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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00706-00

Fecha
16 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-00706-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada contra la sentencia del 10 de febrero de 2022 dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación, por las razones expuestas. 2. Condenar a la parte demandante al pago de costas por concepto de agencias en derecho a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2023-00706-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

16 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-0315-000-2023-00706-00
Demandante: COOSERVITEC C.T.A.

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA TERCERA ESPECIAL DE DECISIÓN

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., dieciséis (16) noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Recurso extraordinario de revisión
Radicación: 11001-0315-000-2023-00706-00
Recurrente: Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Vigilancia y
Seguridad Privada
Temas: Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una
decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria (Numeral 1
del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011).

SENTENCIA QUE DECIDE RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN

La Sala Tercera Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de revisión
interpuesto por la Cooperativa de Trabajo Asociado de Servicios de Vigilancia y Seguridad
Privada (en adelante “COOSERVITEC”) contra la sentencia del 10 de febrero de 2022,
dictada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado1.

I. ANTECEDENTES

1. Del proceso ordinario

El 25 de enero de 2017, COOSERVITEC instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales (en adelante “UGPP”), para que se declarara la nulidad de:

(i) La Resolución RDO 894 del 28 de octubre de 2015, por medio de la cual se profirió
liquidación oficial por inexactitud y mora en las autoliquidaciones y pagos de los
aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos de enero a diciembre
de 2013, y se sancionó por inexactitud.
(ii) La Resolución RDC 644 del 18 de octubre de 2016, que resolvió el recurso de
reconsideración contra la resolución anterior y confirmó lo resuelto.

Como restablecimiento del derecho, pidió que se declarara que las liquidaciones privadas
presentadas por concepto de aportes al Sistema de la Protección Social, por los periodos
de enero a diciembre de 2013 se encontraban en firme; y se dejara sin efecto jurídico la
sanción por inexactitud.

El 14 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección B, profirió sentencia de primera instancia y negó las pretensiones de la
demanda.

1 Expediente 25000-23-37-000-2017-00077-01 (24728).

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Demandante: COOSERVITEC C.T.A.

En relación con el argumento de indebida aplicación de las normas que regulan los
aportes al Sistema de Protección Social a cargo de las cooperativas de trabajo asociado,
explicó que la UGPP aplicó las normas respectivas, pero COOSERVITEC incurrió en
omisiones e inexactitudes, por lo que la actuación de la administración no adoleció de
ninguna ilegalidad.

En cuanto al cargo de violación del derecho al debido proceso por falta de
correspondencia entre la liquidación oficial y el requerimiento para declarar, consideró que
las Resoluciones sí cumplían con ello. Adujo que los trabajadores nombrados en la
liquidación oficial fueron enunciados en el documento anexo al requerimiento especial, con
la respectiva nota explicativa de la irregularidad, por lo que la parte actora tuvo la
posibilidad de ejercer el derecho de contradicción.

COOSERVITEC interpuso recurso de apelación, en el cual insistió en los argumentos
presentados con la demanda.

El 10 de febrero de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado confirmó la sentencia
del a quo por las mismas razones.

2. Argumentos del recurso extraordinario de revisión

COOSERVITEC interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia del 10 de
febrero de 2022 de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con fundamento en la causal
contemplada en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, esto es, “[h]aberse encontrado o
recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se
hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

Como sustento de la causal adujo que el 10 de agosto de 2021, los Ministerios del Trabajo
y de Hacienda y Crédito Público expidieron la Circular Conjunta 00482, la cual no se pudo
aportar al proceso ordinario en el momento procesal oportuno, debido a: (i) la pandemia
originada por el COVID-19, (ii) las situaciones particulares de virtualidad de la
administración de justicia, y (iii) el fallecimiento de su apoderado el 13 de septiembre de
2021 causado por el COVID-19 del cual no tuvo conocimiento oportunamente. Adujo que
se tratan de situaciones de fuerza mayor y caso fortuito, pero que, si se hubiera aportado
la mencionada Circular, la decisión hubiera sido diferente.

