Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01775-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-01775-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-01775-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
27 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA VEINTISIETE (27) ESPECIAL DE DECISIÓN
Consejera ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01775-00
Demandante: MARÍA DEL SOCORRO DAVID CHARTUNI Y OTROS
Demandados: TRANSCARIBE SA
Providencia objeto SENTENCIA DEL 17 DE MARZO DE 2023, PROFERIDA
de revisión: POR EL CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA
– SUBSECCIÓN A, EN EL PROCESO DE
REPARACIÓN DIRECTA 13001-23-31-000-2011-
00557-01
Temas: Causal 1 del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo1, con el fin de establecer si el
documento encontrado o recobrado es decisivo para proferir una
decisión diferente.
SENTENCIA
1. La Sala Veintisiete Especial de Decisión resuelve el recurso extraordinario de
revisión interpuesto en contra de la sentencia del 17 de marzo de 2023, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Subsección A, en el proceso de
reparación directa con radicado 13001-23-31-000-2011-00557-012.
1. ANTECEDENTES
1.1. Proceso ordinario
2. El 11 de agosto de 2011 los señores Ricardo Jesús David Chartuni, Edgar
Teodoro David Chartuni, Lilian Mercedes David Chartuni, María del Socorro David
Chartuni, Raúl Yussef Sánchez David, Julio César Sánchez David, David Alejandro
Sánchez David, Ricardo David Chartuni y Luis Alfonso Rodríguez David,
propietarios del Edificio David interpusieron demanda de reparación directa en
contra de la sociedad Transcaribe SA3, para que se declarara su responsabilidad
patrimonial por los daños ocasionados a partir de la realización de la obra civil
desarrollada entre la avenida Venezuela y la calle Panamá de la ciudad de
Cartagena.
3. La demanda correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Bolívar, bajo el radicado 13001-23-31-000-2011-00557-00 y terminó con sentencia
el 29 de abril de 2015, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1
En adelante CPACA
2
SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2024-01775-00. Índice 00049.
3 Sociedad anónima entre entidades públicas del orden Distrital, constituida por escritura pública nro. 0654 de julio
15 de 2003 ante la Notaría Sexta del Círculo de Cartagena
1
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01775-00
Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
4. La decisión fue apelada tanto por la parte actora como por la demandada y
mediante sentencia del 17 de marzo de 2023, la Sección Tercera, Subsección A del
Consejo de Estado la revocó y negó pretensiones.
1.2. Recurso Extraordinario de Revisión
5. Los demandantes en el proceso ordinario presentan el recurso extraordinario
de revisión4 con fundamento en el artículo 250, numeral 1 del CPACA, esto es,
«Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria», aduciendo fuerza mayor o caso fortuito para aportar en el
momento procesal oportuno los planos hidráulicos y sanitarios del Edificio David; se
planteó que para la época de su construcción - entre los años 1953 y 1954 -, en la
ciudad de Cartagena no existía una entidad encargada de conservar archivos
relacionados con las edificaciones.
6. Agregan que los desniveles, pendientes e inclinaciones de los drenajes del
agua pluvial de la avenida Venezuela, al igual que los predios colindantes alrededor
del Edificio David, confluyeron en la formación de un canal que ha dado lugar a las
inundaciones del primer piso del edificio, cuyo trabajo hídrico debe ser controlado y
verificado por peritos idóneos de la lista de auxiliares de la justicia.
7. Finalmente, piden revocar la totalidad de la sentencia y que se les reconozca
el pago de daños y perjuicios que se logren probar mediante prueba pericial.
1.3. Trámite procesal
8. Una vez cumplidos los requisitos5, la demanda se admitió el 16 de diciembre
de 20246 y se ordenó notificar a la parte demandada - Transcaribe SA, al agente del
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Dichas
notificaciones se surtieron el 19 de diciembre de 20247.
9. El 18 de marzo de 20258 se dictó auto de pruebas, en el que se tuvieron como
tales, los documentos allegados por las partes. Decisión confirmada el 19 de agosto
de 20259.
1.4. Intervenciones
10. En la oportunidad correspondiente ni el Ministerio Público ni Transcaribe SA
se pronunciaron.
4
SAMAI; Expediente 11001-03-15-000-2024-01775-00. Índice 00002, folios 1 a 14. Los señores Ricardo Jesús David
Chartuni, Edgar Teodoro David Chartuni, Lilian Mercedes David Chartuni, María del Socorro David Chartuni, Raúl Yussef
Sánchez David, Julio César Sánchez David, David Alejandro Sánchez David, Ricardo David Chartuni y Luis Alfonso Rodríguez
David, propietarios del Edificio David.
