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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03616-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-03616-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal Administrativo de Santander. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-03616-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03616-01
Demandante: LUIS FERNANDO RANGEL VÁSQUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca decisión que negó
el amparo solicitado. Declara improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala la impugnación presentada por la parte accionante contra el fallo de
9 de junio de 2026, por medio del cual la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado negó el amparo.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Luis Fernando Rangel Vásquez, actuando por intermedio de apoderada,
mediante escrito de 11 de mayo de 2026, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al «debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia,
tutela judicial efectiva y, de manera consecuencial, trabajo y garantías mínimas
derivadas de la sentencia laboral-administrativa de reintegro».

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró transgredidas con lo
resuelto en la sentencia de 6 de noviembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Santander confirmó parcialmente el fallo de 28 de marzo de 2025,
en la que el Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga tuvo por
probada la excepción de pago y dio por terminado el proceso ejecutivo con radicado
68001-33-33-014-2013-00408-00.

1.2. Peticiones de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

TUTELAR los derechos fundamentales del señor Luis Fernando Rangel Vásquez.

DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso ejecutivo Rad.
680013333014-2013-00408-00. En cuanto confirmó la excepción de pago total de
la obligación, terminó el proceso ejecutivo y tuvo por satisfecha la sentencia base
sin confrontar integralmente las pruebas decisivas. ORDENAR al Tribunal
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Luis Fernando Rangel Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03616-01

Administrativo de Santander que, dentro del término que fije el juez constitucional,
profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que valore de manera
expresa, completa y coherente las pruebas determinantes del proceso ejecutivo,
en especial: (i) el texto íntegro de la comunicación del 23 de junio de 2010, incluida
la cláusula según la cual, de no lograrse lo solicitado, carecería de eficacia la
renuncia al reintegro; (ii) la comunicación del 13 de julio de 2010, mediante la cual
se manifestó renuncia a intereses comerciales moratorios únicamente en función
de la liquidación y pago efectivo a más tardar el 23 de julio de 2010; (iii) el
contenido literal de la Resolución 009501 del 16 de julio de 2010; (iv) la diferencia
entre los conceptos efectivamente reconocidos y pagados y los conceptos
reclamados y librados en el mandamiento ejecutivo del 4 de marzo de 2021; (v) la
incidencia de que los aportes de seguridad social solo hubieran sido reconocidos
mediante Resolución 015787 del 26 de octubre de 2010; (vi) la pertinencia real del
precedente Cosme León Castañeda Rivera frente a un supuesto de renuncia
condicionada y no de renuncia pura, simple y rotunda; y (vii) la incidencia del
precedente Emérita Arenas Arenas, decidido por el Consejo de Estado el 16 de
octubre de 2025, en cuanto trató una renuncia condicionada, pago parcial y
continuación de la ejecución por saldos pendientes.

ORDENAR, subsidiariamente, que la nueva decisión explique, con motivación
suficiente, por qué los pagos de $174.151.815 [julio de 2010] y $34.053.373
[octubre de 2010] cubrían o no cubrían la totalidad de los conceptos derivados del
título ejecutivo y de las renuncias condicionadas, sin limitarse a afirmar que el
pago fue total por la sola existencia de una renuncia condicionada al reintegro y a
intereses, sometida a pago efectivo, que debía ser íntegro y oportuno para
producir efectos liberatorios plenos, dentro de un plazo determinado.1

Posteriormente, con memorial de 15 de mayo de 2026, se «reformó» el escrito inicial
y se incluyeron las siguientes pretensiones:

4.1. TUTELAR los derechos fundamentales del señor Luis Fernando Rangel
Vásquez al debido proceso, acceso efectivo a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, trabajo y cumplimiento material de sentencias judiciales.

4.2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 6 de noviembre de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Santander dentro del proceso ejecutivo Rad.
680013333014-2013-00408-00, en cuanto confirmó la excepción de pago total de
la obligación, terminó el proceso ejecutivo y tuvo por satisfecha la sentencia base
sin confrontar integralmente las pruebas decisivas.

