Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01547-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2021-01547-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2021-01547-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
22 de marzo de 2022
Radicados: 11001-03-15-000-2021-01547-00
Demandante: Nuris María Rubio Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veintidós (22) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2021-01547-00
Demandante: NURIS MARÍA RUBIO GÓMEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL
Temas: Examen de las causales 1ª y 5º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011 – Prueba recobrada y nulidad originada en auto
interlocutorio que puso fin al proceso – Requisitos
concurrentes exigidos para su configuración.
SENTENCIA QUE RESUELVE EL RECURSO EXTRAORDINARIO DE
REVISIÓN
OBJETO DE LA DECISIÓN
No observando causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el
recurso extraordinario de revisión interpuesto por Nuris María Rubio Gómez, por
intermedio de apoderado judicial1, con el cual pretende que se infirme el auto
interlocutorio dictado en segunda instancia por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, el 1º de agosto de 2019, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho de carácter laboral instaurado por la recurrente en
contra del departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
1. El 14 de diciembre de 2017, la señora Nuris María Rubio Gómez, por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en la
que solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución No. 00274 del 22 de
enero de 2014, por medio de la cual, según la parte demandante, el Departamento
1 La recurrente confirió poder especial al abogado Javier Torres Velásquez, con el lleno de los
requisitos legales.
1
Demandante: Nuris María Rubio Gómez
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
Radicado: 11001-03-15-000-2021-01547-00
del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental “le negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por la omisión en la consignación de las cesantías”.2
2. La parte demandante también solicitó que se anulara el acto contenido en la
comunicación del 9 de febrero de 2017, por la cual se anexaron oficios de
respuesta a las solicitudes que, en el mismo sentido, había formulado previamente
el apoderado de la demandante.
3. A título de restablecimiento del derecho, pretendió que se le ordenara a la
entidad territorial demandada que liquidara y pagara a la demandante la
indemnización moratoria, “desde que se hizo exigible la obligación, es decir, desde el
año 1996 hasta el 2009 cuando se le canceló el restante de cesantías adeudadas; y de
ahí para adelante, la sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del C.S.T., por el
pago incompleto de los factores salariales y no salariales, sanción que debe corresponder
a la suma que resulte de multiplicar un día de salario por cada día de retardo y mora en el
pago completo y oportuno de sus cesantías.”
1.2. Actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho
1.2.1. Decisiones adoptadas en primera instancia
4. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral de Decisión “A”, en auto
de ponente del 22 de febrero de 2018, inadmitió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, por las siguientes razones:
i) No se aportó el acto administrativo del 9 de febrero de 2017;
ii) Si bien –a folio 16– se observa una copia de la “guía de crédito”, la
misma está ilegible, lo cual imposibilita su comprobación. Se le exigió a la
parte demandante que aportara la constancia de comunicación o
notificación de los actos administrativos demandados;
iii) No se relacionó la resolución de nombramiento o el acta de posesión de
la demandante en el cargo del cual pretende el pago de cesantías,
documento que es indispensable para determinar la jurisdicción y la
competencia territorial, como lo disponen los numerales 3º del artículo 156 y
2º del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, se requirió a
2 Al revisar el acto administrativo en cuestión se advierte que, en realidad, por medio de esta
resolución la Secretaría de Educación del departamento del Atlántico le reconoció y le ordenó
pagar a la demandante los valores retroactivos derivados del procedimiento de homologación de
cargos y la nivelación salarial, en su condición de servidora del personal administrativo de la
entidad, financiado con recursos del Sistema General de Participaciones.
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Demandante: Nuris María Rubio Gómez
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la parte demandante para que allegara “copia auténtica o fotocopia autenticada
de la resolución de nombramiento o el acta de posesión, o en general, cualquier
documento idóneo que certifique (1) el último lugar donde se prestaron los
servicios; y (2) la naturaleza del vínculo laboral de la demandante.”
iv) El señor Javier Torres Velásquez, quien presentó la demanda en
representación de la demandante, no acreditó la condición de abogado.
v) No se allegaron, en debida forma, los anexos para los traslados a la parte
demandada.
5. La providencia anterior se notificó el 26 de febrero de 2018 a la parte
demandante, a la que se le concedieron diez (10) días para subsanar las falencias
advertidas.
6. El 12 de marzo de 2018, la parte demandante del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho dio alcance a los requerimientos, lo cual dio lugar a
un pronunciamiento de fondo, en auto interlocutorio de Sala, dictado el 24 de
mayo de 2018, en el que el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la
demanda, con los siguientes argumentos: i) uno de los actos administrativos no es
pasible de control; ii) el otro acto demandado no niega una solicitud de
reconocimiento y pago de sanción moratoria por la no consignación oportuna de
las cesantías, sino que reconoce un derecho y, en esa medida, no guarda relación
alguna con las pretensiones de la demanda; y iii) operó el fenómeno de la
caducidad del medio de control.
7. Para arribar a la citada parte resolutiva, el Tribunal Administrativo del
Atlántico precisó que se pretende la nulidad de la Resolución No. 00274 del 22 de
enero de 2014 y del Oficio del 9 de febrero de 2017, sin que este último sea un
acto jurídico pasible de control en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.
8. Lo anterior, porque “no es un asunto expedido unilateralmente por la
administración que esté generando efectos jurídicos a su destinatario, vale decir no está
creando, modificando, extinguiendo una situación jurídica, así como tampoco negando la
aspiración de un derecho; ósea el citado oficio tampoco constituye un acto definitivo, en
los términos del artículo 43 de la Ley 1437 de 20113, en cuanto no comporta una decisión
de fondo que haga imposible continuar cualquier actuación acerca del asunto que la parte
demandante trae como tema de sus pretensiones, tanto de nulidad como los de
restablecimiento aspirados.”
3 La norma citada establece que “Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el
fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.”
3
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9. Tal conclusión surgió del examen del contenido del documento que
expresa: “… En atención al asunto de la referencia, me permito anexarle copia de los
oficios 2015EE014228 con fecha de 16 de febrero de 2015 emanado por la Jefe de la
Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional y 2014EE59302 con fecha 06 de
agosto de 2014 emanado por la Directora de Fortalecimiento de Gestión del mismo
Ministerio en donde se dan respuestas a la petición manifestada por Usted.” (Sic para lo
transcrito)
10. El a quo del proceso ordinario concluyó que el oficio demandado se limita a
informarle al apoderado de la parte actora que la misma petición había sido
resuelta en los años 2014 y 2015, por lo que no contiene una decisión y, por ende,
no procede el control en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.
11. A continuación, examinó el otro acto administrativo censurado, que
corresponde a la Resolución No. 00274 del 22 de enero de 2014, “Por medio de la
cual la Secretaría de Educación Departamental ordena el reconocimiento y pago de
valores retroactivos a favor del personal administrativo que se financia con recursos del
Sistema General de Participaciones de conformidad con la aprobación del estudio técnico
y certificación de la deuda por el Ministerio de Educación Nacional dentro del proceso de
homologación de cargos y nivelación salarial…”
12. Al contrastar el contenido de la resolución con la pretensión de pagarle a la
actora la indemnización o sanción moratoria por la consignación extemporánea de
las cesantías desde que se hizo exigible la obligación, el Tribunal consideró que la
demanda es incongruente, porque no se cuestiona un acto administrativo que
resuelva o niegue el derecho que le asistiría a la señora Rubio Gómez de percibir
la referida prestación, sino que se le reconocen unas sumas de dinero, en garantía
del derecho a la igualdad.
13. El a quo del proceso ordinario advirtió que, si en gracia de discusión, de ello
se tratare, el ejercicio del medio de control no sería oportuno, a la luz de lo
dispuesto por el numeral 2º Literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque el acto administrativo
demandado fue notificado personalmente a la actora el 22 de enero de 2014, por
lo que la oportunidad para presentar la demanda fenecía el 27 de mayo de 2014 y
la solicitud de conciliación prejudicial se presentó el 8 de junio de 2017.
14. El auto interlocutorio en cuestión se notificó por estado electrónico el 21 de
mayo de 2018 y, para controvertir la decisión, la parte demandante interpuso
recurso de apelación, argumentando que, tenía la posibilidad de demandar dentro
de los tres (3) años contados a partir de la causación del derecho al pago de las
cesantías, término que corresponde al de prescripción de los derechos
4
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reclamados y que la caducidad operaba cuatro (4) meses después de haber
transcurrido el referido plazo.
15. Al respecto, indicó que “debido a que el oficio censurado se notificó el 16 de
febrero de 2017, dice que tenía hasta el 16 de junio siguiente para presentar la demanda,
y lo hizo de manera oportuna el 8 de junio del mismo año, de ahí que no operó el
fenómeno de la prescripción por que se presentó, por tratarse de una prestación
periódica, el 20 de enero de 2017 antes de vencerse los tres años siguientes, como
tampoco el fenómeno de la caducidad por reclamarse dentro de los cuatro (4) meses
siguientes al vencimiento de los tres (3) años.”4
1.2.2. Auto interlocutorio de segunda instancia
16. El recurso de apelación fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección “B”, mediante auto del 1º de agosto de 2019, que
confirmó la decisión.
