Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02871-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-02871-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-02871-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
8 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., ocho (8) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-02871-01
Accionante: Diana Carolina Charry Sánchez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: identificación razonable de los
hechos y argumentos de la vulneración. Claridad y congruencia entre lo resuelto en
sede judicial y los cargos invocados en la tutela. Subtema 2: inmediatez.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el 10 de
julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Diana Carolina Charry Sánchez presentó escrito de tutela1, el 14 de mayo
de 20252, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad,
a la confianza legítima y a la seguridad jurídica. Aunque dirigió su solicitud de amparo
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, con ocasión
de la sentencia que esta autoridad profirió en el marco del recurso extraordinario de
revisión, sus pretensiones y argumentos están encaminados a que la decisión judicial
proferida, el 25 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, y confirmada por el Consejo de Estado, violó sus garantías porque, en un
caso similar al suyo, de otro diputado secuestrado, quien posteriormente falleció, se
reconoció el pago de un seguro de vida.
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 2, 424A81FE85C72A91 B3E4D33FB1B49F93
A53616DEA72BE4FA B21EBD5BDF10F82D.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 2, 5B0AAEBB63BBA48C D53E0A30A87E33C7
2B09D23EEC13C8C3 89BB6E14F02E1F45.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (60-1) 350-6700 Bogotá D.C., (Colombia)
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-02871-01
Accionante: Diana Carolina Charry Sánchez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
1.
Las señoras Diana Carolina Charry Sánchez, Celmira Quiroga, Gabby Cristina
Sánchez López y Laura Ximena Charry Sánchez radicaron demanda, el 30 de
octubre de 2008, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo
86 del Código Contencioso Administrativo ( CCA)3, contra el departamento del Valle
del Cauca. Su objeto fue la declaratoria de responsabilidad de la entidad por la no
haber renovado el seguro de vida del diputado Carlos Alberto Charry Quiroga,
situación que les impidió reclamar el pago derivado de la muerte de este último.
2.
Como sustento fáctico de sus pretensiones, relataron que el señor Carlos Alberto
Charry Quiroga fue elegido diputado de la Asamblea Departamental del Valle del
Cauca para el período constitucional 2001-2003 y que uno de los requisitos previstos
para el desempeño del cargo era la suscripción de un seguro de vida con vigencia
en esa misma franja temporal, en la cual se les designó como beneficiarias. Ahora
bien, el 11 de abril de 2002, durante una sesión de la Asamblea, el referido señor fue
secuestrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ( FARC). Luego,
el 18 de junio de 2007, fue asesinado.
3.
En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo de Descongestión del
Circuito de Cali profirió sentencia el 31 de julio de 2014 en la que encontró acreditado
el daño antijurídico derivado de la negativa frente al reconocimiento y pago del
seguro de vida de los exdiputados fallecidos en cautiverio, ante la culminación del
período constitucional para el cual fueron elegidos.
4.
En igual sentido, encontró probada la falla del servicio alegada dado que para la
fecha en que ocurrió el secuestro del señor Carlos Alberto Charry Quiroga, el 11 de
abril de 2002, este se desempeñaba como diputado del Valle del Cauca. Además,
estaba en ejercicio de funciones propias del cargo en las instalaciones de la
Asamblea Departamental, cuando fue atacado por integrantes de un grupo al margen
de la ley. Por ende, aunque la demandada continúo asumiendo el pago de los
salarios y de las prestaciones sociales, era su deber renovar la citada póliza con el
fin de cubrir el riesgo de su muerte, máxime al constituir un hecho notorio que fue
privado arbitrariamente de su libertad y posteriormente asesinado.
5.
En particular, resaltó que era deber del departamento del Valle del Cauca, a través
de la Asamblea departamental, contratar a una compañía de seguros que cubriera
el amparo de la póliza del señor Carlos Alberto Charry Quiroga. En consecuencia,
3 Radicada con el consecutivo número 76001-33-31-017-2008-00351-00.
2
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declaró la responsabilidad del departamento del Valle del Cauca y lo condenó al pago
de los correspondientes perjuicios.
6.
