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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00132-00

Fecha
9 de abril de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-26-000-2022-00132-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa núm. 68001- 33-33-005-2015-00041-02. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y Rama Judicial, en un (1) salario mínimo mensual legal, para cada una de estas entidades. TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-26-000-2022-00132-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

9 de abril de 2025

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón
Demandado: Nación – Rama Judicial y otro
Referencia: Recurso extraordinario de revisión

TEMAS: RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN - procedencia. CAUSALES - causal 5ª
del artículo 250 del CPACA: nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso -
presupuestos para su configuración - vulneración de los derechos al debido proceso y de
defensa. DECLARA INFUNDADO - no se acreditan los supuestos de procedencia.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

La Sala decide, en única instancia1, el recurso extraordinario de revisión interpuesto
por Alicia Cortés Vda. de Rincón contra la sentencia proferida el 28 de mayo de
2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación
directa identificado con radicado núm. 68001-33-33-005-2015-00041-02.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 11 de marzo de 2008, Alfredo Cortés Sánchez formuló demanda ordinaria laboral
contra el Instituto de Seguros Sociales – ISS –, con la pretensión de reconocimiento
de su pensión de jubilación. El 12 de marzo de 2009, el demandante falleció, y en
fecha no establecida Alicia Cortés Vda. de Rincón confirió poder dentro del proceso
laboral, como hermana del demandante. No obstante, a la recurrente no se le
reconoció calidad alguna en el mencionado trámite laboral.

El 29 de julio de 2011, el Juzgado 1° Adjunto Laboral del Circuito de Bucaramanga
reconoció la pensión a favor de Alfredo Cortés Sánchez, a partir del 1 de junio de
2008. El apoderado del pensionado apeló el fallo porque consideró que el
reconocimiento debía efectuarse desde el 9 de agosto de 2006. El 21 de septiembre
de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga
confirmó la decisión impugnada.

1 Artículos 243, 243ª, 249 y 255 del CPACA. Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones

procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda de revisión extraordinaria -1 de
junio de 2022-, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las
disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del
primero de los estatutos mencionados.
1

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

El 16 de diciembre de 2014, Alicia Cortés Vda. de Rincón formuló demanda de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y el Ministerio de Justicia y del
Derecho, por error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración
de justicia en el proceso ordinario laboral, argumentando que la pensión debió
reconocerse desde el 9 de agosto de 2006.

El 23 de octubre de 2017, el Juzgado 5° Administrativo Oral de Bucaramanga dictó
sentencia en la que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Alicia
Cortés Vda. de Rincón. El 28 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la decisión anterior. En sustento, ambas instancias señalaron
que, aunque la demandante era hermana del causante y tenía vocación hereditaria
en el tercer orden sucesoral, no acreditó que el primer y segundo orden se
encontraban vacantes, para demostrar su calidad de heredera.

La parte actora interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo de Santander. Afirmó que se materializó la
causal 5ª de revisión del artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), específicamente, por la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al
acceso a la administración de justicia.

II. ANTECEDENTES

1. El proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia objeto de
revisión

La demandante indicó que el 11 de marzo de 2008, Alfredo Cortés Sánchez formuló
demanda ordinaria laboral contra el Instituto de Seguros Sociales – ISS, con la
pretensión de reconocimiento de su pensión de jubilación.

Advirtió que el 12 de marzo de 2009, Alfredo Cortés Sánchez falleció.

Señaló que el 29 de julio de 2011, el Juzgado 1° Adjunto Laboral del Circuito de
Bucaramanga reconoció la pensión de jubilación a favor de Alfredo Cortés Sánchez,
a partir del 1º de junio de 2008.

Anotó que el 2 de agosto de 2011, el apoderado del pensionado apeló el fallo
anterior, porque consideró que el reconocimiento debía efectuarse desde el 9 de
agosto de 2006.

Sostuvo que el 21 de septiembre de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la decisión impugnada.

2

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

Aseveró que el 16 de diciembre de 20142, Alicia Cortés Vda. de Rincón demandó,
en ejercicio del medio de control de reparación directa, a la Nación – Rama Judicial
y Ministerio de Justicia y del Derecho, para que fuera declarada administrativamente
responsable por error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, plasmado en las decisiones del proceso laboral ordinario.

Afirmó que, mediante sentencia del 23 de octubre de 20173, el Juzgado 5°
Administrativo Oral de Bucaramanga declaró la falta de legitimación en la causa por
activa de Alicia Cortés Vda. de Rincón, porque la demandante no acreditó su
condición de heredera de Alfredo Cortés Sánchez.

Declaró que el 10 de noviembre de 20174, Alicia Cortés Vda. de Rincón interpuso
recurso de apelación, con fundamento en la “presunción de derecho que le asiste a
los hermanos para reclamar el daño antijurídico producido por la acción u omisión
de los agentes del Estado”.

Reseñó que el 28 de mayo de 20215, el Tribunal Administrativo de Santander
confirmó la decisión apelada, argumentando que el sistema de órdenes sucesorales
en Colombia era autónomo y excluyente entre sí. Así, informó que, en sustento de
su decisión, el Tribunal Administrativo de Santander advirtió que Alicia Cortés Vda.
de Rincón, en su calidad de hermana del fallecido Alfredo Cortés Sánchez, tenía
vocación hereditaria en el tercer orden sucesoral, pero debía probar que el primer y
segundo orden se encontraban vacantes. Sin embargo, el ad quem señaló que,
aunque el registro civil de nacimiento de Alfredo Cortés Sánchez tenía anotado el
fallecimiento de su progenitor -Pedro León Cortés Villamil-, no ocurría lo mismo
frente a la progenitora del causante -María Sánchez Martínez-, es decir, no se
demostraba que la madre de Alfredo Cortés Sánchez, heredera en el primer orden
sucesoral, hubiera fallecido.

2. El recurso extraordinario de revisión

El 1 de junio de 20226, Alicia Cortés Vda. de Rincón formuló recurso extraordinario
de revisión7 contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander. Invocó la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, es
decir, “[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la
que no procede recurso de apelación”.

2 SAMAI, índice 21, documento con certificado No. 50D7DFA78B363599 7BE573AB4131C33E
493CC8A946B025A1 F0854ECA42AF8637.
3 SAMAI, índice 21, documento con certificado No. FC7F20BD9977E1CD C2576E195FE5367B

B714F6E90B234CBC DFBBEB3432EB1633.
4 SAMAI, índice 21, documento con certificado No. F124DA6B69B70FEE 90734C70BF9FABAB

943DD51CE7BC8DF5 533FAA3F07A32340.
5 SAMAI, índice 21, documento con certificado No. A2DB293A3D3BD18A 04B48D4939C6CBC4

384DB79EDDEEF290 46066ECFDB8F0595.
6 SAMAI, índice 2. Documento con certificado No. 42C8215ADD928E58 5DBD12A8B36B0839

4A829582AD740A09 C9C87E9ABC275571.
7 SAMAI, índice 2, documento con certificado No. 720BF0B313F54A6C E4DA8C861D5755A8

6669FB8CBDD2A295 C4E2BAD8954083AE.
3

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

En consecuencia, solicitó la nulidad de la decisión enjuiciada y que, en su lugar, se
declarara que debían repararse los errores cometidos por la Sala Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y el Tribunal Administrativo
de Santander.

