Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00460-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00460-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2014-00460-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Ejecutivo
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
Demandado: Departamento de Santander y otro
Tema: Excepciones de remisión y pago de la obligación. Renuncia al
reintegro ordenado en la sentencia objeto de recaudo.
Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación presentados por las
partes contra la sentencia proferida el 6 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Santander, por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la
ejecución en los mismos términos del mandamiento ejecutivo.
I.- Antecedentes
1.1. La demanda
1. Yaneth Reina solicitó a través de la acción ejecutiva que se librara mandamiento
de pago en contra del departamento de Santander y la Contraloría Departamental
de Santander, por los siguientes conceptos:
«1. PAGOS
1.1. CAPITAL UNO: $130’198.309 correspondiente al saldo impagado de la
obligación dineraria consecuente al restablecimiento del derecho ordenado
mediante sentencia referida en los hechos, más 12% del salario como aporte
patronal para pensiones (Artículo 20 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 7° de la Ley 797 de 2003) y 8.5% de aporte patronal para salud de la
parte ejecutante (Artículos 20, 23, ss y 204 de la Ley 100 de 1993, entre otros),
sobre el equivalente a salarios de toda la indemnización, descontando el
monto abonado.
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
1.2. INTERESES UNO: El pago de los respectivos intereses comerciales
moratorios (artículo 177 C.C.A.) desde octubre 20 de 2011 y hasta la fecha
de pago efectivo de la obligación, conforme a los hechos de la demanda.
1.3. CAPITAL DOS: El pago de lo equivalente a salarios, factores salariales,
prestaciones sociales, cesantías liquidadas con retroactividad, y demás
emolumentos correspondientes al cargo que ocupaba la parte ejecutante en
la Contraloría, con los incrementos legales, desde la fecha del abono parcial
(octubre 20 de 2011) y hasta el reintegro laboral y pago completo de la
obligación respectiva.
1.4. INTERESES DOS: El pago de los respectivos intereses comerciales
moratorios (artículo 177 C.C.A.) sobre el monto de la indemnización
económica prevista en el numeral anterior, mes a mes y hasta el reintegro
laboral y pago completo.
2. REINTEGRO: El reintegro a la ejecutante sin solución de continuidad al
cargo que ocupaba en la Contraloría ejecutada o a uno de igual o superior
jerarquía manteniendo sus derechos de carrera administrativa en los términos
de la sentencia que se ejecuta, a más tardar dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo.
3. INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA DEL EVENTUAL NO
REINTEGRO: Conforme a los Artículos 495 y 504 C.P.C. en una
interpretación conforme a la Constitución: Debe disponerse expresa orden de
pago de la indemnización subsidiaria que paso a cuantificar mediante
juramento estimatorio: en caso de no cumplirse oportunamente la obligación
de reintegro, de modo subsidiario a la pretensión 2: se ordene pago
indemnizatorio para la parte ejecutante y a cargo de la ejecutada por
cumplimiento de su obligación de hacer (correspondiente al reintegro)
pagándole la indemnización que bajo juramento estimo en una suma no
inferior al equivalente a lo que tendría derecho a devengar con base en el
salario, factores salariales y prestacionales al momento de la liquidación del
crédito, incluidos los montos correspondientes a aportes para el sistema de
seguridad social integral, hasta la edad de retiro forzoso del servicio, traídos
a valor presente conforme a la fórmula tradicionalmente aceptada por la
jurisprudencia para ese cálculo, para lo cual ha de considerarse que la parte
ejecutante nació en octubre 19 de 1969, por lo que a manera de ejemplo para
junio 19 de 2013 tendría 43 años 8 meses, de modo que le restan 256 meses
para cumplir los 65 años de edad de retiro forzoso. Tomando como base para
el cálculo un ingreso mensual de al menos: $2’431.500 resultante de dividir
en 12 su ingreso laboral ($1’321.000.00 salario + $810.500.00 carga
prestacional mensual) proyectado para el año 2013, la indemnización
compensatoria del no reintegro se concreta en: $355.438.824,624, más 12%
del salario como aporte patronal para pensiones (Artículo 20 de la Ley 100 de
1993 modificado por el artículo 7º de la Ley 797 de 2003) y 8.5% de aporte
patronal para salud de la ejecutante (Artículos 20, 23, ss y 204 de la Ley 100
de 1993, entre otros) [...]» (sic)
2. En el acápite de hechos, se expuso lo siguiente:
2.1. En la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander [del 31 de
marzo de 2008] que quedó en firme el 16 de abril de 2008 se ordenó (i) el reintegro
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sin solución de continuidad al cargo que ocupaba en la Contraloría, con los derechos
de carrera; y (ii) el pago indexado de los sueldos y demás emolumentos
correspondientes al cargo junto con los incrementos legales, desde el momento de
su retiro [1 de enero de 2000] hasta que aquel se materializara, de manera
indexada.
2.2. Si bien la sentencia quedó ejecutoriada el 16 de abril de 2008, no fue sino hasta
el auto del 11 de mayo de 2011 que se ordenó la expedición de las copias auténticas
que habían sido requeridas desde el año 2008. En ese interregno la Contraloría
intentó debatir la firmeza de la condena, de manera infructuosa.
2.3. Desde la ejecutoria de la sentencia hasta la fecha del pago parcial se causaron
intereses «comerciales moratorios» a la tasa máxima permitida por la ley sobre el
monto de la indemnización económica ordenada en la condena, sobre el capital
indexado causado hasta la ejecutoria y en adelante sobre lo generado mes a mes
hasta el pago efectivo.
2.4. El 21 de agosto de 2009 y el 29 de abril de 2010 la demandante radicó las
solicitudes de cumplimiento de la sentencia.
2.5. El 6 de julio de 2011 «[a]gobiada por los anuncios que le hacían en la Contraloría
General de Santander que si no renunciaba […] no le harían el pago» radicó propuesta
de renuncia al reintegro y al 20% de los intereses, condicionada al pago del resto
de lo adeudado a más tardar el 31 de julio de 2011.
2.6. El 23 de septiembre de 2011 radicó una nueva propuesta, condicionada al pago
de lo adeudado integralmente con corte y desembolso efectivo al 15 de octubre del
mismo año. El 29 de septiembre de 2011 reiteró la propuesta para obtener el pago
el 23 de octubre del mismo año.
2.7. El 20 de octubre de 2011, de acuerdo con la Resolución 16768 del 13 de octubre
de 2011, la entidad consignó la suma de $256.995.156 «con los que pretendió
comprender la liquidación solo hasta septiembre 30 de 2011 e intereses de apenas el 60%».
El pago se imputó como abono a los intereses causados desde la ejecutoria.
2.8. El 16 de noviembre de 2011 el departamento de Santander abonó $18.838.097
«adicionales correspondientes al año 2009», de acuerdo con la Resolución 18016 del
8 de noviembre de 2011.
2.9. Para la fecha en la que se hizo el abono, se habían generado intereses
adicionales a los que fueron reconocidos, además de las cesantías liquidadas con
retroactividad.
2.10. Sobre el capital «impagado» de $130.198.309 se causaron intereses desde el
20 de octubre de 2011 [cuando se hizo el abono]. Además, a partir de este momento
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Demandante: Yaneth Reina
hasta [por lo menos] el 30 de junio de 2013 se causó por concepto de salarios y
prestaciones la suma de $33.023.849.66.
1.2. Mandamiento ejecutivo
3. En auto del 17 de julio de 2014 el Tribunal Administrativo de Santander avocó
conocimiento del proceso ejecutivo. Luego ─el 1 de diciembre de 2014─ libró el
mandamiento de pago contra el departamento de Santander y la Contraloría
Departamental de Santander así:
«PRIMERO. LÍBRASE MANDAMIENTO EJECUTIVO en contra del
DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL
DE SANTANDER, y a favor de JANETH REINA por las siguientes obligaciones:
1. El PAGO de la suma de CIENTO TREINTA MILLONES CIENTO NOVENTA
Y OCHO MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($130.198.309)
correspondiente al saldo impagado de la obligación dineraria ordenada, más
el 12% del salario como aporte patronal para pensiones y el 8.5% de aporte
patronal para salud, descontando el monto abonado. Y se paguen los
respectivos intereses desde el 20 de octubre de 2011 (fecha de abono
parcial) y hasta el pago efectivo de la obligación, liquidados a la tasa máxima
legal certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
2. El PAGO de la suma equivalente a salarios, factores salariales, prestaciones
sociales, cesantías retroactivas, y demás emolumentos correspondientes el
cargo que ocupaba la ejecutante en la Contraloría Departamental, desde el
20 de octubre de 2011 (fecha de abono parcial) y hasta el reintegro laboral y
pago completo de la obligación respectiva. Y se paguen sobre las anteriores
sumas los intereses correspondientes hasta el pago efectivo de la obligación,
liquidados a la tasa máxima legal certificada por la Superintendencia
Financiera de Colombia.
3. El REINTEGRO a la ejecutante, sin solución de continuidad, al cargo que
ocupaba en la Contraloría Departamental, o a otro de igual o superior
jerarquía, en los términos de la sentencia que se ejecuta.
4. En subsidio de lo dispuesto en el numeral anterior, el PAGO de la
indemnización compensatoria del eventual NO REINTEGRO,
correspondiente a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON SEISCIENTOS VEINTICUATRO
CENTAVOS ($355.438.824,624) más el 12% del salario como aporte
patronal para pensiones y el 8,5% de aporte patronal para salud».
4. Para tal efecto, acudió a los artículos 430, 431 y 433 del Código General del
Proceso y sostuvo que (i) el título ejecutivo contenía una obligación clara, expresa
y exigible, en tanto establecía una condena concretada en el reconocimiento de
sumas dinerarias en favor de la ejecutante, «determinables o liquidables por una
operación matemática, así como el reintegro»; y (ii) en cuanto este último, la pretensión
se sustentó en el artículo 428 ibidem.
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Demandante: Yaneth Reina
1.3. Contestación de la demanda
1.3.1. Departamento de Santander
5. Propuso las siguientes excepciones:
5.1. Pago: el departamento entregó a la demandante el valor total de sus
acreencias, tal y como constaba en las resoluciones 16768 y 18016 del 13 de
octubre y 8 de noviembre de 2011, respectivamente.
5.2. Inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido: la obligación se pagó
en su totalidad. Ello ocurrió en el momento en que aceptó la transacción propuesta
efectuada a través de los escritos allegados al expediente. Además, la ejecutante
renunció de manera libre, espontánea y expresa al reintegro «sobre la base que se
atendiera su petición de pago y se hiciera efectiva la solicitud de transacción, como forma
anormal de terminar con el proceso y como efectivamente así lo entendió la entidad
territorial».
5.3. Caducidad: la demandante no promovió el incidente para liquidar la condena
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término legal, esto
es dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación
del auto de obedecimiento al superior, según fuera el caso, según el artículo 193
del CPACA.
5.4. Falta de legitimación en la causa por pasiva: se invocó «de manera subsidiaria»
y su configuración obedeció a que la demandante nunca laboró para el
departamento de Santander. De ahí que existiera una imposibilidad física y jurídica
de reintegrar a una persona que nunca estuvo vinculada a su planta de personal.
Esta obligación le correspondía a la contraloría departamental.
1.3.1. Contraloría Departamental de Santander
6. Propuso las siguientes excepciones:
6.1. «Inexistencia de la obligación por pago total, como excepción previa»
6.1.1.Mediante la Resolución 000572 del 8 de julio de 2011, la entidad aceptó el
cumplimiento del fallo en favor de Yaneth Reina. Después, en escrito del 20 de
agosto de 2009, manifestó su renuncia voluntaria al reintegro.
6.1.2.Por esa razón la entidad expidió la Resolución 016768 del mismo año, por
medio de la cual le reconoció la suma de $256.995.156 por concepto de sueldo y
prestaciones sociales por el período comprendido entre el 4 de enero de 2000 y el
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Demandante: Yaneth Reina
30 de septiembre de 2011, así como intereses derivados del incumplimiento de la
sentencia. El dinero fue consignado el 20 de octubre de 2011.
6.1.3. Por Resolución 018016 del 8 de noviembre de 2011, reconoció $18.838.097
por las acreencias laborales correspondientes al año 2009. Este valor fue
consignado el 16 de noviembre de 2011, en la cuenta del apoderado de la
ejecutante. En esas condiciones, las sumas reclamadas resultaban «excesivas e
infundadas» puesto que no estaban reconocidas en el título ejecutivo ni aportó otro
nuevo que las sustentaran.
6.1.4. En cuanto al reintegro, la entidad se abstuvo de hacerlo en atención a que
ella allegó los escritos del 6 y 7 de julio y 23 y 29 de septiembre de 2011, por medio
de los cuales manifestó, en reiteradas oportunidades, su voluntad de renunciar al
derecho.
6.2. «Imposibilidad de cumplir con la obligación de hacer consistente en el reintegro
de la parte demandante, como excepción de fondo»
6.2.1. El cargo que la demandante desempeñó como revisor 550 no estaba previsto
en la planta de personal establecida en la Ordenanza 035 del 5 de diciembre de
2008.
6.2.2. En atención a la intención de renuncia al reintegro expresada por la
ejecutante, en la Resolución 00572 del 8 de julio de 2011, por la cual se tomaron
medidas para «adoptar el fallo judicial de fecha 31 de marzo de 2008», no se hizo
efectivo.
6.3. «Indebida escogencia de la acción – vía judicial errada»
6.3.1.Si la ejecutante no compartía lo previsto en los actos administrativos
expedidos para cumplir la sentencia objeto de recaudo, así debió manifestarlo
cuando fueron notificados y demandarlos ante la Jurisdicción de lo contencioso -
administrativo para su respectivo control de legalidad.
1.4. Sentencia de primera instancia
7. En sentencia proferida en audiencia el 6 de octubre de 2015 el Tribunal
Administrativo de Santander resolvió:
«PRIMERO: ORDÉNASE SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en los
términos del mandamiento de pago de fecha 1º de diciembre de 2014, de
conformidad con el artículo 443 numeral 4 del Código General del Proceso.
SEGUNDO: De conformidad con el artículo 446 del Código General del Proceso
cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación del crédito con
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Demandante: Yaneth Reina
especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación.
TERCERO: CONDÉNASE en costas a la parte ejecutada, y a favor de la
ejecutante, las cuales serán liquidadas por secretaría de conformidad con el
artículo 366 del CGP.»
8. Para tal efecto, argumentó lo que sigue:
9. No tenían vocación de prosperidad los argumentos relacionados con que la
renuncia al reintegro y su aceptación extinguían la obligación y, menos aún que eso
constituyera una transacción, pues esta requería que constara por escrito y que se
suscribiera por ambas partes.
