Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02969-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02969-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02969-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
22 de mayo de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia -
Relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por Julieta Arenas Arenas contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Julieta Arenas Arenas, por intermedio de apoderado judicial1, interpuso acción de tutela
en procura de la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración a la justicia, de reparación integral, de primacía de la
realidad, a la favorabilidad laboral, al principio in dubio pro operario y a la igualdad2, los
cuales estima vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
con ocasión de la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025, dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01193-00/02.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:
2.1. El 13 de junio de 2008, el Tribunal Administrativo de Santander profirió sentencia
por medio de la cual declaró la nulidad del Decreto 0401 del 30 de diciembre de 1999,
por medio del cual se suprimió el cargo que la señora Julieta Arenas Arenas ocupaba
en la Contraloría General de Santander. En consecuencia, ordenó: (i) reintegrar a la
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Poder conferido a la firma AZ ABOGADOS S.A.S. Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado
2D308DE52093D84D 80855A6D7865A859 45C32D228A565864 D6B263EF983FB50F.
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B14B3AF2A58C4F8D.
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
señora Arenas Arenas al cargo que desempeñaba en dicha entidad -correspondiente al
puesto de auxiliar 407, antes auxiliar 565- y (ii) pagar, de forma indexada, los sueldos y
demás emolumentos dejados de percibir a partir del 30 de diciembre de 1999 -fecha en
que se efectuó su retiro- hasta el momento de su reintegro.
2.2. Posteriormente, la señora Arenas Arenas radicó solicitudes de cumplimiento de la
sentencia los días 11 de marzo, 28 de julio y 28 de octubre de 2009.
2.3. Seguido a ello, mediante Resolución 612 del 28 de agosto de 2009, el Contralor
General de Santander declaró la imposibilidad de reintegro por inexistencia de
vacantes. No obstante, con posterioridad, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de
Bucaramanga, mediante sentencia de tutela, ordenó dar cumplimiento a la orden de
reintegro.
2.4. El 26 de abril de 2011, debido a que persistía el incumplimiento de lo ordenado en
la sentencia del 13 de junio de 2008, la actora adujo que, ante la presión de la
Contraloría General de Santander, renunció al reintegro y al 20% de los intereses
causados, bajo la condición que el pago se efectuara antes del 20 de mayo de 2011. Sin
embargo, el 26 de mayo de 2011 dicho plazo fue extendido al 31 de mayo de 2011.
2.5. El 27 de mayo de 2011, la secretaría General del departamento de Santander
expidió la Resolución 07967, mediante la cual liquidó la indemnización en la suma de
$244.362.790 pesos, correspondiente a salarios, prestaciones e intereses dejados de
percibir hasta el 30 de abril de 2011. Dicho pago fue desembolsado el 31 de mayo de
2011.
La liquidación no incluyó los salarios dejados de percibir desde el 1 de mayo de 2011 en
adelante -denominado Capital DOS-, los cuales, a juicio de la accionante, debieron
seguir causándose hasta la fecha de su reintegro, circunstancia que finalmente no
ocurrió.
2.6. Inconforme con lo anterior, la solicitante interpuso recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, al considerar insuficiente la liquidación efectuada. Sin embargo,
estos fueron desestimados a través de la Resolución 14295 del 6 de septiembre de
2011.
2.7. Con fundamento en lo anterior, la señora Julieta Arenas Arenas promovió proceso
ejecutivo con el fin de que se librara mandamiento de pago en contra del departamento
de Santander y de la Contraloría General de Santander, por los siguientes conceptos:
“1. CAPITAL UNO: $ 55’325.367 correspondiente al saldo impagado de la
obligación dineraria consecuente al restablecimiento del derecho ordenado
mediante sentencia referida en los hechos, descontando el monto abonado.
2. INTERESES UNO: El pago de los respectivos intereses comerciales
moratorios (artículo 177 C.C.A.) desde el junio 1º de 2011 y hasta la fecha de
pago efectivo de la obligación, conforme a los hechos de la demanda.
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
3. CAPITAL DOS: El pago de lo equivalente a salarios, factores salariales,
prestaciones sociales y demás emolumentos correspondientes al cargo que
ocupaba la parte ejecutante (Auxiliar 407-antes Auxiliar 565) en la contraloría,
con los incrementos legales, desde la fecha de abono parcial (mayo 31 de
2011) y hasta el pago total y reintegro laboral por la suma de
$47.799.381,oo.
4. Por concepto de cesantías liquidadas con retroactividad “En lo atinente
al pago de auxilio de cesantías e intereses, esto ha de corresponder al régimen
de retroactividad, teniendo como fecha de vinculación de la ejecutante a la
Contraloría ejecutada el 2 de junio de 1988, como se observa en los anexos de
la demanda, y como fecha de liquidación la de incumplimiento a la orden de
reintegro que debe efectuarse para ilustración liquidamos en $42.835.991 a
septiembre 30 de 2014.
5. INTERESES DOS: El pago de los respectivos intereses comerciales
moratorios (artículo 177 C.C.A.) sobre el monto de la indemnización económica
prevista en el numeral anterior, mes a mes y hasta el reintegro laboral y pago
completo”3.
Asimismo, la ejecutante solicitó su reintegro, sin solución de continuidad, al cargo que
ocupaba en la Contraloría General de Santander -auxiliar 407, antes Auxiliar 565- o a
otro equivalente o de superior jerarquía. De manera subsidiaria, pidió que, en caso de
no efectuarse el reintegro, se ordene el pago de una indemnización a su favor.
