Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2014-00447-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Registro civil de nacimiento: se refuta auténtico
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2014-00447-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2014-00447-00
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez
4 de junio de 2019
RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN -Por haberse encontrado o recobrado prueba después de dictarse sentencia / CAUSAL SEGUNDA DE REVISIÓN – Presupuestos de configuración
Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto, existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA sólo refería a las pruebas recobradas. De acuerdo a la descripción normativa, se observa que la misma hace relación únicamente a la prueba documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, por lo que, no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando se trata de otro tipo de pruebas, o cuando ésta es producida u obtenida de manera posterior a la sentencia que se revisa. El precepto contempla el verbo « encontrar o recobrar» lo cual implica que la prueba documental existía, no se tuvo oportunamente por las razones que dice la ley (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria), pero se logró conseguir ya terminado el proceso, ello se traduce en que, para la prosperidad del recurso, es indispensable entre otros requisitos, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. (…) [L]a jurisprudencia ha estructurado unos requisitos para la procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que adecuadas a la actual normatividad, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión. Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas que no existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la decisión
FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 188 NUMERAL 2 / LEY 1437 DE 2011 ARTÍCULO 250 NUMERAL 1
REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO – Se refuta auténtico / RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN – Infundado
[S]i se admitiera en gracia de discusión que la copia de la providencia penal en la que se hizo alusión a la prueba pericial que concluyó que «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO», tiene el carácter de prueba o documento recobrado, lo cierto es que ésta carecería de ser una prueba decisiva con la que se habría podio proferir una decisión distinta a la dispuesta en la sentencia cuestionada, como quiera que el registro civil de nacimiento se refuta auténtico sin que se probara la alteración del mismo por decisión judicial en proceso de impugnación de la paternidad
FUENTE FORMAL: DECRETO 1260 DE 1970
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA CUARTA ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 11001-03-15-000-2014-00447-00(REV)
Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICÍA NACIONAL
Demandado: DAMARIS HENAO MENDOZA Y OTROS
Medio de control: Recurso extraordinario de revisión
Decisión: Declara infundado recurso extraordinario de revisión
ASUNTO.
La Sala Cuatro Especial de Decisión procede a resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación que modificó el fallo de fecha 11 de noviembre de 2003 emitido por el Tribunal Administrativo del Cauca, específicamente incrementando la condena por perjuicios morales y materiales reconocidas a favor de la señora Damaris Henao Mendoza y Merly Vanessa Escobar Henao en calidad de compañera permanente e hija del finado Bernardo Escobar Valencia respectivamente.
ANTECEDENTES.
Del proceso de reparación directa.
En ejercicio de la acción de reparación directa contemplada en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, la señora Damaris Henao Mendoza en calidad de compañera permanente del finado Bernardo Escobar Valencia y en representación de la menor Merly Vanessa Escobar Henao hija extramatrimonial legalmente reconocida por el causante, la señora Yolanda Escobar Valencia y Bernardo Escobar en calidad de hermana y padre del de cujus presentaron demanda tendiente a que se declarara responsable administrativa y extracontractualmente a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños y perjuicios de carácter moral y material causados con ocasión de la muerte del Policía Bernardo Escobar Valencia por hechos ocurridos el día 10 de noviembre de 1998 en la ciudad de Popayán.
A título de pretensión condenatoria, solicitó se condenara a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar todos los perjuicios morales y materiales causados por el fallecimiento del extinto policial, los cuales tasó en las siguientes cuantías: «La suma de seiscientos millones ($600.000.000.oo) de pesos, por concepto de lucro cesante que se liquidará en favor de DAMARIS HENAO MENDOZA compañera permanente de la víctima y MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO hija extramatrimonial legalmente reconocida por el fallecido quienes por su relación existente, dependían económicamente del intend. (sic) Bernardo Escobar Valencia…».
Por concepto de perjuicios morales, solicitó «el valor equivalente en pesos colombianos, acorde a certificación que expida el Banco de la República a la fecha de la sentencia de un mil (1000) gramos oros fino para cada uno de los damnificados, ocasionados por la pérdida temprana de su ser querido…»
Como sustento fáctico de las pretensiones, indicó que el intendente Bernardo Escobar Valencia se encontraba el día 10 de noviembre de 1998 prestando el servicio de vigilancia y custodia en el permanente municipal de Popayán a más de noventa reclusos de paso entre los que se encontraban individuos de alta peligrosidad. Narra que siendo las 8:50 de la noche, el recluso Aníbal Hernán Pazmiño Ortega debía ser notificado de una orden judicial por agentes de la SIJIN Cauca, razón por la que era necesario traerlo desde su celda hasta la guardia. Realizada la diligencia y regresándolo a su celda, el agente que lo vigilaba fue encañonado con arma de fuego por el mencionado recluso, obligándolo a que le entregara las llaves abriendo las restantes rejas de seguridad, pero al llegar a la última, el intendente Bernardo Escobar Valencia al tratar de impedir la fuga fue objeto de disparo de revólver en el pecho ocasionándole la muerte, fugándose un número total de siete reclusos.
Señaló que el personal que prestaba el servicio de vigilancia en el permanente municipal de Popayán había recibido la orden de prestar custodia sin ninguna clase de armas, toda vez que, por instrucciones de los mandos superiores, la dotación había sido guardada en el armerillo, circunstancia ésta, que en sentir de la accionante, impedía desarrollar un servicio de vigilancia eficiente, además de no contar con el suficiente personal humano necesario para vigilar a más de noventa reclusos.
Ante tales manifestaciones, la entidad accionada contestó de manera extemporánea la demanda, dejándose constancia de ello en la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2003 por el Tribunal Administrativo del Cauca.
Decisiones de primera y segunda instancia.
El Tribunal Administrativo del Cauca mediante sentencia de fecha 11 de noviembre de 2003, declaró a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional responsable administrativamente de la muerte del señor Bernardo Escobar Valencia ocurrida el 10 de noviembre de 1998 en el municipio de Popayán y consecuencialmente, condenó a la accionada a título de indemnización por perjuicios morales las cantidades que a continuación se sindican:
DEMANDANTE
MONTO INDEMNIZACIÓN
Damaris Henao Mendoza
70 S.M.L.M.V
Merly Vanessa Escobar Henao
70 S.M.L.M.V
Bernardo Escobar
70 S.M.L.M.V
Yolanda Escobar Valencia
35 S.M.L.M.V
Así mismo, condenó a la demandada por concepto de perjuicios materiales en las siguientes sumas:
DEMANDANTE
MONTO INDEMNIZACIÓN
Damaris Henao Mendoza
$106.942.170,8
Merly Vanessa Escobar Henao
$54.417.114,87
El aquo sustentó la decisión condenatoria al señalar que «la Policía Nacional sometió al subintendente Bernardo Escobar Valencia a un riesgo excepcional diferente o mayor al que debieron afrontar sus demás compañeros de la institución que contaban con armas de dotación necesarias para repeler cualquier ataque, es decir, que el subintendente se vio expuesto a un riesgo mayor que vulnera el principio de igualdad frente a las cargas públicas por lo que hay lugar a la indemnización de los perjuicios causados; además, quedó igualmente demostrada la relación de causalidad entre la muerte del subintendente y la conducta desplegada por la Policía Nacional».