5
SAMAI; Expediente 11001-03-28-000-2024-01775-00. Índice 00027.
6
SAMAI; Expediente 11001-03-28-000-2024-01775-00. Índice 00029.
7
SAMAI; Expediente 11001-03-28-000-2024-01775-00. Índice 00034.
8
SAMAI; Expediente 11001-03-28-000-2024-01775-00. Índice 00037.
9
SAMAI; Expediente 11001-03-28-000-2024-01775-00. Índice 00051.
2
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Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
11. La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso extraordinario
de revisión interpuesto conforme a lo dispuesto en los artículos 24910 y 10711 del
CPACA, así como por la distribución de negocios al interior del Consejo de Estado,
establecida en el artículo 29 del Acuerdo No. 80 de 201912.
2.2. Ejercicio oportuno del recurso extraordinario
12. La sentencia recurrida fue proferida el 17 de marzo de 2023, y notificada
mediante edicto desfijado el 18 de abril de 2023; por lo tanto, el recurso extraordinario
de revisión interpuesto el 12 de abril de 202413 se presentó dentro del término de un
(1) año contado a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, como lo exige el
inciso primero del artículo 251 del CPACA.
2.3. Problema jurídico
13. ¿Se dan los supuestos de la causal de revisión prevista en el numeral 1 del
artículo 250 del CPACA, para revisar la providencia proferida el 17 de marzo de 2023
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, esto es que la
prueba documental no pudo aportarse en la oportunidad procesal correspondiente y,
de haberse contado con ella, la sentencia habría sido diferente?
14. Para resolver dicho interrogante, la Sala se referirá a: (i) la naturaleza del
recurso extraordinario de revisión; (ii) el alcance de la causal invocada; y (iii) el análisis
del caso concreto.
2.4. Recurso extraordinario de revisión – marco normativo y jurisprudencial
15. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada. Su
finalidad es la infirmación de la providencia cuando se considera que resulta contraria
a la justicia y al derecho, con el propósito de que se adopte una nueva decisión
conforme a la ley.
10
Artículo 249. Competencia. “De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones
del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la
decisión. (…)”. Norma declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-450 de 2015
11
Artículo 107. Integración y composición. (…) Créanse en el Consejo de Estado las salas especiales de decisión, además
de las reguladas en este Código, encargadas de decidir los procesos sometidos a la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, que esta les encomiende, salvo de los procesos de pérdida de investidura y de nulidad por inconstitucionalidad.
Estas Salas estarán integradas por cuatro (4) Magistrados, uno por cada una de las secciones que la conforman, con exclusión
de la que hubiere conocido del asunto, si fuere el caso.
La integración y funcionamiento de dichas salas especiales, se hará de conformidad con lo que al respecto establezca el
reglamento interno.”
12
Reglamento del Consejo de Estado. Artículo 29.- Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de
competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:
1. Los recursos extraordinarios de revisión interpuestos contra las sentencias de las Secciones o Subsecciones del Consejo
de Estado. (…)”.
13
SAMAI; Radicado: 11001-03-15-000-2024-01775-00. Índice 00001.
3
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Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
16. El legislador ha establecido de manera taxativa las causales que habilitan la
procedencia del recurso extraordinario de revisión, con el fin de evitar su uso indebido
como medio de impugnación que implique la apertura de un nuevo debate probatorio
o interpretativo, y de esta manera, impedir que se tramite una tercera instancia. Las
causales de revisión se encuentran enumeradas en el artículo 250 del CPACA, cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 250. Causales de revisión. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 20 de la
Ley 797 de 2003, son causales de revisión:
1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos
decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el
recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria.
2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados.
3. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados
penalmente por ilícitos cometidos en su expedición.
4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el
pronunciamiento de la sentencia.
5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación.
6. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mejor
derecho para reclamar.
7. No tener la persona en cuyo favor se decretó una prestación periódica, al tiempo
del reconocimiento, la aptitud legal necesaria o perder esa aptitud con posterioridad
a la sentencia o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida.
8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las
partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión
si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada.
17. Por su parte, el artículo 252 del mismo ordenamiento establece que el recurso
debe interponerse mediante escrito que debe contener: (i) la identificación de las
partes y sus representantes; (ii) el nombre y domicilio del recurrente; (iii) los hechos
u omisiones que le sirven de fundamento; y (iv) la indicación precisa y razonada de
la causal invocada.