4.3. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del término
que fije el juez constitucional, profiera nueva sentencia de segunda instancia en la
que valore de manera expresa, completa y coherente: (i) el texto íntegro de la
comunicación del 23 de junio de 2010, incluida la cláusula según la cual, de no
lograrse lo solicitado, carecería de eficacia la renuncia al reintegro; (ii) la
comunicación del 13 de julio de 2010, mediante la cual se manifestó renuncia a
intereses comerciales moratorios únicamente en función de la liquidación y pago
efectivo a más tardar el 23 de julio de 2010; (iii) el contenido literal de la Resolución
009501 del 16 de julio de 2010; (iv) la diferencia entre los conceptos efectivamente
reconocidos y pagados y los conceptos librados en el mandamiento ejecutivo del
4 de marzo de 2021; (v) la incidencia de que los aportes de seguridad social solo
fueron reconocidos mediante Resolución 015787 del 26 de octubre de 2010; (vi)
la pertinencia real del precedente Cosme León Castañeda Rivera frente a un
supuesto de renuncia condicionada; y (vii) la incidencia del precedente Emérita
Arenas Arenas del 16 de octubre de 2025, en cuanto trató una renuncia
condicionada, pago parcial y continuación de la ejecución por saldos pendientes.

4.4. ORDENAR que la nueva providencia analice expresamente la pertinencia del
precedente Emérita Arenas Arenas, precisando que dicha sentencia cita y utiliza
el caso Efraín Olarte Olarte como precedente de apoyo sobre control material del
cumplimiento, carga de probar pago total y persistencia de saldos insoluto.

1
Texto transcrito del original con posibles errores.
2
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4.5. ORDENAR, subsidiariamente, que la nueva decisión explique con motivación
suficiente por qué los pagos de $174.151.815 (julio de 2010) y $34.053.373
(octubre de 2010) cubrían o no cubrían la totalidad de los conceptos derivados del
título ejecutivo, del mandamiento y de las renuncias condicionadas, sin limitarse a
afirmar que el pago fue total por la sola existencia de un acto administrativo y de
una manifestación de renuncia sujeta a condición de completud y oportunidad.2

1.3. Hechos

De la narración realizada en el escrito inicial y lo evidenciado en el expediente, se
resaltan las siguientes premisas fácticas:

El actor es beneficiario de las sentencias de 16 de marzo de 2009 y 22 de abril de
2010, mediante las cuales el Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga y el Tribunal Administrativo de Santander, respectivamente, declararon
la nulidad del acto administrativo de desvinculación del accionante como empleado de
la Contraloría General de Santander y ordenaron su reintegro junto con el pago de los
salarios adeudados.

En consecuencia, el señor Rangel Vásquez promovió una demanda ejecutiva con la
finalidad de lograr el pago de las obligaciones contenidas en las referidas providencias.
El expediente fue asignado al Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de
Bucaramanga, autoridad que, mediante sentencia de 28 de marzo de 2025 tuvo por
probada la excepción de pago y, en consecuencia, dio por terminado el proceso.
Adicionalmente, condenó en costas al extremo activo.

Inconforme, la parte ejecutante presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por
el Tribunal Administrativo de Santander que, en providencia de 6 de noviembre de
2025, revocó la condena en costas y confirmó en lo demás. A su juicio, la Contraloría
General de Santander había cumplido con el total de la obligación, mediante la
resolución 009501 del 16 de julio del 2010, en la que reconoció, a favor del actor, la
suma de $174 151 615.

1.4. Fundamentos de la solicitud

Para la parte actora, la autoridad accionada incurrió en los defectos: fáctico,
«insuficiente motivación», sustantivo, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución.

Respecto del defecto fáctico, expresó que se tergiversó el contenido de la resolución
009501 del 16 de julio del 2010, por cuanto en aquella no se incluyó el pago por
concepto de «intereses moratorios, dotaciones, subsidio familiar ni a una liquidación
comprensiva de todos los conceptos reclamados», por lo que no podía asegurar que
abarcaba todos los aspectos adeudados.

Afirmó que, si bien el actor renunció al reintegro, el tribunal desconoció que aquella
estaba condicionada a un acuerdo de pago y, de no cumplirse en los términos
propuestos, el reintegro seguiría siendo exigible. Lo anterior, se puede verificar en la
propuesta de 23 de junio de 2010, remitida por el actor a la Contraloría General de
Santander.

2
Ibidem
3
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Consideró que la autoridad accionada nunca confrontó los valores por los que se libró
el mandamiento de pago, con la suma reconocida por parte de la accionada, en ese
sentido, dejó de verificar el cumplimiento de la obligación respecto de «cesantías
retroactivas, intereses, aportes parafiscales, dotaciones, subsidio familiar,
indemnización sustitutiva o el saldo adicional señalado en la demanda ejecutiva
reformada».

