Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-01112-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Supresión de empleos
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2013-01112-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2013-01112-02
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
15 de julio de 2021
SUPRESION DE EMPLEOS / RETIRO DEL SERVICIO / INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE CARGO / REINCORPORACIÓN A CARGO EQUIVALENTE / RENUNCIA A LA REINCORPORACIÓN A CARGO EQUIVALENTE
“[…] la supresión de empleos se debe entender como una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades públicas a los requerimientos del servicio. En efecto, la supresión de cargos de carrera en la administración suele presentarse por varias circunstancias, bien por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por reclasificación de los empleos o bien por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público para el control del gasto público. Por su parte, en lo que se refiere a la reincorporación a un cargo equivalente, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 ha señalado que ello ocurre una vez se ha expedido el acto de contenido particular y concreto del cual se deduce la supresión de los cargos de los que no fueron incorporados, quedando personas de carrera administrativa cuyos cargos resultaron suprimidos retiradas del servicio, pero conservando sus derechos de carrera, que se traducen en el derecho de optar por ser indemnizados, o ser incorporados a empleos equivalentes que estén vacantes o que se creen en las plantas de personal. Esta incorporación, se expide a solicitud del interesado, con posterioridad a la supresión de los cargos y retiro de los empleados y procede siempre que se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño del respectivo empleo; y en consecuencia esta decisión se considera reglada. […] el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 fue claro al señalar que, los empleados públicos a quienes se les suprima su empleo de los cuales sean titulares, tendrán derecho a optar a ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir una indemnización, quiere decir que estamos ante una conjunción disyuntiva «o» en la cual se unen sintagmas que señalan alternativas, en este caso, el reintegro o la indemnización. Por tal motivo, se insiste, si el funcionario de carrera administrativa renuncia al reintegro, pierde de manera automática el derecho a ser indemnizado, por cuanto la ley no propuso una conjunción copulativa «y» que le brindara la opción de tener las dos alternativas. […]”
FUENTE FORMAL: LEY 909 DE 2004 – ARTÍCULO 44
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN “B”
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D. C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 68001-23-33-000-2013-01112-02(4829-15)
Actor: BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO
Demandado: DEPARTAMENTO DE SANTANDER – CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER
Referencia: DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN POR SUPRESIÓN DE CARGO, PESE A QUE LA DEMANDANTE PRESENTÓ LA RENUNCIA AL REINTEGRO
Ha venido el proceso de la referencia con el informe de la Secretaría de la Sección de 1º de septiembre de 2020, después de surtidas a cabalidad las demás etapas procesales y de establecer que no obra en el proceso irregularidades o nulidades procesales que deban ser saneadas, para decidir los recursos de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada contra la sentencia de 19 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por medio del cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Blanca Fabiola Linares Castro en contra del Departamento de Santander – Contraloría General de Santander.
ANTECEDENTES
1.1 La demanda y sus fundamentos.
Blanca Fabiola Linares Castro por intermedio de apoderado judicial, en ejercicio del medio de control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho –Ley 1437 de 2011- presentó demanda con el fin de que se declare la nulidad de los Oficios de 20 de junio y 3 de julio de 2013 suscritos por el Contralor General de Santander y la Secretaría General del Departamento de Santander, respectivamente, a través de los cuales le fue negada le negó el reconocimiento y pago de la indemnización por la supresión del cargo de conformidad a lo establecido en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004.
Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) el reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del cargo en los términos que dispone el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, por la imposibilidad de reintegrarla al cargo que ocupaba dentro de la planta de personal de la Contraloría General de Santander; y, (ii) dar aplicación a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 15 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica, así:
La señora Blanca Fabiola Linares Castro estuvo vinculada en la Contraloría General de Santander como Auxiliar Administrativo Código 565 desde el 5 de febrero de 1996 al 7 de enero de 2000, fecha en la que se le notificó, mediante Oficio 7853 del 30 de diciembre de 1999, que su empleo había sido suprimido mediante el Decreto Departamental 401 del 30 de diciembre de 1999.
En tal virtud, la citada señora ejerció la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra el Departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, en aras a obtener la inaplicación de la Ordenanza 050 del 8 de enero de 1999 y el Decreto 400 del 30 de diciembre de 1999; y, la Nulidad del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999 y el Oficio No. 7853 del 30 de diciembre de 1999, por medio de los cuales se suprimió su cargo y se notificó la supresión de este, respectivamente.
Paralelo a lo anterior, fue instaurada una demandada la Ordenanza 050 de 1999 ante esta jurisdicción, y a través de la sentencia de segunda instancia del 27 de septiembre de 2007 proferida en la Sección Segunda, Subsección A, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, fue anulado su artículo 2° literal d).
Como los Decretos 400 y 401 de 1999 habían sido expedidos con fundamento en las facultades otorgadas al Gobernador de Santander mediante Ordenanza 050 de 1999, el cual había sido declarado nulo, el Tribunal Administrativo de Santander mediante sentencia del 11 de abril de 2008 dispuso la nulidad del acto de desvinculación, el reintegro de la señora Blanca Fabiola Linares Castro y el pago de los salarios y prestaciones sociales, decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado en sentencia de 10 de febrero de 2011.
El 25 de mayo de 2011 solicitó el cumplimiento de la sentencia al Departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, la cual fue resuelta por parte del Contralor General de Santander, quien mediante Resolución 474 del 1º de junio de 2011 dispuso la imposibilidad del reintegro por cuanto la estructura orgánica de la entidad no contaba con una vacante de Auxiliar Administrativo código 565.
El 27 de enero de 2012 la señora Blanca Fabiola Linares Castro renunció al reintegro a la planta de personal de la Contraloría Departamental de Santander para que le fuera reconocida la indemnización, petición que fue negada por el Contralor General de Santander mediante Resolución 971 del 12 de Diciembre del 2012, por cuanto había renunciado de manera voluntaria, es decir, “no se tuvo en cuenta que lo hizo como condición de la entidad demandada para obtener el pago del fallo judicial y para optar por el reconocimiento a la indemnización”.
