Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00823-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2018-00823-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2018-00823-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
12 de julio de 2018
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - La providencia cuestionada no vulnera los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia / DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL- No se configura por cuanto las providencias invocadas no constituyen un precedente / DEFECTO SUSTANTIVO - No se configura por debida interpretación de la autoridad sobre el tema de la renuncia al reintegro laboral y la indemnización compensatoria que no se encontraba contenida en el titulo base de recaudo / DEFECTO FÁCTICO - No se configura dado que sí se valoraron en debida forma los elementos probatorios allegados al proceso
[P]ara la Sala las sentencias invocadas no constituyen precedente, puesto que corresponden a decisiones emitidas por Secciones del Consejo de Estado en acciones de tutela, mas no como órganos de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa. Adicionalmente, debe precisarse que la decisión emitida en el proceso 68001-23-33-000-2013-00529-01(C), corresponde a una providencia del 8 de octubre de 2014 y no como lo indicó la parte actora (…) Sept. 8/17 (…), según la cual la sentencia es título ejecutivo y autónomo. (…). [T]ampoco dicha decisión constituye precedente (…), ya que no trazó una regla en lo particular, puesto que con aquella la Sección Quinta del Consejo de Estado formuló (…) conflicto negativo de competencias (…) al considerar que se trataba de un asunto relacionado con los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva. (…) [L]a Sala debe precisar que la autoridad judicial demandada si bien señaló que no podía haber indemnización por el no reintegro conforme a la normativa procesal y contenciosa administrativa en cita, también cuestionó el monto desproporcionado de la misma, que sin sustento legal fue tasado por la ejecutante bajo el supuesto de que esta pudiera percibir determinado salario y llegase a trabajar hasta la edad de retiro forzoso. [P]ara la Sala el análisis expuesto en la providencia cuestionada respecto de la renuncia al reintegro laboral y la indemnización compensatoria resulta razonable, pues no es arbitraria ni caprichosa, ya que la autoridad judicial demandada no podía avalar una situación jurídico - administrativa que no se encontraba contenida en el título base de recaudo, esto es, la renuncia al reintegro y de manera subsidiaria, la indemnización compensatoria deprecada. (…). [D]ebe indicarse que la autoridad judicial demandada, para efectos de decidir si se seguía adelante con la ejecución o no debía valorar todos los elementos probatorios aportados al plenario, dentro de los cuales se encontraban los aludidos actos, pues tal estudio era necesario para determinar si se cumplió con el fallo objeto del ejecutivo. En efecto, en la providencia cuestionada, se estableció que a través de Resolución 16768 del 13 de octubre de 2011, por medio de la cual se reconoció una cuenta, se había cumplido la obligación dineraria contenida en la sentencia objeto de ejecución, al ordenar el pago de los salarios y prestaciones adeudados desde el 4 de enero de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2011. Y respecto de la obligación de hacer, se observa que en la sentencia acusada se señaló que del análisis del material probatorio - especialmente con los escritos presentados por la demandante- se lograba demostrar que esta había renunciado voluntariamente al reintegro, para en su lugar, solicitar la indemnización compensatoria, lo cual se resolvió con la Resolución 000572 del 8 de junio de 2011. Si lo que se pretende es ejecutar una obligación contenida en una sentencia, el juez de conocimiento está en la obligación de establecer fehacientemente si las órdenes, que para el caso, fueron de dar y de hacer, se cumplieron o no por parte de la autoridad administrativa ejecutada, esto a través de los actos que se expidan para tal efecto.
De tal manera, para la Sala los cuestionamientos efectuados por la actora respecto del análisis de la providencia acusada no conllevan a la intervención del juez constitucional. (…) [L]a Sala advierte que lo pretendido por la demandante es reabrir un debate fáctico y jurídico ya concluido por el juez natural de la causa que, en virtud de su autonomía judicial, revocó la sentencia del Tribunal del 6 de octubre de 2015, que había ordenado seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de pago y de hacer (reintegro) pretendidas por la accionante. (…) [D]ebe recordarse que la acción de tutela tiene un carácter excepcional y subsidiario, de manera que no puede utilizarse para plantear meras inconformidades respecto del análisis que la autoridad judicial demandada efectuó para resolver el asunto sometido a su conocimiento, que revocó la orden de seguir adelante la ejecución dispuesta en primera instancia, para en su lugar, declarar probadas las excepciones de pago y de hacer (reintegro) formuladas por la parte ejecutante. En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, que en su parte resolutiva denegó el amparo solicitado, pese a que en la motiva también se refirió a la improcedencia antes advertida, por cuanto no se observa que la providencia cuestionada se incurra en los defectos invocados.
FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 32 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 189 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 250 NUMERAL 5 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 251 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 206 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 428 / CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - ARTÍCULO 437
NOTA DE RELATORÍA: Acerca de la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por desconocimiento del precedente judicial, ver: Corte Constitucional. Sentencia de 7 de octubre de 2011, exp. T-762, M.P. María Victoria Calle Correa.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., doce (12) de julio de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 11001-03-15-000-2018-00823-01(AC)
Actor: YANETH REINA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y OTRO
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte demandante, en contra del fallo de 25 de abril de 2018, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1. La petición
La parte accionante, ejerció acción de tutela en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con escrito radicado el 15 de marzo de 2018, en la Oficina de Correspondencia, con el fin de que fueran protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
Sostuvo que las mencionadas garantías constitucionales le fueron vulneradas con: i) el auto del 3 de diciembre de 2015, emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, que concedió el recurso de apelación instaurado contra la providencia del 6 de octubre de 2015, que ordenó seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo que instauró contra el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, y ii) por la sentencia del 12 de diciembre de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que revocó la decisión del 6 de octubre de 2015.
En consecuencia, la parte actora pretende:
«Se tutelen los Derechos Fundamentales enunciados al inicio y demás que aparecieren vulnerados: Dejando sin efectos lo dispuesto en el fallo de dic. 12/17 y en su lugar se reconozca que los recursos de apelación contra la sentencia del Tribunal no eran procedentes pues se trataba de un proceso de única instancia y en el evento que no lo fuera, las apelaciones no cumplieron los requisitos del Art. 320 y 322 C.G.P. y en el evento que, en gracia de discusión, se hubieren cumplido esos requisitos, se pretermitió la debida providencia que se pronunciara sobre la admisibilidad de la alzada y se resolvió vulnerando la ley y los principios generales del derecho.