Finalmente, el aludido fallo en el acápite de los perjuicios, al referirse a la demandante Merly Vanessa Escobar Henao señaló que «para acreditar su calidad de hija, presentó fotocopia autenticada del registro civil de nacimiento asentado en 11 de mayo de 1991(folio 21) en el que se consigna que son sus padres DAMARIS HENAO MENDOZA Y BERNARDO ESCOBAR VALENCIA. No existe nota de reconocimiento del padre, sin embargo, quien suscribe el documento como denunciante es quien se reputa como tal, osea BERNARDO ESCOBAR VALENCIA.»
El proveído de primera instancia fue apelado por la parte demandada, siendo desatado por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación mediante fallo de fecha 5 de abril de 2013 que modificó la sentencia de fecha 11 de noviembre de 2003 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, específicamente en lo atinente a la condena por concepto de perjuicios materiales los cuales fueron incrementados en las siguientes sumas:
DEMANDANTE
MONTO INDEMNIZACIÓN
Damaris Henao Mendoza
$159.415.582
Merly Vanessa Escobar Henao
$81.118.010
Del recurso extraordinario de revisión.
La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, mediante escrito radicado en fecha 26 de febrero de 2014 por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de revisión en contra de la sentencia del 5 de abril de 2013, proferida por la Sección Tercera- Subsección B de esta Corporación, solicitó se declarara fundado el mismo y se profiera una nueva decisión, para lo cual, invocó como causal la consagrada en el numeral 2° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 que a su tenor consagra lo siguiente:
«2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.»
Argumentó que con las pruebas recolectadas con posterioridad a la sentencia de segunda instancia de fecha 5 de abril de 2013, se habría podido proferir una decisión diferente por parte del alto tribunal, en la medida que se le reconoció a Merly Vanessa Escobar Henao en calidad de hija del finado subintendente Bernardo Escobar Valencia la suma de 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de perjuicios morales y la suma de $81.118.010 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, siendo que no se encontraba legitimada en la causa por activa para actuar en el proceso ya que no era hija del occiso policial, aunado al hecho de no haberle sido posible a la Policía Nacional aportar pruebas en su defensa, en la medida que por obra de la señora Damaris Henao Mendoza quien no solamente engañó a las entidades estatales sino que también indujo a error a su apoderado al ocultar o esconder durante el proceso administrativo las declaraciones y exámenes médicos que certifican que Merly Vanessa no es hija del señor Bernardo Escobar.
Adujo la entidad accionante que la señora Damaris Henao Mendoza actuó dentro del proceso de reparación directa de manera irresponsable al no informar al fallador de primera y segunda instancia que la menor Merly Vanessa Escobar Henao no era hija del señor Bernardo Escobar Valencia sino de Alberto Antonio Restrepo, hecho que expuso dentro de la declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación Seccional 33 y que fue corroborada por el informe pericial del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses No DRSOCCDT-LGEF-110300060 en el que se concluyó que «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO, hijo (a) de DAMARIS HENAO MENDOZ. Se encontraron DOCE (12) exclusiones en los sistemas genéticos estudiados» mostrando con ello que su interés era que se le reconociera los perjuicios morales y materiales a su hija tal como sucedió.
Contestación al recurso extraordinario de revisión.
Sostuvo la señora Damaris Henao Mendoza por conducto de apoderado judicial, que el presente recurso extraordinario de revisión se torna improcedente y desconocedor del debido proceso constitucional, por cuanto, conocidos los hipotéticos hechos que pudieron dar al traste con los derechos reconocidos, de manera extemporánea no se puede ejercitar un medio de defensa para exponerlos cuando pudieron haber sido manifestados en el decurso del proceso ordinario, al punto de solicitar la suspensión de aquel hasta tanto se investigaran judicialmente las afirmaciones no demostradas.
Así mismo, adujo que si bien mediante prueba científica realizada con posterioridad a la sentencia cuestionada se demostró que Merly Vanessa Escobar Henao no era hija del fallecido Bernardo Escobar Valencia, también lo es que este cumplió hasta el último momento de su vida con todas las exigencias preestablecidas en el artículo 44 de la Carta Superior, más aun cuando en el proceso se demostró que las relaciones paternas y fraternas eran de padre a hija, aunado al hecho de no haberse impugnado la paternidad por quienes tenían legitimación para ello resultando ahora imposible su ejercicio por haber fenecido los términos para la acción impugnatoria.
Trámite procesal.
La demanda fue presentada el 25 de febrero de 2014 correspondiéndole su conocimiento, una vez sometido al formalismo del reparto, a la doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, quien manifestó en fecha 4 de abril de 2014 su impedimento al haber participado como sujeto procesal en calidad de Procuradora Quinta Delegada ante esta corporación, razón por la cual, el expediente pasó al despacho de la doctora Martha Teresa Briceño de Valencia, magistrada que a su vez, mediante auto de fecha 15 de octubre de 2014 solicitó al Tribunal Administrativo del Cauca el expediente contentivo de la acción de reparación directa No 19001-23-31-000-2000-03800-0001. Posteriormente, mediante auto de fecha 3 de noviembre de 2015, la consejera de Estado Martha Teresa Briceño de Valencia, resolvió remitir el expediente a la secretaria general para que el mismo fuera repartido entre los magistrados que conforman la Sala Cuatro Especial de Decisión que integra la doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez a fin de que fuera resuelto el impedimento manifestado.
Es así como el plenario es asignado a la doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez en fecha 21 de septiembre de 2016 y mediante auto que data del 4 de octubre de 2016 se declaró fundado el impedimento manifestado por la Consejera Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez e igualmente dispuso asumir el conocimiento del presente recurso extraordinario de revisión. Siguiendo con el trámite del proceso, mediante auto de fecha 16 de abril de 2018 es admitido el extraordinario de impugnación bajo estudio y surtidas las respectivas diligencias de notificación a las partes y ejercido su derecho de defensa, se procedió a la apertura del periodo probatorio mediante auto de fecha 4 de diciembre de 2018. Finalmente ingresó el expediente al despacho para proferir decisión de fondo mediante nota secretarial de fecha 15 de enero de 2019.
CONSIDERACIONES
De la competencia.
El artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 creó las Salas Especiales de Decisión, integradas por un magistrado de cada una de las Secciones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo para decidir los «procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que ésta les encomiende, salvo los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad».
Con fundamento en dicha norma, la Sala Plena del Consejo de Estado, a través del Acuerdo 321 de 2 de diciembre de 2014, reglamentó la integración y funcionamiento de tales Salas, señalando en el artículo 2° los asuntos a decidir por éstas, así:
«ARTÍCULO SEGUNDO. Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo de Estado.
Los recursos extraordinarios de súplica asignados a las Salas Especiales Transitorias de Decisión creadas por el artículo 3° de la Ley 954 de 2005, mientras estuvo vigente.
Los demás procesos que le sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. …». (Negrilla fuera de texto)
Precisada la competencia de la Sala y teniendo en cuenta que el recurso fue presentado oportunamente, se procede al examen del asunto sometido a estudio.
Problema jurídico a resolver.