En sustento, la recurrente argumentó que, para efectos de declarar la falta de
legitimación en la causa por activa, la sentencia que resolvió la apelación del trámite
de reparación directa no hizo un análisis conjunto de las normas aplicables al
asunto. No obstante, la actora omitió precisar cuáles fueron las normas que
consideró desconocidas o inaplicadas por el Tribunal.

Asimismo, en atención a que el primer orden sucesoral se encontraba en cabeza de
Pedro León Cortés Villamil y María Sánchez Martínez, progenitores de Alfredo
Cortés Sánchez y de la demandante, la recurrente invocó que a ella le correspondía
el derecho a reemplazar el orden sucesoral de su progenitor fallecido -Pedro León
Cortés Villamil-, e informó que no allegó al proceso de reparación directa el registro
civil de defunción de su progenitora, porque desconocía su número de cédula.

En lo demás, la recurrente reiteró las razones que sustentaban las pretensiones
elevadas en reparación directa por error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento
de la administración de justicia en las decisiones proferidas en el proceso ordinario
laboral. En concreto, expuso nuevamente que la pensión de Alfredo Cortés Sánchez
se debió reconocer desde el 9 de agosto de 2006.

Finalmente, adujo que, por encima de una mera formalidad, debía prevalecer el
derecho a obtener justicia y a que se resolviera de fondo el asunto concerniente a
la demanda de reparación directa. En este sentido, añadió que debió prevalecer el
análisis del derecho pensional adquirido, para reconocer los correspondientes
daños y perjuicios.

3. Contestación al recurso extraordinario de revisión

El 30 de agosto de 20228 se admitió el recurso extraordinario de revisión y se ordenó
notificar a la Nación – Rama Judicial, al Ministerio de Justicia y del Derecho, al
Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

3.1. El 20 de septiembre de 20229, la Procuraduría General de la Nación conceptuó
que el recurso debía declararse infundado, comoquiera que los argumentos
expuestos por la parte actora no guardaban relación ni cumplían con los
presupuestos de configuración de la causal 5ª del artículo 250 del CPACA.
Argumentó que la recurrente enunció genéricamente la violación del debido
proceso, pero no advirtió una irregularidad concreta. Dijo que ésta pretendía
convertir el recurso extraordinario en una tercera instancia laboral. Además, anotó

8 SAMAI, índice 4.
9 SAMAI, índice 11.

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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

que la falta de legitimidad declarada en el trámite de la reparación directa se
encontraba ampliamente establecida.

3.2. El 29 de septiembre de 202210, la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho
manifestó que en el caso concreto no estaban dadas las condiciones para la
prosperidad del recurso extraordinario de revisión. Advirtió que la sentencia del
Tribunal Administrativo de Santander, así como la proferida por el Juzgado 5°
Administrativo de Bucaramanga, contenían una ratio decidendi adecuada, habida
cuenta que la parte demandante no demostró la vacancia del primer y segundo
orden sucesoral.

3.3. El 7 de octubre de 202211, la Nación – Rama Judicial indicó que el recurso debía
denegarse, ya que el trámite surtido en el medio de control de reparación directa fue
el adecuado, de manera que no se vulneraron los derechos de la parte actora.
Además, sostuvo que la recurrente alegó una serie de hechos que no se enmarcan
dentro de la causal de nulidad y que iban dirigidas a reabrir el debate sobre la
comprensión jurídica del juez natural de la causa.

3.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Para resolver el recurso extraordinario de revisión, la Sala seguirá el siguiente
orden: (1) presupuestos procesales, (2) problema jurídico, (3) hechos probados, (4)
análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria, (5) conclusión y (6)
costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente
para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia
proferida en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 24912 del CPACA, en concordancia con
el artículo 1313 del Acuerdo 080 de 201914, modificado por el artículo 1º del Acuerdo
434 de 202415.

10 SAMAI, índice12.
11 SAMAI, índice 13.
12 “Artículo 249. Competencia. […] De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas

proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo
de Estado según la materia. […]”.
13 “Artículo 13. Distribución de los procesos entre las secciones. Para efectos del reparto, los asuntos

de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones
atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: […] Sección Tercera: 10. El
recurso extraordinario de revisión contra las sentencias [...] dictadas por los tribunales
administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección. […]”.
14 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
15 “Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se

le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”.
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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

1.2. De acuerdo con el artículo 24816 del CPACA, en el caso bajo estudio el recurso
extraordinario de revisión es procedente, toda vez que tiene por objeto la revisión
de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 28 de mayo
de 2021, que se encuentra debidamente ejecutoriada.

1.3. De conformidad con el artículo 251 del CPACA17, el recurso extraordinario de
revisión se formuló dentro del término legal, toda vez que: (i) el 8 de junio de 202118
quedó ejecutoriada la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander (hecho probado 3.15.); y (ii) el 1 de junio de 2022 los
recurrentes interpusieron el recurso extraordinario de revisión, es decir, dentro del
término legal de un año.

1.4. Alicia Cortés Vda. de Rincón se encuentra legitimada en la causa para
interponer el recurso extraordinario de revisión, pues fungió como parte actora en el
proceso de reparación directa que culminó con la sentencia dictada el 28 de mayo
de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si se configura la causal de revisión establecida
en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, es decir, si existe nulidad originada en
la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander, que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de Alicia
Cortés Vda. de Rincón en el medio de control de reparación directa promovido
contra la Nación – Rama Judicial y el Ministerio de Justicia y del Derecho.

3. Hechos probados

Con fundamento en las pruebas que obran en el expediente, se encuentra
acreditado que:

3.1. El 11 de marzo de 2008, Alfredo Cortés Sánchez radicó demanda ordinaria
laboral contra el Instituto de Seguros Sociales – ISS –, con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación desde el 9 de agosto de 2006,
conforme a los parámetros de la Ley 71 de 1988, por ser beneficiario del régimen

16 “Artículo 248. Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias

ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.
17 “Artículo 251. Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año

siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia. […]”. Para las causales 1°, 2°, 5°, 6° y 8°, el
término para formular el recurso extraordinario de revisión es de un año, contado a partir de la
ejecutoria de la respectiva sentencia. Entonces, como en este asunto se invocó la causal 5°, los
recurrentes contaban con 1 año, una vez en firme la providencia objeto de censura.
18 La sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de Santander el 28 de mayo de 2021, fue

notificada electrónicamente el dos 2 de junio de 2021, conforme se aprecia en el índice 21 del
aplicativo SAMAI, documento con certificado No. A2DB293A3D3BD18A 04B48D4939C6CBC4
384DB79EDDEEF290 46066ECFDB8F0595. Luego, los tres días siguientes de ejecutoria se
vencieron el 7 de junio de 2021, quedando ejecutoriada el 8 de junio de esa anualidad.
6

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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

de transición. El proceso fue repartido al Juzgado 1° Laboral Adjunto del Circuito de
Bucaramanga, bajo el radicado núm. 2008-0127-0019.

