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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-33-31-000-2008-00351-01

Fecha
1 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-33-31-000-2008-00351-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión formulado en contra de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 17 Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066) Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros Recurso extraordinario de revisión 2º) Condénase en costas a la parte recurrente las cuales se liquidarán en los precisos términos del artículo 366 del CGP. 3º) Por Secretaría devuélvase al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el expediente del proceso de reparación directa 76001-33-31-000-2008-00351-01 que se remitió a esta corporación en calidad de préstamo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor. 4º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría archívese el expediente del presente proceso de recurso extraordinario de revisión, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-33-31-000-2008-00351-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de noviembre de 2024

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, dieciocho (18) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-011 (58.066)
Demandante: DIANA CAROLINA CHARRY SÁNCHEZ Y OTROS
Demandada: DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Medio de control: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Asunto: PRUEBA DOCUMENTAL RECOBRADA DESPUÉS DE
DICTADA LA SENTENCIA - SE DECLARA INFUNDADO

Síntesis: la parte actora, con fundamento en la causal consagrada en el numeral 1 del artículo
250 del CPACA, consistente en “haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión
diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria”, solicita la revisión de un fallo proferido por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca por medio del cual revocó la sentencia de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda de reparación directa.
Temas: recurso extraordinario de revisión – no se trata de documentos recobrados después
de la sentencia – el recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia.

La Sala decide el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2015 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de la cual revocó la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, negó las súplicas de la demanda de reparación
directa.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda inicial de reparación directa

1) Mediante escrito presentado el 30 de octubre de 2008 (fl. 58 cdno. 1), la señora
Diana Carolina Charry Sánchez junto con su grupo familiar2 presentaron demanda de

1
El recurso extraordinario de revisión se radicó el 23 de septiembre de 2016, sin embargo, se le asignó el
número 76001-33-31-000-2008-00351-01 que corresponde al del proceso originario de reparación directa.
2
Los demandantes fueron Diana Carolina Charry Sánchez, Celmira Quiroga, Gábby Cristina Sánchez López
y Laura Ximena Charry Sánchez.

2
Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

reparación directa en contra del departamento del Valle del Cauca, por la presunta
omisión en que incurrió por no renovar el seguro de vida del entonces diputado Carlos
Alberto Charry Quiroga, quien fue secuestrado por un grupo subversivo el 11 de abril
de 2002 mientras ejercía su cargo y, posteriormente, fue asesinado el 18 de junio de
2007, por lo cual solicitaron que se accediera a las siguientes súplicas:

“1. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Asamblea
Departamental – Gobernación del Departamento del Valle del Cauca del
perjuicio material causado a mi patrocinada, con motivo de la omisión de tipo
administrativo por no haber gestionado la renovación del aseguramiento, así
como no haber reconocido y pagado el seguro de vida por el asesinato de su
hijo, esposo y padre, CARLOS ALBERTO CHARRY QUIROGA (Q.E.P.D.),
víctima de un accidente de origen profesional, por cuanto los hechos
relacionados con el siniestro se presentaron a causa de su trabajo (…).
2. Como consecuencia de la anterior declaración, la Asamblea Departamental –
Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, están obligados a resarcir
y /o indemnizar los siguientes perjuicios a mis patrocinadas, así:
a. PERJUICIOS MATERIALES
PAGO SE SEGURO DE VIDA
(…). Así las cosas, se pide y/o solicita el reconocimiento y pago del seguro de
vida, cuyo valor deberá ser traído a valor presente y aplicando los intereses a
lugar. (…).
LUCRO CESANTE CONSOLIDADO
Cubre a los actores desde el mismo momento de la muerte del causante fallecido
en que se omite el reconocimiento y pago del seguro de vida y se empieza a
afectar el ingreso de mis patrocinados.
b. PERJUICIOS DE VIDA RELACIÓN
Como indemnización del perjuicio de vida en relación, la suma de 500 gramos
oro a cada uno de los afectados directos. (…)” (fl. 59 cdno. 1 – mayúsculas fijas
del original).

2) La parte actora expuso como fundamento que el señor Carlos Alberto Charry
Quiroga fue elegido diputado de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca para
el período 2001 – 2003, motivo por el cual esa entidad suscribió una póliza de seguro
de vida cuyas beneficiarias fueron las demandantes; sin embargo, en atención a que
la entidad no renovó ese seguro de vida, las beneficiarias no recibieron ninguna
retribución económica por parte de la aseguradora por el fallecimiento del mencionado
funcionario que ocurrió el 18 de junio de 2007.