10. Las renuncias presentadas el 6 de julio, 23 y 29 de septiembre de 2011 se
condicionaron al pago de la condena en unos términos y fechas ciertas y como no
se cumplió a cabalidad perdieron su validez. Adicionalmente, la obligación del
reintegro solo podía extinguirse si la contraloría, en cumplimiento de la sentencia,
procedía a hacerlo efectivo o si, mediante acto administrativo, declaraba la
imposibilidad jurídica y material, pues a partir de este momento dejaban de
causarse los salarios y prestaciones sociales y surgía la obligación de reconocer la
indemnización compensatoria. En consecuencia, como no se presentó ninguna de
las dos situaciones antes descritas, no existió un pago total de la obligación.
11. En cuanto a la imposibilidad de cumplir con la obligación de hacer [reintegro],
según lo informado por la contraloría, en la planta de personal existían 7 cargos
denominados «auxiliar administrativo 407, grado 01» que se asimilaba al cargo de
«revisor 550», de los cuales se encontraban «6 ocupados en carrera administrativa y 1
ocupado en provisionalidad, evidenciándose que exist[ía] la posibilidad jurídica y material
de cumplir con la orden de reintegro».
12. La actora citó la sentencia dictada por el Consejo de Estado del 12 de mayo de
2014; sin embargo, su contenido no era similar, en tanto se consideró que el acto
de liquidación no era de ejecución porque contenía una nueva decisión
administrativa que creaba una nueva situación jurídica. En este caso no se
configuraba tal supuesto, en razón a que las resoluciones 16768 del 13 de octubre
de 2011 y 18016 del 8 de noviembre de 2011 sí se limitaron a ejecutar la
providencia.
13. La indemnización compensatoria ordenada en el mandamiento de pago tenía
sustento en los artículos 426, 428 y 437 del Código General del Proceso.
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Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
1.5. Recursos de apelación
14. Contra la anterior decisión, las entidades demandadas y la parte ejecutante [en
adhesión] presentaron recurso de apelación y los sustentaron en los siguientes
términos:
1.5.1. Departamento de Santander
15. La sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho le impuso a dicho
departamento una obligación de pagar a la ejecutante las sumas que se le
adeudaban, la cual fue cumplida en los términos y condiciones exigidos por la parte
demandante. En esas condiciones, el título ejecutivo que sirvió de fundamento al
proceso ejecutivo no contenía una obligación clara, expresa y exigible al
demandado.
16. Las resoluciones 16768 del 13 de octubre y 18016 del 8 de noviembre de 2011,
que liquidaron el valor total de las acreencias de Yaneth Reina, no eran solamente
de ejecución de la providencia judicial. Contrario a ello, esos actos contenían
decisiones administrativas nuevas que crearon una situación jurídica independiente
para el ejecutante. De ahí que, si la beneficiaria estaba inconforme con su contenido
debió controvertirlos a través de los recursos procedentes en sede administrativa y
luego en la judicial.
17. Como la ejecutante no ejerció oportunamente la acción judicial procedente, esto
es, la nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos que liquidaron las
sumas que le pagaron, operó la caducidad de la acción.
18. El título de recaudo en este caso era complejo y no cumplió con los requisitos
establecidos en el artículo 488 del CGP, puesto que no se integró la sentencia de
nulidad y restablecimiento del derecho con las resoluciones administrativas de
liquidación de los emolumentos que se debían a la actora. En este sentido, se podía
consultar lo resuelto por la Subsección A en la sentencia del 12 de mayo de 2014 1.
1.5.2. Contraloría Departamental de Santander
19. Las pretensiones de la solicitante que no estaban contenidas en el título
ejecutivo eran las siguientes:
«[…]
(1) Salarios, prestaciones y demás emolumentos desde la ejecutoria de la
sentencia hasta la liquidación del crédito en el presente proceso ejecutivo más
intereses causados desde la causación de la prestación hasta la liquidación del
crédito.5
1 Se identificó la siguiente providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 12 de mayo de 2014, radicado: 25000 23 25 000 2007 0435 01(1153-2012)
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Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
(2) Salarios, prestaciones y demás emolumentos desde la liquidación del
crédito en el presente proceso ejecutivo hasta el reintegro a la entidad, más
intereses causados desde la causación de la prestación hasta el pago de la
obligación.
(3) Indemnización correspondiente a los salarios, prestaciones y demás
emolumentos hasta la edad de retiro forzoso de la ejecutante más el 12% del
salario como aporte patronal para pensiones y el 8.5% de aporte patronal para
salud, cuando si bien se observa la señora YANETH REINA siempre quiso y
manifestó su voluntad de renunciar al reintegro» [sic]
20. La parte demandada ya le pagó las sumas que la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho le ordenó reconocer.
21.En atención a las manifestaciones reiteradas de renuncia al reintegro que la
demandante le presentó a la entidad, expidió la Resolución 00572 del 8 de julio de
2011 en la que se indicó que aquel no se haría efectivo.
22. La voluntad de la demandante «nunca fue objeto de vicio o de error, no fue
presionada ni coaccionada al momento de su decisión», teniendo en cuenta que desde
antes de la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho ya había renunciado
al reintegro y así lo reiteró en varias oportunidades.
23. La sentencia ordenó seguir adelante con la ejecución por una obligación que no
estaba contenida en el mandamiento de pago, esto es, la indemnización, cuyo
cálculo aplazó hasta la liquidación del crédito. Al respecto debió advertir que, de
conformidad con el artículo 189 del CPACA, la legislación aplicable para aquella
liquidación era la laboral, bajo los parámetros del despido injusto.
24. Tampoco ordenó el descuento de las sumas que ya habían sido pagadas a la
ejecutada por el departamento de Santander y se «fijó una suma exorbitante que
sobrepasa lo cancelado a la demandante por más de 10 años de salarios dejados de
percibir» [sic].
1.5.3. Parte ejecutante. Apelación adhesiva
25. El reparo concreto era «[s]eguir adelante la ejecución como se ordenó, a menos que
inclu[yera] expresa orden de pago de los intereses comerciales moratorios desde su
causación y hasta el pago efectivo que [fuera] realizado, o en subsidio indexación de la
indemnización de perjuicios compensatorios hasta la ejecutoria de la sentencia y en
adelante intereses comerciales moratorios, vulneraría la debida Reparación Integral, dado
que ya hace años que se causó, sin que se [hubiera] logrado el pago, por la duración
extraordinaria que ha tenido el trámite».
26.En consecuencia, el mandamiento ejecutivo del 1 de diciembre de 2014 se
debía complementar para disponer que sobre la indemnización de perjuicios
compensatorios del «no-reintegro» se generaban los «intereses comerciales
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Demandante: Yaneth Reina
moratorios» desde su causación hasta el pago efectivo o, en subsidio, la indexación
hasta la ejecutoria de la sentencia «y en adelante intereses comerciales moratorios».
27. En la misma diligencia en la que se profirió la sentencia de «única instancia» (art.
152.7 en concordancia con el artículo 156.9 del CPACA), tanto la Contraloría como
el departamento de Santander presentaron recurso de apelación « pese a que se trata
de una sola parte y como tal apenas puede representarla un apoderado en cada actuación».
De los reparos de los apelantes no se corrió traslado a la ejecutante.
28. El tribunal concedió los recursos de apelación y negó la reposición que contra
esta decisión interpuso. «Lo anterior no obsta[ba] para que [...] el H Consejo de Estado,
en lo posible en Sala Plena de la Sección Segunda conforme en memorial que aparte se
solicitar[ía], deb[iera] realizar el control de legalidad de las apelaciones y al hacerlo,
rechazarlas o declararlas inadmisibles conforme a la reposición presentada, en Providencia
de Unificación» [sic].
29. Según el artículo 243 del CPACA, el proceso ejecutivo de una sentencia
declarativa se regía por el procedimiento civil, «de modo que: si las normas del CPACA,
como es el caso del Art. 152.7, establecen expresamente que el proceso ejecutivo que se
tramite ante Tribunales Administrativos a menos que sobrepase cierta cuantía (1.500
smlmv) es de única instancia. Dada la cuantía del proceso que nos ocupa estamos ante un
ejecutivo de única instancia y por tanto no era procedente la apelación de su sentencia pues
el propio Art. 243 CPACA en su parte inicial estableció que: Son apelables las sentencias
de primera instancia de los Tribunales y de los Jueces, de modo que excluyó las de única
instancia» [sic].
30. Si bien el conocimiento del proceso ejecutivo le correspondió al Tribunal
Administrativo de Santander por el criterio de conexidad, ello no implicaba que
pudiera inaplicar o ignorar la cuantía para determinar si este trámite era de primera
o de única instancia.
31. Si se consideraba admisible la apelación interpuesta por la parte demandada
representada por el contralor exclusivamente, también debía considerarse la
apelación adhesiva de la ejecutante, presentada en la debida oportunidad legal. En
este caso, «[s]e solicita citar a audiencia de sustentación y fallo, pues no se aplica el Art.
247 CPACA ni, en caso alguno, la Ley 2080 de 2021 por lo previsto en el Art. 624 C.G.P.
pues la apelación se presentó en vigencia del texto original de la Ley 1437 del 2011».
32. Se debía complementar la decisión de primera instancia para ordenar que,
sobre la indemnización de perjuicios compensatorios por el no reintegro al cargo,
se reconocieran los intereses comerciales moratorios desde su causación hasta el
pago efectivo que fuera realizado. En subsidio de lo anterior, se dispusiera la
indexación hasta la ejecutoria de la sentencia y en adelante, intereses comerciales
moratorios.
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1.6. Trámite de segunda instancia
33. En auto del 3 de diciembre de 2015 el Tribunal Administrativo de Santander
concedió los recursos de apelación interpuestos. La parte ejecutante presentó
recurso de reposición que fue resuelto desfavorablemente, mediante auto del 10 de
marzo de 2016.
34. El 12 de diciembre de 2017 la Subsección B de la Sección Segunda de esta
corporación profirió sentencia en la que revocó la decisión de primera instancia,
para en su lugar «declarar probadas las excepciones de pago y de hacer (reintegro)
formuladas por la parte ejecutada».
35. La demandante interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la
anterior providencia.
36. Mediante sentencia del 12 de noviembre de 2019, la Sala 6 Especial de Decisión
infirmó la sentencia del 12 de diciembre de 2017 y ordenó «que previo a resolver el
recurso de apelación presentado contra dicho proveído, agote el trámite legal
correspondiente».
37. En proveído del 13 de diciembre de 2019 la misma sala consideró que en la
anterior providencia se incurrió en una imprecisión consistente en que se ordenó a
la autoridad judicial que «previo a resolver el recurso de apelación presentado [...] agote
el trámite legal correspondiente, (...)» expresión que se podía «entender que se trata[ba]
del recurso de apelación contra la sentencia cuya información se dispuso, cuando lo que se
debió ordenar [era] agotar el trámite correspondiente previo a resolver el recurso de
apelación presentado contra la sentencia de primera instancia del 6 de octubre de 2015,
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander».
38. En cumplimiento de lo anterior, por auto del 5 de febrero de 2021 se admitieron
los recursos de apelación interpuestos por el departamento de Santander y la
Contraloría departamental de Santander.
39. Contra la anterior decisión la parte ejecutante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, súplica y el 17 de febrero de 2021 presentó escrito de apelación
adhesiva.
40. Por auto del 14 de junio de 2022 se despachó desfavorablemente el recurso de
reposición y se rechazó por improcedente el recurso de súplica.
41. Mediante proveído del 23 de febrero de 2024 se prescindió de la audiencia de
alegatos y juzgamiento y se corrió el traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y rendir concepto, respectivamente.
42. El departamento de Santander expuso lo siguiente:
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42.1. Los documentos aportados con la demanda ejecutiva permitían constatar que
el departamento de Santander cumplió con las órdenes impuestas por la sentencia
que contenía el título ejecutivo. Por esa razón alegó la excepción de pago que fue
desestimada por el a quo.
42.2. El Tribunal Administrativo de Santander se limitó a estudiar la terminación
anormal del proceso mediante la figura de la transacción, pero no realizó el estudio
frente a la excepción de pago.
42.3. En relación con el reintegro, se demostró que Yaneth Reina presentó su
renuncia a aquel derecho en reiteradas oportunidades. A pesar de que el tribunal
de primera instancia indicó que existían 7 cargos de auxiliar administrativo 407,
grado 01, en la actual planta de la Contraloría General de Santander, de los cuales
1 estaba provisto en provisionalidad, en realidad no se allegó ninguna prueba de la
vacancia del cargo y con nombramiento bajo esa modalidad.
42.4. Para valorar lo relacionado con la indemnización compensatoria ordenada en
el mandamiento de pago, se debía tener en cuenta que la demandante renunció al
reintegro de forma voluntaria. Por lo tanto, no resultaba admisible que por esta vía
reclamara tal compensación.
1.7. Solicitud de unificación de jurisprudencia y el auto que la resolvió
43. La parte ejecutante presentó escrito, en el cual manifestó ─entre otras cosas─
que la Sala Plena debía avocar conocimiento, con el fin de dictar sentencia de
unificación porque (i) era necesario abordar la indemnización de perjuicios
compensatorios; (ii) el artículo 189 [penúltimo inciso] del CPACA no resultaba
pertinente para efectos indemnizatorios en materia de ejecutivos «ni con lo
excepcionado respecto al pago ni a la imposibilidad del reintegro»; (iii) el incumplimiento
de la obligación de hacer consistente en el reintegro al cargo a una persona que
tenía derechos de carrera administrativa no generaba la indemnización prevista en
el artículo 189 del CPACA, sino la compensatoria de que trataba el artículo 428 del
CGP, por lo tanto, su estimación bajo juramento le correspondía al ejecutante; (iv)
el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 reguló los eventos de imposibilidad de
reincorporación por supresión del cargo del personal en servicio activo con derecho
de carrera.
44. Por auto del 18 de marzo de 2025 se efectuó el control de legalidad de las
actuaciones y se saneó el proceso. La providencia se notificó el 27 de marzo de
2023 y el 7 de abril de 2025 el expediente ingresó al despacho.
45. Mediante proveído del 24 de abril de 2025, esta Sección resolvió no avocar
conocimiento para proferir sentencia de unificación porque las particularidades del
asunto impedían determinar con certeza que la indemnización compensatoria fuera
objeto de pronunciamiento en la sentencia. A la par, respecto de la eficacia de la
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renuncia al reintegro condicionada al cumplimiento de la obligación de pago, no
cumplió con la carga de exponer las circunstancias que determinaban la importancia
jurídica o la necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
46. De conformidad con los artículos 443 y 446 del Código General del Proceso 2,
en el proceso ejecutivo, cuando se trata del cobro de obligaciones contenidas en
una providencia «solo podrán alegarse» las excepciones de pago, compensación,
confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, las cuales se resuelven
mediante sentencia.