Corresponde a la Sala determinar si en la sentencia de fecha 5 de abril de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, se configura la causal de revisión prevista en el numeral 2° del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, contenida hoy en el numeral 1º del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, es decir, establecer sí la copia de la declaración juramentada rendida por la señora Damaris Henao Mendoza en la fiscalía 33 seccional delegado ante el juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle de fecha 23 de marzo de 2012 en la cual reconoce que la menor Merly Vanessa Escobar Henao es hija del señor Alberto Antonio Restrepo y no de Bernardo Escobar Valencia y la prueba pericial practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses DRSOCCDTE-LGEF del 31 de mayo de 2011 en la cual se concluyó que «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO…» tienen la naturaleza de documentos recobrados y decisivos que le habrían permitido al adquem arribar a una decisión diferente respecto de los perjuicios morales y materiales reconocidos a la señorita Merly Vanessa Escobar Henao.
Con el objeto de presentar un análisis metódico para desatar el problema jurídico, la Sala abordará el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: 1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión; 2. Alcance de la causal de revisión invocada y los fundamentos del cargo y, 3.Solución al caso concreto, así:
Generalidades del recurso extraordinario de revisión.
El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en los artículos 248 al 255, el cual fue previsto por el legislador con las siguientes características:
Objeto: Sentencias ejecutoriadas sin consideración a la temática o asunto discutido [Art. 248];
Temporalidad: Por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo controvertido y frente a las causales 3º y 4º del artículo 250 ídem, relativas a haberse dictado con base en dictamen de peritos condenados penalmente o proferirse aquella que declare que hubo violencia o cohecho, respectivamente, será el mismo plazo contado a partir de la firmeza de la sentencia penal; y frente a la 7º, en el evento en que con posterioridad a la decisión judicial sobrevenga la pérdida de la aptitud legal para el reconocimiento de una prestación periódica, en donde se computará desde la ocurrencia del motivo que dio lugar a la causal [Art. 251];
Legitimación por activa: Se encuentra en quien hubiere sido parte del proceso ordinario o de un tercero con interés legítimo en la decisión;
Competencia: es de carácter funcional, por lo que le corresponderá al Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las secciones o subsecciones, y a los tribunales administrativos [Art. 249];
Causales: Las previstas en el artículo 250 ídem, que grosso modo, contempló el hallazgo de documentos nuevos que tuvieren la importancia de variar la decisión; el haberse dictado con fundamento en documentos falsos o adulterados; con base en dictámenes dictados por peritos condenados penalmente por ilícitos; por violencia o cohecho; cuando se configura una causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contencioso administrativo; en el evento en que aparezca una persona con mejor derecho para reclamar el reconocido por el órgano judicial; porque no tenía la aptitud legal para el reconocimiento de la prestación periódica o lo perdió con posterioridad; y cuando sea contraria a otra anterior proferida entre las mismas partes y que hizo tránsito a cosa juzgada.
De acuerdo con los rasgos característicos antes señalados, encontramos que el recurso extraordinario de revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por parte de la doctrina como un medio de impugnación que tienen las partes contra una providencia judicial ejecutoriada, con el cual, de manera excepcional se ataca el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con él se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Respecto de su objeto, a través de él se procura el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada. En ese sentido, el recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria, es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez o para corregir errores in iudicando, sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio –como es el caso de los documentos falsos o adulterados, o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma –como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho, o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser –como en el caso de la causal cuarta, o deben poder ser objeto de examen judicial –como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación.
Por estas razones, al ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.
En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal invocada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia. En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo.
De la causal de revisión invocada.
La parte accionante fundamentó el recurso extraordinario de revisión en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 188 del C.C.A hoy consagrada en el numeral 1º del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que a su tenor señala lo siguiente:
«ARTÍCULO 250. CAUSALES DE REVISIÓN. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0797_2003.html" \l "20" 20 de la Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
[…]
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria…»
Vista la causal en estudio se tiene que la misma exige de entrada determinar el alcance del concepto de prueba encontrada o de prueba recobrada. En este punto, existe una ampliación en el CPACA frente a la norma precedente, en tanto el CCA sólo refería a las pruebas recobradas. De acuerdo a la descripción normativa, se observa que la misma hace relación únicamente a la prueba documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, por lo que, no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando se trata de otro tipo de pruebas, o cuando ésta es producida u obtenida de manera posterior a la sentencia que se revisa.
El precepto contempla el verbo « encontrar o recobrar» lo cual implica que la prueba documental existía, no se tuvo oportunamente por las razones que dice la ley (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria), pero se logró conseguir ya terminado el proceso, ello se traduce en que, para la prosperidad del recurso, es indispensable entre otros requisitos, que el recurrente hubiere estado durante todo el proceso en imposibilidad de aportar la prueba respectiva por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Por ello, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo, como tampoco es válido edificar la causal con documentos que, aun siendo anteriores a la providencia que se cuestiona, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede convertirse en el medio para subsanar yerros o falencias de las partes respecto de la carga probatoria, de manera que, al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, «el simple olvido, incuria o abandono de la parte» que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia.
Así mismo, la norma antes transcrita es clara en señalar que, con la prueba recobrada el juez hubiera podido proferir una decisión diferente; entonces, la característica esencial de esos documentos, no es tan solo la de tener alguna relación con la controversia o que revelen una nueva perspectiva del debate, sino que ellos una vez descubiertos o recobrados, hagan que la decisión preexistente resulte insostenible, de modo que no se trata de la aparición de un documento cualquiera sino de uno determinante para la suerte del litigio. A partir de ahí, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia que debe tener para el proceso original el documento que no se conoció.
De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.
En línea con lo expuesto, la jurisprudencia ha estructurado unos requisitos para la procedencia de la causal, que actualmente resultan plenamente aplicables y que adecuadas a la actual normatividad, quedarían así: (i) que se encuentren o recobren pruebas decisivas después de dictada la sentencia; (ii) que las pruebas encontradas o recobradas preexistan antes de la sentencia del proceso que originó la revisión. Esta es una exigencia apenas natural, en tanto revisar una sentencia por pruebas que no existían sería desproporcionado; (iii) que las mismas no se hubieren podido aportar por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, y (iv) que sean trascendentes, es decir, que de obrar en el proceso hubieran cambiado la decisión.
El caso concreto.
Aduce la parte recurrente que existen pruebas o documentos tales como la declaración juramentada rendida en la fiscalía 33 seccional delegado ante el juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle y el informe pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses DRSOCCDTE-LGEF del 31 de mayo de 2011 en el cual se concluyó que «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO…» que tienen la naturaleza de documentos recobrados y decisivos que le habría permitido al adquem arribar a una decisión diferente respecto de los perjuicios morales y materiales reconocidos a la señorita Merly Vanessa Escobar Henao.
