Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02700-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-02700-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-02700-00
Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora
8 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001-03-15-000-2026-02700-00
Accionante: YANETH REINA
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN
1. Se declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional. La parte actora pretende reabrir el debate agotado en el
proceso ejecutivo sobre el cumplimiento de la sentencia base de ejecución.
II. ANTECEDENTES
Demanda
2. El 9 de abril de 2026, la señora Yaneth Reina, a través de apoderado judicial,
presentó acción de tutela para obtener la protección de sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al trabajo,
al mínimo vital y al principio de reparación integral, que considera vulnerados por la
sentencia del 18 de septiembre de 2025, dictada por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en el proceso ejecutivo con radicado 68001-23-
33-000-2014-00460-01, que revocó el fallo apelado. En su lugar, declaró probadas
las excepciones de remisión (por condonación del reintegro y el 40% de los
intereses moratorios) y pago total de la obligación. Como consecuencia, declaró la
terminación del proceso.
Hechos relevantes
3. En sentencia del 31 de marzo de 2008, el Tribunal Administrativo de Santander
declaró la nulidad del acto administrativo que desvinculó a la señora Yaneth Reina
del cargo de Revisor 550 de la Contraloría Departamental de Santander. Como
consecuencia ordenó: (i) su reintegro sin solución de continuidad y con
reconocimiento de los derechos de carrera; (ii) el pago indexado de sueldos,
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Accionante: Yaneth Reina
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prestaciones, emolumentos y demás haberes dejados de percibir hasta el reintegro
efectivo, y (iii) intereses desde la ejecutoria y hasta el pago.
4. La señora Reina presentó tres escritos los días 6 de julio, 23 de septiembre y 29
de septiembre de 2011. En ellos renunció al reintegro, condicionado de manera
expresa en el último escrito, así:
Para facilitar que se proceda al pronto acatamiento al fallo judicial manifiesto
que renuncia a su derecho al reintegro laboral y al pago del 40% de los
intereses moratorios que conforme al Artículo 177 C.C.A. se están causando a
su favor, con fecha de corte para la indemnización y los intereses a octubre 23
de 2011 como paso a expresar. La renuncia al reintegro y la condonación del
porcentaje de los intereses a la fecha mencionada queda condicionada
expresamente a que se acogiere integralmente esta propuesta dentro del
término para resolver derecho de petición y el desembolso efectivo se haga a
más tardar en octubre 23 de 2011 por consignación (…) teniendo en
consideración que pagos parciales se imputarán en primer lugar a intereses
(Art. 1653 C.C.) e invalidarían la renuncia propuesta.
5. La Contraloría Departamental de Santander expidió la Resolución 16768 del 13
de octubre de 2011. En ella ordenó el pago de lo dispuesto en la sentencia y
desembolsó el dinero el 20 de octubre siguiente por un valor de $ 256.995.156.
Según la accionante, la condición pactada se incumplió por tres razones: (i) la
liquidación solo cubrió hasta el 30 de septiembre y no hasta el 23 de octubre de
2011, tal como lo exigía la condición; (ii) se reconocieron los intereses al 60 %, pese
a que la condonación solo operaba si el pago era íntegro y oportuno; (iii) se pagaron
$ 26.851.639 por concepto de cesantías, cuando el valor real ascendía a $
29.962.481, lo que arrojó una diferencia de $ 3.110.842.
6. Con posterioridad, la entidad profirió la Resolución 18016 del 8 de noviembre de
2011 y nuevamente desembolsó el 16 de noviembre siguiente, la suma de $
18.838.097. Según la demandante, la cláusula de invalidación de la condición ya
había operado desde el pago parcial efectuado el 20 de octubre de 2011.