17. Lo anterior, por considerar que el Oficio No. 146 del 9 de febrero de 2017
no se refirió al reconocimiento y pago de la sanción moratoria que pretende la
demandante, por el presunto giro inoportuno de las cesantías. Advirtió que se trata
de un oficio informativo, que se limita a indicarle a la accionante que su
requerimiento fue atendido por otros actos previos proferidos en los años 2014 y
2015.
18. Con respecto a la contabilización del término de caducidad del medio de
control, precisó que la demanda debe ser presentada dentro de los cuatro (4)
meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto
administrativo, sin que se prevea que los tres (3) años, previstos para la
prescripción extintiva de los derechos laborales, incida en la manera como se
computa la oportunidad para ejercer la acción.
19. Consideró que, en consecuencia, carece de respaldo la afirmación del
recurrente en cuanto al carácter definitorio del documento, al pretender equipararlo
a la decisión de negar la reliquidación.
20. Aclaró la forma como debe contabilizarse el término de caducidad, con
fundamento en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
indicando que la demanda debe ser radicada dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto, sin que
se consagre que ellos son posteriores al plazo de tres (3) años previsto para la
prescripción extintiva de los derechos laborales.
4 Folio 95 del expediente del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
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21. Señaló, con sustento en jurisprudencia de esa Sección del Consejo de
Estado, que la sanción moratoria reclamada no es una prestación periódica, por
cuanto se trata de una figura diferente del reconocimiento y pago de las cesantías
definitivas pues, mientras la primera es un castigo por la no cancelación oportuna
de dichos emolumentos, el segundo constituye una acreencia laboral periódica.5
22. La providencia fue notificada por estado electrónico del 13 de septiembre de
2019, habiendo cobrado ejecutoria el 18 de septiembre de la misma anualidad,
según constancia obrante en el sistema de gestión SAMAI.
II. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
2.1. Demanda
23. Por medio de escrito enviado al correo de la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico el 30 de septiembre de 2020, el apoderado judicial de
la parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión, lo cual realizó
utilizando un formato en el que se refirió a situaciones procesales y a decisiones
adoptadas en otros procesos en los que el apoderado de la parte recurrente
representa los intereses de personas que están en la misma situación fáctica de la
demandante de este proceso, que no tuvieron ocurrencia en el sub examine.
24. Con fundamento en tales consideraciones, solicitó: “que el superior revise la
decisión de primera y segunda instancia, por carecer de las condiciones necesarias a la
sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) no se ajusta a los hechos antecedentes
que motivaron la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho ni a los
derechos impetrados, por error de hecho y de derecho en el examen y consideración de la
petición de mi poderdante; b) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al
agraviado el pleno goce de sus derechos, como lo establece la ley; c) se funda en
consideraciones inexactas, totalmente erróneas y, … alejadas de la realidad jurídica y
procesal; d) incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto a la
interpretación de las normas legales y constitucionales, que resulta inane a las
pretensiones del actor y también por errónea interpretación de sus principios.”
25. En esta oportunidad pretendió que se ordenara pagar a la demandante la
“diferencia o faltante de 70 horas extras laboradas mensuales dejadas de cancelar, los
recargos por exceso de horas extras diurnas y nocturnas ordinarias y en dominicales y
festivos, los días de descanso compensatorios por haber laborado en esos mismos días
sin el disfrute del descanso de ley, como también esa diferencia o faltante en cesantías
5 Sobre este aspecto, citó la sentencia dictada el 9.05.2019, M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad.
25000-23-42-000-2014-00492-01.
6
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como es ese 12%, en la indexación, en los intereses moratorios y en la sanción moratoria
a que haya lugar.”
26. Finalmente, citó como parte demandante de este proceso al señor Rodolfo
Antonio Sandoval Varela e invocó como causal de revisión la contenida en el
numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, referida a la existencia de
nulidad originada en la sentencia.
2.2. Actuaciones procesales relevantes
2.2.1. Auto que ordenó la remisión al Consejo de Estado por competencia
27. El 7 de octubre de 2020, el Tribunal Administrativo del Atlántico dispuso la
remisión del expediente al Consejo de Estado, por competencia. Sin embargo, el
proceso tan solo fue enviado a esta Corporación mediante Oficio No. 6030-2021
del 18 de febrero de 2021 y asignado por reparto a la magistrada que funge como
ponente el 12 de abril de 2021.6
2.2.2. Auto por medio del cual se inadmitió la demanda
28. El 28 de abril de 2021, por auto de ponente, se inadmitió la demanda, por
no concurrir los requisitos para su admisión, por las siguientes razones:
i) No se identificó la providencia contra la cual se interponía el recurso
extraordinario de revisión, por cuanto se utilizó un formato que hacía
referencia, en forma genérica, a “sentencias” dictadas por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, sin que se señalaran las fechas en las que fueron proferidas y,
específicamente, se identificara la que se censura bajo este radicado.
ii) Se le hizo ver al recurrente que, en la demanda indicó como parte actora
al señor Rodolfo Antonio Sandoval Varela, sin que se señalara el canal
digital o la dirección física en los que el mismo recibiría notificaciones, quien
no tiene la calidad de parte en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho en el que se radicó el presente recurso, que corresponde al
proceso instaurado por la señora Nuris María Rubio Gómez.
iii) Tampoco se indicaron los canales electrónicos de notificación de la parte
demandada, la cual no se identificó en debida forma, así como tampoco se
6 Según constancia obrante en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI
elatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/Casos/list_procesos?guid=110010315000202101547
001100103
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Demandante: Nuris María Rubio Gómez
Demandado: Departamento del Atlántico – Secretaría de Educación
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señaló quien la representa judicialmente y la dirección en la cual se puede
notificar al represente legal.
iv) Se consideró que el recurrente presentó los hechos y omisiones en los
que pretende sustentar las pretensiones en forma absolutamente inconcreta
y difusa, al tiempo que incurrió en contradicciones en relación con el
contenido de los actos administrativos cuya nulidad solicitó, las
pretensiones de la demanda de nulidad y las del recurso extraordinario de
revisión, las cuales, en un primer momento, se refirieron a la indemnización
moratoria por el no pago oportuno de las cesantías y, posteriormente, a las
horas extras y otros emolumentos, de tal manera que no era posible
identificar estas circunstancias en relación con el caso concreto.
v) Si bien se señaló la causal de revisión que la parte actora considera
concurría, que corresponde a la prevista en el numeral 5º del artículo 250
de la Ley 1437 de 2011, el libelo introductorio no cumplía con la carga
establecida en el numeral 4º del artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, en
virtud del cual, el escrito del recurso extraordinario de revisión, debe
contener la explicación razonada de la causal indicada; es decir, le
correspondía al recurrente señalar en forma precisa y argumentada los
supuestos que configuran la causal.
vi) No obraba constancia en el expediente del estricto cumplimiento por
parte del recurrente de la remisión de copia de la demanda y de sus anexos
a la parte demandada que, en el presente caso, es el Departamento del
Atlántico – Secretaría de Educación Departamental, según lo dispuesto por
el artículo 6º del Decreto Legislativo No. 806 de 2020 y en el 35 de la Ley
2080 de 2021 que modificó el numeral 7º y adicionó un numeral al artículo
162 de la Ley 1437 de 2011.
vii) Se advirtió que el actor no contaba con poder especial para interponer el
recurso extraordinario de revisión que es un proceso nuevo, independiente
del de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se dictaron las
providencias cuya infirmación se pretende.
2.2.3. Notificación del auto inadmisorio y escrito de subsanación
29. El auto por el cual se inadmitió la demanda se notificó por estado al
demandante el 30 de abril de 2021, según constancia obrante en el aplicativo
SAMAI. El 7 de mayo de la misma anualidad, esto es, dentro del término de cinco
(5) días concedido en el auto inadmisorio, el recurrente subsanó la demanda.
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30. En la corrección precisó que el recurso extraordinario de revisión se dirige
en contra del auto dictado el 1º de agosto de 2019, por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “B”, notificado el 13 de septiembre del mismo año,
por el cual se resolvió el recurso de apelación que interpuso en contra de la
providencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del
Atlántico.
31. Sobre la indicación del nombre del señor Rodolfo Antonio Sandoval Varela,
aseveró que se trató de un error de transcripción y que la parte actora es Nuris
María Rubio Gómez, de quien indicó las direcciones en las que puede ser
notificada, así como los canales digitales a través de los cuales se deben cumplir
los requisitos de publicidad de las decisiones en relación con el departamento del
Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.
