Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03616-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-03616-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-03616-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
9 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., nueve (9) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante: Luis Fernando Rangel Vásquez
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial,
ausencia de motivación y violación directa de la Constitución
Política
Decisión: Negar el amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Luis Fernando Rangel en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
1. Luis Fernando Rangel Vásquez promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 6 de noviembre del 2025 por el
Tribunal Administrativo de Santander en el expediente ejecutivo identificado con el
radicado 68001-33-33-014-2013-00408-04.
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 2
presentó demanda en contra de la Contraloría General de Santander con la finalidad
1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «6ED_Demanda(.pdf) NroActua 2.
2 Identificado con el radicado 68001-23-31-000-2000-03347-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
de cuestionar la legalidad del Decreto 401 del 30 de diciembre de 1999, mediante
el cual se dispuso la supresión del cargo que desempeñaba y, como consecuencia,
su reintegro a un empleo igual o equivalente, junto con el reconocimiento y pago de
los salarios, prestaciones sociales, y demás emolumentos dejados de percibir desde
su desvinculación.
2.2. El 16 de marzo de 2009, el Juzgado Catorce Administrativo de Bucaramanga
accedió a las pretensiones de la demanda. Esta decisión fue confirmada por el
Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 22 de abril de 2010, la cual
quedó ejecutoriada el 3 de junio de 2010.
2.3. El23 de junio de 2010, manifestó su renuncia al reintegro ordenado.
Posteriormente, el 13 de julio siguiente, indicó que renunciaba a los intereses
comerciales moratorios causados respecto a la indemnización y demás
emolumentos consecuentes que se hayan causado desde la ejecutoria. Dicha
manifestación estaba condicionada a que se efectuara el desembolso de las sumas
adeudadas a más tardar el 23 de julio de 2010, so pena de ineficacia de esta. Luego
de esto, la Contraloría General de Santander expidió la Resolución 000411 del
2010, mediante la cual se abstuvo de hacer efectivo el reintegro y adelantó las
actuaciones necesarias para dar cumplimiento a la condena judicial.
2.4. Posteriormente, mediante la Resolución 009501 del 16 de julio de 2010 se
reconoció la suma de $174.151.815 por concepto de salarios y prestaciones
sociales causados entre el 4 de enero de 2000 hasta el 24 de junio de 2010, que
fue pagada el 21 de julio siguiente. Posteriormente, a través de la Resolución
015787 del 2010, se reconocieron $34.053.373 por concepto de cotizaciones al
sistema de seguridad social.
2.5. Al considerar que las sumas reconocidas y pagadas por las entidades
demandadas no satisfacían integralmente las obligaciones derivadas del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, promovió proceso ejecutivo contra el
departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, cuyo
conocimiento correspondió al Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial
de Bucaramanga. Dentro de dicho trámite, mediante auto del 4 de marzo de 2021
se libró mandamiento ejecutivo de pago.
2.6. En sentencia del 28 de marzo de 2025, declaró probada la excepción de pago
total de la obligación. En contra de esta decisión interpuso recurso de apelación.
2.7. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia del 6 de noviembre de
2025 confirmó parcialmente la providencia de primera instancia. Lo anterior al
considerar, entre otros aspectos, que:
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Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
«la obligación de pago de sumas de dinero impuesto en la sentencia cuya ejecución se
pretende ha sido satisfecha por la entidad ejecutada, ya que la Contraloría General de
Santander expidió la Resolución No. 009501 del 16 de julio del 2010 por medio de la
cual se reconoce una cuenta por valor de $174-151-815 correspondiente a salarios,
prestaciones sociales debidamente indexadas e intereses moratorios, frente a la cual no
se formuló ninguna objeción» [sic].
2.8. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir
en defecto fáctico por indebida valoración del material probatorio. Pues el tribunal,
consideró que la Resolución 009501 de 2010 comprendía conceptos, como los
intereses moratorios, pese a que estos no aparecen textualmente en el acto
administrativo. Así como las comunicaciones del 23 de junio y 13 de julio de 2010,
las cuales demostraban que la eficacia de las renuncias formuladas dependía del
cumplimiento de las obligaciones de pago.