18. De lo anterior se desprende que uno de los requisitos formales del recurso
consiste en invocar con precisión la causal que se estima configurada, con una
indicación clara y exacta de los motivos y hechos que le sirven de fundamento, los
cuales deben estar estrechamente relacionados con el vicio alegado.
19. Se precisa que el recurso extraordinario de revisión no procede para
controvertir las razones del fallo ni para corregir los errores en la apreciación de los
hechos y de las pruebas, en los cuales, a criterio del recurrente, haya incurrido el
fallador14.
14
Sentencias del 16 de agosto de 2018, expediente con radicado número: 23001-33-31-003-2007-00107-01 [47300], Sección
Tercera, Subsección C del Consejo de Estado, MP Guillermo Sánchez Luque Consejo de Estado, que reitera la sentencia del
11 de octubre de 2005, Rad. 00794-00 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
4
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Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
20. En los términos de la sentencia del 11 de octubre de 200515, «no se trata de
controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni de corregir los errores
de apreciación de los hechos y de las pruebas, en que a juicio del recurrente hubiera
podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio
contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos, ya dilucidados
con fuerza de cosa juzgada; sino de la inobservancia de las reglas propias de la
sentencia, que vician su validez».
2.5. Alcance de la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA
21. El Consejo de Estado ha establecido los requisitos que deben concurrir para
la configuración de la causal, así: (i) que el medio de prueba sea un documento; (ii)
que sea preexistente a la sentencia objeto de revisión; (iii) que se haya encontrado
o recobrado después de ejecutoriada la sentencia recurrida; (iv) que la imposibilidad
de aportación por parte del recurrente obedezca a una causa extraña de fuerza
mayor, caso fortuito u obra de la contraparte, y (v) que sea decisivo para cambiar el
sentido del fallo16.
22. Prueba documental. En cuanto al primer requisito, es clara la jurisprudencia
en precisar que, para la configuración de la causal no se admite otro tipo de prueba,
como los testimonios o las experticias17, por lo que es pertinente remitirse a los
artículos 243 y siguientes del Código General del Proceso (CGP), conforme al cual
son documentos «los escritos (…) y en general, todo objeto mueble que tenga
carácter representativo o declarativo»; además, los documentos se clasifican en
públicos o privados, siendo los primeros los otorgados por funcionarios en ejercicio
de sus funciones o con su intervención, o por particulares en ejercicio de funciones
públicas; y los segundos, los otorgados por particulares en su ámbito privado18.
23. Preexistente. los documentos que se invoquen debieron generarse o
elaborarse como máximo al vencimiento del término para aportarlos, que en el caso
de procesos de doble instancia tramitados en vigencia del CPACA corresponde a la
fecha de ejecutoria del auto que admite el recurso de apelación -artículo 212 del
CPACA-, lo que implica la existencia de la prueba. Por tanto, los documentos que
se pretendan hacer valer son aquellos que, siendo preexistentes y susceptibles de
haberse aportado en su momento, no pudieron ser encontrados o recuperados
15
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente con radicado número: 11001-03-15-000-2003-00794-01 MP Ligia
López Díaz.
16
Ver, entre otras, las sentencias de 3 de abril de 2018, Sala Doce Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2014-
00783-00, CP Ramiro Pazos Guerrero; Sentencia del 4 de junio de 2019, Sala Cuatro Especial de Decisión, expediente 11001-
03-15-000-2014-00447-00, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez; sentencia del 20 de mayo de 2022, Sección Tercera, Subsección
A, expediente 1001-33-31-036-2007-00032-01CP José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 15 de marzo de 2024, Sección
Cuarta, expediente 27681, CP Wilson Ramos Girón; sentencia del 9 de diciembre de 2024, Sala Once Especial De Decisión,
expediente 11001-03-15-000-2023-01114-00, CP Wilson Ramos Girón (E); y, Sentencia del 4 de julio de 2025, Sala Dieciocho
Especial De Decisión, Expediente 11001 03 15 000 2018 01593 00, CP Oswaldo Giraldo López.
17
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala veintisiete Especial de Decisión, sentencia de 14 de
agosto de 2018, expediente 11001-03-15-000-2008-00534-00 (REV), CP Roberto Augusto Serrato Valdés.
18
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Once Especial De Decisión, sentencia del 9 de
diciembre de 2024, expediente 11001-03-15-000-2023-01114-00, CP Wilson Ramos Girón (E).