3.2. El 30 de abril de 2008, estando en curso el proceso laboral, mediante
Resolución 4231, el ISS reconoció la pensión de vejez de Alfredo Cortés Sánchez,
por Bono tipo B a partir del 1 de junio de 200820.

3.3. El 12 de marzo de 2009, Alfredo Cortés Sánchez falleció21.

3.4. En fecha ilegible, el apoderado de Alfredo Cortés Sánchez allegó al Juzgado 1°
Laboral Adjunto del Circuito de Bucaramanga el certificado de defunción de su
prohijado. Asimismo, anexó copia de la Resolución 4231 de 2008 y un poder
otorgado por Alicia Cortés Vda. de Rincón, en calidad de hermana del fallecido22.

3.5 El 29 de julio de 2011, el Juzgado 1° Adjunto Laboral del Circuito de
Bucaramanga, con fundamento en el reconocimiento pensional efectuado a través
de la Resolución 4231 de 2008 y en las pruebas allegadas al expediente, declaró
que Alfredo Cortes Sánchez tenía derecho a la pensión de vejez por Bono tipo B, a
partir del 1º de junio de 2008. La sentencia no hizo pronunciamiento alguno sobre
la posible sucesión procesal de Alicia Cortés Vda. de Rincón, ni frente al
reconocimiento de personería jurídica de su apoderado23.

3.6. El 2 de agosto de 2011, el apoderado de Alfredo Cortés Sánchez interpuso
recurso de apelación. Insistió en que la pensión debía reconocerse a partir del 9 de
agosto de 2006. Consideró que en dicha fecha el beneficiario cumplió con los
requisitos legales para acceder al derecho. Asimismo, refutó la tasa de reemplazo
aplicada al ingreso base de liquidación24.

3.7. El 21 de septiembre de 2012, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Bucaramanga confirmó la decisión impugnada. En sustento, consideró
que, conforme a la Ley 797 de 2003, la pensión solo podía reconocerse a partir del

19 Escrito de Demanda del proceso laboral ordinario. SAMAI, índice 21, documento con certificado

No. A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC D0D4FACBE2398867 B95F3AD02A7993EB.
20 Resolución 4231 del 30 de abril de 2018, expedida por el Instituto de Seguros Sociales. SAMAI,

índice 21, documento con certificado No. A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC
D0D4FACBE2398867 B95F3AD02A7993EB.
21 Según registro civil de defunción. SAMAI, índice 21, documento con certificado No.

A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC D0D4FACBE2398867 B95F3AD02A7993EB.
22 Según memorial remisorio allegado por el apoderado. SAMAI, índice 21, documento con certificado

No. A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC D0D4FACBE2398867 B95F3AD02A7993EB.
23 Sentencia de primera instancia del proceso laboral. SAMAI, índice 21, documento con certificado

No. A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC D0D4FACBE2398867 B95F3AD02A7993EB.
24 Recurso de apelación contra el fallo de primera instancia. SAMAI, índice 21, documento con

certificado No. A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC D0D4FACBE2398867
B95F3AD02A7993EB.
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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

momento en que el beneficiario cumplió las semanas requeridas, el 1º de junio de
200825.

3.8. El 16 de diciembre de 2014, en el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga, bajo el radicado núm. 68001-33-33-005-2015-00041-00, Alicia
Cortés Vda. de Rincón, en calidad de hermana, beneficiaria y heredera de Alfredo
Cortés Sánchez, presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra la Nación – Rama Judicial y Ministerio de Justicia y del Derecho.
Argumentó error jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de
justicia, porque la pensión de Alfredo Cortés Sánchez debió reconocerse desde el
9 de agosto de 2006, conforme a la Ley 71 de 1988. Reclamó perjuicios morales y
lucro cesante entre el 9 de agosto de 2006 y el 1 de junio de 2008, por las mesadas
pensionales dejadas de percibir26.

3.9. El 21 de abril de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga
inadmitió la demanda porque la accionante “no aportó documento idóneo que
acredite el carácter con el que se presenta al proceso”, es decir, la calidad de
heredera de Alfredo Cortés Sánchez27.

3.10. El 25 de mayo de 2015, el Juzgado Quinto Administrativo de Bucaramanga
rechazó la demanda por falta de subsanación28.

3.11. En fecha no establecida, el apoderado judicial de la demandante apeló la
decisión anterior. Argumentó que el registro civil de nacimiento de Alicia Cortés Vda.
de Rincón, aportado con la demanda, acreditaba la calidad de heredera que ésta
tenía respecto de su hermano fallecido, Alfredo Cortés Sánchez. Afirmó que este no
tuvo descendencia29.

3.12. El 9 de octubre de 2015, el Tribunal Administrativo de Santander revocó el
auto apelado y ordenó la admisión de la demanda. Privilegió el acceso a la
administración de justicia, porque la legitimación en la causa se sustentaba en la
condición de heredera que podía ser objeto de debate probatorio dentro del
proceso30.

25 Sentencia de segunda instancia en el proceso laboral. SAMAI, índice 21, documento con
certificado No. A98ED49425D8CAC7 5721BA1FF79860DC D0D4FACBE2398867
B95F3AD02A7993EB.
26 Escrito de demanda de reparación directa. SAMAI, índice 21, documento con certificado No.

50D7DFA78B363599 7BE573AB4131C33E 493CC8A946B025A1 F0854ECA42AF8637.
27 Sentencia de primera instancia en el proceso de reparación directa. SAMAI, índice 21, documento

con certificado No. DEB35780F12F5B84 16CCB93C2119485B 865ECEFC0616B64F
EEFE915DB8F90654.
28 Auto de rechazo. SAMAI, índice 21, documento con certificado No. DEB35780F12F5B84

16CCB93C2119485B 865ECEFC0616B64F EEFE915DB8F90654.
29 Escrito de apelación contra el auto de rechazo de demanda. SAMAI, índice 21, documento con

certificado No. 8A20C9C68500B4E9 4362CECFF62ECF49 0DBFF99CB89D23F7
EBCCDC3D5D5FB3D4.
30 Auto admisorio de la demanda. SAMAI, índice 21, documento con certificado No.

B1FA59310D649041 E7C8A1B77E14BE28 47D271875BB65BAF 3E38AA6257696A16.
8

Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

3.13. El 23 de octubre de 2017, el Juzgado 5° Administrativo Oral de Bucaramanga
profirió sentencia en la que declaró la falta de legitimación en la causa por activa de
Alicia Cortés Vda. de Rincón. Razonó que “la hoy accionante, ocupaba el tercer
orden hereditario del sr. CORTES SANCHEZ, sin que en este trámite procesal se
conozca a ciencia cierta si existían parientes en los dos primeros órdenes
sucesorales [anteriores] […] lo que impide determinar la calidad de heredera de la
actora […]”31.

