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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11649-01

Fecha
26 de mayo de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11649-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 17 de febrero de 2022 de la Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción presentada por el señor Edgar Manuel Barros Pavajeau, de 21 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Edgar Manuel Barros Pavajeau Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones “A” y “B” y otro Rad: 11001-03-15-000-2021-11649-01 acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. SEXTO: TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11649-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

26 de mayo de 2022

Demandante: Edgar Manuel Barros Pavajeau
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones “A”
y “B” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-11649-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2021-11649-01
Demandante: EDGAR MANUEL BARROS PAVAJEAU
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIONES “A Y “B” Y SECCIÓN CUARTA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Confirma improcedencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación formulada por el señor Edgar Manuel Barros
Pavajeau contra la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la petición de amparo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Mediante escrito enviado por correo electrónico el 14 de diciembre de 2021
al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el señor Edgar
Manuel Barros Pavajeau, en nombre propio instauró acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones “A” y “B” y Sección Cuarta,
con el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido
proceso.

2. Tal garantía la consideró vulnerada con ocasión de: (i) la providencia de 28
de febrero de 2013 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,

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Demandante: Edgar Manuel Barros Pavajeau
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones “A”
y “B” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-11649-01

Subsección “B”1 que modificó el fallo de primera instancia2 proferido en el
medio de control de reparación directa, en el sentido de declarar probada la
caducidad respecto de los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1989 y declarar
patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía
Nacional por el daño causado al señor Julio José Dangón Noguera y, (ii) las
sentencias de tutela dictadas por la Sección Cuarta y la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, el 3 de diciembre de 2020 y el 5 de
febrero de 2021, respectivamente, que declararon la improcedencia por no
superar el requisito de la inmediatez3.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:

“PRIMERA: Revocar las sentencias de tutelas de fechas 7 de diciembre de
2020 primera instancia y 5 de febrero de 2021-segunda instancia- proferidas
por la Sección Cuarta y la Sección Tercera- Subsección A de la Sala
Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado (Radicación: 11001-03-15-
000-2020-04121-00), respectivamente.

SEGUNDA.- Como corolario de la anterior decisión, solicito que se reconozca,
del mismo modo, por el Consejo de Estado- Sección Tercera- Subsección B de
la Sala contenciosa administrativa, el “LUCRO CESANTE”, en favor de EDGAR
MANUEL BARROS PAVAJEAU, con cédula de ciudadanía No 19.212.861 y T.
P de abogado No 20.728 del C. S. de la J., dado ser litisconsortes
cuasinecesario, dentro del proceso de reparatorio seguido por la sociedad
Dangón Russo & Cia Limitada contra la Nación- Ministerio de Defensa
Nacional- Policía Nacional, con número de radicación 47001-23-31-000-1996-
04835-01 (exp No 17.526), desconocido tal rubro en la sentencia dictada por la
susodicha colegiatura el día 28 de febrero de 2013, lo que implica modificar al
respecto este fallo.

TERCERA. - El reconocimiento aludido en el punto inmediato anterior, sin
perjuicio del reconocido y liquidado “daño emergente”.

CUARTA.- Se declare que la falencia que conllevó al desconocimiento del
predicho LUCRO CESANTE es debida al “defecto sustantivo” incurrido por la

1
Identificada con el radicado N.º 47001-23-31-000-1996-04835-00/01.
2
Dictado por el Tribunal Administrativo de Magdalena el 26 de julio de 1999 en el que había
ordenado a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago en abstracto por los
perjuicios causados a la sociedad Dangón Russo y Cía Ltda.
3
Identificada con el radicado N.º 11001-03-15-000-2020-04121-00/01.

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Demandante: Edgar Manuel Barros Pavajeau
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y “B” y otro
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accionada en la mencionada sentencia, al considerar la caducidad de la acción
en contra del citado rubro, siendo que la reparación invocada por los sucesos
acaecidos los días 27 de febrero y 6 de septiembre ambos de 1989 realizados
por la Policía Nacional acarrearon perjuicios antijurídicos en contra de la
sociedad citada Dangón Russo & Cia Ltda, tal lo reconoce la citada sentencia
del Consejo de Estado, se depreca tempestivamente. Este reconocimiento, por
lo demás, se monta en la “non reformatio in pejus”, o sea, sin perjuicio del
reconocido daño emergente.

QUINTA.- Ordénese, de Consiguiente, a la Subsección B-Sección Tercera de
la Sala contenciosa administrativa del Consejo de Estado, que luego de tal
reconocimiento en abstracto, se disponga adelantar la liquidación pertinente en
el tribunal de primer grado, en la oportunidad de ley. o si lo prefiere, que ella
misma realice la condena en concreto de acuerdo con las pruebas que reposan
en el expediente continente del proceso de reparación directa en mención
(radicación 47001-23-31-000-1996-04835-01 (exp No 17.526).

