Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11442-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11442-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11442-00
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
17 de febrero de 2022
Demandante: Mary del Carmen Ortiz Ortiz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11442-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11442-00
Demandante: MARY DEL CARMEN ORTIZ ORTIZ
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente. Pensión de sobrevivientes.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
La señora Mary del Carmen Ortiz Ortiz, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales
a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, a la seguridad social y a la
“protección de la familia”, los cuales consideró vulnerados con ocasión de las
providencias proferidas el 7 de marzo de 2019 y 13 de agosto de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Caquetá y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional - Ejército Nacional, toda vez que se negaron las pretensiones
de la demanda2.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la actora solicitó:
“Con el máximo (sic) respeto, a ustedes señores Magistrados del HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, me permito respetuosamente solicitar que se me
1
Mediante escrito enviado el 9 de diciembre de 2021 al correo electrónico de la Secretaría
General de esta Corporación.
2
Proceso con radicado 18001-23-33-000-2016-00283-00/01.!
!!
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Demandante: Mary del Carmen Ortiz Ortiz
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
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amparen los derechos fundamentales, como es lo que aquí en este caso he
estado solicitando a través de las instancias judiciales y fallados mediante las
correspondientes sentencias judiciales de primera instancia del Tribunal
Contencioso Administrativo de Caquetá, expediente 18-001-23-33-003-2016-
00283-00 y de segunda instancia SALA DE LO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA, SUB-SECCIÓN B del HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO, expediente 18001-23-33-000-2016-00283-01 (2457-
2019) donde se demandó a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, en NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y en solicitud
de[l] reconocimiento de [la] PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE, y me han sido
negados al dejar de lado y apartándose totalmente de lo [que] manifiestan en sus
sentencias, de los precedentes jurisprudenciales y fallos de la HONORABLE
CORTE CONSTITUCIONAL, aspecto que lo ha hecho notar el salvamento de
voto dentro de la sentencia de primera instancia, sentencia que fuere confirmada
por la segunda instancia, donde debiéndose haber estudiado y analizado lo
establecido jurisprudencialmente en las sentencias de orden Constitucional fallo
de tutela (sic) C-634/11, frente a casos de situaciones de aplicación del
principio PRO HONINE y PRO OPERARIO y las sentencias de tutela T-564 de
2015 y 415 de 2017, las cuales deben primar para su interpretación y aplicación
preferente a temas de derechos fundamentales como es el caso en esencia el de
SEGURIDAD SOCIAL.
En consecuencia de lo anterior:
1.- Disponer que me tutelen los derechos en los términos solicitados inicialmente
y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la NACIÓN - MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL el RECONOCIMIENTO Y
PAGO de la PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE a favor de la suscrita (...) en calidad
de esposa sobreviviente del extinto [s]argento [v]iceprimero (póstumo) del Ejército
Nacional LUIS JESÚS GÓMEZ AFANADOR, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 46, 47, 48 y 228 de la Ley 100 de 1993, dando aplicación a los
fines CONSTITUCIONALES en concordancia con el desarrollo de los principios
de IGUALDAD y de EQUIDAD que permiten en casos especiales como el
presente la aplicación de la RETROSPECTIVIDAD DE LA LEY PENSIONAL, tal
como ha sido promulgado por la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL en
sentencias de tutela (sic) C-634/11, 564/15 y 415/17.
2.- Se condene a la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a
reconocer y pagar a la suscrita (...) con la retroactividad legal correspondiente, los
valores adeudados en forma INDEXADA, valores estos, que corresponden a la
liquidación y pago de [la] pensión vitalicia de sobrevivencia en calidad de cónyuge
sobreviviente del extinto [s]argento [v]iceprimero (póstumo) del Ejército Nacional,
LUIS JESÚS GÓMEZ AFANADOR, y el reconocimiento, reajuste y pago
INDEXADO de todas las sumas correspondientes a las mesadas pensionales, con
los factores prestacionales específicos de primas semestrales de servicios,
antigüedad, orden público, subsidio familiar y de navidad, incluyendo el valor de
los aumentos que se hubieren decretado, cantidades que deben ser debidamente
actualizadas al índice de precios al consumidos IPC para los años 1997, 1998,
1999, 2000,2001,2002,2003,2004 y siguientes, hasta que se produzca su efectiva
cancelación o pago.