47. En el caso concreto, aunque el 6 de octubre de 2015 el Tribunal Administrativo
de Santander se limitó a seguir adelante con la ejecución, en la parte considerativa
se pronunció sobre la excepción de pago propuesta por las entidades ejecutadas,
es decir, dictó una sentencia.
48. En consecuencia, la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación
es competente para conocer del recurso de apelación presentado por las partes, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Problemas jurídicos
49. La Sala resolverá los siguientes interrogantes:
49.1. ¿El título ejecutivo era complejo y debían demandarse los actos que
liquidaron la condena impuesta por el Tribunal Administrativo de
Santander?
49.2. ¿Se extinguió la obligación porque Yaneth Reina presentó 3 escritos en
los cuales manifestó su renuncia al reintegro y al 40% de los intereses
moratorios?
49.3. ¿Se pagó en su totalidad la obligación?
50. Con miras a resolver los anteriores planteamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: primero, se abordará lo relacionado con el marco normativo
del proceso ejecutivo; y segundo, se resolverá el caso concreto.
2 En adelante CGP.
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2.3. Marco normativo y jurisprudencial del proceso ejecutivo
51. El mandamiento de pago es la primera decisión en el proceso ejecutivo y «en
cierta forma equivale al auto admisorio de la demanda que se dicta en un proceso ordinario,
pero con notables diferencias»3. Esta Subsección la ha definido como «una orden
judicial provisional de cumplir perentoriamente con una obligación que reúna las
condiciones de un título ejecutivo [...]»4.
52. Conforme con el artículo 430 del CGP, radicada la demanda y acompañada del
documento que preste mérito ejecutivo que contenga una obligación clara, expresa
y exigible, el juez podrá inadmitir la demanda o librar el mandamiento de pago.
53. Cuando la demanda ejecutiva no contenga los requisitos previstos en los
artículos 162 [contenido de la demanda5], 166 [anexos de la demanda] del CPACA
y 906 del CGP, el juez deberá inadmitirla, pero únicamente por estas razones y no,
por ejemplo, cuando faltan los documentos necesarios para integrar el título
ejecutivo.
54.En caso contrario, si la demanda cumple con los requisitos antes mencionados,
se procederá a librar el mandamiento de pago. El artículo 298 del CPACA,
modificado por el artículo 80 de la Ley 2080 de 2021, estableció lo siguiente:
«Artículo 298. Procedimiento. Una vez transcurridos los términos previstos
en el artículo 192 de este código, sin que se haya cumplido la condena
impuesta por esta jurisdicción, el juez o magistrado competente, según el
factor de conexidad, librará mandamiento ejecutivo según las reglas previstas
en el Código General del Proceso para la ejecución de providencias, previa
solicitud del acreedor.
Si el título lo constituye una conciliación aprobada por esta jurisdicción o un
laudo arbitral en que hubiere sido parte una entidad pública, el mandamiento
ejecutivo se librará, previa solicitud del acreedor, una vez transcurridos seis
(6) meses desde la firmeza de la decisión o desde la fecha que en ella se
señale, bajo las mismas condiciones y consecuencias establecidas para las
sentencias como título ejecutivo. En este caso, se observarán las reglas
establecidas en el Código General del Proceso para la ejecución de
providencias judiciales.
3 Rodríguez Tamayo, Mauricio Fernando. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
Edición 6, 2021, pág. 510.
4 Auto del 8 de agosto de 2017, radicación 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-17).
5 Según este canon, la demanda deberá contener, entre otras cosas, lo siguiente: (i) la designación
de las partes y sus representantes; (ii) lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad; (iii)
los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados,
clasificados y numerados; (iv) los fundamentos de derecho de las pretensiones; (v) la petición de las
pruebas que el demandante pretende hacer, pero deberá aportar las documentales que se
encuentren en su poder; y (vi) el lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda
recibirán las notificaciones. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital.
6 Conforme con el cual, la demanda será inadmitida cuando no reúna los requisitos formales, no se
acompañen los anexos ordenados por la ley, las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos
legales, quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo
proceso, entre otros.
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[...]» [se resalta]
55. A su turno, el artículo 430 del CGP estableció 2 opciones para librar el
mandamiento ejecutivo: (i) cuando fuere procedente, en la forma pedida por la parte
ejecutante; y (ii) en la que el juez considere legal. Respecto de esta última, esta
Sección ha señalado que el juez «debe sustentar su decisión en argumentos razonables
para lo cual puede apoyarse en cálculos y operaciones matemáticas»7. Adicionalmente,
en esta providencia se ordenará «al demandado que cumpla la obligación» y los
requisitos formales del título, «sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición
contra el mandamiento ejecutivo».
56. Además, si el proceso versa sobre el pago de sumas de dinero, el juez ordenará
el pago con los intereses desde la ejecutoria de la sentencia hasta la «cancelación»
de la deuda. En caso de prestaciones periódicas, «la orden de pago comprenderá,
además de las sumas vencidas, las que en lo sucesivo se causen», según el artículo 431
ibidem.
57. Ahora bien, de conformidad con el artículo 438 del CGP, «[e]l mandamiento
ejecutivo no es apelable; el auto que lo niegue total o parcialmente y el que por vía de
reposición lo revoque, lo será en el suspensivo». Idéntica disposición se plasmó en el
artículo 243 del CPACA, modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021, pues
en el numeral 1 dispuso que será apelable el auto «que rechace la demanda o su
reforma, y que el niegue total o parcialmente el mandamiento ejecutivo», caso en el cual,
el recurso deberá sustentarse ante el juez de primera instancia dentro del término
previsto para recurrir [parágrafo 2] y se concederá en el efecto suspensivo. De
conformidad con el literal g) del artículo 125 ibidem8, el conocimiento del recurso de
apelación será competencia de la Sala o Subsección.
58. Lo anterior significa que, cuando el juez libra dicha providencia en la forma
pedida por el ejecutante, la decisión no será apelable, mientras que si de los
cálculos concluye que la obligación es menor o que no se deben incluir aspectos
que no fueron ordenados en el título de recaudo, pero sí fueron solicitados o,
simplemente, que no hay lugar a librarlo [por citar un ejemplo], lo negará total o
parcialmente, según el caso y procederá el recurso de apelación.
59. En línea con lo anterior, si el mandamiento de pago se niega total o parcialmente
la competencia radica en la Sala, Sección o Subsección al tenor del literal g) del
numeral segundo del artículo 125 del CPACA, modificado por el artículo 20 de la Ley
2080 de 2021, de cuyo tenor literal se extrae que será competencia de las salas,
7 Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de septiembre de 2021, radicación 17001-23-33-
000-2018-00112-01 (6127-19).
8 «Artículo 125. De la expedición de providencias. [...] 2. Las salas, secciones y subsecciones
dictarán las sentencias y las siguientes providencias: [...] g) Las enunciadas en los numerales 1 a 3
del artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación contra
estas». [se resalta]
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secciones y subsecciones expedir los autos enunciados «en los numerales 1 a 3 y 6 del
artículo 243 cuando se profieran en primera instancia o decidan el recurso de apelación
contra estas».
60.Por el contrario, si el mandamiento ejecutivo se libra en la forma pedida, se
deberá acudir a la regla prevista en el numeral 3 del artículo 125 del CPACA, esto
es que «será competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias
interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelve
el recurso de queja».
61. Es del caso precisar que, si bien es cierto que el artículo 298 ibidem estableció
que vencidos los términos previstos en el artículo 192 del código, sin que se haya
cumplido la condena impuesta, «el juez o magistrado competente» adoptará la
decisión inicial, también lo es que se refiere al escenario en que se debe librar el
mandamiento ejecutivo, pero no es un referente normativo para determinar la
competencia de la Sala o el ponente, en razón a que no enunció expresamente las
3 alternativas que pueden ocurrir en esta etapa procesal: librarlo, no librarlo o librarlo
parcialmente.
62. En efecto, la norma citada (i) se refirió al magistrado competente, no al
magistrado ponente; y (ii) incluye el adjetivo competente para referirse al
conocimiento por factor de conexidad y las reglas que deben seguirse para iniciar
el proceso ejecutivo.
63. Ciertamente, la lectura armónica de cada una de las expresiones del artículo
298 citado conllevan a concluir que en este no se determinó la competencia para
proferir el mandamiento ejecutivo, sino las reglas que debe seguir el magistrado
competente por el factor de conexidad. En ese orden de ideas, comoquiera que en
el CPACA se fijó una regla explícita para aquellos autos que lo nieguen total o
parcialmente, es esta la que debe atenderse.
64. Ahora bien, cuando se trata de ejecución de sentencias judiciales, dentro de los
10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, la entidad
únicamente podrá proponer las excepciones previstas en el artículo 442 del CGP y
«su prosperidad pende, de que dichas circunstancias se hubiesen presentado con
posterioridad a la existencia de la providencia judicial constitutiva del título9»10. Estas son:
«Artículo 442. Excepciones. La formulación de excepciones se someterá a
las siguientes reglas:
9 Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado, Sentencia del 27 de julio de 2005,
Expediente 23.565, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Criterio reiterado por la misma sección, en el
auto del 30 de enero de 2008, Expediente 30.240, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y por la Subsección
“C”, en la Sentencia del 7 de febrero de 2011, Expediente 35.822, C.P. Jaime Orlando Santofimio
Gamboa.
10 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
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[...] 2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una
providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función
jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago,
compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o
transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva
providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación
o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida.» [se resalta]
65. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia señaló11: «[...] legislador ha querido que
cuando el «título ejecutivo» sea una «providencia judicial» que haya condenado a alguna
de las partes o en la que fue provocada la terminación del litigio por conciliación o
transacción, las excepciones están limitadas a la lista taxativa que fue referida en el párrafo
precedente, con el propósito de evitar dilaciones injustificadas en la materialización del
derecho sustancial reconocido.»
66. Estas excepciones tienen como único objeto desvirtuar o enervar las
pretensiones de la demanda y, de conformidad con el artículo 442 transcrito, solo
podrán ser alegadas cuando se trate de hechos posteriores al título de recaudo,
pero antes de que se profiera el mandamiento ejecutivo, pues con posterioridad a
este, en caso de expedirse un acto administrativo que lo acate, se comprenderá que
se trató del cumplimiento de la orden impartida en aquel, en razón a que el artículo
431 del CPACA prevé que, cuando se trata de sumas de dinero, «se ordenará su
pago en el término de cinco (5) días, con los intereses desde que se hicieron exigibles hasta
la cancelación de la deuda».
67. Por ello, al momento de «contestar la demanda», la entidad ejecutada podrá optar
por lo siguiente: (i) guardar silencio; (ii) contestar la demanda y no proponer
excepciones; (iii) proponer excepciones de aquellas previstas en el artículo 442 y
otras que no lo estén; (iv) proponer exclusivamente las excepciones de ese mismo
artículo. La etapa subsiguiente, dependerá de la actuación de la ejecutada.
68. En primer lugar, si la entidad decide guardar silencio o no proponer excepciones
oportunamente, el juez ordenará «por auto que no admite recurso», el remate y el
avalúo de los bienes embargados y de los que posteriormente se embarguen, si
fuere el caso, o seguir adelante con la ejecución para el cumplimiento de las
obligaciones determinadas en el mandamiento ejecutivo, practicar la liquidación del
crédito y condenar en costas al ejecutado; así lo prevé el artículo 440 del CGP.
69.En segundo lugar, si la entidad propone las excepciones previstas en el artículo
442, pero también otras que no lo están, procederá lo siguiente: (i) se rechazarán
de plano las excepciones improcedentes12 mediante auto [de ponente] que será
11 Sentencia proferida el 18 de enero de 2018, STC136-2018, radicación 11001-22-10-000-2017-
00806-01.
12 Al respecto, consultar: Rodríguez Tamayo. La acción ejecutiva ante la jurisdicción administrativa.
6ª Ed., 2021, pág. 782.
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apelable, de conformidad con el numeral 4 del artículo 321 del CGP13; (ii) se correrá
traslado de las excepciones que sí estén contenidas en el artículo 442 para que el
ejecutante «se pronuncie sobre ellas, y adjunte o pida las pruebas que pretende hacer
valer»; y (iii) se proferirá la sentencia.
70.Y, en tercer lugar, si la ejecutada propone exclusivamente una o varias
excepciones señaladas por el artículo 442 citado, se procederá de la misma manera
que el punto (iii) del párrafo anterior, es decir, se dictará la sentencia.
71. Por un lado, si la sentencia de excepciones es totalmente favorable al
demandado se dará por terminado el proceso y se ordenará el desembargo de los
bienes; por el otro, si las excepciones «no prosperan o prosperan parcialmente», «en la
sentencia se ordenará seguir adelante la ejecución en la forma que corresponda».
72. Esta –la orden de seguir adelante con la ejecución– se puede impartir mediante
auto o sentencia. En el primer caso, procederá cuando no se propongan las
excepciones indicadas por el artículo 442 del CGP y contra la decisión no procederá
recurso alguno, mientras que la sentencia que resuelva las que sí son procedentes,
expedida por la sala, sección o subsección, será susceptible del recurso de
apelación, de conformidad con los artículos 125 y 243 del CPACA.
73. Ciertamente, lo anterior fue previsto también por el CGP al regular la liquidación
del crédito cuando estableció que «[e]jecutoriado el auto que ordene seguir adelante la
ejecución o notificada la sentencia que resuelve sobre las excepciones siempre que no sea
totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar la liquidación
del crédito con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación [...]», e, igualmente, por el parágrafo del artículo 298 del CPACA, según
el cual «[l]os defectos formales del título ejecutivo podrán declararse por el juez de oficio
en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso».
74. En este punto, es preciso señalar que, cuando se trate de recursos de apelación
presentados contra sentencias en vigencia de la Ley 2080 de 2021, el trámite de la
segunda instancia deberá ser adelantado conforme con los mandatos del CPACA,
pues así lo interpretó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en el auto de
unificación proferido el 12 de septiembre de 202314, en el cual se fijó la siguiente
regla: «PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA, estableciendo que el régimen aplicable
para la procedencia y trámite del recurso de apelación interpuesto en vigencia de la Ley
2080 de 2021 contra una sentencia proferida en un proceso ejecutivo es el previsto en el
artículo 247 del CPACA. Esta regla no se hace extensiva a la ejecución en materia de
contratos de que trata el artículo 299 ibidem.»