2.8. El 22 de enero de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander dictó auto
mediante el cual libró mandamiento ejecutivo por las sumas solicitadas por la
accionante y negó las pretensiones relativas al reintegro y al pago de la indemnización
compensatoria, al considerar que la primera correspondía a una obligación de hacer no
susceptible de ejecución ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que la
segunda resultaba improcedente, por no haber sido objeto de discusión en el proceso
ordinario.
2.9. Inconforme con dicha decisión, la parte ejecutante interpuso recurso de reposición
y, en subsidio, de apelación. Posteriormente, mediante auto del 3 de agosto de 2015, se
negó el primero y se concedió el segundo en efecto suspensivo. Del recurso de
apelación conoció el Consejo de Estado, que confirmó parcialmente la decisión
mediante auto del 2 de junio de 2016.
2.10. Posteriormente, la señora Julieta Arenas Arenas promovió acción de tutela contra
la decisión anteriormente mencionada. En sentencia proferida el 20 de febrero de 2017,
la Sección Cuarta del Consejo de Estado la Sección Cuarta del Consejo de Estado
amparó su derecho fundamental al debido proceso y dejó sin efectos los autos del 22 de
enero de 2015 y del 12 de junio de 2016, en lo relativo a la negativa de librar
mandamiento de pago respecto de la indemnización sustitutiva derivada del eventual
no reintegro de la parte actora. En consecuencia, ordenó al Tribunal Administrativo de
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Índice 00070 del proceso ejecutivo de segunda instancia en el plataforma SAMAI, certificado ACDB80587D55A7C5
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
Santander proferir una nueva decisión, de conformidad con los artículos 495 y 504 del
Código de Procedimiento Civil.
2.11. En cumplimiento del fallo de tutela, el Tribunal Administrativo de Santander
profirió auto del 22 de marzo de 2017, mediante el cual resolvió librar mandamiento de
pago a favor de Julieta Arenas Arenas y en contra de la Contraloría General de
Santander, respecto de la obligación de hacer consistente en el reintegro de la
demandante y, subsidiariamente, del pago de una indemnización compensatoria,
estimada bajo juramento en la suma de $145.386.289 pesos.
2.12. Así las cosas, el 30 de abril de 2019, tras surtir el trámite del proceso ejecutivo, el
Tribunal administrativo de Santander profirió sentencia de primera instancia en la que
declaró probada la excepción de remisión o condonación respecto de la obligación de
reintegro y respecto a la pretensión subsidiaria con el pago de la indemnización
compensatoria.
Asimismo, declaró parcialmente probada la excepción de pago propuesta por la parte
ejecutada y, en consecuencia, ordenó seguir con la ejecución en los términos que
precisados en la providencia.
2.13. Inconformes con dicha decisión, tanto la parte ejecutante como la ejecutada
interpusieron recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B4.
En el trámite de segunda instancia, la parte ejecutante solicitó que se profiriera
sentencia de unificación, al considerar que se configuraban los presupuestos para ello,
dada la necesidad de unificar la jurisprudencia en torno a la procedencia del
reconocimiento del pago parcial de la deuda dentro del proceso ejecutivo para efectos
de abstenerse de condenar en costas.
Asimismo, sostuvo que, dado que la renuncia presentada estuvo sometida a condición
y esta no se cumplió íntegramente, subsistía el derecho al reintegro y al pago de
intereses.
La referida solicitud fue negada mediante auto del 3 de abril de 2025, debido a que el
asunto sobre el cual recaía la petición, esto es, la excepción de pago, no constituía
objeto de estudio de la sentencia. Además, precisó que el tema relacionado con los
pagos efectuados con posterioridad a la presentación de la demanda ejecutiva y su
configuración como excepción de pago ya había sido objeto de pronunciamiento por
parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2.14. En ese contexto, el 3 de septiembre de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, profirió sentencia de segunda instancia mediante la cual
modificó la decisión de primera instancia, declaró probada la excepción de pago total de
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Índice 00070 del proceso ejecutivo de segunda instancia en el aplicativo SAMAI, certificado ACDB80587D55A7C5
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
la obligación propuesta a por la Contraloría General de Santander y dio por terminado el
proceso.
La anterior decisión se sustentó en que, contrario a lo afirmado por la parte accionante,
la Contraloría General de Santander no estaba obligada a efectuar el pago
correspondiente al “capital DOS”, toda vez que este dependía del momento en que se
produjera el reintegro de la accionante, circunstancia que no ocurrió debido a la
renuncia presentada por esta.
Asimismo, sostuvo que, de conformidad con el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, no
procedía el reconocimiento de indemnización compensatoria, puesto que dicha
disposición prevé que, ante la supresión de un cargo, el trabajador puede optar entre el
reintegro a un empleo igual o equivalente o el pago de la respectiva indemnización. En
consecuencia, consideró que, al haber renunciado al reintegro, la señora Julieta Arenas
Arenas tampoco podía acceder a la indemnización solicitada, de acuerdo con la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
Igualmente, la autoridad judicial accionada concluyó que no se configuró la novación de
la obligación, debido a que el material probatorio no demostraba la existencia de una
manifestación expresa orientada a novar o sustituir la obligación inicialmente
reconocida.