Inconforme con esta decisión, la entidad territorial radicó recurso de apelación en
el que pidió revocar la sentencia apelada porque, por un lado, no era deber de la
administración asumir la renovación de la póliza más allá de la extensión del período
constitucional; y, por otro lado, la parte actora no demostró los perjuicios. De ahí que
bastaba con la continuidad en el pago de los salarios y demás prestaciones de
conformidad con la ley.
7.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca desató el recurso en sentencia del
25 de septiembre de 2015, en la que precisó que, en efecto, el departamento del
Valle del Cauca le pagó al señor Carlos Alberto Charry Quiroga el seguro del que era
beneficiario solamente hasta el 31 de diciembre de 2003, cuando terminó su período
constitucional. No obstante, en punto a la imputación, refirió que ya se pronunció en
el fallo del 10 de mayo de 2013 dictado en el expediente con radicado núm. 2008-
00275-01, en el que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda
en un proceso con similares supuestos, de ahí que reiteraba las consideraciones allí
expuestas.
8.
Determinó que no les asistía razón a las demandantes cuando afirmaron que la
entidad territorial tenía el deber de renovar la póliza del seguro de vida del fallecido,
porque la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado había emitido un
concepto en otro sentido. Adicionalmente, la Fiscalía Especializada de Cali,
mediante la Resolución núm. 009 del 22 de abril de 2005, le ordenó al departamento
del Valle del Cauca que continuara cancelando los salarios y demás emolumentos
percibidos por los diputados para no afectar los derechos fundamentales de sus
familias.
9.
Empero, allí no se previó que le asistía la obligación de afiliar, nuevamente, a
quienes hicieran parte de estas corporaciones públicas. A esto agregó que, de
conformidad con la póliza del seguro de vida, de fecha 15 de abril de 2002, no se
permitía la asegurabilidad del señor Carlos Alberto Charry Quiroga, comoquiera que
no ostentaba la calidad de diputado. En estos términos, expresó que aun si el
departamento hubiera renovado la póliza al vencimiento del período constitucional,
los familiares no podían hacer exigible el riesgo amparado, ya que su muerte se
produjo con posterioridad a su integración al grupo asegurado.
10.
Esto implicaba que la póliza preveía una cobertura mientras subsistiera la
obligación de pago a cargo del empleador, no así cuando terminara la relación
sustancial que dejaba sin sustento la garantía. Con todo, aclaró que los fallos que
utilizó el Juzgado, como sustento para acceder a las pretensiones de la demanda,
no constituían precedente aplicable al presente asunto.
3
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11.
Precisó el Tribunal que, después de vencido el período constitucional el
departamento del Valle del Cauca no tenía ninguna obligación, por lo tanto no había
forma de imputarle responsabilidad al Estado. Así las cosas, procedió a revocar la
sentencia de primera instancia para, en su lugar, negar las pretensiones de la
demanda. Esta providencia se notificó por medio de edicto que se desfijó el 7 de
octubre de 20154.
12.
Ahora bien, la parte demandante, el 23 de septiembre de 2016, radicó recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia de segunda instancia. Invocó que se
configuró la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, porque se
inobservó la normativa constitucional y legal relativa a la seguridad social, de ahí que
la póliza debió garantizarse durante todo el tiempo en que duró el secuestro y la
situación que vivieron los diputados exigía mantener el seguro de vida. En particular,
refirió que en un proceso similar el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión
del Circuito de Cali accedió a las pretensiones. También expuso que aportaban
nuevas pruebas que no se pudieron allegar al proceso por razones de fuerza mayor5.
13.
Agotado el trámite procedente, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado profirió sentencia el 18 de noviembre de 2024 en la que declaró infundado
el recurso de extraordinario de revisión y condenó en costas a la parte recurrente.
14.
En detalle, la autoridad refirió que los aspectos referidos a la valoración probatoria
y a la responsabilidad son sustanciales en la controversia ordinaria, frente a los
cuales no cabía el recurso extraordinario de revisión, al no poder emplearse para
revivir la controversia. Por su parte, pese a que la parte recurrente no manifestó
cuáles pruebas fundamentaban la causal invocada, el Consejo de Estado analizó los
documentos aportados, entre estos una sentencia proferida en otro asunto de
reparación directa, y concluyó que estos no admitían la calificación de pruebas
encontradas o recobradas en los términos del numeral 1 del artículo 250 del CPACA.
