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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11649-00

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11649-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: ACEPTAR al señor Armando Antonio Baca Mena como coadyuvante del demandante, de acuerdo con lo expuesto en precedencia. 19 Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00 Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por el señor Edgar Manuel Barrios Pavajeau contra las secciones Cuarta y Tercera, subsecciones A y B del Consejo de Estado, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma “SAMAI”. CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11649-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

17 de febrero de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES CUARTA Y TERCERA
Tema: Acción de tutela contra proceso de tutela / derecho
fundamental al debido proceso

ACCIÓN DE TUTELA - SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edgar Manuel
Barrios Pavajeau contra las secciones Cuarta y Tercera (subsecciones
A y B) del Consejo de Estado, de conformidad con lo dispuesto en el
Decreto 333 de 2021.

I.ANTECEDENTES

El señor Edgar Manuel Barrios Pavajeau, actuando en nombre propio y
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución, invoca la protección del derecho fundamental al debido
proceso, con fundamento en los siguientes:

1. Hechos

1.1. La sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda. y el señor Julio José
Dangón Noguera instauraron acción de reparación directa contra la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de que se les
declarara patrimonialmente responsables por los daños ocasionados en
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

virtud de la operación realizada el 26 de febrero de 1989 en la finca
“Villa Toyi” de propiedad de la sociedad, que culminó con la ocupación,
retención e inmovilización de sus bienes el 6 de septiembre de 1989 y
la vinculación al proceso penal por narcotráfico, dentro del cual se
decretó la preclusión mediante providencia del 25 de abril de 1994 por
la Fiscalía Regional de Barranquilla, confirmada el 21 de octubre del
mismo año por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Nacional.

1.2. El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de providencia
del 26 de julio de 1999 condenó, en abstracto, a pagar los perjuicios
materiales causados a la sociedad.

1.3. En sede de segunda instancia, la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante proveído del 6 de agosto de 2009 reconoció como
cesionarios de los derechos litigiosos de la sociedad, a las siguientes
personas: Edgar Manuel Barrios Pavajeau con un 48 %; Moisés López
Bernal con un 30 %; Gustavo Ibáñez Carreño con un 6 %; Sociedad
Maderratti S.A. con un 2 %; Javier Lizcano Rivas con un 4 % y a la
Sociedad Dangón Russo como titular del 2 % de los derechos litigiosos.

1.4. Finalmente, la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio
de providencia del 28 de febrero de 2013, modificó el fallo de primera
instancia en el sentido de declarar probada la caducidad de la acción
respecto de los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1989 cuando los
agentes de policía irrumpieron en la finca y afectaron el sistema de
riego utilizado para la producción de banano y papaya de exportación
y declarar patrimonialmente responsable a la entidad por el daño
causado al señor Julio José Dangón Noguera con ocasión de la
formulación de acusación en su contra y por la pérdida y el deterioro
de los bienes decomisados el 6 de septiembre de 1989.

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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

Como consecuencia de lo anterior, condenó a la entidad, en abstracto,
a pagar el daño emergente causado, el cual debía liquidarse mediante
trámite incidental.

1.5. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
proveído del 30 de julio de 2015, liquidó el daño emergente; decisión
contra la cual la parte demandante interpuso recurso de apelación,
frente al cual la Sección Tercera del Consejo de Estado aceptó
desistimiento el 9 de octubre de 2019, por lo que la liquidación cobró
ejecutoria el 24 de octubre de 2019.

1.6. Contra la sentencia del 28 de febrero de 2013, el hoy accionante
instauró acción de tutela, por considerar que con ella se desconoció el
carácter de daño continuado causado por las entidades y que daba
lugar a la condena por perjuicios materiales en la modalidad de lucro
cesante.

1.7. De esta conocieron la Sección Cuarta y la Sección Tercera,
Subsección A del Consejo de Estado, que a través de sentencias del 4
de diciembre del 2020 y del 5 de febrero del 2021, respectivamente, la
rechazaron por improcedente por no acreditar el requisito de
inmediatez, en tanto transcurrieron 7 años, 4 meses y 22 días entre la
notificación del fallo (edicto desfijado el 25 de abril de 2013) y la
interposición de la tutela (el 17 de septiembre de 2020).