SEXTA: Désele, por favor, el trámite de rigor a la presente acción de tutela”.
(Sic a toda la cita)

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan,
los cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente
sentencia:

1.3.1. Proceso penal

4. El 26 de febrero de 1989, la Policía Nacional sin autorización judicial previa,
irrumpió en la finca agroindustrial “Villa Toyi”, de propiedad de la sociedad
Dangón Russo & Cía Ltda, con el objetivo de buscar elementos constitutivos de
hechos punibles relacionados con el narcotráfico.

5. Meses después, con ocasión de la orden de allanamiento concedida por el
Juzgado 68 de Instrucción Penal Militar, en septiembre de 1989 la Policía
Nacional llevó a cabo la diligencia en la finca “Villa Toyi”, en la que se dictó
medida cautelar de secuestro sobre el inmueble y se decomisaron unos bienes
muebles que eran utilizados para el desarrollo de la actividad productiva, los
cuales se perdieron y solo fueron devueltos hasta el 23 de junio de 1995.

6. El Juzgado Único Especializado del Magdalena inició investigación penal
contra el señor Julio José Dangón Noguera como presunto responsable de

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infracciones a la Ley 30 de 19864, con base en un informe presentado por la
Policía Nacional. Sin embargo, ello culminó cuando se decretó la preclusión del
proceso mediante providencia del 25 de abril de 1994 por la Fiscalía Regional
de Barranquilla, confirmada el 21 de octubre del mismo año por la Fiscalía
Delegada ante el Tribunal Nacional, tras constatar que se carecía de respaldo
probatorio para vincular al inmueble con actividades de narcotráfico.

1.3.2. Medio de control de reparación directa

7. La sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda y el señor Julio José Dangón
Noguera instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, con el fin
de que se les declarara patrimonialmente responsables por los daños
ocasionados en virtud de la operación realizada en septiembre de 1989 en la
finca “Villa Toyi” y la vinculación al proceso penal.

8. En primera instancia el Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de
providencia del 26 de julio de 1999 declaró administrativamente responsable a
los demandados y los condenó en abstracto al pago de los perjuicios
materiales ocasionados.

9. En inmediaciones del proceso, la sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda,
presentó acuerdo de cesión de un porcentaje de los derechos litigiosos entre
esta y sus apoderados, los señores Edgar Manuel Barros Pavajeau y Javier
Lizcano Rivas.

10. En segunda instancia, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado, por medio de providencia del 28 de febrero de 2013, modificó el fallo
del a quo, en el sentido de declarar: (i) probada la caducidad de la acción
respecto de los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1989, y (ii)
patrimonialmente responsables a los accionados por el daño causado al señor
Julio José Dangón Noguera con ocasión de la formulación de acusación en su
contra y por la pérdida y el deterioro de los bienes decomisados en septiembre
de 1989.

4
Por medio de la cual se adoptó el Estatuto Nacional de Estupefacientes.

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1.3.3. Trámite incidental de liquidación de perjuicios

11. Como consecuencia de lo anterior, condenó a las demandadas, en
abstracto, a pagar el daño emergente causado, el cual debía liquidarse
mediante trámite incidental.

12. Por lo anterior, el Tribunal Administrativo del Magdalena, en proveído del
30 de julio de 2015, liquidó el daño emergente, decisión contra la cual la parte
demandante interpuso recurso de apelación, frente al cual la Sección Tercera
del Consejo de Estado aceptó desistimiento el 9 de octubre de 2019, por lo que
la liquidación cobró ejecutoria el 24 de octubre de 2019.

1.3.4. Acción de tutela

13. Contra la sentencia del 28 de febrero de 2013, el señor Barros Pavajeau
instauró acción de tutela, por considerar que con ella se desconoció el carácter
de daño continuado causado por las entidades y que daba lugar a la condena
por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.

14. En primera instancia, el 3 de diciembre de 2020, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado declaró la improcedencia del mecanismo por no superar el
requisito de la inmediatez, tras considerar que:

“Como la solicitud de amparo fue promovida el 21 de septiembre de 2020,
transcurrieron siete (7) años, cuatro (4) meses y veintiún (21) días entre el
momento de la notificación y el de la interposición de la acción constitucional,
término que desborda ampliamente el límite establecido jurisprudencialmente
por la Sala Plena de esta Corporación, acogido igualmente por la Corte
Constitucional”.

15. Por su parte, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, el
5 de febrero de 2021, confirmó la decisión del a quo, reiterando lo más de 7
años transcurridos después de haberse notificado la providencia cuestionada.