2º. Se declare la firmeza de la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander de fecha octubre 6 de 2015.
3º. Se insiste, expresa y categóricamente, al H. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B: a no volver a incurrir en hechos vulneratorios como los que dieron origen a esta tutela.»
La solicitud de tutela, tuvo como fundamento los siguientes
2. Hechos
Sostuvo que laboró en la Contraloría de Santander desde el 26 de abril de 1993, que se encontraba inscrita en carrera administrativa, pero que fue desvinculada de la entidad cuando ocupaba el empleo de revisor 550.
Precisó que interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la decisión administrativa de retiro, la cual finalizó con la sentencia del 31 de marzo de 2008, que accedió a las pretensiones de la demanda, al anular el acto acusado y condenar al reintegro y pago de todos los salarios dejados de devengar hasta su nueva vinculación laboral.
Afirmó que mediante escritos del 6 y 7 de julio, 23 y 29 de septiembre de 2011 presentó ante el gobernador del departamento de Santander escritos a través de los cuales renunció al referido reintegro, solicitudes que se decidieron a través de la Resolución 000572 del 6 de julio de 2011, con la cual la autoridad administrativa se abstuvo de hacer efectiva dicha orden.
Manifestó que presentó una demanda ejecutiva en contra del departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, con la finalidad de obtener el cumplimiento forzado de la precitada sentencia condenatoria, emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que ordenó reintegrarla al cargo de revisor 550, así como pagarle los salarios y prestaciones dejados de percibir.
Indicó que a través de auto del 1º de diciembre de 2014, el Tribunal libró mandamiento ejecutivo en contra de dichas entidades así: a) se ordenó el pago de $130.198.309 por saldo impagado -salarios y aportes a salud-, con descuento de lo abonado; b) salarios, factores salariales, demás prestaciones dejadas de percibir desde el 20 de octubre de 2011 hasta el reintegro laboral y pago completo de la obligación e intereses; c) reintegrar a la ejecutante, sin solución de continuidad, al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior jerarquía y de manera subsidiaria, el pago de la indemnización compensatoria del eventual «no reintegro» por la suma de $355.438.824.62 más los porcentajes correspondientes a los aportes por pensión y salud.
Adujo que en la audiencia de instrucción y juzgamiento celebrada el 6 de octubre de 2015, el aludido despacho judicial ordenó seguir adelante la ejecución, en los términos del mandamiento de pago.
Refirió que el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander apelaron la decisión anterior y que dicho recurso fue concedido en el efecto suspensivo con la providencia del 3 de diciembre de 2015, con fundamento en el artículo 247, numeral 2º, de la Ley 1437 de 2011.
Señaló que contra la precitada providencia presentó un recurso de reposición, al considerar que se trataba de un proceso de única instancia, ya que la cuantía no superaba la establecida en el numeral 7º del artículo 152 ibidem.
Agregó que, mediante auto del 10 de marzo de 2016, el Tribunal decidió no reponer la decisión, al manifestar que la competencia para conocer el proceso ejecutivo estaba dada por los factores funcional y territorial, con independencia de la cuantía, y que con ello tampoco se veía afectada la doble instancia.
Adujo que, a través de sentencia del 12 de diciembre de 2017, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, revocó el fallo del 6 de octubre de 2015 y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de pago y «de hacer» relativa al reintegro, por los siguientes motivos:
i) Luego de analizar el contenido de la sentencia que correspondía al título ejecutivo, concluyó que la condena impuesta había consistido en la anulación del de retiro, el reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría, sin solución de continuidad, así como el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir debidamente indexados, conforme el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
ii) Estableció que a través de Resolución 16768 del 13 de octubre de 2011, por medio de la cual se reconoció una cuenta, expedida por la Secretaría General del Departamento de Santander, se cumplió la sentencia objeto de ejecución, al ordenar el pago de los salarios y prestaciones adeudados desde el 4 de enero de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2011, por un valor de $256.995.156.00, suma que posteriormente se incrementó con el acto administrativo que resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la primera decisión.
iii) En cuanto a la obligación de hacer, en la providencia cuestionada se llegó a la conclusión que a la demandante no se le dio la oportunidad de renunciar al reintegro, para en su lugar, solicitar la indemnización compensatoria, que fue lo pretendido por esta con los posteriores escritos a través de los cuales renunció al reintegro, lo cual se resolvió con la Resolución 000572 del 8 de junio de 2011.
Por lo que, se consideró que en la decisión acusada se aludió a que, si bien en el mandamiento de ejecutivo se había ordenado el pago de la indemnización compensatoria, en subsidio del reintegro, conforme lo consagran los artículos 426, 428 y 437 del Código General del Proceso, lo cierto era que tal mandamiento no resultaba procedente por una obligación no contenida en la sentencia objeto de ejecución.
Se indicó también que la indemnización compensatoria pretendida era desproporcionada y tasada por la ejecutante sin un soporte legal ni probatorio para ello. Y que tampoco concurrían los presupuestos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, esto es, que resultare imposible cumplir la orden de reintegro, ya que no existía prueba de tal imposibilidad, pues por el contrario en la planta de personal de la Contraloría existía un cargo similar al que desempeñaba la actora.
iv) Concluyó que las obligaciones contenidas en el título ejecutivo, esto es, la sentencia de 31 de marzo de 2008, se encontraban satisfechas, y por lo tanto, debía revocarse la sentencia que ordenó seguir adelante la ejecución proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el día 6 de octubre de 2015, declarar probadas las excepciones de pago y de hacer, relacionada esta última con el reintegro de la ejecutante al cargo que ocupaba, pues ella había renunciado de manera voluntaria al mismo.
3. Fundamento de la petición
Para la parte demandante con la providencia cuestionada se incurrió en un desconocimiento del precedente judicial contenido en sentencias emitidas en acciones de tutela, además de los defectos procedimental, «fáctico» y sustantivo, los cuales, a su juicio, implican una «[v]ulneración directa a la Constitución».
