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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11480-01

Fecha
7 de abril de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11480-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 18 de febrero de 2022, dictado por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, que negó la petición de amparo constitucional. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2021-11480-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

7 de abril de 2022

Demandante: Elsa Rosa Martínez Núñez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11480-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11480-01
Demandante: ELSA ROSA MARTÍNEZ NÚÑEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A” Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial – Régimen de transición de
la Ley 33 de 1985 – Desconocimiento del precedente.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte
actora contra la sentencia del 18 de febrero de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, que negó la petición de protección
constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 10 de diciembre de 2021, la señora Elsa Rosa Martínez Núñez, por
medio de apoderado judicial1, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A” y el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, con el fin de que le sean
amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social, a la vida digna, “al mínimo vital de las personas de la tercera edad,
así como los principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e inescindibilidad de la
ley.”

2. La accionante consideró vulneradas las garantías constitucionales
señaladas, con ocasión de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “A” el 22 de abril de 2021 que
confirmó el fallo proferido por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá el 11 de septiembre de 2018 que negó las pretensiones de la

1 La actora le confirió poder especial al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, con el lleno de los requisitos
legales.

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Demandante: Elsa Rosa Martínez Núñez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11480-01

demanda instaurada por la tutelante en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social – UGPP, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

1.2. Pretensión

3. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó:

1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y
MÍNIMO VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURÍDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY,
DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, de la
señora ELSA ROSA MARTÍNEZ NÚÑEZ.

2. ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A”, en amparo a los derechos
enunciados, revocar la sentencia proferida el 22 de abril de 2021, que
CONFIRMÓ la sentencia de primera instancia por la cual se habían negado
las pretensiones de la demanda y en consecuencia se ordene a reliquidar la
pensión de asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de retiro
efectivo, es decir, desde el 01 de abril de 1992 hasta el 31 de marzo de
1993.” (Mayúsculas incluidas en el texto original)

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Elsa Rosa Martínez Núñez presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social –UGPP, con el fin de que se declarara la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales se le negó la reliquidación de su pensión y,
como consecuencia, que se incluyeran todos los factores salariales devengados
en el último año de servicios.

5. Previo agotamiento del trámite procesal, el Juzgado Veintidós
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dictó sentencia el 11 de septiembre
de 2018, en la que negó las pretensiones, decisión contra la cual la parte
demandante interpuso recurso de apelación.

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección “A” resolvió la alzada en providencia dictada el 22 de abril de 2021 en
la que confirmó el fallo de primera instancia.

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7. El ad quem del proceso consideró que la pensión de la actora se regía por
la Ley 100 de 1993, por cuanto esta cumplió el tiempo de servicios en el año 1989
y la edad el 30 de diciembre de 1998, por lo que no era procedente reliquidar la
pensión con la inclusión de todos los factores devengados en el último año de
servicios, como lo solicitó la tutelante. Aplicó a la solución del caso las reglas
contenidas en la sentencia de unificación dictada el 28 de agosto de 2018 por la
Sala Plena del Consejo de Estado.

8. La sentencia de segunda instancia se notificó por medios electrónicos el 10
de junio de 2021, por lo que cobro ejecutoria el 17 del mismo mes y año.

1.3. Sustento de la vulneración

9. La tutelante argumentó que en la presente acción de tutela concurren los
requisitos generales de procedibilidad, porque el asunto tiene relevancia
constitucional, en tanto se trata de una prestación de la seguridad social de una
persona de la tercera edad que, por ende, es sujeto de especial protección
constitucional. Agregó que agotó todos los mecanismos de defensa judicial y la
ejerce dentro del plazo razonable establecido, cuando se dirige contra providencia
judicial.

10. Como requisitos específicos de procedencia de la acción alegó la existencia
de un defecto fáctico que sustentó en que “la sentencia no resolvió los extremos que
habían sido planteados en la litis, tampoco contiene una valoración de las pruebas como
lo ordena la ley.”

11. Precisó que la sentencia “no resolvió los siguientes aspectos de la litis:”

1) Que el derecho a pensionarse bajo los parámetros de la Ley 33 de 1985
iba más allá de una mera expectativa.

2) Que, para la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985, la actora contaba
con más de 15 años de servicios, por lo que era acreedora del régimen de
transición previsto en la Ley 33 de 1985.

3) Que la actora adquirió el estatus pensional el 30 de diciembre de 1998,
pero se retiró del servicio el 30 de marzo de 1993, por lo que tenía derecho
a la indexación de la primera mesada.

4) Que no demandó el acto que le reconoció la pensión sino el que le negó
la reliquidación, para que le incluyeran todos los factores devengados, esto
es, los valores percibidos entre el 1º de abril de 1992 y el 29 de marzo de
1993.

