo al procedimiento
para cuando no se posible realizar un reintegro y no como lo buscaba la
accionante.
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto de 16 de diciembre de 2021, el magistrado ponente de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela de la referencia y ordenó la
notificación del Tribunal Administrativo de Santander como parte accionada. Así
mismo, ordenó notificar al señor Guillermo Espinosa Vega y al Departamento de
Santander, como terceros interesados en el resultado del proceso.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Santander
Con escrito de 19 de enero de 2022, la magistrada ponente del proceso ejecutivo
intervino en la acción constitucional, señalando que los argumentos de la parte
actora, relativos al cúmulo de correos que ha recibido, resultan inadmisibles por
cuanto esto no es excusa para que deje de tramitarse un proceso ejecutivo en
detrimento del acceso a la administración de justicia del demandante.
Puso de presente que en el proceso ejecutivo no se propusieron excepciones y
que, en todo caso, para el momento en que se interpone la acción de tutela han
transcurrido más de 8 meses desde que se profirió el auto de 11 de mayo de 2021
en el que se ordenó seguir adelante con la ejecución, por lo que no se cumple con
el requisito de inmediatez, en consecuencia, concluyó que no había vulneración a
los derechos fundamentales reclamados.
1.6.2. Guillermo Espinosa Vega
A través de memorial de 26 de enero de 2022 solicitó, por intermedio de su
apoderada, que se le vincule al proceso como tercero interesado en el resultado
del proceso y afirmó que la entidad accionante “…ha proferido muchos atropellos,
que son necesarios que el H. Consejo de Estado, conozca…”.
1.7. Sentencia de primera instancia
En providencia de 24 de febrero de 2022, el Consejo de Estado, Sección Cuarta,
resolvió:
“1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la Contraloría General
del departamento de Santander.”.
Para motivar su decisión, la referida autoridad judicial sustentó que de
conformidad con lo encontrado en el expediente del proceso ejecutivo y en el
sistema de registro y consulta “Samai”, la solicitud del actor sí fue resuelta
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mediante auto de 11 de mayo de 2021 en el que, previo a proveer sobre la
ejecución, se pronunció frente a la petición de la Contraloría de Santander,
explicando que el auto mediante el cual se libró el mandamiento ejecutivo fue
remitido a las direcciones electrónicas para notificaciones de la Contraloría de
Santander, por lo que desestimó la propuesta de nulidad.
Partiendo de esto, explicó que la mencionada providencia fue notificada por
estado del día siguiente, mientras que la tutela se interpuso el 9 de diciembre de
2021, esto es, 6 meses y 27 días después, por lo que no se cumplía con el
requisito de inmediatez.
Ahora bien, a pesar de tener probado el incumplimiento de uno de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, la Sección Cuarta procedió con el estudio de fondo del
caso, pronunciándose sobre lo atinente a la notificación del auto que libró
mandamiento de pago y, concluyó, que este proveído fue correctamente puesto en
conocimiento de la entidad ejecutada.
Adicionalmente, refirió que el hecho de que la entidad accionante afirmara haber
radicado la solicitud de 6 de abril de 2021, solo demostraba la omisión de
“desplegar actuaciones tendientes a la efectiva vinculación al proceso, pues, bastaba
entonces con revisar el proceso de cuyo radicado obtuvo conocimiento para establecer
datos básicos como las partes del proceso o para verificar en los estados del proceso el
sentido en que se resolvió la solicitud “de saneamiento” que ejerció, pero, solo ocho
meses después hizo uso de la acción de tutela, para insistir en un argumento que ya
había sido resuelto por el juez del conocimiento del proceso ejecutivo.”
Finalmente, restó credibilidad a la manifestación relativa a la imposibilidad de
asignar un abogado para ejercer la defensa de la entidad, pues se encontraba
demostrado que el apoderado de la Contraloría de Santander, había descorrido el
traslado de la liquidación del crédito.
1.8. Impugnación3
A través de correo electrónico enviado el 16 de marzo de 20224, al buzón web de
la Secretaría General del Consejo de Estado, la oficina jurídica de la Contraloría
de Santander, envió el siguiente mensaje:
“En mi calidad de accionante, dentro del presente trámite Constitucional, formulo
ante usted IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE TUTELA, identificada en el asunto, en
virtud del artículo 32 del Decreto2591 del 1991.
Con relevancia Constitucional de afectar el fallo, el derecho de petición y las
formalidades de la respuesta al mismo. Pues se da por hecho sin estarlo que la
petición formulada por el señor CONTRALOR GENERAL DEL DEPARTAMENTO,
se dio respuesta en Estados, cuando se esperaba la respuesta de manera personal
y directa al petente. Cierto es que tal irregularidad propicio la afectación de los
derechos del ente de control a la defensa y contradicción de las cargas endilgadas
3 La impugnación se concedió a través de auto de 22 de marzo de 2022, el cual fue notificado el 24
de marzo de 2022. El expediente fue asignado en segunda instancia al Dr. Luis Alberto Álvarez
Parra el 1° de abril de 2022 e ingresó al despacho el 4 de abril siguiente.