13 «Artículo 321. [...] También son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia:
[...] 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las
excepciones de mérito en el proceso ejecutivo.» [se resalta]
14 Radicación 11001-03-15-000-2023-00857-00.
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2.4. Análisis de la Sala
2.4.1. Sobre la apelación adhesiva presentada por la parte ejecutante
75. En el recurso presentado por la parte ejecutante se argumentó que (i) la cuantía
de la demanda ejecutiva fue inferior a 1500 smlmv15; (ii) no se corrió traslado de los
reparos de las entidades en sede de apelación; (iii) se debía adelantar el control de
legalidad de las apelaciones y, al hacerlo, rechazar o declarar inadmisibles los
recursos; (iv) de acuerdo con el artículo 152.7 del CPACA, el proceso ejecutivo «que
se tramite ante Tribunales Administrativos a menos que sobrepase cierta cuantía (1.500
smlmv) [era] de única instancia», como en el sub examine. Además, si bien el
conocimiento correspondió por conexidad a dicha corporación, ello no implicaba que
se debiera inaplicar o ignorar la consecuencia de la cuantía.
76. La Sala se abstendrá de resolver estos argumentos, en razón a que ya fueron
objeto de pronunciamiento en esta instancia. Ciertamente, contra el auto dictado el
5 de febrero de 2021 –que admitió los recursos de apelación– la parte ejecutante,
en sede de reposición, planteó idénticos argumentos que fueron resueltos
desfavorablemente en proveído del 14 de junio de 2022.
77. Ahora, en la apelación también se solicitó que se complementara el
mandamiento ejecutivo en el sentido de que, sobre la indemnización de perjuicios
compensatorios por «no-reintegro», se generaran intereses «comerciales moratorios»
desde su causación hasta el pago o, en subsidio, la indexación hasta la ejecutoria
y en adelante intereses de la misma naturaleza.
78.Al respecto, en el mandamiento ejecutivo, el a quo decidió librarlo en la forma
pedida, de conformidad con el artículo 430 del Código General del Proceso y, al
momento de dictar la sentencia, se limitó a ordenar «seguir adelante con la ejecución
en los términos del mandamiento de pago de fecha 1º de diciembre de 2014».
79. Así las cosas, en criterio de la Sala, la parte ejecutante no tenía interés para
presentar la apelación adhesiva, en razón a que la decisión accedió a todas las
pretensiones de la demanda. Agrégase que el parágrafo del artículo 322 ibidem
dispuso que la parte podía adherirse al recurso interpuesto por otra de las partes,
«en lo que la providencia apelada le fuere desfavorable», supuesto que no se configura
en el sub examine.
80. A más de ello, es del caso mencionar que si el ejecutante consideraba que se
debía «complementar» el mandamiento ejecutivo, así debió manifestarlo cuando la
providencia se profirió, de manera que la Sala no hará pronunciamiento alguno
frente a la solicitud mencionada.
15 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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2.4.2. Sobre el título ejecutivo simple y complejo
81. El departamento de Santander alegó que el título era complejo y que las actas
de liquidación debieron acusarse en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.
82. El artículo 297 del CPACA estableció qué títulos ejecutivos pueden ser cobrados
ante la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo. En el numeral 1 se refirió a
las sentencias, mediante las cuales se condene a una entidad pública y, en el
numeral 4, a los actos administrativos en los que conste una obligación a cargo de
una autoridad administrativa.
83. Respecto de las primeras [sentencias], debe puntualizarse que la jurisprudencia
ha señalado que la condena puede ser proferida de la siguiente manera:
En abstracto
84. El artículo 172 del Decreto 01 de 1984 [CCA] reguló las condenas en abstracto
y, en el CPACA se mantuvo la disposición. El artículo 193 de este cuerpo normativo,
estableció que las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros
semejantes, impuestas en auto o en sentencia, «cuando su cuantía no hubiere sido
establecida en el proceso, se harán en forma genérica, señalando las bases con arreglo a
las cuales se hará la liquidación incidental»16. En estos casos, se deberá liquidar
mediante incidente que promueve el actor dentro de los 60 días siguientes a la
ejecutoria o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior,
si fuere el caso. Vencido este plazo, caducará el derecho y se rechazará de plano
la liquidación extemporánea.
85. Esta forma de condena es utilizada, en su mayoría, por la Sección Tercera de
esta corporación cuando, a pesar de que se acreditan el daño y los perjuicios, en el
proceso no reposan todas las pruebas documentales que permitan establecer las
sumas exactas. Un ejemplo claro de esta es la condena que se impone al Estado
por el daño antijurídico con ocasión de la aspersión aérea de glifosato17 u otra acción
que cause la pérdida de cultivos; en estos casos, no se determina el monto a pagar
por concepto de lucro cesante, sino que se indican los parámetros que se deben
atender para establecer la cuantía, tales como la edad del cultivo, los gastos propios
de su mantenimiento [fungicidas, plaguicidas, mano de obra], las cosechas, entre
otros. De ese modo, es en el trámite incidental que la parte demandante deberá
demostrar cada uno de los conceptos establecidos en la sentencia y, la decisión
que el juez adopte hará parte de aquella con el fin de que, a través de la acción
ejecutiva, se pueda cobrar coercitivamente la obligación en caso de incumplimiento.
16 Resaltado fuera del original.
17 Se puede consultar, por ejemplo, la sentencia proferida por la Sección Tercera el 14 de julio de
2023, radicación 68001-23-31-000-2009-00064-01 (54752).
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De manera concreta
86. Contrario a lo anterior, la condena en concreto no requiere un trámite incidental
posterior a la sentencia, en razón a que, la obligación impuesta en la sentencia es
determinada o determinable.
87. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil, en concepto del 26 de
septiembre de 199718, puntualizó lo siguiente:
«Las condenas se pronuncian in genere o se dictan en concreto. Las primeras
obedecen al hecho de que en el proceso, aunque aparece acreditada la
existencia del perjuicio o daño, no se halla probada la cuantía o monto de la
indemnización correspondiente. En este tipo de condenas se da una
insuficiencia probatoria sobre el último extremo, que deberá suplirse durante
el trámite posterior.
Las condenas en concreto pueden asumir dos formas, igualmente válidas,
así: a) La sentencia fija un monto determinado por concepto de perjuicios; por
ejemplo, la condena a pagar $ 1’000.000,oo; y b) la sentencia no fija suma
determinada, pero la hace determinable, bien porque en la misma se dan en
forma precisa o inequívoca los factores para esa determinación, de tal manera
que su aplicación no requiere de un procedimiento judicial subsiguiente, con
debate probatorio para el efecto; o bien, porque los elementos para esa
determinación están fijados en la Ley, tal como sucede con los salarios y
prestaciones sociales dejados de devengar por un funcionario o empleado
público durante el tiempo que estuvo por fuera del servicio.
En otras palabras, la Administración cumple las sentencias, las ejecuta dice
la norma (artículo 176 del C.C.A.), una vez estén ejecutoriadas (artículo 174
ibídem). Pero ese cumplimiento se entiende solo cuando contengan una
condena en concreto, en las dos hipótesis explicadas; o cuando se haya
cumplido el procedimiento de liquidación y el auto correspondiente esté
ejecutoriado (Condena in genere).
En estos eventos, como lo dispone el mismo código administrativo, la
administración deberá adoptar las medidas necesarias para su cumplimiento
y es aquí donde la administración para acatar la sentencia deberá hacer las
operaciones aritméticas, aplicando los factores que no requieren prueba por
ser de orden legal, para determinar la cuantía de la indemnización.
En materia laboral no procede, en principio, la condena “in abstracto”, toda
vez que en la Ley y en los reglamentos están dados los elementos para su
liquidación. Sería procedimiento inútil, dilatorio e ilegal que tuviera que
hacerse condena “in genere”, para luego, por una liquidación incidental dentro
del proceso mismo, determinar el valor de una condena por salarios y
prestaciones y demás derechos sociales, cuando estos presupuestos están
de forzosa e ineludiblemente señalados por la Ley.» [sic] [se resalta]
18 Radicación 369.
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88. Criterio que también ha sido prohijado por esta Sección, por ejemplo, en las
sentencias del 22 de octubre de 200919 y 28 de septiembre de 202320, así como en
los autos del 10 de febrero de 201621, 26 de abril de 201822, 14 de marzo23 y 25 de
noviembre de 201924
89. De igual forma, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que «resulta deseable
y de la mayor conveniencia que las sentencias laborales condenen por una cifra y exacta,
el hecho de que en algunas ocasiones su cuantificación haga necesaria la realización de
algunas operaciones matemáticas para efectos de concretarla no es óbice para que se
califique la providencia de abstracta e imprecisa, siempre que los parámetros para la
liquidación aparezcan claramente determinados e identificados en el fallo respectivo» [se
resalta].
90. En ese hilo de comprensión, aunque en la mayoría de las sentencias que
resuelven conflictos laborales no se indica de manera expresa el monto de la suma
adeudada por la entidad, lo cierto es que, para el cumplimiento de la obligación, la
entidad deberá realizar las operaciones aritméticas a partir de las normas aplicables
a la situación jurídica del acreedor y, además, de las pruebas que reposen en el
expediente.
91. Si eso es así, debe comprenderse, entonces, que (i) cuando se trata de
condenas en concreto, el título ejecutivo se encuentra única y exclusivamente en
la sentencia porque se indica expresamente el monto adeudado o porque se dan
los parámetros para determinarlo; y (ii) cuando son en abstracto, aquel estará
compuesto, adicionalmente, por el auto que resuelve la liquidación, en razón a que
esta providencia únicamente plasma la cuantía de la obligación.
92. También se llega a esa conclusión si se parte de una interpretación literal del
artículo 297 del CPACA, pues allí se dispuso que serían títulos ejecutivos las
sentencias, sin establecer alguna condición adicional como, por ejemplo, la
existencia de un acto administrativo posterior que dé cumplimiento a la obligación,
máxime, se insiste, si en los asuntos laborales la cuantía es determinable.
93. A pesar de la claridad de la norma, se suscitaron debates sobre la naturaleza
del título cuando se trata de condenas impuestas al Estado a través de una
sentencia o conciliación, es decir, si es simple o complejo. Por un lado, se propuso
la tesis consistente en que el título no solo estaba compuesto por la sentencia, sino
también por el acto administrativo de cumplimiento e, incluso, por la liquidación
realizada por la entidad deudora cuando la obligación no se cumpliera totalmente y,
19 Radicación 68001-23-15-000-2000-01966-01 (2770-08).
20 Radicación 05001-23-33-000-2017-00486-01 (4772-2019).
21 Radicación 25000-23-25-000-2007-00809-02.
22 Radicación 66001-23-31-000-2011-00293-02 (3313-17).
23 Radicación: 66001-23-31-000-2011-00124-02 (4212-17).
24 Radicación: 25000-23-42-000-2014-00291-02 (1997-17).
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por el otro, que la obligación consta en la sentencia y no se requiere de un
documento adicional. Así se evidencia en las siguientes providencias:
Condena impuesta al Estado en una sentencia o conciliación de naturaleza laboral
Tesis 1: el título está conformado por la sentencia Tesis 2: el título está conformado
y el acto administrativo de cumplimiento parcial de únicamente por la sentencia
la obligación (título complejo) (título simple)
17/03/2014 (0545-14)25
7/04/2016 (0957-15)26
8/09/2017 (3846-2013)27
28/03/2019 (6375-18) 28
11/04/2019 (2907-17)29
25/04/2019 (5379-18)30
2/05/2019 (3892-18)31
30/05/2019 (2037-19)32
9/11/2023 (2369-2023)33
94. Cuando se pretende el cumplimiento de una obligación a cargo del Estado, el
título ejecutivo se constituye exclusivamente en la sentencia, no solo porque el
artículo 297 del CPACA no condicionó su integración con el acto administrativo de
cumplimiento, sino además porque no se cumple con los requisitos para que pueda
ser catalogado como título complejo, pues no existe una relación inescindible entre
estos para determinar su claridad y exigibilidad.
95. Es así porque la sentencia hizo tránsito a cosa juzgada y, aun sin la existencia
del acto expedido por la entidad deudora, la obligación puede cobrarse
25 Radicación 11001-03-25-000-2014-00147-00.
26 Radicación 68001-23-31-000-2002-01616-01.
27 Radicación 68001-23-33-000-2013-00529-01.
28 Radicación 25000-23-42-000-2017-01173-01.
29 Radicación 05001-23-33-000-2016-02362-01: «[e]n cuanto a cuáles son los documentos que
constituyen título ejecutivo, para efectos del ordenamiento procesal de la jurisdicción contencioso-
administrativa, el artículo 297 del CPACA señala que como tal se consideran, entre otros, las
«sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso-
administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias».
Sin embargo, la hermenéutica desarrollada en torno a la naturaleza de este tipo de título ejecutivo
no ha sido uniforme, puesto que, mientras una parte de esta Corporación ha entendido que el título
es complejo cuando la Administración profiere un acto administrativo para cumplir la sentencia,
recientes pronunciamientos se han apartado de dicha idea, para sostener que el título es simple y
está contenido autónomamente en la providencia judicial.»
30 Radicación 25000-23-42-000-2016-05124-01 (5379-18).
31 Radicación 25000-23-42-000-2017-03292-01 (3892-18).
32 Radicación 05001-23-33-000-2018-02037-01: «[...] por regla general, en los procesos ejecutivos
que se promueven con fundamento en las providencias judiciales, el título ejecutivo es complejo y
está conformado por la providencia y el acto que expide la administración para cumplirla. En ese
caso, el proceso ejecutivo se inicia porque la sentencia se acató de manera imperfecta. Por
excepción, el título ejecutivo es simple y se integra únicamente por la sentencia, cuando, por ejemplo,
la administración no ha proferido el acto para acatar la decisión del juez. [...] en este caso la
demandante inició el trámite ejecutivo porque considera que las sentencias se acataron de manera
imperfecta, de manera que se encuentra que el presente título ejecutivo es complejo y está
compuesto por las providencias judiciales, el acto administrativo que expidió la entidad para efecto
de cumplirlas y la liquidación que sustentó la última decisión.».
33 Radicación: 25000-23-42-000-2019-00145-01.
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coercitivamente a través de la acción ejecutiva. En caso contrario, si existe un acto
administrativo, nada impide que el juez ─en ejercicio de las facultades previstas en
el artículo 430 del CGP─ lo tenga en cuenta para verificar las sumas pedidas y si
debe o no librarse mandamiento ejecutivo, pero ello no significa que este sea
indispensable para determinar los requisitos formales y sustanciales del título o que
constituya una unidad jurídica con la providencia.