Por último, señaló que hay una gran similitud entre el contenido de la Circular Conjunta
048 y la sentencia de unificación del 24 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta
de esta Corporación, por lo que, a su juicio, la sentencia de unificación3 le otorgó un alto
valor probatorio a la Circular. Concluyó que, si se hubiese anexado la Circular Conjunta al
expediente, el resultado habría sido favorable para la recurrente.

3. Trámite procesal

El 20 de febrero de 2023, se admitió el recurso extraordinario de revisión, y se ordenó
notificar a la UGPP, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
2 Por medio de la cual se fijó que “para efectos del pago de aportes de los trabajadores asociados al Sistema de
Seguridad Social Integral, no se considerarán como compensaciones ordinarias ni extraordinarias, los pagos que no
retribuyan el trabajo del asociado de una Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado”.
3 SU del 24 de marzo de 2022 proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Radicado 54001-23-33-000-2014-

00364-01 [24724] 2022CE-SUJ-4-001, MP Stella Jeannette Carvajal Basto, que sentó jurisprudencia en relación con la
conformación del ingreso base de cotización (IBC) sobre el que las cooperativas de trabajo asociado deben liquidar y
pagar los aportes con destino al sistema de la protección social.
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Estado.

El 21 de abril de 2023, se resolvió tener como pruebas los documentos aportados con la
demanda y se ofició a la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
para que remitiera digitalizado el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho. El
proceso fue remitido de manera digital el 28 de abril de 2023 y se fijó en lista el 3 de mayo
del mismo año.

El 20 de septiembre de 2023, el magistrado ponente requirió a los Ministerios del Trabajo y
de Hacienda y Crédito Público para que remitieran copia de la Circular Conjunta 048 del
10 de agosto de 2021, así como del Diario Oficial en el cual se publicó.

El 28 de septiembre de 2023, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio respuesta y
el 4 de octubre de la misma anualidad el Ministerio de Trabajo contestó la solicitud. Los
dos Ministerios enviaron copia de la Circular e informaron que esta no se publicó en el
Diario Oficial. El 12 de octubre de 2023 se fijó en lista las respuestas de los respectivos
Ministerios.

El 17 de octubre de 2023, la parte actora se pronunció sobre la respuesta de los
Ministerios y adujo que se trata de una Circular Externa que no tiene la categoría de acto
administrativo y conforme con el literal c) del artículo 119 de la Ley 489 de 1998, está
excluida de publicarse. Reiteró que el fallo objeto del recurso extraordinario debió tener en
cuenta los parámetros de la Circular Conjunta.

4. Intervenciones

La UGPP se opuso al recurso extraordinario de revisión al considerar que no se configura
la causal alegada, específicamente, por dos razones: i) no se trata de pruebas recobradas,
y ii) no se acredita la condición de fuerza mayor, o caso fortuito, u obra de la parte
contraria, como justificante para que no se hubieren aportado los documentos de manera
oportuna.

En relación con el primer argumento, sostuvo que ni la Circular Conjunta 048 del 10 de
agosto de 2021 del Ministerio de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, ni la sentencia
de unificación jurisprudencial 24724 del 24 de marzo de 2022 proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, se encontraban en poder del recurrente antes de proferir
sentencia.

En cuanto al segundo argumento, adujo que el recurso extraordinario de revisión se
interpuso casi un año después de acontecidos los hechos que pretende hacer valer, los
cuales incluso fueron posteriores al trámite procesal adelantado. Explicó que la Circular
Conjunta se expidió el 10 de agosto de 2021, el fallecimiento del apoderado del
demandante sucedió en septiembre de 2021, la sentencia de segunda instancia se profirió
el 10 de febrero de 2022 y la sentencia de unificación es del 24 de marzo de 2022. En esa
medida, argumentó que no se configuró la circunstancia de la imposibilidad de aportar
oportunamente dichos documentos.

Enfatizó que el recurso extraordinario de revisión no es una tercera instancia y lo que
pretende la recurrente es revivir la controversia jurídica y fáctica propia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Explicó que el recurso no se puede usar para
subsanar errores cometidos durante la etapa probatoria, para reabrir el debate de las
pruebas, ni para expresar inconformidades frente a la valoración de una prueba.