Finalmente, luego de efectuar la liquidación del crédito, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B determinó que la Contraloría General de Santander había
realizado un pago superior al realmente adeudado a favor de la ejecutante, en tanto
estableció que la obligación ascendía a la suma de $232.888.153 y que la entidad había
pagado $244.362.788.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud5
La parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados. En
consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 3 de septiembre de 2025
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B dentro del proceso
ejecutivo identificado con el radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01193-00/02 y, en
su lugar, ordenar la expedición de una decisión de reemplazo que:
(i) Determine la eficacia extintiva de la renuncia condicionada presentada el 26
de abril de 2011, de conformidad con los artículos 1536-1545 y 1626-1627
del Código Civil;
(ii) Corra traslado de la liquidación del crédito, de forma que se pueda ejercer el
principio de contradicción de conformidad con el artículo 446 del Código
General del Proceso;
(iii) Incluya la liquidación del capital DOS;
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
(iv) aplique el principio de favorabilidad e indubio pro operario en la solución de
las dudas interpretativas;
(v) Resuelva la procedencia de la indemnización compensatoria de conformidad
con los artículos 428 y 437 del Código General del Proceso;
(vi) Cumpla con la carga argumentativa en el caso de que se aparte del
precedente o remita a la Sala Plena para unificación.
Para sustentar su solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto sustantivo: Sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, omitió el estudio de las normas aplicables al caso, particularmente los
artículos 1536, 1537, 1539 a 1542, 1626 y 1627 del Código Civil, así como los artículos
428 y 437 del Código General del Proceso.
Al respecto, manifestó que la autoridad judicial accionada no analizó lo dispuesto en los
artículos 1536 a 1542 del Código Civil, relativos al cumplimiento de las obligaciones
sujetas a condición, cuya extinción exige el cumplimiento íntegro de la condición
pactada, circunstancia que, a su juicio, no ocurrió en el presente asunto, debido a la
exclusión del “capital DOS” del monto adeudado.
Asimismo, señaló que la sentencia cuestionada omitió motivar las razones por las
cuales se apartó de la sentencia de tutela proferida en el año 2017, desconociendo así
el reconocimiento de la indemnización compensatoria, en contravía de los artículos 428
y 437 del Código General del Proceso.
Por otro lado, sostuvo que el Consejo de Estado aplicó un precedente inadecuado al
caso concreto, dado que la sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección B
de la Corporación, dentro del proceso identificado con el radicado núm. 68001-23-33-
000-2013-01112-02 del 26 de noviembre de 2020, aludida en la providencia del 3 de
septiembre de 2025, correspondía a un supuesto fáctico distinto, en tanto la
demandante de dicho asunto presentó una renuncia incondicional al reintegro.
En consecuencia, afirmó que debía aplicarse la regla fijada en la sentencia proferida
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 68001-23-33-000-2014-00294-02, del 31 de enero de
2019, toda vez que en ese caso se declaró la imposibilidad de reintegro de la
demandante y, como consecuencia de ello, se reconoció la indemnización
compensatoria.
3.2. Defecto fáctico: Señaló que, con fundamento en las certificaciones de
emolumentos anuales expedidas por la Contraloría General de Santander mediante
Oficio A26032025, el “capital DOS”, calculado desde el 1.º de mayo de 2011 hasta el 3
de septiembre de 2025, debía fijarse en la suma de $407.776.495. A ello debían
adicionarse los valores correspondientes a dotaciones ($3.287.088), cesantías
retroactivas ($57.567.420) e indemnización compensatoria ($145.386.289), para un
total de $614.017.292, sin incluir intereses.
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
Con fundamento en lo anterior, sostuvo que el pago efectuado en mayo de 2011
únicamente correspondió al 39,8 % de la obligación que, a su juicio, debía asumir la
Contraloría General de Santander.
Asimismo, adujo que la autoridad judicial accionada consideró válida la renuncia
condicionada bajo el entendido de que el reintegro resultaba imposible en el año 2011.
No obstante, afirmó que el 5 de enero de 2009 se generó una vacante con ocasión de la
renuncia de Dora Ardila Becaría y que, en lugar de asignar dicho cargo a la accionante,
la entidad nombró provisionalmente a otro trabajador.
Por ende, estimó que, de haberse valorado adecuadamente dicha prueba, la Sala
habría concluido que la condición pactada en la renuncia no se cumplió integralmente,
razón por la cual la excepción de remisión no habría prosperado y el proceso ejecutivo
habría debido continuar.
3.3. Desconocimiento del precedente horizontal: Reiteró que el 20 de febrero de
2017 la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió sentencia dentro de una acción
de tutela promovida por la hoy accionante, mediante la cual amparó su derecho
fundamental al debido proceso y concluyó que se configuró un defecto sustantivo al
negar la indemnización compensatoria como pretensión subsidiaria ante la
imposibilidad de efectuar el reintegro.
En ese sentido, sostuvo que la sentencia del 3 de septiembre de 2025 omitió exponer
las razones por las cuales dejó de aplicar la regla fijada en la referida providencia de
tutela, lo que, a su juicio, configuró un desconocimiento del precedente vinculante del
caso.
3.4. Defecto procedimental absoluto: Indicó que la autoridad judicial accionada
elaboró de oficio la liquidación de las sumas que la Contraloría General de Santander
debía asumir a favor de la accionante hasta mayo de 2011.
Al respecto, manifestó que el Consejo de Estado omitió correr traslado de dicha
liquidación, la cual únicamente fue conocida con la expedición de la sentencia,
circunstancia que impidió ejercer el derecho de contradicción frente a su contenido.