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12. Continuó sustentando el defecto fáctico en que las autoridades judiciales
accionadas “omitieron examinar con rigurosidad el material probatorio que conformaba el
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001 33
35 022 2015 00800 00, para verificar la historia laboral, la resolución de reconocimiento
de la pensión y los antecedentes administrativos de la señora ELSA ROSA MARTÍNEZ
NÚÑEZ, a efectos definir (sic) la procedibilidad o no de la aplicación del régimen de
transición previsto en el parágrafo 20 del artículo 1° de la Ley 33 de 1985, que reclamaba
el demandante.”

13. Afirmó que, pese a que la demanda fue presentada el 30 de octubre de
2015, fecha para la cual la situación se regía con la jurisprudencia que admitía la
inclusión de todos los factores devengados en el último año de servicios, en las
decisiones censuradas se aplicó un precedente que perjudica a la actora.

14. Precisó que las sentencias igualmente incurren en defecto sustantivo por
cuanto no tuvieron en cuenta que el régimen jurídico aplicable a la accionante es
el de transición de la Ley 33 de 1985 y porque se limitó a determinar el IBL y los
factores salariales aplicables a la pensión, con fundamento en los enlistados en el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, desconociendo con ello que la pensión de la
actora “se sujetaba a distintos preceptos legales.”

15. Finalmente, alegó el desconocimiento del precedente con sustento en
que “las reglas contenidas en los precedentes jurisprudenciales aplicados por el
accionado, como lo son las sentencias (sic) del Consejo de Estado de 28 de agosto de
2018, NO pueden aplicarse al régimen de transición contenido en la ley 33 de 1985, dado
que su aplicación solamente hace referencia al régimen de transición del artículo 36 de la
ley 100 de 1993.”

16. Citó igualmente como desconocidas las siguientes providencias:

1) Sentencia dictada el 31 de enero de 2019 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “A”. Rad. 410012331000201200101 01
(1145-2016).

2) Sentencia del 10 de junio de 2019 de la Sección Tercera, Subsección B
del Consejo de Estado, Consejero Ponente Alberto Montaña Plata.

3) La sentencia del 4 de agosto de 2010, Exp. 2006-7509, con ponencia del
Magistrado Víctor Hernando Alvarado Ardila, que contenía el precedente
jurisprudencial vigente para la fecha de presentación de la demanda.

17. Reiteró que es beneficiaria del régimen de transición consagrado en la Ley
33 de 1985, porque para la entrada en vigor de esta (13 de febrero de 1985) tenía
más de 15 años de servicio.

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18. Lo anterior por cuanto la actora nació el 30 de diciembre de 1948 y prestó
sus servicios en Ferrocarriles Nacionales de Colombia, desde 2 de febrero de
1969 hasta el 28 de octubre de 1979 y en el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público desde el 29 de octubre de 1979 hasta el 31 de marzo de 1993.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Auto admisorio de la demanda

19. Por medio de auto de ponente, dictado el 14 de diciembre de 2021, se
admitió la demanda de tutela y se ordenó notificar al Juez Veintidós Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A”, como autoridades judiciales
accionadas.

20. Así mismo, se dispuso la vinculación de la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, como tercero con interés, a quien se le concedió el término de tres (3) días
para que rindiera informe.

1.5.2. Intervenciones de las autoridades accionadas y del tercero vinculado

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda –
Subsección “A”

21. Por intermedio del magistrado ponente de la decisión censurada solicitó
que se declara la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto lo que se busca
es cuestionar el criterio hermenéutico del juez natural y desconocer su autonomía
judicial.

22. Afirmó que, en la sentencia censurada se expusieron ampliamente las
razones en las que se sustentó la decisión de negar la reliquidación de la pensión
de la accionante, considerando que no ha vulnerado derecho alguno de la parte
actora. Señaló que en la sentencia se realizó un examen con base en el material
probatorio allegado al plenario y, se interpretaron las normas aplicables al caso
con fundamento en los lineamientos constitucionales.

1.5.2.2. Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá

23. El titular del despacho judicial informó el trámite que se le dio al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por la demandante e hizo
referencia a las principales consideraciones contenidas en el fallo que negó las
pretensiones.

24. Solicitó que se negara la petición de amparo, por considerar que a la
tutelante no le asiste el derecho a la reliquidación de la pensión “teniendo en cuenta

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que el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, solo hace referencia a la aplicación de
las disposiciones sobre edad y esta decisión fue avalada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y se acompasa con las reglas jurisprudenciales vigentes establecidas
dentro de la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018”.