32. Aclaró que la reclamación de la señora Nuris María Rubio Gómez se refiere
a la sanción o indemnización moratoria por la no consignación completa de sus
cesantías el 15 de febrero de cada anualidad, debido al retardo en el pago del
retroactivo salarial y prestacional de la homologación de cargos y nivelación
salarial, la cual debió hacerse en el año 1995, cuando empezó a regir la Ley 4ª de
1992.
33. En torno a la precisión de la causal invocada, afirmó que se configuró en el
caso concreto la establecida en el numeral 1º del artículo 250 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el siguiente
sustento:
“…encontré o recobré después de presentada la demanda, ósea, en el
momento de la subsanación varios documentos importantes; y después de
dictada la sentencia, valga la redundancia, documentos decisivos, como la
respuesta completa que le dio al suscrito, a través de CARLOS PRASCA
MUÑOZ, Secretario de Educación de la época, el MINISTERIO DE
EDUCACIÓN o sea, repito, RESPUESTA que sirvió de sustento al OFICIO
de 9 de febrero de 2.017, expedido por la Secretaría de Educación, con base
en mi Solicitud de “RELIQUIDACIÓN”, en donde se puede leer que la hizo
“JAVIER TORRES VELÁSQUEZ”, en representación de todos mis
poderdantes para que no se me quedara ninguno por fuera, con los cuales
se hubiera podido proferir una decisión diferente, reitero, ya que con esta
respuesta se hubiera podido afianzar más mi tesis de que el suscrito
presentó dicha solicitud de RELIQUIDACIÓN dentro de los tres años y las
pretensiones que se reclamaron, debido a que sólo contaba, antes de la
sentencia, con los primeros folios de dicha RESPUESTA, pero el documento
completo con todos los folios, REPITO, de dicha RESPUESTA los tenía
traspapelados en mi archivo, por ser voluminoso, tal como se lo demuestro
con la fotografía de mi oficina, el cual anexo, valga la redundancia, para
probar, repito, lo voluminoso que es mi archivo, el cual contiene
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aproximadamente mil (1.000) demandas. RESPUESTA que debemos
apreciar en conjunto con las demás pruebas”. (Sic para lo transcrito)
34. Como pruebas recobradas, señaló las siguientes:
1) La solicitud de reliquidación dirigida al Secretario de Educación
Departamental;
2) Constancia fallida de dos solicitudes de conciliación que realizó.
3) La respuesta que le dio el Ministro de Educación, por intermedio del
Secretario de Educación del departamento del Atlántico, documento con el
que pretende acreditar que la demanda la ejerció dentro de los tres (3) años
que corresponden al término de prescripción de los derechos reclamados.
35. También consideró que se incurrió en la causal de nulidad originada en la
sentencia, descrita en el numeral 5º de la norma en cita, porque –en su sentir–
existe un vicio grave e insaneable, que consiste en que no se debía aplicar el
fenómeno de la caducidad, sino el de la prescripción trienal, la cual no se
materializó, insistiendo en que los cuatro (4) meses se debían contabilizar con
posterioridad al vencimiento de los tres (3) años iniciales.
36. Se refirió a la procedencia excepcional del recurso extraordinario de
revisión en contra de autos que ponen fin al proceso, como los que decretan en
forma anticipada la caducidad del medio de control, y sustentó ello en algunos
pronunciamientos del Consejo de Estado que calificó como precedentes de
carácter vinculante en la medida en que permiten materializar la tutela judicial
efectiva.
37. Acreditó que copia de la demanda y de sus anexos fueron remitidos al
departamento del Atlántico – Secretaría de Educación, entidad demandada, e
indicó los canales digitales en los que recibiría notificaciones.
38. Allegó poder especial conferido por la señora Nuris María Rubio Gómez
para interponer recurso extraordinario de revisión, el cual cumple con los
requisitos legales.
2.2.4. Auto admisorio de la demanda
39. Corregidas las irregularidades advertidas en el auto inadmisorio, en
garantía del derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, el 9 de julio
de 2021 se admitió la demanda.
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40. En esa oportunidad se analizó la procedencia excepcional de este
mecanismo especial de impugnación con respecto a autos interlocutorios que
ponen fin al proceso, señalando que la providencia que rechazó la demanda, entre
otras razones, por haber operado la caducidad del medio de control, es pasible de
ser recurrido a través de este mecanismo extraordinario.
41. Se aclaró que, en garantía de la tutela judicial efectiva, el Consejo de
Estado ha admitido la procedencia del recurso, por cuanto se ha conferido la
posibilidad de declarar la caducidad desde el inicio del proceso o en la sentencia
que le ponga fin, no existiendo motivo alguno para que la segunda decisión sea
revisable y la que se dicta ab initio, con menores elementos de convicción no lo
sea, cuando materialmente contienen la misma resolutiva que le pone fin al
proceso y hace tránsito a cosa juzgada en sentidos formal y material y, por ende,
impide volver a plantear el mismo litigio.
42. La decisión se sustentó en las consideraciones expuestas por esta
Corporación, entre otros, en auto dictado el 1º de octubre de 20197, en el que se
indicó que “la posibilidad de analizar las decisiones contenidas en autos interlocutorios
por la vía del recurso extraordinario de revisión también ha sido convalidada por la
jurisprudencia de esta Corporación8, al considerar que resultan pasibles de ser
examinados autos que hubieran puesto fin al proceso, como el que rechaza la demanda,
en cuanto se encuentran revestidos del atributo de la cosa juzgada.”
43. El antecedente que se cita en la providencia cuya ratio se señaló en
precedencia fue dictado por la Sección Quinta del Consejo de Estado, oportunidad
en la que se argumentó:
“Sobre esta postura, pone de relevancia la Sala que tanto la doctrina9 como
esta Corporación10 han aceptado de manera excepcional que algunos autos
7 Consejo de Estado, Sala Veinticinco Especial de Decisión, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico,
Rad. 11001-03-15-000-2018-01979-00(REV)
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, 25.05., Rad. 11001-
03-28-000-2017-00013-00, M.P. Rocío Araujo Oñate
9 Se incluye cita original del texto transcrito “López Blanco Hernán Fabio. Procedimiento Civil Parte
General. Tomo I, pág 648. Editorial Dupré.”
10 Como cita original del texto transcrito se trae la siguiente: “Se pueden consultar entre otras las
siguientes decisiones: i) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 16.01.2003, Radicación
No. 25000-23-25-000-2002-2327-01(AG-071). M.P Reinaldo Chavarro Buriticá. Actor: Blanca Flor
González Rivera y Otros., ii) CONSEJO DE ESTADO, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION B.
Sentencia del 25.06.2015 Radicación número: 68001-23-33-000-2014-00319-01(4194-14). M.P.
GERARDO ARENAS MONSALVE. En la primera de las decisiones se señaló “por vía doctrinal se
ha aceptado que, excepcionalmente, algunos autos interlocutorios por tener fuerza de sentencia en
la medida en que ponen fin al proceso hacen tránsito a cosa juzgada como los que decretan la
finalización del proceso por pago de la obligación, se admite el desistimiento o la transacción
siempre que no estén sometidos a condición alguna y el que aprueba la conciliación en los
procesos de separación de cuerpos, bienes o divorcio. No sucede lo mismo con el auto por medio
11
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interlocutorios hacen tránsito a cosa juzgada, cuando tienen fuerza de
sentencia, en la medida en que ponen fin al proceso.
La Corte Constitucional sobre el particular señaló:
“(…) Hay autos interlocutorios que tienen fuerza de sentencia
cuando terminan el proceso, como el que admite el
desistimiento o la transacción, o el que decreta la
perención o le pone fin al proceso ejecutivo por pago, o el
que declara la nulidad de todo lo actuado; proferirlos es
como dictar sentencia, y por ello su ilegalidad posterior es
impensable a la luz de las normas procesales civiles, de cara al
orden y a la marcha segura de un proceso. Además de lo
anterior, se recuerda que un auto ejecutoriado no puede ser
revocado por el juez, ya que la ley procesal no establece la
revocación ni de oficio ni a petición de parte después de que se
produzca la ejecutoria. Tampoco puede declararse la nulidad de
un acto después de ejecutoriado, ya que la parte lo consintió si
no interpuso recurso o éste se resolvió, quedando ejecutoriado
el proveído, y a menos que se dé una causal de nulidad que no
haya sido saneada.”11 (Negrillas incluidas en el texto original)
De esta equivalencia surge la posibilidad de procedencia del recurso
extraordinario de revisión contra autos que ponen fin a un proceso.”
(Negrillas incluidas en el texto transcrito)
44. Como consecuencia de ello, se admitió la demanda, por estimar que el auto
interlocutorio contra el cual se dirige puso fin al proceso, hizo tránsito a cosa
juzgada, declaró probada la excepción de caducidad y consideró que alguno de
los actos no era pasible de control, luego no es posible impedir el trámite de este
recurso, sin vulnerar, adicionalmente, los derechos a la igualdad y a la seguridad
jurídica, pilares del Estado Social de Derecho.