3.14. El 10 de noviembre de 2017, Alicia Cortés Vda. de Rincón interpuso recurso
de apelación. Argumentó la “presunción de derecho que le asiste a los hermanos
para reclamar el daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes
del Estado” 32.

3.15. El 28 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la
decisión apelada. En su sentencia, el Tribunal consideró que, si bien se demostró
que Alicia Cortés Vda. de Rincón era hermana de Alfredo Cortés Sánchez y en tal
sentido ostentaba vocación hereditaria en el tercer orden sucesoral, ésta no acreditó
su calidad de heredera, porque no demostró la vacancia de los órdenes hereditarios
que le antecedían. Así, frente al primer orden sucesoral consideró demostrado que
el progenitor de Alfredo Cortés Sánchez, es decir, Pedro León Cortés Villamil, había
fallecido. Sin embargo, advirtió que no ocurría lo mismo con la progenitora del
causante, María Sánchez Martínez33.

4. Análisis de configuración de la causal de revisión extraordinaria

4.1. El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de
inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, el legislador estableció de manera taxativa las causales que habilitan
la procedencia de este medio de impugnación, a efectos de prevenir un uso indebido
que lleve a un nuevo debate probatorio o interpretativo.

Así, la naturaleza del recurso extraordinario de revisión, que en realidad es una
acción autónoma del proceso que da lugar a ella, no tiene como finalidad corregir
errores in judicando, ni puede fundamentarse en las mismas pruebas que sirvieron
de base para la decisión que puso fin al proceso. Para la corrección de estos errores
existen los recursos ordinarios dentro del respectivo proceso.

Asimismo, se advierte que la revisión extraordinaria no está concebida como un
mecanismo para subsanar errores, omisiones o estrategias deficientes de los

31 Sentencia de primera instancia del proceso de reparación directa. SAMAI, índice 21, documento

con certificado No. FC7F20BD9977E1CD C2576E195FE5367B B714F6E90B234CBC
DFBBEB3432EB1633.
32 Escrito de apelación. SAMAI, índice 21, documento con certificado No. F124DA6B69B70FEE

90734C70BF9FABAB 943DD51CE7BC8DF5 533FAA3F07A32340.
33 Sentencia de segunda instancia en el proceso de reparación directa. SAMAI, índice 21, documento

con certificado No. A2DB293A3D3BD18A 04B48D4939C6CBC4 384DB79EDDEEF290
46066ECFDB8F0595.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

sujetos procesales, ocurridas durante el proceso inicial u ordinario. De manera que
no puede ser utilizada para corregir negligencias ni para reabrir un debate judicial
que ya ha sido resuelto conforme a derecho.

Por el contrario, la acción de revisión tiene como propósito el examen de hechos
nuevos que impactan la decisión adoptada y afectan el sentido de justicia que de
ella emana. Dado que esta acción incide en la certeza jurídica derivada de la cosa
juzgada, su carácter es no solo extraordinario, sino también restrictivo, ya que solo
procede en los eventos y por las causales expresamente señaladas en la ley, sin
posibilidad de invocar otras distintas.

Esta taxatividad resulta justificada, pues la acción de revisión es un mecanismo
excepcional que permite modificar providencias protegidas por el principio de cosa
juzgada. En consecuencia, las causales previstas para su procedencia deben ser
aplicadas e interpretadas de manera estricta, restrictiva o restringida, garantizando
que su utilización responda únicamente a los supuestos contemplados por la norma
y evitando que se convierta en una instancia adicional de impugnación. En este
sentido, la Corte Constitucional ha señalado que “las causales previstas para la
revisión deben ser aplicadas e interpretadas en sentido restringido”34.

En la Jurisdicción Contencioso Administrativo, el artículo 248 del CPACA dispone la
procedencia del recurso extraordinario de revisión contra las sentencias
ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los tribunales
administrativos y por los jueces administrativos.

A su turno, las causales de revisión se encuentran dispuestas en el artículo 250 del
CPACA y, en lo que atañe a providencias que impongan al tesoro público o a fondos
de naturaleza pública la obligación de cubrir sumas periódicas de dinero o
pensiones de cualquier naturaleza, en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003.

4.2. En el presente caso, los recurrentes fundamentan su solicitud en la causal
prevista en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA, la cual establece como motivo
de revisión la existencia de una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la cual no procede recurso de apelación.

Esta causal impone acreditar: (i) que la revisión se formule contra una sentencia; (ii)
que la sentencia ponga fin al proceso, de manera que contra ella no proceda el
recurso de apelación35; y (iii) que el vicio alegado haya surgido en la propia decisión

34 Corte Constitucional, Sentencia C-520 de 2009.
35 En la jurisprudencia de la Corporación no existe unanimidad respecto a estos dos primeros
elementos. Así, un sector minoritario acepta la procedencia del recurso extraordinario de revisión
contra autos que pongan fin al proceso, mientras la postura mayoritaria se inclina por mantener la
procedencia del recurso exclusivamente respecto de sentencias, al tenor de lo previsto en el artículo
248 del CPACA. Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del
10 de marzo de 2025, 11001-03-26-000-2022-00121-00 (68506).

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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

judicial o que se haya materializado en el momento en que se profirió la providencia
y no en una etapa previa del proceso. Además, la irregularidad debe ser de tal
gravedad que configure un defecto insubsanable en la actuación, de manera que,
de no haberse producido dicho yerro, la decisión adoptada habría sido
sustancialmente distinta36.

Sobre el particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado37 ha indicado que las nulidades procesales no pueden confundirse con las
que tienen origen en la sentencia, pues las primeras se estructuran en los supuestos
taxativos del artículo 133 del Código General del Proceso (en adelante CGP), al
paso que las segundas, al no estar determinadas por la ley, deben interpretarse
restrictivamente bajo unos presupuestos fácticos específicos que la jurisprudencia
de esta Corporación ha puntualizado y que, por regla general, no comprenden
nulidades procesales acaecidas en una etapa previa a la sentencia.

En este sentido, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado, a modo
enunciativo, los siguientes eventos que pueden encuadrarse en la causal quinta: (i)
que el juez resuelva asuntos sobre los cuales carece de jurisdicción o de
competencia; (ii) que, sin actuación alguna, el juez dicte nuevo fallo en proceso que
terminó normalmente por sentencia en firme; (iii) que sin más actuación, el juez
profiera sentencia después de ejecutoriado el auto que aceptó el desistimiento,
aprobó la transacción o declaró la perención del proceso; (iv) que el juez dicte el
fallo sin el trámite previo correspondiente; (v) cuando el demandado es condenado
por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido o causa diferente a la
invocada en la demanda; (vi) cuando el juez condena a quien no ha sido parte en el