A través de la Resolución 021462 del 21 de diciembre de 2012, expedida por el Secretario General de Departamento de Santander, canceló el pago de salario y prestaciones sociales adeudadas, pero, descontó como indemnización cancelada la suma de $2´150.862. Es por ello, que solicitó el reconocimiento y pago de la indemnización por su retiro, por desconocer los alcances de la orden judicial de nulidad del acto que retrotrae las cosas al estado anterior, sin embargo, por medio de los actos acusados le fue negada tal pretensión.
1.2 Normas violadas y concepto de violación.
Constitución Política, artículo 1, 2 inciso 2, 6, 13, 25, 53, 90, 122, 125 y 209; Ley 909 de 2004; y, Decretos 1567 de 1998; 1227 de 2005, artículos 66, 83, 84, 174.
Como concepto de violación de las normas invocadas, manifestó que los actos demandados están afectados por los siguientes cargos:
Infracción de las normas en que debía fundarse: si bien se cumplió la sentencia judicial en lo concerniente al pago de salarios y prestaciones, se desconoció los derechos de carrera de la señora Blanca Fabiola Linares Castro, concretamente, porque se desconoció la indemnización de que trata la Ley 909 de 2004, con el restablecimiento del derecho judicialmente ordenado, ya que, a pesar de tener un origen común, su causa o fundamento es diferente.
Adicionalmente, la sentencia que originó el pago de salarios y prestaciones y los actos proferidos por la Contraloría General de Santander, constituyen la causa o fundamento para reclamar la indemnización por supresión del cargo, pues al no ser posible su reintegro, se le debió haber reconocido y pagado.
Falsa motivación: Esto por cuanto los actos acusados están fundados en principios, ideas o hechos que no corresponden a la verdad, concretamente, porque se pretende equiparar la indemnización producto de la sentencia de nulidad y restablecimiento con la reconocida en la Ley 909 de 2004.
A su juicio, el suponer que la señora Blanca Fabiola Linares Castro renunció a la indemnización es absurdo, como quiera que la renuncia al reintegro fue una de las condiciones para el pago de la condena.
1.3 Contestación de la demanda.
El Departamento de Santander, a través de su apoderado, solicitó negar las súplicas con fundamento en los siguientes argumentos:
Si bien es cierto por medio de la Resoluciones 474 del 1º de junio de 2011 y 971 de 19 de diciembre de 2012 se expuso la imposibilidad de cumplir efectivamente el reintegro ordenado mediante sentencia judicial, ello estuvo fundamentado en la renuncia de reintegro que de manera voluntaria presentó la señora Blanca Fabiola Linares Castro.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de la mención expresada de ser causal de retiro. Las causales consagradas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 son taxativas para considerar que ha existido retiro del servicio, desprendiéndose la imposibilidad física y jurídica de reintegrar a un funcionario de carrera; y, (ii) haber cumplido la parte demandada con sus obligaciones de dar y en forma que se indicó en la sentencia judicial, puesto que se canceló la obligación representada en dinero por parte de la Gobernación de Santander, de acuerdo con lo ordenado en la Resolución 021462 del 21 de diciembre de 2012, expedida por el Secretario General del Departamento de Santander.
A su vez, la Contraloría General de Santander, en respuesta a las pretensiones de la demanda incoada, planteó las siguientes razones en su defensa:
Si bien se reconoce que la jurisdicción administrativa fue quien ordenó el reintegro de la demandante, debe tenerse en cuenta la inexistencia de cargos; es por lo que no puede darse el retiro del servicio, pues es imposible retirar a un funcionario de un cargo que no existe. Aunado a ello, las causales de retiro del servicio establecidas en el artículo 41 de la Ley 909 de 2004 son taxativas, y ninguna de ellas encaja dentro de la situación presente. Es por ello, no considera que se ha infringido una norma superior o sustantiva en las decisiones tomadas en los actos controvertidos.
Asimismo propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de la mención expresa de ser causal de retiro, la imposibilidad de reintegro, por presentarse que la imposibilidad física y jurídica de reintegrar a un funcionario de carrera, con fundamento en la nulidad del acto de desvinculación; (ii) no ser posible equiparar la existencia de imposibilidad física y jurídica para cumplir con el reintegro, ya que con al declaratoria de nulidad decretada judicialmente, se reconoció la no solución de continuidad; (iii) haber cumplido la parte demandada con sus obligaciones, pues en la liquidación se procedió conforme a lo ordenado en la sentencia judicial.
1.4. La sentencia apelada.
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia 19 de agosto de 2015 accedió parcialmente las pretensiones de la demanda. Lo anterior, por las razones que a continuación se pasan a exponer:
La sentencia que declaró la nulidad del acto administrativo que suprimió el cargo de la demandante y que, a título de restablecimiento del derecho, ordenó las prestaciones y salarios dejados de percibir y el reintegro al cargo se presentan dos situaciones; la primera, la demandante tenía una situación administrativa definida, razón por la que debía continuar en el cargo que desempeñaba antes del acto administrativo declarado nulo; y la segunda, que ante la imposibilidad de materializar la orden de reintegro de la accionante a dicho cargo porque éste no existe, se genera una nueva situación administrativa y es la supresión de su cargo.
La renuncia presentada por la actora al reintegro dispuesto por la sentencia no afecta la situación administrativa que impidió darle cumplimiento a la sentencia y genera la controversia actual, por cuanto resultaba imposible reincorporarse a un empleo igual o equivalente, es por ello, que conforme al artículo 44 de la Ley 909 de 2004 entraría a recibir una indemnización. Es por lo que sólo cuando la administración puso a disposición del administrado un cargo para que este se reintegrara, la renuncia tendría efectos sobre este derecho. Por ello, la renuncia es ineficaz.
Advirtió que el Departamento de Santander no es la entidad encargada de reconocer y pagar la indemnización por la supresión del cargo, por ello, negó las pretensiones frente a este ente territorial, ya que la demandante era una funcionaria que se encontraba en carrera administrativa en la Contraloría General de Santander.
El recurso de apelación.
Las partes demandante y demandada presentaron recurso de apelación con fundamento en los argumentos que se exponen a continuación:
Blanca Fabiola Linares Castro.