16. Por medio de memorial radicado el 28 de febrero de 2022, el accionante
solicitó la aclaración de la sentencia, en relación con el análisis de la
inmediatez, del fraude a la ley y de la existencia de hechos nuevos que
justificaban la interposición de la acción de tutela, sin embargo, esta fue
negada el 24 de marzo de 2022 en atención a que los argumentos referidos no
encuadraban “(…) dentro de los presupuestos en los que se puede producir la

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aclaración de la providencia, pues esta figura tiene como propósito aclarar frases o
conceptos que ofrezcan verdadero motivo de duda, siempre que estén contenidos en
la parte resolutiva de la sentencia o influyan en ella, y no está prevista para
controvertir, de fondo, las razones que la sustentan”.

1.4. Fundamentos de la vulneración

1.4.1. Sentencia de 28 de febrero de 2013

17. El señor Barros Pavajeau consideró que la Sección Tercera, Subsección
“B” del Consejo de Estado, incurrió en defecto sustantivo al dictar la
providencia de 28 de febrero de 2013, toda vez que, a su juicio, no se configuró
la caducidad de la acción para reclamar el reconocimiento del lucro cesante
solicitado en la demanda a favor de la sociedad Dangón Russo & Cía Ltda.

18. Aunado a ello manifestó el desconocimiento del principio de reparación
integral, en tanto el daño causado por las entidades demandadas en el proceso
de reparación directa tenía un carácter continuado al afectar el sistema de
riego de las plantaciones de banano y de papaya tipo exportación, que afectó
la actividad económica de la finca “Villa Toyi”, lo cual daba lugar a la condena
por perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante.

19. Frente al requisito de inmediatez, puso de presente que dicho término
debía contabilizarse a partir de la fecha en que se expidió la constancia de
ejecutoria al culminar el incidente de liquidación de perjuicios, esto es, el 10 de
marzo de 2020.

1.4.2. Sentencias de tutela del 3 de diciembre de 2020 y 5 de febrero de
2021

20. El actor indicó que tanto la Sección Cuarta como la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, solamente habían confrontado unas
fechas sin analizar el fondo del asunto del daño continuado ocasionado con la
expedición de la sentencia del 28 de febrero del 2013.

21. Señaló que el requisito de inmediatez, para la presente acción de tutela,
debía contarse a partir de la fecha en que la Corte Constitucional profirió el
auto que resolvió no seleccionarlas para revisión, esto es, el 31 de mayo de
2021, notificado el 17 de junio siguiente.

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22. Asimismo, advirtió que aunque en esta instancia se estaba cuestionando
una tutela contra sentencia de la misma naturaleza, de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional, el caso concreto se adecuaba a una de las
causales permitidas, es decir la del fraude, ya que las autoridades judiciales
accionadas habían realizado un análisis errado del requisito de inmediatez.

1.5. Trámite de la acción de tutela

23. Mediante auto de 13 de enero de 2022, el magistrado ponente de la
Sección Segunda, Subsección “A” admitió la demanda de tutela y dispuso su
notificación a la parte demandante y a la Sección Tercera, Subsecciones “A” y
“B” y a la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

24. De igual forma se vincularon como terceros interesados a la Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, a la Procuraduría Cuarta
Delgada ante el Consejo de Estado, a la Procuraduría Judicial Cuarenta y Tres
en Asuntos Administrativos de Santa Marta al Tribunal Administrativo del
Magdalena, a la Sociedad Dangón Russo & Cía Ltda, a la Sociedad Madderatti
S.A. y a los demás intervinientes dentro del medio de control de reparación
directa N.º 47001-23-31-000-1996-04835-00/015.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

25. Por medio de documento remitido el 2 de febrero de 2022, la jefe del Área
Jurídica argumentó que el mecanismo constitucional interpuesto resultaba
improcedente por no superar los requisitos de tutela contra sentencia de la
misma naturaleza e inmediatez.

5
Dentro del medio de control figuran como litisconsortes – cesionarios: Julio José Dangón
Noguera, Rodrigo Camilo Barros Romero Barros, Moisés López Bernal, Sociedad Madderetti
S.A., Javier Lizcano Rivas, Armando Baca Mena, José Jairo López Mena, Jazmín del Socorro
Eslait Masson, Jairlo López Morales, Carlos Alberto Paz Lamir y Gustavo Ibáñez Carreno.