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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron
silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia y oportunidad del recurso

De conformidad con el parágrafo 2° del artículo 249 del CPACA4, la Sala Tercera Especial
de Decisión es competente para resolver el recurso extraordinario de revisión promovido
por COOSERVITEC contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.

La sentencia recurrida se dictó el 10 de febrero de 2022, se notificó el 21 de febrero de
2022, y quedó ejecutoriada el 24 del mismo mes y año. COOSERVITEC presentó el
recurso extraordinario de revisión el 10 de febrero de 2023, esto es, dentro del año
siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia, conforme lo exige el inciso 1 del
artículo 251 CPACA.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución

Le corresponde a la Sala establecer si la providencia del 10 de febrero de 2022 incurrió en
la causal de haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia
documentos decisivos, con los cuales se hubiera proferido una decisión diferente y que la
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la
parte contraria conforme con el artículo 250-1 del CPACA. Para resolver dicho
interrogante, la Sala se referirá a (i) la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, y
al alcance de la causal de prueba recobrada; y finalmente, (ii) al caso concreto.

La Sala anticipa que declarará infundado el recurso extraordinario de revisión por no
configurarse la causal de revisión alegada.

2.1. Naturaleza del recurso extraordinario de revisión5 y el alcance de la causal de
prueba recobrada

En general, el recurso extraordinario de revisión es un medio de impugnación excepcional
contra la sentencia, que permite el rompimiento del principio de cosa juzgada. Se propone
con el fin de restablecer tanto el imperio de la justicia como la vigencia del ordenamiento
jurídico, que pueden resultar quebrantados por sentencias injustas.

Dicho recurso, sin embargo, no es el mecanismo para cuestionar la actividad
interpretativa, ni la valoración probatoria del juez, ni para que el afectado con la sentencia
proponga cuestiones que no alegó oportunamente en el proceso originario6. Es un
instrumento para discutir y ventilar ciertos hechos procesales externos a la labor funcional
del juez, que pueden llegar a afectar el principio de justicia material.

4 Corresponde al Consejo de Estado conocer de los “recursos de revisión contra sentencias dictadas por las secciones o

subsecciones del Consejo de Estado”.
5 Ver, entre otras: Consejo de Estado, expediente 11001-0315-000-2013-01998-00, MP Hugo Fernando Bastidas

Bárcenas.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de mayo de

2019, Exp. 56.129.
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Entonces el ámbito de revisión está restringido por las causales que el legislador ha
determinado de manera taxativa, causales que, en todo caso, no admiten interpretaciones
más allá de lo que se deduce de su texto.

Las causales de revisión están previstas en el artículo 250 del CPACA y básicamente
tienen que ver con hechos como la falsedad, el fraude, el error, la aparición de
documentos decisivos que hubieren modificado el sentido de la decisión o incluso la
violación del debido proceso. Esas causales, como es apenas obvio, no aluden a errores
sustanciales que puedan derivarse de la falta de aplicación, la aplicación indebida o la
interpretación errónea de una norma sustancial. No es un recurso que proceda por
violación de la ley.

Ahora, respecto a la causal denominada prueba encontrada o recobrada, el Consejo de
Estado7 ha entendido que para su configuración deben cumplirse la totalidad de los
siguientes requisitos: (i) que el medio de prueba sea un documento, (ii) que sea
preexistente a la sentencia objeto de revisión, (iii) que se haya encontrado o recobrado
después de ejecutoriada la sentencia recurrida, (iv) que sea decisiva para cambiar el
sentido del fallo, y (v) que la imposibilidad de aportación por parte del recurrente obedezca
a una causa extraña de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la contraparte.

En cuanto a la exigencia de que el medio de prueba sea documental, el Consejo de
Estado ha sostenido que “no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando se
trata de otro tipo de pruebas (…)”8. En esa medida, se precisa que, según el artículo 243
del CGP, se consideran documentos “los escritos (…), y en general, todo objeto mueble
que tenga carácter representativo o declarativo”. Además, los documentos se clasifican en
públicos o privados, siendo los primeros los otorgados por funcionarios públicos en
ejercicio de sus funciones o con su intervención, o por particulares en ejercicio de
funciones públicas; y los segundos, los otorgados por particulares en su ámbito privado.