2. Fundamentos de la acción

El accionante manifiesta que con la sentencia del 28 de febrero de 2013
se desconoció el principio de reparación integral, en tanto el daño
causado por las entidades demandadas en el proceso de reparación
directa tenía un carácter continuado al afectar el sistema de riego de
las plantaciones de banano y de papaya tipo exportación, lo que afectó
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

la actividad económica de la finca y daba lugar a la condena por lucro
cesante.

De igual forma, indica que las secciones Cuarta y Tercera, Subsección
A del Consejo de Estado, al resolver la acción de tutela interpuesta,
abordaron una simple confrontación de fechas, sin analizar de fondo el
daño continuado ocasionado con la expedición de la sentencia del 28
de febrero del 2013.

Finalmente, sostiene que en este asunto se acreditan los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra las providencias cuestionadas,
toda vez que, frente a la sentencia del 28 de febrero de 2013, el
requisito de inmediatez debe contarse a partir de la fecha en que se
expidió la constancia de ejecutoria al culminar el incidente de
liquidación de perjuicios, esto es, el 10 de marzo de 2020; y frente a
las sentencias de tutela, este debe analizarse a partir de la fecha en
que la Corte Constitucional profirió el auto que resolvió no
seleccionarlas para revisión, esto es, el 31 de mayo de 2021, notificado
el 17 de junio siguiente.

Además, frente a estas últimas, aunque se trata de sentencias dictadas
en otro proceso de tutela, debe entenderse que en ellas se configura
uno de los eventos avalados por la jurisprudencia constitucional para
su procedencia referido al fraude involuntario a la ley, el cual se
materializó en el errado análisis de la inmediatez adelantado en dicha
oportunidad.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior, solicita:

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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

«PRIMERA: Revocar las sentencias de tutelas de fechas 7 de diciembre de 2020
primera instancia y 5 de febrero de 2021-segunda instancia- proferidas por la
Sección Cuarta y la Sección Tercera- Subsección A de la Sala Contenciosa
Administrativa del Consejo de Estado (Radicación: 11001-03-15-000-2020-04121-
00), respectivamente.

SEGUNDA.- Como corolario de la anterior decisión, solicito que se reconozca, del
mismo modo, por el Consejo de Estado- Sección Tercera- Subsección B de la Sala
contenciosa administrativa, el “LUCRO CESANTE”, en favor de EDGAR
MANUEL BARROS PAVAJEAU, con cédula de ciudadanía No 19.212.861 y T. P
de abogado No 20.728 del C. S. de la J., dado ser litisconsortes cuasinecesario,
dentro del proceso de reparatorio seguido por la sociedad Dangón Russo & Cia
Limitada contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, con
número de radicación 47001-23-31-000-1996-04835-01 (exp. No 17.526),
desconocido tal rubro en la sentencia dictada por la susodicha colegiatura el día 28
de febrero de 2013, lo que implica modificar al respecto este fallo.

TERCERA. - El reconocimiento aludido en el punto inmediato anterior, sin
perjuicio del reconocido y liquidado “daño emergente”.

CUARTA.- Se declare que la falencia que conllevó al desconocimiento del predicho
LUCRO CESANTE es debida al “defecto sustantivo” incurrido por la accionada en
la mencionada sentencia, al considerar la caducidad de la acción en contra del citado
rubro, siendo que la reparación invocada por los sucesos acaecidos los días 27 de
febrero y 6 de septiembre ambos de 1989 realizados por la Policía Nacional
acarrearon perjuicios antijurídicos en contra de la sociedad citada Dangón Russo &
Cia Ltda, tal lo reconoce la citada sentencia del Consejo de Estado, se depreca
tempestivamente. Este reconocimiento, por lo demás, se monta en la “non
reformatio in pejus”, o sea, sin perjuicio del reconocido daño emergente.