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1.6.2. Consejo de Estado, Sección Cuarta

26. La magistrada ponente de la decisión de 3 de diciembre de 2020, indicó
que la acción de tutela promovida era improcedente por no cumplir con el
requisito de inmediatez y no haber sido dictada con fraude a la ley, al advertir
que:

“De allí que los argumentos expuestos por el demandante para soportar la
configuración de una decisión fraudulenta no evidencien esa situación, pues en
el caso, contrario a lo manifestado por el actor, simplemente se verificó el
cumplimiento de un requisito objetivo de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, para concluir, en los términos que ha precisado
esta Corporación y la Corte Constitucional, que la solicitud de amparo había
sido presentada por fuera del término razonable establecido
jurisprudencialmente”.

1.6.3. Procuraduría General de la Nación

27. Mediante memorial allegado el 3 de febrero de 2022, el procurado Cuarto
Delegado ante el Consejo de Estado, señaló que la acción constitucional debía
declararse improcedente por no revestir relevancia constitucional.

1.6.4. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”

28. A través de documento remitido el 4 de febrero de 2022, la magistrada
ponente de la sentencia de 5 de febrero de 2021, puso de presente que la
presente acción de tutela resultaba improcedente, dado que la providencia
referida no había sido producto de una situación de fraude, así como tampoco
la otra superaba el requisito de inmediatez. Cosa distinta era que lo resuelto en
las respectivas instancias no se ajustaran a sus intereses.

29. Los demás vinculados, pese a que se notificaron en debida forma, no
allegaron contestación alguna.

1.7. Fallo impugnado

30. Mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional.

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31. En primer lugar, acerca de las sentencias de tutela de 4 de diciembre de
2020 y 5 de febrero de 2021 recurridas, indicó que no se acreditaba el requisito
de inmediatez, toda vez que “(…) el auto que negó la aclaración de la sentencia de
segunda instancia, proferido el 5 de febrero de 2021, fue notificado por correo
electrónico del 25 de febrero de 2021 y la presente acción de tutela se interpuso el 14
de diciembre de 2021, es decir, transcurridos más de 10 meses”.

32. Sin embargo, mencionó que, si el requisito se encontrara cumplido, se
decidiría en el mismo sentido, ya que cuestionaba a una sentencia de su
misma naturaleza, sin observarse un actuar fraudulento por parte de los jueces
constitucionales, pues se había realizado un análisis juicioso en el que no se
podía evidenciar algún factor que justificara la tardanza en la presentación del
mecanismo.

33. Por ello, señaló que no se había configurado el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta.

34. En lo referente a la sentencia de 28 de febrero de 2013 dictada en el medio
de control de reparación directa, el juez constitucional de primera instancia
advirtió que la acción de tutela también resultaba improcedente frente a este
cargo, toda vez que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada
constitucional, pues en una oportunidad anterior ya se había presentado otra
acción constitucional por los mismos hechos, con las mismas pretensiones y
con la misma causa petendi.

35. Así concluyó que “Debe recordarse que este último fenómeno de improcedencia
de la acción deviene del criterio jurisprudencial que ha reiterado la imposibilidad de
atacar, mediante la acción constitucional, una sentencia proferida dentro de una
acción de tutela anterior, pues aceptarse una situación contraria, implicar a que la
resolución del conflicto se prolongue indefinidamente desconociendo tanto la
seguridad jurídica como el goce efectivo de los derechos fundamentales (..)”.

1.8. Impugnación

36. La parte actora impugnó el fallo de tutela6 mediante escrito radicado el 31
de marzo de 2022, argumentando que el proceso de reparación directa solo

6
El fallo de tutela fue notificado el 28 de febrero de 2022 y el mismo día el accionante solicitó la
aclaración de la sentencia, lo cual fue resuelto desfavorablemente mediante providencia de 24
de marzo de 2022 y notificado el 30 siguiente.

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y “B” y otro
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terminaba cuando quiera que se hiciera efectivo lo dispuesto en la sentencia y
no con la mera decisión, es decir que, finalizaba cuando se expidiera la “(…)
certificación de ejecutoria de las piezas procesales pertinentes (sentencia y decisión
del incidente de liquidación de condena en abstracto en firme)”; razón por la cual sí
se cumplía con el requisito de inmediatez.

37. Frente a las sentencias de tutela recurridas, indicó que no existía temeridad
ni mala fe al insistir en que se revisaran dichas decisiones.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

38. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el
señor Edgar Manuel Barros Pavajeau contra la sentencia proferida por la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con
lo establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

39. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 17 de febrero de 2022, dictada por la Sección Segunda,
Subsección “A” del Consejo de Estado, en la acción de tutela del vocativo de la
referencia, instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de su
derecho fundamental al debido proceso.