5
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01775-00
Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
oportunamente, tal como lo ha sostenido la Sección Tercera Subsección A en
sentencia del 4 de junio de 202119, reiterada el 8 de noviembre de ese mismo año20:
(…) preexistente al momento de proferir la sentencia, pero que el demandante sólo la
obtuvo después de vencido el término de ejecutoria, es decir, para considerar que
una prueba es recobrada es necesario tener como referente temporal la sentencia
atacada, respecto a la cual la prueba debe preexistir, pero el demandante solo la
obtuvo con posterioridad.
24. Encontrado o recobrado. Se refiere a aquel que se encontraba extraviado,
oculto, escondido, perdido o refundido para el tiempo en que debía allegarse al
proceso; y según la jurisprudencia, se debe tratar de aquel que la parte solo obtuvo
después de la sentencia, o, que llegó a su poder con posterioridad a ésta, dado que
la causal busca corregir la injusticia de no poder aportar una prueba que se
encontraba perdida o se desconocía su existencia y que, como consecuencia, no
fue apreciada por el juzgador21.
25. Debe tratarse así de una prueba que el recurrente hubiere estado en
imposibilidad de aportar durante todo el proceso, por ello, son inadmisibles en este
recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo, o aquellos
que aun siendo anteriores a la providencia que se cuestiona, claramente pudieron
haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales
correspondientes; porque la causal no busca conceder una oportunidad para
subsanar la negligencia de las partes frente a la carga probatoria que les
correspondía en el trámite del proceso22.
26. Imposibilidad de aportarlos por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la
contraparte. La imposibilidad de aportar la prueba por parte del recurrente debe
obedecer a una causa extraña, «no basta con una dificultad por grave que pueda
parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada
objetivamente»23, de manera que debe tratarse de hechos imprevisibles e
irresistibles que excluyan la conducta culposa, la negligencia o el error24.
27. También procede la causal cuando el documento no puede ser aportado por
«obra de la parte contraria» que la Corporación ha entendido «como la conducta de
la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento
que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 4 de junio de
2021, CP María Adriana Marín, expediente 33.977.
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 8 de noviembre
de 2021, CP María Adriana Marín, expediente 51.617.
21
Ver: Sentencia de 29 de abril de 2015, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, expediente 25000-23-26-000-
1999-00319-01 (26239) (REV), CP Danilo Rojas Betancourth. Sentencia de 11 de noviembre de 2016, Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B, expediente 25000-23-26-000-1996-13158-01 (34697) (REV), CP Stella Conto Díaz del
Castillo.
22
Sentencia del 4 de junio de 2019, Sala Cuatro Especial de Decisión, expediente 11001-03-15-000-2014-00447-00, CP
Sandra Lisset Ibarra Vélez.
23
Ver: Sentencia de 18 de octubre de 2005, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicación
11001-03-15-000-1998-00173. Sentencia del 4 de julio de 2025, Sala Dieciocho Especial De Decisión, Expediente 11001 03
15 000 2018 01593 00, CP Oswaldo Giraldo López. sentencia del 9 de diciembre de 2024, Sala Once Especial De Decisión,
expediente 11001-03-15-000-2023-01114-00, CP Wilson Ramos Girón (E)
24
Sentencia del 31 de mayo de 2018, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicación 11001-03-25-000-
2014-00629-00.
6
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Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como
prueba»25.
28. Decisivo para cambiar el sentido del fallo. No puede tratarse de cualquier
prueba, sino de aquella con la capacidad de influir en el sentido de la decisión, de
tal forma que de conocerse habría dado lugar a proferir una decisión diferente. Debe
tratarse de «una prueba cuyo valor persuasivo sea suficiente para influir en el
sentido de la decisión o que arroje convicción distinta al juzgador sobre hechos que
no tuvo por acreditados dentro del proceso»26, pues no es suficiente tener una
relación con la controversia o que revelen una nueva perspectiva del debate, sino
que una vez descubiertos o recobrados, tornen insostenible la decisión preexistente.