2.9. Asimismo, no se contrastaron los pagos efectuados ni los actos administrativos
de reconocimiento con las obligaciones contenidas en el mandamiento ejecutivo del
4 de marzo del 2021. En consecuencia, consideró que se concluyó erradamente
que se había configurado el pago total de la obligación sin realizar una valoración
integral de las pruebas obrantes en el expediente.
2.10. En ausencia de motivación al no explicar de manera suficiente porque los
pagos efectuados en 2010 por concepto de salarios, prestaciones sociales y aportes
al sistema de seguridad social, si pagaron integralmente la condena impuesta en la
sentencia de segunda instancia. Ni tampoco, como se compensaron los salarios
posteriores al 24 de julio.
2.11. En desconocimiento del precedente judicial pues omitió considerar una
decisión del Consejo de Estado3 en la que se analizó un caso similar relacionado
con una renuncia condicionada al reintegro y concluyó que la ejecución debía
continuar respecto de las obligaciones pendientes. Por otra parte, la providencia se
apoyó en un precedente, también de la misma corporación4 que versaba sobre una
renuncia simple e incondicionada, pese a que los supuestos fácticos son diferentes.
2.12. En defecto sustantivo porque no aplicó los artículos 1536, 1539, 1541 y 1542
del Código Civil, relativos al cumplimiento de las obligaciones sujetas a condición,
ni los artículos 1626 y 1627 ibídem, que distinguen entre pagos efectivo y parcial de
las obligaciones. Dicha interpretación, hizo que la providencia tuviera por extinguida
las obligaciones sin verificar previamente que las condiciones pactadas se hubieran
cumplido.
3 Al respecto citó la sentencia del 16 de octubre de 2025 del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A; con Rad. 68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885- 2024).
4 Al respecto citó la sentencia del 26 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A, Rad. 68001-23-33-000-2013-00827- 02.
3
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Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
2.13. Finalmente, en violación directa de la Constitución Política por la transgresión
a sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
proceso y al trabajo.
1.2. Pretensiones
3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] TUTELAR los derechos fundamentales del señor Luis Fernando Rangel Vásquez
DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 6 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del proceso ejecutivo Rad. 680013333014-2013-
00408-00. En cuanto confirmó la excepción de pago total de la obligación, terminó el
proceso ejecutivo y tuvo por satisfecha la sentencia base sin confrontar integralmente
las pruebas decisivas.
ORDENAR al Tribunal Administrativo de Santander que, dentro del término que fije el
juez constitucional, profiera una nueva sentencia de segunda instancia en la que valore
de manera expresa, completa y coherente las pruebas determinantes del proceso
ejecutivo, en especial: (i) el texto íntegro de la comunicación del 23 de junio de 2010,
incluida la cláusula según la cual, de no lograrse lo solicitado, carecería de eficacia la
renuncia al reintegro; (ii) la comunicación del 13 de julio de 2010, mediante la cual se
manifestó renuncia a intereses comerciales moratorios únicamente en función de la
liquidación y pago efectivo a más tardar el 23 de julio de 2010; (iii) el contenido literal de
la Resolución 009501 del 16 de julio de 2010; (iv) la diferencia entre los conceptos
efectivamente reconocidos y pagados y los conceptos reclamados y librados en el
mandamiento ejecutivo del 4 de marzo de 2021; (v) la incidencia de que los aportes de
seguridad social solo hubieran sido reconocidos mediante Resolución 015787 del 26 de
octubre de 2010; (vi) la pertinencia real del precedente Cosme León Castañeda Rivera
frente a un supuesto de renuncia condicionada y no de renuncia pura, simple y rotunda;
y (vii) la incidencia del precedente Emérita Arenas Arenas, decidido por el Consejo de
Estado el 16 de octubre de 2025, en cuanto trató una renuncia condicionada, pago
parcial y continuación de la ejecución por saldos pendientes
ORDENAR que la nueva providencia analice expresamente el precedente Emérita
Arenas Arenas, precisando que dicha sentencia cita y utiliza el caso de Efraín Olarte
como precedente de apoyo sobre le control material del cumplimiento, carga de probar
pago total y persistencia de saldos insolutos.