15.
Puntualmente, frente a la sentencia dictada en el otro proceso de reparación
directa, el Consejo de Estado aclaró que se aportó con el fin de ser tenida en cuenta
como un pronunciamiento judicial, y no como un medio de prueba.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
16.
La señora Diana Carolina Charry Sánchez solicitó, en el escrito de tutela que se
admitiera esta acción constitucional, se ordenaran las medidas requeridas para
garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y que se emitiera un
fallo favorable. En concreto, como pretensiones, reclamó lo que sigue:
4
Como se consignó en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario.
5 Como se consignó en la sentencia que resolvió el recurso extraordinario, a este trámite se le asignó el número
de radicado 76001-33-31-000-2008-00351-01, el cual corresponde al proceso originario de reparación directa.
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Accionante: Diana Carolina Charry Sánchez
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1. Se declare que las decisiones judiciales proferidas por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y confirmadas por el Consejo de Estado vulneraron los derechos
fundamentales invocados.
2. Se ordene a las autoridades judiciales competentes revisar las decisiones bajo los
principios constitucionales mencionados.
3. Se garantice la protección efectiva del derecho a la igualdad, confianza legítima y
seguridad jurídica.
17.
En sustento, indicó que radicó una demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra el departamento del Valle del Cauca por la omisión en la
renovación del seguro de vida del que era titular el diputado Carlos Alberto Charry
Quiroga. Manifestó que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca revocó la decisión y negó las pretensiones al considerar que no le asistía
responsabilidad a la entidad demandada en punto a la obligación legal de renovar la
póliza una vez expirado el período constitucional.
18.
Sin embargo, interpuso un recurso extraordinario de revisión ante el Consejo de
Estado, que se declaró infundado porque las pruebas aportadas no cumplían con los
requisitos para modificar la decisión. En este orden, a partir de lo expuesto, expresó
lo que se transcribe a continuación:
5. En un caso similar, relacionado con otro diputado en circunstancias idénticas, se
falló a favor de los demandantes y se reconoció el pago del seguro de vida, lo que
evidencia una contradicción en las decisiones judiciales frente a hechos y
fundamentos jurídicos idénticos.
6. Esta disparidad en las decisiones judiciales vulnera los derechos fundamentales
de la señora Diana Carolina Charry Sánchez, especialmente el derecho a la igualdad,
confianza legítima y seguridad jurídica.
19.
Por consiguiente, puso de presente que, en un caso similar al suyo, en
particular de otro diputado secuestrado, quien posteriormente falleció, se reconoció
el pago de un seguro de vida. Por oposición, las decisiones en su proceso fueron
contradictorias, en tanto negaron las pretensiones de la demanda con argumentos
que no se aplicaron en el caso de la referencia. Así las cosas, tenía la expectativa
de que su asunto se resolvería como se ha hecho en situaciones anteriores.
2.3. Trámite procesal
20.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado admitió la solicitud
de amparo en auto del 19 de mayo de 2025 6; vinculó a Celmira Quiroga Segura,
Gabby Cristina Sánchez López, Laura Ximena Charry Sánchez, al departamento del
Valle del Cauca, a la Asamblea Departamental del Valle del Cauca, al Juzgado Décimo
Administrativo de Descongestión de Cali y al Tribunal Administrativo del Valle del
6 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 4.
5
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Cauca. Asimismo, tuvo como pruebas las aportadas con la demanda y requirió a la
accionante para que acreditara la calidad de agente oficioso de las señoras Celmira
Quiroga Segura, Gabby Cristina Sánchez López y Laura Ximena Charry.
21.
Igualmente, le pidió que allegara copia del fallo favorable emitido en el caso del
otro diputado, así como los documentos de la póliza de seguro de vida y las
certificaciones laborales. Le solicitó a la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado que remitiera el expediente digital.
22.