2. Las sentencias proferidas en el proceso contencioso administrativo de
reparación directa

1) El Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali (Valle del
Cauca) profirió sentencia el 31 de julio de 2014 (fl. 452 cdno. 1), a través de la cual

3
Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

accedió a las pretensiones de la demanda, por considerar que de la misma manera
que la entidad, con posterioridad al secuestro (11 de abril de 2002), continuó pagando
los salarios a los familiares del señor Carlos Alberto Charry Quiroga, también tenía el
deber de prorrogar la póliza de seguro de vida grupal con posterioridad al 31 de
diciembre de 2003 (fecha de terminación del período constitucional de los diputados);
por lo tanto, como la entidad omitió esa obligación y el señor Charry Quiroga falleció
el 18 de junio de 2007 debe indemnizar a las demandantes por el valor equivalente al
que hubiesen recibido por parte de la aseguradora.

2) El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dictó sentencia de segunda instancia
el 25 de septiembre de 2015 (fl. 535 cdno. 1), por medio de la cual revocó la decisión
de primer grado y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda por considerar
que i) la entidad no tenía el deber de renovar la póliza global del seguro de vida con
posterioridad al vencimiento del período constitucional (2001 – 2003), por cuanto el
objeto de ese contrato solo permitía asegurar a los diputados elegidos por ese
específico período; ii) la póliza del seguro de vida grupo contenía una cláusula
extintiva del amparo consistente en el vencimiento del período constitucional de los
diputados (31 de diciembre de 2003), por lo tanto, no era viable renovarla con
posterioridad y, iii) ante el secuestro del señor Carlos Alberto Charry Quiroga, el
departamento del Valle del Cauca como empleador tenía el deber legal de seguir
pagando el salario a los familiares de la víctima, como en efecto lo realizó, pero, no
tenía la obligación de renovar el seguro de vida con posterioridad al vencimiento del
período constitucional para el cual él fue elegido.

3. El recurso extraordinario de revisión

El 23 de septiembre de 2016, la parte demandante interpuso recurso extraordinario
de revisión (fl. 1 cdno. 2) en contra de la referida sentencia proferida en segunda
instancia el 25 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para lo cual invocó la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del
CPACA consistente en “haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, en apoyo de lo cual expuso, en
síntesis, los siguientes argumentos3:

1) En la sentencia impugnada se infringió la normativa constitucional y legal que regula
la materia de la seguridad social, porque la póliza de seguro de vida era una
“prestación social” que el departamento del Valle del Cauca debió garantizar durante
todo el tiempo que duró el secuestro, con la finalidad de no afectar la situación de los
familiares del secuestrado.

La Corte Constitucional4 ha considerado que los empleadores tienen la obligación de
continuar asumiendo el pago de salarios, prestaciones sociales y seguridad social de
las personas secuestradas.

2) En la situación de los diputados secuestrados se imponía, con mayor razón,
mantener vigente el seguro de vida, en cuanto era evidente que la vida de esas
personas estaba en peligro.

3) La falla en el servicio se configuró porque el departamento del Valle del Cauca no
renovó la póliza del seguro de vida hasta la fecha del fallecimiento (año 2007), la cual
hace parte de las “prestaciones sociales” a que se tenía derecho, aun cuando ya había
vencido el período constitucional de los diputados (2000 – 2003).

4) En un proceso de reparación directa similar al presente caso, el Juzgado Quinto
Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali accedió a las pretensiones y la
entidad demandada ya está realizando las gestiones para dar cumplimiento al fallo.

5) El tribunal expuso en la motivación de la sentencia que el señor Carlos Alberto
Charry Quiroga no se encontraba para el año 2007 (año del fallecimiento) vinculado
laboralmente con la Asamblea Departamental del Valle del Cauca y que por esa razón
la entidad no estaba obligada a renovar la póliza de seguro de vida; no obstante, obran
desprendibles de pago de prestaciones sociales y certificaciones laborales que
demuestran lo contrario.

3 Contenidos en el escrito contentivo de la demanda del recurso extraordinario de revisión y en el escrito

de subsanación de la demanda.
4 Corte Constitucional; sentencia T-566 de 2005.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

6) Se suscribieron cuatro (4) pólizas de seguro de vida que amparaban al señor Carlos
Alberto Charry Quiroga, pero las demandantes no tenían conocimiento de su
existencia debido a que ni el departamento ni la aseguradora La Previsora SA les
comunicaron esa información.