A su juicio, la Subsección accionada actuó simultáneamente como liquidadora y juez de
su propia liquidación, sin someterla al principio de contradicción. Además, señaló que el
cálculo efectuado por el Consejo de Estado reconoció “resultados «aproximados»
distintos a los de la perito del Tribunal”, según lo admitió la propia Corporación.
En consecuencia, sostuvo que, de haberse corrido traslado de la liquidación por el
término de tres días previsto en el artículo 446 del Código General del Proceso, habría
podido aportar pruebas orientadas a controvertir el resultado obtenido y, por ende, la
excepción de pago total no habría prosperado.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
3.5. Violación directa de la constitución: la accionante adujo que la jurisprudencia de
la Sección Segunda del Consejo de Estado evidencia la existencia de dudas
interpretativas respecto de los efectos jurídicos de la renuncia al reintegro.
En ese sentido, hizo referencia a la sentencia proferida por la Sección Segunda,
Subsección A, dentro del proceso identificado con el radicado núm. 68001-23-33-000-
2014-00294-02, del 31 de enero de 2019, así como a la sentencia emitida por la
Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso identificado con el radicado núm.
68001-23-33-000-2013-01112-02, del 26 de noviembre de 2020.
A su juicio, las subsecciones mencionadas sostienen criterios divergentes respecto de
los efectos de la renuncia al reintegro laboral, puesto que, en el primer caso, se declaró
la imposibilidad del reintegro y se reconoció la indemnización compensatoria en favor
de la trabajadora, mientras que, en el segundo, pese a declararse igualmente la
imposibilidad del reintegro, no se reconoció la indemnización compensatoria, debido a
que la renuncia presentada no estaba sometida a condición alguna.
Con fundamento en lo anterior, la accionante sostuvo que su caso ameritaba una
interpretación protectora, dado que la renuncia presentada estuvo sometida a una
condición que, a su juicio, no fue cumplida integralmente y porque la imposibilidad de
reintegro declarada por la Contraloría General de Santander era falsa.
Por ello, con fundamento en el artículo 53 de la Constitución Política, afirmó que la
autoridad judicial accionada debía adoptar la interpretación más favorable para la
trabajadora.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 21 de abril de 20266 la magistrada ponente admitió la acción de
tutela; vinculó en calidad de terceros con interés al departamento de Santander, la
Contraloría General de Santander y el Tribunal Administrativo de Santander; ofició a las
autoridades judiciales para que, quien tuviera a su cargo el expediente identificado con
el radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01193-00/02 lo remitiera a este trámite
constitucional; además, se requirió a la sociedad AZ ABOGADOS S.A.S. para que
allegara el poder judicial que la faculte para promover la presente acción constitucional;
se negó la práctica del dictamen pericial solicitado por la accionante; se ordenó notificar
a las partes y se dispuso la suspensión de los términos.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
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Índice 00004 en el aplicativo SAMAI, certificado 03D48479E1983CE3 C52A22507481746F B49C2560038725D1
B83CA2E205B0A198.
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Accionante: Julieta Arenas Arenas
4.1. La Contraloría General de Santander7, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela, en tanto, a su juicio, no cumple los requisitos de subsidiariedad ni
de inmediatez.
En ese sentido, señaló que la accionante debió acudir al uso del recurso de revisión, en
tanto este es el mecanismo idóneo para solicitar la corrección de errores o injusticias
materiales en sentencias ejecutoriadas emitidas por Tribunales o por el Consejo de
Estado. Asimismo, indicó que el requisito de inmediatez no solo fija un plazo
cronológico para la presentación de la acción de tutela, sino que exige que exista una
razón de urgencia, la cual a su criterio no se presenta en la presente situación, por
cuanto la accionante esperó casi al límite del plazo de seis meses para presentar la
acción, por ello, se desvirtúa la necesidad de acudir al amparo constitucional.
Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela no es el mecanismo mediante el cual la
parte actora debe alegar la presunta falsedad de la Resolución 000612 de 2009 que
declaró la imposibilidad de reintegro, en tanto este acto administrativo goza de
presunción de legalidad y no fue objetado oportunamente.
Igualmente, manifestó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
contrario a lo que adujo la accionante, realizó un análisis exhaustivo de la renuncia
voluntaria presentada el 26 de abril de 2011, realizó una rigurosa revisión aritmética y
no erró al realizar la liquidación, por cuanto el juez está llamado a verificar que la
obligación sea clara y exigible, por ende, está facultado para realizar las operaciones
aritméticas que sean necesarias para ello.
Además, resaltó que la obligación de reintegró se extinguió por voluntad de la
accionante, por ello, en consecuencia, expiró la pretensión subsidiaria de pago de la
indemnización compensatoria, en tanto “lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. En
ese sentido, la exclusión del “capital DOS” del monto adeudado es apenas una
consecuencia lógica de su renuncia expresa y voluntaria al reintegro.
Finalmente, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, en
tanto no existe nexo de causalidad entre la vulneración alegada por la parte actora y la
acción u omisión por parte de la Contraloría General de Santander.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B8, a través del magistrado
ponente, Juan Enrique Bedoya Escobar, solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela.