Ejemplo del criterio que admite la procedencia excepcional de la revisión extraordinaria contra
ciertos autos interlocutorios que ponen fin al proceso y ostentan el atributo de cosa juzgada, lo
constituyen, entre otros: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala 27
Especial de Decisión, auto de ponente de 9 de julio de 2021, radicación 11001-03-15-000-2021-
01547-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 25
de mayo de 2017, Rad. no.11001-03-28-000-2017-00013-00; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, autos de ponente del 6 de septiembre
de 2022 y del 24 de abril de 2024, Rad. Nos. 11001-03-26-000-2022-00121-00 y 11001-03-15-000-
2021-01122-00; y salvamento de voto del magistrado Milton Chaves García al auto del 5 de abril de
2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01583-00.
Ejemplo de la postura restrictiva se puede advertir en: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, auto de 27 de septiembre de 2024, Rad. No. 11001-
03-25-000-2022-00625-00; Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala
22 Especial de Decisión, auto del 5 de abril de 2024, Rad. No. 11001-03-15-000-2021-01583-00;
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del
4 de junio de 2024, Rad. No. 11001-03-26-000-2023-00184-00; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, auto del 26 de abril de 2022, Rad. No.
11001-03-25-000-2021-00344-00; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, autos del 18 de julio de 2021 y del 29 de marzo de 2022, Rad. No.
11001-03-26-000-2019-00057-00; así como los salvamentos de voto de los magistrados Oswaldo
Giraldo, Stella Jeannette Carvajal y Luis Alberto Álvarez, en los Rad. No. 11001-03-15-000-2021-
01547-00 y 11001-03-15-000-2021-01122-00, respectivamente.
36 Entre otras decisiones: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección

Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de septiembre de 2019, Rad. No. 11001-03-26-000-2018-
00084-00.
37 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

proceso; (vii) cuando, sin más actuación, el juez profiere sentencia después de
ocurrida la interrupción o suspensión del proceso, o antes de la oportunidad debida;
(viii) cuando la sentencia aparece suscrita por un número mayor o menor de los
magistrados que debieron haberlo hecho; (ix) cuando la sentencia fue adoptada con
un número de votos diferente del previsto en la ley; (x) cuando la sentencia carece
completamente de motivación; o (xi) cuando la sentencia carece de congruencia
interna o externa38.

Además, esta Corporación39 ha precisado que pueden surgir otras situaciones que
generan una nulidad en la sentencia, particularmente aquellas que tienen su génesis
en la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política. De modo que la violación
al debido proceso en el fallo habilita la formulación del recurso extraordinario de
revisión por la causal 5ª del artículo 250 del CPACA, por ejemplo, cuando se profiere
sentencia inhibitoria sin fundamento válido, caso en el cual debe estudiarse si la
decisión se encuentra justificada o no, de acuerdo con las particularidades del caso
concreto.

Al respecto, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de
unificación40, recordó que, tratándose de la causal de nulidad originada en la
sentencia, los supuestos definidos tradicionalmente por la jurisprudencia de esta
Corporación como constitutivos de nulidades originadas en sentencia no son
taxativos. Asimismo, estableció que en los eventos en que el recurso extraordinario
de revisión va dirigido contra un fallo inhibitorio, en aras de hacer efectivos los
derechos a la tutela judicial efectiva, al acceso a la administración de justicia y al
debido proceso, el juez debe verificar que este se encuentre debidamente
justificado, mediante criterios de ponderación, proporcionalidad y adecuación a
cada caso, teniendo en cuenta el cumplimiento de los fines funcionales del derecho,
por parte de la providencia revisada.“[L]o que significa que la violación a tales
preceptos cuando se expide un fallo inhibitorio injustificado también configura la
causal de revisión alegada [250.5 del CPACA]”.

Igualmente, en algunos casos se ha aceptado como configurativa de la causal 250.5
del CPACA la nulidad procesal ocurrida antes de la expedición de la sentencia,
siempre y cuando esta no haya podido ser advertida por el recurrente, evento en el
que la parte actora debe probar que efectivamente no tuvo la posibilidad de
proponer la nulidad en el curso del proceso41.

38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias del 20 de octubre de

2009 y del 26 de febrero de 2013, Rad. Nos. 11001-03-15-000-2003-00133-00 y 11001-23-15-000-
2008-01289-00, respectivamente; y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, Rad. No. 20001-23-31-000-2001-
01278-02.
39 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 26 de febrero de

2013, Rad. No. 11001-23-15-000-2008-01289-00.
40 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
41 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 6, sentencia de 17 de marzo de 2025, Rad. No.

11001-03-15-000-2024-04477-00.
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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

Dicho de otra manera, el Consejo de Estado ha señalado que pueden dar lugar a
un defecto insaneable derivado de la sentencia42 aquellas irregularidades que
constituyen causal de nulidad del proceso y que solo pudieron ser advertidas en la
sentencia, así como los vicios que contiene la propia sentencia y que pueden derivar
en la vulneración del artículo 29 superior43.

Lo anterior, estaría referido a las causales de nulidad procesal previstas en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o en el
Código General del Proceso, siempre y cuando solo hayan podido advertirse en la
sentencia, así como a la inobservancia de aspectos procesales de tal
transcendencia que tengan impacto en la garantía del debido proceso 44, lo que
excluye la posibilidad de plantear en sede de revisión extraordinaria
cuestionamientos atinentes al contenido de la motivación, a la valoración de las
pruebas o a la forma de aplicación de una determinada norma.

4.3. Conforme con lo explicado, en el caso de autos se encuentra acreditado que,
con ocasión del reconocimiento pensional efectuado por vía judicial a favor de
Alfredo Cortés Sánchez a partir de una fecha distinta a la solicitada en la demanda
y ante el fallecimiento del beneficiario, su hermana supérstite, Alicia Cortés Vda. de
Rincón, ejerció el medio de control de reparación directa con el fin de que el Estado
fuera declarado responsable y condenado por error jurisdiccional y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia en el proceso ordinario laboral. Sin
embargo, el contencioso administrativo culminó desfavorablemente para la parte
actora, debido a que en ambas instancias se declaró de oficio la excepción de falta
de legitimación en la causa por activa (hechos probados 3.1., 3.2., 3.3., 3.5, 3.7, 3.8,
3.9., 3.10., 3.13 y 3.15).

Así, en el asunto de la referencia se tiene probado que la sentencia proferida el 28
de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander puso fin al medio de
control de reparación directa impetrado por Alicia Cortés Vda. de Rincón contra la
Nación – Rama Judicial y Ministerio de Justicia y del Derecho (hecho probado 3.15.)

Igualmente, se advierte que la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el
Tribunal Administrativo de Santander no es pasible de recurso ordinario alguno,
porque esta decisión se produjo, precisamente, al resolver la alzada propuesta
dentro del proceso de reparación directa (hecho probado 3.15), agotando así las
instancias legalmente establecidas para el trámite de este medio de control.

42 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 26, sentencias del 3 de febrero de 2015, Rad.

Nos.11001-03-15-000-1998-00157-01 y 11001-03-15-000-2011-01639-00; Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión 22, sentencia del 2 de febrero de 2016, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-
02342-00; y Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 2, sentencia del 1° de octubre de 2019,
Rad. No. 11001-03-15-000-2013-02216-00.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de julio de 2007, Rad. No.

11001-03-15-000-2007-00653-00. Se toma el resumen de la causal contenido en el Rad. No. 11001-
03-15-000-2013-00702-00 y reiterado en la sentencia del 1° de noviembre de 2016 proferida por la
Sala Especial de Decisión 10, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-00230-00.
44 Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 15, sentencia del 5 de noviembre de 2019, Rad.