7) Se aportan nuevas pruebas documentales que no se pudieron allegar al proceso
de reparación directa por fuerza mayor porque, en su momento no se encontraban
disponibles por las entidades que las emitía (departamento del Valle del Cauca y La
Previsora SA) “debido a las dinámicas propias que surtieron” (fl. 1 cdno. 2), pues, en
la resolución de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes se catalogó la muerte
del diputado como accidente de trabajo y en las certificaciones laborales se estableció
la fecha del vínculo laboral, documentos estos que no fueron valorados por el tribunal.

4. Oposición al recurso extraordinario de revisión

El departamento de Valle del Cauca no contestó la demanda según informe secretarial
visible en el folio 265 del cdno. 2.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y sentido de la decisión, 2) el
recurso extraordinario de revisión y características de la causal invocada, 3) el caso
concreto, 4) conclusiones y, 5) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y sentido de la decisión

1) En primer lugar, se precisa que el recurso extraordinario de revisión se presentó
oportunamente el 23 de septiembre de 2016 (fl. 1 cdno. 2), si se tiene en cuenta que
la sentencia proferida en segunda instancia en el proceso de reparación directa se
notificó por edicto que se desfijó el 7 de octubre de 2015 (fl. 558 cdno. 1), esto es,
dentro del término de un (1) año como lo exige el inciso primero del artículo 251 del
CPACA.

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Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

2) En segundo orden, la controversia planteada consiste en determinar si se configuró
o no la causal de revisión consagrada en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA,
consistente en “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente
y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o
por obra de la parte contraria”.

3) La Sala declarará infundado el recurso extraordinario de revisión, por razón de que
i) algunos argumentos se refieren al fondo del asunto y se dirigen a reprochar las
consideraciones del tribunal y, ii) las pruebas aportadas no son documentos que se
hayan encontrado o recobrado después de dictada la sentencia con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos
al proceso por fuerza mayor o, caso fortuito, o por obra de la parte contraria.

2. El recurso extraordinario de revisión y características de la causal invocada

1) El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada ya
que con este se abre la posibilidad de controvertir un fallo en firme, siempre que se
configure alguno de los supuestos consagrados taxativamente en el artículo 250 del
CPACA.

En esa dirección, el objeto del recurso extraordinario de revisión es procurar el
restablecimiento de la justicia material cuando se advierte que esta ha sido afectada
por situaciones o circunstancias exógenas que no pudieron plantearse en el proceso
correspondiente y que revisten tal gravedad que autorizan al juez a romper el principio
de la cosa juzgada: “la revisión, más que un recurso, es un medio para conseguir la
realización de la justicia, pero no de la justicia formal propia de las sentencias en firme
contrarias a derecho, sino de aquella verdadera que demandan el Preámbulo y los
artículos 1º, 228 y 230 del estatuto superior”5.

5 Corte Constitucional, sentencia C-739 de 2001, MP Álvaro Tafur Galvis.

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Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

El legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan la procedencia
del recurso extraordinario de revisión, contenidas en los artículos 250 de la Ley 1437
de 2011 y 20 de la Ley 797 de 20036.

2) El artículo 252 del CPACA dispone que el recurso debe interponerse mediante
escrito que deberá contener: i) la indicación de las partes y sus representantes, ii) el
nombre y domicilio del recurrente, iii) los hechos u omisiones que le sirvan de
fundamento y, iv) la indicación precisa y razonada de la causal invocada.

3) En atención a su carácter extraordinario, este medio de impugnación no es una
“tercera instancia” en la que puedan plantearse nuevamente argumentos de fondo en
relación con la sentencia que se pretende revisar, por tal razón las pretensiones y
fundamentos deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos
contemplados como causales para su procedencia7.

Ahora bien, los vicios o errores en los que se debe fundamentar el recurso son
eminentemente procedimentales, pues, ninguno está dirigido a cuestionar la labor
intelectual de juzgamiento “sino que todos involucran, bien sea una irregularidad de
carácter procesal (numeral 5, referido a la existencia de causal de nulidad originada
en la sentencia, y numeral 8, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien,
aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba
que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1, 2, 3, 6 y 7), a excepción de
la causal del numeral 4, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el
pronunciamiento del fallo”8.