A su juicio, al estar la Contraloría General de Santander adscrita al Departamento de Santander como un ente con autonomía administrativa y patrimonial, sin personería jurídica, no se pueden desligar las entidades, por cuanto se trata de una misma persona jurídica. Es decir, no existe congruencia de la sentencia tal como lo establece el artículo 305 del Código General del Proceso, cuando por un lado se condena al Departamento de Santander – Contraloría General de Santander y, por otro, se declara que se niegan las pretensiones frente al Departamento de Santander.
Contraloría General de Santander.
Ante la imposibilidad fáctica y jurídica del reintegro al cargo, fue ampliada la planta de personal, motivo por el cual la demandante renunció de manera voluntaria, condicionada a la cancelación de los valores correspondientes a la indemnización ordenada por el Consejo de Estado «a más tardar el 9 de marzo de 2012»; es así, que por medio de la Resolución 00073 del 21 de enero de 2012, el Contralor General de Santander se abstuvo de hacer efectivo el reintegro, pero realizó la liquidación de los salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que dejó de percibir durante su desvinculación.
Posteriormente, el 19 de diciembre de 2012 la señora Blanca Fabiola Linares Castro reiteró su voluntad de renunciar al reintegro a la planta de personal de la Contraloría General de Santander, lo cual generó una confusión en la entidad por cuanto la entidad ya había acatado lo dispuesto por ella en la renuncia al reintegro.
CONSIDERACIONES
Planteamiento del problema jurídico
De acuerdo con las exposiciones que obran en los recursos de apelación, establece la Sala como problemas jurídicos los siguientes:
Determinar si la señora Blanca Fabiola Linares Castro tiene derecho a la indemnización por supresión del cargo prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, pese a que había presentado la renuncia al reintegro.
En caso de que la anterior respuesta sea afirmativa, será necesario estudiar cuál de las entidades demandadas es la llamada a responder por la citada indemnización.
Previo a resolver el problema jurídico y para fines metodológicos se hace necesario para la Sala, abordar los siguientes aspectos: (i) de la indemnización por supresión de cargo; y, (ii) del caso en concreto.
De la indemnización por supresión de cargo.
De conformidad con el inciso 1º del artículo 209 de la Constitución Política, la función administrativa debe ejercerse con fundamento en el bien común y el interés general, es decir, persiguiendo los fines propios de un Estado Social de Derecho. Uno de los mecanismos idóneos en pro de la consecución de una adecuada función administrativa es precisamente la consolidación de la carrera como sistema técnico de administración de personal, que guía no sólo el ingreso al servicio sino también su permanencia y retiro; garantizándose, además, la estabilidad laboral «artículos 25, 53 y concordantes de la Constitución Política»; la mayor eficiencia y eficacia en la prestación de los servicios a cargo del Estado; y, la igualdad de oportunidades «artículos 13 y 40 numeral 7º ibídem».
El artículo 2º de la Ley 443 de 1998 siguiendo con estos lineamientos expresó que la carrera administrativa debe desarrollarse fundamentalmente con base en los principios de igualdad y del mérito, entendiendo por el segundo de ellos que “(...) el acceso a los cargos de carrera, la permanencia en los mismos y el ascenso estarán determinados por la demostración permanente de las calidades académicas y la experiencia, el buen desempeño laboral y la observancia de buena conducta de los empleados que pertenezcan a la carrera y de los aspirantes a ingresar a ella.”.
Dentro de esta concepción, la supresión de empleos se debe entender como una causa admisible de retiro del servicio de los empleados del sector público, que encuentra su sustento en la necesidad de adecuar las plantas de personal de las entidades públicas a los requerimientos del servicio. En efecto, la supresión de cargos de carrera en la administración suele presentarse por varias circunstancias, bien por fusión o liquidación de la entidad pública respectiva, por reestructuración de la misma, por modificación de la planta de personal, por reclasificación de los empleos o bien por políticas de modernización del Estado con el fin de hacer más eficaz la prestación del servicio público para el control del gasto público.
Por su parte, en lo que se refiere a la reincorporación a un cargo equivalente, el artículo 39 de la Ley 443 de 1998 ha señalado que ello ocurre una vez se ha expedido el acto de contenido particular y concreto del cual se deduce la supresión de los cargos de los que no fueron incorporados, quedando personas de carrera administrativa cuyos cargos resultaron suprimidos retiradas del servicio, pero conservando sus derechos de carrera, que se traducen en el derecho de optar por ser indemnizados, o ser incorporados a empleos equivalentes que estén vacantes o que se creen en las plantas de personal.
Esta incorporación, se expide a solicitud del interesado, con posterioridad a la supresión de los cargos y retiro de los empleados y procede siempre que se acrediten los requisitos mínimos para el desempeño del respectivo empleo; y en consecuencia esta decisión se considera reglada. Sobre el particular, la Corte Constitucional al estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 5 parcial, 39 parcial, 41, 48-2 y 56 de la Ley 443 de 1998, señaló:
“(…) Dado que la supresión de cargos así sea con los fines anotados implica necesariamente un daño, surge con claridad meridiana el deber de reparación por parte del Estado, porque «si bien es cierto que el daño puede catalogarse como legítimo porque el Estado puede en función de la protección del interés general determinar la cantidad de sus funcionarios (arts. 150-7 y 189-14 C.P.), esto no implica que el trabajador retirado del servicio tenga que soportar íntegramente la carga específica de la adecuación del Estado, que debe ser asumida por toda la sociedad en razón del principio de igualdad de todos ante las cargas públicas (C.P. art. 13). Los derechos laborales entran a formar parte del patrimonio y no pueden ser desconocidos por leyes posteriores (art. 58-1 C.P.). Además, las autoridades de la República están obligadas a protegerlos (art. 2 C.P.). Esto armoniza con una de las finalidades del Estado social de derecho: la vigencia de un orden social justo (Preámbulo de la Carta). Por ello se trata de una indemnización reparatoria fundamentada en el reconocimiento que se hace a los derechos adquiridos en materia laboral.