ORDENAR, subsidiariamente, que la nueva decisión explique, con motivación suficiente,
por qué los pagos de $174.151.815 [julio de 2010] y $34.053.373 [octubre de 2010]
cubrían o no cubrían la totalidad de los conceptos derivados del título ejecutivo y de las
renuncias condicionadas, sin limitarse a afirmar que el pago fue total por la sola
existencia de una renuncia condicionada al reintegro y a intereses, sometida a pago
efectivo, que debía ser íntegro y oportuno para producir efectos liberatorios plenos,
dentro de un plazo determinado. […]» [sic].
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Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
1.3. Informes rendidos en el proceso
4. La Contraloría General de Santander5 solicitó que se negara el amparo
pretendido al considerar que la sentencia cuestionada no incurrió en los defectos
alegados, y la verdadera intención fue convertir el amparo en una instancia adicional
del proceso contencioso. Sostuvo que las obligaciones derivadas del expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho fueron satisfechas mediante las resoluciones
expedidas en el 2010 y los pagos efectuados al demandante, quien además
renunció voluntariamente al reintegro y a los intereses moratorios. Razón por la cual,
la decisión del Tribunal Administrativo de Santander se ajustó a derecho al declarar
probada la excepción de pago total de la obligación.
5. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Bucaramanga6
luego de hacer un recuento de las actuaciones jurídico-procedimentales surtidas al
interior del medio de control, requirió que se declarara improcedente la solicitud de
tutela al considerar que no vulneró derecho fundamental alguno. Explicó que dentro
del proceso ejecutivo libró mandamiento de pago y posteriormente en sentencia del
28 de marzo de 2025, declaró probada la excepción de pago total de la obligación
al concluir que ya se había cumplido integralmente. Asimismo, indicó que dicha
decisión fue apelada y posteriormente confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander, por lo que actuó dentro del marco de sus competencias legales y con
observancia de las garantías procesales.
6. El Tribunal Administrativo de Santander7 pidió que se declarara improcedente
la petición de amparo por no acreditar el requisito general de la relevancia
constitucional, máxime cuando lo que se pretendió fue reabrir un debate jurídico que
ya surtió su trámite en primera y segunda instancia sin irregularidad o nulidad alguna
que invalidara lo actuado.
7. En cuanto a las causales específicas argumentó que tampoco se cumple con
ninguna. Al respecto, señaló que no se configuraron los defectos alegados, pues las
pruebas fueron valoradas al momento de resolver la apelación. Asimismo, indicó
que no existió desconocimiento del precedente, defecto sustantivo ni violación
directa de la constitución, ya que la controversia planteada se relaciona realmente
con la apreciación de las pruebas y no con la inaplicación de normas jurídicas
5Ver índice 19 de Samai del archivo denominado «21_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-
CONTESTACIONTUTELA(.pdf) NroActua19».
6Ver índice 21 de Samai del archivo denominado «35_MemorialWeb_RespuestaAccOndeTutela-
linkexpedienteenSamai 2013-00408 (.pdf) NroActua 21».
7Ver índice 23 de Samai del archivo denominado
«39_Memorial_Web_Respuesta20260361600CONTES(.pdf) NroActua23».
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8. Los demás terceros con interés guardaron silencio.
2. Consideraciones
9. En atención a los argumentos expuestos en la solicitud de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
10. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra el Tribunal Administrativo de Santander.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
11. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado9, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 10. Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»
12. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01,
M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada.
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corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
13. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.
14. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
15. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales14.
16. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Problema jurídico
17. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales de Luis Fernando
Rangel Vásquez, con ocasión de la sentencia del 6 de noviembre del 2025,
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.:
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios.
Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez
12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de
2005.
13 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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mediante la cual concluyó que la obligación objeto de ejecución había sido
satisfecha en su totalidad, con la que incurrió, presuntamente, en los defectos
fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial, violación directa de la
constitución y ausencia de motivación?
2.5. Requisitos de procedibilidad adjetiva
18. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.
2.5.1. Defecto fáctico
19. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 15, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»16, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente»17. La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia
pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas»18.
20. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.2. Ausencia de motivación
21. El defecto por ausencia de motivación implica que el «juez de tutela deberá tener
presente que el deber de presentar las razones fácticas y jurídicas que sustentan un fallo
es un principio de la función judicial que, de transgredirse, supone una clara vulneración al
debido proceso»19.