El magistrado de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
rindió informe en el que expuso que en sentencia del 18 de noviembre de 2024 declaró
infundado el recurso extraordinario de revisión comoquiera que ese mecanismo no es
una tercera instancia y no se demostró la configuración de la causal prevista en el
numeral 1 del artículo 250 del CPACA. En este orden, la acción de tutela era
improcedente porque no satisfacía el requisito de relevancia constitucional, ya que no
entró a revisar el fondo del proceso de reparación directa, por tanto, al margen de que
la parte actora no identificó a cuál providencia hizo referencia, no era posible que
hubiera contrariado lo resuelto en otro asunto en sede de responsabilidad7.
23.
La apoderada del departamento del Valle del Cauca solicitó su desvinculación de
este trámite constitucional porque la acción de tutela se dirigía exclusivamente contra
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este orden, planteó,
como excepciones, la improcedencia del amparo por inexistencia de vulneración de
los derechos fundamentales y la innominada8.
24.
Posteriormente, el magistrado ponente profirió auto el 9 de junio de 2025 9 en el
que ordenó notificar a las señoras Celmira Quiroga Segura, Gabby Cristina Sánchez
López y Laura Ximena Charry Sánchez, en su condición de terceras vinculadas. Con
ocasión a esto, las referidas interesadas allegaron memorial de intervención en el que
manifestaron que coadyuvaban la acción de tutela interpuesta por la señora Diana
Carolina Charry Sánchez. Por ello, transcribieron los hechos y fundamentos
incorporados a la solicitud de amparo10.
2.4. Sentencia de primera instancia
25.
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado profirió sentencia
el 10 de julio de 2025 en la que declaró improcedente la acción de tutela. Asimismo,
negó la solicitud de desvinculación propuesta por la gobernación del Valle del Cauca.
7 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 8.
8
Samai. exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 10, E4952BDF899DD0DD 269B5F821BE7AB64
3FEC2DD287C9E391 812A5FE4FD488D18.
9 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 13.
10 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 17.
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Accionante: Diana Carolina Charry Sánchez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
26.
En sustento, refirió que, aunque requirió a la señora Diana Carolina Charry
Sánchez para que aportara las pruebas que permitieran acreditar su calidad de agente
oficiosa de las señoras Celmira Quiroga Segura, Gabby Cristina Sánchez López y
Laura Ximena Charry, esta no allegó lo pertinente. De manera que solo la primera de
estas se tendría como accionante y, las demás, como terceras interesadas en el
trámite constitucional.
27.
Aclaró que no accedería a la solicitud de desvinculación propuesta por la
Gobernación del Valle del Cauca, en la medida en que esta entidad actuó como parte
demandada en el proceso ordinario. De ahí que fue vinculada a este proceso como
tercera con interés. En igual sentido, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado precisó que a pesar de que en las pretensiones la parte accionante
mencionó al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la acción de tutela se dirigía
exclusivamente contra la sentencia expedida el 18 de noviembre de 2024 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el marco del recurso
extraordinario de revisión.
28.
En este contexto, consideró que la solicitud de amparo de la referencia no cumplió
con el presupuesto de identificación razonable de los hechos y de la vulneración, en
la medida en que la señora Diana Carolina Charry Sánchez no reparó, directamente,
y de forma clara, en las razones por las cuales la sentencia proferida por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado vulneró sus derechos fundamentales.
Bajo este entendido, no expuso argumentos de suficiencia que sustentaran el amparo
interpuesto contra la decisión que declaró infundado su recurso extraordinario de
revisión.
29.
En particular, la parte actora presentó un único argumento, consistente en que a
otro diputado, en circunstancias similares, se le reconoció el pago del seguro de vida.
Sin embargo, no identificó las particularidades de ese caso ni explicó por qué dicha
comparación resultaba relevante para demostrar la vulneración de sus derechos. En
consecuencia, la mera enunciación de una supuesta afectación no cumplía con los
requisitos mínimos de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.
30.