No. 11001-03-15-000-2018-01415-00.
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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra el fallo
proferido el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander se
dirige, efectivamente, contra la decisión que puso fin al proceso de reparación
directa y respecto de la cual no procede el recurso de apelación. En consecuencia,
resta determinar si dicha sentencia presenta un vicio de nulidad originado en la
propia providencia, con implicaciones graves en la garantía del debido proceso.

Sobre el particular, de antemano la Sala advierte que los argumentos alegados por
la actora no configuran la causal quinta del artículo 250 del CPACA, pues no se
dirigen a demostrar la existencia de una nulidad originada en la sentencia, ni
evidencian la inobservancia de aspectos procesales de tal relevancia que tuvieren
impacto en el debido proceso o el acceso a la administración de justicia. Antes bien,
reflejan el propósito de la accionante de volver sobre el debate que se surtió en el
proceso de reparación directa que entabló endilgando un error jurisdiccional y un
defectuoso funcionamiento de la administración de justicia con ocasión del juicio
ordinario laboral, según pasa a exponerse.

4.4. La sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Santander confirmó la falta de legitimación en la causa por activa declarada en
primera instancia por el Juzgado 5° Administrativo Oral de Bucaramanga, al
considerar que, aunque la demandante era hermana de Alfredo Cortés Sánchez y
tenía vocación hereditaria en el tercer orden sucesoral, no acreditó que el primer y
segundo orden se encontraran vacantes, para demostrar su calidad de heredera45.

De cara a lo anterior, la demanda de revisión extraordinaria anotó que la sentencia
recurrida incurrió en violación al debido proceso y al derecho de defensa, porque
declaró la falta de legitimación en la causa por activa sin analizar las normas que
rigen la materia. Pese a ello, la recurrente no señaló cuáles son las normas que
consideró inobservadas.

Adicionalmente, la recurrente sostuvo que no allegó al proceso de reparación directa
el registro civil de defunción de la progenitora de Alfredo Cortés Sánchez -María
Sánchez Martínez-, porque desconocía su número de cédula. Asimismo, alegó que
tenía derecho a recibir la herencia que le correspondía a su progenitor fallecido -
Pedro León Cortés Villamil-, en su calidad de padre del causante Alfredo Cortés
Sánchez.

Igualmente, reiteró las razones que sustentaban las pretensiones alegadas en
reparación directa, por error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la

45 En este sentido, el Tribunal manifestó: “[…] no obran en el expediente elementos de prueba que

permitan determinar que los órdenes precedentes al tercero se encuentran vacantes,
particularmente si se tiene en cuenta que si bien en el registro civil de nacimiento del señor Alfredo
Cortés se consigna que su padre se encuentra fallecido, no sucede lo mismo con María Sánchez
Martínez, madre de Alfredo Cortés Sánchez de quien no se acreditó su fallecimiento y con lo cual
no es dable concluir que el segundo orden sucesoral se encuentra vacante […]”.

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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

administración de justicia en el proceso ordinario laboral. En concreto, expuso que
la pensión de Alfredo Cortés Sánchez se debió reconocer desde el 9 de agosto de
2006, a propósito de lo cual anotó que debió prevalecer el análisis del derecho
pensional adquirido, para reconocer los correspondientes daños y perjuicios.

Así las cosas, frente al supuesto jurídico de la causal de revisión extraordinaria del
artículo 250.5 del CPACA, los razonamientos del recurso aparecen insuficientes
para acreditar una nulidad originada en la sentencia. De un lado, porque no precisa
las disposiciones cuyo desconocimiento se aduce y, de otro, porque invoca
argumentos que no esgrimió oportunamente en el proceso de reparación directa, tal
como ocurre con las razones por las que no allegó la prueba de la defunción de
María Sánchez Martínez y su interés para ocupar el lugar que le correspondía a
Pedro León Cortés Villamil, en la sucesión de Alfredo Cortés Sánchez.

De igual modo, tampoco son de recibo los señalamientos frente al derecho
pensional de Alfredo Cortés Sánchez y el demandado error judicial o defectuoso
funcionamiento de justicia, toda vez que este asunto, ya definido por el juez laboral
y por el juez de la reparación, respectivamente, escapa a la competencia del juez
extraordinario de revisión y convierte el recurso excepcional en una tercera o cuarta
instancia procesal ordinaria.

Al punto, conviene recordar que el recurso extraordinario de revisión impone ciertas
cargas de fundamentación, para evitar que mediante este mecanismo excepcional
se reviva el debate zanjado en las instancias ordinarias, amparado con la institución
jurídica de la cosa juzgada. Asimismo, la excepcionalidad de la revisión
extraordinaria impide que las partes adicionen argumentos que han debido ser
esgrimidos en la instancia procesal oportuna.

Tal es el caso de este recurso, en el que la parte actora se empeña en prolongar la
discusión surtida ante los jueces laborales y contencioso administrativos y, como se
dijo, acude a nuevos argumentos para ampliar el debate allí planteado y resuelto.

A la exigua sustentación del recurso extraordinario, conviene agregar que la
discusión frente a la legitimidad en la causa por activa de la demandante para elevar
las pretensiones de reparación directa por error jurisdiccional y defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, se avizoraba desde la inadmisión y
rechazo de la demanda por parte del el Juzgado Quinto Administrativo de
Bucaramanga y quedó plasmada en la sentencia de primera instancia dictada el 23
de octubre de 2017 por la mencionada autoridad judicial (3.9., 3.10. y 3.13.). De
manera que el recurso de apelación era la oportunidad procesal para advertir la falta
de sustentación normativa, los señalamientos respecto a la dificultad para acreditar
el fallecimiento de María Sánchez Martínez, manifestar su interés para ocupar el
lugar que le correspondía a Pedro León Cortés Villamil en la sucesión de Alfredo
Cortés Sánchez, y reiterar las razones que sustentaban la demanda de reparación
directa.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

Sin embargo, las apelaciones presentadas por Alicia Cortés Vda. de Rincón contra
las decisiones del Juzgado 5° Administrativo Oral de Bucaramanga se limitaron a
señalar: i) que su registro civil de nacimiento acreditaba la calidad de heredera que
tenía respecto de su hermano fallecido - Alfredo Cortés Sánchez; ii) que el causante
no tuvo descendencia; y iii) que debía aplicarse la “presunción de derecho que le
asiste a los hermanos para reclamar el daño antijurídico producido por la acción u
omisión de los agentes del Estado (hecho probado 3.11. y 3.14.).

A partir de lo anterior, emerge con claridad que el presente recurso extraordinario
de revisión no acredita un vicio originado en la sentencia que puso fin al proceso de
reparación directa, sino la perseverancia en el debate de instancia. Esta sola
constatación sería suficiente para declarar infundado el recurso, en la medida en
que la formulación de la revisión extraordinaria exige una especial carga
argumentativa, esto es, que sea técnica, rigurosa y fundamentada46, como se
desprende del artículo 252.4 del CPACA, según el cual el recurso debe contener la
indicación precisa y razonada de la causal invocada y los hechos u omisiones que
le sirvan de fundamento, los cuales, en orden a ser analizados, deben estar
estrechamente relacionados con el vicio alegado47.