4) En el presente asunto, la parte actora invocó la causal de revisión contenida en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA cuyo tenor literal es el siguiente:

6
En este caso, el recurso procede frente a las providencias que impongan al tesoro público o a fondos de
naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza,
en los supuestos contenidos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, esto es, cuando el reconocimiento
se haya obtenido con violación del debido proceso y/o cuando la cuantía del derecho reconocido excediere
lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables. Al respecto,
ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintisiete Especial de Decisión,
sentencia de 5 de marzo de 2019, exp 2018-00394-00, MP Rocío Araújo Oñate.
7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de diciembre de 1997,
exp REV 117, MP Libardo Rodríguez Rodríguez. Consultar, igualmente: Consejo de Estado, Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, Sala 13 Especial de Decisión, sentencia del 7 de abril de 2015, exp REV
2006-00318, MP Jorge Octavio Ramírez.
8
Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; MP Mauricio Torres Cuervo; sentencia
de 7 de mayo de 2013, exp. 2010-00038.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

“Artículo 250. Causales de revisión. Son causales de revisión:

1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (…)”.

5) El Consejo de Estado fijó jurisprudencialmente9 los siguientes precisos requisitos
para que se estructure esta causal de revisión:

a) El medio de prueba debe ser un documento: la norma se refiere, puntual y
exclusivamente, a la prueba documental, por lo que no es viable que se invoque esta
causal para referirse a otro tipo de medios probatorios, verbigracia, testimonial o
pericial.

b) Prexistencia del documento frente a la sentencia objeto de revisión: por regla
general, se requiere que el documento invocado se haya elaborado máximo hasta la
fecha de expedición de la sentencia de única o segunda instancia, según el caso.

c) Imposibilidad de aportar la prueba: se debe acreditar que el motivo para no solicitar
o aportar la prueba en el proceso primigenio obedeció a circunstancias no atribuibles
a la parte recurrente, sino que por el contrario se trató de una causa extraña de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte.

d) El documento encontrado o recobrado después de ejecutoriada la sentencia
recurrida: se trata de un documento que la parte solo obtuvo después de la sentencia,
porque se había extraviado o se desconocía su existencia, de manera que la parte no
la pudo solicitar ni aportar y, el juez no la pudo valorar.

e) Carácter decisivo: es indispensable justificar y demostrar que la prueba documental
que no se pudo aportar tiene una importancia superlativa en los hechos materia del
litigio con tal trascendencia y capacidad que tiene el mérito suficiente para lograr variar
el sentido del fallo.

3. El caso concreto

9 Consejo de Estado – Sala Plena de lo Contencioso Administrativo - Sala Cuarta Especial de Decisión;

Consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia de 4 de junio de 2019; radicación número:
11001-03-15-000-2014-00447-00.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

La Sala analizará el caso concreto sobre los siguientes puntos: i) argumentos del
recurso relacionados con el fondo del asunto y, ii) argumentos del recurso
relacionados con las pruebas documentales que se aportaron.

3.1 Argumentos del fondo del asunto

1) La Sala observa que la parte demandante sustentó el recurso extraordinario de
revisión, en parte, en argumentos sustanciales relacionados con el fondo del asunto y
la motivación de la sentencia.

En efecto, en el recurso extraordinario de revisión se argumentó que la sentencia
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció el ordenamiento jurídico y las obligaciones que tenía el departamento del
Valle del Cauca en su calidad de empleador, por cuanto: i) se desconocieron normas
constitucionales y legales, así como también la jurisprudencia de la Corte
Constitucional en materia de la seguridad social debido a que el departamento del
Valle del Cauca debió renovar la póliza del seguro de vida, incluso con posterioridad
del vencimiento del período constitucional de los diputados, porque dicho seguro hace
parte de la seguridad social; ii) en atención al secuestro de los diputados, con mayor
razón se imponía renovar la póliza del seguro de vida; iii) la falla del servicio estaba
acreditada por la omisión de renovar la póliza; iv) existe un pronunciamiento de un
juzgado administrativo que en un caso similar accedió a las súplicas de la demanda y
la entidad demandada ya está realizando las gestiones necesarias por el pago de la
condena y, v) no se valoraron en debida forma documentos que demostraban la
continuidad del vínculo laboral hasta el año 2007.

2) En ese contexto, se considera que esos fundamentos esgrimidos por la parte actora
consisten en argumentos sustanciales de la controversia, debido a que versan sobre
el fondo del asunto y el sentido de la decisión que se adoptó, en la medida en que se
enfocan en justificar el por qué, en su criterio, se debió acceder a las pretensiones de
la demanda en el proceso de reparación directa por falla en el servicio; por
consiguiente, esos fundamentos en realidad no tienen un carácter procesal.

Ciertamente, los temas relacionados con la valoración probatoria y la responsabilidad
del Estado por falla en el servicio son aspectos sustanciales porque consisten en

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

reproches y razones por las cuales, en su criterio, se debió condenar
patrimonialmente, mas no son irregularidades procesales.