Indicó que, a través de escrito presentado el 26 de abril de 2011 la accionante presentó
renuncia al reintegro laboral y al pago del 20% de los intereses bajo la condición de que
el pago se efectuara con anterioridad al 20 de mayo de 2011, por ello el 27 de abril de
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Índice 00015 en el aplicativo SAMAI, certificado 7C213B6650C47C7E 3BA9654834CF484D 5B39317A7026B50E
51467764D7E3AB72
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Índice 00012 en el aplicativo SAMAI, certificado 60DBBC06AA036A65 8175C6A29FA5079D 1AD1F46F65E28F6B
836DA79B1C7EC383.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
2011 la entidad se abstuvo de realizar el reintegro. Además, el 26 de mayo de 2011
extendió el plazo hasta el 31 de mayo, por ello, la Contraloría General de Santander
efectuó el pago de la suma adeudada el 27 de mayo de 2011. Así, al ser cumplida la
condición, la renuncia fue reconocida y, por ende, se desestimó el pago del “capital
DOS”.
De igual forma, precisó que no se desconoció la sentencia de tutela emitida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sino que, al haber renunciado voluntariamente,
consecuentemente la indemnización devenía improcedente, tal como lo expuso en la
sentencia reprochada.
Adicionalmente, respecto a la facultad que tiene la autoridad judicial accionada para
efectuar la liquidación, se precisó que fue un ejercicio matemático que no requería
contradicción ni traslado, por cuanto la jurisprudencia incluso ha reconocido la
posibilidad que desde el mandamiento de pago el juez se encuentre posibilitado a
realizar las operaciones matemáticas que considere pertinentes para determinar el
cumplimiento o no de la obligación.
Asimismo, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de Estado allegó copia
digital del expediente ejecutivo9.
4.3. El apoderado de la señora Julieta Arenas Arenas 10, se pronunció respecto a la
contestación remitida por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B y
allegó el poder solicitado a través del auto admisorio.
De esta manera, reiteró los argumentos expuestos en la acción de tutela, en tanto
sostuvo que la Contraloría General de Santander no realizó el desembolso íntegro de
conformidad con la condición pactada. Asimismo, sostuvo que si bien la jurisprudencia
acepta que el juez realice operaciones aritméticas desde el mandamiento de pago,
estas solo deben versar sobre datos no controvertidos.
Adicionalmente, sostuvo que, con posterioridad a la sentencia proferida por la autoridad
judicial accionada, se emitieron dos sentencias por la Alta Corporación en los que, a su
juicio, se aplicó un razonamiento distinto.
Además, reiteró que la sentencia reprochada del 3 de septiembre de 2025 no realizó
ninguna motivación respecto al desconocimiento de la sentencia de tutela emitida el
año 2017 y reafirmó los argumentos expuestos en la acción constitucional.
9
Índice 00011 en el aplicativo SAMAI, certificado FBA9D5C4CD27A154 5ABA925D467DF2FC
6C3D4324B77FADD5 122847A95D37F364.
10
Índice 00016 en el aplicativo SAMAI, certificados CBB5FC0D63B15871 353C072EB1E3F896
AAC76A34A5A3F182 86801BA83334E217 y 2D308DE52093D84D 80855A6D7865A859 45C32D228A565864
D6B263EF983FB50F
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Julieta Arenas Arenas es la titular de los derechos fundamentales que afirma fueron
vulnerados, en su condición de ejecutante dentro del proceso ejecutivo, identificado con
el radicado núm. 68001-23-31-000-2000-01193-00/02.
2.2. De igual manera, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, fue la autoridad que
profirió la decisión que, según la parte accionante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3. Problema jurídico.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción.
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200511 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
11
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
habilitan la interposición de la tutela12 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto13.
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional” 14.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las
decisiones judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto
exclusivo es la protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el
asunto que origina la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una
clara, marcada e indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez
constitucional invada la órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que
garantiza la autonomía e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 15.
12
De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la
solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria
de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de
tutela
13
Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
14
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
15
Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
En línea con lo anterior, en la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como criterios
para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el debate
en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental; ii) que
la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos
fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales; y iv) que se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales. De manera que la intervención del juez constitucional se
establezca, exclusivamente, ante graves defectos constitucionales.
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya
que el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto
más amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de
la petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir
con la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha
hecho tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa
ordinaria, a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos
definidos por la jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control
constitucional concreto16.
5. Caso concreto
La Sala advierte, que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
16
Cfr. sentencia C-590 de 2005.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
5.1. La parte actora cuestiona la sentencia proferida por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, al considerar que incurrió en: (i) defecto sustantivo, porque, a
su juicio, no analizó las normas del Código Civil y del Código General del Proceso
relativas al cumplimiento de las condiciones y acudió a un precedente inaplicable al
caso concreto; (ii) defecto fáctico, derivado de una presunta indebida valoración
probatoria, que condujo a desconocer el pago del “capital DOS” y a estimar válida la
imposibilidad de reintegro; (iii) desconocimiento del precedente horizontal, debido a que
la autoridad judicial se apartó de la sentencia de tutela proferida en el año 2017 por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sin exponer motivación alguna; (iv) defecto
procedimental absoluto, por no haber corrido traslado de la liquidación efectuada por el
Consejo de Estado; y (v) violación directa de la Constitución, por no haber aplicado el
principio de favorabilidad para adoptar la interpretación más favorable a la accionante.
