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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00679-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2014-00679-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. Revocar la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo de Santander. En su lugar declarar probada parcialmente la excepción de pago propuesta por las entidades ejecutadas, exclusivamente por la suma de $204.884.896, reconocida mediante la Resolución 007896 del 13 de junio de 2012. SEGUNDO. Ordenar seguir adelante con la ejecución por los saldos y obligaciones pendientes. TERCERO. Ordenar liquidar el crédito como legalmente corresponda. CUARTO. Condenar en costas en segunda instancia al extremo demandado. QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2014-00679-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Demandante: Emérita Arenas Arenas
Demandado: Departamento de Santander – Contraloría General de
Santander
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que declaró probada la
excepción de pago y de hacer – Confirma
Decisión: Revoca sentencia de primera instancia. Declara probada
parcialmente la excepción de pago por $204.884.896
(Reconocimiento Resolución 007896 del 13 de junio de 2012)
y ordena seguir adelante con la ejecución.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del 29 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Santander
mediante la cual declaró probadas las excepciones de pago y de hacer formuladas por la
parte demandada.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte demandante promovió proceso ejecutivo contra el Departamento de
Santander y la Contraloría General de Santander para obtener el cumplimiento de la
sentencia proferida el 17 de abril de 2008 por el Tribunal Administrativo de Santander y
el 5 de agosto de 2010 por la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado,
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

2. Solicitó librar mandamiento de pago por $266.485.042, desagregados así:
$89.485.537 por capital; $43.886.968 por salarios, factores salariales, prestaciones
sociales y cesantías liquidadas con retroactividad, y demás emolumentos
correspondientes al cargo que desempeñaba como auxiliar administrativo, código 407,
grado I; y $133.085.537 por indemnización compensatoria en el evento de no reintegro
al cargo.

3. Como sustento fáctico expuso que requirió el cumplimiento de la sentencia ante el
Contralor Departamental de Santander, quien expidió la Resolución 00918 del 14 de
diciembre de 2010 en la que dispuso “aceptar y ordenar el cumplimiento a lo resuelto en
el fallo”. Posteriormente, el 5 de diciembre de 2011 radicó renuncia al reintegro laboral,
condicionada a recibir la indemnización dentro de un término no mayor a treinta (30) días
contados desde esa radicación, bajo la advertencia de que, de no pagarse en ese plazo,
su decisión quedaría sin efectos. Señaló que el acuerdo se incumplió, pues el pago fue
parcial y extemporáneo respecto del término fijado.

Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

4. Indicó que, mediante Resolución 7896 del 13 de junio de 2012, la Contraloría dispuso
el cumplimiento de la condena y ordenó pagar $204.884.896. No obstante, sostuvo que,
conforme a su liquidación, la indexación de la indemnización y los intereses ascendían a
$89.485.537,97; que por concepto de capital aún se adeudaban $89.485.537,97, y que
sobre este último se habían causado intereses por $62.913.423,55.

Trámite en primera instancia

5. Mediante auto del 21 de enero de 2016, complementado por auto del 12 de agosto de
2016, el Tribunal libró mandamiento de pago a favor de Emérita Arenas Arenas y en
contra del Departamento de Santander – Contraloría Departamental, ordenando: (i) el
pago de $89.485.537 por saldo impagado del restablecimiento del derecho, más el aporte
patronal a salud y los intereses causados desde 2012 hasta el pago efectivo; (ii) el pago
de $43.886.968 por salarios, factores salariales, prestaciones sociales y cesantías con
retroactividad, y demás emolumentos del cargo, desde el 13 de junio de 2012 hasta el 30
de agosto de 2014, más los intereses comerciales y moratorios a que haya lugar y los
valores que se generen con posterioridad hasta el reintegro y el pago total; (iii) el reintegro
de la ejecutante sin solución de continuidad al cargo que ocupaba —o a otro de igual o
superior jerarquía—, en los términos de la sentencia; y, subsidiariamente, (iv) la
indemnización compensatoria conforme al artículo 64 del CST.