2.6. Caso concreto
29. En este caso, el recurso extraordinario de revisión está sustentado en el
artículo 250, numeral 1 del CPACA, esto es, «[h]aberse encontrado o recobrado
después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera
podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al
proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
30. Se afirma que no fue posible aportar los planos hídrico-sanitarios del Edificio
David en el momento procesal pertinente, por fuerza mayor o caso fortuito, dado
que para los años 1953 y 1954, cuando fue construido el edificio, en la ciudad de
Cartagena no existía un control archivístico y, sólo con el Acuerdo 12 del 4 de abril
de 1961 el Concejo municipal reorganizó las empresas públicas del Estado. En
consecuencia, pretende hacer valer como prueba los siguientes documentos:
• Tesis de grado de la Universidad Santo Tomás titulada «Historia clínica,
diagnóstico y propuesta de intervención del Edificio David», elaborada en
noviembre de 2020 por José Gabriel Bello Rodríguez, Elta Gissel Rook Zapateiro
y Angela María Villamir Chaparro.
• Plano de la planta general del Edificio David y su entorno hasta el 2006.
• Plano de la planta general del Edificio David y su entorno en la actualidad.
31. A continuación, se procede a analizar si las anteriores pruebas reúnen los
elementos de la causal prevista en el numeral 1° del artículo 250 del CPACA, así:
32. Conforme el artículo 243 del CGP, son documentos: «los escritos, impresos,
planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas,
discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones,
contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga
carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos,
25
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 8 de diciembre de 2005, radicación: 11001-
03-15-000-1999-00218-01 (REV), MP. Héctor Romero Díaz.
26
Sentencia del 19 de septiembre de 2023, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente
11001-03-15-000-2020-03585-00 (REV), CP Luis Alberto Álvarez Parra.
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Recurso Extraordinario de Revisión
Radicado: 11001-03-15-000-2024-01775-00
Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
edificios o similares», por lo tanto, la tesis de grado y los planos aportados, se
consideran como tales y se cumple así, el primer requisito.
33. El proceso ordinario de reparación directa tuvo las siguientes etapas27:
Radicación 11 de agosto de 2011
Admisión 10 de julio de 2013
Primera instancia – Tribunal Decreto de pruebas 31 de octubre de 2013
Administrativo de Bolívar Traslado para alegar 5 de agosto de 2014
Sentencia 29 de abril de 2015
Concede apelación 29 de julio de 2015
Segunda instancia – Consejo Reparto 22 de octubre de 2015
de Estado Admisión del recurso 12 de noviembre de 2015
Traslado para alegar 18 de febrero de 2016
Sentencia 17 de marzo de 2023
34. En este caso, si bien la prueba denominada «tesis de grado» es preexistente
a la sentencia objeto de censura, en cuanto data de noviembre de 2020, se trata de
un documento creado con posterioridad al vencimiento de las oportunidades
probatorias de primera y segunda instancia, cuando anteriormente se dijo que la
eficacia del elemento depende de «[q]ue haya existido desde el momento mismo en
que se presentó la demanda, o por lo menos desde antes del vencimiento de la
última oportunidad procesal para aportar pruebas»28.
35. Es que la última oportunidad probatoria feneció con la ejecutoria del auto que
admite el recurso de apelación (artículo 212 del CPACA) y, en este caso la prueba
es posterior incluso a la fecha de traslado para alegar en segunda instancia.
36. Por otra parte, los «planos de la planta general del edificio» fueron aportados
al proceso ordinario por la misma parte recurrente29 y valorados dentro del análisis
probatorio en la sentencia cuestionada, es decir, ya obraban en el proceso, razón
suficiente para desestimarlos y, en consecuencia, no admitirlos en el trámite del
recurso extraordinario de revisión, por lo tanto, no se trata de documentos
encontrados o recobrados, menos aún que no se hubieran aportado al proceso
ordinario por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria.
37. El recurrente alega fuerza mayor o caso fortuito, así:
(…) por imposibilidad de fuerza mayor o caso fortuito, no pudo aportar en el momento
procesal pertinente, los planos hídricos-sanitarios del Edificio David, porque en la
ciudad de Cartagena, no existía una entidad, encargada de llevar un control
archivístico de los planos de las estructuras hidrosanitarias, de las construcciones,
hechas entre 1953 y 1954, periodo en el cual fue construido el edificio David, y solo
fue, hasta el 4 de abril de 1961, mediante el acuerdo número 12, expedido por el
Consejo de Cartagena, que se reorganizaron, las empresas públicas del Estado.
Igualmente en el caso de marras, se aporta como prueba documental preexistente de
27
SAMAI. Expediente 13001233100020110055701; índice 00049.
28
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 18 de octubre de 2005, expediente 11001-
03-15-000-1998-00173-00 (REV), CP María Elena Giraldo Gómez.