Sostuvo que al concederse el recurso de apelación se desconoció el precedente de:
i) De la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el fallo de amparo del «21 de enero de 2016, emitido dentro del expediente 11001-03-15-000-2015-03151-00 (sic)», con la cual se ordenó a la autoridad judicial que le diera trámite a la petición referida al mandamiento de pago con obligación de hacer para conseguir el reintegro o la indemnización compensatoria.
ii) La Sección Cuarta de la Corporación, en la sentencia de tutela del 6 de octubre de 2017, emitida dentro del expediente 11001-03-15-000-2017-01491-00, que indicó que el recurso de apelación contra la sentencia del proceso ejecutivo se regula por el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, pero que la oportunidad y demás aspectos se rigen por la Ley 1564 de 2012.
iii) El de la Sección Tercera, en la providencia del 23 de julio de 2014, dictada dentro del proceso 47001-23-33-000-2013-00162-01, que consideró que el proceso ejecutivo es de única instancia, cuando la cuantía no superaba la establecida en el numeral 7º del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011.
iv) De la Sección Cuarta del 8 de septiembre de 2016 y 20 de febrero de 2017, dictadas en los expedientes 11001-03-15-000-2016-01723-00 y 11001-03-15-000-2016-03152-00, en las que se consideró que el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 no es aplicable al proceso ejecutivo que se adelanta ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
iv) De la Sección Quinta en la sentencia del 7 de septiembre de 2015, proferida dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-2015-00463-01 y la providencia de «Sept. 8/17 (sic)» emitida dentro del proceso 68001-23-33-000-2013-00529-01, según la cual la sentencia es título ejecutivo y autónomo.
Indicó que, con la sentencia demandada, la Subsección B cuestionada incurrió en un defecto procedimental, ya que omitió pronunciarse sobre la admisibilidad de la apelación, conforme lo ordenado por el artículo 327 Código General del Proceso, y contrario a ello decidió de plano, sin advertir que dichos recursos no habían sido sustentado en debida forma y con ello también se omitió la posibilidad de que las partes presentaran alegatos de conclusión.
Arguyó que se había decidido sin tener en cuenta las limitaciones de competencia del juzgador de segunda instancia respecto de la pretensión «impugnaticia», con lo cual se vulneraban los artículos 320 (inciso 1°) y 328 (inciso 1°) del Código General del Proceso.
Añadió que la aludida autoridad judicial al analizar conjuntamente las resoluciones y las liquidaciones del departamento de Santander para dar cumplimiento, no tuvo en cuenta que esa providencia constituía título ejecutivo por sí misma (defecto fáctico).
Adujo que, contrario a lo esgrimido por la Subsección demandada, el Tribunal de primera instancia sí atendió al hecho de que había renunciado al reintegro, pero bajo la condición de que la indemnización compensatoria se pagara antes del 31 de julio de 2011, lo cual no se cumplió; de manera que, a su juicio, el derecho a esa compensación no se extinguió.
Manifestó que con la sentencia del 12 de diciembre de 2017 también se incurrió en un defecto sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 189 la Ley 1437 de 2011, que establece las condiciones para el reconocimiento de la indemnización compensatoria, puesto que esta solo regula los efectos de la sentencia, mas no la ejecución de la misma.
Sostuvo que con su demanda ejecutiva pretendió, previo juramento estimatorio, la orden de cumplir el reintegro y subsidiariamente la «indemnización compensatoria del eventual no reintegro», en una interpretación conforme a la Constitución y concordante con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, lo cual desconoció la autoridad judicial demandada.
Consideró que la autoridad judicial demandada se desvió de las normas adjetivas y sustantivas aplicables a los procesos ejecutivos de sentencias «…para pago y también acatamiento a obligación de hacer con subsidiaria indemnización compensatoria en caso de incumplimiento (Arts. 495 y 504.2 C.P.C.)».
Adujo que es errado establecer que la indemnización compensatoria debía estar incluida en la sentencia que se pretende ejecutar, toda vez que la indemnización por la no ejecución de la obligación es una garantía para la materialización y efectivo cumplimiento de la providencia por disposición de la ley.
Precisó que el monto de la indemnización compensatoria deprecada lo demostró con el juramento estimatorio establecido en los artículos 206, 428 y 437 del Código General del Proceso (antes, artículos 211, 495, inc. 2° y 504, inc. 2° del CPC), que consagran que, en caso de no cumplir oportunamente la obligación de reintegro, se debe pagar la cantidad estimada como perjuicios.
4. Trámite de la solicitud de amparo
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante auto del 23 de marzo de 2018 admitió la solicitud de amparo y, en consecuencia, ordenó notificar a los magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en calidad de demandados.
Asimismo, dispuso la vinculación de los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander, al gobernador y al contralor departamental de Santander. Además, requirió el expediente en préstamo.
5. Argumentos de defensa
5.1 Magistrados que integran la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que, en la sentencia del 31 de marzo de 2008, cuya ejecución fue objeto de análisis en la providencia demandada, no se dio a la demandante la oportunidad de renunciar al reintegro para en su lugar reclamar una indemnización.
Añadió que de conformidad con el material probatorio aportado al proceso la demandante en varias oportunidades presentó escritos de renuncia al cargo junto con la solicitud de indemnización.
Precisó que el monto de la indemnización compensatoria reclamada por la ejecutante es desproporcionado y tasado sin ningún fundamento normativo, pues aquella simplemente se basó en «suposiciones» de que iba a continuar en el cargo hasta cumplir la edad de retiro forzoso.
Manifestó que tampoco se cumplían los presupuestos establecidos en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, para acceder a la indemnización compensatoria, ya que no existía prueba de la imposibilidad de cumplir la orden de reintegro y por el contrario había un cargo asimilable al que la accionante ocupaba.
Consideró que, si a juicio de la demandante la providencia del 6 de octubre de 2015 no era apelable, aquella debió presentar el recurso procedente contra el auto que concedió la apelación y no esperar a que decidiera este, para cuestionarlo a través de esta vía constitucional.
5.2 Magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Santander
Guardaron silencio, a pesar de su notificación.
5.3 Departamento de Santander
Esta entidad manifestó que la acción de tutela es improcedente para cuestionar las decisiones dictadas por los jueces de la República, y que, además, no se configuran los requisitos específicos de procedencia, por lo que solicitó se denegaran las pretensiones.
