Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11488-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-11488-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-11488-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
26 de junio de 2023
Demandante: Julio Cesar Villa Vásquez
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Radicados: 11001-03-15-000-2021-11488-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., catorce (14) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-11488-00
Demandante: JULIO CÉSAR VILLA VÁSQUEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Temas: Improcedencia del recurso por dirigirse contra auto
interlocutorio que no constituye cosa juzgada en sentido
material.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN
OBJETO DE LA DECISIÓN
No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por Julio Cesar Villa Vásquez, por
intermedio de apoderado judicial1, con el cual pretende que se infirme el auto
interlocutorio dictado en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, el 21 de agosto de 2020, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por el recurrente en
contra del departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El señor Julio César Villa Vásquez, a través de apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, contra el
departamento del Atlántico – Secretaría de Educación.
2. Lo anterior con el fin de que se invalidara la Resolución 474 de 22 de enero
de 2014, por medio de la cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías, con ocasión del proceso de
1 La recurrente confirió poder especial al abogado Javier Torres Velásquez, con el lleno de los requisitos
legales.
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Demandante: Julio César Villa Vásquez
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
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homologación de los cargos y nivelación salarial adelantado por el Ministerio de
Educación Nacional y del Oficio del 8 de febrero de 2017, que -según el
demandante– confirmó la decisión.
3. A título de restablecimiento del derecho el demandante del proceso
ordinario solicitó que se le reconociera la indemnización o sanción moratoria
desde que se hizo exigible la obligación en el año 1998 hasta el 2009, cuando se
le canceló el restante de las cesantías adeudadas.
1.2. Actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
1.2.1. Decisión adoptada en primera instancia
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en auto de ponente del 22 de mayo
de 2018, rechazó la demanda por considerar que operó el fenómeno de la
caducidad del medio de control y, adicionalmente, con respecto al oficio del 8 de
febrero de 2017, precisó que no es pasible de control, por cuanto el mismo no
contiene una decisión de la administración y, en esa medida, no es un acto
administrativo, pues se limitó a comunicarle al actor que se le había dado
respuesta a su solicitud.
5. Para arribar a la citada parte resolutiva, el Tribunal Administrativo del
Atlántico precisó que la “Resolución No. 00474 de 22 de enero de 2014, le fue
notificada personalmente al interesado el día 24 de enero de 2014, en los términos del
artículo 67 del CPACA, tal como consta a folio (42) – escrito del informativo, lo cual quiere
decir que en principio, la oportunidad para presentar la demanda fenecía el 27 de mayo
de 2014; la solicitud de conciliación prejudicial exigida por el numeral 1 del artículo 161 de
esa misma codificación, se presentó el 8 de junio de 2017 (folio 29); cuando ya se
encontraba en exceso vencido el término de la demanda, la cual fue presentada el día 06
de septiembre de 2017 (folio 46). El anterior reconocimiento temporo-procesal, obliga a
rechazar la demanda en consonancia con el numeral 1 del artículo 169 de la Ley 1437 de
2011 por haber operado el fenómeno de la caducidad (…)”.
6. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de
apelación, el cual sustentó oportunamente.
1.2.2. Auto interlocutorio de segunda instancia
7. El recurso de apelación fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, mediante auto del 21 de agosto de 2020, que
confirmó la decisión por medio de la cual se rechazó la demanda, al considerar
que en el presente caso nos encontramos ante la figura de la inepta demanda, por
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no haberse agotado el requisito de solicitud previa a la Administración para que
resolviera sobre el reconocimiento de la indemnización moratoria solicitada.
8. El auto interlocutorio de segunda instancia se notificó por estado el 20 de
noviembre de 2020, de manera que cobró ejecutoria el 27 del mismo mes y año,
según constancias obrantes en el aplicativo SAMAI.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. Demanda
9. Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico el 19 de noviembre de 2021, el apoderado judicial de
la parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión, lo cual realizó
utilizando un formato en el que se refirió a situaciones procesales y a decisiones
adoptadas en otros procesos en los que el apoderado de la parte recurrente
representa los intereses de personas que están en la misma situación fáctica del
demandante de este proceso, que no tuvieron ocurrencia en el sub examine.