22. Así, el mismo no se «estructura ante cualquier divergencia con el razonamiento del
juez, sino, únicamente, cuando su argumentación fue decididamente defectuosa,
15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,
T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
16 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
17 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,
Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra
18 Sentencia T-539 de 1994
19 Corte Constitucional, sentencia T-041 de 2018, MP: Gloria Stella Ortiz Delgado.
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abiertamente insuficiente o inexistente. Esto, porque el respeto al principio de autonomía
judicial impide que el juez de tutela se inmiscuya en meras controversias interpretativas»20.
2.5.3. Defecto sustantivo
23. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional21 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.
24. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación
sistemática de la norma; y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso.
25. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.
2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial
26. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
20 Ibídem.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.
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normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.
27. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver
el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
28. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.
29. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.
2.5.5. Violación directa de la constitución
30. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.
31. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señalo que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:
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Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
32. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
33. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.6. Sobre el caso concreto
34. Luis Fernando Rangel Vásquez acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual, confirmó la decisión del a quo, y en ese sentido,
concluyó que la obligación objeto de ejecución había sido satisfecha en su totalidad.
34.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en un defecto fáctico por la indebida
valoración del material probatorio, al atribuir a la Resolución 009501 de 2010 el
reconocimiento de conceptos que no se desprenden de su contenido, omitir el
análisis de las comunicaciones de 23 de junio y 13 de julio de 2010 y abstenerse de
confrontar los pagos efectuados con las obligaciones contenidas en el mandamiento
ejecutivo.
34.2. En insuficiente motivación ya que la providencia cuestionada no explicó de
manera suficiente las razones por las cuales los pagos efectuados en 2010
satisfacían integralmente las obligaciones derivadas de la sentencia objeto de
ejecución, ni justificó adecuadamente la eficacia de las renuncias efectuadas por
este.
34.3. En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 22, pues
desconoció la decisión de la Sección Segunda que resolvió una controversia similar
relacionada con renuncias condicionadas al reintegro y obligaciones pendientes de
ejecución y que, por el contrario, fundamentó su decisión en un precedente23 cuyos
supuestos fácticos diferían de los del presente asunto.
22 sentencia del 16 de octubre de 2025 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; con Rad.
68001-23-33-000-2014-00679-01 (2885- 2024
23 sentencia del 26 de noviembre de 2020 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Rad. 68001-
23-33-000-2013-00827- 02
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
34.4. En defecto sustantivo al aplicar indebidamente las normas24 del Código Civil
relativas al cumplimiento de obligaciones sujetas a condición y a la distinción entre
pago efectivo y pago parcial, pues tuvo por extinguidas las obligaciones sin verificar
que las condiciones pactadas se hubieran cumplido en su totalidad.
34.5. En violación directa de la Constitución por vulnerar sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva.
35. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado en la
sentencia enjuiciada, por el Tribunal Administrativo de Santander en torno a la
decisión de considerar pagada la totalidad de la obligación:
«[…] Mediante sentencia de primera instancia de fecha 16 de marzo del 2009 confirmada
en decisión del 22 de abril de 2010 se ordenó el reintegro del actor al cargo de auxiliar
565 o su equivalente de la planta de personal de la Contraloría Departamental de
Santander y el pago, debidamente indexado, de los sueldos, prestaciones sociales,
emolumentos y demás haberes causados y dejados de percibir desde su desvinculación
laboral hasta su efectivo reintegro, debiendo descontarse de dicha suma, también
debidamente indexados el monto de la indemnización que se le pagó por la supresión
del cargo que desempeñaba, así como también el monto de los demás conceptos
laborales pagados con ocasión de la supresión, la cual cobró ejecutoria el 03 de junio de
2010.
En el expediente se encuentra acreditado que, el 23 de junio de 2010 el ejecutante a
través de su apoderada presentó renuncia al reintegro. En tal virtud mediante resolución
No. 000411 de 24 de junio de 2010, la demandada dispuso abstenerse de efectuar el
reintegro del señor Luis Fernando Rangel Vásquez, y ordenó realizar todas las gestiones
necesarias para cumplir con la condena, respecto del pago de los emolumentos dejados
de percibidos por el actor.