7. En providencia del 1º de diciembre de 2014, el Tribunal Administrativo de
Santander libró mandamiento de pago. Ordenó cancelar: (i) el saldo que no se pagó,
junto con los aportes a pensión del 12 % y el 8.5 % de aportes en salud, más los
intereses desde el 20 de octubre de 2011 hasta el pago efectivo; (ii) la suma
correspondiente a salarios, factores salariales, prestaciones sociales, cesantías
retroactivas y demás emolumentos propios del cargo que ocupaba la ejecutante
desde el 20 de octubre de 2011 hasta el reintegro laboral, más los intereses a la
tasa máxima legal; (iii) el reintegro sin solución de continuidad al cargo que ocupaba
o a otro de igual o superior jerarquía; (iv) de forma subsidiaria,de no producirse el
reintegro, el pago de la indemnización compensatoria.
8. En sentencia del 6 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander
concluyó que la renuncia al reintegro presentada por la ejecutante y su aceptación
por la Contraloría Departamental de Santander no extinguió la obligación ni
configuró una transacción.
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9. Sostuvo que el carácter condicionado de las renuncias supeditaba su validez al
pago de la condena en términos y fecha ciertos. La falta de cumplimiento íntegro de
dicha condición impedía que produjeran efectos jurídicos. La extinción de la
obligación de reintegro solo era posible con la reincorporación efectiva de la
accionante y su posterior renuncia voluntaria, o con la declaración administrativa de
la imposibilidad jurídica y material del reintegro. En relación con la excepción de
imposibilidad de cumplir la obligación de hacer, precisó que en la planta de personal
de esa entidad existían 7 cargos que se asimilaban al de revisor 550, por lo que sí
había posibilidad de reintegrar a la señora Reina. Como consecuencia, ordenó
seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago.
10. La parte demandante y demandada interpusieron recurso de apelación. En
providencia del 24 de abril de 2025, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó la solicitud de unificación de jurisprudencia presentada por
la ejecutante. A través de la sentencia del 18 de septiembre de 2025, la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la decisión apelada y, en
su lugar, declaró probadas las excepciones de remisión y pago total de la obligación
y la terminación del proceso ejecutivo.
Pretensiones
11. La parte actora pretende que se amparen sus derechos fundamentales y, como
consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 18 de septiembre de 2025, para
que: (i) analice la eficacia de las renuncias condicionadas y la cláusula de
invalidación; (ii) someta la liquidación del crédito a contradicción de las partes; (iii)
incluya en la liquidación los salarios, prestaciones y cesantías desde el 20 de
octubre de 2011 hasta el reintegro; (iv) utilice como periodo de corte el 23 de octubre
de 2011; (v) aplique el principio de favorabilidad y el in dubio pro operario; (vi)
analice la procedencia de la indemnización de los perjuicios compensatorios, y, (vi)
resuelva la apelación adhesiva.
Fundamentos de la demanda
12. La actora señaló que la acción de tutela cumple con los requisitos generales de
procedibilidad y que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
incurrió en los siguientes defectos:
13. Defecto fáctico. Por valoración contraevidente de la cláusula de invalidación de
la renuncia condicionada, debido a que el escrito del 29 de septiembre de 2011
estableció de manera clara, expresa y sin ambigüedades que la renuncia propuesta
quedaba estrictamente condicionada a que: (i) la contraparte aceptara
integralmente la propuesta formulada, y (ii) el desembolso efectivo de los recursos
se realizara a más tardar el 23 de octubre de 2011.
14. Adicionalmente, porque en ese escrito se precisó de forma inequívoca que
cualquier pago parcial sería imputado en primer lugar a intereses, circunstancia que
invalidaría automáticamente la renuncia propuesta, al incumplirse las condiciones
expresamente pactadas para su eficacia.
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15. La autoridad judicial accionada reconoció expresamente la cláusula, pero la
descartó porque «no puede comprenderse que un error de cálculo invalide la
manifestación libre, espontánea, expresa y voluntaria de renunciar». Como
consecuencia, sustituyó la aplicación directa de la consecuencia pactada por una
apreciación subjetiva sobre la voluntad de las partes, sin sustento normativo.