Contestación de la demanda

6. La Contraloría General de Santander propuso la excepción de pago total. Señaló que
la ejecutante radicó ante la entidad escritos del 5 de diciembre de 2011 y 2 de febrero de
2012 en los que renunció al reintegro laboral y solicitó el cumplimiento del fallo; en
consecuencia, expidió la Resolución 001112 del 12 de diciembre de 2011, mediante la
cual se abstuvo de hacer efectivo el reintegro. Posteriormente, a través de la Resolución
007896 del 13 de junio de 2012 —“Por la cual se reconoce una cuenta”— reconoció a
favor de la demandante la suma de $204.884.896 por sueldos y prestaciones sociales
correspondientes al período 4 de enero de 2000 a 8 de junio de 2012, con lo cual, a su
juicio, cumplió la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander.

7. Afirmó que las pretensiones de la ejecutante son excesivas e infundadas, pues
incluyen rubros que no están reconocidos en el título ejecutivo y no se allegó nuevo título
que respalde su exigibilidad; por ello, insistió en que no existe saldo a cargo de la entidad.

8. El Departamento de Santander propuso las excepciones de pago total de la obligación
y prescripción. Sostuvo que, mediante la Resolución 007896 del 13 de junio de 2012 y su
notificación personal, se dio cumplimiento a la sentencia del Tribunal Administrativo de
Santander, por lo que no subsistía obligación exigible a su cargo.

II. SENTENCIA APELADA

9. El Tribunal Administrativo de Santander declaró probadas las excepciones de pago y
de hacer (reintegro) propuestas por las entidades ejecutadas y, en consecuencia, ordenó
levantar las medidas cautelares de embargo, sin condena en costas.

2

Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

10. Para sustentar su decisión, el Tribunal tuvo en cuenta la Resolución 007896 del 13
de junio de 2012 expedida por la Secretaría General del Departamento de Santander,
acto en el que se dejó constancia del contexto relevante (retiro del cargo, trámite del
proceso de nulidad y restablecimiento y sentencia que anuló el retiro) y se dispuso el
cumplimiento de lo ordenado en la sentencia base del ejecutivo.

11. En esa resolución se liquidaron a favor de la ejecutante los salarios y prestaciones
sociales indexados e intereses del período 4 de enero de 2000 a 8 de junio de 2012, por
un total de $204.884.896. Con apoyo en esa liquidación, el a quo concluyó que la
obligación de dar prevista en el título se encontraba satisfecha.

12. Adicionalmente, destacó que la actora renunció al reintegro, decisión aceptada por la
administración mediante Resolución 001112 del 12 de diciembre de 2011. Señaló que
esa manifestación generó una situación jurídica nueva distinta del mandato de reintegro
contenido en el título, de modo que cualquier discusión sobre su legalidad (incluida la
alegada inobservancia del plazo condicionado por la actora) no podía ventilarse en la vía
ejecutiva, sino a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

III. RECURSO DE APELACIÓN

13. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 29 de
febrero de 2024, mediante la cual se declaró probada la excepción de pago propuesta.

14. Sostuvo que la obligación no está totalmente saldada. Afirmó que la Resolución
001112 del 12 de diciembre de 2011 no constituyó pago efectivo; y que, si bien mediante
la Resolución 007896 del 13 de junio de 2012 la Gobernación realizó un abono, este no
produjo la extinción por pago de las obligaciones de dar ni de hacer, entre otras razones
y a su juicio, por haberse efectuado fuera del plazo que condicionó su renuncia al
reintegro.

15. En relación con la indemnización de perjuicios por incumplimiento del reintegro,
expuso que el 5 de diciembre de 2011 presentó renuncia condicionada ante el desacato
de la Contraloría a la orden de reintegro; no obstante, la entidad incumplió dicha condición
al efectuar un pago parcial y extemporáneo.

16. Agregó que la Resolución 007896 del 13 de junio de 2012, que dispuso el pago de
$204.884.896 (liquidados al 8 de junio de 2012), presenta errores de liquidación frente a
la sentencia y al artículo 177 del CCA, porque: (i) los componentes indemnizatorios
debieron indexarse hasta la ejecutoria (17 de septiembre de 2010); (ii) no se reconocieron
intereses moratorios; y (iii) se omitieron valores causados desde el 18 de septiembre de
2010 en adelante, con sus respectivos intereses.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

17. Mediante auto proferido el 2 de diciembre de 2024, se admitió el recurso de apelación.

V. CONSIDERACIONES

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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

Competencia

18. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

19. La Sala debe resolver dos problemas jurídicos. Primero, determinar si el Tribunal
Administrativo de Santander incurrió en error al tener por probada la excepción de pago
al conferir efectos extintivos de la obligación de dar a la Resolución 007896 del 13 de
junio de 2012, que reconoció y pagó $204.884.896; en particular, si ese acto acreditó el
pago total en los términos del mandamiento de pago (esto es, capital más intereses hasta
el pago efectivo) o si, por el contrario, omitió la liquidación y el pago de intereses
moratorios, de manera que subsistieran saldos y no procediera la excepción de pago
total.