Señaló que el actor, con escrito de 13 de julio de 2010, había condicionado la renuncia
al pago de intereses moratorios, siempre y cuando se realizara el desembolso de las
obligaciones a más tardar el 23 de julio de 2010. No obstante, el pago por concepto de
aportes a seguridad social solo fue reconocido hasta la resolución 015787 del 26 de
octubre de 2010, por lo que no se cumplió la condición para la renuncia a los intereses
moratorios.

En el cargo que enmarcó como «insuficiente motivación» se evidencia una reiteración
de los argumentos presentados en el defecto fáctico.

El defecto sustantivo y el desconocimiento del precedente se fundan en el mismo
sustento, esto es, que la autoridad accionada omitió antecedentes aplicables a su caso
y, por el contrario, acudió a decisiones que no se ajustaban con lo controvertido, para
lo cual expuso:

• La sentencia de 26 de noviembre de 2020, proferida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso 68001-23-33-000-2013-
00827-02, fue citada por el tribunal accionado para resaltar que el actor había
dimitido de unos pagos, pero no tuvo en cuenta que el señor Rangel Vásquez
condicionó sus renuncias.
• La sentencia de 16 de octubre de 2025, emitida por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en el expediente 68001-23-33-000-
2014-00679-01, caso que en su juicio es análogo al que aquí se discute y donde
se declaró el pago parcial de la obligación, por cuanto se evidenció que no se
cumplió con la condición para la renuncia a unas obligaciones. Este
antecedente fue omitido por la autoridad accionada.
• La sentencia de 6 de noviembre de 2025, dentro del caso 68001-23-33-000-
2015-01283-02 y que, si bien no tiene la calidad de precedente por no haberse
proferido con anterioridad a la decisión del Tribunal Administrativo de
Santander, consideró que debe tenerse en cuenta en lo atinente a la renuncia
condicionada.

Reforzó estos argumentos con lo dispuesto en los artículos 1536, 1539, 1541, 1542,
1626 y 1627 del Código Civil, según los cuales la renuncia a una acreencia no tiene
un efecto extintivo si aquella se sujeta a una condición que debe cumplirse «íntegra y
literalmente en la forma convenida», por lo que el pago efectuado por la autoridad
ejecutada solo tiene un alcance parcial.

En la violación directa de la Constitución realizó una síntesis general de la afectación
de las garantías contenidas en los artículos 29, 53, 228 y 229 superiores, derivada del
desconocimiento de parte del Tribunal Administrativo de Santander de los
condicionamientos expresados por el actor al momento de dimitir de algunas de las
obligaciones de las sentencias laborales proferidas a su favor.
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1.5. Trámite de la acción

Mediante proveído de 13 de mayo de 2026, el magistrado ponente de la Subsección
B de la Sección Segunda de esta corporación admitió la acción de tutela y ordenó
notificar al Tribunal Administrativo de Santander como autoridad accionada.

Adicionalmente, vinculó como terceros con interés directo al Juzgado 14 Administrativo
del Circuito Judicial de Bucaramanga, al departamento de Santander y a la Contraloría
General de Santander.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones y publicaciones ordenadas, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente digital de la acción de tutela, se presentaron las
siguientes intervenciones:

1.6.1. Contraloría General de Santander

La entidad ejecutada consideró que la renuncia del actor al reintegro fue aceptada
mediante un acto administrativo que no fue controvertido y en el que la Contraloría
General de Santander especificó que se limitaría únicamente a realizar la liquidación
de dineros adeudados.

Estimó que los argumentos relativos a la consecuencia de las renuncias a las
acreencias ya fueron decididos en las instancias judiciales respectivas, por lo que no
es posible reabrirlos en la acción de tutela.

En su sentir, la autoridad accionada resolvió la demanda ejecutiva con un análisis
razonable de las pruebas y descartó el caso 2014-00679 como un precedente aplicable
para esta oportunidad, puesto que en el caso del señor Rangel Vásquez nunca se
cuestionaron los actos administrativos que aceptaron la renuncia al reintegro de forma
definitiva.

Aseguró que las censuras propuestas por el accionante pueden ser discutidas
mediante el recurso extraordinario de revisión.

En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la acción y que se
desvincule a la Contraloría General de Santander por no cumplirse con la legitimación
en la causa por pasiva.