1.5.2.3. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

25. Por intermedio del subdirector de Defensa Jurídica Pensional, la entidad
informó que, mediante la Resolución No. 16499 del 28 de diciembre de 1999 se
reconoció la pensión de vejez a favor de la interesada, de conformidad con el
Decreto 2143 de 1995, por lo cual se tuvo en cuenta la edad de 55 años y 20 años
de servicio, y se le liquidó su derecho pensional con el setenta y cinco 75% del
Ingreso Base de Cotización de los aportes efectuados durante el último año de
servicios y debidamente actualizada al año del cumplimiento del estatus pensional,
con los factores señalados en el Decreto 1158 de 1994, que modificó el artículo 6º
del Decreto 691 de 1994.

26. Aseveró que a la accionante le es aplicable el régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 y la sentencia de unificación de jurisprudencia
dictada el 28 de agosto de 2018 por la Sala Plena del Consejo de Estado.

27. Se refirió ampliamente a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado sobre el Ingreso Base de Liquidación y consideró que las
decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas se ajustan
íntegramente al ordenamiento jurídico.

1.5.3. Fallo de primera instancia

28. El Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A” dictó la
providencia del 18 de febrero de 2022, en la que negó la petición de amparo
constitucional, por considerar que las providencias censuradas no incurrieron en
los defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

29. Sobre el defecto sustantivo consideró que el tribunal aclaró que “solo
quienes cumplen el requisito de tiempo y se encuentran retirados del servicio antes de la
entrada en vigencia de la Ley 33, tienen derecho a que se les liquide su prestación con el
75% del salario promedio devengado durante el último año de servicio”.

30. Precisó que, el Consejo de Estado aclaró que, a quienes tuvieran quince
años de servicios antes de la entrada en vigor de la Ley 33 de 1985 y adquirieran
su estatus de pensionado con posterioridad a la Ley 100 de 1993, les resultaban
aplicables los artículos 36 y 21 de este ordenamiento.

31. Agregó que el tribunal valoró las pruebas que obraban en el expediente,
incluidas las que relacionaban los lapsos de prestación del servicio de la señora

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Martínez Núñez, para concluir que como esta cumplió el tiempo de servicio en
1989, pero la edad exigida para su pensión en diciembre de 1998, debía liquidarse
su prestación bajo los parámetros fijados por la Ley 100 de 1993 y, en ese sentido,
se debía tener en cuenta el promedio de lo cotizado en los últimos 10 años, según
la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018.

32. Señaló que tampoco hay lugar a predicar la configuración del defecto
fáctico alegado, pues, el tribunal accionado sí apreció los documentos que
evidenciaban el tiempo de servicio de la accionante, solo que, en atención a la
interpretación que, de manera razonable, hizo de la norma y la jurisprudencia del
Consejo de Estado, concluyó que, aunque cumplía el tiempo de servicios para
considerar que era beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985,
ello solo aplicaba para establecer la edad de jubilación pero no para aspectos
como el IBL, cuestión que, como quedó establecida, no es susceptible de reproche
constitucional.

33. Finalmente, examinó el cargo de desconocimiento del precedente, para
concluir que no se configuró toda vez que se aplicó la posición contenida en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, por cuanto esta Corporación ha
establecido que “la exclusión del IBL del régimen de transición aplica a todos los
regímenes pensionales anteriores a la Ley 100 de 1993”, como lo concluyó la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en sentencia del 28 de mayo de 20202.

34. Agregó que no se desconoció el precedente por no aplicar al caso la ratio
de la sentencia del 31 de enero de 2019 dictada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “A” por cuanto se trata de una postura de una de
las Subsecciones de la Sección Segunda, más no de una sentencia de unificación.

35. Finalmente, se pronunció sobre el desconocimiento del fallo de tutela
proferido el 10 de junio de 2019 (Rad N.o. 201901662 00) por la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, en torno al cual consideró que “no puede ser
aplicado al caso bajo estudio dado que, mediante providencia del 19 de septiembre de
20193, fue revocado tras considerar que no existía vulneración de derechos
fundamentales por las interpretaciones hechas por las autoridades judiciales accionadas.”

36. La sentencia de tutela se notificó por medios electrónicos a las partes e
intervinientes el 28 de febrero de 2022, según constancia obrante en aplicativo
SAMAI.

1.5.4. Impugnación

37. Mediante escrito remitido por correo electrónico el 3 de marzo de 2022 a la
Secretaría General del Consejo de Estado, el apoderado judicial de la parte
2 Incluyó la siguiente cita: “Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P.: Stella Jeannette Carvajal Basto,
sentencia del 28 de mayo de 2020, radicado: 110010315000201904749 01.”
3 Incluyó la siguiente cita: “Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo Giraldo.”

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accionante impugnó el fallo de primera instancia, con el fin de que se revocara y
se accediera a la petición de amparo constitucional.