El deber de indemnizar encuentra fundamento constitucional en el hecho de que el empleado público de carrera administrativa «es titular de unos derechos subjetivos adquiridos que gozan de protección constitucional, al igual que ocurre con la propiedad privada., según el artículo 58 de la Carta. Por lo tanto, esos derechos no son inmunes al interés público pues el trabajador, como el resto del tríptico económico -del cual forma parte también la propiedad y la empresa- está afectado por una función social, lo cual no implica que la privación de tales derechos pueda llevarse a efecto sin resarcir el perjuicio que sufre su titular en aras del interés público. De allí que, si fuese necesario que el Estado, por razones de esa índole, elimine el empleo que ejercía el trabajador inscrito en carrera, como podría acontecer con la aplicación del artículo 20 transitorio de la Carta, sería también indispensable indemnizarlo para no romper el principio de igualdad en relación con las cargas públicas (art. 13 C.N.), en cuanto aquél no tendría obligación de soportar el perjuicio, tal como sucede también con el dueño del bien expropiado por razones de utilidad pública. En ninguno de los casos la licitud de la acción estatal es óbice para el resarcimiento del daño causado. (…)”.
Pero este derecho de preferencia es una garantía instituida sólo a favor de quienes se encuentran inscritos en carrera administrativa y cuando sus empleos han sido suprimidos de la planta de personal. Es una opción que el legislador les da para ser incorporados a un cargo equivalente en la nueva estructura de la entidad oficial y conforme a las reglas allí previstas. Debe tenerse en cuenta que el empleado que pertenece a la carrera administrativa es quien superó satisfactoriamente todas las etapas de un concurso, cumpliendo las demás formalidades que la misma Ley 443 de 1998 exige, como, la inscripción en el escalafón.
En relación con los parámetros de la indemnización, el Decreto 1572 del 5 de agosto de 1998, reglamentario de la Ley 443 de 1998, reprodujo el contenido de esta garantía en el artículo 135 y en el 137, previó las tablas para efectos de liquidar la indemnización por supresión del cargo en función del tiempo de servicio que tuviera el empleado público, así:
Tiempo de servicio
Indemnización
Menos de un año continuo
45 días calendario
Un año o más de servicio continuo y menos de cinco
45 días por el primer año y 15 por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos
Por cinco años o más de servicios continuos y menos de diez
45 días de salario por el primer año, 20 días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos
Por diez años o más de servicios continuos
45 días de salario por el primer año y 40 días por cada uno de los años subsiguientes al primero proporcionalmente por meses cumplidos.
Sobre los valores reconocidos, el artículo 139 dispone que no constituyen factor de salario para ningún efecto y que son compatibles con el reconocimiento de las prestaciones sociales a que tenga derecho el empleado retirado, y el artículo 140 señala los emolumentos que deben tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización, ellos son: (i) asignación básica mensual devengada a la fecha de supresión del cargo; (ii) prima técnica; (iii) dominicales y festivos; (iv) auxilios de alimentación y de transporte; (v) prima de navidad; (vi) bonificación por servicios prestados; (vii) prima de servicios; (viii) prima de vacaciones; (ix) prima de antigüedad; (x) horas extras; y, (xi) los demás que constituyan factor de salario.
Debe tenerse en cuenta que con posterioridad a esta normativa fue expedida la Ley 909 de 2004 la cual, al igual que su antecesora, enlistó las causales de retiro del servicio y, entre ellas, citó la “supresión del empleo”. Es evidente que esta causal es una consecuencia directa de la reforma o modificación de la estructura funcional de la entidad, de manera que la selección de la nueva planta exige criterios objetivos y funcionales, por lo que es necesario un estudio técnico que defina los nuevos perfiles y cargas de trabajo de acuerdo con la misión, objetivos y fines, para de esta manera seleccionar que funcionarios debe o no incorporar.
El artículo 44 de la Ley 909 de 2004 y su reglamentario Decreto 1227 de 2005, en el artículo 87 delineó los efectos jurídicos de la supresión de los empleos de carrera al señalar que, el empleado puede optar entre la incorporación a un empleo equivalente de la nueva planta y de no ser posible, debe escoger la reincorporación o el pago de una indemnización conforme a una tabla para tal fin diseñada.
Análisis del caso en concreto.
En el sub-lite, el apoderado de la Contraloría General de Santander expresó estar inconforme con la sentencia proferida por el a quo por cuanto no tuvo en cuenta las renuncias que había presentado la señora Blanca Fabiola Linares Castro al reintegro.
Para efectos de resolver el punto objeto de controversia, la Sala cuenta con los siguientes elementos probatorios:
Mediante 7853 de 30 de diciembre de 1999 el Jefe de Unidad de Recursos Humanos de la Contraloría General de Santander le informó a la señora Blanca Fabiola Linares Castro que su cargo había sido suprimido mediante Decreto 0401 de 1999.
En virtud de lo anterior la citada señora interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho establecida en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo en contra del Departamento de Santander y la Contraloría de Santander, la cual fue de conocimiento por parte del Tribunal Administrativo de Santander, quien mediante sentencia de 11 de abril de 2008, confirmada el 10 de febrero de 2011 por el Consejo de Estado, accedió a las pretensiones incoadas y, en tal sentido, ordenó declarar la nulidad del Decreto Ordenanzal 401 del 30 de diciembre de 1999, en lo que se refiere al cargo de Auxiliar Administrativo código 565; el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir desde su desvinculación hasta su reintegro efectivo.
El 27 de enero de 2012 la señora Blanca Fabiola Linares Castro renunció al reintegro ordenado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo con la siguiente condición:
“(…) manifiesto que es mi voluntad RENUNCIAR AL REINTEGRO ordenado, siempre y cuando se me cancelen los valores correspondientes a la indemnización ordenada por el consejo de estado, prontamente, esto es a más tardar el 9 de marzo de 2012 (…)”.