4 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591
de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 10 de marzo de 2022, a
las 5:59 P.M., por lo que se entiende realizada al día hábil siguiente (11 de marzo del mismo año) y
el recurso se interpuso el 16 de marzo de 2022.
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sin precaver la vinculación o no de dicho ente, situación que no puede señalarse de
sencilla al no ser el Contralor UN ABOGADO.
En virtud de la acotación de circunstancias que debieron darse y no se dieron, no
hay mayor miramiento que el esperar se analice con el fundamento legal de la LEY
1755 DEL 2015, ley 1437 DEL 2011 Y decreto 491 DEL 2020 LA FORMALIDADES
DESCONCOCIDAS POR LA ACCIONADA y se brinde una tutela pronta y efectiva
que garantice el acceso a la administración de justicia.
Por consiguiente.
SOLICITO
REVOCAR en todas sus partes el fallo impugnado, y se de la TUTELA DE LOS
DERECHOS VULNERADOS YSOSLAYADOS POR LA ACCIONADA.” (Sic a toda
la cita)
Como puede observarse, a pesar de lo sucinto del escrito, el desacuerdo de la
parte actora contra el fallo de primera instancia, se sustenta en dos puntos: (i)
que la respuesta a su solicitud de información se notificó por estado cuando se
esperaba que fuera personal y; (ii) que el contralor general de Santander, no es
abogado.
En este punto, es importante aclarar que, si bien la Sección Cuarta en la
sentencia de primera instancia emitió una serie de consideraciones sobre el
fondo del asunto, la parte actora solo se encontraba en la obligación de
sustentar su impugnación frente a la presunta carencia de inmediatez, pues fue
esta la motivación que llevó declarar improcedente el amparo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra el
fallo de tutela de 24 de febrero de 2022, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Cuarta, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así
como el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar la
providencia de 24 de febrero de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, a través de la cual se resolvió “Declarar improcedente la acción de tutela
interpuesta por la Contraloría General del departamento de Santander”.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los
requisitos de procedibilidad adjetiva y de superarse; (iii) las generalidades de los
defectos invocados; y (iv) el análisis del caso concreto.
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2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema6.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Para la Sala resulta necesario precisar que, el caso objeto de estudio está
revestido de relevancia constitucional, por cuanto al revisar el escrito que dio
origen a la acción de tutela en relación con los supuestos fácticos de la demanda,
las pretensiones, la carga argumentativa y probatoria, se advierte que la parte
actora solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso efectivo a la administración de justicia y petición.
De acuerdo con lo anterior, en el caso concreto se evidencia una tensión o
contradicción entre la razonabilidad de la decisión y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados por la parte actora, en tanto se interpreta que la
autoridad judicial incurrió en los defectos de desconocimiento de precedente,
fáctico, sustantivo y violación directa de la constitución, por lo que se evidencia
que trasciende un estudio de lo meramente legal.
2.4.2. De manera preliminar, se establece que la acción de tutela de la referencia
no se dirige contra una sentencia de la misma naturaleza, puesto que la
providencia judicial que censura la parte accionante fue dictada en el marco del
proceso ejecutivo identificado con el radicado No. 68001333301420150023401.
5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.4.3. Respecto al requisito de inmediatez, es preciso señalar que en sentencia
de unificación del 5 de agosto de 20149, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200510 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es
el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.
Ahora bien, en este caso se advierte que la parte actora no menciona en su escrito
inicial la providencia de 11 de mayo de 2021 de forma expresa; no obstante, es
claro que sí dirige la acción constitucional en contra de aquella, en tanto que, a su
juicio, la vulneración se concretó en que se profiriera el auto que ordenó seguir
adelante con la ejecución, sin que se resolviera previamente la solicitud de
nulidad, propuesta por quien en ese momento actuaba como contralor general de
Santander.
En este punto, debe resaltarse que en la primera instancia de esta tutela, es decir
la Sección Cuarta, luego de verificar el expediente ejecutivo y el registro de
actuaciones en el sistema “Samai”, encontró acreditado que la providencia de 11
de mayo de 2021 fue notificada en estado del día siguiente y, en el escrito de
impugnación, no se negó este hecho, sino que la inconformidad con lo decidido se
centró en que: (i) se esperaba que la notificación de esa decisión fuera personal y;
(ii) que no se tuvo en cuenta que el solicitante, entiéndase, el contralor general de
Santander, no es abogado. Siendo así, previo a hacer el conteo de términos para
la presentación de la tutela, se resolverá sobre estos dos aspectos.