38. La parte recurrente manifestó que no tenía la mera expectativa de la
reliquidación de la pensión sino un derecho adquirido, motivo por el cual al aplicar
de manera parcial el régimen de transición consagrado en la Ley 33 de 1985, con
fundamento en las reglas de la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada
el 28 de agosto de 2018, se desconoció esta prerrogativa.

39. Insistió en que la actora fue vinculada al servicio del Estado Colombiano en
Ferrocarriles Nacionales de Colombia, desde 2 de febrero de 1969 hasta el 28 de
octubre de 1979 y en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el 29 de
octubre de 1979 hasta el 31 de marzo de 1993, por lo que cumplía con requisitos
para ser acreedora de la transición de la Ley 33 de 1985, en la medida que tenía
más de 15 años de servicio para la entrada en vigor de esta ley.

40. Argumentó que así lo consideró el Tribunal Administrativo de Córdoba en
fallo dictado el 22 de octubre de 2021, por lo que existe un desconocimiento del
precedente jurisprudencial aplicable al régimen de transición contemplado en el
parágrafo 2º del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, reiterando que las reglas
contenidas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 no son
aplicables a la pensión de la actora.

41. Se refirió igualmente al desconocimiento del fallo del 31 de enero de 2019
dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

42. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por el
apoderado judicial de la parte actora en contra de la sentencia del 18 de febrero
de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, artículo
37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

43. La Sala precisa que, para el examen de los requisitos genéricos y
específicos de la acción de tutela, tendrá en cuenta que la parte accionante no
reiteró los argumentos expuestos en el escrito inicial, limitándose a argumentar
que la decisión de unificación de jurisprudencia del 28 de agosto de 2018 no era
aplicable al caso concreto e insistiendo en el desconocimiento del precedente.

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44. En consideración a lo anterior, la Sala no tendrá en cuenta para el análisis
del caso los argumentos referidos a no haberse resuelto sobre todos los extremos
de la litis, el defecto fáctico por desconocimiento del material probatorio obrante en
la foliatura y el defecto sustantivo por cuanto los mismos fueron resueltos en la
primera instancia, sin que el accionante manifestara su inconformidad con las
conclusiones allí plasmadas.

45. Igualmente, al momento de abordar el tema relacionado con el
desconocimiento del precedente no se pronunciará sobre el hecho de no haberse
tenido en cuenta el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Córdoba del 22
de octubre de 2021, por ser una alegación nueva sobre la cual la parte
demandada no tuvo la oportunidad de defenderse, de tal manera que resolverlo en
esta instancia vulneraría el derecho a la defensa de la parte demandada y de los
terceros interesados.

2.3. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si procede confirmar, modificar o revocar
la providencia del 18 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado –
Sección Tercera – Subsección “A” en la acción de tutela del vocativo de la
referencia, instaurada por la parte accionante con el fin de reclamar el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la seguridad
social, a la vida digna y al mínimo vital.

47. En consecuencia, con fundamento en el examen de la situación fáctica
expuesta por la parte actora, de la valoración del material probatorio recaudado,
de las causales de procedibilidad de la acción de tutela invocadas y de los
argumentos expuestos en el libelo introductorio y en la impugnación, el primer
problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en determinar si
concurren en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.

48. De encontrarse superados los mismos, la Sala establecerá si la autoridad
accionada vulneró los derechos de la parte actora, al haber negado las
pretensiones de la demanda que buscaban la reliquidación de la pensión de vejez
reconocida con fundamento en el régimen de transición previsto en la Ley 33 de
1985.

49. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) sujetos de especial protección constitucional;
iii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y iv) el análisis del caso
concreto con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela y en
el escrito de impugnación.

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2.4. Razones jurídicas de la decisión.

2.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

50. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
4
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 5 y declaró su
procedencia.6

51. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir,
agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De
modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se
declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del
asunto.

52. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

53. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4.2. Sujetos de especial protección constitucional

54. En lo que respecta a la condición de sujetos de especial protección, la
Corte Constitucional los ha definido como aquellas personas que, debido a
condiciones particulares, a saber, física, psicológica, económica o social, merecen
un amparo reforzado en aras de lograr una igualdad real y efectiva.

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth

García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Demandante: Elsa Rosa Martínez Núñez
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección “A” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11480-01

55. En ese sentido, ha establecido que entre los grupos de especial protección
se encuentran los niños, los adolescentes, los adultos mayores, los disminuidos
físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas
desplazadas por la violencia, los ciudadanos que se encuentran en extrema
pobreza y “todas aquellas personas que por su situación de debilidad manifiesta se
ubican en una posición de desigualdad material con respecto al resto de la
población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos grupos poblacionales
tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación del perjuicio, habida cuenta
que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a un tratamiento preferencial en
términos de acceso a los mecanismos judiciales de protección de derechos, a fin de
garantizar la igualdad material a través de discriminaciones afirmativas a favor de los
grupos mencionados”7.