5.4 Contraloría de Santander
Esta autoridad consideró que la solicitud de amparo es improcedente, toda vez que, si existía algún reparo respecto de la competencia, en el control de legalidad del proceso en la audiencia inicial la parte demandante no efectuó algún pronunciamiento al respecto.
Señaló que la falta de reintegro debía establecerse conforme a la Ley 909 de 2004 y la sentencia SU 556 de 2014, es decir, con las pautas para la indemnización por supresión del cargo y los límites indemnizatorios temporales de mínimo de 6 y máximo de 24 meses de salario, ya que la medida del daño no puede fijarse arbitrariamente por la accionante, a través de un juramento estimatorio, que por demás no cumplió con los requisitos para ser valorado como tal.
6. Sentencia de primera instancia
La Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante sentencia del 25 de abril de 2018, denegó la solicitud de amparo por las razones que se exponen a continuación:
Precisó que la acción de tutela no cumplía con el presupuesto de la inmediatez, en cuanto a la controversia planteada frente a la decisión de conceder el recurso de apelación instaurado por las demandadas contra la providencia dictada en la audiencia de instrucción y juzgamiento del 6 de octubre de 2015, porque se instauró el 15 de marzo de 2018, es decir, 2 años y 3 días después de la notificación de la providencia que se discute.
Sostuvo que la señora Yaneth Reina alegó que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado no se pronunció sobre la admisibilidad del recurso de apelación instaurado por la parte demandada contra la providencia del 6 de octubre de 2015, sino que procedió a resolverlo de plano, situación que constituyó un defecto procedimental.
Advirtió que la nulidad procesal es el mecanismo idóneo y eficaz que establecen los estatutos procesales, en orden a preservar o recobrar la validez de las actuaciones que se surten en los procesos judiciales. Por lo que, indicó que la actora contaba con otro medio eficaz para la defensa de sus derechos, esto es, el trámite establecido en los artículos 132 y siguientes del Código General del Proceso, que consagran las nulidades procesales.
Adujo que la demandante debía presentar ante la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado los argumentos que pretende hacer valer a través de la acción de tutela, pues es el propio juez del asunto el que debe analizar si en el proceso se ha presentado alguna irregularidad procesal que amerite rehacer la actuación.
Consideró que como la demandante no había empleado los medios de defensa ordinarios para plantear los argumentos que pretendía hacer valer, esto es, la supuesta omisión del juez de segunda instancia, que no se pronunció sobre la admisibilidad de la apelación, la acción de tutela era improcedente, en relación con dicha controversia.
Señaló que, en relación con los cuestionamientos de la sentencia del 12 de diciembre de 2017, la acción de tutela sí cumplía con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, por lo que procedió a su análisis de fondo así:
«En cuanto a la primera razón de la decisión, la demandante alegó que la autoridad judicial había desconocido que el fallo del 31 de marzo de 2008 prestaba mérito ejecutivo por sí solo, sin que hubiera lugar a analizar los actos administrativos expedidos por la entidad.
Para la Sala, ese argumento constituye una mera inconformidad de la demandante contra la decisión adoptada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sin que sea posible extraer de ésta alguno de los defectos o causales de procedibilidad específicas de la tutela contra providencias judiciales.
Contra la segunda razón, la actora alegó que: (i) la renuncia al reintegro se había presentado bajo una condición, que no se cumplió, (ii) el monto de la indemnización compensatoria se calculó con base en las normas que rigen el juramento estimatorio, y (iii) al proceso ejecutivo no es aplicable el artículo 189 C.P.A.C.A.
En relación con los primeros dos argumentos, la Sala advierte que solo reflejan la inconformidad de la actora contra la decisión judicial controvertida, y su análisis no puede abordarse desde la perspectiva de las o causales de procedibilidad específicas de la tutela contra providencias judiciales. Empero, no ocurre lo mismo en relación con el tercer argumento, relacionado con la inaplicabilidad del artículo 189 C.P.A.C.A. al caso, por lo que el análisis del asunto girará en torno a éste.»
Centró el problema jurídico en establecer si la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, incurrió en defecto sustantivo y en desconocimiento del precedente fijado por el Consejo de Estado en sentencias de tutela, al revocar la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución, con fundamento en el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.
Hizo referencia al contenido de la aludida sentencia, para destacar lo siguiente:
«De acuerdo con lo anterior, es claro que las razones que llevaron a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado a revocar la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución fueron, en síntesis: (i) que la sentencia del 31 de marzo de 2008, presentada como título ejecutivo, no ordenó el pago de la indemnización compensatoria y ni siquiera hizo alusión a ésta; (ii) la demandante presentó varios escritos al departamento de Santander, mediante los que renunció al reintegro; (iii) el monto de la indemnización compensatoria estimado por la ejecutante era desproporcionado y fue tasado sin ningún fundamento normativo. Adicionalmente, dijo que este concepto debía ser proporcional al salario devengado por el trabajador y no podía ser mayor a la indemnización por los salarios y prestaciones dejados de percibir; y (iv) no se cumplieron los presupuestos del artículo 189 C.P.A.C.A… pues no se probó que hubiera imposibilidad de efectuar el reintegro y, además, para acceder a la indemnización, debía acudirse a un procedimiento que no se agotó en este caso.
4.2. Es evidente, entonces, que la falta cumplimiento de los presupuestos establecidos en el artículo 189 C.P.A.C.A. no fue la única razón por la que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, concluyó que debía revocarse la providencia del 6 de octubre de 2015.
…»
Señaló que la autoridad judicial demandada también evidenció que la sentencia aportada como título ejecutivo no había ordenado el pago de la indemnización compensatoria, por lo que estimó que no era procedente haber librado mandamiento ejecutivo ni ordenar que se siguiera adelante con la ejecución, por ese concepto y que, contra esta determinación, la demandante no expuso ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial.
Añadió que resultaba razonable que la autoridad judicial demandada concluyera que del incumplimiento de obligación de hacer (reintegro), ordenada en la sentencia del 31 de marzo de 2008, no se desprendía el deber de pagar la indemnización compensatoria, pues se encontró probado que la actora renunció expresamente a ser reintegrada; argumento frente al que tampoco encontró sustento de alguna causal de procedibilidad de la acción tutela contra providencias.