QUINTA.- Ordénese, de Consiguiente, a la Subsección B-Sección Tercera de la
Sala contenciosa administrativa del Consejo de Estado, que luego de tal
reconocimiento en abstracto, se disponga adelantar la liquidación pertinente en el
tribunal de primer grado, en la oportunidad de ley. o si lo prefiere, que ella misma
realice la condena en concreto de acuerdo con las pruebas que reposan en el
expediente continente del proceso de reparación directa en mención (radicación
47001-23-31-000-1996- 04835-01 (exp. No. 17.526).

SEXTA: Désele, por favor, el trámite de rigor a la presente acción de tutela».

4. Trámite procesal

Mediante auto del 13 de enero de 2022, se admitió la acción de tutela
de la referencia y se ordenó notificar a los magistrados de las secciones
Cuarta y Tercera, subsecciones A y B del Consejo de Estado como
accionados y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía

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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

Nacional, a la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado,
a la Procuraduría Judicial Cuarenta y Tres en Asuntos Administrativos
de Santa Marta, al Tribunal Administrativo del Magdalena, a la Sociedad
Dangón Russo & Cia Ltda, a la Sociedad Madderatti S.A. y a los demás
intervinientes dentro del acción de reparación directa1 como terceros
interesados en las resultas del proceso.

4.1. La Policía Nacional pidió que se declare la improcedencia de la
presente acción de tutela, toda vez que no cumple con el requisito de
inmediatez y se dirige contra sentencias proferidas dentro de una
acción de idéntica naturaleza.

4.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló, en similares
términos, que el presente asunto no cumple con el requisito de
inmediatez, en tanto transcurrieron un (1) año y cuatro (4) días entre
el momento de la notificación de la providencia objetada proferida por
esa Sección (9 de diciembre de 2020) y el de la interposición de la
acción constitucional (14 de diciembre de 2021), término que desborda
el límite razonable establecido jurisprudencialmente.

Indicó que tampoco es dable afirmar que la tutela se interpuso en
tiempo luego de que no fuera seleccionada para revisión ante la Corte
Constitucional, en tanto la acción constitucional debe interponerse en
el momento a partir del que se entiende que las partes tienen
conocimiento de la decisión que, en su criterio, genera la vulneración
ius fundamental.

Sostuvo, además, que la decisión proferida por dicha Sala no se dictó
con fraude a la ley en los términos precisados en la sentencia SU-627

1
litisconsortes – cesionarios: Julio José Dangón Noguera, Rodrigo Camilo Barros Romero Barros, Moisés
López Bernal, Sociedad Madderetti S.A., Javier Lizcano Rivas, Armando Baca Mena, José Jairo López
Mena, Jazmín del Socorro Eslait Masson, Jairlo López Morales, Carlos Alberto Paz Lamir y Gustavo Ibáñez
Carreño.
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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

de 2015; por el contrario, obedeció a que se encontró desatendido el
requisito de la inmediatez, teniendo en cuenta que habían transcurrido
siete (7) años, cuatro (4) meses y veintiún (21) días entre el momento
de la notificación de la sentencia objetada y el de la interposición de la
acción constitucional.

De allí que los argumentos expuestos por el demandante para soportar
la configuración de una decisión fraudulenta no evidencien esa
situación, pues contrario sensu, simplemente se verificó el
cumplimiento de un requisito objetivo de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, para concluir, en los términos que
ha precisado esta corporación y la Corte Constitucional, que la solicitud
de amparo había sido presentada por fuera del término razonable
establecido jurisprudencialmente.

4.3. La Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, a
través de la magistrada ponente de la sentencia de tutela del 5 de
febrero de 2021, se opuso a la prosperidad de la presente acción,
argumentando que los señalamientos del actor difícilmente pueden ser
considerados como una real situación de fraude que atente contra el
ideal de justicia presente en el derecho, pues contienen ligeras
afirmaciones carentes de rigor probatorio que indefectiblemente
conllevan la improcedencia de la solicitud de amparo.

4.4. El procurador cuarto delegado para el Consejo de Estado
señaló, de igual forma, que la presente acción de tutela no cumple con
los requisitos de procedencia, toda vez que no fue interpuesta en un
lapso razonable o proporcionado y porque, además, se dirige a
cuestionar sentencias proferidas dentro de otra acción de tutela, sin
que se acredite ninguno de los eventos previstos en la sentencia SU627
de 2015 para avalar su procedibilidad.