45. El auto admisorio de la demanda se notificó por estado al demandante y en
forma personal a la entidad pública demandada el 13 de julio de 2021.
2.2.5. Contestación de la demanda
46. El departamento del Atlántico, por intermedio de apoderado judicial,
contestó la demanda oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones, por
considerar que los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y por el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección “B” al
del cual se rechaza la demanda, entre otras razones, porque, no se trata un auto de los que pone
fin al proceso pues éste sólo surge luego de que se traba la litis y, además, porque rechazar una
demanda porque otra considerada igual fue rechazada implica el desconocimiento del derecho de
acción.”
11 Sentencia T-519-05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra
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rechazar la demanda, corresponden a una correcta aplicación de las normas
jurídicas.
47. Aclaró que, la Resolución No. 00274 del 22 de enero de 2014 ordenó el
reconocimiento de derechos laborales y al pago de valores retroactivos
correspondientes al personal administrativo que se financia con los recursos del
Sistema General de Participaciones, dictado en el procedimiento administrativo de
homologación de cargos y nivelación salarial, de tal manera que toca el tema de la
sanción moratoria.
48. Por su parte, el Oficio del 9 de febrero de 2017 no contiene un acto
administrativo, en la medida en que únicamente suministra una información.
49. Precisó que, la homologación y nivelación salarial para el personal
administrativo de la Secretaría de Educación del Atlántico se dio como resultado
de la descentralización del servicio educativo que fue ordenada por las Leyes 60
de 1993 y 715 de 2001, a partir de los parámetros fijados por el Ministerio de
Educación Nacional a través de la directiva ministerial 10 de 30 de junio de 2005 y
la Resolución 2171 de 17 de mayo de 2006.
50. Ello causó diferencias dinerarias en favor del personal administrativo desde
la fecha en que cada persona fue incorporada a la planta de cargos del
departamento hasta (i) el día anterior a la de actualización en nómina del empleo
homologado y nivelado, o (ii) el 31 de diciembre de 2002, para los funcionarios
administrativos que fueron entregados a los municipios certificados en virtud de la
Ley 715 de 2001, sin perjuicio de la prescripción trienal; y (iii) desde el 1° de enero
de 2003 hasta el día anterior a la fecha de actualización en nómina del cargo, si se
trata de un servidor incorporado desde un municipio no certificado. En
consecuencia, lo reconocido no genera valores adicionales.
2.2.6. Concepto del Ministerio Público
51. El Procurador Tercero Delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto,
remitido el 30 de julio de la 2021, en el cual consideró que no concurren en el sub
examine los presupuestos normativos de las causales invocadas por la recurrente.
52. En cuanto a la causal contenida en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley
1437 de 2011, indicó que, para su prosperidad, el interesado debe acreditar que
encontró o recuperó, después de pronunciada la sentencia censurada, una prueba
documental, la cual debe tener tal poder de convicción que, de haberse arrimado
al proceso de origen, la decisión habría sido distinta a la que es objeto del recurso
de revisión y la recurrente no acreditó tal situación.
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53. En cuanto a la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, indicó que no se
observa que la providencia censurada se hubiere expedido incursa en alguna
causal de nulidad, sino que, por el contrario, se ajusta plenamente a la realidad
fáctica y jurídica.
54. Construyó el marco normativo y jurisprudencial de las dos causales
invocadas por la parte recurrente, para concluir que no se advierte que se hubiera
encontrado o recobrado un documento, después de dictado el auto censurado y
menos que no lo hubiese podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria, porque los documentos siempre estuvieron
en los archivos del profesional que representa los intereses de la parte actora y
tampoco inciden en el sentido de la decisión.
55. Con respecto a la nulidad, consideró que no se incurrió en causal alguna
que invalide la decisión, y que la hipótesis que plantea la parte actora en relación
con la forma como debe contabilizarse el término de caducidad no tiene
fundamento legal alguno.
56. Agregó que, además, “el planteamiento no tiene lógica jurídica, pues si la ley
establece una sanción por no ejercer el derecho a incoar un medio de control no tiene
sentido aplazar tal beneficio temporal hasta cuando haya prescrito un derecho, pues si
fuera así desaparecería la caducidad de las acciones del ordenamiento jurídico, pero allí
están consagradas justamente para no mantener la indefinición de los derechos hasta la
culminación de aprovecharlos.”
57. Con sustento en los argumentos expuestos, el representante del Ministerio
Público solicitó que se declarara infundado el recurso.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA ESPECIAL
3.1. Normatividad aplicable
58. El Título VI Capítulo I de la Ley 1437 de 2011, regula el recurso
extraordinario de revisión. En él se indican los términos, causales y requisitos que
deben cumplirse para su admisión y procedencia, artículos 248 a 25512,
modificados parcialmente por la Ley 2080 de 2021.
3.2. Cuestiones previas
3.2.1. Impedimento manifestado por la Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez
12 Las normas citadas fueron modificadas por los artículos 68 al 70 de la Ley 2080 de 2021.
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59. La Magistrada Sandra Lisset Ibarra Vélez manifestó su impedimento para
conocer del presente recurso extraordinario para lo cual invocó las causales
consagradas en los numerales 1º y 2º del artículo 141 del Código General del
Proceso, por cuanto, como integrante de la Subsección “B” de la Sección Segunda
del Consejo de Estado participó en la discusión y aprobación de la providencia
censurada.
60. Agregó que igualmente le asiste un interés en el resultado del proceso, por
cuanto la parte recurrente cuestiona la legalidad y la validez de la providencia en
cuyo proferimiento intervino, habiendo en esa oportunidad fijado su posición sobre
el tema objeto del debate.
61. El impedimento manifestado por la magistrada con fundamento en el
numeral 1º del artículo 141 del Código General del Proceso se declaró fundado y
el expuesto con fundamento en el numeral 2º ejusdem, se declaró infundado,
mediante providencia del 26 de enero de 2022, resolutiva con fundamento en la
cual se declaró separada del conocimiento del asunto.
3.2.2. Integración de la Sala para dirimir el empate
62. El proyecto se sentencia con el que se pretendía resolver el caso fue
presentado a consideración de la Sala 27 Especial de Decisión que sesionó el 17
de febrero de la presente anualidad, habiéndose presentado un empate entre los
cuatro magistrados que integran la Sala previa aceptación del impedimento
manifestado por la Magistrada Sandra Lisset Ibarra.
63. En consecuencia, en auto dictado el 1º de marzo de 2022 se ordenó el
sorteo de un conjuez, para dirimir el empate que se presentó, diligencia que se
llevó a cabo el 11 de marzo siguiente, resultando elegido el Conjuez Gustavo
Quintero Navas, a quien en la misma fecha se le comunicó la designación, según
Oficio JSGA 539.
3.3. Presupuestos procesales de la acción
3.3.1. Competencia
64. La Sala Veintisiete (27) Especial de Decisión de esta Corporación es
competente para conocer el presente recurso extraordinario de revisión
interpuesto por Nuris María Rubio Gómez, con el cual pretende que se infirme el
auto interlocutorio dictado el 1º de agosto de 2019 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda – Subsección “B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento
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del derecho de carácter laboral instaurado por la recurrente en contra del
departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.
65. Lo anterior, con fundamento en lo establecido por el artículo 249 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del
cual las sentencias dictadas por las Secciones o Subsecciones del Consejo de
Estado serán conocidas por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sin
exclusión de la sección que profirió la decisión13.
66. Por su parte, el artículo 107 ejusdem creó las Salas Especiales de Decisión
para resolver los procesos sometidos al conocimiento de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que la ley expresamente les
encomiende, disposición con fundamento en la cual se expidió el Acuerdo 321 de
2014 que, en su artículo 2º, señaló los asuntos de su competencia, asignándoles,
entre otros, los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las
sentencias de las Secciones y Subsecciones del Consejo de Estado, competencia
que quedó expresamente regulada en el artículo 29 del Acuerdo 080 de 2019,
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, actualmente vigente.
3.3.2. Oportunidad
67. En el sub examine se encuentra acreditado que la demanda se dirige contra
el auto interlocutorio dictado el 1º de agosto de 2019, notificado por estado del 13
de septiembre de 2019, el cual cobró ejecutoria el 18 del mismo mes y año y fue
radicada el 30 de septiembre de 2020.