Afirmó que la Subsección demandada había sostenido que la indemnización compensatoria no podía ser superior a la condena por concepto de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir y que, además, ese concepto no debía tasarse simplemente bajo el supuesto de que el trabajador continuara vinculado hasta la edad de retiro forzoso, pues, en cada caso concreto, correspondía al juez calcular el monto correspondiente.
Indicó que, contra esa decisión, la actora tampoco expuso ninguno de los defectos que harían procedente la tutela contra la decisión judicial, por lo que bastaba con señalar que esa conclusión era razonable y que, en especial, era el criterio fijado por la autoridad judicial demandada en un asunto en el que actúa como órgano de cierre, por lo que constituía criterio obligatorio para las autoridades de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Precisó que las providencias invocadas por la demandante como precedente desconocido, relacionadas con la inaplicabilidad del artículo 189 ibidem al proceso ejecutivo, fueron dictadas en procesos de tutela, por lo que no eran precedente obligatorio para la Sección Segunda del Consejo de Estado al resolver asuntos en los que actúa como órgano de cierre de la jurisdicción.
Indicó que, lo anterior, sin perjuicio de que la falta de cumplimiento de los presupuestos de esa norma no fue el único argumento por el que la autoridad judicial revocó la providencia que ordenó seguir adelante la ejecución.
7. La impugnación
Inconforme con la decisión de primera instancia, mediante escrito recibido el 4 de mayo de 2018, la parte demandante, solicitó la aclaración y/o adición respecto de la falta de congruencia entre la parte motiva y la resolutiva del fallo impugnado, puesto que decidió denegar en su totalidad las pretensiones, pese a que había señalado que la acción de tutela no era procedente frente algunas providencias y denegado respecto de la otra.
Agregó que, de resultar improcedencia anterior, impugnaba el fallo del a quo, por los siguientes motivos:
«1°. Sí se cumplió con el presupuesto de la inmediatez pues la actuación cuya inconstitucionalidad se cuestiona por vulneradora de derechos fundamentales no es el auto que concedió el recurso de apelación (y que en su momento confirmó al resolver (sic) recurso de reposición en audiencia) sino la inexistencia de (sic) auto admisorio de la apelación y por tratarse de un auto cuya omisión se consolidó en la sentencia de segunda instancia siendo ésta la única actuación de aquel fallador, no existió antes oportunidad para cuestionar la actuación que se echa de menos, esto es la admisión de la alzada, no está entre las causales de nulidad procesal de la sentencia y no podría pretenderse que hubiera debido atacarse por vía de Tutela el auto que concedió la apelación de la sentencia por parte de su propio autor (el Tribunal) pues no tendría por qué avizorarse que el H. Sección 2° incumpliría su deber legal de:
Al recibir el expediente, examinar la procedibilidad de la apelación y ejercer el debido control de legalidad…a través de auto susceptible de impugnación mediante recursos de ley, inadmitirla o rechazarla según impone la normativa de orden público y aplicando el Principio de Igualdad al resolver como el propio Consejo de Estado lo hizo en este precedente: Secc. 4ª, C.P. Dra. Stella J. Carvajal B, Sentencia septiembre 6/17, Rad. 11001031500020170149100.»
Añadió que también se configuraron los defectos alegados contra la sentencia de segunda instancia cuestionada, por las razones que expuso en el escrito inicial, con lo que no pretende desplegar otra instancia sino el respeto a la Constitución como norma de normas.
Insistió en que se vulneraron sus derechos fundamentales por el «inmotivado desconocimiento del precedente de naturaleza tutelar, que sí deben respetarse pues de lo contrario se afecta la Seguridad Jurídica y el Principio de Igualdad, entre otros...».
Agregó que se equivocó el a quo al considerar que la falta de cumplimiento del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011 no fue la única razón por la que se revocó la providencia del 6 de octubre de 2015, puesto que ni ella ni el Tribunal de primera instancia pretendieron imponer lo allí consagrado, precisamente porque tanto la Contraloría como el empleo subsisten y además porque la sentencia cobró ejecutoria antes de la entrada en vigencia de dicha norma.
Manifestó que el «argumento» vulnerador de sus derechos fundamentales fue la «…omisión de consideración al carácter condicional, y sujeto a plazo no cumplido, de la renuncia que, en estado de extrema necesidad y vulnerabilidad, tuv[o] que proponer respecto de [sus] derechos judicialmente reconocidos, y demás circunstancias…».
Precisó que sí expuso las causales procedibilidad específicas respecto a la indemnización compensatoria, pues la conclusión a la que llegó la autoridad demandada fue carente de fundamento jurídico, pues se pasó por alto que resultaban aplicables los artículos 495 y 504 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 211 ibidem y demás expuestos en la solicitud de amparo.
Refirió que también es equivocado por parte del a quo indicar que la autoridad judicial cuestionada encontró probado que había renunciado a ser reintegrada, pues en la sentencia cuestionada no se efectuó ningún análisis de la renuncia, ni el plazo y condición de la misma, ni se respetó la «…institución de la Pretensión Impugnaticia propia de las apelaciones que se rigen por el C.G.P.»
Consideró que el criterio fijado por la Sección Segunda demandada en la providencia cuestionada sea o no precedente para la jurisdicción no es un aspecto que pueda imponer el juez de tutela como se pretende el fallo impugnado.
8. Providencia del 21 de junio de 2018, que denegó solicitud de aclaración del fallo de tutela impugnado
Con ocasión de la providencia emitida en segunda instancia del 29 de mayo de 2018, que ordenó la devolución del expediente al a quo para que se pronunciara respecto de la solicitud de aclaración antes referida, mediante providencia del 21 de junio de 2018 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, denegó tal petición, por lo siguiente:
Precisó que la aclaración de la demandante consistía en que si bien en la parte considerativa se había señalado que la acción de tutela era improcedente respecto de algunas decisiones controvertidas y que debía ser denegada frente a la otra, lo cierto fue que en la parte resolutiva se denegó en su totalidad el amparo deprecado, lo que, a juicio de aquella generó una vulneración de su derecho de contradicción.
Consideró que la sentencia impugnada no ofrecía ningún motivo de duda, pues antes de plantear el problema jurídico depuró, luego de una explicación suficiente, con lo que garantizó tal derecho, los puntos de la controversia planteada que no cumplieron con los requisitos generales de procedencia y centró el análisis frente al asunto que sí cumplió con tales presupuestos. Por lo que, a su juicio, era «…válido que, en la parte resolutiva, únicamente se decidiera denegar las pretensiones de la tutela.»