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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa. De la solicitud de coadyuvancia formulada
por el señor Armando Antonio Baca Mena

El señor Armando Antonio Baca Mena, quien fue vinculado al presente
proceso en calidad de tercero interesado en las resultas de la demanda,
pidió ser tenido como coadyuvante del demandante, figura respecto de
la cual el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone:

«ARTICULO 13.- Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción
se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la
acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De
ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud». (negrillas de la Sala).

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que «(…) la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de
un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta
compartir reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante
de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar
planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las
hechas por el demandante (…)»2.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tendrá al señor Armando Antonio
Baca Mena como coadyuvante de la parte demandante en los términos
señalados en precedencia, es decir, sin que ello implique la posibilidad

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Corte Constitucional, sentencia T-062 de 2010.
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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

de realizar planteamientos o reclamaciones distintas a las formuladas
en la demanda de tutela.

2. Problema jurídico

De conformidad con los antecedentes descritos, entiende la Sala de
Subsección que el problema jurídico se circunscribe a establecer:

• ¿La presente solicitud de amparo cumple con los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales?

De resultar afirmativo el anterior interrogante, se determinará si:

• ¿Las secciones Cuarta y Tercera, Subsección A de esta
corporación, al expedir las sentencias de tutela del 4 de diciembre
de 2020 y del 5 de febrero de 2021, respectivamente, hicieron
tránsito a cosa juzgada fraudulenta?

• ¿la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado, al
proferir la sentencia del 28 de febrero de 2013, adolece de
defecto sustantivo?

Con el fin de resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala
abordará el análisis de procedencia de la acción de tutela, primero,
respecto de las sentencias del 4 de diciembre de 2020 y del 5 de febrero
de 2021 que fueren dictadas en el marco de una acción de tutela, para
establecer si existe o no cosa juzgada constitucional fraudulenta en
relación con la providencia del 28 de febrero de 2013 que fue proferida
en sede de reparación directa.

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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente3 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación4, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las
irregularidades que allí surjan son subsanables en el contexto del
proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara, después de
años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, que
tienen como propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio
de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

3
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
4
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-
2009-01328-01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.
10

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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

De tal suerte, que se erigieron como requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. b. Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir,
que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir
del hecho que originó la vulneración. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal,
debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que
se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora
identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela» (resaltado de la
Sala).

3.1. Sobre el requisito de inmediatez, la Corte Constitucional ha
precisado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación5, el requisito de la inmediatez protege los
derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela ejercida en un plazo
irrazonable6»; «da vigencia al principio de seguridad jurídica, al impedir que el amparo se
convierta en un factor que atente contra ella»7; y previene el abuso del derecho, al «evitar
el uso de este mecanismo constitucional como herramienta supletiva de la propia
negligencia en la agencia de los derechos8».

Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia
del amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se
interpuso en un plazo razonable, pues la tutela es un medio excepcional

5
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.
6
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de
2006, T-1009 de 2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
7
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006,
T-1009 de 2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre
otras.
8
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006,
T-1009 de 2006, T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

de protección pronta y eficaz de derechos, por lo que se requiere que
se ejerza en un tiempo prudencial.

En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta corporación, en sentencia
del 5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis
meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente»9.

3.2. En cuanto a la improcedencia de la tutela contra decisiones de la
misma índole, la Corte Constitucional, en la sentencia SU-1219 de
2001, señaló que la competencia para revisar los fallos proferidos por
los jueces constitucionales en el ámbito de las acciones de amparo
previstas en el artículo 86 de la Carta Política es exclusiva y excluyente
de dicha Corte, mediante la revisión eventual.

Expuso que la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones
de amparo, además de fundarse en el propio texto constitucional, se
encamina a i) hacer efectiva la protección de los derechos
fundamentales confiada por la Carta Política a todos los jueces y ii)
garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez, que cierra la
posibilidad de que el cumplimiento de las órdenes de tutela se dilaten
de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama la
protección constitucional, que el asunto bajo análisis sea resuelto con
eficacia y prontitud.

Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha admitido la
posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones
judiciales arbitrarias, incluso de jueces de tutela, pero no respecto de
sentencias, sino en relación con las actuaciones que se surten en el

9
Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia de 5 de agosto de 2014. Radicado: Radicado 11001-03-15-000-
2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

trámite o procedimiento del recurso de amparo, y que puedan dar lugar
a la vulneración del derecho fundamental al debido proceso.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que es procedente,
de manera excepcional, la tutela contra sentencias de tutela, cuando:

«(…) (i) exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta,
(ii) cumpla con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales; (iii) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud
de amparo cuestionada; (iv) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (v) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación»10.

3.3. De la cosa juzgada en la acción de tutela

La Corte Constitucional ha señalado que “Cuando el juez de instancia
resuelve un asunto concreto y posteriormente la Corte decide sobre su
selección11, el fallo judicial se torna definitivo, inmutable y vinculante 12,
presentándose la cosa juzgada constitucional en materia de tutela. Esta
institución jurídica, encuentra su fundamento en el artículo 243 de la
Carta, al establecer que los fallos que dicta la Corte en ejercicio de
control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional 13 y
de ahí que este vedado al juez volver a decidir sobre lo que se
encuentra materialmente resuelto”14.

10
Corte Constitucional, sentencia T-286-18.
11
Si la Corte selecciona el trámite para revisión, la cosa juzgada se produce con la ejecutoria del fallo de
la Corte, por el contrario, cuando la acción no es seleccionada, este fenómeno opera a partir de la
ejecutoria del auto que niega la selección. Así se estableció en la sentencia SU-219 de 2001, citada en la
sentencia T-001 de 2016.
12
Sentencia T-001 de 2016.
13
“Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa
juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico
declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que
sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución.”
14
T-106-2018.
13

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

Así pues, en la sentencia T-670 de 2017, la Corte Constitucional precisó
que el fenómeno de cosa juzgada constitucional ocurre cuando “se
interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente
en otro proceso de la misma naturaleza sin que existan razones
suficientes que justifiquen la nueva solicitud”15.

En ese sentido, se ha expresado que existe duplicidad de acciones de
tutela cuando hay identidad respecto a las partes involucradas en el
trámite, las circunstancias fácticas y las pretensiones formuladas.16
Recientemente, en la sentencia T-280 de 2017 se reafirmó el contenido
de los criterios que permiten establecer la cosa juzgada:

“(i) Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la misma
pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la cosa juzgada. Se
presenta cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido, declarado o
modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se
predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho que no
fueron declarados expresamente.

(ii) Identidad de causa petendi (eadem causa petendi), es decir, la demanda y la
decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la demanda
presenta nuevos elementos, solamente se permite el análisis de los nuevos
supuestos, caso en el cual, el juez puede retomar los fundamentos que constituyen
cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

(iii) Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las mismas partes e
intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas por la decisión que constituye
cosa juzgada.”17

En ese sentido, cuando se configura un evento de duplicidad, el
funcionario judicial no solo tiene la obligación de rechazar las acciones

15
Sentencia C-774 de 2001. Postura reafirmada en las sentencias C-622 de 2007, T-185 de 2013, T-707 de
2016, y T-670 de 2017. Así mismo, se ha determinado que la cosa juzgada constitucional tiene dos
funciones: una negativa, que prohíbe a los funcionarios judiciales fallar sobre lo resuelto y, una positiva,
que procura dotar de seguridad las relaciones jurídicas y lograr la terminación definitiva de las
controversias.
16
Sentencia T-154 de 2014. Iguales supuestos que se estudian respecto a la temeridad.
17
El estándar anterior fue desarrollado inicialmente en la sentencia C-774 de 2001.
14

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Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

de tutela sino que además está facultado para controlar el abuso del
derecho y los comportamientos que se opongan a la lealtad procesal,
tendientes a satisfacer intereses individuales sin fundamento
constitucional ni legal18.