1.6.2. Juzgado 14 Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga

Luego de hacer un recuento de las actuaciones procesales, la titular del despacho
solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, en los siguientes términos:

En ese contexto, se resalta que este Despacho actuó dentro del marco de sus
competencias legales y constitucionales, garantizando en todo momento el respeto
a los derechos fundamentales del señor Luis Fernando Rangel Vásquez, sin que
pueda predicarse vulneración alguna atribuible a esta autoridad judicial.

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Por lo anterior, se solicita declarar la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta, o en su defecto, negar las pretensiones, en tanto no se configura
vulneración alguna por parte de este Despacho, el cual obró de manera diligente y
conforme a derecho, asegurando el respeto de los principios y garantías
constitucionales.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Santander

La titular del despacho ponente de la providencia cuestionada intervino para oponerse
a la prosperidad de las pretensiones.

Aseguró que no se incurrió en el presunto defecto fáctico, por cuanto se estudió a
fondo los actos administrativos por los cuales se ordenó el pago al actor, sin que la
decisión obedeciera a un análisis caprichoso.

Resaltó que el antecedente mencionado por el accionante, del proceso 2014-00679,
no contiene una regla de decisión ni una unificación de criterio, por lo que no puede
calificarse como precedente.

Negó que existiera un defecto sustantivo, puesto que, al margen de los comentarios
del actor sobre las normas del Código Civil, su despacho sí valoró las renuncias
condicionadas del señor Rangel Vásquez y se tuvieron en cuenta al momento de
dirimir la controversia.

En ese sentido, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, así:

Conforme a lo expuesto, la acción de tutela deviene improcedente al no superarse
los requisitos generales de procedibilidad, en especial, el relativo a la relevancia
constitucional en los términos señalados, pese a ello, se deja en claro que la
actuación adelantada por esta Corporación estuvo atemperada a las reglas del
debido proceso no advirtiéndose que en ella se haya incurrido en alguna actuación
irregular o irrespetuosa de las garantías procesales, siendo en este caso, más que
una vulneración derechos fundamentales, un desacuerdo de la parte con la
decisión adoptada en uso de la autonomía judicial que le asiste al operador judicial
al interpretar las normas superiores aplicadas en el asunto.

1.6.4. Intervención del actor

Con memorial de 5 de junio de 2026, la parte actora se pronunció respecto de las
contestaciones y concluyó que el informe rendido por el Tribunal Administrativo de
Santander era extemporáneo, por lo que solicitó que se diera aplicación a la
presunción de veracidad del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

En todo caso, refirió que en la respuesta de la mencionada corporación se reconocía
que la renuncia a las acreencias era condicionada, lo que, a su juicio respaldaba las
pretensiones de tutela.

A su vez, indicó antecedentes de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que consideró pertinentes para resolver la controversia, así:

A. Caso Julieta Arenas — C.E. Sección Segunda Sub. B, 3 de septiembre de
2025, Rad. 68001-23-31-000-2000-01193-02 (C.P. Dr. Juan Enrique Bedoya
Escobar)

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En esa providencia, la Subsección analizó una renuncia condicionada al reintegro
ordenado por sentencia ejecutoriada contra el Departamento de Santander y la
Contraloría Departamental de Santander, y estableció la siguiente regla de decisión
(párrafo 63):

la renuncia condicionada al reintegro dependía del cumplimiento de la obligación.
En consecuencia, fallida la condición, subsistía el derecho al reintegro y al pago
completo de los intereses.

Esta regla es directamente aplicable al caso de Rangel Vásquez. Si la condición de
la renuncia —el pago de todos los conceptos adeudados sin excepción, incluyendo
intereses moratorios— no fue verificada como satisfecha en su integridad, el
derecho al reintegro y al pago completo subsistía. El Tribunal Administrativo de
Santander no verificó ese cumplimiento íntegro y, en cambio, declaró extinguida la
obligación. Bajo el estándar del propio Despacho Ponente, esa decisión carece de
fundamento.

B. Caso Yaneth Reina — C.E. Sección Segunda Sub. B, 18 de septiembre de
2025, Rad. 68001-23-33-000-2014-00460-01 (C.P. Dr. Juan Enrique Bedoya
Escobar)

En el caso Yaneth Reina, la Subsección sí declaró probada la excepción de pago
total (párrafo 146), pero únicamente después de construir una tabla de liquidación
año por año (2000-2011), discriminando separadamente salarios, prestaciones
sociales por tipo, cesantías e intereses moratorios, para verificar que el monto
efectivamente pagado ($256.995.156) cubría la totalidad de esos conceptos,
incluyendo explícitamente los intereses moratorios ($65.650.374 al 60%).