Enfatizó en que, aunque la tutela se dirigió contra la providencia de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en algunas partes de la demanda se
dirigieron cargos contra la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 25 de septiembre de 2015. Esta situación, a juicio de la autoridad,
impedía tener claridad frente a los hechos vulneradores y la coherencia de lo
planteado. Así pues, la intención de la parte accionante era utilizar la acción de tutela
para reabrir un debate concluido, lo cual desnaturalizaba el citado mecanismo
subsidiario y excepcional, porque el juez constitucional no puede reemplazar al
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Accionante: Diana Carolina Charry Sánchez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
natural. Con todo, reiteró que la simple divergencia interpretativa no comprendía una
razón válida para acudir en sede de tutela11.
2.5. Impugnación
31.
Las señoras Diana Carolina Charry Sánchez, Laura Ximena Charry Sánchez,
Gabby Cristina Sánchez López y Celmira Quiroga Segura interpusieron recurso de
impugnación contra el fallo de primera instancia, con el objeto de que este se revocara
y, en su lugar, se concediera el amparo constitucional y se dejara sin efectos la
decisión del 18 de noviembre de 2024. Expresaron que en el caso particular se
cumplían los requisitos de procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular al incurrirse en defecto fáctico por «omisión en la
valoración de precedentes».
32.
Manifestaron que, a diferencia de lo dicho por la primera instancia, sí
explicaron que existió contradicción con otras decisiones judiciales que resolvieron
casos similares, en particular en el proceso promovido por el señor Juan Carlos
Narváez Reyes, lo que afectó sus derechos. Por esta razón, aportaron al proceso las
pruebas que permitían realizar la comparación y, de esta manera, concluir que se
inobservaron los criterios jurisprudenciales que exigían la garantía de una aplicación
uniforme y la motivación debida de las diferencias. Por consiguiente, la decisión
impugnada omitió reconocer una vulneración justificada de los derechos y no valoró
debidamente las pruebas y los argumentos12.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
33.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia proferida el
10 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
34.
La legitimación en la causa por activa de la señora Diana Carolina Charry
Sánchez está demostrada porque fue quien integró el extremo recurrente en el
recurso extraordinario de revisión. Asimismo, está probada la legitimación en la
causa por pasiva de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en tanto fue la autoridad que dictó el fallo del 18 de noviembre de 2024.
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 19.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-00, índice 23.
8
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35.
En punto a esto, la Sala coincide con la decisión de primera instancia en cuanto
a que no es procedente la desvinculación del departamento del Valle del Cauca, ya
que actúa en este proceso como tercero con interés y no como parte accionada. De
ahí que no le resulta aplicable el requisito de la legitimación en la causa por pasiva.
3.3. Problema jurídico
36.
La Sala debe decidir si hay lugar a confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida el 10 de julio de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que declaró improcedente al amparo. Para ello deberá establecer
si se superó el requisito de identificación razonable de los hechos y argumentos y, si
la respuesta es afirmativa, los restantes presupuestos de procedibilidad En caso de
que estos estén acreditados, se realizará el estudio de fondo correspondiente.
3.4. Requisito de procedibilidad de identificación razonable de los hechos y
argumentos
37.
En relación con el mencionado requisito, es preciso indicar que el artículo 14
del Decreto 2591 de 1991 establece que la acción de tutela tiene un carácter
informal. No obstante, la solicitud de amparo deberá exponer con la mayor claridad
posible la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera amenazado,
el nombre de la autoridad accionada, y la descripción de las demás circunstancias
relevantes para decidir la solicitud.
38.
Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte
Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de
procedibilidad que la parte actora identifique de manera razonable los hechos
generadores de la vulneración y los derechos afectados. En igual sentido, el tribunal
constitucional, en sentencia SU-585 de 2017, sostuvo que:
[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto,
resulta de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad
especial, la que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la
providencia judicial.
39.
Con fundamento en lo expuesto, cuando la acción de tutela es presentada
contra una providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:
9
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Accionante: Diana Carolina Charry Sánchez
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[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio
de cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela,
y que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales13.
40.
Aplicado lo anterior al caso concreto, la Sala considera que la señora Diana
Carolina Charry Sánchez se limitó, en su escrito de tutela, a afirmar que, en un caso
similar al suyo se reconoció el pago del seguro de vida, lo que evidenciaba una
contradicción entre los hechos y fundamentos jurídicos contenidos en las decisiones.
En este orden, para la accionante, la disparidad que advirtió en las providencias
vulneraba sus derechos fundamentales.