Pues bien, del acervo probatorio allegado al expediente, encuentra la Sala que a folio 122 obra copia simple de la diligencia de indagatoria rendida en fecha 23 de marzo de 2012 por la señora Damaris Henao Mendoza en la fiscalía seccional 33 delegado ante el juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle y en la cual, manifestó entre otras cosas lo siguiente:
«[…] PREGUNTADO: Sírvase informar si conoce el motivo por el cual se le está sometiendo a indagatoria en caso cierto, sírvase hacer un relato sobre los hechos. CONTESTÓ: Si claro, yo sé, porque la verdad es que vinimos para lo de la niña diciendo pues de que la niña si es hija del finado Bernardo Escobar […] cuando yo compartía con él tuvimos un inconveniente y nosotros nos separamos, yo tuve un desliz cuando viví con él, yo se la cometí a él, pero a base de lo que yo tenía problemas con el periodo, nos separamos siempre como 2 años. La verdad cuando yo quedé embarazada no sabía si era de él o del señor con el que tuve el desliz que se llama ALBERTO ANTONIO que era compañero de él […] La señora DILIA INES BENITEZ le pidió a él al Fiscal una prueba de ADN, pues entonces, yo le dije que sí que la pidiera, al salir la prueba de ADN yo hablé con el fiscal, le dije lo mismo que estoy diciendo ahora, no digo que la niña es de él o de la otra persona porque yo no estaba segura, hasta ahorita que sale la citación otra vez con ustedes, pues lo único que le digo yo, estaba en duda, yo no sabía si la niña realmente era del otro señor o de él, de BERNARDO, entonces yo la verdad dije eso, que la niña no era de BERNARDO porque yo todavía estaba con la duda y debido a todos estos problemas con lo de la prueba de ADN, la niña resultó que no era de él, que más testigo que mi hija que nunca hubo reproche, nunca la trató mal, siempre estuvo pendiente de ella…PREGUNTADO: dice usted que hasta que no se realizó la prueba de ADN usted no estaba segura de quien era el padre biológico de la niña MERLY VANESA. CONTESTO: no, hasta esa fecha yo no sabía PREGUNTADO: Porque razón entonces el día 4 de agosto de 2010 en declaración jurada rendida por usted ante esta Fiscalía dijo lo siguiente: «yo me conocí con BERNARDO ESCOBAR VALENCIA en el año 1991 en Rio frio Valle, desde ahí, el comenzó a ir a mi casa a visitarme, mi hija tenía diez días de nacida…» y nos está diciendo que usted mantuvo relación con él hasta durante el embarazo y que tuvo desliz. CONTESTO: Yo me dejé asesorar por el abogado MARTÍN DE JESUS CAICEDO CUENCA, el me asesoró porque yo lo busque por la demanda, cuando me llegó la citación del fraude de aquí, me dijo que a los diez de nacida la niña había empezado él a visitarme […] PREGUNTADO: Diga porque razón en ese mismo día y en la misma diligencia en la pregunta donde se le indicaba dijera el nombre del padre biológico de su hija MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO contestó que era ALBERTO ANTONIO RESTREPO. CONTESTO: Lo mismo que yo dije, porque había dudas y asesorada por el mismo abogado, porque había dudas…»
Igualmente, reposa a folios 70 al 73 el interlocutorio penal No 043 del 13 de febrero de 2004, por medio del cual, la fiscalía veintisiete delegada ante los jueces penales del circuito de Tuluá, profirió resolución inhibitoria a favor de la señora Damaris Henao Mendoza por el delito de fraude procesal, pues consideró que se conocía que el juzgado promiscuo de familia de Roldanillo había definido la disyuntiva respecto al doble registro de la menor al declarar la nulidad mediante sentencia del Registro Civil de Nacimiento de la notaría de Rio Frio, de modo que así se hicieron valer los derechos de la niña con el registro que quedó vigente. Concluyó el citado proveído que el meollo del asunto hacía referencia al estado civil de la menor, pues para la denunciante, ésta no era hija del señor Bernardo Escobar, hoy occiso, siendo dicha controversia ajena al proceso penal.
La decisión inhibitoria proferida por la fiscalía veintisiete delegada ante los jueces penales del circuito de Tuluá fue recurrida en alzada, correspondiendo su conocimiento a la fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Buga – Valle del Cauca, despacho que mediante Resolución interlocutoria No 086 del 23 de abril de 2004 confirmó lo inicialmente decidido.
Así mismo, reposa a folios 99 al 102 del expediente, decisión interlocutoria de fecha 20 de noviembre de 2006 que negó la petición presentada por la señora Dilia Benítez Herrera de reaperturar la instrucción por el delito de fraude procesal, dado el trámite de nulidad de registro civil que se realizó a instancia del juzgado de familia de Roldanillo – Valle del Cauca. Y finalmente, a folios 130 al 139 del expediente, se encuentra decisión por medio de la cual, la fiscalía 33 seccional de Roldanillo Valle del Cuaca, definió la situación jurídica de la señora Damaris Henao Mendoza vinculada a la instrucción penal bajo imputación jurídica del delito de fraude procesal, imponiendo medida de aseguramiento de detención preventiva por el punible ya mencionado, sustituyéndola por detención domiciliaria. Como sustento de la decisión, la aludida fiscalía sostuvo que: «[…] Las pruebas con que cuenta este proceso son suficientes para entender que la indagada recurrió a medios suficientemente indignos para obtener su propósito fraudulento de alcanzar un resarcimiento económico a favor de su hija MERLY VANESSSA y para ello sin entrar en mayores consideraciones bastaría una simple comparación de las manifestaciones dadas a la fiscalía por la señora DAMARIS HENAO MENDOZA, una en declaración jurada y la otra en diligencia de indagatoria donde pretende envolver en sus quimeras tal como aparentemente ya lo logró a otros funcionarios a este operador fiscal…»
De acuerdo con lo anterior, encuentra la Sala que la Policía Nacional sostiene que con la declaración rendida en diligencia de indagatoria por la señora Damaris Henao Mendoza ante el fiscal seccional 33 delegado ante el juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle y el informe pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses DRSOCCDTE-LGEF del 31 de mayo de 2011 demuestra que la señora Damaris Henao Mendoza tenía conocimiento que la menor Merly Vanessa Escobar Henao no era hija del intendente Bernardo Escobar Valencia, omitiendo no solo informar tal situación al órgano policial sino también en las actuaciones judiciales, dejando en evidencia su interés de que se le reconocieran los perjuicios morales y materiales reclamados por su hija, hecho que habría podido conllevar a una decisión diferente por parte del alto tribunal de lo contencioso.
Como puede notarse, las pruebas que ahora son traídas por parte de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional como documentos decisivos y recobrados tienen el propósito de desvirtuar la calidad de hija del finado Bernardo Escobar Valencia y por ende, cuestionar su legitimación para reclamar y hacerse acreedora a la indemnización de los perjuicios que en calidad de lesionada se le produjeron con ocasión del fallecimiento de aquel y que le fue reconocida en la sentencia aquí controvertida.
Al respecto, habrá de señalarse que la filiación entendida como el nexo entre padres e hijos, cobija las relaciones de parentesco de primer grado, ya sea maternas o paternas, producto del matrimonio, vínculos naturales o nexos civiles. En el marco normativo, específicamente lo que respecta al reconocimiento de los hijos procreados por fuera del matrimonio, en cuanto a su determinación o pérdida existe el siguiente derrotero:
La Ley 75 del 31 de diciembre de 1968 creó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar e introdujo cambios sobre filiación, para garantizar los derechos de los hijos nacidos por fuera del matrimonio. Dicho estatuto modificó, entre otros, los referidos artículos 2, 3 y 9 de la Ley 45 del 5 de marzo de 1936, fijando un procedimiento expedito para obtener el reconocimiento voluntario, ante el funcionario del estado civil, por quien fuera señalado como padre de «un hijo natural» o el impulso del correspondiente proceso de investigación de paternidad en caso de renuencia del requerido, la imposibilidad de localizarlo o de desconocerse su nombre. En ese sentido, el artículo 1º de la referida Ley 75 de 1968 consagró lo siguiente:
«ARTÍCULO 1o. El artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0045_1936.htm" \l "2" 2o. Ley 45 de 1936 quedará así:
ARTICULO 2. "El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y puede hacerse:
o) En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce.