24 En particular: 1536, 1539, 1541 y 1542 del Código Civil, relativos al cumplimiento de las obligaciones sujetas
a condición y los artículos 1626 y 1627 del pago total y parcial de las obligaciones
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
Acto seguido, se expidió la Resolución 009501 del 16 de julio del 2010 «por la cual se
reconoce una cuenta» a favor del actor en la suma de ciento setenta y cuatro millones
ciento cincuenta y un mil ochocientos quince pesos ($174.151.815) por concepto de
salarios y prestaciones sociales por el periodo comprendido entre el 4 de enero de 2000
al 24 de junio de 2010 en cumplimiento de la condena impuesta.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
Finalmente, a través de resolución 015787 del 26 de octubre de 2010, "Por la cual se
reconoce una cuenta", se liquidaron valores a favor de Luis Fernando Rangel Vásquez
por valor de treinta y cuatro millones cincuenta y tres mil trescientos setenta y tres pesos
($34.053.373) por concepto de cotización a seguridad social.
A partir de lo expuesto, y atendiendo a lo decidido por la juez de primera instancia, la
Sala concluye que la obligación de pago de sumas de dinero impuesta en la sentencia
cuya ejecución se pretende ha sido satisfecha por la entidad ejecutada, ya que la
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
Contraloría General de Santander expidió la Resolución No. No. 009501 del 16 de julio
del 2010 por medio de la cual se reconoce una cuenta por valor de $174.151.815
correspondiente a salarios, prestaciones sociales debidamente indexadas e intereses
moratorios, frente a la cual no se formuló ninguna objeción
Ahora, aun cuando la parte demandante refiere que este valor correspondió a un abono,
para la Sala esta suma abarca el total de la obligación, más cuando el demandante
renuncio al reintegro, como más adelante se explicara, suspendiéndose por tanto la
causación de emolumento alguno posterior. Además, según se evidencia en la
resolución 015787 del 26 de octubre de 2010 se dispuso el pago de aportes a pensión,
salud, parafiscales etc., del 4 de enero de 2000 al 24 de junio de 2010 como se mostró
en párrafos anteriores. Por lo que es de señalar que las pretensiones aquí planteadas
apuntan a reconocimientos dinerarios posteriores a la fecha en que se efectuó la
liquidación y hasta que se haga efectivo el reintegro, al que se repite se renunció.
Ahora, en lo que atañe a la obligación de hacer impuesta en la sentencia proferida por
esta Corporación en el sentido de reintegrar al actor al cargo de Auxiliar 565 de la
Contraloría General de Santander, se tiene que mediante Resolución 000411 de 24 de
junio de 2010 proferida por esta entidad se dispuso abstenerse de efectuar el reintegro,
acto administrativo que, en principio era objeto de control judicial mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, como el ejecutante
presentó renuncia al reintegro siendo aceptado por la Contraloría General de Santander,
no resultaría hoy predicable la exigencia del reintegro o de la indemnización
compensatoria.
Además, la renuncia iba sujeta a una condición, esto es, a que se acogiera integralmente
la propuesta realizando el desembolso de lo adeudado a más tardar el 23 de julio de
2010. Lo que se cumplió, por cuanto en primer término, la propuesta fue acogida, el
Departamento expidió la resolución 009501 del 16 de julio del 2010 “por la cual se
reconoce una cuenta” a favor del actor en la suma de $174.151.615 por concepto de
sueldos, prestaciones sociales e intereses moratorios por el periodo comprendido entre
el 4 de enero de 2000 al 24 de junio de 2010, fecha señalada en la renuncia y a través
de comprobante de egreso No. 000000006452 de 21 de julio se desembolsó.
Conforme a lo expuesto es evidente que la orden de reintegro debe ser despachada
desfavorablemente, así como todas las pretensiones derivadas de esta.
En este punto vale la pena indicar que la renuncia es válida pues como se advirtió fue
voluntaria y espontánea, no existiendo en el expediente prueba que demuestre que la
misma se haya dado por coacciones o presiones de la entidad demandada como lo
manifiesta el recurrente, además, como se vio el condicionamiento hecho por el
demandante se cumplió.