16. No se trató de un simple error aritmético, pues la propia Sala Plena de la Sección
Segunda del Consejo de Estado reconoció en el auto del 24 de abril de 2025 que la
controversia sobre el cumplimiento de la condición era un debate esencialmente
probatorio, lo que, en su criterio, demuestra que no era una simple suma sino un
asunto complejo que requería contradicción.
17. Debió aplicarse la siguiente lógica en su decisión: si la cláusula de renuncia
condicionada se hubiese aplicado conforme a su tenor literal, el primer pago
efectuado el 20 de octubre -al ser parcial y defectuoso, por corresponder a un
periodo incorrecto, incluir una subestimación de las cesantías y liquidar los intereses
únicamente al 60%- habría activado automáticamente la cláusula de invalidación,
dejando la renuncia sin efectos. Ese fue el razonamiento que aplicó la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en los casos de Emérita Arenas y
Luis Eduardo Abreo.
18. En tal escenario, se configuraría la excepción de remisión impróspera, lo que
implicaba que el proceso debía continuar, al no haberse cumplido las condiciones
expresas y acumulativas previstas para la eficacia de la renuncia.
19. Defecto sustantivo. No se aplicaron los artículos 1536, 1537, 1539-1541, 1542,
1626, 1627 del Código Civil y los artículos 428 y 437 del Código General del
Proceso.
20. La sentencia trató los escritos de renuncia como negocios jurídicos de remisión
unilateral pura sin analizar en ningún párrafo los artículos sobre condiciones. En su
criterio, la renuncia a un derecho laboral adquirido, condicionada al pago íntegro y
oportuno, es una propuesta bilateral con condición suspensiva. Por tanto, un pago
con periodo de corte incorrecto no implica un cumplimiento literal de la condición
pactada.
21. Como el pago solo cubrió el 60% de los intereses debidos y con una liquidación
con corte al 30 de septiembre, cuando la condición fijada establecía que debía ser
al 23 de octubre de 2011, no fue un pago total de lo debido, sino un abono. El artículo
1627 del Código Civil establece que el deudor no puede imponer al acreedor un
pago parcial. Como la sentencia declaró extinguida la obligación con base en un
conjunto de abonos que no reunían los requisitos para liberar el pago, desconoció
lo previsto en esos artículos.
22. El mandamiento ejecutivo ordenó subsidiariamente la indemnización
compensatoria; no obstante, la ejecutante nunca invocó el artículo 44 de la Ley 909
de 2004, ni el artículo 189 del CPACA. En su criterio, la sentencia declaró
improcedente la indemnización aplicando esas dos normas que son impertinentes
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y «la ratio del caso Blanca Fabiola Linares y las tutelas del Consejo de Estado
(Secciones 4ª y 5ª) de 2015-2017 establecieron que esta confusión normativa es
defecto sustantivo».
23. Defecto procedimental absoluto. Se liquidó de oficio sin efectuar el traslado
ni contradicción. En su criterio, la autoridad judicial accionada actuó como
liquidadora y jueza de su propia liquidación «auto habilitándose para elegir la
metodología, el periodo de corte y los componentes sin posibilidad de objeción»,
por lo que desconoció el artículo 446 del Código General del Proceso.
24. Violación directa de la Constitución. Ante la existencia de dos
interpretaciones razonables y opuestas sobre la eficacia de una renuncia
condicionada, la sentencia adoptó la interpretación menos favorable a la trabajadora
sin analizar en ningún párrafo ni justificar la inaplicación al principio de favorabilidad.
Si la duda hubiera sido resuelta a favor de la trabajadora, la renuncia condicionada
habría sido declarada ineficaz y el proceso habría continuado.
25. Desconocimiento del precedente. Se aplicó un precedente que no era
aplicable porque se fundamentó en la ratio decidendi del proceso de la señora
Blanca Linares Castro (CE-SB-radicado 4829-15 y 2274-16) de nulidad y
restablecimiento del derecho para concluir que la renuncia al reintegro extingue la
obligación y la indemnización compensatoria es improcedente.