La diferencia con el caso de Rangel Vásquez es decisiva: en Yaneth Reina, los
intereses moratorios fueron pagados y verificados mediante cálculo propio de la
Subsección. En el caso que hoy se censura, el Tribunal Administrativo de Santander
afirmó que los intereses moratorios están cubiertos por la Resolución 009501,
cuando el texto de ese acto —visible en la imagen inserta en la propia sentencia
acusada— no los menciona. No hubo cálculo alguno: hubo una afirmación sin
soporte documental. Bajo el estándar metodológico de Yaneth Reina, la excepción
no podía declararse probada sin ese análisis.

Luego, reiteró los argumentos del escrito inicial, haciendo énfasis en que la resolución
que reconoció el pago lo limitó a salarios y prestaciones sociales, sin incluir los
intereses moratorios, a pesar, de que la renuncia a estos estaba atada a una condición
que no se cumplió.

Igualmente, advirtió que contra dicho acto administrativo no procedían recursos, por
cuanto expresamente la entidad que lo profirió así lo dispuso en el propio documento.
Finalmente, incluyó solicitudes adicionales en sus pretensiones, además de peticiones
probatorias, de la siguiente manera:

PRIMERA — Con fundamento en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, TENER
POR CIERTOS los hechos de la solicitud de tutela, al haber operado la presunción
de certeza desde el 30 de mayo de 2026 por la contestación extemporánea del
Tribunal (radicada cuatro días después del vencimiento del término), y en
consecuencia CONCEDER el amparo y resolver de plano.

SEGUNDA — PETICIÓN SUBSIDIARIA PROBATORIA. En subsidio, VERIFICAR
en el expediente digital del proceso ejecutivo Rad. 680013333014-2013-00408-00
—accesible mediante el enlace remitido por el Juzgado 14 Administrativo de
Bucaramanga y cuyas piezas relevantes fueron aportadas como anexos a la
solicitud de tutela— el contenido literal de los siguientes documentos: (i) artículo
primero de la Resolución 009501 del 16 de julio de 2010 (archivo
14OposicionContraloria.pdf del cuaderno principal), para constatar si menciona o
no intereses moratorios; (ii) comunicación del 23 de junio de 2010 (folio digital 41
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del mismo archivo), para verificar el alcance y las condiciones de la manifestación
contenida en ella; y (iii) comunicación del 13 de julio de 2010 (folios digitales 55 y
57 del mismo archivo), para verificar el objeto específico de la renuncia
condicionada y las condiciones a cuyo cumplimiento estaba sujeta. Todos esos
documentos obran ya en el expediente; esta petición no implica práctica de prueba
nueva sino lectura directa de las piezas procesales ya incorporadas.

TERCERA — CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso (art. 29 C.P.), al acceso efectivo a la administración de justicia (art. 229
C.P.) y a la favorabilidad laboral (art. 53 C.P.); DEJAR SIN EFECTOS la sentencia
del 6 de noviembre de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
dentro del proceso ejecutivo Rad. 680013333014-2013-00408-00 (cuaderno
principal, Archivo 85); y ORDENAR al Tribunal que, dentro del plazo perentorio que
el Despacho fije, profiera nueva sentencia de segunda instancia que observe los
siguientes parámetros: (i) leer el artículo primero de la Resolución 009501 en su
texto literal, sin atribuirle contenido ausente del documento; (ii) analizar
separadamente la “comunicación del 23 de junio de 2010” y la “renuncia
condicionada del 13 de julio de 2010”, determinando el alcance de las condiciones
consignadas en cada una; (iii) verificar, con la metodología aplicada por esta
Subsección en Yaneth Reina (Rad. 68001-23-33-000-2014-00460-01) y Julieta
Arenas (Rad. 68001-23-31-000-2000-01193-02), si el monto de $174.151.815
cubría la totalidad de los conceptos debidos como condición, incluyendo los
intereses moratorios; y (iv) aplicar el régimen de las obligaciones condicionales del
Código Civil para determinar si la condición fue o no satisfecha antes de declarar
probada la excepción.