3) Así las cosas, dada la naturaleza extraordinaria del recurso que se resuelve en esta
providencia, no hacen ni pueden hacer parte de una revisión o análisis de fondo dichos
argumentos de la parte actora, por cuanto este mecanismo no tiene por finalidad
examinar la motivación de una sentencia que se encuentra en firme y ejecutoriada
porque no se trata de una tercera instancia, sino, por el contrario, su objeto se
restringe a revisar la sentencia en el marco de unas precisas y taxativas causales.

4) En cuanto a la valoración que el tribunal les dio a las pruebas, se precisa que se
trata de un aspecto sustancial y no procesal, de manera que no es una materia que
se pueda analizar de fondo en este escenario del recurso extraordinario de revisión.

5) Adicionalmente, el escrito del recurso de revisión denota una clara e inequívoca
intención de atacar y cuestionar los razonamientos realizados por el tribunal para
negar las pretensiones de la demanda, pues, la presunta falla en el servicio fue un
aspecto expresamente decidido por los jueces de instancia.

Concluye entonces la Sala que lo que pretende la parte actora es reabrir,
indebidamente, el debate propio de las instancias y controvertir los razonamientos
realizados por el tribunal, al grado tal de pretender revisar el fundamento de la
sentencia proferida en el proceso primigenio de reparación directa, supuestos
respecto de los cuales el presente recurso no puede prosperar por cuanto lo alegado
corresponde a supuestos errores en la decisión judicial que está en firme y
ejecutoriada.

3.2 Argumentos relacionados con las pruebas documentales

1) La parte actora en el recurso extraordinario de revisión no indicó con precisión
cuáles son los documentos que fundamentan la causal invocada, simplemente
mencionó “las pruebas que aporto al presente recurso no fueron allegadas en el
proceso de reparación directa promovido por las acá recurrentes por motivos de fuerza
mayor” (fl. 95 cdno. 2); sin embargo, con el propósito de realizar una interpretación
garantista y verificar si se configura o no la causal de revisión invocada, se procede a
analizar los documentos aportados que fueron los siguientes:

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Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

“a) Copia de la Póliza de seguros No. 1002140 suscrita entre la Previsora
SA y la Asamblea Departamental del Valle del Cauca.

b) Certificado laboral del diputado Carlos Alberto Charry Quiroga expedido
por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca comprendiendo el
periodo de 2001 a 2007.

c) Liquidación retroactiva de pensiones emitida por la Previsora S.A, de
fecha 25 de marzo de 2008.

d) Fallo de Segunda Instancia, Acción de Reparación Directa proferida el 25
de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y
promovidas por las aquí recurrentes.

e) Fallo de Primera Instancia No. 160 de 31 de julio de 2014, Acción de
Reparación Directa proferido por el Juzgado Décimo Administrativo de
descongestión, promovida por las aquí recurrentes.

f) Resolución No-04-088 del 8 de abril de 2005, emitida por la Fiscalía
General de la Nación, donde ordena a la Gobernación del Valle del Cauca,
continuar con el reconocimiento prestacional del diputado secuestrado
Carlos Alberto Charry Quiroga a su núcleo familiar.

g) Resolución No, 074 del 20 de abril de 2004 emitida por la Fiscalía General
de la Republica, donde ordena a la Gobernación del Valle del Cauca,
cancelar las prestaciones sociales del diputado secuestrado Carlos Alberto
Charry Quiroga a su núcleo familiar.

h) Resolución No. 009 del 22 de abril de 2005, emitida por Fiscalía General
de la Nación, donde ordena a la Gobernación del Valle del Cauca, continuar
con el reconocimiento prestacional del diputado secuestrado Carlos Alberto
Charry Quiroga a su núcleo familiar.

i) Breve recuento de las actuaciones de los familiares de los 12 diputado
para el pago de los salarios después de terminado el periodo constitucional.

j) Copia de la Sentencia No. 056 del 20 de mayo de 2004 y notificada a la
Sra. Gábby Sánchez, el 20 de mayo de 2004.

k) Copia de Resolución No. 17 emitida por la Fiscalía General de la Nación,
donde ordena continuar con los pagos de los salarios y prestaciones
sociales del señor Carlos Alberto Charry Quiroga.

l) Resolución No. 3312 de 2008 emitida por Asamblea Departamental del
Valle Cauca, ‘por la cual se autoriza el pago a los herederos de un
funcionario fallecido’.