El funcionario del estado civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, indagará por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribirá como tales a los que el declarante indique, con expresión de algún hecho probatorio y protesta de no faltar a la verdad. La inscripción del nombre del padre se hará en libro especial destinado a tal efecto y de ella solo se expedirán copias a las personas indicadas en el ordinal 4o, inciso 2o. de este artículo y a las autoridades judiciales y de policía que las solicitaren.
Dentro de los treinta días siguientes a la inscripción, el funcionario que la haya autorizado la notificará personalmente al presunto padre, si este no hubiere firmado el acta de nacimiento. El notificado deberá expresar, en la misma notificación, al pie del acta respectiva, si acepta o rechaza el carácter de padre que en ella se le asigna, y si negare ser suyo el hijo, el funcionario procederá a comunicar el hecho al Defensor de Menores para que éste inicie la investigación de la paternidad.
Igual procedimiento se seguirá en el caso de que la notificación no pueda llevarse a cabo en el término indicado o de que el declarante no indique el nombre del padre o de la madre.
Mientras no sea aceptada la atribución por el notificado, o la partida de nacimiento no se haya corregido en obediencia a fallo de la autoridad competente, no se expresará el nombre del padre en las copias que de ella llegaren a expedirse…»
En cuanto a la posibilidad de impugnar el reconocimiento se confirió a «las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos 248 y 335 del Código Civil», que para la época correspondía a «los que prueben un interés actual en ello (…) en los trescientos días subsiguientes a la fecha en que tuvieron interés actual y pudieron hacer valer su derecho» y los «ascendientes legítimos del padre o madre (…) en sesenta días, contados desde que tuvieron conocimiento» de tal proceder. Y en lo que se refiere a la implementación de pruebas científicas en los trámites relacionados con la filiación, en el artículo 7º, se contempló por primera vez que «En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%...»
Posteriormente, con la expedición de la Ley 29 del 24 de febrero de 1982, en su artículo 18, se le adicionó un segundo inciso al artículo 250 del Código Civil reformado, en el sentido de que los «hijos son legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y tendrán iguales derechos y obligaciones». A pesar de que la esencia de esta ley era equiparar los «derechos herenciales» de todos ellos, ese simple agregado eliminó de un tajo el trato diferencial que hasta ese momento recibían, dependiendo de si eran producto del matrimonio o por fuera de él.
En esa misma línea, con ocasión de la reforma estructural surgida con la Constitución Política de 1991, se consagró como fundamental que «toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica», siendo uno de sus atributos precisamente la filiación. A su vez, recalcó que es deber del Estado y la sociedad garantizar la «protección integral de la familia», ya fuera por «vínculos naturales o jurídicos», sobre la base de «igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes», insistiendo en que los «hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes».
En ese sentido, se tiene que el fundamento axiológico del reconocimiento de la personalidad jurídica y de la filiación, se encuentra en la prevalencia de la dignidad humana como valor superior que el Estado debe proteger y asegurar, pues, todo ser humano tiene derecho a ser reconocido como miembro de la sociedad, y especialmente de la sociedad primigenia que se constituye en la familia.
Siguiendo con el derrotero normativo referido a la situación filial, encontramos que por medio de la Ley 721 del 24 de diciembre 2001 se modificaron algunos artículos de la Ley 75 de 1968, tomando como primera medida que la prueba científica exigida en ella debe ordenarse en «todos los procesos para establecer paternidad o maternidad», para verificar si existe o no una probabilidad superior al 99.9%, aplicando la «técnica del DNA (…) mientras los desarrollos científicos no ofrezcan mejores posibilidades». Es así como el artículo 1º consagró lo siguiente:
«El artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm" \l "7" 7o. de la Ley 75 de 1968, quedará así:
Artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm" \l "7" 7o. En todos los procesos para establecer paternidad o maternidad, el juez, de oficio, ordenará la práctica de los exámenes que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9%.»
La Corte Constitucional refiriéndose a la aludida prueba, en sentencia C-807-02 se resaltó que:
«[l]a finalidad del Estado al imponer la prueba del ADN como obligatoria y única en los procesos de filiación, no es otra distinta a su interés de llegar a la verdad, de establecer quién es el verdadero padre o madre, a través de esta prueba por estar demostrado científicamente que su grado de certeza es del 99.99%. Pues, si bien en un comienzo y años atrás esta prueba tenía un alto grado de certeza para excluir la filiación, hoy por hoy, dado el avance o desarrollo científico y tecnológico de dicha prueba, esta ha alcanzado el máximo grado de certeza ya no en el sentido de excluir al presunto padre o madre, sino en sentido positivo, por inclusión o determinante e identificador del verdadero padre o madre. También el legislador busca a través de su obligatoriedad la efectividad de los derechos del niño y de cualquier persona a conocer su origen, a saber quién es su verdadero progenitor y por ende a definir su estado civil, posición en la familia, a tener un nombre y en suma a tener una personalidad jurídica…»
Con el propósito de actualizar las normas que regulan la impugnación de la paternidad y maternidad, se expidió la Ley 1060 del 26 de julio 2006. Para el efecto se extendió la presunción de paternidad de los artículos 213 y 214 del Código Civil, de los hijos nacidos en matrimonio, a los concebidos durante la unión marital de hecho, confiriendo al compañero permanente o al cónyuge la posibilidad de demostrar, por cualquier medio, que no es el padre y la de desvirtuar esa presunción «mediante prueba científica». Derogó, así mismo el artículo 215 ibídem, sobre el adulterio de la mujer como causal autónoma con tal fin (artículos 1, 2 y 3). Así mismo, unificó en 140 días el plazo para impugnar la paternidad en la forma contemplada en los artículos 216, 219, 222 y 248 del Código Civil, tanto para el presunto padre y la madre, contados desde que tuvieron conocimiento de que no lo son; como de los herederos y ascendientes de aquellos, con posterioridad a su fallecimiento; y «los que prueben un interés actual en ello, y los ascendientes de quienes se creen con derechos (…) desde que tuvieron conocimiento de la paternidad» (artículos 4, 7, 8 y 11). Esa reforma al artículo 248 del Código Civil, por las razones ya indicadas, incide en las impugnaciones de reconocimiento, al concordarla con el artículo 5° de la Ley 75 de 1968.
Teniendo en cuenta el recorrido normativo y jurisprudencial que antecede, es innegable que las relaciones de familia, en el más amplio espectro, deben estar respaldadas con una conciencia clara y precisa sobre su verdadero alcance. Entonces, en tratándose del reconocimiento de los hijos, al tenor del artículo 2° de la Ley 45 de 1936 y modificado por el 1° de la Ley 75 de 1968, encontramos que tiene el carácter de irrevocable, fundado ello en la realización efectiva de los derechos fundamentales del menor, evitando así los riesgos que amenacen su desarrollo armónico. Sin embargo, el carácter de irrevocable del reconocimiento no lo hace indemne, puesto que si esa expresión de la conciencia proviene de engaños o equivocaciones, puede ser desvirtuada por vía judicial, en la medida que es susceptible de ser impugnado.