CUARTA — PARÁMETRO MÍNIMO DE REEMPLAZO. En cualquier caso,
DISPONER que la nueva sentencia de segunda instancia no podrá tener por
probado el pago total de la obligación sin: (i) confrontar el texto literal del artículo
primero de la Resolución 009501 con cada uno de los conceptos condicionados en
las comunicaciones del 23 de junio y del 13 de julio de 2010; (ii) verificar rubro a
rubro si el pago administrativo de 2010 cubría la totalidad de las obligaciones del
mandamiento reformado del 4 de marzo de 2021; y (iii) aplicar el régimen de las
obligaciones condicionales del Código Civil para determinar si la condición fue
satisfecha antes de, eventualmente, declarar probada la excepción3.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 9 de junio de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado tuvo por cumplidos los requisitos de procedibilidad y, en
consecuencia, abordó el caso de fondo.

Una vez verificó lo decidido por la autoridad accionada, consideró que no existía una
insuficiente valoración probatoria, por el contrario, evidenció que el Tribunal
Administrativo de Santander sí se refirió a la renuncia de unas obligaciones, a los
salarios adeudados, prestaciones sociales y aportes al sistema de seguridad social.

Del mismo modo, entendió que la colegiatura cuestionada sí tuvo en cuenta la
condición a la que se sometió la dimisión de las acreencias, que consistía en que el
pago se realizara el 23 de julio de 2010, lo cual se cumplió el 21 de dicho mes y año,
por lo que tampoco existía razones para entender que la providencia incurrió en una
consideración irrazonable o arbitraria.

Sobre el antecedente citado por la parte actora, esto es, el contenido en el expediente
2014-00679, corresponde a un caso en el que se accedió a lo pretendido por cuanto:

3
Transcripción literal, incluyendo posibles errores.
8
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Demandante: Luis Fernando Rangel Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03616-01

no se encontraba acreditado el pago íntegro de las obligaciones y porque la
condición a la que estaba sometida la renuncia no había sido cumplida. En
particular, se destacó la ausencia de prueba sobre el pago de los intereses exigidos
en el mandamiento ejecutivo. Por ello, la decisión adoptada en ese asunto partió de
un supuesto fáctico diferente al sometido a consideración por el Tribunal
Administrativo de Santander en este caso concreto.

Finalmente, aunque en el fallo acusado no se hizo referencia a las normas del Código
Civil que menciona la parte actora, sí se evidencia que ahondó en el análisis del
cumplimiento de la obligación junto con la condición establecida por el ejecutante, por
lo que no se configuraba alguno de los defectos alegados en la tutela, motivo por el
cual, negó el amparo deprecado.

1.8. Impugnación4

La parte accionante consideró que el a quo no tuvo en cuenta la inconsistencia en que
incurrió la providencia acusada, de la siguiente manera:

La comunicación del 13 de julio de 2010 (cuaderno principal, archivo
14OposicionContraloria.pdf, fls. 55 y 57) condicionó la renuncia a los intereses
moratorios a que la liquidación y el pago de todos los conceptos adeudados —sin
excepción, incluyendo expresamente los intereses moratorios— se efectuara a más
tardar el 23 de julio de 2010. Si el párrafo 36 reconoce que la Resolución 009501
solo cubrió salarios y prestaciones sociales —sin intereses moratorios—, entonces
el párrafo 37 no podía concluir que la condición relativa a los intereses moratorios
fue satisfecha con ese mismo acto.

Afirmó que en la sentencia de primera instancia se aseguró que la comunicación en la
que el actor renunció a unas acreencias data del 14 de julio de 2010, cuando lo cierto
es que la fecha es 13 de julio, lo que a su juicio demuestra una falta de rigor en la
lectura del documento.

Exclamó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
desconoció sus propios antecedentes sobre los casos que ha fallado respecto de
empleados de la Contraloría General de Santander que han llevado procesos
ejecutivos por el incumplimiento a la renuncia condicionada de acreencias.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el actor
contra la sentencia de 9 de junio de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

4
La sentencia de primera instancia se notificó el 14 de julio de 2026 y el actor la impugnó mediante
escrito del día siguiente.
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Teniendo en cuenta que en la primera instancia de esta tutela no se hizo manifestación
sobre la solicitud de desvinculación de la Contraloría General de Santander, la sala
procederá a resolver sobre el particular.

Al respecto, se tiene que dicha entidad actuó como el extremo pasivo en el proceso
ejecutivo en cuestión, por lo que es evidente el interés que le asiste en el resultado de
la acción de tutela, por lo que no se accederá a lo pedido.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 9 de junio de 2026, a través de la cual la Subsección
B de la Sección Segunda del Consejo de Estado negó el amparo.