68. En consecuencia, cumplió con el plazo establecido en el inciso 1º del
artículo 251 de la Ley 1437 de 201114, si se tiene en cuenta que los términos de
caducidad de las acciones se suspendieron entre el 16 de marzo y el 30 de junio
de 2020, en virtud de lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Legislativo No. 564
de 202015, en concordancia con los Acuerdos dictados por el Consejo Superior de
la Judicatura.16
13 Corte Constitucional, Sentencia C-450 del 16.06.2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. En
esta sentencia se consideró que “la expresión demandada simplemente implica que no se puede
excluir de plano a todos los Magistrados de la Sección o Subsección, pero en ningún momento
permite concluir que no deba decidirse en cada caso concreto si se presenta una causal de
impedimento, por lo cual es claro que no se afectan los principios de imparcialidad e independencia
judicial.” Conforme al planteamiento anterior, no vulnera el principio de imparcialidad el
conocimiento de un recurso extraordinario de revisión por parte de uno de los magistrados que
aprobó la sentencia recurrida, toda vez que, no es jurídicamente admisible excluir a todos los
consejeros que participaron de la decisión impugnada.
14 El precepto en cita consagra el término de un año siguiente a la ejecutoria de la respectiva
sentencia.
15 "Artículo 1. Suspensión términos de prescripción y caducidad. Los términos de prescripción y de
caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para derechos, acciones, medios
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69. Por ello, descontado el término de suspensión, la demanda se radicó dentro
del año siguiente al de la ejecutoria de la decisión.
3.3.3. Legitimación en la causa
70. En relación con el presupuesto referido a la legitimación en la causa, se
advierte que Nuris María Rubio Gómez está habilitada por activa y el
departamento del Atlántico, por pasiva, respectivamente, porque tuvieron la
calidad de partes en el juicio en el que se dictó el auto interlocutorio que puso fin al
proceso objeto de la petición de revisión del vocativo de la referencia.
3.4. Problema jurídico
71. Corresponde a la Sala determinar si procede infirmar el auto interlocutorio
dictado el 1º de agosto de 2019, por el Consejo de Estado, Sección Segunda –
Subsección “B”, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de
carácter laboral instaurado por Nuris María Rubio Gómez en contra del
departamento del Atlántico – Secretaría de Educación Departamental.
72. En consecuencia, con fundamento en la situación fáctica señalada por la
parte actora, el material probatorio recaudado y los argumentos expuestos en el
libelo introductorio y en el escrito por el cual se subsanó la demanda, el problema
jurídico que subyace al caso concreto consiste en establecer si se configuran en el
sub examine las causales 1ª y 5ª de revisión, referidas a existir prueba recobrada
y nulidad originada en la providencia que puso fin al proceso y contra la cual no
procede recurso alguno.
73. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala abordará los siguientes
ejes temáticos: (i) generalidades del recurso extraordinario de revisión; (ii) causal
control o presentar demandas ante la Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de meses o
años, se encuentran suspendidos desde el 16 marzo 2020 hasta el día que Consejo Superior de la
Judicatura disponga la reanudación los términos judiciales. El conteo los términos prescripción y
caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión
términos judiciales ordenada por Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al
decretarse la suspensión de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir
prescripción o hacer inoperante la caducidad era inferior a treinta (30) días, interesado tendrá un
mes contado a partir del día siguiente al levantamiento de la suspensión, para realizar
oportunamente la actuación correspondiente."
16 Por medio de los Acuerdos PCSJA-11517, PCSJA20-11518, PCSJA-11519, PCSJA-11521,
PCSJA20-11526, PCSJA-11527, PCSJA-11528, PCSJA-11529, PCSJA-11532, PCSJA-11546,
PCSJA-11549, PCSJA-11556 y PCSJA-11567 el Conseo Superior de la Judicatura suspendió los
términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza
mayor con ocasión de la pandemia de la COVID-19 y los reanudó mediante Acuerdo PCSJA-11581
del 27 de mayo de 2020, a partir del 1º de julio de 2020.
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primera de revisión; (iii) causal de nulidad originada en la sentencia; (iv) principio
de congruencia y violación de este como causal de invalidez de la providencia; y
(v) análisis del caso concreto, con fundamento en los argumentos expuestos en el
recurso, con plenas garantías del derecho al debido proceso de las partes,
consagrado en el artículo 29 Constitucional.
3.5. Generalidades del recurso extraordinario de revisión
74. Este recurso, regulado en los artículos 248 y siguientes del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es un medio de
impugnación excepcional que permite revisar determinadas sentencias de la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo amparadas por la intangibilidad de la
cosa juzgada e infirmarlas, ante la demostración inequívoca de ser decisiones
injustas, por incurrir en alguna de las causales que taxativamente consagra la
ley17.
75. Las providencias susceptibles del recurso son “(i) las dictadas por las
Secciones y Subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado; (ii) las dictadas en única, primera o segunda instancia por los Tribunales
Administrativos y (iii) las dictadas en primera o segunda instancia por los Jueces
Administrativos, cuya naturaleza permita la interposición de tal recurso.”18
76. Para la interposición del recurso deben atenderse los requisitos de las
demandas ordinarias indicados en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011,
especialmente, el recurrente debe señalar, justificar y acreditar en grado de
plenitud probatoria el supuesto de hecho de la causal o causales consagradas en
el artículo 250 ejusdem en que se funda el recurso.
77. Constituye un requisito de especial trascendencia que la parte actora
aporte las pruebas necesarias, pertinentes e idóneas, encaminadas a acreditar la
causal de nulidad que alega.
78. En este orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los
argumentos en que se fundamenta, la causal invocada y las alegaciones
expuestas por el recurrente, de forma tal que no le es dable a éste realizar
elucubraciones dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor
17 El marco teórico y conceptual del recurso extraordinario de revisión con las características
esenciales que se indican, ha sido construido por esta Corporación, entre otras, en las siguientes
sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 2.03.
2010, Rad. REV-2001-00091, 6.04.2010, Rad. REV-2003-00678, 20.10.2009, Rad. REV-2003-
00133, 12.07.2005, Rad. REV-1997-00143-02, 14.03.1995, Rad. REV-078, 16.02.1995, Rad. REV-
070, 20.04.1993, Rad. REV-045 y 11.02.1993, Rad. REV-037; Sección Tercera, sentencia del
22.04.2009, Rad. 35995 y Sección Quinta, sentencia de 15.07.2010, Rad. 2007- 00267.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-520 del 4.08.2009, M.P. María Victoria Calle Correa
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que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender
subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del
derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de
defensa, como si se tratara de una nueva instancia.
79. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a
cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la
sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las
causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor de la Sala no puede
exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de
revisión, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito
interpretativo19.
80. Tampoco es posible que se cuestione la valoración probatoria efectuada por
el juez ordinario, pues no se trata de corregir “los errores de apreciación de los
hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador,
pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la
sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados con fuerza de cosa
juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la sentencia, que vician su
validez.”20
81. En virtud de lo expuesto, se advierte que este recurso tiene como finalidad
principal la revisión de las decisiones adoptadas injustamente, es decir, por
medios ilícitos o irregulares, pero no para tratar de enmendar los errores judiciales
como los casos de inadecuada valoración de las pruebas (error de hecho), falta de
aplicación de la norma correspondiente, o indebida aplicación de esta (error de
derecho)21.
19 Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en
varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación,
en sentencia de 27.01.2004. Rad. (REV) 2003-0631, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta,
precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la
continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse
únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un
estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de
octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso
extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del
juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los
argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello
equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia,
discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)".
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala 27 Especial de Decisión,
Sentencia del 3.03.2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro (E)
21 De cualquier forma será forzoso analizar con cuidado los argumentos esgrimidos por la parte
actora, con el fin de detectar si lo que se cuestiona es, realmente, una actuación contraria a la ley o
carente de justificación o, si el propósito del demandante es que se revise la decisión, como si el
proceso en sede de lo contencioso administrativo pudiera constituirse en una nueva instancia.
19
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3.6. Causal primera de revisión – prueba recobrada
3.6.1. Marco normativo y jurisprudencial
82. Este supuesto corresponde a la causal consagrada en el numeral 1º de
artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 que contempla el supuesto de “Haberse
encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los
cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo
aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.”
83. Los elementos configurativos de la causal en estudio han sido analizados
por el Consejo de Estado, a efectos de delimitar su alcance, en el sentido de
establecer que se refiere exclusivamente a prueba documental prexistente a la
decisión objeto de revisión que no pudo ser incorporada al proceso por las
razones señaladas en el precepto.
84. En consecuencia, no resulta viable edificar la causal con documentos que,
aún siendo anteriores a la providencia que se cuestiona, pudieron haber sido
aportados o solicitados en las oportunidades procesales previstas en el
ordenamiento, en la medida en que -se reitera- el recurso no puede convertirse en
el medio para subsanar yerros o falencias de las partes respecto de la carga
probatoria.22
85. Adicionalmente, tales documentos deben incidir en el sentido de la decisión,
es decir, tener trascendencia para el proceso. Corresponde igualmente a la parte
que alega la configuración es esta causal acreditar las circunstancias de fuerza
mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria que le impidieron allegar
oportunamente la prueba documental.