29
Esta prueba fue aportada desde la radicación de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, en el denominado
«Análisis de vulnerabilidad y riesgo ante escorrentía pluvial» (pág. 148-149)
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-01775-00
Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
la sentencia (…) consistente en un estudio minucioso, (tesis de grado), de la
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS, titulada, “HISTORIA CLÍNICA, DIAGNOSTICO Y
PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DEL EDIFICIO DAVID”, trabajo profesional
integrado, para optar por el título de especialista en patología de la construcción,
elaborado por: JOSÉ GABRIEL BELLO RODRÍGUEZ, ELTA GISSEL ROOK
ZAPATEIRO, Y ANGELA MARÍA VILLAMIR CHAPARRO, en el mes de noviembre
del año 2020, por medio del cual, se hace, un diagnóstico del trabajo estructural,
realizado por la Sociedad Transcaribe S.A, desde el año 2003, hasta el momento en
que se presentó la demanda de Reparación Directa (…) (ortografía de origen)
38. El artículo 64 del Código Civil define la fuerza mayor o el caso fortuito como
«el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el
apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario
público».
39. Al respecto, esta Corporación ha dicho:
Que la prueba no haya sido aportada al trámite del proceso ordinario por fuerza
mayor, caso fortuito o por obra de la parte contraria, debe ser debidamente acreditado
por el interesado. Sobre los dos primeros eventos «no basta con una dificultad por
grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’
apreciada objetivamente (…)»30, de manera que debe tratarse de hechos
imprevisibles e irresistibles que excluyan la conducta culposa, la negligencia o el error
como causa del impedimento para aportar la prueba31.32
40. Cuando el recurrente afirma que «para la época en que se construyó el
Edificio David no existía una entidad encargada de llevar el control archivístico de
los planos estructurales hidrosanitarios», está planteando la inexistencia del
documento y no un hecho insuperable e inevitable ajeno a la voluntad de la persona.
41. Por las anteriores razones, una vez analizados los requisitos de la causal, la
prueba documental aportada no reúne los requisitos de ser preexistente, encontrada
o recobrada, que haya sido imposible aportarla por fuerza mayor o caso fortuito al
proceso ordinario y decisiva para cambiar el sentido del fallo.
42. Valga reiterar, como se indicó en el acápite correspondiente, que el recurso
extraordinario de revisión no es una alternativa que permita a las partes reabrir una
nueva oportunidad probatoria para aportar documentos, ni una forma de subsanar
deficiencias probatorias atribuibles a las partes, sino un mecanismo excepcional
que, en tratándose de la causal atinente a la prueba encontrada o recobrada, exige
que los documentos se hayan dejado de aportar al proceso por fuerza mayor o caso
fortuito o por obra de la parte contraria y que sean decisivos para cambiar el sentido
del fallo, lo cual no ha ocurrido en el presente caso.
30 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Radicación.
1998-00173.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2018, radicación 11001-03-
25-000-2014-00629-00.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 9 de
diciembre de 2025, Recurso Extraordinario de Revisión, Radicación: 11001-03-26-000-2024-00094-00 (71562), CP
Nicolás Yepes Corrales.
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Demandante: María del Socorro David Chartuni y otros
43. En este orden de ideas, pese a que en el recurso extraordinario de revisión
se invocó la causal prevista en el numeral 1 del artículo 250 del CPACA, los
documentos aportados no reúnen los requisitos previstos en la causal, para ser
valorados en esta instancia. En consecuencia, se declarará infundado el presente
recurso extraordinario de revisión.
2.7. Costas
44. Según el artículo 255 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la Ley 2080
de 2021 -norma vigente para la fecha de presentación de la demanda-, se
condenará en costas a la parte recurrente cuando se declare infundado el recurso
extraordinario de revisión y, conforme con el artículo 306 ibidem, para la liquidación
y ejecución de las costas se remitirá a la norma procesal general.
45. El artículo 361 del CGP establece que las costas están integradas por los
gastos procesales y por las agencias en derecho; y de acuerdo con el artículo 365-
8 del mismo código, «[s]olo habrá lugar a su imposición cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
46. Si bien en principio al declararse infundado el recurso correspondería
condenar en costas, en este caso no se encuentran causadas las agencias en
derecho en tanto la entidad demandada no compareció al proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala Veintisiete Especial de
Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia del 17 de marzo de 2023 proferida por la Sección
Tercera, Subsección A del Consejo de Estado.
SEGUNDO. SIN CONDENA EN COSTAS.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Magistrado
Aclara voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Magistrado
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Magistrado (E)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Magistrado
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Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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