m) Sentencia No. 73, Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión,
Acción de Reparación directa, Demandante: Fabiola Perdomo Estrada
contra Departamento del Valle del Cauca.

n) Acta de posesión de la Sra Gábby Sánchez, como curadora de bienes del
Sr. Carlos Alberto Charry Quiroga.

o) Certificación del Fiscal No. 38, donde sra Gábby Sánchez como curadora
de Bienes del señor Carlos Alberto Charry Quiroga.

p) Certificación de Fondelibertad donde consta que el señor Carlos Alberto
Charry Quiroga se encuentra privado de la libertad, 14 octubre de 2005.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

q) Certificación laboral de Asamblea Departamental del Valle del Cauca,
donde consta los periodos constitucionales del 1998 al 2003.

r) Desprendibles de nómina del señor Carlos Alberto Charry Quiroga de los
años 2003, 2007 y 2008, emitida por la Asamblea Departamental del Valle
del Cauca.

s) Carta del Gobernador del Valle Angelino Garzón de 28 marzo de 2006,
donde ordena continuar con el pago de los Diputados secuestrados entre
ellos el señor Carlos A. Charry Quiroga.

t) Resolución No. 010886 de 2010, mediante el cual se reconoce la pensión
de sobreviviente a la Sra. Gábby Sánchez emitida por el seguro social”.

2) Sobre el particular, se considera que las pruebas aportadas por la parte actora y
las recaudadas en el trámite del presente recurso no son documentos que cumplan
los requisitos para configurar la causal de revisión consagrada en el numeral 1 del
artículo 250 del CPAPA “haberse encontrado o recobrado después de dictada la
sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria”, por las siguientes razones:

a) Los documentos identificados en los literales d) y e)10 corresponden precisamente
a las sentencias proferidas en primera y segunda instancias en el proceso de
reparación directa primigenio, por lo tanto, no son pruebas en las que se pueda
fundamentar la causal de revisión.

b) El documento del literal m)11 es una sentencia proferida en otro proceso de
reparación directa, la cual se aportó para que se tuviese en cuenta como un
pronunciamiento judicial que efectuó un juzgado administrativo en otro caso similar,
mas no como un medio probatorio.

10 “d) Fallo de Segunda Instancia, Acción de Reparación Directa proferida el 25 de septiembre de 2015

por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y promovidas por las aquí recurrentes.
e) Fallo de Primera Instancia No. 160 de 31 de julio de 2014, Acción de Reparación Directa proferido
por el Juzgado Décimo Administrativo de descongestión, promovida por las aquí recurrentes”.
11 “m) Sentencia No. 73, Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión, Acción de Reparación

directa, Demandante: Fabiola Perdomo Estrada contra Departamento del Valle del Cauca”.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

c) Los documentos relacionados en los literales a)12, (...) f)13, g)14, h)15, q)16, r)17 y s)18
hicieron parte del acervo probatorio del proceso de reparación directa, incluso fueron
valorados por los jueces de instancia, por consiguiente, se descarta que se trate de
documentos encontrados o recobrados después de dictada la sentencia.

La parte actora aportó esos documentos con la finalidad de fundamentar una supuesta
indebida valoración probatoria del tribunal respecto de la vinculación laboral del señor
Carlos Alberto Charry Quiroga, empero, ese aspecto del fondo de la controversia que
no hace parte del objeto de este recurso extraordinario, motivo por el cual no hay lugar
a realizar un pronunciamiento de fondo sobre el particular.

d) El documento enlistado en el literal b)19 es un certificado laboral del señor Carlos
Alberto Charry Quiroga (fl. 102 cdno. 2) que fue expedido el 9 de diciembre de 2015,
con posterioridad a la sentencia de segunda instancia (25 de septiembre de 2015), sin
embargo, se considera que la parte actora tuvo la posibilidad de solicitar y obtener
dicho certificado antes de la presentación de la demanda de reparación directa, por lo
tanto, no se trata de una prueba que haya sido imposible aportarla, por el contrario,
es un documento que la parte interesada tuvo plena posibilidad de allegarlo al proceso
ordinario.