3.- CONDENAR a la institución demandada a pagar las sumas indexadas que
resulten por concepto del reajuste en los términos de los artículos 192 a 195 de la
Ley 1437 de 2011 desde el momento en que el derecho se hizo exigible (21-12-
2006) hasta que se haga efectivo su pago fin de preservar el poder adquisitivo de
estos valores con la inclusión en la nómina de la suscrita (...).
4.- ORDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -
EJÉRCITO NACIONAL dar cumplimiento al fallo objeto de la presente TUTELA,
dentro de los términos previstos en los artículos 192 a 195 del C.P.A.C.A.”
(Destacado del texto original)
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La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La señora Ortiz relató que contrajo matrimonio con el señor Luis Jesús Gómez
Afanador el 30 de mayo de 1983 y al momento en que él falleció seguían
conviviendo juntos; además, mencionó que tuvieron una hija llamada Edna
Mireya Gómez Ortiz.
Indicó que su cónyuge era sargento segundo adscrito al batallón de infantería 25
“juanambu”, quien prestó sus servicios hasta el 4 de marzo de 1986 cuando
murió en combate y, de manera póstuma, fue ascendido al grado de sargento
viceprimero.
Sostuvo que el Ministerio de Defensa Nacional, mediante oficios OFI-1668 de 12
de enero de 2007, OFI16-32489 MDN-DSGDA-GPS de 4 de mayo de 2016 y
OFI-16-48673 de 28 de junio siguiente, le negó el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes.
Explicó que dicha decisión tuvo respaldo en que el señor Gómez Afanador debió
acreditar 12 o más años de servicio para que fuera viable otorgarle la prestación
reclamada, según lo previsto en el artículo 1813 del Decreto 89 de 19844, pero
solo estuvo vinculado por 9 años, 5 meses y 10 días.
Afirmó que demandó a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, para controvertir la legalidad de los mencionados actos y obtener el
reconocimiento de la pensión que, en su sentir, tiene derecho en los términos
previstos en la Ley 100 de 1993.
Señaló que del asunto conoció el Tribunal Administrativo del Caquetá, que en
sentencia de 7 de marzo de 2019, negó las súplicas de la demanda tras advertir
que para la época en que falleció su esposo solo se encontraba vigente el
Decreto 89 de 1984, por lo que es la norma que regula la pensión de
sobrevivientes solicitada.
Adujo que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
providencia de 13 de agosto de 2021 resolvió el recurso de apelación que
interpuso, mediante la cual confirmó el fallo del a quo al coincidir en que el señor
3
“Artículo 181. Muerte en combate. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la Muerte de un
Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, por hechos inherentes al combate
o -por acción del enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o
restablecimiento del orden público, será ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente
superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el
orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
(...) c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el
Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma
forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y el tiempo de servicio del causante.”
4
“Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
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Gómez Afanador no cumplió con el tiempo de servicios exigido en el
mencionado decreto para que fuera merecedora del beneficio pensional.
1.4. Sustento de la petición
A juicio de la tutelante, las autoridades judiciales en cuestión incurrieron en
defecto sustantivo por indebida interpretación, toda vez que no le dieron un
alcance al artículo 181 del Decreto 89 de 1984 que garantice los principios de
igualdad y justicia, pues a pesar de que era la normativa que regía para el
momento en que se consolidó el derecho a la prestación reclamada, lo cierto es
que la exigencia que prevé –12 o más años de servicio– es restrictiva.
En ese sentido, aseguró que merece el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite del señor Gómez Afanador, de
conformidad con lo señalado en los artículos 465, 476, 487 y 2288 de la Ley 100
de 1993, teniendo en cuenta los principios de favorabilidad y retrospectividad de
la ley pensional.