10. Con fundamento en tales consideraciones, incluyó como pretensiones:
“1) Para que se desate revocando, por parte del Superior, el auto de rechazo
de mi demanda en el epígrafe de la referencia, el cual se encuentra
notificado y ejecutoriado, como se establece con la constancia que expedirá
el Honorable Tribunal Administrativo del Atlántico antes de la remisión de
antecedentes al máximo Tribunal de lo Contencioso, por vulnerarse los
mencionados derechos fundamentales y principios constitucionales, y
2) Como consecuencia, posteriormente, se admita la presente demanda.”
2.2. Actuaciones procesales relevantes
2.2.1. Remisión del expediente al Consejo de Estado por competencia
11. El 9 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico dispuso
la remisión del expediente al Consejo de Estado, por competencia.
2.2.2. Auto por medio del cual se inadmitió la demanda
12. El 16 de diciembre de 2021, por auto de ponente, se inadmitió la demanda
para que la parte recurrente corrigiera las siguientes falencias:
i) identificara la providencia contra la cual se dirige la censura, con indicación
de encontrarse debidamente ejecutoriada, y de la autoridad judicial que la
dictó, el proceso en el que se profirió con número de radicado;
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ii) Presentara los hechos y las pretensiones en forma clara y precisa,
indicando la situación particular del recurrente y no la de los demás
poderdantes de quien suscribe la demanda;
iii) Explicara en forma razonada las causales invocadas, indicando la
circunstancia constitutiva de nulidad que se presenta en la sentencia que
puso fin al proceso y cuál es la prueba recobrada con acreditación de no
haberse podido presentar oportunamente por la existencia de una
circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Tal prueba deberá acompañarse a la demanda.
iv) Remitiera copia de la demanda nuevamente integrada y de sus anexos a
los correos de la entidad demandada y de los terceros interesados.
13. En esta oportunidad se aclaró que la accionante no identificó la providencia
contra la cual interpone el recurso, porque se limitó a afirmar que la providencia
fue notificada el 20 de noviembre de 2020, pero no indicó cuando se dictó, la
Subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado que la profirió ni si se
trataba de auto interlocutorio o de sentencia.
14. Adicionalmente, no se encontró cumplida la carga argumentativa mínima
que se requiere en relación con la configuración de las causales invocadas
referidas a la existencia de prueba recobrada y de nulidad originada en la
sentencia.
2.2.3. Notificación del auto inadmisorio y escrito de subsanación
15. El auto por el cual se inadmitió la demanda se notificó por estado al
demandante el 11 de enero de 2022, según constancia obrante en el aplicativo
SAMAI. El 19 de enero de la misma anualidad, esto es, dentro del término de
cinco (5) días concedido en el auto inadmisorio, el recurrente subsanó la
demanda.
16. En la corrección de la demanda precisó que en el caso del señor Julio
César Villa Vásquez lo que se reclama es la cancelación de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de sus cesantías en forma completa los días quince (15)
de febrero de cada año, debido al retardo en el pago del retroactivo salarial y
prestacional de homologación de cargos y nivelación salarial, el cual -a su juicio-
debió hacerse desde el año 1995 cuando empezó a regir la Ley 4ª de 1992 o
desde cuando el funcionario ingresó al ente territorial.
17. Sustentó el recurso extraordinario de revisión en las causales 1ª y 5º del
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y que se dirige en contra del auto dictado el
21 de agosto de 2020, por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
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“B” la que, según el recurrente, tuvo como único argumento el haber operado la
figura jurídica de la caducidad del medio de control y, con respecto a la cual
solicitó que en el periodo probatorio fuera aducida al proceso junto con todo lo
actuado.
18. Advirtió que el auto es ilegal, por cuanto confundió las figuras de la
caducidad y la prescripción y no tuvo en cuenta que la demanda se presentó
dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha en que le fue negada la solicitud.