Esta Corporación9 ha señalado que el documento recobrado debe ser preexistente a la
sentencia atacada en revisión. Por regla general, la jurisprudencia ha precisado que los
documentos que se invoquen debieron generarse o elaborarse como máximo al
vencimiento del término para aportarlos10, que en el caso de procesos de doble instancia
tramitados en vigencia de la Ley 1437 de 2011 es en el término de ejecutoria del auto que
admite el recurso de apelación (Art. 212 CPACA).

Excepcionalmente, se ha extendido a documentos generados con posterioridad al
vencimiento de la respectiva oportunidad probatoria, siempre que versen sobre hechos
sobrevinientes11, situación susceptible de ser analizada en concordancia con lo previsto en

7 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintitrés Especial de Decisión,

sentencia de 3 de abril de 2018, CP Carlos Alberto Zambrano Barrera, Exp. 2016-02057- 00 (REV) y sentencia de 3 de
abril de 2018, Rad. 11001-03-15-000-2014-00783-00 (REV), MP Ramiro Pazos Guerrero.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Sexta Especial de Decisión, sentencia del 8 de

mayo de 2018, C.P: Carlos Enrique Moreno Rubio, exp: 2017-03489 (REV).
9 Ver, entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia

de 4 de junio de 2021, MP María Adriana Marín, Exp. 33.977. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de noviembre de 2021, MP María Adriana Marín, Exp. 51.617.
10 Ver, entre otras, proferidas por las Secciones del Consejo de Estado: i) Sección Primera, sentencia de 18 de octubre

de 2005, MP Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, Exp. 1999-00197- 01(REV), ii) Sección Segunda, Subsección B,
sentencia de 30 de septiembre de 2021, MP Carmelo Perdomo Cuéter, Exp. 2816-15 iii) Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 29 de noviembre de 2019, MP Jaime Enrique Rodríguez Navas, Exp. 45.187 y v) Sección Quinta, sentencia
de 6 de mayo de 2021, CP Rocío Araújo Oñate, Exp. 2021-00012 (REV).
11 El Consejo de Estado ha definido lo que debe entenderse como hecho sobreviniente en los siguientes términos:

“Frente a este punto, la Sala precisa que el hecho sobreviniente es aquel que versa sobre el litigio y surge con
posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas (...)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, auto del 13 de septiembre de 2021, MP Oswaldo Giraldo López, Exp. 2020-02720 (PI).
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el artículo 281 del CGP12.

Frente a tratarse de una prueba encontrada o recobrada después de dictada la sentencia
objeto de revisión, la jurisprudencia13 ha entendido que se trata de un documento que la
parte solo obtuvo después de la sentencia, o, en otras palabras, que llegó a su poder con
posterioridad a esta. Dicha causal de revisión busca remediar la injusticia de no poder
aportar una prueba documental que se encontraba perdida o se desconocía su existencia
y que, como consecuencia, no fue apreciada por el juzgador14.

Adicionalmente, el documento debe ser decisivo, lo que significa que con su estudio se
hubiera podido proferir una decisión diferente. En otras palabras, que se trate de “una
prueba cuyo valor persuasivo sea suficiente para influir en el sentido de la decisión15 o que
arroje convicción distinta al juzgador sobre hechos que tuvo por acreditados dentro del
proceso”16. No es tan solo tener una relación con la controversia o que revelen una nueva
perspectiva del debate, sino que ellos una vez descubiertos o recobrados, hagan que la
decisión preexistente resulte insostenible17.

Por último, el recurrente debe probar que no pudo aportar el documento al proceso por
circunstancias ajenas a su voluntad, debido a que ocurrieron motivos de fuerza mayor, o
caso fortuito u obra de la parte contraria. Al respecto, el Consejo de Estado ha explicado
que “no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una
verdadera imposibilidad apreciada objetivamente”18. En esa línea, el recurrente debe
probar la configuración de la causa extraña, “pues no existe presunción legal de su
acaecimiento ni podría el juez interpretar en su favor la ocurrencia de los mismos, en el
escrito del recurso debe obrar justificación clara y convincente de que le fue imposible
aportar los documentos en el momento indicado, únicamente por la ocurrencia de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte”19.