86. En línea con lo expuesto, la jurisprudencia ha estructurado unos requisitos
para la procedencia de la causal, los cuales consisten en que: (i) se encuentren o
recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) las pruebas
encontradas o recobradas preexistan a la providencia; (iii) que las mismas no se
hubieren podido aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte
contraria, y (iv) que sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso
hubieran cambiado la decisión23.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del
14.08.2008, Rad. 16.594
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión,
Sentencia del 4.04.2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 11001-03-15-000-2014-00447-
00(REV)
23 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2.04.2013, Rad.
11001-03-15-000-1997- 00142-00(REV), M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Igualmente, ver:
20
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87. La Sala destaca que los requisitos de procedencia de la causal primera de
revisión deben ser concurrentes. En consecuencia, la ausencia de uno cualquiera
de ellos impide su configuración.
3.6.2. Examen de la causal en el sub examine
88. La parte recurrente sustentó esta causal en que, al momento de subsanar la
demanda, esto es, después de radicado el recurso extraordinario, “encontró o
recobró” en los archivos de su oficina profesional tres documentos a saber: (i) la
solicitud de reliquidación de las prestaciones económicas reclamadas, dirigida al
Secretario de Educación Departamental; (ii) las constancias fallidas de dos
solicitudes de conciliación que realizó y (iii) la respuesta que le dio el Ministro de
Educación, por intermedio del Secretario de Educación del departamento del
Atlántico.
89. Con ellos el recurrente pretende acreditar que la demanda la ejerció dentro
de los tres (3) años siguientes a la respuesta de la Administración, que
corresponde al término de prescripción de los derechos reclamados.
90. Para justificar la omisión de aportar en forma oportuna la prueba
documental al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la accionante
manifestó que el archivo de su oficina es muy voluminoso, lo que dificulta acceder
al contenido de las carpetas, para lo cual allegó una fotografía.
91. Al respecto, la Sala acoge el concepto rendido por el representante del
Ministerio Público, quien afirmó que “no se encuentra que aquella hubiere encontrado
o recobrado algún documento, después de dictado el auto censurado, y menos que no
hubiese podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito, o por obra de la
contraparte.”
92. En efecto, los documentos a los que hace referencia la parte actora no se
encuadran en las categorías de encontrados o recobrados, exigida por el precepto
objeto de aplicación, por cuanto estaban archivados en la oficina del mismo
profesional del derecho que representa los intereses de la parte actora, el cual con
un poco de cuidado y diligencia hubiera podido allegarlos al proceso.
93. Tampoco es dable considerar que el volumen de los archivos físicos que
reposan en la oficina del abogado constituya una circunstancia de fuerza mayo o
caso fortuito que corresponde a “aquel imprevisto al que no es posible resistir”24, es
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7.03.2012, expediente 32086,
M.P. Mauricio Fajardo Gómez y
24 Al tenor de lo dispuesto por el artítulo 64 del Código Civil.
21
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decir una circunstancia que involucra los conceptos de irresistibilidad y “ajenidad”25,
“hipótesis en la que no encaja el simple olvido, incuria o abandono de la parte”26, tal
como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación.
94. Por otra parte, no es posible predicar que la prueba documental que se
indica en esta oportunidad sea trascendente para cambiar el sentido de la decisión
que se edificó sobre el incumplimiento del requisito de oportunidad en el ejercicio
de la acción, por haberse configurado la caducidad del medio de control en
relación con uno de actos demandados y por no ser pasible de control el otro.
95. Lo anterior, por cuanto el actor pretende acreditar en esta oportunidad que
ejerció la acción en el término de prescripción de los derechos laborales,
argumento que carece de capacidad de desvirtuar la ratio de la decisión, por
tratarse de una figura jurídica diferente que no es aplicable a la solución del caso,
como igualmente se analizará al estudiar de fondo el cargo de nulidad originada
en la sentencia.
96. En consecuencia, resulta evidente que no se encuentran acreditados los
presupuestos normativos que configuran la causal de prueba recobrada, por lo
que el cargo no está llamado a prosperar.
3.7. Causal 5ª de revisión – nulidad originada en la sentencia
3.7.1. Marco normativo y jurisprudencial
97. La causal 5a del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo, consagra el supuesto de “5. Existir nulidad
originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de
apelación”27.
98. La causal en estudio ha sido objeto de diversos pronunciamientos que
buscan circunscribir su alcance, para evitar que ella se emplee con la única
finalidad de que el juez de la revisión se convierta en uno de instancia.
99. Por ello, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha delimitado las
circunstancias que pueden configurar la causal de revisión en estudio, para lo cual
25
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera - Subsección A, M.P.
Martha Nubia Velásquez Rico. 21.07.2020. Rad. 62645
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”
Sentencia del 18.02.2010, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, Rad. 25000-23-25-000-2000-
04720-01(1145-07)
27 En cuanto al alcance de esta causal, Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 26,
Sentencia del 7.04.2015, Rad 110010315000201300358-00
22
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analizó cada uno de los supuestos consagrados en el artículo 140 del Código de
Procedimiento Civil -hoy 133 del Código General del Proceso-, e incluyó aquellas
que no obstante no estar consagradas en esa normatividad igualmente permiten
interponer el medio de impugnación por constituir violaciones al contenido
constitucionalmente vinculante del debido proceso de conformidad con lo
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política.
100. En efecto, sobre la nulidad originada en la sentencia como causal de
revisión, esta Corporación, en sentencia del 5 de abril de 201628, explicó:
“9. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la
sentencia29:
…
9.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando
se condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al
pretendido en la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir
sentencia condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
9.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
…
10. En relación con la nulidad originada en la sentencia por ausencia de
motivación, la jurisprudencia de esta Corporación ha diferenciado la falta
absoluta de motivación de la deficiente o errada, y ha señalado que
únicamente la carencia total de pronunciamiento del juez sobre las razones de
hecho o de derecho que le permiten arribar a una decisión, es motivo de
revisión bajo la causal sexta. De manera que es improcedente, con
fundamento en dicha causal, alegar situaciones relacionadas con deficiencias
en la motivación derivadas, por ejemplo, de la estimación errada de las
pruebas o de los hechos por parte del juez; de la indebida interpretación de las
normas jurídicas aplicadas; o del desconocimiento del precedente judicial
(…).”30
101. Igualmente, se ha aceptado que pueden existir otros motivos no
contemplados en los códigos procesales como causales de nulidad, pero que
28 Consejo de Estado, Sala Catorce Especial de Decisión, M.P. Danilo Rojas Betancourth, Rad.
Radicación: 110010315000 2008 00320 00
29 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 11.05.1998, rad.
REV-093; de 18.10,2005 rad. 2000-00239, de 20.10.2009, rad.REV-2003-00133; y de 7.04.2015,
M.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia de 11.06.2009, rad.
836-06; y Sección Primera, sentencia del 14.12.2009, rad. 2006-00123 y Sentencia del 4.04.2019,
M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Rad. 11001-03-15-000-2014-00447-00(REV)
30 Si bien la sentencia citada hace referencia a las causales contempladas en el Decreto 01 de
1984, tiene plena vigencia en relación con la invocada por el recurrente que se encuentra
contemplada actualmente en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, que consagra
como supuesto de hecho la nulidad originada en la sentencia.
23
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surgen de la vulneración directa del artículo 29 Constitucional, evento en el cual
corresponderá al juez determinar si el hecho que se dice contrario a este derecho,
puede configurar la causal de revisión en comento, circunstancia que se deriva de
la exigencia de actuar como juez de constitucionalidad y de convencionalidad en
garantía de los derechos fundamentales de quienes intervienen en un proceso
judicial.31
102. Así lo entendió la Sala Especial de Decisión Veintiséis (26) de esta
Corporación, al indicar que “… las causales de nulidad de la sentencia son las previstas
en el estatuto procesal civil, en las condiciones que establece el art. 142 del mismo y las
que se originen en la sentencia por violación del debido proceso constitucional,
contemplado en el artículo 29”32.
103. Es importante aclarar que en estos casos, el juez no está creando una
causal diferente a las legalmente reconocidas, en la medida en que la nulidad
originada en el fallo se deriva del desconocimiento de un mandato constitucional,
en donde el operador judicial es el encargado de determinar si lo que se alega
tiene la entidad suficiente para invalidar el fallo de instancia, pues no toda
irregularidad tiene la capacidad de afectar la inmutabilidad de la providencia que
ha puesto fin al proceso, sino únicamente aquellas que tengan un carácter
sustancial ,en la medida en que incidan en el sentido de la decisión, por afectar el
núcleo esencial o contenido constitucionalmente vinculante del derecho al debido
proceso.