Es así como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 1° oct. 2004, rad. 0451-00 señaló que «[…] Es cierto que la norma acabada de mencionar dispone que “el reconocimiento de los hijos naturales -hoy llamados extramatrimoniales- es irrevocable”, empero ello no significa que el padre no tenga legitimación activa para promover la acción respectiva de impugnación de dicha filiación…»
Desde luego, la irrevocabilidad significa que dentro del arbitrio del reconociente no está el arrepentirse, sin que exista duda del derecho de impugnar el reconocimiento manifestado, claro está, quedando este reservado sólo por las causas y en los términos expresadas en el artículo 5º de la Ley 75 de 1968, evento en el cual, conviene notarlo, se persigue es correr el velo de la inexactitud del reconocimiento, en cuanto éste no se aviene con la realidad.
Descendiendo al caso concreto y conforme el parámetro normativo antes reseñado, se tiene que si bien con el presente recurso extraordinario se allegó copia simple de la declaración juramentada rendida por la señora Damaris Henao Mendoza en la fiscalía 33 seccional delegado ante el juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle de fecha 23 de marzo de 2012, en la que manifestó que «la niña no era de BERNARDO» también lo es que, tanto en el proceso ordinario de reparación directa como en el presente asunto se aportó el registro civil de nacimiento No 22909986 de Merly Vanessa Escobar Henao en el cual, aparece en la casilla No 28 el nombre del señor Bernardo Escobar Valencia, siendo dicho sujeto quien firmó el aludido acto de reconocimiento, documento que fue utilizado para demostrar el parentesco existente entre el finado intendente de la Policía Nacional y la menor accionante y por ende, acreditar la legitimación por activa respecto de los perjuicios reclamados y reconocidos a través de la sentencia que aquí se cuestiona.
Visto lo anterior, es claro que existe un documento contentivo del registro civil de nacimiento por medio del cual, el señor Bernardo Escobar Valencia reconoció a la menor Merly Vanessa Escobar Henao, instrumento jurídico que constituye prueba idónea para acreditar la condición de parentesco y que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 75 de 1968, tiene la naturaleza de acto irrevocable, aunque susceptible de impugnación, sin que repose en el expediente prueba alguna que acredite el ejercicio de la acción por parte de quienes se encontraban legitimados para impugnar la paternidad del finado Escobar Valencia. Además, del acervo probatoria obrante en el expediente no se desprende que la señora Damaris Henao haya incurrido en acciones engañosas encaminadas a imputarle la paternidad de su hija al expolicial, sino que por el contrario, lo observado es que el señor Escobar Valencia tuvo la convicción de ser el padre biológico de Merly Vanessa y en consideración a ello, procedió de manera libre y espontánea al reconocimiento de la menor.
En esa medida, la mera manifestación de la señora Damaris Henao Mendoza ante la fiscalía 33 seccional delegado del juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle de fecha 23 de marzo de 2012 no tiene la fuerza jurídica suficiente para desvirtuar el acto de reconocimiento que el señor Bernardo Escobar realizó respecto de la menor Merly Escobar Henao y que se encuentra recogido en el registro civil de nacimiento 22909986, documento que se encuentra permeado por la presunción de legalidad en la medida que no ha sido declarado nulo o por lo menos, en esta instancia no se acreditó sentencia ejecutoriada que destruya la presunción de paternidad legítima que ampara a la hija reconocida, lo que deja con validez la manifestación de quien libre de apremios afirmó ser padre de la inscrita. Aunado al hecho que la declaración de la señora Damaris Henao Mendoza ante la fiscalía 33 seccional delegado del juzgado penal del circuito de Roldanillo Valle de fecha 23 de marzo de 2012 no tiene el carácter de documento, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora, como bien se indicó en el recuento normativo que precede a las presentes líneas, para que dejase de surtir efectos el acto de reconocimiento llevado a cabo por Bernardo Escobar Valencia, era imprescindible impugnar la paternidad legítima y a partir de la prueba científica desvirtuar que aquel no era el padre biológico de Merly Vanessa.
Precisamente, la parte recurrente edifica la causal invocada en el informe pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses DRSOCCDTE-LGEF del 31 de mayo de 2011 en la cual menciona que el mismo concluyó que «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO…»
Del examen al expediente, se obtiene copia del interlocutorio de fecha 9 de abril de 2012 proferido por la fiscalía seccional 33 de Buga, el cual, en el acápite denominado «historia del suceso» indicó lo siguiente:
«[…] El día 15 de marzo del año 2011 se profirió resolución sustanciadora, donde se dispuso efectuar exhumación del cadáver del señor BERNARDO ESCOBAR VALENCIA para tomar la muestra necesaria a fin de realizar cotejo de ADN y determinar si este es el Padre Biológico (sic) de la menor MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO, diligencia de exhumación que fuera realizada el 18 de marzo de 2011 a partir de las ocho de la mañana en las instalaciones del cementerio católico de Andalucía, de igual manera toma de muestra en las misma fecha 10 de la mañana en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Tuluá, practicada por el médico GULERMO ANACONA a las señoras DAMARIS HENAO MENDOZA Y MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO.
El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses mediante informe pericial No DRSOCCDTE-LGEF fechada 31 de mayo de 2011, rinde informe pericial genético forense conforme lo ordenado por la fiscalía, teniendo como conclusión pericial la siguiente: «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HEANO (sic), hijo (a) de DAMARIS HENAO MENDOZA. Se encontraron DOCE (12) exclusiones en los sistemas genéticos estudiados».
Es pertinente precisar que el presente trámite carece del informe pericial rendido por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses No DRSOCCDTE-LGEF del 31 de mayo de 2011, prueba ineludible y necesaria para la prosperidad de la causal invocada, la cual exige del revisionista acreditar plenamente la concurrencia del documento recobrado y decisivo con la cual demostraría que con dicha prueba se habría podido arribar a una decisión distinta a la cuestionada. Si bien es cierto que la jurisprudencia de esta corporación ha admitido la posibilidad de allegar pruebas científicas de ADN al proceso de revisión de manera excepcional, también lo es que, dicho antecedente no tiene aplicación en el caso bajo estudio como quiera que la parte recurrente no arrimó dicha prueba al proceso sino que simplemente trajo un auto interlocutorio del ente investigador.
En esa medida, el proceso no cuenta con la prueba científica con la que la parte actora pretende estructurar la causal invocada y con la cual, probaría la inexistencia del vínculo o parentesco de consanguinidad entre la señorita Merly Vanessa Escobar Henao y el finado Bernardo Escobar Valencia, en la medida que solo obra en el plenario el relato contenido en la parte considerativa de la decisión interlocutoria de fecha 9 de abril de 2012 proferido por la fiscalía seccional 33 de Buga, documento éste que no puede erigirse como la prueba decisiva que demuestra la realidad biológica contrapuesta a la contenida en el registro civil de nacimiento con el que se acreditó en el proceso de reparación directa la legitimación por activa de la menor Merly Vanessa Escobar Henao.
Lo anterior denota la ausencia de un presupuesto esencial para que se configure la causal aquí invocada, en tanto que la misma exige para su acreditación, la existencia en el proceso del documento recobrado y decisivo con el que el juez habría tomado una decisión diferente, condición que debe ser probada por quien pretende le sea estimada su pretensión.