41.
En punto al anterior planteamiento, la Sala destaca que la accionante en su
solicitud de amparo no identificó concretamente el antecedente que supuestamente
fue inadvertido, ni tampoco lo aportó al trámite constitucional14, en sede de primera
instancia, pese a que en el auto admisorio se le requirió para tal efecto. De ahí que
esto solo lo hizo hasta la interposición del recurso de impugnación en el que precisó
que la contradicción se presentó en otros casos similares, como el proceso promovido
por el señor Juan Carlos Narváez, al punto que aportó decisiones judiciales que
supuestamente hacian evidente la disparidad.
42.
La Sala no pasa por alto que la segunda instancia no es el escenario para
ampliar los cargos de la acción de tutela, ni para aportar nuevas pruebas, sin
embargo, dadas las particularidades del presente caso habría lugar a examinar lo
indicado por la parte solicitante como una garantía de acceso a la administración de
justicia.
43.
En este contexto, una vez revisadas las decisiones aportadas con la
impugnación, que dicho sea de paso no constituyen medios de prueba, la Sala
observa que estas se refieren a: (i) una acción de reparación directa promovida por
los señores Juan Carlos Narváez Jiménez y Fabiola Perdomo Estrada, decidida por
el Juzgado Quinto Administrativo de Descongestión del Circuito de Cali el 10 de julio
de 2015, en la que se accedió a las pretensiones de la demanda15; y (ii) al mecanismo
eventual de revisión tramitado por la Sala Especial de Decisión núm. 9 el 9 de
septiembre de 2020, cuyo objeto fue revisar la sentencia proferida el 22 de febrero de
2013 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de
13 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente N° 25000-
23-36-000-2019-00003-01(AC).
14 Con la demanda de tutela la parte actora únicamente aportó copia de las sentencias proferidas el 18 de
noviembre de 2024 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en sede del recurso
extraordinario de revisión, y el 31 de julio de 2014 y el 25 de septiembre de 2015, dentro de la acción de
reparación directa que promovió.
15 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-01, índice 23, B89A1F628D4A49AF 209E693DD86DCBA4
207EF782D5F2037E 63DF98459842B146.
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la demanda16 dirigida a declarar la responsabilidad por falla del servicio con ocasión
de la muerte en cautiverio de 11 diputados.
44.
Así las cosas, resulta evidente que, aunque estas decisiones judiciales fueron
aportadas de manera extemporánea, la parte actora no desarrolló una carga
argumentativa encaminada a exponer las razones por las cuales, a partir de su
contenido, se evidencie una vulneración de sus derechos fundamentales concretada
en la providencia objeto de tutela. Mas aún, al verificar las razones de la decisión, se
advierte que no fueron proferidas en sede del recurso extraordinario de revisión, sino
en el marco de una acción de reparación directa y de un mecanismo eventual de
revisión. En consecuencia, no podría configurarse contradicción alguna entre lo allí
decidido y la sentencia dictada por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, tal como lo señaló el magistrado ponente de dicha Sala al responder la
demanda de tutela.
45.
Bajo este entendido, la accionante no alegó, como se exige, una causal de
procedencia específica de la acción de tutela contra la sentencia proferida en sede
del recurso extraordinario, ni cuestionó, mínimamente, las razones que expuso la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado para declarar infundado
el citado mecanismo. Máxime, cuando este se radicó para establecer si la sentencia
del Tribunal, en segunda instancia de la acción de reparación directa, incurrió en la
causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, relativa a la prueba
encontrada o recobrada.
46.