104. Cabe destacar que el legislador, en el artículo 255 de la Ley 1437 de 2011,
previó que en aquellos eventos en que se llegare a encontrar acreditada esta
causal se debe declarar la nulidad de la sentencia o de la actuación afectada con
la causal que dio lugar a la revisión, y se devolverá el proceso a la autoridad
judicial de origen para que rehaga lo actuado o dicte sentencia de nuevo, según
corresponda.
105. Bajo el anterior marco normativo y conceptual se analizarán los
argumentos del recurso en el presente asunto, reiterando que se tendrá en cuenta
el carácter sustancial de la irregularidad alegada, esto es, aquél que resulte
determinante para el sentido de la decisión.
31 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
Sentencia del 8.05.2018, M.P. Alberto Yepes Barreiro Rad. Rad. 1998-153-01 (REV), unificó el
criterio sobre el alcance de la causal, precisando que puede configurarse por evidenciarse una
violación del artículo 29 Constitucional –debido proceso
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial No. 26., M.P. Olga
Melida Valle de De la Hoz. Rad: 11001-03-15-000-2011-01639-00. En la citada Sala, se aprobaron
otras dos decisiones en igual sentido.
24
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3.7.2 Análisis del caso concreto con fundamento en la causal 5ª de revisión y
los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta
3.7.2.1. Argumentos de la parte recurrente
106. La parte recurrente consideró que en el auto interlocutorio que puso fin al
proceso se incurrió en nulidad por “carecer de las condiciones necesarias a la
sentencia congruente, teniendo en cuenta que: a) no se ajusta a los hechos antecedentes
que motivaron la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho ni a los
derechos impetrados, por error de hecho y de derecho en el examen y consideración de la
petición de mi poderdante; b) se niega a cumplir el mandato legal de garantizar al
agraviado el pleno goce de sus derechos, como lo establece la ley; c) se funda en
consideraciones inexactas, totalmente erróneas y, … alejadas de la realidad jurídica y
procesal; d) incurre el fallador en error esencial de derecho, especialmente respecto a la
interpretación de las normas legales y constitucionales, que resulta inane a las
pretensiones del actor y también por errónea interpretación de sus principios.”
107. Sin embargo, para sustentar las aseveraciones anteriores, planteadas en
forma genérica sin relación alguna con el caso concreto, manifestó que no se
debía aplicar el fenómeno de la caducidad, sino el de la prescripción trienal, la cual
no se materializó, insistiendo en que los cuatro (4) meses se debían contabilizar
con posterioridad al vencimiento de los tres (3) años iniciales previstos como
término para reclamar derechos de carácter laboral.
108. Esta argumentación implica estudiar el principio de congruencia para,
finalmente, establecer si el mismo se vulneró, al haber rechazado la demanda,
entre otras razones, por considerar que operó el fenómeno de la caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido por la parte
recurrente en contra del departamento del Atlántico.
3.7.2.2. Principio de congruencia
109. La congruencia procesal se ha definido como, “el principio normativo que
delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse, de acuerdo con
el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes (en lo civil, laboral, y
contencioso- administrativo) o de los cargos o imputaciones penales formulados contra el
sindicado o imputado, sea de oficio o por instancia del ministerio público o del
denunciante o querellante (en el proceso penal), para el efecto de que exista identidad
jurídica entre lo resuelto y las pretensiones o imputaciones y excepciones o defensas
oportunamente aducidas, a menos que la ley otorgue facultades especiales para
separarse de ellas”.23
25
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110. En virtud de este principio, el alcance y contenido de una providencia está
delimitado por las pretensiones de la demanda y por los argumentos expuestos en
las instancias del proceso, existiendo una correspondencia entre ésta y los hechos
que se esgrimen en la demanda.
111. Se encuentra regulado en el artículo 281 del Código General del Proceso,
norma aplicable por remisión a los procesos que se adelantan en la jurisdicción de
lo contencioso administrativo, según lo dispuesto por el artículo 306 de la Ley
1437 de 2011.33
112. En torno a esta disposición, el Consejo de Estado ha señalado que la
congruencia debe ser interna y externa. La primera obedece a la correspondencia
que debe existir entre la parte motiva y resolutiva de la sentencia; y la segunda,
esto es la externa, que la decisión contenida en la parte resolutiva se encuentre en
concordancia con lo pedido en la demanda y en su contestación.
113. En relación con este aspecto la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, expresó:
“El petitum, entonces deberá expresar claramente la modificación o reforma
que se pretende de los actos acusados, y a él atañe la observancia por parte
del juzgador del principio de la congruencia de las sentencias, que debe ser
tanto interna como externa. La externa, se traduce en la concordancia debida
entre el pedido de las partes en la demanda y su corrección, junto con las
excepciones, con lo decidido en la sentencia y encuentra su fundamento en los
artículos 55 de la Ley 270 de 1996 y 170 del C.C.A. en concordancia con el
305 del C.P.C., que señala que el juez en la sentencia debe analizar ‘los
hechos en que se funda la controversia, las pruebas, las normas jurídicas
pertinentes, con el objeto de resolver todas las peticiones.”34
114. Conforme a lo expuesto, este principio tiene como finalidad que la
providencia esté en concordancia y armonía entre lo pretendido, lo pedido por las
partes y lo decidido por el juez35, en ausencia de lo cual el fallo no es válido,
porque el fallador excede su competencia, la que -se reitera- está determinada por
los cargos y pretensiones de la demanda, lo cual ratifica que constituye un
elemento de validez de esta.
33 Las citadas normas procesales establecen que “La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
Código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieran sido alegadas si así
lo exige la ley. (…)”
34 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 16.08.2002,
M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Rad. 12668. Ver igualmente, Consejo de Estado, Sección
Segunda – Subsección B, M.P. Cesar Palomino Cortés, Rad. Rad. 11001-03-25-000-2013-00838-
00.
35 Corte Constitucional, Sentencia T-961 de 2000, reiterada en la T-079 de 2018. M.P. Carlos
Bernal Pulido.
26
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115. Efectuadas las anteriores consideraciones, sobre la causal de nulidad
alegada, se analizarán las razones expuestas en la demanda, con el fin de
establecer si encuadran en el supuesto de hecho de la causal invocada y los
lineamientos que al respecto ha señalado la Sala Plena de esta Corporación, que
tienen carácter vinculante para las Secciones al momento de resolver un recurso
de esta naturaleza.
3.7.3.3. Análisis de la configuración de la causal de nulidad originada en la
decisión que puso fin al proceso en el caso concreto
116. Al analizar el caso concreto con fundamento en el marco jurisprudencial
expuesto, se advierte que el auto interlocutorio guarda coherencia interna y
externa, en la medida en que se pronunció sobre todos los hechos expuestos en la
demanda, sobre las pretensiones de la parte actora e interpretó el escrito inicial, el
cual carecía de claridad y precisión, para garantizar el acceso real y efectivo a la
administración de justicia.
117. En efecto, el ad quem del proceso ordinario revisó los dos actos
censurados, en relación con su contenido expreso, para concluir que el primero de
ellos no se refirió al pago de la sanción moratoria por la no cancelación oportuna
de cesantías y el segundo no contenía una decisión que fuera susceptible de ser
controlada en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, conclusiones que
no fueron cuestionadas en esta sede judicial y que constituyen la principal razón
de la decisión de rechazar la demanda, es decir, su ratio decidendi.
118. Adicionalmente, señaló que, si en gracia de discusión procediera la
demanda contra los actos señalados por la parte demandante la acción habría
caducado, al tenor de lo dispuesto por el literal d) del numeral 2º del artículo 164
de la Ley 1437 de 2011, precepto que consagra el término de cuatro (4) meses
contados a partir del día siguiente de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo, norma procesal de orden público y de
ineludible cumplimiento, cuya extremo temporal de aplicación es claro, por lo que
no es dable realizar una interpretación por fuera de su contenido, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 27 del Código Civil36.
119. En efecto, la norma contempla los eventos a partir de los cuales se debe
contabilizar el término de oportunidad para acudir a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo sin que se establezca que los cuatro meses previstos
en el precepto en cita se deban contar desde el vencimiento de los tres (3) años
establecidos en la legislación laboral para la prescripción de los derechos.
36 “ARTICULO 27. Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a
pretexto de consultar su espíritu.”
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120. Este argumento –en el que se sustenta el cargo– implica que la parte
recurrente confunde las figuras de la caducidad de los medios de control con la de
prescripción de los derechos laborales, debiendo aclarar la Sala que el término de
cuatro (4) meses es el único que es posible tener en cuenta para controvertir en
sede judicial actos administrativos de contenido particular y concreto, como fue lo
pretendido por la parte demandante.
121. Sobre este punto resulta pertinente aclarar la diferencia existente entre las
dos figuras jurídicas en cuestión que, en los términos en que ha sido expuesta por
esta Corporación, obedece a que “la primera atañe a la acción y la segunda a la
pretensión; la caducidad se refiere al término señalado por la ley para acudir a la
jurisdicción y la prescripción al tiempo necesario para adquirir o extinguir un derecho”37.