2.2. Caso concreto

La parte actora aduce que la causal de revisión establecida en el numeral 1 del artículo
250 de la Ley 1437 de 2011 se configuró, porque se recobró la Circular Conjunta 048 del
10 de agosto de 2021 del Ministerio de Trabajo y de Hacienda y Crédito Público, la cual no

12 A cuyo tenor: “Artículo 281. Congruencias (...) En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o

extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda,
siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión
o que la ley permita considerarlo de oficio” (se destaca).
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de octubre de 1994, exp 043 y

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 11 de noviembre de 2016, radicación: 25000-23-26-
000-1996-13158-01 (34697), MP Stella Conto Díaz del Castillo.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril

de 2015, CP Danilo Rojas Betancourth, Exp. 26.239.
15 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de febrero de 2013, radicación:

11001-03-15-000-2008-00638-00 (REV), MP Alberto Yepes Barreiro; sentencia de 17 de julio de 2013, radicación:
11001-03-15-000-2009-00062-00 (REV), MP. Alfonso Vargas Rincón.
16 Consejo de Estado Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 19 de septiembre de 2023, radicación:

11001-03-15-000-2020-03585-00, MP Luis Alberto Álvarez Parra.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Cuarta Especial de Decisión, Sentencia del 4

de junio de 2019, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 11001-03-15-000-2014-00447-00(REV).
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, radicación

11001-03-15-000-1998-00173-00 (REV-173), MP. María Elena Giraldo Gómez. La referida providencia fue citada por la
Sala Doce Especial de Decisión de esta corporación, en la sentencia de 3 de febrero de 2015, radicación: 11001-03-15-
000-2001-00117-01 (REV) MP. Ramiro Pazos Guerrero.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de

noviembre de 2021, radicación: 76111-33-31-701-2010-00201-018(51617), MP. María Adriana Marín. En el mismo
sentido puede verse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia de 18 de noviembre de 2021, radicación: 44001-33-33-001-2013-00212-01(AG) (REV), MP. Fredy Ibarra
Martínez.
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se pudo aportar al proceso ordinario con ocasión de la pandemia causada por el COVID-
19 y el fallecimiento de su abogado, y que de haberse conocido por el juzgador la decisión
habría sido diferente.

A continuación, se analizarán para el caso concreto cada uno de los elementos que
configurarían la causal de revisión.

(i) Que la prueba encontrada o recobrada sea de carácter documental

En el sub lite, la Circular Conjunta 048 del 10 de agosto de 2021 (en adelante “Circular
Conjunta”) es un escrito, concretamente, un documento público, pues fue suscrito por el
Ministro de Trabajo y el de Hacienda y Crédito Público, por lo que se cumple con este
requisito.

(ii) Que sea un documento preexistente a la sentencia que se recurre en revisión

En este punto es importante precisar que el referente temporal para analizar la
preexistencia del documento es el vencimiento del término para aportar las pruebas, y
tratándose de procesos de doble instancia, como el que ahora se estudia, es el término de
ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación.

La Sala advierte que la sentencia de primera instancia se profirió el 14 de marzo de 2019,
el auto que admitió la apelación es del 22 de julio de 2019 y se notificó el 26 del mismo
mes y año, la Circular Conjunta es del 10 de agosto de 2021, y la sentencia de segunda
instancia objeto de revisión es del 10 de febrero de 2022. En esa medida, la Circular
Conjunta surgió con posterioridad a la oportunidad probatoria en segunda instancia.

No obstante, la jurisprudencia ha extendido este requisito a los hechos sobrevinientes,
como el que ahora se estudia, pues además de surgir con posterioridad al término de
ejecutoria del auto que admitió el recurso, versa sobre el mismo asunto del litigio. Al
respecto, esta Sala encontró que la Circular Conjunta tiene relación con lo que se discute
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, pues busca determinar la
configuración del IBC para liquidar los aportes de las cooperativas de trabajo asociado al
Sistema de Seguridad Social Integral.