40. En ese sentido, se debe resolver si ¿la sentencia de 28 de febrero de 2013
proferida por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado
adolece del defecto fáctico? Y ¿si las secciones Cuarta y Tercera, Subsección
“A” de la Corporación al dictar las sentencias de 4 de diciembre de 2020 y 5 de
febrero de 2021, respectivamente, incurrieron en fraude por no analizar de
fondo la problemática planteada?

41. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y de

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superarse, iii) generalidades del defecto alegado y; iv) análisis del caso
concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20127, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema8. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por
cada Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en
la parte resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales9. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación
simplemente se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.

43. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201410,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos
por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200511, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que
la tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de
derechos fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por
ende, el amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas
características.

44. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia12 a
unos requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P.
María Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
8
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñada.
9
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta
providencia”
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.

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y “B” y otro
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tutela, sin distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de
amparo – procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente
adentrarnos en el fondo del asunto – procedencia adjetiva -.

45. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate
de tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los
recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez.
De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se
analice el fondo del asunto.

46. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión
sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que
la acción no intente reabrir el debate de instancia.

47. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional

48. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad
de la (i) la providencia de 28 de febrero de 2013 proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “B” que modificó el fallo de primera
instancia del medio de control de reparación directa y, (ii) las sentencias de
tutela dictadas por la Sección Cuarta y la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, que declararon la improcedencia.

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49. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que
el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de
indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulnerados su derecho
fundamental, por cuanto las autoridades judiciales accionadas decidieron (i)
modificar el fallo de primera instancia proferido en el medio de control de
reparación directa en el sentido de declarar probada la caducidad respecto de
los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1989 y declarar patrimonialmente
responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por el daño
causado al señor Julio José Dangón Noguera y, (ii) declarar la improcedencia
por un superar el requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez.

50. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, fueron analizados
erróneamente por la autoridad judicial accionada, desconociendo el alcance y
aplicación de su derecho fundamental al debido proceso y omitiendo el deber
del juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de
constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria.

51. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o
amenaza a los derechos fundamentales, después de haber agotado el
procedimiento legal administrativo o judicial establecido por la ley para su
protección, lo que implica que el mecanismo constitucional no fue utilizado
como una instancia adicional que busque reabrir el debate procesal.

52. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia
tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación,
para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido
proceso.

2.3.2.2. Tutela contra decisión de tutela

53. Teniendo en cuenta que, en el presente caso el actor cuestiona varias
providencias, se estudiará el requisito de forma independiente para cada una
de ellas.

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54. En primer lugar, frente a la providencia de 28 de febrero de 2013, no se
observa que se trate de una tutela contra una decisión de la misma
naturaleza, pues esta fue proferida en el trámite del medio de control de
reparación directa, identificado con el radicado N.º 47001-23-31-000-1996-
04835-00/01, instaurado por la sociedad Dangón Russo y Cía. Ltda. y el señor
Julio José Dangón Noguera contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional
– Policía Nacional.

55. Sin embargo, no se evidencia la misma conclusión en lo referente a las
decisiones dictadas por la Sección Cuarta y la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado, el 4 de diciembre de 2020 y 5 de febrero de 2021,
respectivamente, ya que fueron proferidas al interior del proceso de tutela
identificado con radicado N.º 11001-03-15-000-2020-04121-00/01.

56. La Corte Constitucional, en sentencia SU-627 del 1 de octubre de 2015,
con ponencia del magistrado Mauricio González Cuervo, precisó la
improcedencia de la acción de tutela interpuesta contra decisiones proferidas
en el marco de otras acciones de tutela por cuanto “la resolución del conflicto se
prolongaría indefinidamente en desmedro tanto de la seguridad jurídica como del goce
efectivo de los derechos fundamentales”.

57. Por lo tanto, en los términos del referido precedente, al admitirse una nueva
acción de tutela se instituiría un recurso adicional para la insistencia en la
revisión de un proceso ya concluido, lo que es contrario a la Constitución y a
las normas que reglamentan la materia, ya que, una vez culminado el trámite
procesal correspondiente, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

58. Sin embargo, en la misma providencia, la Corte Constitucional aclaró que,
excepcionalmente, procede la acción de tutela contra providencias proferidas
en ejercicio de la acción de amparo constitucional, bajo los siguientes
parámetros:

“(…)

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se
dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.

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4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla
es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia
ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o
sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además
de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada;
(ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de
fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario
o extraordinario, eficaz para resolver la situación.

4.6.3. Si la acción se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de
tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.

4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste
en la omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o
vincular a los terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se
cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la
acción de tutela sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha
seleccionado el asunto para su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata
de lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la
acción de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un
derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente
de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, la acción de tutela puede
proceder de manera excepcional.