26. Los casos de Blanca Fabiola Linares y Luz Marina Bastos son de Subsecciones
diferentes, pues la primera hace referencia a una renuncia incondicional sobre la
indemnización del artículo 44, y el segundo caso se relaciona con la procedencia de
esa misma indemnización ante la imposibilidad objetiva de reintegro. En su criterio,
si «la Subsección B consideraba necesario modificar un criterio de la Subsección A,
debía seguir el procedimiento del art. 270 CPACA».
27. Concluyó que su caso particular versa sobre una renuncia condicional con
cláusula de invalidación en el proceso ejecutivo con indemnización basada en los
artículos 428-437 del Código General del Proceso. Por tanto, consideró que las
situaciones jurídicas son incompatibles.
Trámite en primera instancia
28. En auto del 10 de abril de 2026, el despacho sustanciador del proceso admitió
la acción de tutela contra la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado y vinculó, en calidad de terceros con interés, al Departamento de Santander
y a la Contraloría Departamental de Santander. Asimismo, se requirió al abogado
Ignacio Bohórquez Borda para que allegara el poder especial que lo facultara para
ejercer la solicitud de amparo.
Intervenciones
29. La Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, a través del
magistrado ponente de la decisión cuestionada, manifestó que los reparos de la
accionante se circunscriben a una mera inconformidad.
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30. En la sentencia se examinaron las normas que la parte ejecutante refirió en sus
escritos, y, contrario a lo referido en la demanda de tutela, «la conclusión se
circunscribió a que no eran aplicables».
31. En relación con la liquidación, expuso que el ejercicio realizado obedeció a las
manifestaciones de las partes y al análisis de las liquidaciones que estas
presentaron. De hecho, se advirtió que el demandante echó de menos la suma de
$ 18.838.097 y en los mismos términos la entidad complementó el pago.
32. Los cálculos se realizaron de acuerdo con los salarios y prestaciones liquidados,
sin que estos fueran objetados por la solicitante. Advirtió que el ejercicio matemático
realizado «no requería contradicción ni traslado alguno» dado que la jurisprudencia
ha aceptado que desde el mandamiento de pago el juez puede realizar las
operaciones aritméticas que considere necesarias para determinar el cumplimiento
o no de la obligación.
33. Respecto de la renuncia al reintegro, en la providencia cuestionada se demostró
que la entidad pagó a la solicitante la suma de $256.995.156 el 20 de octubre de
2011, es decir, antes del plazo otorgado en la renuncia, y, si bien es cierto que
presentó recurso de apelación, la entidad desembolsó en su «integridad el valor que
reclamó $18.838.097».
34. Tampoco se omitió valorar el otro escrito que presentó sobre la invalidación de
la renuncia. Aunque esta fue condicionada al pago de los salarios y prestaciones,
también lo es que la entidad cumplió con su obligación de desembolsar la suma
adeudada e incluso la totalidad reclamada después en sede de segunda instancia,
dado que, en su criterio, se trató de un error de cálculo y no de un incumplimiento.
Precisó que el propósito de la actora era obtener un pronto pago, tal como ocurrió.
35. En relación con las sentencias citadas por la accionante que fueron proferidas
por la Subsección A de la Sección Segunda después de dictada la sentencia
cuestionada, expuso que en la expedida el 16 de octubre de 2025 se consideró que
no había desembolso alguno por concepto de intereses.
36. En la sentencia del 6 de noviembre de 2025, se sostuvo la condición no se
cumplió porque no se hizo el pago íntegro de las demás órdenes judiciales antes
del 30 de abril de 2013, por lo que, en su criterio, «no se trató de un asunto similar
al que fue objeto de análisis por esta Subsección».
37. Finalmente, concluyó que no se dejaron de valorar las pruebas que obraban en
el expediente. Por tanto, el hecho de que las conclusiones no le hubieran sido
favorables, en manera alguna vulnera los derechos fundamentales invocados
porque se fundamentaron en la Constitución Política y las normas aplicables al caso
concreto.