Por otro lado, consideró que en el asunto sub judice se desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en torno a la “aplicación del
principio pro homine y pro operario” y, como respaldo de lo anterior, trajo a
colación las sentencias C-634 de 2011, T-564 de 2015 y T-415 de 2017.
1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones
Mediante auto de 16 de diciembre de 2021, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como
demandados a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del
Caquetá y la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado; además,
decidió vincular al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército
Nacional, por tener interés en el resultado del presente mecanismo
constitucional.
Remitidas las respectivas comunicaciones9, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
En respuesta enviada el 17 de enero de 2022, el magistrado ponente de la
providencia controvertida expresó que se atenía a lo demostrado en esta
instancia constitucional y que, en su criterio, “las razones que le sirvieron de
fundamento están consignadas en sus motivaciones, las que deben dar
suficientemente cuenta de aquellas.”
5
Establece los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes.
6
Señala quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes.
7
Indica el monto mensual que se reconoce por concepto de la pensión de sobrevivientes.
8
Hace referencia al revisor fiscal que deben tener las Entidades Promotoras de Salud.
9
Mediante oficios enviados por correo electrónico el 14 de enero de 2022.
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1.5.2. Tribunal Administrativo del Caquetá
Por medio de escrito de 26 de enero del año en curso, remitió el enlace para
acceder al expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 18001-23-33-000-2016-00283-00/01, pero no realizó
manifestación alguna respecto a los reparos expuestos por la accionante.
1.5.3. Los demás vinculados, pese a que fueron debidamente notificados de la
existencia del presente trámite, no rindieron informe.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 2° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 201910.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
de procedibilidad adjetiva y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo
del Caquetá vulneraron los derechos fundamentales invocados de la actora al
incurrir presuntamente en el defecto sustantivo y desconocimiento del
precedente planteados.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales; (ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, (iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales12, y en ella
concluyó:
“…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
10
Reglamento interno del Consejo de Estado.
11
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela -
Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.
12
El recuento de esos criterios se encuentra de páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
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manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el
estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales
que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.”13 (Negrilla
fuera de texto)
Conforme al anterior precedente, es claro que la Corporación ha modificado su
criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, conforme
a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten contra
providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento por la
jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.
Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no puede
ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –
procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto –procedencia adjetiva–.14
En ese orden, primero se verificará que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente, (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: (i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y (ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
13
Ibídem.
14
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.
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una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. Examen de los requisitos: Procedencia adjetiva
2.4.1. Lo primero que la Sala advierte es que el caso objeto de estudio es
relevante desde el punto de vista constitucional, por cuanto al revisar el escrito
que dio origen a la acción de tutela se puede colegir que la accionante pretende
poner de presente las presuntas irregularidades en las que incurrieron las
autoridades judiciales cuestionadas, en tanto involucra la vulneración de sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, a la
seguridad social y a la “protección de la familia”, más allá del debate legal
surtido ante el juez natural de la especialidad.
2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que las
providencias que controvierte la señora Ortiz fueron proferidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional, toda vez que se
negaron las pretensiones de la demanda dentro del proceso identificado con el
radicado 18001-23-33-000-2016-00283-00/01.
2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la última decisión en cuestión se profirió el 13 de agosto de
2021 y fue notificada por mensaje de datos enviado el 13 de septiembre
siguiente, por lo que sin que sea necesario precisar la fecha en que cobró
ejecutoria, se puede concluir que la actora acudió en un término razonable ante
el juez de tutela en defensa de sus derechos fundamentales invocados,
comoquiera que la acción de tutela se radicó el 9 de diciembre de 2021.
2.4.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad, se observa que la
accionante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o
extraordinarios, para censurar la sentencia proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, pues lo que manifiesta no se ajusta a las
causales taxativas contempladas en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011 para
que proceda el recurso extraordinario de revisión ni se invocó el
desconocimiento de una sentencia de unificación de esta Corporación para que
se formule el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia.
Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud, sin
perjuicio de resaltar el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar la intangibilidad de la cosa juzgada, el respeto de la autonomía
judicial, la protección de derechos de terceros de buena fe, la seguridad jurídica
y la confianza en los fallos judiciales.
2.5. Caso concreto
La actora considera que se vulneraron sus derechos fundamentales invocados
con ocasión de las providencias proferidas el 7 de marzo de 2019 y 13 de
agosto de 2021 por el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Consejo de
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Estado, Sección Segunda, Subsección B, respectivamente, por cuanto se
negaron las pretensiones de la demanda que promovió para que se declarara la
nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales no se accedió al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Por lo anterior, la señora Ortiz señaló que tales autoridades judiciales incurrieron
en (i) defecto sustantivo por indebida interpretación del artículo 181 del Decreto
89 de 1984, pues no se le dio un alcance que garantizara los principios de
igualdad y justicia, y (ii) desconocimiento del precedente relativo a la “aplicación
del principio pro homine y pro operario”.
Así las cosas, la Sala realizará el análisis de cargos planteados de conformidad
con los argumentos expuestos en la última de las decisiones objeto de
controversia por ser aquella que puso fin al proceso que dio origen a esta tutela.
2.5.1. Defecto sustantivo
En lo referente a este defecto cabe señalar que esta colegiatura, siguiendo los
lineamientos de la Corte Constitucional, considera que se presenta cuando “la
autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”.15
En el asunto en estudio, la actora cuestiona en la sentencia enjuiciada la
existencia de este yerro, con respaldo en la indebida interpretación del artículo
181 del Decreto 89 de 198416, el cual contempla las prestaciones que se
reconocen a los beneficiarios de los oficiales o suboficiales de las Fuerzas
Militares que han muerto en combate, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 181. Muerte en combate. Durante la vigencia del presente Estatuto, a la
Muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, por
hechos inherentes al combate o -por acción del enemigo, bien sea en conflicto
internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, será
ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que
fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden
establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:
a) A que el Tesoro Público les pague por un sola vez, una compensación
equivalente a cuatro (4) anos de los haberes correspondientes al grado conferido
al causante, tomando como base las partidas señaladas en el Artículo 151 de este
Estatuto.
b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante; y
c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de
servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual
será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de
acuerdo con el grado y el tiempo de servicio del causante.” (Destaca la
Sala)
15
Ver entre otras, Corte Constitucional sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio y SU-159 del 6 de marzo de 2002. M.P. Manuel José Espinosa.
16
“Por el cual se reorganiza la carrera de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares”.
(!
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En sentir de la señora Ortiz, dicha normativa es “injusta” al condicionar el
reconocimiento pensional al tiempo de servicios prestados por el uniformado,
pese a que su esposo dio la vida al servicio del Ejército Nacional, por ello, la
autoridad judicial cuestionada debió acceder a lo pretendido en los términos
señalados en la Ley 100 de 199317, en aplicación de los principios de
favorabilidad y retrospectividad.
De la revisión de la sentencia proferida el 13 de agosto de 2021, se advierte que
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, confirmó la providencia
de primera instancia que negó las súplicas de la demanda presentada por la
señora Ortiz, toda vez que no se cumplió la exigencia de tiempo de servicios
fijada en la norma vigente para la época de los hechos y tampoco era dable
aplicar de manera retrospectiva el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, en
atención al principio de favorabilidad.
En la decisión controvertida se explicó que la regulación contenida en la Ley 100
de 1993 no resulta aplicable a los miembros del Ejército Nacional dado que
expresamente su artículo 27918 los excluyó del sistema general de seguridad
social y tan solo se pueden acoger a los mandatos allí expuestos por ser más
beneficiosos, según lo previsto en el artículo 28819 ibíd.
Igualmente, se precisó que el artículo 151 ibíd. indicó que “[e]l sistema general
de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1.º de abril de 1994”,
de modo que las únicas situaciones jurídicas que pueden ser resueltas en razón
de tal régimen pensional bajo el principio de favorabilidad son las que se
consoliden a partir de su entrada en vigencia.