9. Complementación de la impugnación
A través de memorial recibido electrónicamente el 29 de junio de 2018, la accionante presentó escrito con el cual complementó la impugnación antes presentada, por los siguientes motivos:
Agregó que las ejecuciones de las sentencias de la jurisdicción contenciosa administrativa se rigen por el Código de Procedimiento Civil salvo cuatro temas específicos regidos por la Ley 1437 de 2011, entre los que en materia de apelaciones no se encuentra nada distinto a la procedencia del recurso (parágrafo del artículo 243).
Consideró que, por lo anterior, debió cumplirse y circunscribirse el trámite y resolución según el artículo 322 del Código General del Proceso y subsiguientes, sobre la presentación, admisión, sustentación y resolución de la apelación. Al respecto, hizo referencia a la sentencia del 6 de septiembre de 2017, emitida por la Sección Cuarta dentro de la acción de tutela 11001-03-15-000-2017-01491-00.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la sentencia de primera instancia que denegó la solicitud de amparo, de conformidad con los artículos 32 del Decreto 2591 de 1991 y 2° del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar de conformidad con los cargos expuestos en la impugnación, si hay lugar a revocar, confirmar o modificar el fallo proferido el 25 de abril de 2018 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó la protección constitucional deprecada, al considerar que la sentencia del 12 de diciembre de 2017, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, no incurrió en defecto sustantivo ni en desconocimiento del precedente, al revocar la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander en la audiencia de instrucción y juzgamiento adelantada el 6 de octubre de 2015, que ordenó seguir adelante la ejecución.
3. Caso concreto
Para la demandante sus derechos fundamentales se vulneraron con: i) el auto del 3 de diciembre de 2015, emitido por el Tribunal Administrativo de Santander, que concedió el recurso de apelación instaurado contra la providencia del 6 de octubre de 2015, que ordenó seguir adelante la ejecución en el proceso ejecutivo instaurado contra el departamento de Santander y la Contraloría General de Santander, y ii) por la sentencia del 12 de diciembre de 2017, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que revocó la decisión del 6 de octubre de 2015.
La Subsección B demandada de esta Corporación se opuso a la prosperidad de la solicitud de amparo, al considerar que no incurrió en los defectos alegados, pues de lo probado encontró que debía revocarse la orden de seguir adelante con la ejecución, en tanto que prosperaron las excepciones de pago y de hacer (reintegro) formuladas por la parte ejecutante.
El a quo denegó el amparo deprecado al precisar que: i) respecto del auto del 3 de diciembre de 1015 no se cumplía con el requisito de la inmediatez y frente al argumento planteado en contra de la Subsección B demandada existía otro mecanismo de defensa judicial, como lo eran las nulidades procesales previstas en los artículos 132 y siguientes del Código General del Proceso y, ii) no se configuró defecto alguno respecto de la sentencia del 12 de diciembre de 2017.
Inconforme con tal decisión, la accionante impugnó por los siguientes motivos:
Lo que se cuestiona es la inexistencia del auto admisorio de la apelación, por tanto, sí cumplió con la inmediatez;
se configuraron los defectos alegados en contra de la mencionada sentencia (procedimental);
se desconoció el precedente invocado de naturaleza «tutelar»;
nunca pretendió la aplicación del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, pues el cargo subsiste y la sentencia cobró ejecutoria antes de la entrada en vigencia de dicha norma;
el «argumento» vulnerador de sus derechos fue la omisión de consideración frente al carácter condicional y sujeto a plazo no cumplido de su renuncia en estado de extrema necesidad y vulnerabilidad;
sí expuso causales de procedibilidad respecto de la indemnización compensatoria y que,
no es cierto que se haya encontrado probado que ella había renunciado expresamente a ser reintegrada.
Las ejecuciones de las sentencias en la jurisdicción contencioso administrativa se rigen por el Código Procedimiento Civil, salvo cuatro temas específicos regidos por la Ley 1437 de 2011, entre los que no se encuentra nada distinto a la procedencia del recurso, artículo 243 (complementación).
De conformidad con los antecedentes expuestos, se procede a efectuar el siguiente análisis:
i) Improcedencia de la acción respecto del auto que concedió la apelación contra la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución (inmediatez) y la falta de admisión de la apelación (subsidiariedad)
A pesar de que la accionante con su impugnación manifestó que la actuación cuya inconstitucionalidad se cuestiona no es el auto que concedió el recurso de apelación, sino la inexistencia del auto admisorio de la apelación, lo cierto es que en las pretensiones de su escrito inicial sí hizo referencia a que se trataba de un proceso de única instancia, por lo que no procedía apelación en contra de la decisión que se adoptara y que si fuera del caso, no se cumplió con los requisitos ni el trámite previsto para dicho recurso en los artículos 320 y 322 del Código General del Proceso.
De manera que, tal como lo consideró el a quo respecto del auto que concedió la apelación contra la providencia que ordenó seguir adelante con la ejecución, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez, toda vez que por vía de reposición dicha decisión fue confirmada a través del auto de 10 de marzo de 2016, mientras que la acción de tutela de presentó el 15 de marzo de 2018, lo cual supera el término de los 6 meses luego de la ejecutoria que ha señalado esta Corporación para cuestionar providencia judiciales.
Ahora bien, se advierte que, en relación con el defecto procedimental alegado ante la inexistencia del auto admisorio de la apelación, el a quo consideró que la demandante contaba con otro mecanismo de defensa, como lo era la nulidad procesal, conforme los artículos 132 y siguientes del Código General del Proceso.
No obstante, considera la accionante con su impugnación que lo cuestionado es la falta de cumplimiento de un deber legal respecto del pronunciamiento que debía emitir la autoridad judicial acerca de la admisibilidad del recurso de apelación, cuya omisión se consolidó en la sentencia de segunda instancia siendo ésta la única actuación de aquel fallador, por lo que, a su juicio no existió antes oportunidad para cuestionar la actuación que se echa de menos.