Por medio de la Resolución 474 de 1 de junio de 2011 el Contralor General de Santander acató y ordenó el cumplimiento a lo resuelto en las anteriores providencia y, por ende, dispuso: (i) la imposibilidad del reintegro; (ii) la comunicación al Gobernador de Santander la decisión a fin de que se realizaran todas las actuaciones para dar cumplimiento a la condena; y, (iii) la realización de la liquidación de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante la desvinculación del empleo como Auxiliar Administrativo código 565. Para el efecto consideró:
“(…) 1. Que mediante sentencia calendada fecha 11 de abril de 2008, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por BLANCA FABIOLA LINARES, con radicado número 2000-1541 se declaró la nulidad del Decreto Ordenanzal Número 401 del 30 de diciembre de 1999, en lo que se refiere al cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la planta de personal de la Contraloría Departamental de Santander, que desempeñaba LINARES CASTRO.
2. Que con fallo del 10 de febrero de 2011 el Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia.
3. Qué la referida decisión judicial ordenó el reintegro de BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO al empleo de carrera denominado AUXILIAR ADMINISTRATIVO CÓDIGO 565 que venía desempeñando en la Contraloría Departamental de Santander.
4. Que así mismo se condenó el pago de los salarios, prestaciones sociales, incrementos salariales y demás emolumentos legales correspondientes al cargo que venía desempeñando BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO desde la fecha de la separación del servicio hasta cuando se produzca el reintegro.
5. Que el citado fallo judicial que no legalmente ejecutoriado el 18 de marzo de 2011, segunda cuenta la constancia en el mismo establecida por la autoridad judicial respectiva.
6. Que la apoderada de BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO en escrito radicado el 26 de mayo de 2011, solicitó el cumplimiento y pago efectivo de la sentencia.
7. Que de conformidad con el artículo 176 del código contencioso administrativo es deber de la entidad adoptar las medidas pertinentes para dar cumplimiento al fallo ya referido.
8. Que en la actual estructura orgánica de la Contraloría general de Santander, dentro de los empleos denominados Auxiliar Administrativo código 407 no se encuentra con vacancia definitiva, por lo que no es posible proceder a reintegrar en dicho cargo a BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO.
(…)
11. Que para el acatamiento de la orden judicial en cuanto al reintegro es necesarísimo que exista o esté debidamente creado el cargo de la entidad con sus funciones y emolumentos determinados por la autoridad competente y constitucional y legalmente -Ley 330 de 1996- el Contralor Departamental no es la autoridad competente para determinarlos.
(…)
15. Que por las razones expuestas no es posible jurídicamente cumplir con la orden de reintegro; no obstante lo accesible es pagar los emolumentos laborales debidamente liquidados y causados, con lo cual se pretende el acatamiento de la orden judicial impuesta por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
(…)”.
El 19 de diciembre de 2012 la señora Blanca Fabiola Linares Castro renunció al reintegro que había sido ordenado en sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado, así:
“(…) por medio del presente escrito, me permito manifestar mi intención de renunciar al reintegro a la planta de personal de la Contraloría, conforme lo ordenado en sentencia del 11 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, adicionada por esta corporación mediante auto del 4 de septiembre de 2008 y confirmada mediante sentencia del 10 de febrero de 2011 del Consejo de Estado - Sección Segunda-Subsección A.
(…)”.
A través de la Resolución 971 de 19 de diciembre de 2012 el Contralor General del Departamento de Santander se abstuvo de hacer efectivo el reintegro de la señora Blanca Fabiola Linares Castro por las razones que se exponen a continuación:
“(…) 2. Que el día 27 de enero de 2012, Blanca Fabiola Linares Castro, radicó en esta Contraloría escrito en la cual renuncia el reintegro ordenado en la sentencia proferida por el tribunal administrativo de Santander, siempre que el pago de la indemnización judicial ordenada le sean cancelados en un término antes del 9 de marzo de 2012.
3. Que con la resolución número 873 del 31 de enero de 2012, la Contraloría general de Santander dispuso las medidas para adoptar el cumplimiento de la sentencia de fecha 11 de abril de 2008 y se abstuvo de hacer efectivo el reintegro ordenado mediante sentencia judicial dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por Blanca Fabiola Linares Castro.
4. Que el día 19 de diciembre de 2012, Blanca Fabiola Linares Castro, radicó en esta Contraloría escrito en el cual manifiesta y reitera la renuncia al reintegro ordenado en la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.
(…)”.
Por medio de la Resolución 021462 del 21 de diciembre de 2012 el Secretario General del Departamento de Santander dispuso reconocer a favor de la señora Blanca Fabiola Linares Castro, a través de su apoderada, la suma de $294.624.769, por concepto de sueldos, prestaciones sociales e intereses por el periodo comprendido del 4 de enero de 2000 al 30 de diciembre de 2012, en cumplimiento de la condena impuesta en contra de la Contraloría Departamental – Departamento de Santander, de acuerdo con la liquidación anexa.
El 27 de mayo de 2013 la señora Blanca Fabiola Linares Castro solicitó al Contralor General de Santander la indemnización por supresión de cargo, sin embargo, por medio del Oficio 5593 de 20 de junio de 2013, la citada autoridad administrativa le negó tal petición, al considerar que:
“(…) la sentencia del pasado 11 de abril de 2008 reconoció a usted el derecho a ser indemnizado en los términos allí señalados, dentro de cuyos supuestos de cuantificación está la imposición de descontarse de dicha suma, también debidamente interesada el monto de indemnización que se le pagó por la supresión del cargo que desempeñaba, así como también el monto de los demás conceptos reconocidos por la supresión del empleo. Para la seguridad jurídica de todos, incluidos personas, ciudadanos, servidores e instituciones, los fallos judiciales deben acatarse tal cual sus imperativas órdenes; por ello se limita la posibilidad de acceder a su solicitud como ya se había señalado. (…)”.