En tales circunstancias, por lo menos en lo que respecta al recurso
extraordinario de revisión, la parte actora no explicó los motivos por los que se incurrió
en un defecto específico en la sentencia del 18 de noviembre de 2024. Al punto, pese
a que en su impugnación manifestó que se omitió la valoración del precedente judicial,
lo cierto es que, como ya quedó expuesto, no refirió la incidencia en la providencia
objeto de este trámite. En cambio, realizó el siguiente comparativo entre su caso y del
señor Juan Carlos Narváez Reyes:
Aspecto comparado Caso Carlos Alberto Charry Quiroga Caso de Juan Carlos Narváez
Reyes
Cargo Diputado Asamblea Departamental del Valle Diputado Asamblea Departamental
del Valle
Hecho generador Secuestro y asesinato en ejercicio del cargo Secuestro y asesinato en ejercicio
del cargo
Obligación estatal Renovación de póliza de seguro de vida Renovación de póliza de seguro de
vida
Decisión Consejo de Estado Negó pago del seguro (2024) Reconoció pago del seguro
Justificación No existía obligación legal Omisión en renovación configuró
responsabilidad administrativa
Derechos comprometidos Igualdad, confianza legítima y seguridad Garantía plena de los mismos
jurídica derechos
16 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-02871-01, índice 23,
11BA1DFCB54F134E A8EF3BF25A8AA849 E7A0D946E3AFCDA4 9817CDD52DA716F2.
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47.
De lo anterior se desprende que, si bien la acción de tutela se dirigió contra el
fallo del Consejo de Estado, en este último no se negó el pago del seguro, tal como
lo refirió la parte actora, sino que se declaró infundado el recurso extraordinario de
revisión interpuesto, precisamente, porque, entre otras razones, la recurrente refirió
cuestiones que son propias del fondo del proceso, sin ser esa la instancia prevista
para realizar tales manifestaciones.
48.
De este modo, la acción de tutela parte de la base de una lectura equivocada
de la providencia emitida en el recurso extraordinario, como si allí se hubiera resuelto
definitivamente la controversia, cuando la competencia del juez que conoce de ese
trámite se limita a la configuración de la causal taxativa invocada17. Por ello, el único
argumento propuesto en sede de este mecanismo constitucional, relativo a que se
dictó otra providencia en circunstancias idénticas en la que se resolvió conceder el
seguro de vida, al margen de que no se argumentó en debida forma, no cuestiona el
contenido de lo decidido en el fallo del 18 de noviembre de 2024.
49.
Por consiguiente, la acción de tutela no supera la exigencia argumentativa
mínima a través de la cual se logre evidenciar, con mediana claridad, las razones de
la vulneración alegada en el mecanismo extraordinario. De suerte que, no estarían
dados los supuestos para impedir que este juez constitucional realice un control de
otras decisiones judiciales, como las proferidas en la acción de reparación directa,
precisamente, porque un estudio oficioso y exhaustivo de la simple afirmación traída
por la tutelante, conllevaría a volver sobre el examen constitucional de las sentencias
proferidas en sede de responsabilidad.
50.
Con todo, al margen de lo expuesto, de considerarse que la acción de tutela
se dirige contra la sentencia proferida el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
autoridad que sí decidió sustancialmente el reconocimiento del derecho, en sintonía
con la forma en que se plantearon las pretensiones, y de acuerdo con el alcance
conferido al único cargo invocado por la accionante, de todos modos la solicitud de
amparo no superaría los requisitos generales de procedibilidad, en particular el de
inmediatez.
51.
Lo anterior, ya que la sentencia que definió la controversia ordinaria se dictó
el 25 de septiembre de 2015 y se notificó por edicto que se desfijó el 7 de octubre de
ese mismo año. No obstante, la demanda de tutela se interpuso hasta el 14 de mayo
de 2025, por una errada interpretación que se materializó en el recurso extraordinario
de revisión, porque allí la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de
Estado consideró que esa no era una oportunidad para revivir los debates propios
de la acción de reparación directa.
17 Esta es la razón por que la formula equivocadamente sus pretensiones en sede de tutela y pide declarar que
la decisión del Tribunal, confirmada por el Consejo de Estado, vulnera sus derechos fundamentales.
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IV. CONCLUSIONES
52.
En consecuencia, con fundamento en los motivos expuestos, la Sala
confirmará la sentencia dictada el 10 de julio de 2025 por la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de desvinculación
propuesta por el departamento del Valle del Cauca y declaró improcedente la acción
de tutela.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 10 de julio de 2025, dictada por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que negó la solicitud de
desvinculación propuesta por la Gobernación del Valle del Cauca y declaró
improcedente la acción de tutela promovida por la parte actora, conforme a lo expuesto
en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
VMP/SEJV
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