Al respecto en un caso similar señaló el H. Consejo de Estado:
Al respecto, argumenta el actor que su renuncia se produjo por presiones ejercidas por
parte de la Contraloría, entidad que condicionó el pronto pago del valor de la condena a
la efectiva presentación del referido documento; sin embargo, esta afirmación carece de
sustento alguno que ofrezca veracidad, pues el expediente es desértico de pruebas que
permitan inferir que se hayan dado dichas circunstancias.
Nótese que el señor Castañeda bien pudo expresar tal situación de injerencia y coacción
en el escrito de renuncia, lo cual habría podido ser, eventualmente, un elemento que
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
permitiera invalidarla, pero, antes por el contrario, su manifestación es simple, clara y
rotunda y no deja asomos de duda sobre su decisión de dimitir.
En este orden de ideas, la renuncia fue válida y surtió plenamente sus efectos, con las
consecuencias que ella produce a la luz de la normatividad vigente a la fecha que se
presentó, que son el retiro del servicio por esta causa, la separación de la carrera
administrativa y la pérdida de los derechos inherentes a ella, entre ellos, lógicamente, el
de la indemnización por supresión del cargo
Por lo anterior, la sentencia apelada será confirmada debiendo tenerse por probada la
excepción de PAGO TOTAL DE LA OBLIGACIÓN propuesta por la Contraloría General
de Santander. […]» [sic].
36. En este punto, dada la controversia a decidir y después de una lectura integral
de la sentencia enjuiciada, la Sala considera que no se configuró el defecto fáctico
alegado. En esencia, el Tribunal Administrativo de Santander no omitió valorar los
elementos de prueba. Por el contrario, se examinó la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho, la renuncia al reintegro presentada el 23 de junio de
2010, la Resolución 000411 del 24 de junio de 2010 mediante la cual la Contraloría
General de Santander se abstuvo de efectuar el reintegro y ordenó adelantar las
actuaciones necesarias para cumplir la condena, la Resolución 009501 del 16 de
julio de 2010 que reconoció la suma de $174.151.815 por concepto de salarios y
prestaciones sociales causados entre el 4 de enero de 2000 y el 24 de junio de
2010, así como la Resolución 015787 del 26 de octubre de 2010 por la cual se
reconocieron aportes al sistema de seguridad social por valor de $34.053.373.
37. De igual manera, contrario al decir del demandante, la Sala observa que sí se
analizó la renuncia al reintegro condicionada con la fecha de pago de las acreencias.
En efecto, se señaló expresamente que dicha renuncia estaba condicionada a que
se efectuara el desembolso de lo adeudado a más tardar el 23 de julio de 2010,
conforme a la comunicación del 14 de julio de 2010. Asimismo, concluyó que dicha
condición sí se cumplió porque la entidad expidió la resolución 009501 del 16 de
julio de 2010 y realizó el desembolso correspondiente el 21 de julio del mismo año.
Estos elementos sirvieron de fundamento para concluir que la obligación de
reintegro había cesado y que las obligaciones derivadas del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho habían sido satisfechas. Así las cosas, lo que se
evidencia es una discrepancia frente a las conclusiones a las que llegó el tribunal,
mas no una valoración arbitraria o irrazonable de las pruebas que permita configurar
el defecto fáctico alegado.
38. En cuanto al defecto por ausencia de motivación, la Sala tampoco encuentra
acreditada su configuración. La autoridad judicial demandada en la providencia
cuestionada sí estudió las razones fácticas y jurídicas que conllevaron a concluir
que la obligación objeto de ejecución había sido satisfecha en su totalidad. En
efecto, el tribunal identificó el contenido de la sentencia de nulidad y
restablecimiento del derecho, analizó la renuncia al reintegro presentada el 23 de
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
junio de 2010, examinó las resoluciones expedidas para dar cumplimiento a la
condena judicial y explicó por qué consideró que las obligaciones derivadas de dicha
sentencia habían sido satisfechas.
39. Además, el tribunal expuso las razones por las cuales consideró válida la
renuncia al reintegro y concluyó que la condición a la que esta se encontraba
sometida sí se había cumplido. Para ello, fundamentó su decisión en los actos
administrativos expedidos por la entidad y en los pagos efectuados. En
consecuencia, el reproche planteado no se dirige a una ausencia o insuficiencia de
motivación, sino al desacuerdo con las conclusiones probatorias alcanzadas por la
autoridad judicial; por lo tanto, tampoco se configura dicha irregularidad.