Para resolver, se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse acreditados; (iii)
las generalidades de los defectos alegados, y (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20125 unificó
la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales7.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el momento
jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de
la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

5 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada ponente: María
Elizabeth García González.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
7 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,
Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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2.5.1. Sobre la relevancia constitucional debe tenerse en cuenta que en la sentencia
SU – 215 de 2022, la Corte Constitucional refirió que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal9
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico10; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”11

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”12 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”13
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto14, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal15. (Resaltado de la Sala)

Igualmente, como se señaló previamente, sobre esta suficiencia en la argumentación
de una tutela que se interpone contra una providencia judicial, el Consejo de Estado
ha prohijado los parámetros contenidos en la sentencia C – 590 de 2005, en la cual se

9
Sentencia SU-573 de 2019.
10
Sentencia SU-103 de 2022.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-128 de 2021.
14
Sentencia SU-573 de 2019.
15
Ibid.
11
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explica que los accionantes deben exponer los defectos16 en los que incurrió la
decisión atacada.

Ahora bien, en este caso se tiene que la parte actora, quien es acreedor de unas
sentencias que ordenaron su reintegro laboral y el pago de salarios adeudados, acusa
al Tribunal Administrativo de Santander de desconocer que la renuncia a algunas de
las obligaciones a cargo de la Contraloría General de Santander estaba condicionada
a un pago total y oportuno que no se dio en debida forma.

Contrastados los argumentos del escrito inicial y la providencia cuestionada, esta Sala
concluye que el caso traído a consideración no cumple con el requisito de
relevancia constitucional como pasa a explicarse.

Los señalamientos de la parte actora se pueden sintetizar en: (i) que el acto
administrativo que reconoció el pago a favor del actor, no contenía todos los factores
adeudados; (ii) que la renuncia al reintegro y el pago de intereses moratorios, estaba
condicionada al pago total de la obligación, lo cual no se acreditó; (iii) que se omitieron
antecedentes judiciales relevantes para resolver el caso concreto, y (iv) que no se
tuvieron en cuenta normas del Código Civil.

Sobre el sustento en el que se basaron las censuras, se encuentra que si bien en el
escrito inicial hay claridad sobre los silogismos que, según el actor, dan cuenta de los
defectos en los que incurrió el Tribunal Administrativo de Santander, lo cierto es que
terminan siendo acusaciones de rango meramente legal, en las que se incurre en
contradicciones en la argumentación e, incluso, se acude a minucias de redacción que,
dan cuenta de una mera inconformidad con el criterio jurídico adoptado por la
colegiatura y no a una verdadera controversia de orden constitucional.

En principio, el accionante aseguró que la entidad accionada pasó por alto que en la
liquidación de la sentencia no se incluyeron distintos factores salariales; no obstante,
esto se queda en una afirmación indeterminada, en la que no se explica la razón por
la que el cálculo efectuado por el Tribunal Administrativo de Santander estaba errado.
Nótese que no basta con afirmar que una valoración probatoria es insuficiente, sino
que es necesario especificar la falencia e indicar cómo esto vulneró el debido proceso.

De hecho, en la medida en que transcurrió la tutela, dicha inconformidad fue mutando,
tanto en el escrito inicial como en las intervenciones de 5 de junio de 2026 y la
impugnación, donde terminó afirmando que el reconocimiento de pago de la entidad
se limitó a la deuda por concepto de salarios y prestaciones sociales, pero que lo que
no se incluyó fueron los intereses moratorios.

Se resalta que el cargo se funda, principalmente, en que el tribunal no confrontó el acto
administrativo de reconocimiento con lo ordenado en el fallo del proceso declarativo,
pero espera que sea el juez de tutela quien entre a realizar valoraciones probatorias
que son propias del proceso ejecutivo.

16
Sustantivo, fáctico, violación directa de la constitución, procedimental absoluto, orgánico, error
inducido, decisión sin motivación o desconocimiento del precedente.
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Al referirse a las condiciones con las que renunció al reintegro laboral y el pago de
intereses moratorios, incurre en contradicciones que conllevan a una insuficiencia en
la carga argumentativa.

Así, por ejemplo, no pone en duda lo evidenciado tanto en la sentencia objeto de
censura como en la primera instancia, esto es, que el pago sí se hizo el 21 de julio de
2010, antes de la fecha objeto de la condición, entiéndase, el 23 de julio de 2010.