12 “a) Copia de la Póliza de seguros No. 1002140”.
13 “f) Resolución No-04-088 del 8 de abril de 2005, emitida por la Fiscalía General de la Nación, donde

ordena a la Gobernación del Valle del Cauca, continuar con el reconocimiento prestacional del diputado
secuestrado Carlos Alberto Charry Quiroga a su núcleo familiar”.
14 “g) Resolución No, 074 del 20 de abril de 2004 emitida por la Fiscalía General de la Republica, donde

ordena a la Gobernación del Valle del Cauca, cancelar las prestaciones sociales”.
15 h) Resolución No. 009 del 22 de abril de 2005, emitida por Fiscalía General de la Nación, donde

ordena a la Gobernación del Valle del Cauca, continuar con el reconocimiento prestacional.
16 “q) Certificación laboral de Asamblea Departamental del Valle del Cauca, donde consta los periodos

constitucionales del 1998 al 2003”.
17 “r) Desprendibles de nómina del señor Carlos Alberto Charry Quiroga de los años 2003, 2007 y 2008,

emitida por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca”.
18 “s) Carta del Gobernador del Valle Angelino Garzón de 28 marzo de 2006, donde ordena continuar

con el pago de los Diputados secuestrados entre ellos el señor Carlos A. Charry Quiroga”.
19 “b) Certificado laboral del diputado Carlos Alberto Charry Quiroga expedido por la Asamblea

Departamental del Valle del Cauca comprendiendo el periodo de 2001 a 2007”.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

e) Las pruebas relacionadas en los literales c)20, i)21, j)22, k)23, l)24, n)25, o)26, p)27 y t)28
son documentos que la parte actora tenía o debió tener conocimiento de su existencia
y, por lo tanto, pudo aportarlos al proceso de reparación directa durante el trámite en
primera o segunda instancia, por cuanto versan sobre: i) el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes de favor de las demandantes; ii) el pago de salarios,
prestaciones y aportes de seguridad social en favor de los familiares del diputado
durante el lapso del secuestro, quienes son precisamente las personas que conforman
la parte demandante en este asunto y, iii) el reconocimiento de la señora Gábby
Sánchez como curadora del diputado secuestrado.

En ese orden de ideas, se colige que no se trata de documentos encontrados o
recobrados después de dictada la sentencia como lo exige la causal de revisión, sino
que, por el contrario, si no se aportaron esos documentos al proceso ordinario fue por
el incumplimiento de la carga probatoria de la parte demandante; por consiguiente, no
se cumple con el requisito indispensable denominado “imposibilidad de aportar la
prueba”, debido a que la razón por la cual las pruebas documentales no se
incorporaron al proceso de reparación directa obedeció al resultado de la inactividad
procesal de la parte recurrente y, no un evento de fuerza mayor, caso fortuito o por
obra de la contraparte.

3) Por otra parte, en este proceso de recurso extraordinario de revisión, a solicitud de
la parte actora se recaudaron como pruebas los siguientes documentos: i) pólizas
“seguro vida grupo” expedidas por La Previsora SA cuyo objeto fue “ampara los
diputados de la Asamblea Deptal. Del Valle” y sus respectivas certificaciones (índices
55, 85 y 88 SAMAI); ii) oficio de 23 de marzo de 2021 expedido por el técnico operativo

20 “c) Liquidación retroactiva de pensiones emitida por la Previsora S.A, de fecha 25 de marzo de 2008”.
21 “i) Breve recuento de las actuaciones de los familiares de los 12 diputado para el pago de los salarios

después de terminado el periodo constitucional”.
22 “j) Copia de la Sentencia No. 056 del 20 de mayo de 2004 y notificada a la Sra. Gábby Sánchez, el

20 de mayo de 2004”.
23 “k) Copia de Resolución No. 17 emitida por la Fiscalía General de la Nación, donde ordena continuar

con los pagos de los salarios y prestaciones sociales del señor Carlos Alberto Charry Quiroga”.
24 “l) Resolución No. 3312 de 2008 emitida por Asamblea Departamental del Valle Cauca, "por la cual

se autoriza el pago a los herederos de un funcionario fallecido”.
25 “n) Acta de posesión de la Sra Gábby Sánchez [de 23 de septiembre 2004], como curadora de bienes

del Sr. Carlos Alberto Charry Quiroga”.
26 “o) Certificación del Fiscal No. 38 [de 4 de noviembre de 2004], donde sra Gábby Sánchez como

curadora de Bienes del señor Carlos Alberto Charry Quiroga”.
27 “p) Certificación de Fondelibertad donde consta que el señor Carlos Alberto Charry Quiroga se

encuentra privado de la libertad, 14 octubre de 2005”.
28 “t) Resolución No. 010886 de 2010, mediante el cual se reconoce la pensión de sobreviviente a la

Sra. Gábby Sánchez emitida por el seguro social”.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

del archivo del departamento del Valle del Cauca en el que informa que no se encontró
ninguna comunicación de 20 de enero de 2009 relacionada con que la entidad hubiese
manifestado que omitió el pago de las primas de los seguros de vida grupal (índice 48
SAMAI) y, iii) oficio de 4 de diciembre de 2007, por medio de la cual La Previsora SA
contestó una petición de información, el cual fue entregado a sus destinatarios en esa
misma fecha (índice 54 SAMAI).