56. Lo anterior encuentra su fundamento en la Constitución Política que, en los
artículos 13 y 43, impone la obligación de promover condiciones para que la
igualdad sea material, es decir, real y efectiva.

2.4.3. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.3.1. Relevancia constitucional8

57. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra
superado por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de
la providencia del 22 de abril de 2021, entre otra, comoquiera que, a su juicio, se
incurrió en desconocimiento del precedente, debido a que (i) no se tuvo en cuenta
que la señora Elsa Rosa Martínez Núñez era beneficiaria del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985; (ii) no se aplicaron las reglas de decisión adecuadas para
resolver la controversia pensional, en la medida en que no le era aplicable la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 dictada por la Sala Plena del
Consejo de Estado; y (iii) se desconoció la providencia dictada el 31 de enero de
2019 dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”.

58. Siendo ello así es claro que los argumentos indican el posible compromiso
del núcleo esencial de los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social y de acceso a la administración de justicia desde una perspectiva
constitucional, por lo que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal,
el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el
interesado legítimo quede en un estado de indefensión.

7
Corte Constitucional, Séptima de Revisión, Sentencia T-495 del 16.06.10., M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub.
8 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P.

Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05291-00; Sentencia
13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-
00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.

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59. En ese sentido, el argumento que a juicio de la accionante es irrazonable y
contrario al ordenamiento jurídico, concretamente considerar que para resolver su
controversia pensional no era dable aplicar la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2018 del Consejo de Estado, habría transgredido el alcance y la
aplicación de sus derechos fundamentales, lo que conllevó a que presuntamente
se omitiera el deber de actuar como juez de legalidad, de constitucionalidad y de
convencionalidad en la causa ordinaria.

60. Así las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte actora entre la
razonabilidad de la decisión que, al estimar que no había lugar a reliquidar la
pensión de vejez de la actora, vulneró sus derechos fundamentales.

61. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la violación o
amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento legal o judicial establecido por la ley para su protección, como lo
alega la parte actora en el caso objeto de estudio, lo que implica que el
mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.

62. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para
su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente al debido proceso.

2.4.3.2. Tutela contra tutela

63. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra una decisión de la
misma naturaleza, pues, la providencia judicial demandada fue proferida en el
trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que
promovió la actora contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-9.

2.4.3.4. Inmediatez

64. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, porque la parte actora considera vulnerados sus derechos con
ocasión de la sentencia proferida, en segunda instancia, por el Tribunal

9 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P.
Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00;
Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.

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Subsección “A” y otro
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Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda - Subsección “A” el 22 de abril
de 2021, la cual fue notificada por correo electrónico que se envió el 10 de junio de
2021, de tal manera que quedó ejecutoriada el 17 del mismo mes y año10.

65. Por su parte, la acción de tutela se presentó el 10 de diciembre de 2021, lo
que para la Sala es un término razonable para el uso del mecanismo de amparo
constitucional, en tanto transcurrieron menos de cinco (5) meses.

66. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación de jurisprudencia del 5 de
agosto de 201411, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término
razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se
estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.4.3.5. Subsidiariedad

67. En consideración al requisito de subsidiariedad, por ser la sentencia del 22
de abril de 2021 la providencia que resolvió la apelación que interpuso la parte
demandante contra el fallo dictado por el Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, es evidente el agotamiento de los recursos
ordinarios12.

68. Así mismo, no proceden los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia, comoquiera que las inconformidades señaladas por
la parte actora no se adecúan a las causales establecidas en los artículos 250 y
258 de la Ley 1437 de 2011.

69. Superados todos los requisitos de procedibilidad adjetiva, la Sala abordará
el fondo del amparo solicitado, no sin antes resaltar el carácter excepcional de la
acción de tutela, la cual tiene como fin garantizar la intangibilidad de la cosa

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
03890-01; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-05346-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05.08.14., M.P. Jorge
Octavio Ramírez, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
12 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20.,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia
30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-03890-01;
Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-
2019-05153-00; Sentencia 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04693-01; Sentencia 13.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia 20.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01.

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Subsección “A” y otro
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juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de terceros
de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en las decisiones judiciales.

2.5. Caso concreto

70. Tal como se precisó en precedencia la Sala analizará únicamente el
desconocimiento del precedente, que fue el único que se incluyó en el escrito de
impugnación, desde dos perspectivas, la primera relacionada con la inconformidad
de la parte actora con la aplicación de las reglas de unificación contenidas en la
sentencia del 28 de agosto de 2018 en relación con la cual precisó que
comoquiera que en esta se establecieron reglas de decisión en relación con el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 no podían aplicárseles a los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 33 de 1985; y, la segunda con
respecto a no haberse tenido en cuenta la ratio de la providencia dictada el 31 de
enero de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”.