Sobre dicho punto, es insistente en que, si bien el pago fue oportuno, estuvo
incompleto, por cuanto no se incluyeron los intereses moratorios, a pesar, de que, en
el propio escrito inicial, explicó que aquellos también fueron objeto de renuncia, así:

La nueva documentación incorporada muestra una comunicación de 13 de julio de
2010 en la cual Luis Fernando Rangel Vásquez manifestó renunciar a los
intereses comerciales moratorios causados respecto de la indemnización y
demás emolumentos consecuentes, pero no de manera pura e incondicionada.
El texto visible condicionó esa manifestación a la liquidación y pago efectivo a más
tardar el 23 de julio de 2010, e indicó que, de no lograrse lo solicitado en los términos
del escrito, carecería de eficacia la renuncia manifestada.

De hecho, llega al punto de concluir que la renuncia de los intereses moratorios estaba
condicionada a que se efectuara el pago de ese mismo concepto, incongruencia que
impide avizorar una argumentación que dé cuenta de un actuar irracional o arbitrario
de la autoridad accionada y, por el contrario, evidencia un desacuerdo en lo resuelto,
puntualmente, en el escrito de impugnación se dijo:

La contradicción es manifiesta. La comunicación del 13 de julio de 2010 (cuaderno
principal, archivo 14 OposicionContraloria.pdf, fls. 55 y 57) condicionó la
renuncia a los intereses moratorios a que la liquidación y el pago de todos
los conceptos adeudados —sin excepción, incluyendo expresamente los
intereses moratorios— se efectuara a más tardar el 23 de julio de 2010. Si el
párrafo 36 reconoce que la Resolución 009501 solo cubrió salarios y prestaciones
sociales —sin intereses moratorios—, entonces el párrafo 37 no podía concluir
que la condición relativa a los intereses moratorios fue satisfecha con ese mismo
acto.

Aunque explica que existen casos en los que, en procesos declarativos, la Sección
Segunda sí ha accedido a las pretensiones con fundamento en que se desconoció la
condición para la renuncia de las acreencias17, reconoce que también hay casos en
los que esto se niega, justamente, porque sí hay pago oportuno18, lo que indica que se
trata de un asunto que está sujeto a las particularidades de cada caso y confirma que
la decisión cuestionada no se basó en una actuación abiertamente irracional, sino al
ejercicio de la autonomía judicial del Tribunal Administrativo de Santander.

Finalmente, entró en señalamientos como que el Tribunal Administrativo de Santander
afirmó que el pago de la sentencia fue efectuado por el departamento de Santander,
cuando la obligada era la Contraloría General de Santander o que el a quo
constitucional manifestó que la comunicación con la que renunció al reintegro databa
del 14 de julio de 2010, cuando lo correcto es el 13 de julio.

17
68001-23-31-000-2000-01193-02
18
68001-23-33-000-2014-00460-01
13
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Dichas intervenciones no contienen un cargo o exposición de alguna vulneración a sus
derechos fundamentales, sino que se tratan de acusaciones que confirman la intención
de la parte actora de convertir esta acción de tutela en una tercera instancia donde se
puedan ventilar las inconformidades que tiene con lo resuelto.

En este punto, debe recordarse que cuando se utiliza el mecanismo constitucional para
cuestionar una providencia judicial es necesario que el solicitante desarrolle una
explicación con una carga mínima argumentativa en la que exponga de qué manera la
autoridad accionada incurrió en alguno de los defectos de que ha tratado la
jurisprudencia.

Es decir, no es suficiente que el interesado refiera que con la decisión judicial se
transgredieron determinados derechos superiores, por el contrario, es menester que
quien se considera afectado cumpla con el deber de ahondar en el concepto de la
violación que se deriva de una decisión jurídica en abierta contradicción de los
postulados constitucionales, que implique por parte de este juez un pronunciamiento
respecto al análisis que ha efectuado la judicatura cuestionada.

Por el contrario, el escrito inicial allegado por el señor Rangel Vásquez, da cuenta de
una controversia meramente legal de lo que, a su juicio, debía entenderse como el
cumplimiento de una sentencia judicial. En consecuencia, al no superarse el estudio
de los requisitos adjetivos, se revocará la sentencia de primer grado y, en su lugar, se
declarará la improcedencia del mecanismo constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 9 de junio de 2026, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de tutela interpuesta por el actor
contra el Tribunal Administrativo de Santander.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

14
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Demandante: Luis Fernando Rangel Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Radicado: 11001-03-15-000-2026-03616-01

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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