96. A más de lo anterior, debe comprenderse que el acto administrativo expedido
para dar cumplimiento a la sentencia es de ejecución y la decisión allí establecida
únicamente materializa las órdenes impuestas en la providencia judicial a través de
operaciones aritméticas que se aplican al tenor de las normas que rigen el caso.
Esto ocurre, por ejemplo, cuando se ordena (i) el pago de salarios y prestaciones
sociales que están regidos en leyes o decretos; o (ii) la reliquidación de una pensión:
la orden contiene, entre otros, el periodo a tener en cuenta, la tasa de reemplazo,
los factores que se deben incluir y el régimen que se debe aplicar, luego entonces
el deber de la entidad se circunscribe a determinar el monto de la mesada pensional
y reconocer el retroactivo, su indexación y los intereses moratorios causados por la
demora en el pago, pero nada más.
97. Incluso, el acto administrativo no puede hacer parte del título ejecutivo, en razón
a que es este el medio de defensa de la entidad para invocar la extinción de la
obligación a través de la excepción de pago. Solo con este y la liquidación que
realice se puede enervar la pretensión.
98. En definitiva, contrario a lo sostenido por la entidad demandada, para iniciar la
acción ejecutiva, el acreedor debe aportar como título ejecutivo únicamente la
sentencia que contiene la obligación clara, expresa y exigible. Ello, sin dejar de lado
que, aunque no hacen parte del título los demás documentos que permiten
establecer el quantum de la obligación como los actos o los certificados de factores
salariales cuando se trata de una liquidación de pensiones, en cumplimiento del
deber de lealtad procesal y de las cargas impuestas por los artículos 103 del
CPACA, 167 del CGP y 1757 del Código Civil, la parte ejecutante debe allegarlos
con el fin de que el juez verifique la procedencia o no de librar el mandamiento
ejecutivo.
99. De otro lado, es importante señalar que, cuando la parte ejecutante cuestiona
la cuantía reconocida por la entidad condenada, la acción procedente es la
ejecutiva, en razón a que es en esta que el juez examina si los valores pagados son
correctos o no. En el caso bajo examen, la Sala no observa que se cuestione asunto
distinto de las operaciones aritméticas, de manera que a través de esta la ejecutante
podía reclamar las sumas que consideraba adeudadas.
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2.4.3. Sobre el reintegro, su renuncia y el pago de la indemnización
compensatoria
100. La Contraloría de Santander alegó que Yaneth Reina, en 3 oportunidades,
renunció voluntariamente al reintegro ordenado en el título ejecutivo. Por esta razón,
no procedía el pago de los salarios y prestaciones desde el momento de la
liquidación efectuada por la entidad, los intereses y tampoco la indemnización que
fue calculada hasta la edad de retiro forzoso. Ello, sumado a que en aquel [el título]
ninguna orden se impuso al respecto.
101. Pues bien, en la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander
el 31 de marzo de 200834 [ejecutoriada el 16 de abril de 2008] se resolvió:
«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, se ORDENA AL DEPARTAMENTO DE
SANTANDER – CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL, REINTEGRAR a la
señora YANETH REINA, al cargo de REVISOR 550 de la planta de personal de
la Contraloría Departamental de Santander manteniendo sus derechos de
carrera, y PAGARLE, debidamente indexados, los sueldos, prestaciones
sociales, emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir desde
su desvinculación laboral hasta su efectivo reintegro, debiendo descontarse de
dicha suma, también debidamente indexado, el monto de la indemnización que
se le pagó por la supresión del cargo que desempeñaba, así como también el
monto de los demás conceptos laborales pagados con ocasión de la supresión.
TERCERO: DECLÁRESE, para todos los efectos legales, que no ha existido
solución de continuidad en la prestación de los servicios por parte de YANETH
REINA, ni se cambia la naturaleza jurídica de empleada de carrera que ostentaba
al momento de ser desvinculada de la planta de personal de la CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DE SANTANDER.
[...]
QUINTO: La entidad demandada dará cumplimiento a la sentencia en los
términos previstos en los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.»
102. El 21 de agosto de 2009 la demandante radicó escrito en los siguientes
términos35:
«1. Procurar que se concrete la transacción con la Contraloría y el Departamento
de Santander, que permita que mi representada a cambio de renunciar a su
derecho al reintegro laboral que ya se dispuso en sentencia, obtenga
desistimiento del recurso de reposición y eventual queja contra la denegación de
su apelación, y el pago inmediato de la indemnización correspondiente hasta la
fecha en que se suscriba el acuerdo transaccional, como si se hubiera laborado
sin solución de continuidad hasta esa fecha [...].
34 Folio 10.
35 Folio 28.
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103. El 29 de abril de 201036 radicó otro escrito en el que solicitó el cumplimiento de
la sentencia.
104. En escrito del 6 de julio de 201137 el apoderado de la ejecutante manifestó lo
siguiente:
[...] para facilitar que se proceda al pronto acatamiento al fallo judicial manifiesto
que mi representada Señora YANETH REINA renuncia a su derecho al
reintegro laboral y al pago del 20% de los intereses moratorios que
conforme al Artículo 177 C.C.A. se están causando a su favor, con fecha de
corte para la indemnización y los intereses a julio 31 de 2011 como paso a
expresar. La renuncia al reintegro y la condonación del 20% de los intereses a la
fecha mencionada queda condicionada expresamente a que se acogiere
integralmente esta propuesta dentro del término para resolver derecho de
petición y el desembolso efectivo se haga antes de julio 31 de 2011.»
105. En Resolución 00572 del 8 de julio de 201138 expedida por el contralor general
de Santander se consideró y resolvió:
«[...] 6. Que el 6 de julio el apoderado de YANETH REINA radicó escrito en el
cual manifiesta que la demandante desiste del reintegro judicial ordenado,
supeditando dicha decisión a que el pago de la indemnización se le efectúe antes
del 31 de julio de 2011.
7. Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley 1416 del 24 de Noviembre de
2010, en desarrollo del fortalecimiento, garantía y salvaguarda del control fiscal
territorial, las entidades territoriales correspondientes, asumirán de manera
directa y con cargo a su presupuesto el pago de las conciliaciones, condenas,
indemnizaciones y cualquier otra forma de resolución de conflictos de las
Contralorías, sin que esto afecte el límite de gastos del funcionamiento en la
respectiva Contraloría Territorial.
[...]
RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de hacer efectivo el reintegro de la señora
YANETH REINA [...], de conformidad con la manifestación voluntaria efectuada
en escrito radicado el 6 de julio de 2011.
ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar la presente decisión al Representante legal
del Departamento de Santander, [...] a fin de que ordene a quien corresponda, la
realización de todos los actos, acciones y actuaciones encaminadas a dar
cumplimiento a la condena proferida en contra de la entidad territorial el 31 de
marzo de 2008, por el Tribunal Administrativo de Santander, en cuanto al aspecto
patrimonial de la misma a favor de YANETH REINA.
ARTÍCULO TERCERO: Realizar a través de la Oficina de presupuesto de la
Contraloría General de Santander la liquidación de los salarios, prestaciones
36 Folio 29.
37 Folio 33.
38 Folio 154.
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sociales, primas, bonificaciones y demás emolumentos que dejo de percibir
durante su desvinculación del empleo como REVISOR 550 la señora YANETH
REINA, hasta la fecha de este acto administrativo ejecutivo o de cumplimiento.»
106. El 23 de septiembre de 201139 Yaneth Reina y su apoderado presentaron otro
escrito, en el cual se consignó:
«[...] conforme al proceso con Radicación 2000-1175 en el que se profirió
Sentencia condenatoria que está en firme desde abril 16 de 2008 y se encuentra
para iniciar cobo ejecutivo, para facilitar que se proceda al pronto acatamiento al
fallo judicial manifiesto que mi representada: Señora YANETH REINA renuncia
a su derecho al reintegro laboral y al pago del 40% de los intereses moratorios
que conforme al Artículo 177 del C.C.A. se están causando a su favor, con fecha
de corte para la indemnización y los intereses a octubre 15 de 2011 como paso
a expresar. La renuncia al reintegro y la condonación del 20% de los
intereses a la fecha mencionada queda condicionada expresamente a que
se acogiere integralmente esta propuesta dentro del término para resolver
derecho de petición y el desembolso efectivo se haga antes de octubre 15
de 2011.
Sea del caso anotar que el más reciente requerimiento de pago de la condena
referida lo radicamos ante Ustedes en junio 23 de 2011 con indicación sobre la
cuenta para el pago.»
107. El 29 de septiembre de 201140 la demandante y su apoderado radicaron otro
escrito que contenía:
«[...] para facilitar que se proceda al pronto acatamiento al fallo judicial manifiesto
que mi representada: Señora YANETH REINA renuncia a su derecho al reintegro
laboral y al pago del 40% de los intereses moratorios que conforme al
Artículo. 177 C.C.A. se están causando a su favor con fecha de corte para la
indemnización y los intereses a octubre 23 de 2011 como paso a expresar. La
renuncia al reintegro y la condonación del porcentaje de los intereses a la fecha
mencionada queda condicionada expresamente a que se acogiere integralmente
esta propuesta dentro del término para resolver derecho de petición y el
desembolso efectivo se haga a más tardar en octubre 23 de 2011 por
consignación en cuenta de ahorros [...], teniendo en consideración que pagos
parciales se imputarán en primer lugar a intereses (Art. 1653 C.C.) e invalidarán
la renuncia propuesta.»
108. Luego, mediante Resolución 16768 del 13 de octubre de 2011 expedida por el
secretario general del departamento de Santander41 se resolvió pagar la suma de
$256.995.156 «por concepto de salarios y prestaciones sociales indexados, e intereses
por el periodo comprendido del 4 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2011, en
cumplimiento de la condena expuesta [...]». Para tal efecto, consideró:
«7.- Que mediante escrito de fecha 23 de septiembre de 2011, la señora
YANETH REINA junto con su apoderado doctor IGNACIO ANDRES
39 Folio 34.
40 Folio 35.
41 Folio 36.
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Demandante: Yaneth Reina
BOHÓRQUEZ BORDA manifiesta su renuncia al reintegro laboral y al pago del
40% de los intereses moratorios causados a su favor.
8.- Que existe liquidación del salarios y prestaciones sociales indexados e
intereses a favor de la señora YANETH REINA, debidamente elaborada por el
señor NESTOR JESUS DIAZ CASTRILLON, [...], por el periodo comprendido del
4 de enero de 2000 al 30 de septiembre de 2011.»
109. Según el comprobante de egreso 00000011725 del 20 de octubre de 2011 42 a
la demandante se le pagó la suma de $256.995.156. Asimismo se adjuntó el cheque
que demostraba la entrega del dinero43.
110. Contra la anterior decisión la ejecutante presentó recurso de apelación44, el cual
fue resuelto favorablemente a través de la Resolución 018016 del 8 de noviembre
de 201145 ─expedida por el secretario general del departamento de Santander─ en
el sentido de reconocer una suma adicional de $18.838.097 por concepto de
salarios, prestaciones sociales e intereses correspondientes al año 2009, los cuales
no fueron incluidos en la sumatoria de pagos mencionados en la Resolución 16768
del 13 de octubre de 2011. Con el comprobante de egreso 0000013113 del 16 de
noviembre de 201146 y el cheque47 se demostró el pago.
111. De lo expuesto se extrae que en la sentencia se impusieron 2 obligaciones: de
hacer y pagar sumas de dinero. Frente a la primera, se demostró que el 6 de julio,
23 y 29 de septiembre de 2011 la ejecutante manifestó expresamente que
renunciaba al reintegro, así como al pago del 40% de los intereses moratorios,
siempre que el desembolso se hiciera a más tardar el 23 de octubre de 2011 [según
el último escrito].
112. Como consecuencia de esas manifestaciones, el 13 de octubre de 2011 la
entidad ordenó el pago de $256.995.156, el cual se materializó el 23 de octubre de
2011, es decir, dentro del plazo otorgado.
113. No pasa por alto la Sala que en el último escrito radicado la actora manifestó
que los pagos parciales invalidarían la renuncia y que contra el acto que dio
cumplimiento a la obligación se presentó recurso de apelación; sin embargo, para
la Sala, la manifestación de renuncia debía conservarse, comoquiera que la entidad
─al resolverlo─ ordenó el pago de la suma solicitada que se materializó tan solo 25
días después del primer pago.
114. Además, los pagos parciales a los que aludió la parte actora en su escrito de
renuncia debían interpretarse como la omisión de pagar parte de los conceptos de
42 Folio 162.
43 Folio 163.
44 Folio 41.
45 Folio 44.
46 Folio 172.
47 Folio 173.
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la sentencia objeto de recaudo y, en el caso, lo ocurrido se circunscribió a un error
de cálculo que después fue subsanado, pues en la primera liquidación se observa
que la entidad efectuó las operaciones aritméticas de los salarios, prestaciones
sociales, cesantías e intereses desde el año 2000 a 2011, cuando se hizo el
desembolso.
115. Así las cosas, no puede comprenderse que un error de cálculo invalide la
manifestación libre, espontánea, expresa y voluntaria de renunciar al reintegro y al
pago de la condena [40% de intereses], máxime si se tiene en cuenta que desde el
primer escrito presentado manifestó que su intención era obtener el «pronto
acatamiento al fallo judicial»48 que es propia de una remisión o condonación.
116. La figura en mención opera cuando el acreedor, por iniciativa propia, renuncia
total o parcialmente a la deuda y, por consiguiente, libera al deudor del cumplimiento
de la obligación.
117. En otros términos, ocurre cuando «el acreedor perdona o condona la deuda o
concede una rebaja (quita), sea del principal, sea de complementos: intereses, frutos,
indemnizaciones, gastos, sea de una parte, o de una o varias cuotas, prescinde del interés
consiguiente, de ordinario patrimonial»49. Agrégase a lo anterior que50:
«Es un acto de autonomía privada, rectius, negocio jurídico, con eficacia
extintiva. De lo primero se sigue que demanda en quien lo ejecuta (el acreedor)
capacidad y poder de disposición, y si lo hace por intermediario, la legitimación
adecuada de este; y en cuanto al crédito mismo (objeto), que sea renunciable,
que todos lo son. Así mismo, que puede ser anulable por vicio de la voluntad del
remitente. De más está anotar que toda remisión tiene una razón de ser cierta,
concreta: el acreedor condona, en todo o en parte, la deuda, en razón de algo:
con un propósito: liberalidad, magnanimidad, promoción de bienes o servicios,
ostentación, interés de obtener algo prontamente, eliminar riesgos de
insolvencia, etc., sin necesidad de expresarlo.