71. Con respecto a esta alegación la Sala precisa que el precedente es aquella
regla creada por una Alta Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico,
sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para
que aquella sea considerada como tal.

72. También se considera que constituyen precedente los fallos de
constitucionalidad y las de unificación de jurisprudencia, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado, esta última como
Corporación de cierre en materia contencioso-administrativa.

73. Sin embargo, “debe aceptarse que no todas las decisiones judiciales que
profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues son el resultado de la
aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una actividad creadora del
juez.”13

74. Al abordar el caso concreto, se observa que, efectivamente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda – Subsección “A” al resolver el
recurso de apelación expuso las consideraciones y reglas establecidas en la
unificación del 28 de agosto de 2018, para fundamentar su decisión de confirmar
el fallo dictado por el a quo del proceso ordinario, a través del cual se negaron las
pretensiones de la demanda.

75. Lo anterior, por considerar que las reglas y subreglas allí fijadas son
aplicables a todos los regímenes de transición, toda vez que el parágrafo 2º del
artículo 1º de la Ley 33 de 1985 limitó su alcance, en lo que a la consolidación del
estatus pensional se refiere, a salvaguardar la edad con la cual los mismos podían
adquirir su derecho pensional (50 años de edad para la mujer y 55 para el

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 19.02.15., M.P.

Alberto Yepes Barreiro, Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02690-01.

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hombre), pero en lo referente a la forma de pago de la pensión la transición
únicamente quedó consolidada para quienes habían cumplido 20 años de labores
en el sector público y se hubieran retirado del servicio.

76. En el proveído censurado se aclaró que “para quienes aún teniendo 15 años
de servicios con anterioridad a la vigencia de la Ley 33 de 1985 y adquirieran su estatus
jurídico de pensionado con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, será esta
última norma la aplicable y en ese sentido habrán de observarse las disposiciones
contenidas en los artículos 36 y 21 en concordancia con las reglas y subreglas
jurisprudenciales establecidas en la sentencia de unificación de fecha 28 de agosto de
2018.”

77. Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, consideró:

“(…)

Fijación de la Regla Jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de
transición

92. De acuerdo con lo expuesto, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo sienta la siguiente regla jurisprudencial:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas
personas beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos
de edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones
previsto en la Ley 33 de 1985”.

93. Para este grupo de beneficiarios del régimen de transición y para efectos
de liquidar el IBL como quedó planteado anteriormente, el Consejo de Estado
fija las siguientes subreglas:

94. La primera subregla es que para los servidores públicos que se
pensionen conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985, el periodo para
liquidar la pensión es:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE.

(…)

96. La segunda subregla es que los factores salariales que se
deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores
públicos beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre
los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de
Pensiones.

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(…)” (Negrita propia del texto).

78. De lo citado, es claro que la Sala Plena del Consejo de Estado estableció
que los factores que se deben tener en cuenta para liquidar las pensiones en el
régimen previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, únicamente corresponden a
aquellos sobre los cuales se hayan efectuado los respectivos aportes al sistema
pensional, con lo cual retomó lo planteado por la Corte Constitucional en las
sentencias de constitucionalidad y unificación C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y
SU-395 de 2017.

79. Si bien es cierto que, en ellas, la Corte Constitucional no se pronunció en
concreto sobre el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, lo cierto es que sí
indicó que –en procura de la sostenibilidad financiera del sistema– todas las
pensiones, independientemente del régimen que les sea aplicable, deben
liquidarse conforme a los factores salariales frente a los cuales se realizaron
efectivamente los aportes, criterio que esta Sección acogió14 y hoy reitera.

80. En consecuencia, resulta evidente que aun cuando la actora se encontrara
en el régimen de transición de la Ley 33 de 1985, por haber laborado más de
quince (15) años antes de la entrada en vigor de la ley 100 de 1993, se le aplican
las reglas transcritas, como efectivamente lo hizo la autoridad judicial de segunda
instancia accionada previa argumentación que la Sala considera razonable de
acuerdo a la finalidad de las normas y el alcance fijado para ellas por la Sala Plena
de esta Corporación.

81. En efecto, de la interpretación de las normas y las pautas jurisprudenciales
aplicadas al caso por la autoridad accionada se evidencia que,
independientemente de la norma que se deba aplicar para liquidar la pensión de
una persona, el ingreso base de liquidación se debe calcular únicamente sobre los
factores salariales sobre los cuales se haya cotizado al Sistema de Seguridad
Social, aplicar una tesis contraría implicaría desconocer la doctrina constitucional
sobre la materia.