4.5. Sin embargo, en atención a que la decisión objeto del recurso de revisión no
emitió un pronunciamiento de fondo sobre el asunto objeto de la demanda de
reparación directa, en razón que se declaró la falta de legitimación en la causa por
activa, encuentra aplicabilidad la sentencia de unificación del 8 de mayo de 201848,
con el fin de hacer efectivos los derechos a la tutela judicial, al acceso a la
administración de justicia y al debido proceso de la recurrente.

En consecuencia, corresponde verificar que la falta de legitimación en la causa por
activa declarada por el Tribunal Administrativo de Santander en la sentencia de 28
de mayo de 2021, no sea injustificada. Al respecto, la Sala estima conveniente
precisar que el proceso de reparación directa, tramitado bajo el núm. 68001-33-33-
005-2015-00041-02, se surtió con estricto apego del debido proceso y que la
decisión recurrida esgrimió las razones jurídicas y probatorias en las cuales cimentó
su decisión.

Con relación al debido proceso y su alcance como derecho fundamental incorporado
en el artículo 29 superior, la Corte Constitucional49 ha reiterado que aquel comporta,
cuando menos: (i) el derecho a la jurisdicción que, a su vez, comprende el acceso
igualitario a la administración de justicia, el derecho a obtener decisiones motivadas,

46 Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 2003; y Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, Sala 14 Especial de Decisión, sentencia de 13 de octubre de 2020, Rad.
No. 11001-03-15-000-2019-00119-00.
47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,

sentencia del 6 de mayo de 2024, expediente 66195.
48 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 8 de mayo de

2018, Rad. No.11001-03-15-000-1998-00153-01(REV).
49 Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-163 del 10 de abril d e2019.

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Radicado: 11001-03-26-000-2022-00132-00 (68557)
Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

a impugnarlas y a que se cumpla lo fallado; (ii) el derecho al juez natural; y (iii) el
derecho de defensa.

A su turno, el acceso a la administración de justicia supone para el interesado el
cumplimiento de los requisitos previos y necesarios para establecer o trabar la
relación jurídico procesal entre las partes, comúnmente llamados presupuestos
procesales. Al margen de la discusión que existe sobre si la legitimación en la causa
es de suyo un presupuesto procesal, o un elemento del mérito de la litis 50, es
innegable que su comprobación resulta ineludible para realizar un pronunciamiento
de fondo sobre las pretensiones, dado que se trata de la acreditación de que quien
postula para sí un reclamo judicial, es la persona titular del interés jurídico lesionado.
De ahí, que exigir la acreditación de este requisito no riñe con el acceso a la
administración de justicia y, por el contrario, se convierte en una garantía para la
conformación eficaz de los extremos procesales.

Debe recordarse, en este punto, que la legitimación en la causa, en tanto
presupuesto para resolver el mérito del litigio, es un tópico que necesariamente el
juez debe verificar antes de zanjar el fondo de la controversia. Al respecto, el artículo
187 del CPACA dispone que “[e]n la sentencia se decidirá sobre las excepciones
propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada. El silencio del
inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo,
propuestas o no”. Asimismo, la jurisprudencia unificada de esta Sección ha
establecido que el juez tiene la potestad de “pronunciarse oficiosamente sobre todas
aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales
como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de
la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos
de su inconformidad con la providencia censurada”51.

Lo anterior permite establecer que la sentencia del 28 de mayo de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo de Santander, se constituye en un reflejo de las
garantías propias del debido proceso, pues surgió de la materialización del derecho
de impugnación y contradicción que ejerció la parte actora, y del deber que tiene el
juez de verificar si se dan los presupuestos para incursionar en el fondo del asunto.

Afianza lo expuesto el hecho de que, por ejemplo, en señal de respeto por el acceso
a la administración de justicia, el Tribunal Administrativo de Santander revocó la

50 En este sentido, por ejemplo, se ha dicho: “La legitimación en la causa -legitimatio ad causam- se

refiere a la posición sustancial que tiene uno de los sujetos en la situación fáctica o relación jurídica
de la que surge la controversia o litigio que se plantea en el proceso y de la cual según la ley se
desprenden o no derechos u obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exonera de las
segundas. Es decir, tener legitimación en la causa consiste en ser la persona que, de conformidad
con la ley sustancial, se encuentra autorizada para intervenir en el proceso y formular o contradecir
las pretensiones contenidas en la demanda por ser sujeto activo o pasivo de la relación jurídica
sustancial debatida objeto de la decisión del juez, en el supuesto de que aquélla exista. Es un
elemento de mérito de la litis y no un presupuesto procesal”. Consejo de Estado, Sección Tercera,
sentencia del 23 de abril de 2008, exp. 16.271.
51 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia

de unificación del 6 de abril de 2018, Rad. No. 05001-23-31-000-2001-03068-01.
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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

decisión de rechazo de la demanda y, en su lugar, consideró la oportunidad que
tenía la parte demandante para demostrar, a través del debate probatorio, la calidad
de heredera en que dijo actuar (hecho probado 3.12). No obstante, en su primera
instancia la reparación directa culminó con la sentencia que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa y, al resolver la segunda instancia, el mismo
Tribunal encontró fundamento para confirmar esta decisión, porque en la etapa
probatoria Alicia Cortés Vda. de Rincón no allegó los elementos de juicio que
acreditaran la titularidad del derecho que reclamaba.

Entonces, si la demandante no obtuvo la decisión deseada, ello no es sustento para
postular una afectación al debido proceso, al derecho de defensa o al acceso
efectivo a la administración de justicia, ya que desde el comienzo del proceso el
juez contencioso administrativo le advirtió a la demandante la necesidad de
demostrar la calidad de heredera que invocó, carga procesal que, no obstante, la
accionante desatendió, todo lo cual permite concluir que la sentencia enjuiciada no
desconoció las garantías procesales que la recurrente alude en función de la causal
de nulidad invocada.

Ahora, en cuanto a las razones jurídicas y probatorias que exhibió la sentencia del
28 de mayo de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander para
confirmar la falta de legitimación en la causa por activa, la Sala resalta que aquellas
obedecieron, precisamente, a que Alicia Cortés Vda. de Rincón, al impetrar la acción
de reparación directa, se anunció como heredera de su difunto hermano, pero no
aportó las pruebas que acreditaran tal calidad. En efecto, solamente allegó el
registro civil de nacimiento que daba cuenta de su condición de hermana del
causante, sin que este solo hecho pudiera demostrar que era la persona llamada a
heredar el derecho pensional de Alfredo Cortés Sánchez.

De modo que el fundamento de la falta de legitimación en la causa por activa
declarada por el Tribunal Administrativo de Santander es congruente con la calidad
que Alicia Cortés Vda. de Rincón invocó en el libelo de reparación directa, dado que
allí se anunció como heredera de su fallecido hermano.