Respecto de esas pruebas documentales se advierte que la parte actora no explicó ni
muchos menos acreditó alguna causa extraña constitutiva de fuerza mayor, caso
fortuito u obra de la contraparte que justificara el por qué no los pudo aportar o solicitar
en el proceso de reparación directa, en especial, cuando tuvo o debió tener
conocimiento de esos documentos y en aplicación del artículo 7129 del Código de
Procedimiento Civil30 debió realizar las gestiones necesarias para su consecución, en
caso de no tenerlos en su poder.

4) Por último, en cuanto a la sentencia proferida el 9 de septiembre de 2020 por el
Consejo de Estado – Sala Especial de Decisión 9 (índice 38 SAMAI), a través de la
cual se resolvió un recurso de revisión eventual en una acción de grupo, se advierte
que ese otro proceso versó sobre un hecho dañoso diferente al que se discute en este
proceso31 y, en particular, se evidencia que no es un documento preexistente a la
sentencia recurrida de fecha 25 de septiembre de 2015, por lo tanto, no es idóneo
para acreditar la configuración de la causal de revisión prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA.

5) Aunado a todo lo anterior, se resalta que la razón principal del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para negar las pretensiones de la demanda de
reparación directa obedeció a una justificación eminentemente jurídica, mas no
fáctica, por cuanto, en su criterio, el departamento del Valle del Cauca no tenía la
obligación de renovar la póliza del seguro grupal de vida respecto del señor Carlos

29 “Artículo 71. Deberes de las partes y sus apoderados. Son deberes de las partes y sus apoderados:

(…). 6. Prestar al juez su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias, a riesgo de que su
renuencia sea apreciada como indicio en contra”.
30 Normativa aplicable para fecha de presentación de la demanda de reparación directa (30 de octubre

de 2008).
31 En la acción se grupo se discutió la responsabilidad patrimonial por el secuestro y muerte de los

diputados, en tanto que en el presente asunto se discute la responsabilidad por no renovar una póliza
de seguro de vida.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

Alberto Charry Quiroga con posterioridad al 31 de diciembre de 2003 porque en esa
fecha terminó el período constitucional de los diputados, al margen de la obligación
de pagar los salarios durante el lapso del secuestro (hasta el año 2007), como en
efecto los canceló dicha entidad.

Con base en esa premisa, se considera que todos los documentos aportados y
recaudados no cumplen con el requisito de tener un carácter decisivo en la
controversia, toda vez que la motivación expuesta en la sentencia para negar las
súplicas de la demanda tiene un carácter de argumentación jurídica, de manera que
dichos documentos que pretendían realizar un aporte desde el punto de visto fáctico,
no tenían la capacidad ni la virtud de lograr la modificación del sentido de la decisión
recurrida.

4. Conclusiones

No prospera el recurso extraordinario de revisión porque no se acreditaron los
supuestos que configuran la causal de revisión invocada que se encuentra
consagrada en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA.

5. Condena en costas

El artículo 188 del CPACA establece la condena en costas; con base en lo anterior,
se condenará en costas a la parte recurrente por cuanto el recurso extraordinario de
revisión se declarará infundado y la parte demandada estuvo representada por un
apoderado judicial (índice 85 SAMAI), las cuales se liquidarán en los precisos términos
del artículo 366 del CGP.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Declárase infundado el recurso extraordinario de revisión formulado en contra de
la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

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Expediente: 76001-33-31-000-2008-00351-01 (58.066)
Recurrente: Diana Carolina Charry Sánchez y otros
Recurso extraordinario de revisión

2º) Condénase en costas a la parte recurrente las cuales se liquidarán en los precisos
términos del artículo 366 del CGP.

3º) Por Secretaría devuélvase al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el
expediente del proceso de reparación directa 76001-33-31-000-2008-00351-01 que
se remitió a esta corporación en calidad de préstamo, previas las correspondientes
constancias secretariales de rigor.

4º) Cumplido lo anterior y ejecutoriada la presente sentencia, por Secretaría
archívese el expediente del presente proceso de recurso extraordinario de revisión,
previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de
la Ley 2213 de 2022.

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