82. Ahora bien, en cuanto a la aplicación en el tiempo de la decisión de
unificación del 28 de agosto de 2018 y sus efectos, en el numeral segundo de la
parte resolutiva de esta se advirtió a la comunidad en general que las
consideraciones expuestas, en relación con los temas expuestos, eran obligatorias
para todos los casos en discusión tanto en vía administrativa como judicial, razón
por la cual era aplicable a la controversia suscitada por la señora Elsa Rosa
Martínez Núñez a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del

14 Al respecto, consultar Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 17.09.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-000-2020-01637-01; Sentencia
del 09.07.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05228-01; Sentencia
del 26.03.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05289-01; y Sentencia del 26.09.19.,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-03321-01.

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derecho, en la medida en que la controversia tan solo terminó con la resolutiva del
22 de abril de 2021.

83. Por lo anterior, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no aplicó de manera equivocada los criterios fijados por la Sala
Plena del Consejo de Estado el 28 de agosto de 2018.

84. Con respecto al desconocimiento de la providencia dictada el 31 de enero
de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A” Rad.
410012331000201200101 01 (1145-2016), en la que efectivamente se acogió la
tesis jurídica defendida por la parte actora de esta tutela, la Sala coincide con el
juez constitucional de primera instancia, quien precisó que en esta no se unificó
jurisprudencia, en tanto fue expedida por una de las subsecciones que integran la
Sección Segunda del Consejo de Estado y que en ella la autoridad judicial resolvió
el caso concreto sin fijar una regla de decisión y, en ese orden de ideas, no
constituye un precedente obligatorio, adicionalmente, por cuanto se trata de una
posición jurisprudencial que no se encuentra vigente, como pasa a explicarse.

85. Cabe destacar que en el referido pronunciamiento la autoridad judicial,
efectivamente, consideró que “el demandante era beneficiario del régimen de transición
previsto por la Ley 33 de 1985, pues tenía más de 15 años de servicio para su entrada en
vigencia, lo cual no se afecta por el hecho de que la prestación hubiera sido reconocida
en vigencia de la Ley 100 de 1993, es decir, que de acuerdo con el análisis efectuado en
precedencia su pensión debía regirse por la Ley 6 de 1945 y no las reglas y subreglas
definidas para los beneficiarios del régimen de transición de la mencionada Ley 100 de
1993 en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado.”15

86. Sin embargo, el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección “B”,
sostiene una tesis contraria a la expuesta por su homóloga en el referido fallo y,
sobre la manera de calcular el ingreso base de liquidación de las personas
beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33 de 1985, precisó:

“29. En conclusión, de conformidad con el régimen de transición establecido
por la Ley 33 de 1985 en el inciso 1º del parágrafo 2º de su artículo 1º, si para
el 13 de febrero de 1985, fecha en la cual cobró vigencia dicha ley, el
empleado oficial ha reunido los 15 años de servicios continuos o
discontinuos, se tiene que es destinatario de la pensión de jubilación de
conformidad con lo ordenado por el literal b) del artículo 17 de la Ley 6ª de
1945, es decir con el cumplimiento de 50 años de edad y 20 años de
servicios continuos o discontinuos, en cuantía equivalente al 75% del
promedio de los salarios devengados en el último año de servicio y con los
factores salariales contenidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.

30. Ahora bien, sobre la norma anterior que resulta oponible por virtud del
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, se considera que la lectura
desprevenida del parágrafo 2º de su artículo 1º, supone que solo sea para

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del

31.01.19., M.P. William Hernández Gómez, Rad. 41001-23-31-000-2012-00101-01.

17
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Demandante: Elsa Rosa Martínez Núñez
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Subsección “A” y otro
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efectos de determinar la edad; criterio que pese a ser contrario a lo que por
mucho tiempo defendió la sección segunda, en cuanto a la aplicación integral
e inescindible de la norma pensional, y a la noción de salario para integrar la
base de liquidación pensional, será el que acogerá esta Sala, porque apunta
a la real intención del legislador al distinguir expresamente qué aspecto
protegía respecto de la norma anterior, sustentado en su libertad de
configuración normativa, y porque resulta ser la interpretación que de mejor
forma se acopla a los principios constitucionales, según los cuales la pensión
se liquida con los factores efectivamente cotizados, que en vigencia de la Ley
33 de 1985, eran los previstos en la Ley 62 del mismo año”16 (Negrita y
subrayas incluidas en el texto original).