A su vez, en el proveído objeto de discusión se dilucidó que el derecho
pensional por muerte se causa a partir de la fecha del fallecimiento, por tanto, la
norma que regula la pensión de sobrevivientes es aquella que se encontraba
vigente para ese momento.
Bajo esta lógica, la autoridad judicial en cuestión analizó el material probatorio
obrante en el plenario, a partir de lo cual encontró demostrado (i) que el deceso
del cónyuge de la tutelante fue el 4 de marzo de 1986 y (ii) que estuvo vinculado
al Ejército Nacional por 9 años, 5 meses y 10 días, así:
“De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que el suboficial Luis
Jesús Gómez Afanador (q. e. p. d.) prestó sus servicios profesionales al Ejército
Nacional desde el 10 de noviembre de 1976 hasta el día de su fallecimiento,
ocurrido el 4 de marzo de 1986, es decir, completó 9 años, 5 meses y 10 días de
servicios; asimismo, se evidencia que estuvo casado con la demandante
17
En concreto, la actora hizo referencia a los artículos 46, 47, 48 de la Ley 100 de 1993, por
medio de los cuales se regula los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes y el
monto que se reconoce. !
18
“(...)El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional(...)”.
19
“(...)Todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público
tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida
que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia,
siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.”
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aproximadamente por 3 años hasta el deceso, espacio durante el cual tuvieron
una hija. No obstante, la entidad accionada resolvió negar la pensión de
sobrevivientes en favor de la demandante.”
De este modo, afirmó que la norma aplicable al caso particular era el artículo
181 del Decreto 89 de 1984, en el cual se estableció como requisito para
acceder a la prestación de sobrevivientes que el oficial o suboficial que falleció
en combate haya cumplido 12 años o más de servicios, no obstante, como el
causante solo laboró durante 9 años, 5 meses y 10 días, la demandante no
tenía derecho al reconocimiento pensional.
Finalmente, puso de presente que la actora dejó transcurrir, desde la muerte del
señor Gómez Afanador hasta que radicó las dos peticiones del reconocimiento
pensional ante la entidad demandada en el medio de control, más de 20 y 30
años, lo que desvirtuaba la existencia de una afectación actual y grave a sus
derechos fundamentales, “que permita a la Sala inaplicar el régimen legal que
rige la situación, que frente al caso concreto no resulta inconstitucional.”
Visto así el asunto, la Sala encuentra acertado el análisis que realizó la
judicatura cuestionada pues los argumentos que expuso en la decisión
controvertida se encuentran debidamente justificados con la normatividad
aplicable al asunto debatido, a lo que se suma la imposibilidad de aplicar el
principio de favorabilidad, sin que ello implique la vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
Nótese que la Subsección enjuiciada lejos de realizar una interpretación errada
del artículo 181 del Decreto 89 de 1984, le dio un alcance que precisamente
concuerda con su tenor literal, diferente es que encontrara acreditado que el
esposo de la señora Ortiz prestó sus servicios como sargento segundo durante
un tiempo inferior al exigido allí para efectos de reconocer la pensión de
sobrevivientes.
Aunado al hecho de que el derecho pensional se originó el 4 de marzo de 1986
(fecha en la que murió el señor Gómez Afanador), es decir cuando la única
norma que regulaba el tema en discusión era el referido decreto, pues la Ley
100 de 1993 entró en vigencia hasta el 1º de abril de 1994.
Cabe resaltar que el principio de favorabilidad, en materia laboral, se encuentra
previsto en el artículo 53 de la Constitución y expresado en los siguientes
términos: “(...) situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho (…)”.
Además, la Sección Segunda de esta Corporación20 explicó que dicho precepto
se aplica “cuando dos o más textos legislativos que se encuentran vigentes al
momento de causarse el derecho que se reclama, son aplicables para su
solución” y por esto se debe escoger en su integridad la norma que represente
mayor provecho al beneficiario.
20
Sentencia de unificación del 1º de marzo de 2018, M.P. William Hernández Gómez, rad.
68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16).