Aunado a lo anterior, la causal bajo estudio requiere que la prueba documental sea de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada a través de este mecanismo excepcional o extraordinario, condición que tampoco reúnen las pruebas documentales sobre las cuales se estructuró el presente recurso de revisión, en la medida que, los documentos que prueban la filiación se presumen auténticos e idóneas para probar el parentesco, encontrando en el sub examine la existencia del registro civil de nacimiento de la menor Merly Vanessa Escobar Henao, suscrito por el señor Bernardo Escobar Valencia, documento que está revestido de autenticidad e idoneidad para probar el parentesco entre los dos sujetos antes mencionados.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al señalar que « […] el estado civil de una persona debe constar en el registro del estado civil, el cual es público y válido siempre que las inscripciones cumplan a satisfacción con todos los requisitos antedichos. De acuerdo con el artículo 103 del Decreto 1260 de 1970, se presume la autenticidad y pureza de las inscripciones hechas en debida forma en el registro del estado civil, lo que significa que, en nuestro caso, el registro civil de nacimiento es la prueba idónea para demostrar el parentesco...»
Así las cosas, el reconocimiento efectuado por el fallecido policial Bernardo Escobar Valencia mantiene no solo su validez ante la decisión proferida por esta corporación en fecha 5 de abril de 2013, en cuanto la misma tuvo como legitimada a la menor Merly Vanessa Escobar Henao como hija del difunto castrense, toda vez que, el reconocimiento expreso y voluntario realizado ante autoridad competente contiene una confesión de la paternidad frente al hijo, lo cual permite ocupar respecto de él, la posición jurídica de padre. Pero además, vale la pena resaltar que la inscripción en el registro fue debidamente autorizada mediante el indicativo serial 22909986, lo que significa que la misma produce plenos efectos para demostrar el estado civil de la menor y goza de autenticidad, pues no se demostró en este proceso y menos en el ordinario de reparación directa que el mismo haya sido alterado por decisión judicial en firme en la medida que no se probó la existencia de proceso alguno que cuestionare la paternidad de la menor Merly Vanessa Escobar Henao, es decir, que el registro civil de nacimiento obra como prueba idónea no controvertida que demuestra la relación filial entre el causante y su hija.
En esa medida, si se admitiera en gracia de discusión que la copia de la providencia penal en la que se hizo alusión a la prueba pericial que concluyó que «los restos óseos tomados como pertenecientes al individuo BERNARDO ESCOBAR VALENCIA (fallecido) se excluyen como los del padre biológico de MERLY VANESSA ESCOBAR HENAO», tiene el carácter de prueba o documento recobrado, lo cierto es que ésta carecería de ser una prueba decisiva con la que se habría podio proferir una decisión distinta a la dispuesta en la sentencia cuestionada, como quiera que el registro civil de nacimiento se refuta auténtico sin que se probara la alteración del mismo por decisión judicial en proceso de impugnación de la paternidad.
Aunado al hecho que en la sentencia proferida por el aquo indicara que los declarantes señores Arcelina Benigna Jativa, Delio Marino Lubo y Lastenia Ordoñez confluyeron en afirmar que «BERNARDO ESCOBAR VALENCIA convivía con Damaris Henao Mendoza desde hace varios años, tenían una hija en común y que era cumplidor de sus deberes y obligaciones como esposo y padre», de manera que, si se aceptara que Merly Vanessa Escobar Henao no tiene lazo de consanguinidad con el señor Bernardo Escobar Valencia, ello no desdibuja la calidad de perjudicada y por ende, de legitimada para hacerse acreedora de los perjuicios reclamados teniendo en cuenta, precisamente, las declaraciones rendidas en el proceso de reparación directa, pues de las mismas se podría inferir el tratamiento que le prodigaba el causante como hija, pudiendo encuadrarse en la condición de hija de crianza quienes reciben el mismo tratamiento que los biológicos, así que en términos indemnizatorios les corresponde igual derecho económico.
Por lo anterior, la Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia, no sin antes analizar la procedencia o no de la condena en costas.
Finalmente, respecto de la condena en costas, habrá de señalarse que el artículo 188 del CPACA establece que salvo en los casos donde se discute un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas atendiendo para efectos de liquidación y ejecución lo previsto en normatividad procesal civil. En uso de dicha remisión, se tiene que los artículos 365 y 366 del CGP, regulan su condena y liquidación, de cuyo contenido se extrae que la parte vencida será condenada a su pago y que se hará en la sentencia o auto que resuelva la actuación que la originó, indicando además el valor de las agencias en derecho, que serán incluidas en la liquidación.
Sin embargo, el artículo 188 del CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como que aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonante ello con el numeral 8º del artículo 365 del CGP antes mencionado, descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.
En el caso, haciendo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos, la Sala echa de menos alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandante, razón por la cual, se abstendrá esta colegiatura de imponerlas .
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Cuatro Especial de Decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad la Ley,
FALLA:
PRIMERO: Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional contra la sentencia de fecha 5 de abril de 2013 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión dejando las anotaciones de rigor.
Notifíquese y cúmplase
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
ALBERTO MONTAÑA PLATA
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
LUCY JEANNETTE BERMUDEZ BERMUDEZ
Impedida
Artículo 86. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.
Así lo afirmó en el preámbulo de la demanda que reposa a folios 1 del cuaderno de pruebas.
Ver folio 15 vto.
Ver folio 20 vto.
Ver folio 22 vto del cuaderno de pruebas.
Ver folio 40 vto cuaderno de pruebas.
Ver folio 3 del cuaderno principal.
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Ver folio 1 del cuaderno principal.
Según nota secretarial de fecha 9 de abril de 2014 que reposa a folio 144 del expediente.
Ver folio 181 del expediente.
Ver nota secretario que reposa a folio 185 del cuaderno principal.
Ver folio 187 al 193 del expediente.
Reposa a folio 203 al 205 del cuaderno principal.
El Consejo de Estado es el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. Estará integrado por treinta y un (31) Magistrados.
Ejercerá sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: la Plena, por todos sus miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) Magistrados y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro (4) Magistrados restantes.
Igualmente, tendrá una Sala de Gobierno, conformada por el Presidente y el Vicepresidente del Consejo de Estado y por los Presidentes de la Sala de Consulta y Servicio Civil y de las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo.
Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad. Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el reglamento interno.» Negrillas fuera de texto.
Ver estudio de temporalidad realizado en el auto admisorio que reposa a folios 203 al 205 del cuaderno principal.
«Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.»
«Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. En los casos contemplados en los numerales 3 y 4 del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare. En el caso del numeral 7, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso. En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio.»
«Artículo 249. Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia. De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos.»
LOPEZ BLANCO, Hernán Fabio, Código General del Proceso – parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.
“1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”. Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 20 de octubre de 2009, exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 29 de agosto de 2014, exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1° de diciembre de 2010, exp. 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia. Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. «2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. »
1.
Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación. Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (....)”. En ese mismo sentido, en sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión "(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)".