40. Por otro lado, tampoco se configura el defecto por desconocimiento del
precedente judicial. Pues, se argumentó que el Tribunal Administrativo de
Santander debió aplicar la decisión adoptada por el Consejo de Estado en el
proceso promovido por Emérita Arenas con radicado 68001-23-33-000-2014-
00679-01, en el cual se resolvió que la ejecución debía continuar pese a la
existencia de una renuncia condicionada al reintegro.
41. Sin embargo, en ese asunto, el Consejo de Estado concluyó que la excepción
no prosperaba porque no se encontraba acreditado el pago íntegro de las
obligaciones y porque la condición a la que estaba sometida la renuncia no había
sido cumplida. En particular, se destacó la ausencia de prueba sobre el pago de los
intereses exigidos en el mandamiento ejecutivo. Por ello, la decisión adoptada en
ese asunto partió de un supuesto fáctico diferente al sometido a consideración por
el Tribunal Administrativo de Santander en este caso concreto.
42. A saber, la sentencia enjuiciada arribó a una conclusión distinta, al considerar
acreditado el cumplimiento de la condición prevista para la eficacia de la renuncia y
que las obligaciones derivadas de la sentencia habían sido satisfechas, luego de
una valoración integral del material probatorio. Es decir, la diferencia entre el
precedente citado y la sentencia del tribunal radica no en la regla jurídica adoptada,
sino la forma en la cual se valoraron las pruebas obrantes en los expedientes, lo
cual no evidencia un desconocimiento de una regla jurisprudencial, sino una mera
diferencia respecto de la interpretación probatoria.
43. La Sala tampoco encuentra acreditado el defecto sustantivo alegado. Pues, si
bien el demandante sostiene que el Tribunal Administrativo de Santander
desconoció los artículos 1536, 1539, 1541 y 1542 del Código Civil, relativos a las
obligaciones sujetas a condición, así como los artículos 1626 y 1627 ibídem,
referentes al pago efectivo de las obligaciones. Lo cierto es que, la providencia
cuestionada sí examinó la condición a la cual se encontraba sometida la renuncia
presentada el 23 de junio de 2010 y concluyó que esta se había cumplido, al
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
considerar que el pago de las sumas reconocidas se efectuó dentro del plazo fijado.
A partir de dicha conclusión, estimó satisfechas las obligaciones derivadas de la
sentencia objeto de ejecución.
44. En ese contexto, si bien la autoridad judicial demandada no hizo mención
expresa a dichas disposiciones, no se observa que ello tuviera la entidad suficiente
para variar la decisión, pues tampoco podría afirmarse que la autoridad demandada
se hubiera apartado de las disposiciones invocadas. Pues, por una parte, tuvo en
cuenta las obligaciones sujetas a condición para decidir que la misma si se había
cumplido de forma literal y completa. Asimismo, consideró que las resoluciones
009501 y 015787 del 2010, si constituían un pago integral de la obligación. En ese
sentido, se reitera que la inconformidad planteada no revela una aplicación
arbitraria, o irrazonable de las normas invocadas, sino una diferencia de criterio
respecto de la interpretación efectuada por la autoridad judicial. Por consiguiente,
no se advierte la configuración del defecto sustantivo alegado.
45. Finalmente,tampoco se configura la violación directa de la Constitución.
Comoquiera que la Sala concluyó que ninguno de los defectos se configuró,
tampoco es posible predicar una vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso o al acceso a la administración de justicia. Pues, como quedó
demostrado, no se constituyó una actuación arbitraria o irracional del juez ordinario
de segunda instancia que denotara un desconocimiento de los derechos
fundamentales invocados. En consecuencia, el cargo tampoco está llamado a
prosperar.
46. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.
47. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
3. Conclusión
48. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo de
los derechos fundamentales invocados por Luis Fernando Rangel Vásquez en la
solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo de Santander.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-03616-00
Demandante Luis Fernando Rangel Vásquez
49. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:
Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Luis Fernando Rangel
Vásquez en la solicitud de tutela presentada contra el Tribunal Administrativo de
Santander.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Ausente con permiso
CJE/LVLQ
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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