19. Sobre la prueba recobrada señaló que:
“…encontré o recobré después de presentada la demanda, o sea, en el
momento de subsanación varios documentos importantes; y después de
dictada la Sentencia, valga la redundancia, documentos decisivos, como la
respuesta completa que le dio al suscrito, a través de CARLOS PRASCA
MUÑOZ, Secretario de Educación de la época, el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, o sea, repito, RESPUESTA que sirvió de sustento al OFICIO
de 9 de febrero de 2.017, expedido por la Secretaría de Educación, con base
en mi Solicitud de “RELIQUIDACIÓN”, en donde se puede leer que la hizo
“JAVIER TORRES VELÁSQUEZ”, en representación de todos mis
poderdantes para que no se me quedara ninguno por fuera, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente, reitero, ya que con esta
respuesta se hubiera podido afianzar más mi tesis de que el suscrito
presentó dicha solicitud de RELIQUIDACIÓN dentro de los tres años y las
pretensiones que se reclamaron, debido a que sólo contaba, antes de la
sentencia, con los primeros folios de dicha RESPUESTA, pero el documento
completo con todos los folios, REPITO, de dicha RESPUESTA los tenía
traspapelados en mi archivo, por ser voluminoso, tal como se lo demuestro
con la fotografía de mi oficina, el cual anexo, valga la redundancia, para
probar, repito, lo voluminoso que es mi archivo, el cual contiene
aproximadamente mil (1.000) demandas. RESPUESTA que debemos
apreciar en conjunto con las demás pruebas.” (Sic para lo transcrito)
20. Como pruebas recobradas, señaló las siguientes:
1) La solicitud de reliquidación dirigida al Secretario de Educación
Departamental;
2) Constancia fallida de dos solicitudes de conciliación que realizó.
21. Hizo referencia a la procedencia excepcional del recurso extraordinario de
revisión en contra de autos que ponen fin al proceso, como los que decretan en
forma anticipada la caducidad del medio de control, como aseveró que acaecía en
el presente caso, y sustentó ello en algunos pronunciamientos del Consejo de
Estado.
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22. Copia de la demanda y los anexos fueron remitidos al departamento del
Atlántico – Secretaría de Educación e indicó los canales digitales en los que
recibiría notificaciones.
23. El recurrente solicitó que se decretaran como pruebas las documentales
consistentes en todos los antecedentes del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, que se allegaran las decisiones de primera y segunda instancia, se
practicara inspección judicial a su oficina de abogado para demostrar la cantidad
de archivos que tiene y que dan lugar a la confusión sobre las pretensiones de sus
clientes y sobre la incapacidad médica que le fue conferida por algunos meses
durante los cuales no pudo trabajar.
2.2.4. Auto admisorio de la demanda
24. Corregidas las irregularidades advertidas en el auto inadmisorio, en
garantía del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, el 15 de
febrero de 2022 se admitió la demanda.
25. En esa oportunidad se analizó la procedencia excepcional de este
mecanismo especial de impugnación con respecto a autos interlocutorios que
ponen fin al proceso, señalando que el demandante aseveró que la providencia
rechazó la demanda, entre otras razones, por haber operado la caducidad del
medio de control.
26. El auto admisorio de la demanda se notificó por estado al demandante y en
forma personal a la entidad pública demandada el 13 de julio de 2021.
2.2.5. Contestación de la demanda
27. El departamento del Atlántico, por intermedio de apoderado judicial2,
contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por
considerar que los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y por el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección “B” al
rechazar la demanda, corresponden a una correcta aplicación de las normas
jurídicas.
28. Aclaró que, la Resolución No. 00274 del 22 de enero de 2014 ordenó el
reconocimiento de derechos laborales y al pago de valores retroactivos
correspondientes al personal administrativo que se financia con los recursos del
Sistema General de Participaciones, dictado en el procedimiento administrativo de
2 La entidad territorial intervino por intermedio del abogado Augusto Miguel Bornacelli Vargas, quien allegó
poder conferido por el Secretario Jurídico del departamento del Atlántico.
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homologación de cargos y nivelación salarial, de tal manera que toca el tema de la
sanción moratoria.
29. Por su parte, el Oficio del 8 de febrero de 2017 no contiene un acto
administrativo, en la medida en que únicamente suministra una información.
30. Precisó que, la homologación y nivelación salarial para el personal
administrativo de la Secretaría de Educación del Atlántico se dio como resultado
de la descentralización del servicio educativo que fue ordenada por las Leyes 60
de 1993 y 715 de 2001, a partir de los parámetros fijados por el Ministerio de
Educación Nacional a través de la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y
la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006.