20. Segundo, establecer si la Resolución 001112 del 12 de diciembre de 2011, que
aceptó la renuncia al reintegro, produjo efectos extintivos conforme a la condición
temporal fijada por la ejecutante; o si se trata de una renuncia condicionada fallida por
falta de pago íntegro y oportuno, caso en el cual no se habría extinguido la obligación de
hacer ni las consecuencias indemnizatorias derivadas.

Análisis del primer problema jurídico

21. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.
1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.1

22. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos

1
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-
2021-00111-01 (2853-2024)

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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.

23. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes.

24. Pago total entendido como la prestación de lo que se debe según lo dispuesto en el
artículo 1626 del código civil. Esto implica que la obligación se extingue únicamente
cuando se cumple en su totalidad. El deudor no puede obligar al acreedor a recibir pagos
parciales, salvo que exista una convención en contrario o que la ley lo disponga en casos
especiales.

25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.2

26. En este expediente, el mandamiento ordenó, además del capital, el pago de intereses
desde hitos precisos y hasta el pago efectivo. En particular: i) sobre el saldo impagado
de $89.485.537, intereses comerciales y moratorios desde el 13 de junio de 2012 hasta
la fecha en que se efectuara el pago; y ii) sobre la indemnización por salarios y
prestaciones, intereses comerciales y moratorios hasta el reintegro y pago completo. Bajo
ese tenor, la extinción por pago requería acreditar capital más intereses en los términos
temporales fijados.

27. La Resolución 007896 del 13 de junio de 2012 reconoció $204.884.896 “por sueldos
y prestaciones sociales”, con soporte en una planilla titulada “Indexación salarios y
prestaciones sociales”, que empleaba índices (por ejemplo, índice final abril de 2012),
fijaba corte al 8 de junio de 2012 y arrojaba un “Neto a pagar: $204.884.896”. No se
identificó renglón, tasa, período ni monto por intereses comerciales o moratorios;
tampoco se desarrolló la causación a partir del 13 de junio de 2012 ni hasta el pago
efectivo. En suma, el acto acreditó actualización e importe por prestaciones hasta el 8 de
junio de 2012, pero omitió la liquidación y el pago de los intereses exigidos por el
mandamiento.

28. No obra constancia idónea de desembolsos por concepto de intereses
(comprobantes de consignación o transferencia, certificaciones bancarias u órdenes de
pago ejecutadas), ni liquidación detallada que permita verificar que se cubrieron los
intereses causados conforme a las órdenes del mandamiento. La sola existencia de la
resolución de reconocimiento y su anexo de indexación no suplió la prueba del pago
íntegro.

2
Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-23-
36-000-2019-00141-02.

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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

29. Con esta confrontación, lo acreditado fue, a lo sumo, un pago parcial referido a la
indexación y a un neto por prestaciones a una fecha anterior al hito de causación de
intereses fijado en el mandamiento. Persistieron, por tanto, rubros exigibles por intereses:
i) sobre el saldo impagado desde el 13 de junio de 2012 y hasta el pago efectivo; y ii)
sobre la indemnización por salarios y prestaciones, hasta el reintegro y pago completo.

30. En consecuencia, la excepción de pago total no podía prosperar. Razón por la cual
se impone revocar este aspecto de la sentencia y disponer que la ejecución continuara
por los saldos pendientes. La determinación exacta del monto quedará reservada para la
liquidación del crédito, en la cual deberán precisarse las tasas aplicables, los períodos de
causación y la imputación de abonos, con sujeción a las reglas legales y al tenor del
mandamiento.

