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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11649-00

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11649-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE NEGAR la solicitud de aclaración de la sentencia formulada por el señor Edgar Manuel Barrios Pavajeau, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11649-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11649-00
Accionante: EDGAR MANUEL BARRIOS PAVAJEAU
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIONES CUARTA Y TERCERA

Acción de tutela - aclaración de sentencia

La Sala de Subsección procede a resolver la solicitud de aclaración de
la sentencia del 17 de febrero de 2022 formulada por el accionante.

SÍNTESIS DE LA SOLICITUD

Mediante memorial radicado el 28 de febrero de 2022, el señor Edgar
Manuel Barrios Pavajeau solicitó la aclaración de la sentencia de 17 de
febrero de 20221 mediante la cual esta Subsección rechazó por
improcedente la acción de tutela formulada contra las secciones Cuarta
y Tercera del Consejo de Estado.

Al efecto, sustentó su solicitud en varios apartes, que denominó así:

Primera solicitud de aclaración:

1
Notificada por correo electrónico enviado el 28 de febrero de 2022.

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El precedente judicial, por cuenta del cual se aclimata asaz la seguridad jurídica y la
igualdad, cuando permea, es o no obligatorio para las decisiones de las altas cortes de cierre
en sus respectivas jurisdicciones?. O se impone, en el evento de no compartirse tal
precedente, adosar los fundamentos o cargas de argumentación y de transparencia.

Ello así, como quiera el precedente de la corte constitucional, máxima autoridad judicial en
las ocurrencias constitucionales- dentro de ellas la acción de tutela-, viene sosteniendo que
el proceso y el acceso a la administración de justicia, dista de considerarse que el juicio
finiquita con el fallo, sino cuando la providencia pertinente que lo finaliza, lo hace efectivo
y eficaz. En efecto, dice la Guardiana constitucional al efecto en sentencia de unificación
de jurisprudencia “El derecho de acceso a la administración de justicia no se circunscribe
exclusivamente al ejercicio del derecho de acción, sino que está inescindiblemente
vinculado al debido proceso y a la expectativa de las partes de que, una vez en firme, la
decisión judicial que pone fin a una controversia se materialice en debida forma.
Desconocer esta premisa básica implicaría soslayar el carácter vinculante y coercitivo de
las providencias judiciales, en detrimento no solo de los derechos fundamentales, sino
del orden constitucional vigente” (…)

Aquí ello no se ha estudiado.

En la segunda solicitud de aclaración, señaló:

La inmediatez implica ineluctablemente una mera confrontación de fechas, o conlleva un
estudio, en cada caso, de las circunstancias especiales que exornan el mismo?.

(…)

Será que el desquiciamiento de la “ley del proceso” y de la “cosa juzgada”, en el incidente
liquidatorio dentro del plenario de Reparación directa de sociedad Dangón Russo & Cia
Limitada contra la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Policía Nacional, con número
de radicación 47001-23-31-000-1996-04835-01 (exp No 17.526), (causa petendi de toda las
acciones de tutela de marras), donde se pretende desconocer la condición de litisconsortes
cuasivoluntario del suscrito, decidida en auto de 06 de agosto de 2009 (mag pon dr Mauricio
Fajardo Gómez) y en los fallos de segundo grado allí proferidos, desconoce la cosa juzgada
y la ley del proceso, pues se endereza a estudiar si el suscrito es o no tal cesionario, o sea,
litisconsortes facultativo.

En nuestro humilde sentir, estas circunstancias, por supuesto, son especiales, pues no se ha
finiquitado el punto, pese del fallo y del auto citados.

Ahora, es de tomar en cuenta, lo que no se ha estudiado, es lo atañedero a que sin la
“Constancia de ejecutoria” no se hace efectivo el derecho reconocido. De donde, e por
virtud de esta constancia o certificación que permea la ejecución del fallo, es decir, la
realización del derecho.

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La tercera solicitud de aclaración, consistió en que “Para sus Dignidades las
sentencias de tutelas dictadas por altos órganos jurisdiccionales de cierre, salvo la corte
constitucional, que no estudian sino la simple confrontación de fechas, no constituye
“hecho nuevo”?”.

Finalmente, en la cuarta solicitud de aclaración, indicó que “Distar de
realizar el estudio axiológico del caso planteado, donde se desquician principios
constitucionales como la cosa juzgada, la ley del proceso y la tutela judicial efectiva,
aplicando solamente la mera inmediatez, sin ningún escrutinio al respecto, tipifica fraude
a la ley involuntario”.