4. Caso concreto

4.1. De la procedencia de la acción de tutela frente a las
sentencias de tutela del 4 de diciembre de 2020 y del 5 de
febrero de 2021

En el presente asunto, el accionante reprocha las providencias del 4 de
diciembre de 2020 y del 5 de febrero de 2021 mediante las cuales las
secciones Cuarta y Tercera, Subsección A de esta corporación
resolvieron la acción de tutela que el señor Barrios Pavajeau
interpusiera contra la sentencia del 28 de febrero de 2013 y que
igualmente fuera rechazada por no cumplir el requisito de inmediatez.

Frente a dichas providencias, la Sala observa que no se acredita el
requisito de inmediatez, toda vez que el auto que negó la aclaración de
la sentencia de segunda instancia, proferido el 5 de febrero de 2021,
fue notificado por correo electrónico del 25 de febrero de 2021 y la
presente acción de tutela se interpuso el 14 de diciembre de 2021, es
decir, transcurridos más de 10 meses.

Ahora bien, el accionante argumenta, sobre este aspecto, que la
inmediatez debe contarse a partir de la fecha en que se notificó el auto
que excluyó de revisión dichas providencias, esto es, el 17 de junio de
2021.

18
En la SU 713 de 2006 se desarrolló ampliamente el sentido de la temeridad en materia de tutela.
15

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Al respecto, es necesario señalar que aún cuando se considerara dicha
fecha como punto de partida para adelantar el análisis de este requisito,
para la Sala dicho lapso no es razonable, en tanto entre ambos eventos
transcurrieron 5 meses y 22 días, con lo que se evidencia es que el
señor Barrios Pavajeau lo que ha pretendido es prolongar de manera
indefinida e injustificada la oportunidad para hacer uso de los
mecanismos de defensa, situación que desvirtúa por completo la
urgencia e inminente necesidad del amparo.

Con todo, en gracia de discusión, aunque se encontrara cumplido dicho
presupuesto, la acción de tutela deviene improcedente, también, por
dirigirse a infirmar dos providencias proferidas en el marco de otra
acción de idéntica naturaleza, pues admitir lo contrario implicaría que
«la resolución del conflicto se prolongaría indefinidamente en desmedro
tanto de la seguridad jurídica como del goce efectivo de los derechos
fundamentales» y «“sería como instituir un recurso adicional ante la
Corte Constitucional para la insistencia en la revisión de un proceso de
tutela ya concluido”, lo que es contrario a la Constitución y a las normas
reglamentarias en la materia»19.

Lo anterior, por cuanto en dichas providencias no se observa, como lo
dice el accionante, un actuar fraudulento por parte de los jueces
constitucionales en el análisis de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra la providencia judicial cuestionada, sino que,
por el contrario, se advierte un estudio riguroso de los mismos a partir
de las pretensiones concretas de la demanda y las pautas
jurisprudenciales vigentes. Además, no se observa que se hubiera
excluido del análisis algún argumento sustancial y determinante que
justificara la excesiva tardanza en la interposición del recurso de
amparo (7 años, 4 meses y 22 días).

19
Corte Constitucional, sentencia SU627 de 2015.
16

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Así pues, es claro para la Sala que en este caso no es dable predicar
que con las sentencias del 4 de diciembre de 2020 y del 5 de febrero
de 2021 se configuró el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, que
en palabras de la Corte Constitucional, “se predica de un proceso que
ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que
materializa en esencia un negocio fraudulento a través de medios
procesales, que implica un perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad”,
puesto que, como se dijo, las providencias contienen un análisis
ponderado y razonable de las circunstancias particulares del caso, lo
que descarta cualquier actuar alejado del valor de la justica sino que se
trata de una consecuencia lógica al actuar tardío y descuidado del
interesado en el ejercicio de la acción.