En consecuencia, se tiene por acreditado el segundo requisito de la causal de revisión
invocada, por tratarse de un documento preexistente a la sentencia recurrida, pero
posterior al término del auto que admitió el recurso, configurándose así en un hecho
sobreviniente.

(iii) Que sea un documento encontrado o recobrado después de ejecutoriada la
sentencia recurrida

La Sala considera que la Circular Conjunta es un documento encontrado o recobrado con
posterioridad a la sentencia reprochada, debido a que la intención de la recurrente no es
subsanar las falencias probatorias del proceso ordinario, ni hacer valer documentos que
no se incorporaron por omisión de la parte interesada. Por el contrario, se trata de una
prueba que no estaba en su poder, y según lo señalado por el mismo recurrente, fue el
fallecimiento de su abogado (para lo cual se aportó el certificado de defunción) y la
pandemia ocasionada por el COVID-19 los que le impidieron aportar al proceso el
documento mencionado, pero se logró conseguir ya terminado el proceso.

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Además, se advierte que tal y como lo manifestaron los Ministerios del Trabajo y de
Hacienda y Crédito Público, la Circular Conjunta aludida no fue publicada en el Diario
Oficial, lo que prueba que la parte actora tuvo dificultades para conocer ese documento y
solicitar su práctica en la respectiva oportunidad probatoria.

En esa medida, en aplicación al principio de la buena fe y de la valoración de los
documentos allegados al expediente, la Sala encuentra acreditado el requisito de ser una
prueba encontrada con posterioridad a la sentencia reprochada.

(iv) Que sea un documento decisivo para cambiar el sentido del fallo

La Sala considera que la Circular Conjunta no es un documento decisivo para influir en el
sentido de la decisión o que esta haya arrojado a una convicción distinta al juzgador sobre
los hechos que tuvo por acreditados.

Contrario a lo afirmado por el recurrente, la Circular Conjunta del 10 de agosto de 2021 sí
es un acto administrativo de carácter general. Según la jurisprudencia del Consejo de
Estado, un acto administrativo de carácter general es aquel cuyos “efectos son abstractos
o cuando no se resuelven situaciones jurídicas concretas”20. En otras palabras, es “aquel
que tiene la virtualidad de ser «creador de situaciones jurídicas generales, impersonales y
objetivas […] en cuanto contiene reglas de derecho y no decisiones individuales o
concretas»”21,

En esa medida, la Circular Conjunta es un acto administrativo general porque está dirigida
a un grupo indeterminado, esto es, “Administradoras del Sistema de Seguridad Social
integral, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
parafiscales de la Protección Social – UGPP, Cooperativas y Precooperativas de Trabajo
Asociado”; y además, en su contenido, interpretó las normas que regulan los aportes a
seguridad social de las cooperativas de trabajo asociado, y fijó unas directrices sobre su
pago, por lo que en últimas contiene reglas de derecho.

Sin embargo, de conformidad con el artículo 65 del CPACA, los actos administrativos de
carácter general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario
Oficial. En esa línea, se resalta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio
respuesta al requerimiento del Despacho ponente para manifestar que “no se encontró el
Diario Oficial donde fue publicada la Circular Conjunta”22; y el Ministerio del Trabajo
sostuvo que de acuerdo con las consultas formuladas por diferentes dependencias “la
Circular No. 0048 del 10 de agosto de 2021 no fue publicada”23.

Teniendo en cuenta lo señalado por los Ministerios, la Sala concluye que conforme con el
literal c) del artículo 11924 de la Ley 489 de 199825 y el artículo 65 del CPACA, la falta de
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 12 de agosto de 2019, Expediente 39.069, CP

Carlos Alberto Zambrano Barrera; y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 23 de agosto de
2019, Expediente 62.081, CP Ramiro Pazos Guerrero, entre otras.
21 Consejo de Estado, Sala Décima Especial de Decisión, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia del 8 de junio de