38. La Contraloría Departamental de Santander señaló que la tutela no cumple
con el requisito de subsidiariedad porque cuenta con el recurso extraordinario de
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revisión y, en todo caso, lo pretendido es reabrir una controversia ya sometida a
estudio y valoración por la autoridad judicial accionada.
39. En su criterio, ese mecanismo es idóneo y eficaz porque «la propia señora
interpuso previamente un recurso extraordinario de revisión contra una sentencia
de 2017 proferida por la Subsección B, y que la Sala 6 Especial de Decisión falló a
su favor el 12 de noviembre de 2019, infirmando la decisión previa y ordenando
agotar el trámite legal».
40. También alegó el incumplimiento del requisito de inmediatez, pues este no es
solo un plazo cronológico, sino que obedece a una razón de urgencia. Como la
accionante esperó casi el límite del plazo para atacar el fallo «se desvirtúa la
necesidad del amparo constitucional».
41. Por último, pidió que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
42. El Departamento de Santander sostuvo que la decisión adoptada por el
Consejo de Estado corresponde al ejercicio legítimo de la función jurisdiccional, en
la que se valoraron los elementos probatorios y argumentos de las partes y, a partir
de ese razonamiento, se declararon probadas las excepciones propuestas.
Adicionalmente, señaló que la acción de tutela no puede convertirse en una
instancia adicional para reabrir los debates ya definidos por el juez natural.
43. En memorial del 24 de abril de 2026, la parte demandante se pronunció
sobre la contestación de la autoridad judicial demandada. Expuso que la tutela
no reprocha la conclusión de la sentencia por ser desfavorable, sino que lo
cuestionado es el procedimiento a partir del cual se arribó a la conclusión allí
contenida. A su juicio, los reproches a la autoridad judicial demandada son los
siguientes:
• Elaboró una liquidación sin traslado para resolver un debate que la propia
Sala Plena calificó como «esencialmente probatorio».
• Aplicó la regla de decisión de un caso de renuncia incondicional a uno de
renuncia condicional.
• Ignoró el texto literal de una cláusula contractual expresamente pactada.
• Adoptó la interpretación más gravosa a la trabajadora sin analizar el principio
constitucional de favorabilidad.
44. Frente al argumento de que la liquidación no requería traslado, sostuvo que la
Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado lo desvirtuó al reconocer
que se trataba de un asunto estrictamente probatorio y no de una simple operación
aritmética. Añadió que el planteamiento relativo a la falta de objeción invierte
indebidamente la carga que el artículo 446 del CGP impone al juez, pues no se
formuló objeción alguna porque nunca se corrió traslado de la liquidación.
Finalmente, reprochó la confusión entre la fecha del desembolso y el cumplimiento
íntegro de la condición pactada, e insistió que la razón de la decisión de los casos
comparados era sustancialmente la misma.
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III. CONSIDERACIONES
Competencia
45. La Sección Tercera de la Sala Contencioso-Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20191.
Problema jurídico
46. La Sala determinará si se cumplen los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales. De superarse, se determinará si
la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos alegados al proferir la
sentencia del 17 de septiembre de 2025.
Análisis de la Sala
47. Legitimación en la causa. La señora Yaneth Reina está legitimada para
interponer la acción de tutela, al ser la titular de los derechos que considera
vulnerados, en su condición de demandante en el proceso ejecutivo con radicado
68001-23-33-000-2014-00460-00/01, en el que se adoptaron las decisiones
cuestionadas.
48. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado fue la autoridad
judicial que profirió la sentencia del 18 de septiembre de 2025, a los que la parte
actora atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales.
49. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la providencia cuestionada fue proferida el 18 de septiembre de 2025 y se
notificó a través de correo electrónico enviado el 3 de octubre siguiente a las
17:41:38, por lo que la notificación debe entenderse surtida el 8 de octubre de
20252, y la solicitud de amparo se presentó el 9 de abril de la presente anualidad,
término razonable.
50. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.
51. Subsidiariedad. En el caso concreto, este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes en el proceso ordinario.