4.2. De la procedencia de la acción de tutela frente a la
sentencia del 28 de febrero de 2013

Aclarado lo anterior, la Sala advierte que la tutela frente a la sentencia
del 28 de febrero de 2013 es también improcedente, toda vez que sobre
dicha sentencia ya se configuró el fenómeno de cosa juzgada
constitucional, en tanto, como se dijo antes, el señor Barrios Pavajeau
interpuso, en oportunidad anterior, una acción de tutela por los mismos
hechos, con las mismas pretensiones y con la misma causa petendi.
Veamos:

(i) En la acción de tutela que cursó bajo el radicado N.º 11001-03-
15-000-2020-04121-00/01 fungió como demandante el señor Edgar
Manuel Barrios Pavajeu y como demandada la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado.

(ii) Las pretensiones allí formuladas se dirigieron, entre otras cosas,
a lo siguiente:
17

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

“(…) Se declare que la falencia que conllevó al desconocimiento del predicho
LUCRO CESANTE es debida al ‘defecto sustantivo’ incurrido por la accionada
corporación de segunda Instancia (Consejo de Estado- Sala contenciosa
administrativa- Sección Tercera- Subsección B), en la mencionada sentencia de
28 de febrero de 2013, al considerar la caducidad de la acción en contra del citado
rubro, siendo que la reparación invocada por los sucesos acaecidos los días 26 de
febrero y 6 de septiembre ambos de 1989 realizados por la Policía Nacional
acarrearon perjuicios antijurídicos en contra de la sociedad citada Dangón Russo
& Cía Ltda, tal lo reconoce la citada sentencia del Consejo de Estado, se depreca
tempestivamente. Este reconocimiento, por lo demás, se monta en la ‘non
reformatio in pejus’, o sea, sin perjuicio del reconocido daño emergente (…)”.

(iii) La causa petendi allí expuesta consistió en que la caducidad de la
acción de reparación directa decretada en el caso es inexistente y debió
contarse “desde la ejecutoria de la providencia de 21 de octubre de
1994 que juzga específicamente los hechos del día 26 de febrero de
1989, esto de un lado, y, de otro, con la devolución de ciertos objetos
muebles incautados llevada a cabo el día 23 de junio de 1995,
dejándose constancia del estado de deterioro en que se encontraban”.

Así pues, surge con claridad para la Sala que en el presente asunto se
configura la duplicidad de acciones de tutela, toda vez que la acción
que cursó bajo el N.º 11001-03-15-000-2020-04121-00/01 y la que es
objeto de análisis comparten partes, objeto y causa petendi, lo que
impone a esta Subsección rechazar por improcedente la presente
demanda, en tanto sobre las mismas pretensiones se encuentra
configurado el fenómeno de cosa juzgada constitucional, el cual, como
se señaló antes, no está viciado de fraude o de algún presupuesto que
permita analizar, nuevamente, las pretensiones y los fundamentos de
derecho que ya fueron resueltos por el juez constitucional.

18

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

4.3. Conclusión

De este contexto, surge para la Sala que la presente solicitud de
amparo constitucional no procede y por tanto será rechazada, por
configurarse el fenómeno de cosa juzgada constitucional y por
intentarse contra sendas sentencias proferidas dentro de otra acción
constitucional.

Debe recordarse que este último fenómeno de improcedencia de la
acción deviene del criterio jurisprudencial que ha reiterado la
imposibilidad de atacar, mediante la acción constitucional, una
sentencia proferida dentro de una acción de tutela anterior, pues
aceptarse una situación contraria, implicaría que la resolución del
conflicto se prolongue indefinidamente desconociendo tanto la
seguridad jurídica como el goce efectivo de los derechos
fundamentales, principios que radican en la necesidad de brindar una
protección cierta, estable y oportuna a las personas cuyos derechos
fundamentales han sido vulnerados o amenazados.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: ACEPTAR al señor Armando Antonio Baca Mena como
coadyuvante del demandante, de acuerdo con lo
expuesto en precedencia.

19

Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU

SEGUNDO: RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la acción de tutela
promovida por el señor Edgar Manuel Barrios Pavajeau
contra las secciones Cuarta y Tercera, subsecciones A y
B del Consejo de Estado, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: REGISTRAR la presente providencia en la plataforma
“SAMAI”.

CUARTO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVÍESE a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

20

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