[...] El hecho es que, al margen de la razón de ser del acto concreto de remisión,
en la remisión como figura iuris van envueltas una renuncia de parte del
acreedor, que le implica una pérdida del derecho de crédito (así sea, como en
oportunidades se dice de la renuncia en materia de transacción, de pretensiones
o de ilusiones) y la liberación del deudor, en fuerza de la extinción de la obligación
que comporta el fenómeno. Y que, por lo mismo, la remisión extingue la deuda,
independientemente de si se hizo con ánimo de beneficencia, por simple
gratuidad o interesadamente» [se resalta].
118. En ese orden, la Sala considera que la actora renunció libre y voluntariamente
a la obligación de reintegro y, por lo tanto, debía declararse probada la excepción
de remisión o condonación prevista en el artículo 442 del Código General del
Proceso; sin embargo, comoquiera que el a quo no examinó las documentales antes
48 Folio 33.
49 Óp. Cit. 19. Pág. 755.
50 Ibidem.
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mencionadas y, en su lugar, optó por seguir adelante con la ejecución por lo
solicitado, será en esta instancia que así se disponga.
119. Igualmente, en lo que corresponde al pago de la indemnización compensatoria,
en los escritos se citaron los artículos 189 del CPACA y 44 de la Ley 909 de 2004
para sustentar que se debía pagar. Respecto del primero, ha de señalarse que la
Ley 1437 de 2011 entró en vigencia el 2 de julio de 2012, de manera que no era
aplicable al caso, en tanto no fue la norma que rigió el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y tampoco estaba vigente al momento de la renuncia
al reintegro [2011].
120. En cuanto al segundo [art. 44 de la Ley 909 de 2004], estableció que los
empleados públicos de carrera administrativa a quienes se les suprimieran los
cargos por liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades,
organismos o dependencias tenían derecho a recibir una indemnización. En este
caso, la indemnización fue pagada por la entidad al momento del retiro [año 2000]
y, comoquiera que renunció al reintegro en el año 2011, no hay lugar al pago de lo
solicitado.
121. Aunado a lo anterior, el a quo anotó que la indemnización tenía sustento en los
artículos 426, 428 y 437 del Código General del Proceso que reprodujeron los
artículos 495 y 504 del Código de Procedimiento Civil. El tenor literal de dichas
normas es el siguiente:
«Artículo 426. Ejecución por obligación de dar o hacer. Si la obligación es de
dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el demandante
podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a los
perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la
entrega se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no
figura en el título ejecutivo.
De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide
perjuicios por la demora en la ejecución del hecho.
[...] Artículo 428. Ejecución por perjuicios. El acreedor podrá demandar desde
un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de
bienes de género distintos de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un
hecho, estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título
ejecutivo, en una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual,
para que se siga la ejecución por suma líquida de dinero.
Cuando el demandante pretenda que la ejecución prosiga por perjuicios
compensatorios en caso de que el deudor no cumpla la obligación en la forma
ordenada en el mandamiento ejecutivo deberá solicitarlo subsidiariamente en la
demanda, tal como se dispone en el inciso anterior.
Si no se pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del término
señalado, se declarará terminado el proceso por auto que no admite apelación.
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[...] Artículo 437. Ejecución subsidiaria por perjuicios. Cuando la demanda se
formule de acuerdo con lo previsto en el inciso 2o del artículo 428, el auto
ejecutivo deberá contener:
1. La orden de que se cumpla la obligación en la forma estipulada y que se
paguen los perjuicios moratorios demandados.
2. La orden subsidiaria de que, en caso de no cumplir oportunamente el
demandado la respectiva obligación, pague la cantidad señalada en el título
ejecutivo o la estimada por el demandante como perjuicios.»
122. Contrario a lo indicado por el a quo, no puede accederse a la indemnización que
pretende la ejecutante, en razón a que no se trató del incumplimiento o renuencia
de la entidad demandada, sino de la renuncia voluntaria y expresa que presentó
Yaneth Reina en julio y septiembre de 2011.
123. Aunado a lo indicado, en un caso de similar contorno, pero en sede de nulidad
y restablecimiento del derecho, esta Subsección consideró que no había lugar al
pago de la indemnización prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004,
comoquiera que la trabajadora renunció al reintegro. Se anotó en esta
oportunidad51:
«Se debe precisar que el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 fue claro al señalar
que, los empleados públicos a quienes se les suprima su empleo de los cuales
sean titulares, tendrán derecho a optar a ser reincorporados a empleos iguales
o equivalentes o a recibir una indemnización, quiere decir que estamos ante una
conjunción disyuntiva «o» en la cual se unen sintagmas que señalan alternativas,
en este caso, el reintegro o la indemnización. Por tal motivo, se insiste, si el
funcionario de carrera administrativa renuncia al reintegro, pierde de manera
automática el derecho a ser indemnizado, por cuanto la ley no propuso una
conjunción copulativa «y» que le brindara la opción de tener las dos alternativas.
Aunado a lo anterior se tiene que el artículo 42 ibídem dispuso que el retiro del
servicio, entre ellas, la renuncia52, implica la separación de la carrera
administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, lo cual sucedió en
el sub-lite cuando el 19 de diciembre de 2012 la señora Blanca Fabiola Linares
Castro renunció al reintegro y fue aceptado por parte de la Contraloría
Departamental de Santander por medio de la Resolución 971 de 19 de diciembre
de 2012 cuando el Contralor General se abstuvo de hacer efectivo su reintegro,
precisamente, por las dimisiones que había presentado.
51 Radicación 68001-23-33-000-2013-01112-02 (4829-15).
52 “(…) ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén
desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce
en los siguientes casos:
(...)
d) Por renuncia regularmente aceptada;
(…)”.
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Esta Corporación en sentencia de 31 de enero de 2019 expresó, en un tema
similar al que ahora nos ocupa, que no existía ningún efecto en la manifestación
voluntaria que hace la demandante de renunciar al reintegro53 [...]:
No obstante, esta posición fue revaluada recientemente por la misma Sala en
sentencia de 26 de noviembre de 2020, al señalar que no es posible efectuar el
pago de la indemnización ante la expresión del beneficiario de no aceptar el
reintegro54:
“(…) De manera que la entidad, si bien es cierto que inicialmente había
dispuesto mediante Resolución 00137 del 15 de febrero de 2012 aceptar y dar
cumplimiento a los fallos proferidos, es decir que iba a reintegrarlo, también lo
es que frente a la expresión de la voluntad del empleado, no tuvo opción distinta
que la de abstenerse de hacerlo efectivo,55 lo que equivale a que aceptó dicha
renuncia, y procedió a reconocer y pagarle al señor Castañeda Rivera, por
medio de Resolución 021159 del 14 de diciembre de 2012, los emolumentos
salariales y prestacionales dejados de percibir por él hasta la fecha del dimisión,
22 de marzo de 2012.
Al respecto, argumenta el actor que su renuncia se produjo por presiones
ejercidas por parte de la Contraloría, entidad que condicionó el pronto pago del
valor de la condena a la efectiva presentación del referido documento; sin
embargo, esta afirmación carece de sustento alguno que ofrezca veracidad,
pues el expediente es desértico de pruebas que permitan inferir que se hayan
dado dichas circunstancias.
Nótese que el señor Castañeda bien pudo expresar tal situación de injerencia
y coacción en el escrito de renuncia, lo cual habría podido ser, eventualmente,
un elemento que permitiera invalidarla, pero antes por el contrario, su
manifestación es simple, clara y rotunda y no deja asomos de duda sobre su
decisión de dimitir.
En este orden de ideas, la renuncia fue válida y surtió plenamente sus efectos,
con las consecuencias que ella produce a la luz de la normatividad vigente a la
fecha que se presentó, que son el retiro del servicio por esta causa, la
separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes
a ella, entre ellos, lógicamente, el de la indemnización por supresión del cargo.
(…)”.
En virtud de lo anterior, la demandante no tiene derecho al reconocimiento y
pago de la indemnización por supresión del cargo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 909 de 200456, como quiera que al haber
53 Consejo de Estado, sentencia de 31 de enero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2014-00294-
02 (4823-15), C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
54 Consejo de Estado, sentencia de 26 de noviembre de 2020, radicado 68001-23-33-000-2013-
00827-02(2274-16), C. P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas.
55 Resolución 0003808 del 22 de marzo de 2012
56 “(…) ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN CASO
DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como
consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o
dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de
personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser
incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible
podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir
indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el
reconocimiento de la indemnización. (…)”. (Lo resaltado en negrilla y subrayado es de la Sala).
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presentado la demandante la renuncia al reintegro, no es posible acceder a tal
reconocimiento, por ende, es evidente que no se vulneró sus derechos de carrera
de los que era titular y, en tales condiciones, la Sala revocará la sentencia del a-
quo que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
denegarlas.»
124. A más de lo anterior, para la Sala resulta desproporcionada la suma reclamada
por la ejecutante, pues la liquidó sobre la base de que «continuaría» en el cargo hasta
la edad de retiro forzoso para establecer un total de $355.438.824, a pesar de que
fue su voluntad no reintegrarse a la entidad.
125. Así las cosas, la Sala concluye que, al haberse extinguido por remisión la
obligación de reintegro, deviene improcedente el pago de la indemnización
compensatoria por el incumplimiento de una obligación a la cual se renunció
voluntariamente y que, a la fecha, es inexistente. En consecuencia, se declarará
probada la excepción de remisión prevista en el artículo 442 del Código General del
Proceso, respecto del reintegro y el 40% de los intereses moratorios.
2.4.4. Sobre el pago de la obligación
126. El departamento y la Contraloría Departamental de Santander alegaron que la
obligación impuesta en la sentencia objeto de recaudo ya se satisfizo, en tanto, con
ocasión de la renuncia al reintegro, se le pagaron los salarios, prestaciones sociales
y los intereses moratorios.
127. Como se anotó anteriormente, el 20 de octubre de 2001 la entidad pagó a
Yaneth Reina la suma de $256.995.156 que comprendía los salarios, prestaciones
sociales, cesantías e intereses, discriminados así:
Concepto Valor
Salarios y prestaciones sociales indexadas a la fecha de ejecutoria $124.936.374
(-) Indemnización indexada que fue pagada en 2000 $4.380.521
(-) Aportes a pensión $3.934.643
Total a la fecha de ejecutoria $116.621.210
Salarios y prestaciones [indexados] hasta el 30/09/2011 $74.193.216
(fecha de liquidación)
Intereses moratorios 60% $66.180.730
Neto a pagar $256.995.156
128. Contra el acto que ordenó el pago de la anterior suma, la solicitante presentó
recurso de apelación, en el cual indicó que el departamento debía, cuando menos,
$328.268.902 para el 30 de septiembre de 2011 y, con los descuentos, debieron
consignar al menos $275.833.252 para una diferencia de $18.838.096. Expresó al
respecto57:
57 Folio 41.
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«En gracia de discusión, debiendo el Departamento al menos $328.268.902 para
septiembre 30 de 2011 conforme a su propia liquidación (que en todo caso está
por debajo de los $353’621.633 a que por lo menos debió llegar según adelante
expondré), descontados los $52.435.650 que en adelante se expresan, los
demandados debieron consignar al menos $275’833.252 pero consignaron
$256.995.156, presentándose una diferencia a favor de la demandante de
$18.838.096 conforme paso a ilustrar:
[...]
En resumen:
1. [...]
2. Las cesantías reconocidas ($29.962.481) no se incluyeron completas en la
sumatoria pues solo se incluyeron: $26.851.639.
3. La sumatoria de los ítems contenidos bajo el título “resumen otros pagos”
comprendida en la liquidación que se anexó a la liquidación es incorrecta
pues tiene un desfase de $18’838.096 y dado lo expresado en el numeral
anterior incluye un valor equivocado (menor) en cuanto a cesantías.
4. Además, debe procederse a ajustar la liquidación de lo causado en cuanto a
salarios, prestaciones, cesantías e intereses a las cesantías, intereses de
mora, etc. para abril 16 de 2008 tomando en cuenta como IPC final el de
marzo de 2008 por aplicación del artículo 177 C.C.A. (de ahí en adelante lo
que se causa son intereses sobre ese capital consolidado, y además montos
equivalentes a nuevos salarios y prestaciones de abril 17 de 2008 en
adelante, con sus respectivos intereses sobre cada ítem mes a mes). De la
cantidad consolidada (capital e intereses) de sumar lo causado a abril 16 de
2008, más las mesadas causadas de ahí en adelante y con sus respectivos
intereses era que se debían realizar los descuentos y el resultado se resta lo
abonado en primero lugar a intereses y el saldo a capital. [...]»
129. Con la Resolución 018016 del 8 de noviembre de 2011 58 ─expedida por el
secretario general del departamento de Santander─ se resolvió reconocer la suma
pedida en el recurso, esto es $18.838.097 por concepto de salarios, prestaciones
sociales e intereses.
130. Ahora, tal como lo señaló la ejecutante en el recurso citado, la entidad tomó
como IPC final 108,01 [base 2008] que corresponde al de agosto de 2011, pero en
los términos del escrito transcrito, el que debía atenderse era el de marzo de 2008
porque en el título se ordenó la indexación hasta la fecha de ejecutoria [16 de abril
de 2008]. Ello significa que la entidad pagó más de lo que debía, pues al aplicarse
uno posterior ─sin duda─ se incrementaba el valor final.