5.2. En relación con la presunta configuración de un defecto sustantivo, la parte actora
sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, omitió
pronunciarse sobre los artículos 1536, 1537, 1539 a 1542, 1626 y 1627 del Código Civil,
así como sobre los artículos 428 a 437 del Código General del Proceso, disposiciones
que, según afirmó, exigen el cumplimiento íntegro de la condición para que esta se
extinga.
A su juicio, resultaba necesario que la autoridad judicial accionada se refiriera a dichas
normas, toda vez que la Contraloría General de Santander omitió el pago
correspondiente al “capital DOS” y a la indemnización compensatoria. Por ello,
consideró que no se cumplió la totalidad de la condición necesaria para extinguir la
obligación.
Al respecto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada explicó con suficiencia,
en la sentencia del 3 de septiembre de 2025, las razones por las cuales encontró
probado el pago total de la obligación. En particular, frente al reconocimiento del
“capital DOS”, el Consejo de Estado sostuvo que17:
“Pues bien, en el escrito introductorio, el actor solicitó [denominado «capital dos»]
el pago de los salarios, factores salariales, prestaciones sociales, «cesantías
liquidadas con retroactividad» y demás emolumentos correspondientes al cargo
que ocupaba [auxiliar 407, antes auxiliar 565], «con los incrementos legales,
desde la fecha del abono parcial (mayo 31 de 2011) y hasta el pago reintegro
laboral y pago completo de la obligación respectiva».
[…] Al respecto, ha de señalarse que ─como supra se anotó─ la actora solicitó que
se librara mandamiento por 2 capitales: (i) los salarios y prestaciones sociales
desde la fecha del abono parcial [31 de mayo de 2011] hasta el reintegro laboral y
pago total de la obligación; y (ii) $55.325.367 por «saldo impagado [...] descontado
el monto abonado».
Frente al primero, basta remitirse a las consideraciones supra expuestas para
señalar que no procede la liquidación de los salarios y prestaciones causados
17
Índice 00070 del proceso ejecutivo de segunda instancia en la plataforma SAMAI, certificado
ACDB80587D55A7C5 9AB2BBF8F84720EC BD06A38FA01DD667 D5F73436BA7B9668
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
después del pago hasta el reintegro, comoquiera que expresamente renunció a
este en abril de 2011”.
De esta forma, el Consejo de Estado determinó que no era procedente calcular el
monto que debió reconocerse en favor de la accionante hasta la fecha de su reintegro,
en tanto la ejecutante renunció a su reincorporación. Asimismo, respecto a la negación
del pago de la indemnización compensatoria, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B advirtió que:
“Igualmente, en lo que corresponde al pago de la indemnización compensatoria.
La ejecutante acudió a los artículos 189 del CPACA y 44 de la Ley 909 de 2004
para sustentar que se debía pagar la indemnización. Respecto del primero, ha de
señalarse que la Ley 1437 de 2011 entró en vigencia el 2 de julio de 2012, de
manera que no era aplicable al caso, en tanto no fue la norma que rigió el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho y tampoco estaba vigente al momento
de la renuncia al reintegro [2011].
En cuanto al segundo [art. 44 de la Ley 909 de 2004], estableció que los
empleados públicos de carrera administrativa a quienes se les supriman los
cargos por liquidación, reestructuración, supresión o fusión de entidades,
organismos o dependencias tenían derecho a recibir una indemnización. En este
caso, la indemnización fue pagada por la entidad al momento del retiro [año 2000]
y, comoquiera que renunció al reintegro en el año 2011, no hay lugar al
emolumento solicitado.
Aunado a lo anterior, en el recurso de apelación se citaron los artículos 428, 437 y
206 [juramento estimatorio] del Código General del Proceso que reprodujeron los
artículos 495 y 504 del Código de Procedimiento Civil (…)
En el caso bajo examen, no puede accederse a la indemnización que pretende la
ejecutante, en razón a que no se trató del incumplimiento o renuencia de la entidad
demandada, sino de la renuncia voluntaria y expresa que presentó el 26 de abril
de 2011.
Además, en un caso de similar contorno, pero en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho, esta Subsección consideró que no había lugar al
pago de la indemnización prevista en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004,
comoquiera que la trabajadora renunció al reintegro”18.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada hizo referencia a la sentencia emitida por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B del 26 de noviembre de 2020,
identificada con el radicado núm. 68001-23-33-000-2013-01112-02, en la que se
precisó que, si bien el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 establece que los empleados
públicos cuyo cargo sea suprimido tendrán derecho a optar por ser reintegrados en un
empleo igual o equivalente o a recibir una indemnización, esta norma presenta una
disyuntiva, en tanto permite que se opte por el reintegro o la indemnización.
Así las cosas, dicha providencia determinó que, si el funcionario de carrera
administrativa decide renunciar al reintegro, consecuentemente pierde también su
18
Ibidem
15
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
derecho a ser indemnizado, en tanto la norma “no propuso una conjunción copulativa
«y» que le brindara la opción de tener las dos alternativas”19.
En consecuencia, la autoridad judicial accionada concluyó que:
“Para la Sala, resulta desproporcionada la suma reclamada por la ejecutante,
pues la liquidó sobre la base de que «continuaría» en el cargo hasta la edad de
retiro forzoso para establecer un total de $145.386.289, a pesar de que fue su
voluntad no reintegrarse a la entidad.
Así las cosas, la Sala acompaña el criterio del a quo relativo a que, al haberse
extinguido por remisión la obligación de reintegro, deviene improcedente el pago
de la indemnización compensatoria por el incumplimiento «de una obligación de
hacer inexistente»”20.