2021, Radicado 11001-03-15-000-2021-00149-00 (CA).
22 Ver índice 28 de SAMAI en el expediente 11001-0315-000-2023-00706-00.
23 Ver índice 30 de SAMAI en el expediente 11001-0315-000-2023-00706-00.
24 Artículo 119.Publicación en el Diario Oficial. A partir de la vigencia de la presente ley, todos los siguientes actos

deberán publicarse en el Diario Oficial:
a) Los actos legislativos y proyectos de reforma constitucional aprobados en primera vuelta;
b) Las leyes y los proyectos de ley objetados por el Gobierno;
c) Los decretos con fuerza de ley, los decretos y resoluciones ejecutivas expedidas por el Gobierno Nacional y los
demás actos administrativos de carácter general, expedidos por todos los órganos, dependencias, entidades u
organismos del orden nacional de las distintas Ramas del Poder Público y de los demás órganos de carácter nacional
que integran la estructura del Estado.
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Radicado: 11001-0315-000-2023-00706-00
Demandante: COOSERVITEC C.T.A.

publicación en el Diario Oficial de la Circular Conjunta trae como consecuencia que no
esté vigente ni sea oponible para sus destinatarios y mucho menos para las autoridades
judiciales.

En esa medida y contrario al argumento del recurrente en cuanto a que la Circular
Conjunta está excluida de publicarse, esta Sala pone de presente que, con fundamento en
el citado literal c) del artículo 119 de la Ley 489 de 1998 y el artículo 65 del CPACA, esa
disposición normativa exige que todos los actos administrativos de carácter general se
publiquen en el Diario Oficial, con el fin de cumplir el principio de publicidad para efectos
de su vigencia y oponibilidad.

Así las cosas, la Sala considera que no se cumple con el cuarto requisito de la causal de
revisión alegada. Por tanto, se releva de estudiar el requisito relativo a causa extraña,
pues basta con que no se cumpla uno de los elementos que configuran la causal para que
se declare infundado el recurso extraordinario de revisión.

3. Conclusión

De conformidad con lo expuesto, la Sala Tercera Especial de Decisión no encontró, en el
caso bajo estudio, que se hubiere configurado la causal de prueba recobrada que lleve a
invalidar la sentencia del 10 de febrero de 2022 dictada por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, y que puso fin al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado
por COOSERVITEC contra la UGPP, razón por la cual se declarará infundado el recurso
interpuesto.

4. Costas

Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión que formuló. Así mismo, conforme los artículos 188 y 306 de la
misma norma, para la liquidación y ejecución de las costas se remitirá a la norma procesal
general.

En ese sentido, el artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-8 del
mismo código, “Solo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente aparezca que
se causaron y en la medida de su comprobación”.

En cuanto a las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso, la Sala
observa que no procede su imposición porque no aparecen demostrados en el expediente.
Por el contrario, en relación con las agencias en derecho, la Sala encuentra que la UGPP
designó apoderado para que ejerciera su defensa en el proceso, quien presentó escrito de
oposición.

En consecuencia, siguiendo lo establecido en el artículo 366-4 del CGP, para la fijación de
agencias en derecho se atenderá lo establecido en el Acuerdo núm. PSAA16-10554 de
2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, según el cual la tarifa de agencias

Parágrafo. Únicamente con la publicación que de los actos administrativos de carácter general se haga en el Diario
Oficial, se cumple con el requisito de publicidad para efectos de su vigencia y oponibilidad.
25 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden

las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16
del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
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en derecho, tratándose del recurso extraordinario de revisión, se tasan entre uno (1) y
veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En ese orden, la Sala considera razonable tasar las agencias en derecho en un (1) salario
mínimo legal mensual a favor de la UGPP, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala Tercera Especial de Decisión,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por la Cooperativa
de Trabajo Asociado de Servicios de Vigilancia y Seguridad Privada contra la sentencia
del 10 de febrero de 2022 dictada por la Sección Cuarta de esta Corporación, por las
razones expuestas.

2. Condenar a la parte demandante al pago de costas por concepto de agencias en
derecho a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales -UGPP-, por la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente, a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.

Notifíquese y cúmplase,

Se deja constancia que la providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Aclara voto

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ (E)

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