31. Ello causó diferencias dinerarias en favor del personal administrativo desde
la fecha en que cada persona fue incorporada a la planta de cargos del
departamento hasta (i) el día anterior a la de actualización en nómina del empleo
homologado y nivelado, o (ii) el 31 de diciembre de 2002, para los funcionarios
administrativos que fueron entregados a los municipios certificados en virtud de la
Ley 715 de 2001, sin perjuicio de la prescripción trienal; y (iii) desde el 1° de enero
de 2003 hasta el día anterior a la fecha de actualización en nómina del cargo, si se
trata de un servidor incorporado desde un municipio no certificado. En
consecuencia, lo reconocido no genera valores adicionales.
32. Hizo énfasis en que en el presente caso operó la figura jurídica de la
caducidad del medio de control, motivo por el cual les asistía la razón a las
autoridades judiciales al rechazar la demanda por su configuración.
2.2.6. Concepto del Ministerio Público
33. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto,
remitido el 10 de marzo de 2021, en el cual consideró que no concurren en el sub
examine los presupuestos normativos de las causales invocadas por el recurrente.
34. En cuanto a la causal contenida en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, indicó que, para su prosperidad, el interesado debe acreditar que
encontró o recuperó, después de pronunciada la sentencia censurada, una prueba
documental, la cual debe tener tal poder de convicción que, de haberse arrimado
al proceso de origen, la decisión habría sido distinta a la que es objeto del recurso
de revisión y la recurrente no acreditó tal situación.
35. En cuanto a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, indicó que no se
observa que la providencia censurada se hubiere expedido incursa en alguna
causal de nulidad, sino que, por el contrario, se ajusta plenamente a la realidad
fáctica y jurídica.
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36. Construyó el marco normativo y jurisprudencial de las dos causales
invocadas por la parte recurrente, para concluir que no se advierte que se hubiera
encontrado o recobrado un documento, después de dictado el auto censurado y
menos que no lo hubiese podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria, porque los documentos siempre estuvieron
en los archivos del profesional que representa los intereses de la parte actora y
tampoco inciden en el sentido de la decisión.
37. Con respecto a la nulidad, consideró que no se incurrió en causal alguna
que invalide la decisión, y que la hipótesis que plantea la parte actora en relación
con la forma como debe contabilizarse el término de caducidad no tiene
fundamento legal alguno y los argumentos expuestos por el recurrente resultan
totalmente alejados de lo decidido en la providencia censurada.
38. Con sustento en los argumentos expuestos, el representante del Ministerio
Público solicitó que se declarara infundado el recurso.
2.2.7. Auto que resolvió sobre las pruebas solicitadas
39. Por auto dictado el 30 de marzo de 2022 el despacho ponente se pronunció
sobre las pruebas solicitadas por las partes en el trámite del proceso, oportunidad
en la cual resolvió:
“PRIMERO: NEGAR la práctica de la inspección judicial solicitada por la
parte actora, por no cumplir el requisito de pertinencia.
SEGUNDO: TENER como prueba los documentos allegados por la parte
actora al proceso, a los cuales se les otorgará el correspondiente valor
probatorio en la sentencia que ponga fin al proceso.
TERCERO: OFICIAR a las Secretarías Generales del Tribunal Administrativo
del Atlántico y de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
que remitan con destino a este proceso el expediente digitalizado contentivo
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el
señor Julio Cesar Villa Vásquez contra el Departamento del Atlántico –
Secretaría de Educación que se tramitó bajo el Rad. N.o 08001-23-33-000-
2018-00104-01.”
40. El 6 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo del Atlántico remitió copia
integra y digital del expediente contentivo del proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho incluyendo en el mismo los autos interlocutorios de
primera y segunda instancia y la constancia de ejecutoria de la dictada en sede de
apelación por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección “B”.
41. El 26 de abril de la presente anualidad se corrió traslado de las pruebas
documentales recibidas, en los términos dispuestos por el artículo 110 del Código
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General del Proceso3, vencidos los cuales en silencio ingresó el proceso al
despacho para dictar el fallo correspondiente.
2.2.8. Manifestación de impedimento y trámite impartido
42. En escrito del 27 de mayo de 2022, la Magistrada Sandra Lisset Ibarra
Vélez manifestó su impedimento, el recurso extraordinario de revisión de la
referencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 1º y 2º del artículo
141 del Código General del Proceso, que tienen como supuestos de hecho: i)
tener interés directo o indirecto en el proceso; y ii) “haber conocido del proceso o
realizado cualquier actuación en instancia anterior”, respectivamente.