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Entonces, resulta acertado que en la sentencia objeto de reproche se
concluyera que no era viable aplicar retrospectivamente el contenido de la Ley
100 de 1993 por favorabilidad, por cuanto no se daban los presupuestos para
que la Litis se estudiara desde la perspectiva de tal principio, teniendo en cuenta
que no existía duda respecto a cuál era la norma aplicable al caso.
Por tales razones, no tiene vocación de prosperidad el defecto sustantivo
planteado, debido a que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
en ejercicio del principio constitucional de la autonomía e independencia judicial,
realizó una interpretación razonada de la norma que regulaba la situación
jurídica del cónyuge fallecido de la tutelante.
2.5.2. Desconocimiento del precedente
Al respecto, lo primero que resulta importante precisar es que la posición de la
Sala en lo que concierne a este defecto corresponde a la siguiente:
“(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez
que debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una
similitud en sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio
decidendi constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en
determinado sentido (…)”.21
A este tenor, la Sección en reiterados pronunciamientos explicó que el concepto
de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del sentido de
la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual no está
atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en donde
se especifique una regla o subregla de derecho.
Es de anotar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez,
a sus funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios
de igualdad y seguridad jurídica, así como, en la coherencia del ordenamiento
jurídico.
La parte que invoca el desconocimiento de un precedente jurisprudencial debe
cumplir con la carga mínima de (i) identificar la decisión que considera
desatendida, (ii) la ratio de la misma aplicable a la solución del nuevo caso que
se somete a la jurisdicción dada la analogía con la Litis anterior, y (iii) la
incidencia de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Según se tiene, la parte actora cumplió con la carga argumentativa requerida
para estudiar el cargo planteado, pues considera que se desconoció el
precedente fijado por la Corte Constitucional en torno a la “aplicación del
principio pro homine y pro operario” y para sustentar su reparo trajo a colación
las sentencias C-634 de 2011, T-564 de 2015 y T-415 de 2017.
21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19
de febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
!!!
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No obstante, en criterio de la Sala las providencias (T) de la Corte Constitucional
no son un precedente vinculante, sino un criterio auxiliar de interpretación, dado
que no corresponden a sentencias que unifiquen el criterio de esa corporación o
resuelvan una demanda de inconstitucionalidad, de modo que no constituyen
una regla de obligatorio cumplimiento.
En lo que concierne a la sentencia C-634 de 2011, se encuentra que en esta
ocasión la Corte Constitucional resolvió la demanda de inconstitucionalidad
presentada contra el artículo 10 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, el cual gira en
torno al deber de aplicación uniforme de las normas y la jurisprudencia, por esto,
señaló lo siguiente:
“(...) las reglas fijadas en las decisiones que ejercen el control constitucional
abstracto y concreto, son prevalentes en el ejercicio de las competencias
adscritas a las autoridades administrativas y judiciales. Por supuesto, en este
último caso reconociéndose las posibilidades legítimas de separación del
precedente que, se insiste, están reservadas a los jueces, sin que puedan
predicarse de los funcionarios de la administración...”.
Como se observa, no le asiste razón a la actora al considerar que la Subsección
enjuiciada desconoció la tesis fijada en dicho pronunciamiento, pues la
controversia que resolvió la Corte Constitucional en esa oportunidad difiere de la
analizada en el proveído cuestionado.
De modo que no se estableció alguna regla de derecho que resolviera el
problema jurídico que la actora sugirió en la demanda, esto es, respecto al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la aplicación retrospectiva
de la Ley 100 de 1993 a derechos consolidados antes de que entrara en
vigencia.
Bajo las consideraciones efectuadas a lo largo de esta providencia, la Sala
denegará el amparo solicitado por cuanto no se vislumbra la configuración de
los cargos invocados por la accionante que amerite la protección de sus
derechos fundamentales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Deniégase la acción de tutela presentada por la señora Mary del
Carmen Ortiz Ortiz contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B y el Tribunal Administrativo del Caquetá, por los motivos descritos
anteriormente.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
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expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Aclara voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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