El 28 de mayo de 2013 la señora Blanca Fabiola Linares Castro le solicitó al Gobernador del Departamento de Santander el reconocimiento y pago de la indemnización por supresión de cargo, petición que fue negada por medio del Oficio del 3 de julio de 2013 por parte de la Secretaria General del Departamento de Santander por cuanto:
“(…) 2. No considera este despacho viables jurídicamente, dentro del análisis de los documentos que responsan en su expediente y frente a lo solicitado por usted en el presente derecho de petición, entrar a controvertir o desconocer lo resuelto y fallado por el Tribunal Administrativo de Santander y por el Honorable Consejo de Estado, pero concretamente respecto a su petición expuesta en el encabezamiento de su oficio, si estimo importante tener en cuenta algunos hechos posteriores acaecidos en procura del cumplimiento del mandamiento judicial, relacionándolos a su vez por sus efectos, con algunas disposiciones de nuestro actual Código Contencioso Administrativo.
3. El 21 de diciembre de 2012, el departamento de Santander a través del secretario general doctor JAIRO JAIMES YÁÑEZ, expidió la Resolución No. 021462, por medio de la cual se reconocía una cuenta, producto de la acatamiento y cumplimiento de los fallos judiciales proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander y el Honorable Consejo de Estado a favor de BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO, por la suma de $294.624.769, acto administrativo este notificado personalmente por secretaría el 26 de diciembre de 2012 a la apoderada judicial doctora SILVIA JULIANA JAIMES OCHOA.
4. Que el valor cancelado y mencionado en el ordinal anterior, fue el resuelto de la liquidación contemplativa de todos los factores ordenados en las respectivas sentencias por el Tribunal Administrativo de Santander y por el Consejo de Estado, discriminados detalladamente en el ordinal 4 de los considerandos de la Resolución No. 21462 de 2012.
(…)
Correspondientemente con lo descrito anteriormente , se hace necesario observar que contra la Resolución No. 21462 de 2012, notificada personalmente a su apoderada, la doctora Silvia Juliana Jaimes Ochoa, el 26 de diciembre de 2012, no se interpusieron los recursos legales correspondientes dentro de los términos consagrados en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011, quedando por lo tanto dispuesto en su parte resolutiva, y por ende, quedando así agotada la vía gubernativa.
(…)”.
Una vez que se ha relacionado el material probatorio relevante que obra en el proceso, la Sala puede concluir, en principio, que la señora Blanca Fabiola Linares Castro tenía derecho a que le fuera reconocida la indemnización por supresión de cargo, conforme lo establece el artículo 39 de la Ley 443 de 1998, derogado por el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, pues además de que ostentaba derechos de carrera administrativa, lo cual no es objeto de debate, la Contraloría General de Santander a través de la Resolución 474 del 1º de junio de 2011, previo a dar cumplimento a lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de Estado en sentencias de 11 de abril de 2008 y 10 de febrero de 2011, respectivamente, indicó que era materialmente imposible efectuar el reintegro, por cuanto no existían vacantes de Auxiliar Administrativo código 565.
Nótese que si bien es cierto la jurisdicción de lo contencioso administrativo determinó que los actos administrativos por medio de los cuales había sido suprimido el empleo que venía ocupando la demandante se encontraban viciados de legalidad, lo cual trajo consigo retrotraer la situación jurídica de la demandante a su estado anterior, esto es, como si tal acto «el que fue declarado nulo» no hubiera existido; también lo es que, la Contraloría General de Santander, ante la imposibilidad de cumplir con el reintegro, no tenían otra opción que realizar el pago de la indemnización o de incorporarla en un cargo equivalente.
En efecto, cuando no es posible la incorporación al servicio de empleados de carrera, el funcionario tiene derecho a optar entre las dos alternativas que la ley le concede, tales como, la incorporación a cargos equivalentes que puedan quedar vacantes dentro del plazo legal o retirarse definitivamente con el pago de una indemnización.
Sin embargo, la Sala no puede pasar por alto que la señora Blanca Fabiola Linares Castro presentó, en dos ocasiones, la renuncia al derecho a ser reintegrada, el 27 de enero y el 19 de diciembre de 2012; motivo por el cual, es necesario examinar la implicación de esta dimisión en relación con el pago de la indemnización.
Al partir de la premisa, según la cual, es procedente el reintegro al servicio de un funcionario a quien le fue declarado nulo el acto administrativo que ordenó la supresión de su cargo de carrera administrativa, es dable concluir que, si la persona que es beneficiaria renuncia a tal derecho, el cual le concede la ley dentro del marco del restablecimiento del derecho, pierde los beneficios propios que le concede el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 de ser reincorporada en un cargo de igual o semejante categoría o, incluso, a que le paguen la indemnización teniendo en cuenta el tiempo en que estuvo en la entidad, sin solución de continuidad.
Es posible que no pueda ser tenida en cuenta la renuncia que la demandante presentó el 27 de enero de 2012 por cuanto se encontraba condicionada al pago de salarios y prestaciones dejados de percibir; pero resulta que el 19 de diciembre de 2012 expresó de manera libre y espontánea que era su intención “(…) renunciar al reintegro a la planta de personal de la Contraloría, conforme lo ordenado en sentencia del 11 de abril de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander (…)”, en tal sentido, abandonó los derechos laborales que la jurisdicción de lo contencioso administrativo le había concedido.
Se debe precisar que el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 fue claro al señalar que, los empleados públicos a quienes se les suprima su empleo de los cuales sean titulares, tendrán derecho a optar a ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir una indemnización, quiere decir que estamos ante una conjunción disyuntiva «o» en la cual se unen sintagmas que señalan alternativas, en este caso, el reintegro o la indemnización. Por tal motivo, se insiste, si el funcionario de carrera administrativa renuncia al reintegro, pierde de manera automática el derecho a ser indemnizado, por cuanto la ley no propuso una conjunción copulativa «y» que le brindara la opción de tener las dos alternativas.
Aunado a lo anterior se tiene que el artículo 42 ibídem dispuso que el retiro del servicio, entre ellas, la renuncia, implica la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, lo cual sucedió en el sub-lite cuando el 19 de diciembre de 2012 la señora Blanca Fabiola Linares Castro renunció al reintegro y fue aceptado por parte de la Contraloría General de Santander por medio de la Resolución 971 de 19 de diciembre de 2012 cuando el Contralor General se abstuvo de hacer efectivo su reintegro, precisamente, por las dimisiones que había presentado.