43. Para sustentar las causales alegadas, la Magistrada manifestó, en primer
lugar, que le asiste el interés indirecto consistente en que predomine la decisión
objetada, porque está convencida del criterio jurídico que la fundamentó ya que
fue proferida con sujeción a las normas legales y a la jurisprudencia aplicable al
caso.
44. Advirtió que en el presente medio extraordinario se controvierte el auto
interlocutorio del 21 de agosto de 2020 dictado en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral, instaurado por el señor Julio
César Villa Vásquez, proferido en segunda instancia por la Subsección B de la
Sección Segunda de la cual hace parte, lo que conllevaría a examinar la postura o
criterio fijado por la sala de decisión en la cual participó.
45. Señaló que, “si bien el recurso extraordinario de revisión es un asunto que se
surte en única instancia y bajo tal condición, el criterio pacífico de esta corporación es que
se trata de un nuevo proceso distinto de aquel en el cual derivó la providencia que se
cuestiona, lo cierto es que, la suscrita magistrada integró la Sala de decisión de la
subsección B de la sección segunda de donde emanó la providencia ahora recurrida a
través del presente mecanismo extraordinario…”. A juicio de la Magistrada al referirse
el recurso extraordinario de revisión a los mismos temas que fueron resueltos por
la Sala de la cual hizo parte y en la que expresó las razones jurídicas por las
cuales se debía despachar en forma desfavorable las pretensiones del
demandante afectan el principio de imparcialidad el cual le corresponde
salvaguardar
46. El impedimento manifestado por la Magistrada Ibarra Vélez fue resuelto a
través de auto del 8 de junio de 2022, en el cual de una parte: i) se declaró
infundada la configuración de la causal contenida en el numeral 2° del artículo 141
3 La norma en cita establece: “ARTÍCULO 110. TRASLADOS. Cualquier traslado que deba surtirse en
audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte respectiva que haga uso de la palabra.
Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, se surtirá en secretaría por
el término de tres (3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en
una lista que se mantendrá a disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y correrán
desde el siguiente.”
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del Código General del Proceso y en lo atinente a la argumentación referida a la
existencia de pruebas recobradas y ii) declaró fundada la manifestación respecto
de la causal contemplada en el artículo 141 numeral 1º del Código General del
Proceso en torno a la causal de nulidad originada en la providencia que puso fin al
proceso e hizo tránsito a cosa juzgada, razón suficiente para apartarla del
conocimiento del asunto.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL
3.1. Normatividad aplicable
47. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia, artículos 248 a 255 4,
modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.
3.3. Presupuestos procesales de la acción
3.3.1. Competencia
48. La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión
interpuesto por el señor Julio César Villa Vásquez, con el cual pretende que se
infirme el auto interlocutorio dictado el 21 de agosto de 2020 por el Consejo de
Estado, Sección Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por el recurrente en
contra del departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.
49. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del
cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de
Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin
exclusión de la sección que profirió la decisión5.
50. Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión
para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
4 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
5 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En esta sentencia
se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede excluir de plano a todos los
Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento permite concluir que no deba decidirse en
cada caso concreto si se presenta una causal de impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los
principios de imparcialidad e independencia judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el
principio de imparcialidad el conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los
magistrados que aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los
consejeros que participaron de la decisión impugnada.
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encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.
3.3.2. Oportunidad
51. En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige contra
el auto interlocutorio dictado el 20 de agosto de 2020, notificado por estado el 20
de noviembre de 2020, que cobró ejecutoria el 27 del mismo mes y año, según
constancias obrantes en el aplicativo SAMAI y la demanda que contiene el recurso
extraordinario de revisión se presentó ante el Tribunal Administrativo del Atlántico
el 9 de noviembre de 2021.
52. En consecuencia, cumplió con el plazo establecido en el inciso 1º del
artículo 251 de la Ley 1437 de 20116, esto es haberla presentado dentro del año
siguiente al de ejecutoria de la decisión.