(…)13” (Negrillas fuera de texto).

59. Como se lee, el máximo órgano constitucional ha aceptado de manera
excepcional la procedencia de este mecanismo de amparo contra una

13
Corte Constitucional, Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.

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providencia de tutela, siempre que se compruebe de manera clara y suficiente
que la sentencia acusada fue producto de un fraude.

60. Así, además de cumplirse con los demás requisitos previstos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, es necesario,
para que proceda contra una sentencia de tutela, que el accionante demuestre
la configuración de una situación fraudulenta y que no exista otro medio
ordinario o extraordinario para resolver esa situación.

61. En el caso bajo análisis, la Sala encuentra que el reparo del accionante se
dirige contra las referidas sentencias en atención a que tanto la Sección
Cuarta, como la Sección Tercera, Subsección “A” se limitaron al conteo del
término de inmediatez, sin estudiar de fondo la problemática planteada.

62. Con ocasión de ello, el señor Barros Pavajeau, señaló que el requisito de
inmediatez debía contarse a partir de la fecha en que la Corte Constitucional
profirió el auto que resolvió no seleccionar las providencias para revisión, esto
es, el 31 de mayo de 2021, notificado el 17 de junio siguiente.

63. No obstante, la Sala concluye que no se cumplen los supuestos que
permiten avalar la procedencia de la acción de tutela contra un fallo de la
misma naturaleza, comoquiera que no se advierte una situación fraudulenta en
la adopción de las decisiones cuestionadas.

64. Revisando las providencias cuestionadas, se observa que las autoridades
judiciales accionadas indicaron que la sentencia recurrida era de 28 de febrero
de 2013, la cual había sido notificada por edicto el 28 de abril de 2013 y la
solicitud de amparo promovida el 21 de septiembre de 2020, es decir que
transcurrieron un poco más de 7 años entre el momento de la notificación y el
de la interposición de la acción constitucional, término que desborda
ampliamente el límite establecido jurisprudencialmente por la Sala Plena de
esta Corporación, acogido igualmente por la Corte Constitucional.

65. Sobre el particular, recordaron que la Corte Constitucional en la sentencia
C-590 de 2005, indicó que el plazo razonable para interponer la acción de
tutela, si bien no es un término fijo, puede entenderse como un periodo
prudencial de seis (6) meses, el cual debe analizarse en general, “en relación
con el hecho generador de la tutela, las condiciones del accionante y los derechos que
subyacen en la pretensión”.

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66. Así señalaron que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que
pueden existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción
de tutela no se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren
que el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental sean
permanentes, persisten en el tiempo, y hacen que la violación sea siempre
actual.

67. No obstante, tras revisar el material probatorio y los argumentos del actor
adujeron que los reproches que sustentaban la vulneración se predicaban
exclusivamente de la sentencia de 28 de febrero de 2013 y no de los actos
procesales posteriores, entre los que se encuentra la mencionada liquidación
de la condena.

68. Por ello, frente al incidente de liquidación de la condena, se determinó
como un procedimiento judicial independiente y no relacionado con la
vulneración de los derechos alegados, por lo que no condicionaba la
posibilidad de cuestionar la decisión que declaró la caducidad del término de la
acción de reparación directa en el término jurisprudencialmente desarrollado.

69. De igual forma, en gracia de discusión, los jueces constitucionales hicieron
el ejercicio tomando como fecha de conteo la alegada por el tutelante, frente a
los cual concluyeron que:

“(…) de llegarse a contabilizar la inmediatez a partir del momento en que se
notificó la terminación del mencionado trámite de liquidación de la condena, la
misma se encontraría igualmente incumplida, en tanto el auto que (i) aceptó el
desistimiento del recurso de apelación interpuesto contra el auto de 30 de julio
de 2015, proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, (ii) declaró
terminado el proceso y (iii) ordenó devolver al tribunal de origen, se notificó
mediante estado desfijado el 21 de octubre de 201912, por lo que entre este
hecho y el momento de interposición de la solicitud de amparo transcurrieron
once (11) meses, lapso que, nuevamente, desconoce el término prudencial
concedido jurisprudencialmente para este efecto”.

70. Por consiguiente, las anteriores decisiones, lejos de constituir fraude,
obedecen al análisis propio del juez constitucional, así que la simple
inconformidad con lo decidido por las autoridades judiciales no resulta

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suficiente para que la Sala realice un estudio de fondo sobre las pretensiones
de la parte actora.

71. Así las cosas, se confirmará la decisión de la Sección Segunda,
Subsección “A”, de declarar la improcedencia por no superar el requisito de
procedibilidad adjetiva de tutela contra decisión de la misma naturaleza.