Análisis del segundo problema jurídico

31. La ejecutante presentó, el 5 de diciembre de 2011, una renuncia al reintegro
condicionada al pago íntegro de la indemnización dentro de los treinta días siguientes a
su radicación. La administración aceptó la renuncia mediante la Resolución 001112 del
12 de diciembre de 2011. Esa aceptación quedó sujeta al cumplimiento de la condición
temporal propuesta por la propia interesada, sin embargo, el acto referido nada dijo al
respecto, se limitó aceptar la renuncia.

32. La renuncia presentada no fue una abdicación pura y simple del derecho al reintegro;
incorporó, en rigor, una propuesta condicionada, asimilable a una fórmula de arreglo: la
ejecutante ofreció desistir del reintegro a cambio de una indemnización pagadera
íntegramente dentro de un plazo de treinta días. Se trató, por tanto, de una manifestación
bilateralmente orientada, cuyo efecto extintivo del reintegro dependía de la
contraprestación económica en los términos propuestos.

33. La administración decidió aceptar esa comunicación como si se tratara de una
renuncia incondicionada. Con ello desnaturalizó su contenido y omitió la contraprestación
que le daba sentido. Una aceptación en esos términos no perfeccionó un acuerdo ni
produjo cumplimiento: no hubo pago íntegro y oportuno de la indemnización ofrecida, no
se activó el trámite judicial del artículo 189 del CPACA para sustituir el reintegro, ni se
satisfizo el título. En consecuencia, la calificación administrativa como renuncia simple no
generó extinción de la obligación de reintegrar ni puede presentarse como cumplimiento
del fallo.

34. En suma, si la administración estimaba inviable el reintegro, debió activar en tiempo
el trámite del artículo 189 del CPACA para que el juez de primera instancia fijara, con
contradicción, la indemnización sustitutiva; y si, por el contrario, pretendía acoger la
propuesta de la ejecutante, debía honrar su naturaleza condicionada mediante el pago
íntegro y oportuno pactado como contraprestación. Al aceptar la comunicación como
renuncia pura y simple, sin acudir al cauce judicial del artículo 189 ni satisfacer la
condición económica ofrecida, no se perfeccionó acuerdo alguno ni se configuró
cumplimiento del fallo.

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Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

Conclusión

35. Respecto de la excepción de pago total, la Resolución 007896 del 13 de junio de
2012 acreditó, a lo sumo, una actualización y liquidación de salarios y prestaciones hasta
el 8 de junio de 2012, pero no demostró la liquidación ni el pago de los intereses exigidos
por el mandamiento (sobre el saldo y sobre la indemnización, hasta el pago efectivo o el
reintegro). En ausencia de prueba documental del desembolso por intereses, el pago fue
parcial y no extinguió la obligación. La excepción, por tanto, no podía prosperar.

36. En lo relativo a la renuncia condicionada, lo presentado el 5 de diciembre de 2011
fue una propuesta supeditada al pago íntegro y oportuno de una indemnización como
contraprestación al desistimiento del reintegro. La administración la trató como renuncia
pura y simple, sin activar el trámite judicial del artículo 189 del CPACA ni satisfacer la
condición económica ofrecida. Al fallar la condición y omitirse el cauce legal para sustituir
el reintegro, no se configuró un modo extintivo de la obligación.

37. Por lo anterior, se revocará la sentencia apelada; se declarará probada parcialmente
la excepción de pago por la suma de $204.884.896, imputable a salarios y prestaciones
indexados reconocidos en la Resolución 007896 del 13 de junio de 2012; se declarará no
probada la excepción de pago respecto de la obligación de reintegro y se dispondrá seguir
adelante con la ejecución.

Costas en segunda instancia

38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

41. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada, por cuanto se accede
a las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo
366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Santander.

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Radicación: 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885-2024)
Ejecutante: Emérita Arenas Arenas

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. Revocar la sentencia proferida el 29 de febrero de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Santander. En su lugar declarar probada parcialmente la excepción de
pago propuesta por las entidades ejecutadas, exclusivamente por la suma de
$204.884.896, reconocida mediante la Resolución 007896 del 13 de junio de 2012.

SEGUNDO. Ordenar seguir adelante con la ejecución por los saldos y obligaciones
pendientes.

TERCERO. Ordenar liquidar el crédito como legalmente corresponda.

CUARTO. Condenar en costas en segunda instancia al extremo demandado.

QUINTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver
el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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