3.3.3. Legitimación en la causa
53. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, se
advierte que Julio César Villa Vásquez está habilitado por activa y el
departamento del Atlántico, por pasiva, respectivamente, porque tuvieron la
calidad de partes en el juicio en el que se dictó el auto interlocutorio que puso fin al
proceso objeto de la petición de revisión del vocativo de la referencia.
3.4. Problema jurídico
54. El primer problema jurídico que subyace al caso concreto consiste en
determinar si el recurso extraordinario de revisión procede contra el auto
interlocutorio dictado por el Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección
“B” el 21 de agosto de 2020, lo cual implica examinar si el mismo contiene
materialmente una decisión de fondo que pone fin al proceso, que torna imposible
volver a iniciarlo y que haya hecho tránsito a cosa juzgada en sentido material y no
solamente formal.
55. En otras palabras, corresponde determinar si la providencia censurada
corresponde en sentido material a una verdadera sentencia por haber resuelto el
fondo del asunto con carácter definitivo o se trata de una decisión que permite
6 El precepto en cita consagra el término de un año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
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volver a iniciar el proceso, evento en el cual el recurrente tendría garantizado el
principio de acceso efectivo a la administración de justicia.
56. En el evento de resolverse en forma afirmativa la primera cuestión
planteada, con fundamento en la situación fáctica señalada por la parte actora, el
material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en el libelo
introductorio y en el escrito por el cual se subsanó la demanda, el segundo
problema jurídico consistirá en establecer si se configuran en el sub examine las
causales 1ª y 5ª de revisión, referidas a existir prueba recobrada y nulidad
originada en la providencia que puso fin al proceso y contra la cual no procede
recurso alguno.
3.5. Naturaleza jurídica del auto cuya infirmación se pretende
57. En el presente recurso lo primero que evidencia la Sala es que, contrario a
lo afirmado por el recurrente, el auto interlocutorio dictado en segunda instancia
por el Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección “B” el 21 de agosto de
2020 no consideró que procedía el rechazo de la demanda por haber operado el
fenómeno de la caducidad, como lo había concluido el Tribunal Administrativo del
Atlántico.
58. En efecto, en sede de apelación se confirmó el rechazo de la demanda,
pero por razones diferentes a las expuestas por el a quo del juicio ordinario, al
considerar que en el presente caso nos encontramos ante la figura de la inepta
demanda, por no haberse agotado el requisito de solicitud previa a la
Administración para que resolviera sobre el reconocimiento de la indemnización
moratoria solicitada.
59. Lo anterior, por cuanto el Consejo de Estado consideró que no obraba
prueba en el expediente de que se hubiese efectuado requerimiento a la entidad
demandada en el sentido de solicitar el reconocimiento de la indemnización o
sanción moratoria, por lo que no era posible realizar un pronunciamiento de fondo
sobre el asunto.
60. Los argumentos quedaron expuestos en los siguientes términos:
“…el restablecimiento del derecho es el reconocimiento de la indemnización
o sanción moratoria; sin embargo, en el plenario no se evidencia que se
hubiese efectuado requerimiento en ese sentido a la entidad demandada; así
como tampoco, que los actos administrativos acusados negaran dicha
prestación, pues de su contenido se extrae el reclamo de intereses
moratorios por la tardanza en el pago del retroactivo de la homologación o
nivelación salarial.
Lo expuesto, impide al juez contencioso realizar un pronunciamiento de
fondo sobre el asunto; toda vez que esta Sección ha precisado que la
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entidad goza del privilegio de la decisión previa o «decisión préalable»,
según la cual, la administración no puede ser llevada a juicio contencioso
administrativo si no se le somete dicha pretensión previamente:
“De esta manera, es preciso señalar que en casos como que el
que ahora ocupa la atención de la Sala, ante la ausencia de
pronunciamiento de la entidad administrativa, se impone el
respeto por el privilegio de la decisión previa, según el cual,
por regla general, la administración pública, a diferencia de
los particulares, no puede ser llevada a juicio contencioso si
previamente no se le ha solicitado por el administrado un
pronunciamiento sobre la pretensión que se propone
someter al juez. Así, la reclamación previa, que se opone al
derecho de citación directa que tienen los demandantes en los
procesos civiles, constituye un privilegio por cuanto le permite a
la autoridad reconsiderar la decisión que se impugna o resiste;
cuestión que también puede resultar ventajosa para el
administrado, ya que es posible que mediante su gestión
convenza a la administración y evite así un pleito7”8.” (Resaltado
incluido en el texto transcrito)
61. En consecuencia, al no haberse proferido una decisión de fondo no puede
arribarse a una conclusión diferente a que la providencia no es pasible del recurso
extraordinario de revisión, porque no se trata de una sentencia en sentidos formal
y material, no hizo tránsito a cosa juzgada y no impidió que el recurrente pudiera
volver a ejercer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
62. Los argumentos expuestos en el auto que rechazó la demanda le indicaban
al actor que debía solicitarle al departamento del Atlántico el reconocimiento de la
prestación y en el evento de que se le negara la prestación reclamada podía
demandar ese acto administrativo, lo cual no hizo pues, desconociendo la
motivación, lo que decidió fue interponer este recurso que, por las consideraciones
anotadas es abiertamente improcedente.