1 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
2 Dado que el mensaje de datos con la providencia fue remitido por fuera del horario hábil y que el 4
y 5 de octubre fueron sábado y domingo, los dos (2) días siguientes deben computarse a partir del
6 de octubre de 2025.
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Relevancia constitucional
52. La acción de tutela no es una instancia adicional para discutir aspectos
económicos, de mera legalidad o la interpretación legítima de los jueces naturales3.
Este mecanismo solo procede cuando afloran serias dudas sobre la arbitrariedad,
capricho o irracionalidad de una decisión judicial.
53. Además, la Corte Constitucional4 ha establecido que, si la solicitud de amparo
se encamina a cuestionar una providencia de una alta corte, debe evidenciar una
afectación desproporcionada de derechos fundamentales derivada de una
actuación judicial arbitraria.
54. En el caso concreto, la accionante sostuvo que la Subsección B de la Sección
Segunda de esta corporación incurrieron en defecto fáctico, sustantivo, violación
directa de la Constitución y desconocimiento del precedente. En síntesis, reprochó
la indebida aplicación de la cláusula de invalidación contenida en la renuncia, al
considerar que el abono realizado el 20 de octubre de 2011 debió tenerse como un
pago parcial. De igual forma, porque debió declararse la prosperidad de la
indemnización compensatoria y no tenerse por probada la excepción de pago. En
cuanto a la duda interpretativa, sostuvo que debía resolverse a su favor. Finalmente,
alegó el desconocimiento de la ratio decidendi fijada en el caso de Luz Marina
Bastos, así como una motivación insuficiente para justificar la decisión adoptada.
55. La Sala recuerda que, por sentencia del 18 de septiembre de 2025, dicha
subsección revocó la sentencia apelada dictada por el Tribunal Administrativo de
Santander. En su lugar, declaró probadas las excepciones de remisión (por
condonación del reintegro y el 40% de los intereses moratorios) y pago total de la
obligación y, en consecuencia, declaró la terminación del proceso.
56. Como fundamento de su decisión, afirmó que en la sentencia cuya ejecución se
persigue se impusieron dos obligaciones: de hacer y pagar sumas de dinero. En
cuanto a la primera, encontró acreditado que el 6 de julio, 23 y 29 de septiembre de
2011 la ejecutante manifestó expresamente que renunciaba al reintegro, así como al
pago del 40% de los intereses moratorios, siempre que el desembolso se hiciera a
más tardar el 23 de octubre de 2011.
57. El 13 de octubre de 2011, la entidad ordenó el pago de $ 256.995.156 que se
materializó el 20 de octubre de 2011, es decir, dentro del plazo otorgado. La
autoridad judicial accionada advirtió que si bien en el último escrito de renuncia la
parte actora manifestó que los pagos parciales invalidarían la renuncia y que contra
el acto que dio cumplimiento a la obligación se presentó recurso de apelación, lo
3 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional determinó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.
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SU-215 de 2022.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02700-00
Accionante: Yaneth Reina
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cierto es que «la manifestación de renuncia debía conservarse, comoquiera que la
entidad -al resolverlo- ordenó el pago de la suma solicitada que se materializó tan
solo 25 días después del primer pago».
58. Además, los pagos parciales a los que hizo alusión la parte demandante en su
escrito de renuncia debían interpretarse como la omisión en pagar parte de los
conceptos ordenados en la sentencia objeto de recaudo, pero en el caso particular
las diferencias se circunscribieron a un «error de cálculo que después fue
subsanado, pues en la primera liquidación se observa que la entidad efectuó las
operaciones aritméticas de los salarios, prestaciones sociales, cesantías e intereses
desde el año 2000 a 2011, cuando se hizo el desembolso».
59. Por lo anterior, concluyó que un error de cálculo no podía invalidar la
manifestación libre, espontánea, expresa y voluntaria de renunciar al reintegro y al
pago de la condena, máxime si desde el primer escrito presentado por la actora
manifestó su intención de obtener el pronto acatamiento del fallo judicial, que es
«propia de una remisión o condonación».