Al respecto, debe indicarse que tal como lo plantea la parte actora, se trata de una nulidad originada en la sentencia, la cual sí se encuentra contemplada como causal de procedencia del recurso extraordinario de revisión según lo dispone el numeral 5° del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, también consagrada en anterior ordenamiento.
De manera que, a pesar de que el a quo considero la improcedencia frente a dicho cargo por causal distinta de nulidad, lo cierto es que la parte actora aún cuenta con la posibilidad de presentar el aludido recurso en contra de la providencia que pretende cuestionar a través de esta acción de tutela, conforme lo establece el artículo 251 ibidem.
ii) Análisis de fondo de los otros argumentos contra el fallo cuestionado (desconocimiento del precedente, y defectos sustantivo y fáctico)
Desconocimiento del precedente judicial
Insiste la parte actora en que con la providencia demandada se incurrió en el desconocimiento del precedente judicial invocado, que corresponden a fallos emitidos en acciones de tutela, por lo que para la Sala es importante tener en cuenta que la Corte Constitucional se ha referido a dicho defecto de la siguiente manera:
«El precedente debe ser anterior a la decisión en la que se pretende aplicar y, además, debe presentarse una semejanza de problemas jurídicos, escenarios fácticos y normativos.» (negrilla fuera del texto).
Adicionalmente, debe precisarse que esta Sección en reiterados pronunciamientos ha indicado que el concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde se especifique una regla o subregla de derecho.
Asimismo, se ha destacado que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento jurídico.
Por tanto, la parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial, debe cumplir con la carga mínima de i) identificar la decisión que considera desatendida, ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que se somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior, y iii) la incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Así las cosas, para la Sala las sentencias invocadas no constituyen precedente, puesto que corresponden a decisiones emitidas por Secciones del Consejo de Estado en acciones de tutela, mas no como órganos de cierre de la jurisdicción contenciosa administrativa.
Adicionalmente, debe precisarse que la decisión emitida en el proceso 68001-23-33-000-2013-00529-01(C), corresponde a una providencia del 8 de octubre de 2014 y no como lo indicó la parte actora, a la sentencia del «Sept. 8/17 (sic)», según la cual la sentencia es título ejecutivo y autónomo.
Además, tampoco dicha decisión constituye precedente conforme lo antes expuesto, ya que no trazó una regla en lo particular, puesto que con aquella la Sección Quinta del Consejo de Estado formuló el consecuente conflicto negativo de competencias frente a la Sección Segunda de la misma Corporación, que le remitió el expediente para que se resolviera la apelación presentada en contra de la providencia que negó el mandamiento de pago, al considerar que se trataba de un asunto relacionado con los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.
Defecto sustantivo
Para la parte actora con la providencia demandada también se incurrió en un defecto sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 189 la Ley 1437 de 2011, que establece las condiciones para el reconocimiento de la indemnización compensatoria, puesto que esta solo regula los efectos de la sentencia, mas no la ejecución de la misma.
Asimismo, se observa que, en la solicitud de amparo, la actora señaló que con su demanda ejecutiva pretendió, previo juramento estimatorio, la orden de cumplir el reintegro y subsidiariamente la «indemnización compensatoria del eventual no reintegro», en una interpretación conforme a la Constitución y concordante con el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, cuyo monto demostró con el juramento estimatorio consagrado en los artículos 206, 428 y 437 del Código General del Proceso (antes, artículos 211, 495, inc. 2° y 504, inc. 2° del CPC).
Contrario a lo indicado en su escrito inicial, la accionante manifestó con su impugnación que ni ella ni el Tribunal en primera instancia pretendían la aplicación de dicha indemnización, puesto que tanto la Contraloría como el empleo subsistían, ya que no fueron suprimidos, por lo que ese artículo era inaplicable a un proceso ejecutivo y con ocasión de una sentencia que cobró ejecutoria antes de la entrada en vigencia de dicha ley.
Así las cosas, a pesar de las contradicciones antes advertidas, se encuentra que el citado artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, contempla lo siguiente:
«ARTÍCULO 189. EFECTOS DE LA SENTENCIA.
…
En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la entidad demandada, dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia que resuelva definitivamente el proceso, cuando resulte imposible cumplir la orden de reintegro del demandante al cargo del cual fue desvinculado porque la entidad desapareció o porque el cargo fue suprimido y no existe en la entidad un cargo de la misma naturaleza y categoría del que desempeñaba en el momento de la desvinculación, podrá solicitar al juez de primera instancia la fijación de una indemnización compensatoria.»
Por su parte, en los citados artículos del ordenamiento procesal civil, se contempló en el artículo 206 del Código General del Proceso como medio de prueba, el juramento estimatorio, según el cual, quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, deberá estimarlo razonadamente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente.
Y en los artículos 428 y 437 ibidem, contemplan la posibilidad de que en caso de que el deudor no cumpla con la obligación en la forma en la que fue ordenada en el mandamiento ejecutivo, el ejecutante deberá solicitarlo subsidiariamente en la demanda, pretensión que deberá estar contenida en el auto ejecutivo.
Al respecto, precisa la Sala que, tal como lo consideró la autoridad judicial demandada, no es posible ordenar el pago de la cantidad estimada como perjuicios ante la «falta de cumplimiento oportuno de la obligación de reintegro», pues conforme al artículo 189 ibidem dicha indemnización requiere del cumplimiento previo de unos presupuestos establecidos en la ley.
En efecto, en los supuestos de hecho regulados por la citada norma no se encuentra el relativo a la «renuncia al reintegro y subsidiariamente la indemnización compensatoria»; lo cual en todo caso corresponde fijar es al juez de primera instancia, mas no en virtud de la estimación que por juramento pretenda hacer valer la parte ejecutante.
Además, debe tenerse en cuenta que en la sentencia cuestionada se consideró que:
i) No se configuraban los supuestos del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, ya que a pesar de las consideraciones del Tribunal acerca de la existencia de un cargo asimilable, en el plenario no se encontraba prueba de que fehacientemente existiera un cargo vacante y con nombramiento en provisionalidad.
ii) Que por más que en la sentencia de excepciones, se hizo alusión al mandamiento de pago -que ordenó el pago de una indemnización compensatoria-, lo cierto era que de «manera voluntaria y en varias oportunidades» la accionante había presentado escritos con la finalidad de renunciar a dicho reintegro, lo cual fue objeto de pronunciamiento por parte de la administración a través de la Resolución 000572 del 8 de julio de 2011.
iii) Por tanto, tampoco se podía pretender reclamar la indemnización conforme a los artículos 426 (ejecución por obligación de dar o hacer), 427 (ejecución por obligación de no hacer y por obligación condicional) y 437 (ejecución subsidiaria por perjuicios) del Código General del proceso, pues la ejecutante de manera libre y voluntaria había renunciado a tal reintegro.