Esta Corporación en sentencia de 31 de enero de 2019 expresó, en un tema similar al que ahora nos ocupa, que no existía ningún efecto en la manifestación voluntaria que hace la demandante de renunciar al reintegro, veamos:
“(…) Ninguno, toda vez que, si renunció al reintegro ordenado en la sentencia, o sea el que desempeñaba antes de expedirse el acto que lo suprime y que fue declarado nulo, porque lo que generó la nueva situación administrativa fue la de no existir empleo para reincorporarse, así se lo hizo saber la entidad, situación ésta que conlleva en aras de garantizar sus derechos de carrera el pago de una indemnización por supresión del cargo. Por otro lado, en el supuesto caso de que se tratara solo del reintegro por sentencia, tampoco surtiría efecto alguno, ya que según la Resolución 001044 del 24 de noviembre de 2011, se había declarado la imposibilidad de reintegro, lo que significa que no iba a ser reincorporada en ningún cargo (…)”
No obstante, esta posición fue revaluada recientemente por la misma Sala en sentencia de 26 de noviembre de 2020, al señalar que no es posible efectuar el pago de la indemnización ante la expresión del beneficiario de no aceptar el reintegro:
“(…) De manera que la entidad, si bien es cierto que inicialmente había dispuesto mediante Resolución 00137 del 15 de febrero de 2012 aceptar y dar cumplimiento a los fallos proferidos, es decir que iba a reintegrarlo, también lo es que frente a la expresión de la voluntad del empleado, no tuvo opción distinta que la de abstenerse de hacerlo efectivo, lo que equivale a que aceptó dicha renuncia, y procedió a reconocer y pagarle al señor Castañeda Rivera, por medio de Resolución 021159 del 14 de diciembre de 2012, los emolumentos salariales y prestacionales dejados de percibir por él hasta la fecha del dimisión, 22 de marzo de 2012.
Al respecto, argumenta el actor que su renuncia se produjo por presiones ejercidas por parte de la Contraloría, entidad que condicionó el pronto pago del valor de la condena a la efectiva presentación del referido documento; sin embargo, esta afirmación carece de sustento alguno que ofrezca veracidad, pues el expediente es desértico de pruebas que permitan inferir que se hayan dado dichas circunstancias.
Nótese que el señor Castañeda bien pudo expresar tal situación de injerencia y coacción en el escrito de renuncia, lo cual habría podido ser, eventualmente, un elemento que permitiera invalidarla, pero antes por el contrario, su manifestación es simple, clara y rotunda y no deja asomos de duda sobre su decisión de dimitir.
En este orden de ideas, la renuncia fue válida y surtió plenamente sus efectos, con las consecuencias que ella produce a la luz de la normatividad vigente a la fecha que se presentó, que son el retiro del servicio por esta causa, la separación de la carrera administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, entre ellos, lógicamente, el de la indemnización por supresión del cargo.
(…)”.
En virtud de lo anterior, la demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la indemnización por supresión del cargo, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, como quiera que al haber presentado la demandante la renuncia al reintegro, no es posible acceder a tal reconocimiento, por ende, es evidente que no se vulneró sus derechos de carrera de los que era titular y, en tales condiciones, la Sala revocará la sentencia del a-quo que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, denegarlas.
Ante tal situación, la Sala, además, se releva de efectuar el estudio de la entidad que se debería encargar de efectuar el pago de tal indemnización, pues ello solo era procedente siempre y cuando fuera procedente la misma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
REVOCAR la sentencia de 19 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander por medio del cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por la señora Blanca Fabiola Linares Castro en contra del Departamento de Santander – Contraloría General de Santander;
En su lugar, se dispone:
NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
(firmado electrónicamente)
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Informe visible a folio 398. Visible en folio 109 a 125 del expediente. El abogado Silvia Juliana Jaimes Ochoa.
“(…) ARTÍCULO 44. Derechos del empleado de carrera administrativa en caso de supresión del cargo. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. PARÁGRAFO 1. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. PARÁGRAFO 2. La tabla de indemnizaciones será la siguiente: 1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salarios. 2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 3. Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. PARÁGRAFO 3. En todo caso, no podrá efectuarse supresión de empleos de carrera que conlleve el pago de la indemnización sin que previamente exista la disponibilidad presupuestal suficiente para cubrir el monto de tales indemnizaciones.
“(…)
Ibídem.
“(…) Por medio de la cual se autoriza al Gobernador a expedir la planta de personal de la Asamblea Departamental (…)”
“(…) Por el cual se suprimen unos cargos de la Contraloría Departamental de Santander (…)”.
(…) Por medio de la cual se autoriza al Gobernador a expedir la planta de personal de la Asamblea Departamental (…)”. Visible en folios 160 a 163 del expediente.
“(…) ARTÍCULO PRIMERO: Abstenerse de hacer efectivo el reintegro del señor BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.480.715 expedida en Bucaramanga, de conformidad con la manifestación voluntaria efectuada en escrito radicado en la entidad el día 19 de Diciembre de 2012. ARTÍCULO SEGUNDO: Realizar a través de la Oficina de presupuesto de la Contraloría General de Santander la liquidación de los salarios, prestaciones sociales, primas, bonificaciones y demás emolumentos que dejo de percibir durante su desvinculación del empleo como AUXILIAR CODIGO 565 la señora BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO. ARTÍCULO TERCERO:
De conformidad con la resolución Numero 000474 del 1 de Junio de 2011, comunicar la presente decisión al Representante legal del Departamento de Santander de r, Señor Gobernador Dr. Richard Alfonso Aguilar Villa a fin de que realicen todos los actos y accione presupuestales y financieras que permitan cumplir con la obligación condicional formulada por BLANCA FABIOLA LINARES CASTRO. ARTÍCULO CUARTO: Notificar en los términos de artículo 45 y s.s. del C.C.A., esta decisión a la apoderada de COSME LEON CASTAÑEDA RIVERA. Envíese la correspondiente comunicación a la Carrera 14 Numero 35-26 Oficina 201 de Bucaramanga. ARTÍCULO QUINTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la C.C.A. (…)”. Visible a folios 251 a 256 del expediente. Visible en folio 146 a 153 del expediente
Visible a folios 251 a 256 del expediente. Visible en folio 161 y 162 del expediente
Visible en folios 345 a 346 del expediente.