« Artículo 188. Causales de revisión. Son causales de revisión:
[…]
2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria…»
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de febrero 26 de 2013. Radicado: 11001-03-15- 000-2008-00638-00(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV). Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 2 de abril de 2013, expediente 11001-03-15-000-1997-00142-00(REV), M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Igualmente, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 7 de marzo de 2012, expediente 32086, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Ver folios 122 al 129 del cuaderno principal. Ver folios 85 al 96 del expediente. Ver folios 136 del expediente. Por la cual se dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable y puede hacerse:
o) En el acta de nacimiento, firmándola quien reconoce. El funcionario del estado civil que extienda la partida de nacimiento de un hijo natural, indagará por el nombre, apellido, identidad y residencia del padre y de la madre, e inscribirá como tales a los que el declarante indique, con expresión de algún hecho probatorio y protesta de no faltar a la verdad. La inscripción del nombre del padre se hará en libro especial destinado a tal efecto y de ella solo se expedirán copias a las personas indicadas en el ordinal 4o, inciso 2o. de este artículo y a las autoridades judiciales y de policía que las solicitaren. Dentro de los treinta días siguientes a la inscripción, el funcionario que la haya autorizado la notificará personalmente al presunto padre, si este no hubiere firmado el acta de nacimiento.
El notificado deberá expresar, en la misma notificación, al pie del acta respectiva, si acepta o rechaza el carácter de padre que en ella se le asigna, y si negare ser suyo el hijo, el funcionario procederá a comunicar el hecho al Defensor de Menores para que éste inicie la investigación de la paternidad. Igual procedimiento se seguirá en el caso de que la notificación no pueda llevarse a cabo en el término indicado o de que el declarante no indique el nombre del padre o de la madre. Mientras no sea aceptada la atribución por el notificado, o la partida de nacimiento no se haya corregido en obediencia a fallo de la autoridad competente, no se expresará el nombre del padre en las copias que de ella llegaren a expedirse. 2o) Por escritura pública. 3o) Por testamento, caso en el cual la renovación de éste no implica la del reconocimiento. 4o) <Numeral derogado por el artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1564_2012_pr015.htm" \l "626" 626 de la Ley 1564 de 2012 Rige en forma gradual a partir del 1o. de enero del 2014, en los términos dispuestos en el numeral 6o. del artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1564_2012_pr015.htm" \l "627" 627 . Ver en Legislación Anterior el texto vigente hasta esta fecha>
ARTICULO 3o. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm" \l "3" 3 de la Ley 75 de 1968. El nuevo texto es el siguiente:> El hijo concebido por mujer casada no puede ser reconocido como natural, salvo: 1o) Cuando fue concebido durante el divorcio o la separación legal de los cónyuges, a menos de probarse que el marido, por actos positivos lo reconoció como suyo, o que durante ese tiempo hubo reconciliación privada entre los cónyuges. 2o) Cuando el marido desconoce al hijo en la oportunidad señalada para la impugnación de la legitimidad en el Título 10o. del Libro 1o. del Código Civil, la mujer acepta el desconocimiento, y el juez lo aprueba, con conocimiento de causa e intervención personal del hijo, si fuere capaz, o de su representante legal en caso de incapacidad, y además del Defensor de Menores, si fuere menor. 3o) Cuando por sentencia ejecutoriada se declare que el hijo no lo es del marido. El hijo podrá reclamar en cualquier tiempo, contra su legitimidad presunta, cuando su nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente al día en que el marido o la madre abandonaron definitivamente el hogar conyugal. De esta acción conocerá el juez de menores cuando el hijo fuere menor de diez y seis años de edad, por el trámite señalado en el artículo HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0045_1936.htm" \l "14" 14 de esta Ley, con audiencia del marido y de la madre o de sus herederos si ya hubieren muerto ellos, salvo que en la demanda se acumule la acción de paternidad natural, caso en el cual conocerá del juicio el juez civil competente, por la vía ordinaria. Prohíbese pedir la declaración judicial de maternidad natural, cuando se atribuye a una mujer casada, salvo en los tres casos señalados en el presente artículo. ARTICULO 9o. <Artículo derogado por la Ley 29 de 1982. Ver Resumen de Notas de Vigencia C-117-94> La mujer que ha cuidado de la crianza de un niño, que públicamente ha proveído de su subsistencia y lo ha presentado como hijo suyo, puede impugnar el reconocimiento que un hombre ha hecho de ese niño, dentro de los sesenta días siguientes al en que tuvo conocimiento de este hecho. En tal caso, no se puede separarlo del lado de la mujer sin su consentimiento o sin que preceda orden judicial de entrega. Sobre reformas civiles (filiación natural)
La Corte Constitucional mediante Sentencia HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/c-129_2002.htm" \l "1" C-129-02 de 26 de febrero de 2002, Magistrado Ponente Dr. Manuel José Cepeda Espinosa, se declaró INHIBIDA de fallar sobre el aparte subrayado, por ineptitud de la demanda. ARTICULO 5o.
El reconocimiento solamente podrá ser impugnado por las personas, en los términos y por las causas indicadas en los artículos HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr007.htm" \l "248" 248 y HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/codigo_civil_pr010.htm" \l "335" 335 del Código Civil. Por la cual se otorga la igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y se hacen los correspondientes ajustes a los diversos órdenes hereditarios. Artículo 14. Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Artículo 42. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes. Por medio de la cual se modifica la Ley HYPERLINK "https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_0075_1968.htm" \l "1" 75 de 1968. Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad
Artículo 213. Presunción de legitimidad. El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad. Artículo 214. Impugnación de la paternidad. El hijo que nace después de expirados los ciento ochenta días subsiguientes al matrimonio o a la declaración de la unión marital de hecho, se reputa concebido en el vínculo y tiene por padres a los cónyuges o a los compañeros permanentes, excepto en los siguientes casos: 1. Cuando el Cónyuge o el compañero permanente demuestre por cualquier medio que él no es el padre. 2. Cuando en proceso de impugnación de la paternidad mediante prueba científica se desvirtúe esta presunción, en atención a lo consagrado en la Ley 721 de 2001.
Ver folio 21 del cuaderno de origen y 157 del cuaderno principal del recurso extraordinario de revisión.
Sentencia del 14 de agosto de 2018, Sala veintisiete Especial de Decisión, radicado No 11001-03-15-000-2008-00534-00(REV), M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Régimen jurídico aplicable para el momento en que fue rendida la declaración.
Ver copia simple del proveído a folios 130 al 139 del expediente.
Sentencia de fecha 6 de octubre de 2015, Sala Trece Especial de Decisión, radicado No 11001-03-15-000-2000-00242-00(REV)
Ver tutela T-1045-10.
Ver folio 22 del cuaderno principal.
Ver sentencia de fecha 30 de agosto de 2017, proferida por la subsección A de la sección tercera del Consejo de Estado dentro del proceso con radicado No 18001-23-31-000-2009-00352-01(51676), Consejera ponente: Marta Nubia Velásquez Rico en la cual, sobre el particular se indicó lo siguiente. «[…] De otro lado, es del caso precisar que la familia no está limitada solo por los vínculos naturales o jurídicos, sino que también se extiende a aquellos casos en los que sus integrantes deciden tener a un sujeto como miembro del grupo familiar, en virtud de los lazos de afecto, respeto, solidaridad, compresión y protección que los unen. Lo anterior, por ejemplo, en los eventos en los que una de las personas que conforma la unión marital de hecho decide tener como hijos de crianza a los hijos de su compañero(a) permanente y, como consecuencia de ello, se comparte el mismo techo y se asume el rol de padre o madre, según corresponda, tanto desde el punto de vista afectivo como económico.
Artículo 188. Condena en costas
Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
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