Ahora bien, la Sala debe precisar que la autoridad judicial demandada si bien señaló que no podía haber indemnización por el no reintegro conforme a la normativa procesal y contenciosa administrativa en cita, también cuestionó el monto desproporcionado de la misma, que sin sustento legal fue tasado por la ejecutante bajo el supuesto de que esta pudiera percibir determinado salario y llegase a trabajar hasta la edad de retiro forzoso.
De manera que, para la Sala el análisis expuesto en la providencia cuestionada respecto de la renuncia al reintegro laboral y la indemnización compensatoria resulta razonable, pues no es arbitraria ni caprichosa, ya que la autoridad judicial demandada no podía avalar una situación jurídico - administrativa que no se encontraba contenida en el título base de recaudo, esto es, la renuncia al reintegro y de manera subsidiaria, la indemnización compensatoria deprecada.
Por lo que resulta del caso recordar que no es posible imponerle al juez del proceso ordinario un criterio interpretativo o valorativo de las premisas fácticas, pues hacerse se atentaría en contra de los referidos principios de autonomía e independencia judicial y con ello se desnaturalizaría la finalidad de las acciones de tutela como mecanismo residual, pues se convertiría en una instancia adicional de control frente a las decisiones judiciales.
Defecto fáctico
Finalmente, considera la parte actora que la autoridad judicial al analizar conjuntamente las resoluciones y las liquidaciones del departamento de Santander para dar cumplimiento, no tuvo en cuenta que esa providencia constituía título ejecutivo por sí misma.
Para la demandante en la sentencia objeto de ejecución sí se tuvo en cuenta que había renunciado al reintegro, pero bajo la condición de que la indemnización compensatoria se pagara antes del 31 de julio de 2011, lo cual no se cumplió; de manera que, a su juicio, el derecho a esa compensación no se extinguió.
Al respecto, debe indicarse que la autoridad judicial demandada, para efectos de decidir si se seguía adelante con la ejecución o no debía valorar todos los elementos probatorios aportados al plenario, dentro de los cuales se encontraban los aludidos actos, pues tal estudio era necesario para determinar si se cumplió con el fallo objeto del ejecutivo.
En efecto, en la providencia cuestionada, se estableció que a través de Resolución 16768 del 13 de octubre de 2011, por medio de la cual se reconoció una cuenta, se había cumplido la obligación dineraria contenida en la sentencia objeto de ejecución, al ordenar el pago de los salarios y prestaciones adeudados desde el 4 de enero de 2000 hasta el 30 de septiembre de 2011.
Y respecto de la obligación de hacer, se observa que en la sentencia acusada se señaló que del análisis del material probatorio - especialmente con los escritos presentados por la demandante- se lograba demostrar que esta había renunciado voluntariamente al reintegro, para en su lugar, solicitar la indemnización compensatoria, lo cual se resolvió con la Resolución 000572 del 8 de junio de 2011.
Lo anterior, por cuanto si lo que se pretende es ejecutar una obligación contenida en una sentencia, el juez de conocimiento está en la obligación de establecer fehacientemente si las órdenes, que para el caso, fueron de dar y de hacer, se cumplieron o no por parte de la autoridad administrativa ejecutada, esto a través de los actos que se expidan para tal efecto. De tal manera, para la Sala los cuestionamientos efectuados por la actora respecto del análisis de la providencia acusada no conllevan a la intervención del juez constitucional.
Por tanto, la Sala advierte que lo pretendido por la demandante es reabrir un debate fáctico y jurídico ya concluido por el juez natural de la causa que, en virtud de su autonomía judicial, revocó la sentencia del Tribunal del 6 de octubre de 2015, que había ordenado seguir adelante con la ejecución y, en su lugar, declaró probadas las excepciones de pago y de hacer (reintegro) pretendidas por la accionante.
Al respecto, debe recordarse que la acción de tutela tiene un carácter excepcional y subsidiario, de manera que no puede utilizarse para plantear meras inconformidades respecto del análisis que la autoridad judicial demandada efectuó para resolver el asunto sometido a su conocimiento, que revocó la orden de seguir adelante la ejecución dispuesta en primera instancia, para en su lugar, declarar probadas las excepciones de pago y de hacer (reintegro) formuladas por la parte ejecutante.
En consecuencia, se confirmará el fallo de tutela impugnado, que en su parte resolutiva denegó el amparo solicitado, pese a que en la motiva también se refirió a la improcedencia antes advertida, por cuanto no se observa que la providencia cuestionada se incurra en los defectos invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
FALLA:
PRIMERO: Confírmase la sentencia del 25 de abril de 2018, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que denegó el amparo solicitado, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, y envíese copia de la misma al Despacho de origen.
CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, devuélvase el expediente que fue remitido en préstamo al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Presidente
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Consejero
ALBERTO YEPES BARREIRO
Consejero
La cual se identificó con el radicado 2000-01175-00.
Identificada con el radicado 68001-23-33-000-2014-00460-01 (1481-16).
Al momento de llevarse a cabo la reforma administrativa en el departamento de Santander, que ordenó la supresión del empleo que desempeñaba la accionante.
Para lo cual hizo referencia a la documental visible a folio 225 del expediente ordinario.
La providencia anterior se notificó electrónicamente el 27 de junio de 2018.
Los argumentos que se citan a continuación corresponden a los del escrito inicial del recurso como el de la complementación.
Numeral 6° del artículo 188 del Decreto 01 de 1984.
Corte Constitucional. Sentencia T - 762 de 2011.
Juramento estimatorio.
Ejecución por perjuicios.
Ejecución subsidiaria por perjuicios.
Que en su artículo primero dispuso abstenerse de hacer efectivo el aludido reintegro, de conformidad con la manifestación voluntaria efectuada el 6 de julio de 2011 por la actora.
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