En lo que atañe a la notificación por estado de la providencia de 11 de mayo de
2021, por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución, lo primero
a recalcar es que esta corresponde a un auto, no a una sentencia, esto de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 440 del Código General del Proceso,
que establece que: “Si el ejecutado no propone excepciones oportunamente, el juez
ordenará, por medio de auto que no admite recurso (…) seguir adelante la ejecución
para el cumplimiento de las obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo,
practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al ejecutado.” (Resaltado
incluido por la Sala)
Por lo tanto, a este tipo de providencia le es aplicable lo dispuesto en el artículo
20111 de la Ley 1437 de 2011, por no corresponder a aquellas de que tratan los
artículos 198 a 20012 de dicho articulado, esta norma dispone que los autos
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
10 “c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
11 “Los autos no sujetos al requisito de la notificación personal se notificarán por medio de
anotación en estados electrónicos para consulta en línea bajo la responsabilidad del Secretario”
12 Los artículos 198 a 200 de la Ley 1437 de 2011 hacen referencia a las notificaciones personales
del auto admisorio, del auto que libra mandamiento de pago y de la primera providencia que emita
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distintos del admisorio, del que libre mandamiento de pago y del primero que se
dicte frente a terceros, deberán notificarse mediante su inserción en estado
electrónico para su consulta en línea.
Concordante con lo anterior, verificada la página del Tribunal Administrativo de
Santander en la sección de estados electrónicos13, se pudo evidenciar que en el
estado N° 81 de 12 de mayo de 202114, se encuentra incluida la providencia del
día anterior en la que se ordenó seguir adelante con la ejecución dentro del
proceso ejecutivo con radicado 6800133330142015002340115.
De este modo, el hecho de que el solicitante esperara que la providencia le fuera
notificada de forma personal, no es un argumento que pueda oponerse a lo
actuado por parte del Tribunal Administrativo de Santander, en tanto que dicha
autoridad, al actuar en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se encuentra
obligada a seguir los procedimientos establecidos en las normas que regulan el
proceso judicial.
Frente a la calidad de “no abogado”, del contralor general de Santander, persona
que presentó la solicitud de nulidad el 6 de abril de 2021, debe decirse que este
argumento no tiene la capacidad de desvirtuar lo resuelto por el a quo en esta
tutela, en tanto que el requisito de la inmediatez lo que busca es proteger la
seguridad jurídica, en ese sentido, al margen de la profesión que ostente el actor,
le era exigible acudir dentro de un periodo razonable al mecanismo constitucional
si consideraba que se estaban vulnerando garantías fundamentales con la
decisión de 11 de mayo de 2021.
En concordancia con lo expuesto, ninguno de los dos argumentos esgrimidos
contra la sentencia de primera instancia tiene la capacidad de desvirtuar lo
resuelto en la providencia de 24 de febrero de 2022.
Resuelto lo anterior, debe decirse que si bien, a juicio de esta Sala, los términos
no corrieron como lo calculó el a quo, si resulta cierto que no se acreditó el
requisito de la inmediatez, como pasa a explicarse.
En primer lugar, se tiene que el término debe contarse a partir de la ejecutoria de
la providencia a atacar, que para este caso se causó el 20 de mayo 2021, por lo
que la accionante tenía hasta el 21 de noviembre siguiente para acudir al
mecanismo constitucional, día que por ser sábado puede extender el plazo hasta
el lunes 22 de noviembre.
En segundo lugar, se observa que, entre los documentos de la radicación de la
solicitud de tutela visibles en la plataforma “Samai”, se encuentra acreditado que el
escrito inicial fue recibido el 6 de diciembre de 2021 a través de la cuenta de
correo ofiserjademandasbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co, el cual es el momento
respecto de terceros y la forma de realizarse a entidades públicas y particulares con o sin dirección
electrónica de notificaciones.
13https://www.ramajudicial.gov.co/web/secretaria-tribunal-administrativo-de-santander/262
14https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2209728/70887064/estados+081+de+12-05-
2021.pdf/2a14cf94-4b66-414a-a819-d58ba622bd44
15https://www.ramajudicial.gov.co/documents/2209728/70887782/AUTOS+EN+LINEA+ESTADOS+
081+DE+12-05-2021.pdf/98b90e2a-9da2-4e7d-bea8-3faf0aeb5068
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determinante para calcular si el amparo se solicitó dentro de un término razonable.
Con base en lo anterior, se tiene que en este caso transcurrieron 6 meses y 14
días después de la ejecutoria del auto de 11 de mayo de 2021 y, en consecuencia,
se confirmará la declaración de improcedencia de la solicitud de tutela por no
satisfacer el requisito de la inmediatez.
Como consecuencia de lo anterior, la Sala se abstendrá de abordar el estudio de
fondo de los argumentos presentados contra la providencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander, por no acreditarse el cumplimiento de uno
de los requisitos adjetivos de procedibilidad y, en consecuencia, se confirmará lo
resuelto en el fallo de 25 de febrero de 2022
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de febrero de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción de
tutela.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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