63. La Sala debe destacar que nos encontramos frente a un supuesto fáctico
totalmente diferente al resuelto en sentencia dictada el 22 de marzo de la presente
anualidad9, al resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nurys
María Rubio contra la misma entidad territorial, en el que se realizó un examen de
fondo sobre las causales de revisión invocadas, por considerar que el auto
interlocutorio que se cuestionó en esa oportunidad contenía una decisión de fondo
que no solo hizo tránsito a cosa juzgada sino que impedía a la interesada volver a
instaurar la demanda.
7 BETANCUR JARAMILLO, Carlos, Derecho Procesal Administrativo, Señal Editora, Quinta edición, Medellín,
2000, página 170.
8 Radicación No: 76001-23-31-000-2011-01754-01, Sentencia de tutela de 23 de febrero de 2012. C.P.
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
9 Consejo de Estado, Sala Veintisiete Especial de Decisión, sentencia del 22.03.2022, M.P. Rocío Araújo
Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2021-01547-00
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64. Lo anterior, por cuanto en esa oportunidad el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B” concluyó que había operado el fenómeno jurídico de la
caducidad del medio de control y con ello zanjó en forma definitiva la controversia.
65. Ello permite agotar las cargas de transparencia y suficiencia argumentativa
que obligan a la Sala a señalar las diferencias entre los dos casos sometidos a
decisión que implican la adopción de decisiones disímiles.
3.8. Conclusiones y decisión
66. En el sub examine la providencia censurada no es pasible del recurso
extraordinario de revisión por tratarse de una decisión que aun cuando puso fin al
proceso no contiene una decisión de fondo, no hizo tránsito a cosa juzgada y no le
impidió al accionante agotar el requisito de solicitarle a la Administración la
prestación reclamada, por lo que se garantizó la tutela judicial efectiva.
67. La única decisión posible frente a un escenario jurídico como el evidenciado
es declarar improcedente el recurso.
3.9. Costas y perjuicios
68. Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, es aplicable al sub
examine, por haberse presentado el recurso con posterioridad a la entrada en
vigor de esta normativa, si se tiene en cuenta que la demanda se radicó el 9 de
noviembre de 2021.
69. La norma citada establece que si se declara infundado el recurso se
condenará en costas al recurrente. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las
reglas del C.G.P., la condena en costas se soporta en un criterio netamente
objetivo; en este caso, frente a la parte a la que se le declara infundado el recurso
extraordinario de revisión, «siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y
de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley»10,
70. En el caso concreto, no se cumplen los supuestos antes relacionados, en la
medida en que no se declarará infundado el recurso. Del mismo modo, tampoco
se condenará por concepto de gastos y expensas por no haberse comprobado su
10 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala
fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que
haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que
tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la
condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que
correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el
propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden
asumirse como una sanción en su contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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causación, ni se condenará al pago de perjuicios por no haberse solicitado por la
parte vencedora ni acreditado que se ocasionaron.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el recurso extraordinario de revisión
por no ser el auto interlocutorio cuya infirmación se pretende pasible de este
mecanismo excepcional al haber sustentado la decisión en la ineptitud de la
demanda y no haber estudiado el fondo del asunto, de conformidad con las
consideraciones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte recurrente, de conformidad con
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrada Magistrado
MILTÓN CHÁVEZ GARCÍA
Magistrado (E)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
(Aclara voto)
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
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