En consecuencia, de conformidad con lo anterior, la Sala observa que la autoridad
judicial accionada explicó con claridad las razones por las que la Contraloría General de
Santander cumplió la totalidad de la condición a la que estaba sujeta la renuncia de la
señora Julieta Arenas Arenas, en tanto no se encontraba obligada a asumir el pago del
“capital DOS” ni de la indemnización compensatoria.
De hecho, tras realizar los cálculos correspondientes al monto adeudado por la
Controlaría General de Santander en favor de la accionante, el Consejo de Estado
concluyó que la entidad realizó un pago superior a lo debido, por cuanto la Contraloría
General de Santander efectuó el pago de $244.362.788 pesos, a pesar de que la cifra
adeudada era de $232.888.153, tal como se resumió en el siguiente gráfico 21:
Concepto Valor
Total salarios 99.979.599
Total prestaciones 33.460.251
Total 133.439.850
Menos indemnización 13.227.027
Menos aportes a pensión 3.683.333
Neto 116.529.490
Salarios después de la ejecutoria 25.283.385
Prestaciones luego de ejecutoria 14.413.770
Total 39.697.155
Total antes y después ejecutoria 156.226.645
Cesantías retroactivas 25.569.806
Total + cesantías 181.796.450
Intereses 51.091.703
(Total + cesantías) + intereses 232.888.153
Por ende, resulta coherente que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, no haya hecho referencia a las normas alegadas por la accionante, en tanto la
Contraloría General de Santander no cumplió parcialmente la condición, sino que
realizó el pago total de la deuda.
19
Ibidem
20
Ibidem
21
Ibidem
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
Por otro lado, la parte actora alegó que la autoridad judicial accionada aplicó
incorrectamente el precedente contenido en la sentencia emitida el 26 de noviembre de
2020, identificado con el radicado núm. 68001-23-33-000-2013-01112-02. No obstante,
del análisis recién expuesto se advierte que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B acudió a dicha providencia con el fin de explicar la interpretación que la
Alta Corporación le ha otorgado al artículo 44 de la Ley 909 de 2004, sin mencionar que
los hechos que dieron origen a dicha sentencia sean idénticos a los que motivaron la
presente acción constitucional.
5.3 En lo que atañe al defecto fáctico, se advierte que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, sí se pronunció respecto a los dos asuntos que la accionante
echó de menos, estos son: (i) el reconocimiento del pago del “capital DOS” y (ii) la
presunta inexistencia de la imposibilidad de reintegro.
En ese contexto, el primer asunto ya fue abordado por esta providencia, en tanto se
observó que la autoridad judicial accionada determinó que no era procedente el pago
correspondiente al “capital DOS”, en tanto la parte actora renunció a su reintegro.
Ahora bien, respecto a la inexistencia de la imposibilidad de reintegro, la Sala advierte
que este asunto fue reprochado por la accionante en el recurso de apelación del
proceso ejecutivo y fue objeto de análisis en la sentencia emitida el 3 de septiembre de
2025. Al respecto la autoridad judicial accionada precisó lo siguiente 22:
“La Sala no pasa por alto que, en el recurso de apelación, la parte actora
manifestó que «no hubo imposibilidad de reintegro y el acto que pretendió crear
ese distractor fue contrario a derecho y a la realidad, pero determinante para
que la Sra. Arenas fuera convencida por la Contraloría de que para obtener al
menos un abono renunciara al reintegro y al menos parte de los intereses, de
modo que tal “renuncia” en realidad no fue voluntaria sino inducida por la
deudora como lo hizo otros casos que muestran un patrón contrario a
derecho».
Comprende la Sala que la intención de la apelante es informar que fue forzada
a renunciar al reintegro y condonar parte de la deuda, lo que conllevaría a
interpretar que impugnó la remisión. No obstante, el aserto es huérfano de
prueba y, por lo mismo, debe mantenerse su manifestación, máxime si se tiene
en cuenta que en el escrito presentado ante la Contraloría Departamental de
Santander no hizo mención expresa de las situaciones que ahora aduce.
Ciertamente, en términos de la doctrina, «el acreedor es admitido a probar que
su conducta estuvo aquejada de cualquiera de los vicios del querer: error
espontáneo o provocado, fuerza. Pero a falta de esta prueba se mantiene la
imagen del perdón»
Agrégase a lo expuesto que la existencia de 238 casos similares tampoco
prueba ni permite inferir que se trató de un «convencimiento» o de una
maniobra indebida por parte de la entidad ejecutada. Lo único que se puede
extraer al revisar el sistema de información Samai es que tanto en aquellos
como en este proceso fue el mismo profesional del derecho quien los asesoró,
pero nada más”.
22
Ibidem
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
5.4 De igual forma, respecto al desconocimiento del precedente horizontal, en virtud del
cual la parte actora argumentó que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B se apartó de la sentencia de tutela proferida por la Sección Cuarta de la
Alta Corporación el 20 de febrero de 2017, se advierte que la autoridad judicial
accionada precisó lo siguiente23:
En sentencia de tutela del 20 de febrero de 2017 la Sección Cuarta de esta
corporación amparó el derecho al debido proceso de la ejecutante y resolvió:
«Dejar sin efectos los autos del 22 de enero de 2015 y 12 de junio de 2016,
proferidos por el Tribunal Administrativo de Santander y el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B en el proceso 2000-001139, pero únicamente en
lo que corresponde a la decisión de mandamiento ejecutivo de la indemnización
sustitutiva por el eventual no reintegro». Asimismo, se ordenó al tribunal que en el
término de 10 días profiriera una nueva decisión en que librara el mandamiento de
pago de acuerdo con las consideraciones allí expuestas.