Aunado a lo anterior, conviene resaltar que Alicia Cortés Vda. de Rincón no ostentó
la condición de parte procesal en el trámite laboral del que demandaba el error
jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, así
como tampoco era la beneficiaria del derecho pensional reconocido a favor de
Alfredo Cortés Sánchez.

En este sentido, aunque es cierto que en el trámite del proceso ordinario laboral el
apoderado de Alfredo Cortés Sánchez informó, en su momento, el fallecimiento de
su prohijado y allegó un poder conferido por Alicia Cortés Vda. de Rincón (hecho
probado 3.3.), lo cierto es que la demandante no fue reconocida en la causa laboral
como sucesora procesal de su difunto hermano, así como no se le reconoció
personería jurídica al representante judicial de Alicia Cortés Vda. de Rincón.

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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

Por tanto, pese a su fallecimiento, Alfredo Cortés Sánchez fungió de comienzo a fin
como demandante en el proceso laboral. De ahí que, si Alicia Cortés Vda. de Rincón
no fue parte o sucesora procesal en el trámite ordinario laboral, carecía de interés
jurídico para censurar el error jurisdiccional o el defectuoso funcionamiento de la
Administración de Justicia, en las decisiones proferidas o en las actuaciones
surtidas en el mencionado proceso laboral.

Asimismo, se estableció que mediante Resolución 4231 del 30 de abril de 2008 se
reconoció la pensión de vejez a favor de Alfredo Cortés (hecho probado 3.3). Sin
embargo, al expediente de reparación directa no se allegó prueba alguna que
indicara la sustitución pensional a favor de la recurrente, de la que pudiera derivarse
el interés jurídico que la legitimara para reclamar por los daños ocasionados con las
posibles irregularidades de las decisiones adoptadas en el proceso laboral.

Adicionalmente, aunque Colpensiones certificó que Alicia Cortés Vda. de Rincón fue
ingresada en la nómina de pensionados en octubre de 2003, como beneficiaria de
una pensión de sobrevivientes52, era evidente que la pensión sustituida no
correspondía a la de Alfredo Cortés Sánchez, toda vez que este obtuvo el
reconocimiento pensional con posterioridad, es decir, el 30 de abril de 2008 y falleció
el 12 de marzo de 2009. De modo que esta circunstancia tampoco legitimaba el
interés en la causa de la demandante para alegar las posibles irregularidades de las
decisiones del juez laboral, esgrimidas en reparación directa.

Finalmente, se observa que la recurrente adujo que, por encima de una mera
formalidad, debía prevalecer el derecho a obtener justicia y a que se resolviera de
fondo el asunto concerniente a la demanda de reparación directa, considerando que
debió prevalecer el análisis del derecho pensional adquirido, para reconocer los
correspondientes daños y perjuicios.

Al respecto, es necesario señalar que la jurisprudencia ha sido enfática en precisar
que la falta de legitimidad por activa en la causa no constituye una mera formalidad;
al contrario, es un elemento estructural de la acción y un presupuesto indispensable
para obtener decisión de fondo, cuya ausencia, por lo tanto, imposibilita que el juez
se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio, como bien lo ha señalado esta
Corporación53. Así, se insiste en que era carga de la parte actora demostrar
plenamente la titularidad del derecho que invocó, por lo que debió subsanar dentro
de la oportunidad procesal probatoria oportuna su falta de legitimación por activa,
ya que esta corresponde a uno de los presupuestos necesarios sustanciales, más
no formales, cuya acreditación en el proceso siempre ha de ser constatada por el
fallador, aún de manera oficiosa, con miras a decidir sobre la reclamación judicial54.

52 SAMAI, índice 21, documento con certificado No. 769100EAFE85D7B9 01F89E282D2C0255
839F56A9C83E2512 D7A931B95135615D
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia de 26 de septiembre de 2012. Rad.

05001-23-31-000-1995-00575-01(24677). M.P: Enrique Gil Botero.
54Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión No. 6, sentencia de 17 de marzo de 2025.

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Demandante: Alicia Cortés Vda. de Rincón

En resumen, la situación planteada en sede de revisión extraordinaria no configura
una nulidad originada en la sentencia dictada el 28 de mayo de 2021, ni puede
atribuírsele al Tribunal Administrativo de Santander como una transgresión de las
garantías constitucionales de la parte actora. Ello, porque su decisión se adoptó
conforme a derecho, dentro de los parámetros legales, y se fundamentó en los
medios de prueba que fueron debidamente aportados y oportunamente
incorporados al proceso.

En consecuencia, comoquiera que no se configuran los presupuestos de la causal
5ª del artículo 250 del CPACA, planteada por la recurrente, la Sala declarará
infundado el recurso extraordinario de revisión.

5. Conclusión

No se configura la causal de revisión establecida en el numeral 5º del artículo 250
del CPACA, es decir, no existe nulidad originada en la sentencia proferida el 28 de
mayo de 2021 por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de Alicia Cortés Vda. de Rincón, para incoar el
medio de control de reparación directa promovido por la recurrente contra la Nación
– Rama Judicial – Ministerio de Justicia y del Derecho, radicado núm. 68001-33-33-
005-2015-00041-02.

Por el contrario, pudo observarse que la providencia objeto de análisis fue dictada
con arreglo a la ley, y a los medios probatorios que obraban en el expediente al
momento de adoptar la decisión correspondiente.

6. Costas

De conformidad con el artículo 25555 del CPACA, modificado por el artículo 70 de la
Ley 2080 de 2021, se condenará en costas a la parte recurrente y se ordenará a la
Secretaría de la Sección Tercera que proceda con la respectiva liquidación, con
observancia de las reglas prescritas en los artículos 365 y 366 del CGP.

Asimismo, en consonancia con lo establecido en el artículo 556 del Acuerdo No.
PSAA16-10554 de 201657, al encontrarse acreditada la labor de defensa ejercida
por la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y la Rama Judicial, la Sala
impondrá por concepto de agencias en derecho la suma equivalente a un (1) salario
mínimo legal mensual vigente al momento de la sentencia, a favor de cada una de
las entidades demandadas.

55 “Artículo 255. Sentencia. <Artículo modificado por el artículo 70 de la Ley 2080 de 2021> […] Si

se declara infundado el recurso, se condenará en costas y perjuicios al recurrente”.
56 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son: […] 9. Recursos extraordinarios. Entre

1 y 20 S.M.M.L.V. […]”.
57 “Por el cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión
interpuesto contra la sentencia proferida el 28 de mayo de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander, dentro del proceso de reparación directa núm. 68001-
33-33-005-2015-00041-02.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte recurrente, que serán liquidadas, en
la medida de su comprobación, por la Secretaría de la Sección, teniéndose en
cuenta la fijación de agencias en derecho a favor de la Nación – Ministerio de
Justicia y del Derecho y Rama Judicial, en un (1) salario mínimo mensual legal, para
cada una de estas entidades.

TERCERO: Ejecutoriada esta decisión, ARCHÍVESE el expediente.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado

SP2

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