131. Al hacer los cálculos con los salarios y prestaciones de la liquidación de la
entidad [los cuales no fueron objetados], los resultados son los siguientes:
58 Folio 44.
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• Auxilio de transporte y salarios hasta la fecha de ejecutoria
Auxilio de Auxilio + IPC IPC Valor
Mes/año Salario Indexación
transporte salario Inicial final indexado
ene-00 23.772 403.059 426.830 57,74 96,04 283.156 709.986
feb-00 26.413 447.843 474.256 59,07 96,04 296.866 771.122
mar-00 26.413 447.843 474.256 60,08 96,04 283.895 758.151
abr-00 26.413 447.843 474.256 60,68 96,04 276.417 750.673
may-00 26.413 447.843 474.256 60,99 96,04 272.525 746.781
jun-00 26.413 447.843 474.256 60,98 96,04 272.669 746.925
jul-00 26.413 447.843 474.256 60,96 96,04 272.959 747.215
ago-00 26.413 447.843 474.256 61,15 96,04 270.608 744.864
sep-00 26.413 447.843 474.256 61,41 96,04 267.449 741.705
oct-00 26.413 447.843 474.256 61,50 96,04 266.316 740.572
nov-00 26.413 447.843 474.256 61,71 96,04 263.891 738.147
dic-00 26.413 447.843 474.256 61,99 96,04 260.510 734.766
Total 314.315 5.329.332 5.643.646 3.287.261 8.930.908
ene-01 30.000 492.627 522.627 62,64 96,04 278.660 801.287
feb-01 30.000 492.627 522.627 63,83 96,04 263.774 786.401
mar-01 30.000 492.627 522.627 64,77 96,04 252.296 774.923
abr-01 30.000 492.627 522.627 65,51 96,04 243.504 766.131
may-01 30.000 492.627 522.627 65,79 96,04 240.312 762.939
jun-01 30.000 492.627 522.627 65,82 96,04 240.005 762.632
jul-01 30.000 492.627 522.627 65,89 96,04 239.174 761.801
ago-01 30.000 492.627 522.627 66,06 96,04 237.193 759.820
sep-01 30.000 492.627 522.627 66,30 96,04 234.384 757.011
oct-01 30.000 492.627 522.627 66,43 96,04 232.985 755.612
nov-01 30.000 492.627 522.627 66,50 96,04 232.103 754.730
dic-01 30.000 492.627 522.627 66,73 96,04 229.565 752.192
Total 360.000 5.911.524 6.271.524 2.923.953 9.195.477
ene-02 34.000 532.037 566.037 67,26 96,04 242.200 808.237
feb-02 34.000 532.037 566.037 68,11 96,04 232.170 798.207
mar-02 34.000 532.037 566.037 68,59 96,04 226.556 792.593
abr-02 34.000 532.037 566.037 69,22 96,04 219.369 785.406
may-02 34.000 532.037 566.037 69,63 96,04 214.695 780.732
jun-02 34.000 532.037 566.037 69,93 96,04 211.361 777.398
jul-02 34.000 532.037 566.037 69,94 96,04 211.185 777.222
ago-02 34.000 532.037 566.037 70,01 96,04 210.452 776.489
sep-02 34.000 532.037 566.037 70,26 96,04 207.665 773.702
oct-02 34.000 532.037 566.037 70,66 96,04 203.364 769.401
nov-02 34.000 532.037 566.037 71,20 96,04 197.422 763.459
dic-02 34.000 532.037 566.037 71,40 96,04 195.388 761.425
Total 408.000 6.384.444 6.792.444 2.571.827 9.364.271
ene-03 37.500 563.959 601.459 72,23 96,04 198.226 799.685
feb-03 37.500 563.959 601.459 73,04 96,04 189.443 790.902
mar-03 37.500 563.959 601.459 73,80 96,04 181.247 782.706
abr-03 37.500 563.959 601.459 74,65 96,04 172.366 773.825
may-03 37.500 563.959 601.459 75,01 96,04 168.594 770.053
jun-03 37.500 563.959 601.459 74,97 96,04 169.015 770.474
jul-03 37.500 563.959 601.459 74,86 96,04 170.119 771.578
ago-03 37.500 563.959 601.459 75,10 96,04 167.743 769.202
sep-03 37.500 563.959 601.459 75,26 96,04 166.054 767.513
oct-03 37.500 563.959 601.459 75,31 96,04 165.592 767.051
nov-03 37.500 563.959 601.459 75,57 96,04 162.929 764.388
dic-03 37.500 563.959 601.459 76,03 96,04 158.302 759.761
Total 450.000 6.767.508 7.217.508 2.069.630 9.287.138
ene-04 41.600 608.117 649.717 76,70 96,04 163.794 813.511
feb-04 41.600 608.117 649.717 77,62 96,04 154.152 803.869
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
35
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
mar-04 41.600 608.117 649.717 78,39 96,04 146.317 796.034
abr-04 41.600 608.117 649.717 78,74 96,04 142.703 792.420
may-04 41.600 608.117 649.717 79,04 96,04 139.696 789.413
jun-04 41.600 608.117 649.717 79,52 96,04 134.961 784.678
jul-04 41.600 608.117 649.717 79,50 96,04 135.204 784.921
ago-04 41.600 608.117 649.717 79,52 96,04 134.967 784.684
sep-04 41.600 608.117 649.717 79,76 96,04 132.649 782.366
oct-04 41.600 608.117 649.717 79,75 96,04 132.727 782.444
nov-04 41.600 608.117 649.717 79,97 96,04 130.560 780.277
dic-04 41.600 608.117 649.717 80,21 96,04 128.235 777.952
Total 499.200 7.297.404 7.796.604 1.675.965 9.472.569
ene-05 44.500 750.000 794.500 80,87 96,04 149.054 943.554
feb-05 44.500 750.000 794.500 81,70 96,04 139.504 934.004
mar-05 44.500 750.000 794.500 82,33 96,04 132.335 926.835
abr-05 44.500 750.000 794.500 82,69 96,04 128.287 922.787
may-05 44.500 750.000 794.500 83,03 96,04 124.539 919.039
jun-05 44.500 750.000 794.500 83,36 96,04 120.868 915.368
jul-05 44.500 750.000 794.500 83,40 96,04 120.423 914.923
ago-05 44.500 750.000 794.500 83,40 96,04 120.409 914.909
sep-05 44.500 750.000 794.500 83,76 96,04 116.512 911.012
oct-05 44.500 750.000 794.500 83,95 96,04 114.420 908.920
nov-05 44.500 750.000 794.500 84,05 96,04 113.383 907.883
dic-05 44.500 750.000 794.500 84,10 96,04 112.764 907.264
Total 534.000 9.000.000 9.534.000 1.492.499 11.026.499
ene-06 47.700 787.500 835.200 84,56 96,04 113.404 948.604
feb-06 47.700 787.500 835.200 85,11 96,04 107.206 942.406
mar-06 47.700 787.500 835.200 85,71 96,04 100.633 935.833
abr-06 47.700 787.500 835.200 86,10 96,04 96.461 931.661
may-06 47.700 787.500 835.200 86,38 96,04 93.417 928.617
jun-06 47.700 787.500 835.200 86,64 96,04 90.600 925.800
jul-06 47.700 787.500 835.200 87,00 96,04 86.791 921.991
ago-06 47.700 787.500 835.200 87,34 96,04 83.188 918.388
sep-06 47.700 787.500 835.200 87,59 96,04 80.567 915.767
oct-06 47.700 787.500 835.200 87,46 96,04 81.893 917.093
nov-06 47.700 787.500 835.200 87,67 96,04 79.725 914.925
dic-06 47.700 787.500 835.200 87,87 96,04 77.664 912.864
Total 572.400 9.450.000 10.022.400 1.091.547 11.113.947
ene-07 50.800 822.938 873.738 88,54 96,04 73.982 947.720
feb-07 50.800 822.938 873.738 89,58 96,04 63.004 936.742
mar-07 50.800 822.938 873.738 90,67 96,04 51.777 925.515
abr-07 50.800 822.938 873.738 91,48 96,04 43.525 917.263
may-07 50.800 822.938 873.738 91,76 96,04 40.785 914.523
jun-07 50.800 822.938 873.738 91,87 96,04 39.667 913.405
jul-07 50.800 822.938 873.738 92,02 96,04 38.163 911.901
ago-07 50.800 822.938 873.738 91,90 96,04 39.382 913.120
sep-07 50.800 822.938 873.738 91,97 96,04 38.621 912.359
oct-07 50.800 822.938 873.738 91,98 96,04 38.567 912.305
nov-07 50.800 822.938 873.738 92,42 96,04 34.262 908.000
dic-07 50.800 822.938 873.738 92,87 96,04 29.799 903.537
Total 609.600 9.875.256 10.484.856 531.533 11.016.389
ene-08 55.000 885.769 940.769 93,85 96,04 21.925 962.694
feb-08 55.000 885.769 940.769 95,27 96,04 7.597 948.366
mar-08 55.000 885.769 940.769 96,04 96,04 - 940.769
abr-08 29.333 472.410 501.743 96,72 96,04 -3.543 498.201
Total 194.333 3.129.717 3.324.050 25.979 3.350.030
TOTAL 63.762.982 15.644.214 79.407.196
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36
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
• Prestaciones sociales hasta la ejecutoria
Valor
Año Prestación Valor IPC Inicial IPC final Indexación
indexado
Prima de vacaciones 504.380 60,68 96,04 293.915 798.295
Compensación por
328.417 60,68 191.377 519.794
vacaciones 96,04
Prima de servicios 474.256 60,98 96,04 272.668 746.924
2000
Prima de navidad 565.139 61,99 96,04 310.418 875.557
Dotación 174.000 61,99 96,04 95.574 269.574
Prima de antigüedad 111.961 60,68 96,04 65.242 177.203
Total 2.158.153 1.229.194 3.387.347
Prima de vacaciones 562.148 65,51 96,04 261.979 824.127
Compensación por
361.259 65,51 168.358 529.617
vacaciones 96,04
Prima de servicios 522.627 65,82 96,04 239.952 762.579
2001
Prima de navidad 623.288 66,73 96,04 273.766 897.054
Dotación 192.000 66,73 96,04 84.332 276.332
Prima de antigüedad 123.157 65,51 96,04 57.395 180.552
Total 2.384.479 1.085.782 3.470.261
Prima de vacaciones 592.589 69,22 96,04 229.602 822.191
Compensación por
390.160 69,22 151.170 541.330
vacaciones 96,04
Prima de servicios 566.037 69,93 96,04 211.341 777.378
2002
Prima de navidad 673.673 71,4 96,04 232.481 906.154
Dotación 211.000 71,4 96,04 72.815 283.815
Prima de antigüedad 133009 69,22 96,04 51.535 184.544
Total 2.566.468 948.944 3.515.412
Prima de vacaciones 347.899 74,65 96,04 99.685 447.584
Compensación por
394.771 74,65 113.115 507.886
vacaciones 96,04
Prima de servicios 601.459 74,97 96,04 169.035 770.494
2003
Prima de navidad 704.070 76,03 96,04 185.298 889.368
Dotación 250.000 76,03 96,04 65.795 315.795
Prima de antigüedad 281.980 74,65 96,04 80.797 362.777
Total 2.580.179 713.726 3.293.905
Prima de vacaciones 374.980 78,74 96,04 82.386 457.366
Compensación por
445.952 78,74 97.979 543.931
vacaciones 96,04
2004 Prima de servicios 649.717 79,52 96,04 134.974 784.691
Prima de navidad 735.108 80,21 96,04 145.076 880.184
Dotación 275.000 80,21 96,04 54.272 329.272
Total 2.480.757 514.687 2.995.444
Prima de vacaciones 451.393 82,69 96,04 72.874 524.267
Compensación por
550.000 82,69 88.794 638.794
vacaciones 96,04
2005 Prima de servicios 794.500 83,36 96,04 120.850 915.350
Prima de navidad 898.324 84,1 96,04 127.536 1.025.860
Dotación 300.000 84,1 96,04 42.591 342.591
Total 2.994.217 452.644 3.446.861
Prima de vacaciones 483.808 86,1 96,04 55.853 539.661
Compensación por
577.500 86,1 66.669 644.169
vacaciones 96,04
2006 Prima de servicios 835.200 86,64 96,04 90.612 925.812
Prima de navidad 945.117 87,87 96,04 87.872 1.032.989
Dotación 350.000 87,87 96,04 32.541 382.541
Total 3.191.625 333.547 3.525.172
2007 Prima de vacaciones 506.469 94,48 96,04 8.361 514.830
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37
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
Compensación por
603.488 91,48 30.080 633.568
vacaciones 96,04
Prima de servicios 873.738 91,87 96,04 39.657 913.395
Prima de navidad 988.755 92,87 96,04 33.747 1.022.502
Dotación 400.000 92,87 96,04 13.652 413.652
Total 3.372.450 125.497 3.497.947
Prima de vacaciones 543.196 96,72 96,04 -3.821 539.375
Compensación por
649.564 96,72 -4.569 644.995
vacaciones 96,04
2008 Prima de servicios - 98,47 96,04 - -
Prima de navidad - 100 96,04 - -
Dotación - 100 96,04 - -
Total 1.192.760 -8.389 1.184.371
TOTAL 22.921.088 5.395.631 28.316.719
132. Entonces, el total indexado de salarios y prestaciones sociales para el momento
de ejecutoria de la sentencia es de $111.073.945, a la cual se debe deducir la
indemnización [$4.380.521] y los aportes a pensión [$3.934.643]. Esto arroja un
neto de $102.758.781 como se expone a continuación:
Salario + y
Año prestaciones
sociales indexadas
2000 12.318.254
2001 12.665.737
2002 12.879.683
2003 12.581.042
2004 12.468.012
2005 14.473.360
2006 14.639.119
2007 14.514.336
2008 4.534.400
Total 111.073.945
(-) Indemnización 4.380.521
(-) Aportes a pensión 3.934.643
Total 102.758.781
133. En consecuencia, esta será la base para calcular los intereses moratorios en
los términos previstos en el artículo 177 del CCA. Además, debe advertirse que este
valor fue inferior al reconocido por la entidad [$116.621.210].