2.4. Cosa Juzgada Constitucional

72. En lo atinente a la cosa juzgada, la Corte Constitucional14 ha considerado
que las acciones de tutela también están sometidas a los parámetros de la
cosa juzgada, puesto que ello garantiza que controversias que ya han sido
decididas de manera definitiva por las autoridades judiciales competentes para
ello no sean reabiertas y, por lo tanto, evitar que se afecte el principio de
seguridad jurídica15.

73. De manera que, para que opere la cosa juzgada debe existir identidad de
objeto, de causa petendi y de partes. En tal sentido, es necesario que “(i) que se
adelante un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; (ii) que en
el nuevo proceso exista identidad jurídica de partes; (iii) que el nuevo proceso verse
sobre el mismo objeto, o sea, sobre las mismas pretensiones; (iv) que el nuevo
proceso se adelante por la misma causa que originó el anterior, es decir, por los
mismos hechos16”.

74. El Alto Tribunal Constitucional también consideró que algunas variaciones
en las partes, los hechos o las pretensiones entre el proceso que hizo tránsito a
cosa juzgada y la nueva demanda, no necesariamente conducen a concluir que
no existe cosa juzgada, sino que se trata de un examen más profundo, que no
se basta con la coincidencia formal sino con una verificación de la coincidencia
material entre los dos procesos, a pesar de las pequeñas diferencias17.

75. Como fue puesto de presente anteriormente, el señor Barros Pavajeau
interpuso acción de tutela contra la sentencia de 28 de febrero de 2013, la cual
fue resuelta en primera instancia por la Sección Cuarta el 3 de diciembre de

14
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-661 de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, reiterado en
sentencias T-001 de 2016 y T-427 de 2017.
16
Corte Constitucional, Sentencia T-019 de 2016, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, reiterado
en sentencia T-427 de 2017.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2018, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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2020 y confirmada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado. En estas se resolvió una demanda por los mismos hechos,
pretensiones y causa petendi.

76. En cuanto a los hechos, la acción de tutela interpuesta en aquella ocasión,
versaba sobre la sentencia de 28 de febrero de 2013, mediante la cual la
autoridad judicial accionada declaró la caducidad del término de la acción de
reparación directa que la sociedad Dangón Russo & Cía Ltda impetró contra la
Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, con el fin de obtener
la reparación de los perjuicios soportados con ocasión de la incautación y
destrucción de unos bienes de propiedad de la sociedad demandante. Los
mismos hechos que fueron explicados y evidenciados en esta instancia.

77. Sobre las pretensiones, la Sala se permite realizar el siguiente cuadro
comparativo, donde pueden apreciarse mejor:

PRETENSIONES
Acción de tutela presentada el 21 de Acción de tutela presentada el 14 de
septiembre de 2020, identificada con diciembre de 202111001-03-15-000-
el radicado N.º 11001-03-15-000- 2021-11649-00
2020-04121-00.
Segunda.- Como consecuencia de lo SEGUNDA.- Como corolario de la
determinado en el punto anterior, anterior decisión, solicito que se
reconózcase a pagar por la Nación - reconozca, del mismo modo, por el
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Consejo de Estado- Sección Tercera-
Nacional en Favor de Edgar Manuel Subsección B de la Sala contenciosa
Barros Pavajeau, por concepto de ‘Lucro administrativa, el “LUCRO CESANTE”, en
Cesante’, el 48% (cuarenta y ocho por favor de EDGAR MANUEL BARROS
ciento) del total de la suma aproximada PAVAJEAU, con cédula de ciudadanía
que por este concepto asciende, a valor No 19.212.861 y T. P de abogado No
de hoy, a m nimo doscientos millones de 20.728 del C. S. de la J., dado ser
d lares americanos (U$ 200.000.000,oo), litisconsortes cuasinecesario, dentro del
de conformidad a lo demostrado en el proceso de reparatorio seguido por la
peritaje contemplado en el referido sociedad Dangón Russo & Cia Limitada
proceso de reparación directa [sociedad contra la Nación- Ministerio de Defensa
Dangón Russo & Cía Limitada contra la Nacional- Policía Nacional, con número
Nación- Ministerio de Defensa Nacional- de radicación 47001-23-31-000-1996-
Policía Nacional, con número de 04835-01 (exp No 17.526), desconocido
radicaci n 47001-23-31-000-1996-04835- tal rubro en la sentencia dictada por la
01. susodicha colegiatura el día 28 de febrero
de 2013, lo que implica modificar al
Tercera.- El reconocimiento aludido en el respecto este fallo.
punto inmediato anterior, sin perjuicio del