El 17 de marzo de 2017 [en cumplimiento del auto dictado el 2 de junio de 2016 y
de la sentencia de tutela] se libró nuevamente el mandamiento ejecutivo por la
obligación de hacer correspondiente al reintegro de la demandante al cargo que
ocupaba [auxiliar mecanógrafa II 565»] y, en subsidio, el pago de la
«indemnización compensatoria en caso de no efectuarse el reintegro de la
demanda, la cual estim[ó] bajo la gravedad de juramento y en virtud de lo
dispuesto en los artículos 495 y 204 del C.P.C» en $145.386.289”.
De esta forma, la Sala encuentra demostrado que se dio cumplimiento al fallo de tutela
emitido por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en tanto en marzo de 2017 el
Tribunal Administrativo de Santander emitió auto que libró mandamiento de pago en
favor de Julieta Arenas Arenas por la obligación de hacer correspondiente al reintegro
de la demandante y, de forma subsidiaria, el pago de la indemnización compensatoria.
De esta forma, la Sala advierte que la sentencia de tutela dio una orden respecto al
mandamiento de pago, la cual fue cumplida por el Tribunal Administrativo de
Santander. Sin embargo, la decisión del juez constitucional no estaba llamada a
remplazar la decisión que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
emitiría en el marco del proceso ejecutivo, en especial porque en virtud del artículo 442
del Código General del Proceso el demandado se encuentra facultado para presentar
excepciones de mérito dentro de los diez días siguientes a la notificación del
mandamiento ejecutivo.
En ese sentido, si la sentencia de tutela tuviera como propósito remplazar la decisión
del juez ordinario, se desnaturalizaría el trámite del proceso ejecutivo y la oportunidad
de la parte demandada de presentar excepciones de mérito carecería de sentido.
5.5 Asimismo, respecto al defecto procedimental absoluto alegado por la accionante,
en virtud del cual sostuvo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
falló al no correr traslado de la liquidación, la Sala observa que la norma en la que la
parte actora fundamentó su reparo -artículo 446 del Código General del Proceso- no
23
Ibidem
18
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
dispone que el juez se encuentre imposibilitado de realizar la liquidación del monto
adeudado en la sentencia.
De esta forma, el artículo 446 del Código General del Proceso dispone que al ser
notificada la sentencia que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo, en tanto
esta no sea totalmente favorable al ejecutado, cualquiera de las partes podrá presentar
la liquidación del crédito, de la cual se correrá traslado por el término de tres días. Así
las cosas, esta norma no impide que el juez pueda liquidar el crédito ni le impone ningún
tipo de restricción en el marco del proceso ejecutivo. En consecuencia, no se encuentra
probado que la autoridad judicial accionada haya desconocido esta norma procesal.
Igualmente, la sala no encuentra probado que el Consejo de Estado, Sección Segunda
Subsección B haya incurrido en una violación directa de la Constitución por
desconocimiento del principio de favorabilidad, debido a que a lo largo de la sentencia
no se encontró ninguna discrepancia interpretativa que diera lugar a la aplicación de
este principio.
5.6 Así las cosas, la Sala observa que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B expuso de manera suficiente, clara y razonada los motivos por los cuales
no resulta procedente acceder a las pretensiones formuladas por la accionante, en
tanto analizó los elementos probatorios obrantes en el expediente y justificó
suficientemente la razón por la que la Contraloría General de Santander no adeudaba
el monto correspondiente al “capital DOS” ni a la indemnización compensatoria.
En ese sentido, la Sala reitera que el juez de tutela no está llamado a reabrir el debate
definido en el proceso ordinario; por consiguiente, no le corresponde efectuar una
nueva valoración probatoria ni interferir en la órbita de competencia del juez natural.
5.7 Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el
juez competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
arbitraria, sin respaldo o análisis de las pruebas y fundamentos normativos, ni que se
hayan trasgredido los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ejecutivo.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i)
su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración24.
24
Corte Constitucional, SU-215 de 2022.
19
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados
y eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así
como reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate
surtido en el trámite del proceso primigenio. Bajo estas condiciones, la Subsección
estima que la acción de tutela formulada está encaminada a continuar con el debate
surtido en el marco del proceso ordinario y se pretende emplear este mecanismo
constitucional como una instancia adicional para expresar su inconformidad con la
decisión adoptada por la autoridad judicial.
5.8. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si
fuera una instancia adicional a lo ya surtido.
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada25, lo que se opone a que use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 26.
En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Julieta
Arenas Arenas contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por no
superar el requisito de relevancia constitucional, conforme lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.
25
SU-215 de 2022.
26
Ibid.
20
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02969-00
Accionante: Julieta Arenas Arenas
SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA a AZ Abogados S.A.S., representada por
Andrés Fernando Zuluaga Franco identificado con cédula de ciudadanía núm.
79.625.766 y Raúl Eduardo Abella Ramírez identificado con cédula de ciudadanía núm.
79.597.988 y tarjeta profesional núm. 109.021 del C.S. de la J., como apoderados de la
solicitante, en los términos y para los efectos del poder conferido.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
21
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