60. En cuanto al pago de la indemnización compensatoria, sostuvo que la Ley 1437
de 2011 entró en vigor el 2 de julio de 2012, por lo que no era aplicable a ese caso
porque no fue la norma procesal que rigió el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho y no estaba vigente al momento de la renuncia al reintegro. En relación
con el artículo 44 de la Ley 909 de 2004, precisó que la indemnización a la que hace
referencia esa norma fue pagada por la entidad al momento del retiro, «comoquiera
que renunció al reintegro en el año 2011, no hay lugar al pago de lo solicitado».
61. En síntesis, consideró que al haberse extinguido por remisión la obligación de
reintegro, el pago de la indemnización compensatoria por el incumplimiento de una
obligación a la que se renunció es inexistente.
62. Respecto de la excepción de pago total, explicó que la entidad tomó como IPC
final el de agosto de 2011, pero «debía tenderse era el marzo de 2008 porque en el
título se ordenó la indexación hasta la fecha de ejecutoria», lo que significaba que la
entidad pagó más de lo que debía, porque al aplicarse un IPC posterior se
incrementaba el valor final.
63. Precisó que el valor de los intereses debidos ascendía a $ 109.417.290, pero
como la actora renunció al 40 % de estos, el total adeudado era de $ 65.650.371,
suma inferior a la reconocida por la entidad $ 66.180.730. Con fundamento en lo
anterior, concluyó que se había pagado la totalidad de la obligación en los siguientes
términos:
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02700-00
Accionante: Yaneth Reina
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
64. Con base en lo expuesto, la Sala considera que la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, al proferir la sentencia del 18 de septiembre de
2025, lejos de incurrir en una interpretación arbitraria o caprichosa, efectuó, en su
condición de juez natural de segunda instancia, un análisis integral, razonado y
coherente de la normativa aplicable y de las piezas procesales obrantes en el
expediente. A partir de dicho examen, concluyó que existió una renuncia válida tanto
al reintegro como al 40 % de los intereses moratorios, porque el pago por la entidad
demandada se realizó el 20 de octubre de 2011.
65. De igual forma, el estudio realizado le permitió concluir que el error aislado en la
liquidación no tenía la entidad suficiente para desvirtuar la voluntad negocial
expresada por la señora Yaneth Reina, ni para desconocer los efectos jurídicos
derivados de la renuncia, por lo que la decisión adoptada, en criterio de esta
Subsección, se fundó en una apreciación concreta y razonable de las circunstancias
particulares del expediente.
66. La autoridad judicial accionada realizó una interpretación dentro del margen
razonable de autonomía judicial y no se observa un desconocimiento del precedente
jurisprudencial invocado. La decisión cuestionada respondió a una valoración
probatoria y jurídica debidamente motivada. Por tanto, no es necesaria la
intervención del juez constitucional, máxime cuando la controversia planteada se
circunscribe a la discrepancia de la parte actora con la hermenéutica adoptada y las
conclusiones a las que arribó.
67. El desacuerdo de la señora Yaneth Reina y la disparidad de criterios en torno a
los elementos debatidos no son razones suficientes para que el juez de tutela
realice un estudio de fondo, pues este instrumento constitucional no es una
instancia adicional para imponer una interpretación única en un proceso dirigido y
decidido por los jueces naturales. Además, en este caso, el asunto fue definido por
el órgano de cierre y la Corte Constitucional ha considerado que, en esos eventos,
para la prosperidad de la tutela es necesario que la decisión contenga una anomalía
de tal forma que riña abiertamente con la Constitución y la jurisprudencia que esa
Corporación ha trazado al definir el alcance y límite de derechos fundamentales,
circunstancias que aquí no se presentan.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-02700-00
Accionante: Yaneth Reina
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
Referencia: Acción de tutela de primera instancia
68. Conforme a lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por la señora Yaneth Reina, por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por la
señora Yaneth Reina, por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA
Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
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