Para resolver, se CONSIDERA:

Atendiendo el contenido del artículo 4.º2 del Decreto 306 de 19923, es
necesario remitirse a las normas del procedimiento civil, hoy Código
General del Proceso, que, en sus artículos 285, 286 y 287 dispone que,
de oficio o a solicitud de parte, las sentencias se pueden: i) aclarar,
cuando contengan conceptos o frases que ofrezcan imprecisiones o
dudas que impidan cumplir lo resuelto; ii) corregir, cuando hayan
incurrido en errores puramente aritméticos, de omisión, cambio de
palabras o alteración de estas, siempre que estén contenidas en la
parte resolutiva o influyan en ella; y iii) adicionar, cuando omitan
«resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier
otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento».

2
Artículo 4º. De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto
2591 de 1991. Para la interposición de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas en el
Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo
aquello en que no sea contrario a dicho decreto.
3
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.

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Los instrumentos procesales descritos le permiten al juez o magistrado
corregir imprecisiones, errores y omisiones en que pudo incurrir al
momento de proferir una providencia judicial, sin que ello implique una
nueva oportunidad para abrir el debate probatorio o jurídico propio de
la providencia que se aclara, corrige o adiciona, pues de ser así, la
solicitud deberá negarse por desnaturalizar el objeto de dichos
instrumentos.

La oportunidad para solicitar la «aclaración» y la «adición» es durante
el término de la ejecutoria de la respectiva providencia judicial,
mientras que la «corrección» puede tramitarse en cualquier tiempo.

Ahora bien, sobre la aclaración de la sentencia, la norma dispone de
manera concreta lo siguiente:

«Artículo 285. Aclaración. La sentencia no es revocable ni reformable por el juez
que la pronunció. Sin embargo, podrá ser aclarada, de oficio o a solicitud de parte,
cuando contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidas en la parte resolutiva de la sentencia o influyan
en ella.

En las mismas circunstancias procederá la aclaración de auto. La aclaración
procederá de oficio o a petición de parte formulada dentro del término de ejecutoria
de la providencia.

La providencia que resuelva sobre la aclaración no admite recursos, pero dentro de
su ejecutoria podrán interponerse los que procedan contra la providencia objeto de
aclaración» (negrillas fuera del texto).

En el presente asunto, el demandante solicita que se aclare la sentencia
del 17 de febrero de 2022, en relación con el análisis de la inmediatez,
del fraude a la ley y de la existencia de hechos nuevos que justifican la
interposición de la acción de tutela, argumentos que, claramente, no
encuadran dentro de los presupuestos en los que se puede producir la
aclaración de la providencia, pues esta figura tiene como propósito

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aclarar frases o conceptos que ofrezcan verdadero motivo de duda,
siempre que estén contenidos en la parte resolutiva de la sentencia o
influyan en ella, y no está prevista para controvertir, de fondo, las
razones que la sustentan.

En ese sentido, es necesario precisar que en la providencia del 17 de
febrero de 2022, la Sala analizó detenidamente los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra las diversas providencias
judiciales cuestionadas y encontró, por un lado, que respecto de los
fallos proferidos el 4 de diciembre de 2020 y del 5 de febrero de 2021
por las secciones Cuarta y Tercera, Subsección A de esta corporación
no se configuraba el requisito de inmediatez y que, además, ellas no
contenían argumentos fraudulentos que viciaran la decisión.

Asimismo, frente a la sentencia del 28 de febrero de 2013 proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, se estableció que sobre la
misma se había intentado, con anterioridad, una acción de tutela que
había sido resuelta a través de las providencias relacionadas en el
párrafo precedente y que habían hecho tránsito a cosa juzgada, la cual,
se insiste, no podía ser calificada como fraudulenta a la luz de las pautas
jurisprudenciales fijadas en la materia.

En este contexto, surge con claridad para la Sala que la presente
solicitud de aclaración de sentencia no tiene vocación de prosperidad,
toda vez que con ella se pretende, a partir de argumentos confusos y
poco coherentes, reabrir el debate jurídico abordado por esta
Subsección, lo que riñe con el artículo 287 del CGP.

Por lo anterior y sin necesidad de efectuar consideraciones adicionales,
se negará la solicitud de aclaración de la sentencia formulada por el
demandante.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,

RESUELVE

NEGAR la solicitud de aclaración de la sentencia formulada por el señor
Edgar Manuel Barrios Pavajeau, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de la presente providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Ausente con permiso Firmado electrónicamente

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