“(…) ARTÍCULO 305. PROCEDENCIA. Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo. Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta.
(…)”. Visible en el registro magnético a folio 257. Visible en folio 160 del expediente. Visible en folio 163 del expediente.
“(…) Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)”. Artículo 125 de la Constitución Política. CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia de C-370 de 27 de mayo de 1999, M. P. Dr. Carlos Gaviria Díaz. Citó: sentencia C-613 de 1994. Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto – Ley 1567 de 1998.
“(…) ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;
b) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consecuencia del resultado no satisfactorio en la evaluación del desempeño laboral de un empleado de carrera administrativa;
c) INEXEQUIBLE. Por razones de buen servicio, para los empleados de carrera administrativa, mediante resolución motivada; Sentencia HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16725" \l "0"C-501 de 2005.
d) Por renuncia regularmente aceptada;
e) Retiro por haber obtenido la pensión de jubilación o vejez;
f) Por invalidez absoluta;
g) Por edad de retiro forzoso;
h) Por destitución, como consecuencia de proceso disciplinario;
i) Por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de abandono del mismo;
j) Por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para el desempeño del empleo, de conformidad con el artículo HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=321" \l "5"5 de la Ley 190 de 1995, y las normas que lo adicionen o modifiquen;
k) Por orden o decisión judicial;
l) Por supresión del empleo;
m) Por muerte;
n) Por las demás que determinen la Constitución Política y las leyes.
(…)”. Información tomada de la sentencia de 11 de abril de 2008 del Tribunal Administrativo de Santander.
“(…) ARTICULO 85.
ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. <Código derogado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr007.html" \l "309"309 de la Ley 1437 de 2011. Rige a partir del dos (2) de julio del año 2012. El texto vigente hasta esta fecha es el siguiente:> <Ver Notas del Editor> <Subrogado por el artículo 15 del Decreto 2304 de 1989. El nuevo texto es el siguiente:> Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente. (…)”. Visible a folios 14 a 33 del expediente. Visible a folios 34 a 51 del expediente. Visible a folio 160 del expediente. Visible a folios 53 a 56 del expediente. Visible a folio 163 del expediente. Visible a folios 70 y 71 del expediente. Visible a folios 57 a 69 del expediente. Visible a folios 10 a 13 del expediente. Visible a folio 2 del expediente. Visible a folios 6 a 9 del expediente. Visible a folios 3 a 5 del expediente.
“(…) ARTICULO 39. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados públicos de carrera a quienes se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y condiciones que establezca el Gobierno Nacional.
(…). (Lo resaltado en negrilla y subrayado es de la Sala).
“(…) ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización. PARÁGRAFO 1º. Para los efectos de reconocimiento y pago de las indemnizaciones de que trata el presente artículo, el tiempo de servicios continuos se contabilizará a partir de la fecha de posesión como empleado público en la entidad en la cual se produce la supresión del empleo. No obstante lo anterior, cuando el cargo que se suprime esté siendo desempeñado por un empleado que haya optado por la reincorporación y haya pasado a este por la supresión del empleo que ejercía en otra entidad o por traslado interinstitucional, para el reconocimiento y pago de la indemnización se contabilizará además, el tiempo laborado en la anterior entidad siempre que no haya sido indemnizado en ella, o ellas. Para lo establecido en este parágrafo se tendrán en cuenta los términos y condiciones establecidos en el reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional. PARÁGRAFO 2º. La tabla de indemnizaciones será la siguiente: 1. Por menos de un (1) año de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salarios. 2. Por un (1) año o más de servicios continuos y menos de cinco (5) cuarenta y cinco (45) días de salario por el primer año; y quince (15) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 3.
Por cinco (5) años o más de servicios continuos y menos de diez (10) cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y veinte (20) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos. 4. Por diez (10) años o más de servicios continuos: cuarenta y cinco (45) días de salario, por el primer año; y cuarenta (40) días por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por meses cumplidos.
(…)”. (Lo resaltado en negrilla y subrayado es de la Sala). Ibídem. HYPERLINK "https://dle.rae.es/conjunci%C3%B3n?m=form" \l "Cc1jj1E"https://dle.rae.es/conjunci%C3%B3n?m=form#Cc1jj1E
“(…) conjunción disyuntiva
1. f. Gram. conjunción coordinante que une elementos sintácticos mediante disyunción.
(…)”. HYPERLINK "https://dle.rae.es/sintagma"https://dle.rae.es/sintagma
“(...) sintagma
1. m. Gram. Palabra o conjunto de palabras que se articula en torno a un núcleo y que puede ejercer alguna función sintáctica.
(…)”. HYPERLINK "https://dle.rae.es/conjunci%C3%B3n" \l "Cc0Uztd"https://dle.rae.es/conjunci%C3%B3n#Cc0Uztd
“(…) conjunción copulativa
1. f. Gram. conjunción coordinante que forma conjuntos cuyos elementos se suman
(…)”.
“(…) ARTÍCULO 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:
(...)
d) Por renuncia regularmente aceptada;
(…)”. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 31 de enero de 2021, radicado 68001-23-33-000-2014-00294-02 (4823-15), C. P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández. CONSEJO DE ESTADO, sentencia de 26 de noviembre de 2020, radicado 68001-23-33-000-2013-00827-02(2274-16), C. P. Dr. Rafael Francisco Suárez Vargas. Resolución 0003808 del 22 de marzo de 2012
“(…) ARTÍCULO 44. DERECHOS DEL EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA EN CASO DE SUPRESIÓN DEL CARGO. Los empleados públicos de carrera administrativa, que como consecuencia de la liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de funciones de una entidad a otra, o por modificación de planta de personal, se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal, y de no ser posible podrán optar por ser reincorporados a empleos iguales o equivalentes o a recibir indemnización. El Gobierno Nacional reglamentará el proceso de reincorporación y el reconocimiento de la indemnización.
(…)”. (Lo resaltado en negrilla y subrayado es de la Sala).
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