134. Ahora, los salarios y prestaciones sociales causados después de la ejecutoria
hasta septiembre de 2011 son los siguientes:
• Auxilios y salarios después de la ejecutoria
Auxilio +
Mes/año Auxilio de transporte Salario
salario
abr-08 25.667 413.359 439.026
may-08 55.000 885.769 940.769
jun-08 55.000 885.769 940.769
jul-08 55.000 885.769 940.769
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38
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
ago-08 55.000 885.769 940.769
sep-08 55.000 885.769 940.769
oct-08 55.000 885.769 940.769
nov-08 55.000 885.769 940.769
dic-08 55.000 885.769 940.769
Total 465.667 7.499.511 7.965.178
ene-09 59.300 976.206 1.035.506
feb-09 59.300 976.206 1.035.506
mar-09 59.300 976.206 1.035.506
abr-09 59.300 976.206 1.035.506
may-09 59.300 976.206 1.035.506
jun-09 59.300 976.206 1.035.506
jul-09 59.300 976.206 1.035.506
ago-09 59.300 976.206 1.035.506
sep-09 59.300 976.206 1.035.506
oct-09 59.300 976.206 1.035.506
nov-09 59.300 976.206 1.035.506
dic-09 59.300 976.206 1.035.506
Total 711.600 11.714.472 12.426.072
ene-10 102.721 1.005.492 1.108.213
feb-10 102.721 1.005.492 1.108.213
mar-10 102.721 1.005.492 1.108.213
abr-10 102.721 1.005.492 1.108.213
may-10 102.721 1.005.492 1.108.213
jun-10 102.721 1.005.492 1.108.213
jul-10 102.721 1.005.492 1.108.213
ago-10 102.721 1.005.492 1.108.213
sep-10 102.721 1.005.492 1.108.213
oct-10 102.721 1.005.492 1.108.213
nov-10 102.721 1.005.492 1.108.213
dic-10 102.721 1.005.492 1.108.213
Total 1.232.652 12.065.904 13.298.556
ene-11 106.128 1.067.000 1.173.128
feb-11 106.128 1.067.000 1.173.128
mar-11 106.128 1.067.000 1.173.128
abr-11 106.128 1.067.000 1.173.128
may-11 106.128 1.067.000 1.173.128
jun-11 106.128 1.067.000 1.173.128
jul-11 106.128 1.067.000 1.173.128
ago-11 106.128 1.067.000 1.173.128
sep-11 106.128 1.067.000 1.173.128
Total 955.152 9.603.000 10.558.152
TOTAL 3.365.071 40.882.887 44.247.958
• Prestaciones sociales después de ejecutoria
Año Prestación Valor
Prima de vacaciones -
Compensación por vacaciones -
Prima de servicios 470.385
2008
Prima de navidad 1.025.234
Dotación 1.000.000
Total 2.495.619
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Demandante: Yaneth Reina
Prima de vacaciones 517.753
Compensación por vacaciones 715.884
Prima de servicios 517.753
Prima de navidad 1.223.486
2009 Bonificación por recreación 65.080
Dotación 1.100.000
Bonificación por servicios 488.103
Prima de antigüedad 732.155
Total 3.039.956
Prima de vacaciones 701.991
Compensación por vacaciones 703.844
Prima de servicios 658.845
Prima de navidad 1.326.355
2010 Bonificación por recreación 67.033
Dotación 1.152.000
Bonificación por servicios 502.746
Prima de antigüedad 754.119
Total 3.458.068
Prima de vacaciones 164.653
2011 (abril Compensación por vacaciones 165.187
a mayo) Bonificación por recreación 15.017
Total 5.933.966
Prima de vacaciones 815.939
Compensación por vacaciones 782.467
Prima de servicios 719.939
Prima de navidad 717.246
2011 Bonificación por recreación 71.133
Dotación 400.000
Bonificación por servicios 533.500
Prima de antigüedad 1.067.000
Total 3.106.724
Total 18.034.333
135. En cuanto a los intereses, debe precisarse que son aquellos «que se pagan para
el resarcimiento tarifado o indemnización de los perjuicios que padece el acreedor por no
tener consigo el dinero en la oportunidad debida59»60. En otros términos, tienen una
naturaleza sancionatoria y representan el perjuicio causado al acreedor por el
retraso en el cumplimiento de la obligación. Así lo comprendió esta Subsección al
señalar que son sumas de dinero «que debe pagar el deudor desde la fecha en la que
se constituye en mora»61 y «cesan solo en el momento de cancelar la obligación
contraída»62.
136. Además, conllevan la actualización «indirecta de los montos adeudados»63, de ahí
que sean incompatibles con la indexación. Al respecto, la Corte Constitucional 64 ha
59 PLANIOL, Marcel, Ripert, Geoger: Derecho Civil, V. 8, Harla, México, 1997, pág. 632;
HINESTROSA FORERO, Fernando: Tratado de las Obligaciones, Universidad Externado de
Colombia, Bogotá, 2002, pág. 165. PADILLA, René: La mora en las obligaciones, Astrea, Buenos
Aires, 1983, pág. 225; ALBALADERO, Manuel: Derecho Civil, T. II, Derecho de obligaciones,
Edisofer, Madrid, 2004, pág. 70.
60 Corte Constitucional, sentencia C-604 de 2012.
61 Subsección B, sentencia del 16 de septiembre de 2021, expediente 5967-19.
62 Ibidem.
63 Corte Constitucional, sentencia SU-063 de 2023.
64 Ibidem.
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señalado que «[t]anto la indexación (o corrección monetaria) como los intereses
constituyen formas de resarcir la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido la moneda
debido al transcurso del tiempo. La tasa de interés incluye el componente inflacionario». A
su vez:
«La indexación consiste en actualizar las [sumas] que no fueron reconocidas
oportunamente por la entidad obligada a ello, y de esta manera remediar la
depreciación. Los intereses moratorios tienen por objeto resarcir los perjuicios
ocasionados por el pago tardío de la prestación. Ambos conceptos resultan
incompatibles, ya que los intereses involucran un ingrediente revaluatorio».
137. En el caso, comoquiera que el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho se tramitó a la luz del CCA, era aplicable el artículo 177, cuyo tenor literal
era:
«Artículo 177. Efectividad de condenas contra entidades públicas. [...].
[...] Las cantidades líquidas reconocidas en tales sentencias devengarán
intereses comerciales durante los seis (6) meses siguientes a su ejecutoria y
moratorios después de este término. [65]
Inciso. 6º Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que
imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que
los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla
efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la
causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare
la solicitud en legal forma».
138. Las expresiones tachadas fueron declaradas inexequibles por la Corte
Constitucional en la sentencia C-188 de 1999, con fundamento en que «a menos que
en la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago -evento en el cual,
dentro del mismo se pagarán intereses comerciales-, los intereses moratorios se causan a
partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término
de dieciocho (18) meses que el precepto contempla para que la correspondiente condena
sea ejecutable ante la justicia ordinaria».
139. También es del caso precisar que si la norma prevé que desde la ejecutoria
hasta la fecha del pago se generan los intereses moratorios y entre este y aquella
se generan sumas periódicas en favor del acreedor, debe comprenderse que el
incumplimiento de la obligación se extendió hasta que se desembolsaron las sumas
adeudadas por concepto de capital, razón por la cual sobre aquellas prestaciones
periódicas causadas después [de la ejecutoria] también deben calcularse.
140. Así las cosas, como en el título ejecutivo se ordenó el pago de los salarios y
prestaciones sociales «causados y dejados de percibir desde su desvinculación laboral
hasta su efectivo reintegro», al cual renunció en julio de 2011, la liquidación de los
65 Los apartes tachados fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en sentencia C-
188 de 1999.
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intereses debe calcularse sobre un capital variable compuesto por el total causado
a la ejecutoria y los salarios y prestaciones [sin indexar] posteriores a esta.
141. Los intereses se calculan así:
Tasa
Tasa
usura
Desde Hasta Capital interés Días Interés
(interés
diario
mora)
17/04/2008 30/04/2008 $ 103.197.807 32,88% 0,0790% 13 $ 1.059.799
1/05/2008 30/05/2008 $ 104.138.576 32,88% 0,0790% 31 $ 2.550.251
1/06/2008 30/06/2008 $ 105.549.730 32,88% 0,0790% 30 $ 2.501.428
1/07/2008 30/07/2008 $ 106.490.499 32,27% 0,0777% 31 $ 2.565.621
1/08/2008 30/08/2008 $ 107.431.268 32,27% 0,0777% 31 $ 2.588.287
1/09/2008 30/09/2008 $ 108.372.037 32,27% 0,0777% 30 $ 2.526.728
1/10/2008 30/10/2008 $ 109.312.806 31,53% 0,0762% 31 $ 2.580.767
1/11/2008 30/11/2008 $ 110.253.575 31,53% 0,0762% 30 $ 2.519.011
1/12/2008 30/12/2008 $ 113.219.578 31,53% 0,0762% 31 $ 2.673.002
1/01/2009 30/01/2009 $ 114.255.084 30,71% 0,0744% 31 $ 2.635.874
1/02/2009 28/02/2009 $ 115.290.590 30,71% 0,0744% 28 $ 2.402.366
1/03/2009 30/03/2009 $ 116.326.096 30,71% 0,0744% 31 $ 2.683.652
1/04/2009 30/04/2009 $ 118.845.071 30,42% 0,0738% 30 $ 2.631.307
1/05/2009 30/05/2009 $ 119.880.577 30,42% 0,0738% 31 $ 2.742.709
1/06/2009 30/06/2009 $ 120.916.083 30,42% 0,0738% 30 $ 2.677.161
1/07/2009 30/07/2009 $ 122.469.342 27,98% 0,0686% 31 $ 2.602.623
1/08/2009 30/08/2009 $ 123.504.848 27,98% 0,0686% 31 $ 2.624.629
1/09/2009 30/09/2009 $ 124.540.354 27,98% 0,0686% 30 $ 2.561.259
1/10/2009 30/10/2009 $ 125.575.860 25,92% 0,0640% 31 $ 2.493.051
1/11/2009 30/11/2009 $ 128.934.852 25,92% 0,0640% 30 $ 2.477.165
1/12/2009 30/12/2009 $ 129.970.358 25,92% 0,0640% 31 $ 2.580.295
1/01/2010 30/01/2010 $ 131.078.571 24,21% 0,0602% 31 $ 2.447.868
1/02/2010 28/02/2010 $ 132.186.784 24,21% 0,0602% 28 $ 2.229.670
1/03/2010 30/03/2010 $ 136.024.730 24,21% 0,0602% 31 $ 2.540.236
1/04/2010 30/04/2010 $ 137.132.943 22,97% 0,0575% 30 $ 2.363.596
1/05/2010 30/05/2010 $ 138.241.156 22,97% 0,0575% 31 $ 2.462.120
1/06/2010 30/06/2010 $ 139.349.369 22,97% 0,0575% 30 $ 2.401.798
1/07/2010 30/07/2010 $ 141.116.427 22,41% 0,0562% 31 $ 2.457.834
1/08/2010 30/08/2010 $ 142.224.640 22,41% 0,0562% 31 $ 2.477.136
1/09/2010 30/09/2010 $ 143.332.853 22,41% 0,0562% 30 $ 2.415.907
1/10/2010 30/10/2010 $ 144.441.066 21,32% 0,0537% 31 $ 2.404.428
1/11/2010 30/11/2010 $ 145.549.279 21,32% 0,0537% 30 $ 2.344.719
1/12/2010 30/12/2010 $ 149.135.847 21,32% 0,0537% 31 $ 2.482.579
1/01/2011 30/01/2011 $ 150.308.975 23,42% 0,0585% 31 $ 2.724.358
1/02/2011 28/02/2011 $ 151.482.103 23,42% 0,0585% 28 $ 2.479.916
1/03/2011 30/03/2011 $ 152.655.231 23,42% 0,0585% 31 $ 2.766.884
1/04/2011 30/04/2011 $ 157.098.398 26,54% 0,0654% 30 $ 3.082.601
1/05/2011 30/05/2011 $ 158.616.383 26,54% 0,0654% 31 $ 3.216.133
1/06/2011 30/06/2011 $ 159.789.511 26,54% 0,0654% 30 $ 3.135.406
1/07/2011 30/07/2011 $ 161.682.578 27,95% 0,0685% 31 $ 3.432.686
1/08/2011 30/08/2011 $ 163.972.952 27,95% 0,0685% 31 $ 3.481.313
1/09/2011 30/09/2011 $ 165.146.080 27,95% 0,0685% 30 $ 3.393.116
Total $109.417.290
60% $65.650.374
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142. El valor de los intereses asciende a $109.417.290, pero como la actora renunció
al 40% el total adeudado era $65.650.374, suma inferior a la reconocida por la
entidad [$66.180.730].
143. Entonces, los valores totales de la liquidación y que dan cuenta del pago total
de la obligación son los siguientes:
Concepto Valores
2000 12.318.254
2001 12.665.737
2002 12.879.683
2003 12.581.042
2004 12.468.012
2005 14.473.360
2006 14.639.119
2007 14.514.336
2008 4.534.400
Total 111.073.945
Indemnización 4.380.521
Aportes a pensión 3.934.643
Total 102.758.781
Salarios después de ejecutoria 44.247.958
Prestaciones sociales después de
18.034.333
ejecutoria
Cesantías 29.962.481
Intereses 65.650.374
Total 260.653.927
Abono 1 256.995.156
Total - abono 1 3.658.771
Abono 2 18.838.096
Total - abono 2 (-) 15.179.325
144. Es menester indicar que la profesional en contaduría adscrita al tribunal también
realizó la liquidación de la condena. Los valores de su liquidación son: $135.493.626
por lo causado hasta la ejecutoria de la sentencia, sobre los cuales calculó los
intereses que ascendieron a $118.241.629 para un total de $253.735.255, valor que
también es menor al determinado por la entidad. Al aplicar el primer pago de la
entidad, resultó un remanente de $3.321.689 a los que después le aplicó el segundo
abono [$18.838.097] para un excedente de (-) $15.516.408:
145. Estos valores son muy aproximados a la liquidación aquí realizada, salvo porque
después se realizaron los cálculos partiendo de que esos $15.516.408 quedaban
en favor de la ejecutante, aun cuando no era así.
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146. Así las cosas, la Sala concluye que la entidad sí satisfizo la totalidad de la
obligación, razón por la cual se debe declarar probada la excepción de pago
propuesta por el departamento y la Contraloría Departamental de Santander.
2.5. Conclusión
147. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia que
ordenó seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, declarará probadas las
excepciones de remisión y pago, pues la contraloría cumplió con la obligación
contenida en la sentencia objeto de recaudo porque pagó los salarios, prestaciones
sociales e intereses ordenados. Al mismo tiempo, por condonación se extinguió la
obligación de reintegro en virtud de la renuncia expresa presentada por la
ejecutante, lo cual ─a su vez─ conlleva a que sea improcedente el pago de la
indemnización compensatoria solicitada.
2.6. Costas
148. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
149. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201666, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
66 Subsección B, expediente 1908-2014.
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o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
150. De acuerdo con lo transcrito, la condena en costas no se impone por el hecho
de haber sido vencido en juicio, sino que se debe examinar si existió alguna
maniobra dilatoria o temeraria que trastocara las etapas del proceso.
151. En esta instancia, no evidencia la Sala que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, razón por la cual, se abstendrá de imponer condena en costas
en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar la sentencia proferida el 6 de octubre de 2015 por el Tribunal
Administrativo de Santander que ordenó seguir adelante con la ejecución. En su
lugar se dispone:
Segundo. Declarar probadas las excepciones de remisión [por condonación del
reintegro y el 40% de los intereses moratorios] y pago total de la obligación ─esta
última propuesta por las entidades demandadas─ y, en consecuencia, declarar la
terminación del proceso.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
de rigor en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
45
Radicado: 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-2016)
Demandante: Yaneth Reina
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JORGE EDISON PORTOCARRERO
Firmado electrónicamente BANGUERA
Aclaración de voto Firmado electrónicamente
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-00472-
01 (1251-2024)
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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