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reconocido y liquidado ‘da o emergente’. TERCERA. - El reconocimiento aludido
en el punto inmediato anterior, sin
Cuarta.- Se declare que la falencia que perjuicio del reconocido y liquidado “daño
conllevó al desconocimiento del predicho emergente”.
LUCRO CESANTE es debida al ‘defecto
sustantivo’ incurrido por la accionada CUARTA.- Se declare que la falencia que
corporación de segunda Instancia conllevó al desconocimiento del
(Consejo de Estado- Sala contenciosa predicho LUCRO CESANTE es debida al
administrativaSección Tercera- “defecto sustantivo” incurrido por la
Subsección B), en la mencionada accionada en la mencionada sentencia, al
sentencia de 28 de febrero de 2013, al considerar la caducidad de la acción en
considerar la caducidad de la acción en contra del citado rubro, siendo que la
contra del citado rubro, siendo que la reparación invocada por los sucesos
reparación invocada por los sucesos acaecidos los días 27 de febrero y 6 de
acaecidos los días 26 de febrero y 6 de septiembre ambos de 1989 realizados
septiembre ambos de 1989 realizados por la Policía Nacional acarrearon
por la Policía Nacional acarrearon perjuicios antijurídicos en contra de la
perjuicios antijurídicos en contra de la sociedad citada Dangón Russo & Cia
sociedad citada Dangón Russo & Cía Ltda, tal lo reconoce la citada sentencia
Ltda, tal lo reconoce la citada sentencia del Consejo de Estado, se depreca
del Consejo de Estado, se depreca tempestivamente. Este reconocimiento,
tempestivamente. Este reconocimiento, por lo demás, se monta en la “non
por lo demás, se monta en la ‘non reformatio in pejus”, o sea, sin perjuicio
reformatio in pejus’, o sea, sin perjuicio del reconocido daño emergente.
del reconocido da o emergente.
QUINTA.- Ordénese, de Consiguiente, a
Quinta. - Ordénese, de Consiguiente, a la la Subsección B-Sección Tercera de la
Subsección B - Sección Tercera de la Sala contenciosa administrativa del
Sala contenciosa administrativa del Consejo de Estado, que luego de tal
Consejo de Estado, ordenar a la Nación - reconocimiento en abstracto, se disponga
Ministerio de Defensa Nacional - Policía adelantar la liquidación pertinente en el
Nacional que se pague en favor de Edgar tribunal de primer grado, en la
Manuel Barros Pavajeau el porcentaje oportunidad de ley. o si lo prefiere, que
indicado en el punto segundo de esta ella misma realice la condena en
demanda, de manera expedita. concreto de acuerdo con las pruebas que
reposan en el expediente continente del
proceso de reparación directa en
mención.

78. Se observa que las pretensiones presentadas en ambas oportunidades son
las mismas, pues se dirigen a obtener el mismo fin.

79. Por último, la causa petendi consistió tanto en el mecanismo de amparo
presentado en septiembre de 2020 como este, en que la caducidad del medio
de control de reparación directa decretada en el caso es inexistente y debió
contarse “desde la ejecutoria de la providencia de 21 de octubre de 1994 que juzga

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específicamente los hechos del día 26 de febrero de 1989, esto de un lado, y, de otro,
con la devolución de ciertos objetos muebles incautados llevada a cabo el día 23 de
junio de 1995, dejándose constancia del estado de deterioro en que se encontraban”.

80. Conforme con lo expuesto, es evidente para esta Sala que el asunto que al
accionante pretende recurrir sobre la sentencia de 28 de febrero de 2013, ya
fue discutido y zanjado en la acción de tutela identificada con el radicado N.º
11001-03-15-000-2020-04121-00/01, pues en ambos se comparten los hechos,
las pretensiones y la causa petendi.

81. Así entonces, se concluye que después de agotarse todos recursos al
interior del proceso de tutela anterior, y haberse dictado auto por la Corte
Constitucional donde no se seleccionó el caso para revisión eventual, se
encuentra configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.

82. Por lo tanto, se confirmará la decisión de 17 de febrero de 2022 de la
Sección Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, donde se declaró la
improcedencia frente a este cargo por presentar el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional.

2.5. Conclusión

83. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a
confirmar la decisión del a quo, en atención a la improcedencia por no superar
los requisitos de procedibilidad adjetiva que se encontró en las providencias
recurridas.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de 17 de febrero de 2022 de la Sección
Segunda, Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia
de la acción presentada por el señor Edgar Manuel Barros Pavajeau, de

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Edgar Manuel Barros Pavajeau
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsecciones “A”
y “B” y otro
Rad: 11001-03-15-000-2021-11649-01

acuerdo con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

SEXTO: TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, dentro de
los diez (10) días siguientes a la ejecutoría del fallo, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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