122. En otras palabras, mientras que la primera institución se relaciona con la
oportunidad con la que cuenta el titular del derecho para acudir a la jurisdicción
para ejercer la acción –constituyendo un presupuesto procesal–, en virtud de la
segunda se adquieren o extinguen derechos, por lo que el término de esta no tiene
la virtud de enervar o modificar el límite temporal previsto por el legislador para
presentar la demanda.
123. La caducidad es de orden público y, por lo tanto, irrenunciable, por cuanto
encuentra su fundamento en el principio de seguridad jurídica, pues pretende
impedir que las situaciones permanezcan en el tiempo sin ser definidas. Por tal
razón, se configura cuando el plazo establecido por la ley para instaurar la acción
ha vencido, siendo, en consecuencia, la sanción prevista por el no ejercicio
oportuno de esta38.
124. No se advierte en consecuencia la configuración de la nulidad al evidenciar
que en la providencia se aplicó la norma correspondiente, careciendo igualmente
de fundamento el argumento según el cual el derecho reclamado por la recurrente
(sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías) tiene el carácter de
prestación periódica y, por ende, puede ser reclamada en cualquier tiempo.
125. Lo anterior por cuanto se trata de una sanción y no de una prestación, en
tanto es un valor único que se genera por el pago tardío de las cesantías,
prestación esta que sí tiene el carácter de periódica, sin que dicha naturaleza se
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Subsección “B”,
Sentencia del 25.02.2016m M-P. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 11001-03-15-000-2016-00059-
00(AC).
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección “C”,
Sentencia del 13-06-2013, M.P. Enrique Gil Botero, Rad. 07001-23-31-000-2001-01356-01(25712).
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transfiera a la penalidad prevista en la norma para el empleador que retarda su
cancelación.
126. La Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que las
prestaciones periódicas “son aquellos pagos corrientes que le corresponden al
trabajador, originados en una relación laboral o con ocasión de ella, que se componen de
prestaciones sociales que son beneficios para cubrir riesgos del empleado y no sociales
como el pago del salario, pero que una vez finalizado el vínculo laboral las denominadas
prestaciones periódicas dejan de serlo, salvo las correspondientes a la prestación
pensional o una sustitución pensional que pueden ser demandados en cualquier tiempo,
aún después de culminado el vínculo laboral.39
127. Concretamente, sobre la naturaleza jurídica de la sanción moratoria, en
reciente sentencia de unificación, el Consejo de Estado precisó que no es un
derecho laboral, sino “una penalidad de carácter económico que sanciona la negligencia
del empleador en la gestión administrativa y presupuestal.” Agregó que se trata de
valores monetarios que no compensan el trabajo y que no implican periodicidad40.
128. Finalmente, la Sala precisa que la aplicación de una norma procesal a un
caso concreto y la interpretación y el alcance dados a la misma por el juez natural,
en este caso la Corporación de cierre en materia contencioso administrativa, no es
un argumento que encuadre en la causal de nulidad originada en la providencia
que pone al fin al proceso pues, como se indicó, este recurso no procede para
revisar los razonamientos expuestos por las autoridades judiciales, en ejercicio de
su autonomía funcional, como si se tratara de una nueva instancia.
129. Tampoco constituye una etapa adicional para corregir los yerros en los que
incurrió la parte actora en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho,
al demandar por fuera del término unos actos que no contenían las decisiones que
pretendía cuestionar, correspondiendo al agotamiento de las cargas que tiene la
parte y que no es posible imputarle al operador judicial.
130. Cabe destacar que los argumentos expuestos no constituyen causales de
nulidad del auto que puso fin al proceso y no tienen la posibilidad de modificar el
sentido de la decisión pues -se reitera- la demanda se rechazó principalmente por
el indebido encausamiento de la acción y el inoportuno ejercicio de esta,
atribuibles exclusivamente a la parte demandante y no a la providencia que
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Sentencia del 21.03.2019, M.P. Gabriel
Valbuena Hernández, Rad. 13001 2331 000 2010 00335 01 (5019-2014)
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda – Sala Plena,
Sentencia de unificación 00580 del 18 de julio de 2018, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad.
73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15)
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estudió el contenido de los actos y la fecha en que los mismos fueron expedidos y
notificados.
131. Las razones anteriores son suficientes para declarar infundado el recurso
por la causal descrita en el numeral 5º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
toda vez que fue la misma parte actora, al presentar la demanda, quien fijó el
marco de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
resolver su caso, lo cual no podía hacerse al margen de las exigencias del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho y de los presupuestos
procesales del mismo.
132. Queda, en consecuencia, totalmente desvirtuado el argumento expuesto
por la parte actora, según el cual la providencia es incongruente por la forma como
se contabilizó el término de caducidad del medio de control, alegación que no
encuadra en los supuestos de esta figura jurídica, según se expuso ampliamente.
3.8. Conclusiones y decisión
133. En el sub examine la parte actora no logró acreditar los requisitos
consagrados para considerar que encontró o recobró una prueba capaz de incidir
en el sentido de la decisión y que no logró aportar al proceso por circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.
134. Tampoco demostró que se presentó una nulidad originada en el auto
interlocutorio que puso fin al proceso, pues lo alegado no corresponde a una
circunstancia capaz de invalidar la providencia que contiene una interpretación
razonable de las normas procesales que consagran la figura de la caducidad
aplicadas al caso concreto analizado.
135. Lo anterior, por cuanto el ad quem del proceso ordinario aplicó al caso las
normas adjetivas que regulan la materia, dictó la providencia con pleno respeto de
estas y en armonía con las pretensiones de la demanda, los argumentos del
recurso de apelación y la potestad conferida al juez de lo contencioso
administrativo en orden a estudiar la procedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y los presupuestos procesales de la acción.
3.9. Costas y perjuicios
136. Sobre la procedencia de condenar en costas y perjuicios en el recurso
extraordinario de revisión, la Sala advierte que el inciso final del artículo 255, con
la modificación introducida por el 70 de la Ley 2080 de 2021, no es aplicable al
sub examine, por haberse presentado el recurso con anterioridad a la entrada en
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vigor de esta normativa, si se tiene en cuenta que la demanda se radicó el 30 de
septiembre de 2020.
137. En consecuencia, con respecto a la condena en costas corresponde realizar
la integración normativa con el Código General del Proceso, que regula la
procedencia de estas en el artículo 365, canon que en el numeral 8º establece que
“Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la
medida de su comprobación.”
138. Así, el artículo 361 ejusdem prevé que las costas están integradas por la
totalidad de las expensas y gastos sufragados causados durante el trámite de la
controversia, así como por las agencias en derecho, las cuales, en virtud del
numeral 4º del artículo 366 de la misma normativa, se fijan con observancia de las
tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 6 del
Acuerdo No. PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016.
139. Adicionalmente, debe señalarse que, bajo las reglas del C.G.P., la condena
en costas se soporta en un criterio netamente objetivo; en este caso, frente a la
parte a la que se le declara infundado el recurso extraordinario de revisión,
“siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan
a actuaciones autorizadas por la ley”41, como ocurre en este caso en que la parte
demandada departamento del Atlántico tuvo que contestar la demanda por
intermedio de apoderado judicial.
140. En consecuencia, la parte actora será condenada al pago de agencias en
derecho, en atención a las reglas vigentes en la materia al momento de la
interposición del recurso, dado que por virtud del artículo 188 del CPACA, en
armonía con lo dispuesto en el artículo 365 del CGP, opera en contra de la parte
vencida en el recurso.
141. En consecuencia, se fijan como agencias en derecho a cargo de la parte
recurrente señora Nuris María Rubio Gómez la suma equivalente de dos (2)
salarios mínimos legales vigentes (SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta
sentencia, y a favor de la parte demandada. No se condena por concepto de
gastos y expensas por no haberse comprobado su causación.
41 De acuerdo con la Corte Constitucional “La condena en costas no resulta de un obrar temerario
o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el
proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme
al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los
costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista
prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley.
De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de
perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su
contra”. Sentencia C-157/13. MP. Mauricio González Cuervo.
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IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Plena, Sala Especial de Decisión No 27, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
V. FALLA
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión por lo
haberse acreditado los supuestos de hecho de las causales primera y quinta
invocadas por la parte recurrente, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente en favor del
departamento del Atlántico, en la modalidad de agencias en derecho, por la
cantidad de dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, Y CÚMPLASE.
ROCÍO ARAÚJO OÑATE STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Magistrada Magistrada
(Con salvamento de voto)
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ MARÍA ADRIANA MARÍN
Magistrado Magistrada
(Con salvamento de voto) (Con aclaración de voto)
GUSTAVO QUINTERO NAVAS
Conjuez
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la
providencia oficial con el número de radicación en
http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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