87. En reciente pronunciamiento17, la Subsección “A” de la Sección Segunda
acogió la misma tesis, previo recuento normativo y jurisprudencial, del cual
concluyó que si bien la sentencia del 28 de agosto de 2018 “se pronunció sobre la
forma en que debe aplicarse el régimen de transición regulado en el Artículo 36 de la Ley
100 de 1993, la subregla allí contenida sobre los factores salariales que se deben incluir
en el ibl pensional debe ser extendida al caso de las personas beneficiarias de la Ley 33
de 1985 porque, precisamente, hace referencia directa a la forma en que debe
interpretarse el Artículo 3.° ibidem, modificado por la Ley 62 de 1985, esto es, a la
taxatividad de los factores computables en materia pensional.”

88. Desde este panorama, se observa que, si bien en un primer momento el
órgano de cierre en materia laboral administrativa, es decir, el Consejo de Estado
– Sección Segunda, tenía tesis disímiles en torno a los factores salariales que se
deben tener en cuenta para calcular el ingreso base de liquidación de la pensión
de una persona que es beneficiaria del régimen de transición de la Ley 33 de 1985
(cuando se habían cumplido más de 15 años de servicio), lo cierto es que en la
actualidad las dos subsecciones se decantaron por la aplicación de la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018, como igualmente lo hicieron las
autoridades accionadas.

89. Tampoco es dable afirmar que en cabeza de la accionante existiera un
derecho adquirido en virtud del régimen de transición pues el mismo, en los
eventos de tener más de quince años de servicios, únicamente cobija la edad más
no la forma de calcular el Ingreso Base de Liquidación, como sí lo hizo para
quienes hubieran cumplido más de veinte años, lo cual sustentó el tribunal en la
literalidad de la norma:

«Los empleados oficiales que a la fecha de la presente Ley hayan cumplido
quince (15) años continuos o discontinuos de servicio continuarán
aplicándose las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con
anterioridad a la presente ley.

Quienes con veinte (20) años de labor continua o discontinua como
empleados oficiales, actualmente se hallen retirados del servicio, tendrán

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del

28.01.21., M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 47001-33-33-003-2016-00229-01.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “A”, Sentencia del 18.02.2021, M.P. Rafael Francisco

Suárez Vargas, 70001-23-33-000-2015-00018-01(4064-16)

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derecho cuando cumplan los cincuenta (50) años de edad, si son mujeres, o
cincuenta y cinco (55), si son varones, a una pensión de jubilación que se
reconocerá y pagará de acuerdo con las disposiciones que regían en el
momento de su retiro.».

90. Por lo anterior, se advierte que la decisión censurada no fue caprichosa o
arbitraria, y por el contrario resulta razonable y acorde con la doctrina
constitucional sobre los factores salariales que se deben tener en cuenta para
calcular el ingreso base de liquidación de la pensión de vejez en el régimen de
transición y las reglas establecidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda.

91. Por último, la Sala advierte que aun si se encontrara acreditado que la
señora Elsa Rosa Martínez Núñez18 es una persona de la tercera edad y, por
ende, un sujeto de especial protección constitucional, ello no constituye una razón
para acceder al amparo que solicitó, por cuanto la decisión de negar la pretensión
de reliquidación de la pensión se profirió de conformidad con el ordenamiento
jurídico y, por ello, no se observa que se hubieran vulnerado sus derechos
fundamentales.

2.6. Conclusión

92. De conformidad con lo expuesto en precedencia, para la Sala las
autoridades judiciales accionadas no incurrieron en defecto por desconocimiento
del precedente ni por aplicación indebida de las reglas de unificación de
jurisprudencia del 28 de agosto de 2018 y la parte actora no logró desvirtuar la
razonabilidad de la providencia, por lo que no es posible la intervención
excepcional del juez constitucional.

93. En consecuencia, la Sala confirmará la resolutiva de primera instancia que
negó la petición de amparo constitucional.

III. DECISIÓN

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

18 La accionante nació el 30 de diciembre de 1948 de tal manera que a la fecha cuenta con 73 años. Sobre la

diferencia entre adulto mayor y persona de la tercera edad, ver sentencia de la Corte Constitucional T-013 de
2020, en la que se indicó que “el término “persona de la tercera edad” y el concepto “adulto mayor”, que a
menudo se usan indistintamente, no pueden ser empleados como sinónimos. El concepto “adulto mayor” fue
definido en la Ley 1276 de 2009. En ella se apela a la noción de “vejez” propia del sistema de seguridad social
en pensiones, con el fin de identificar la población destinataria de la atención integral en los centros vida. De
cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma, será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel que
sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste físico, vital y psicológico
[que] así lo determinen”. Por su parte, la calidad de “persona de la tercera edad” solo puede ostentarla quien
no solo es un adulto mayor, sino que ha superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son
personas de la tercera edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor.”

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Subsección “A” y otro
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FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo del 18 de febrero de 2022, dictado por el
Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección “A”, que negó la petición de
amparo constitucional.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081

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