Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11697-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11697-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2021-11697-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de febrero de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11697-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA
TESIS: DECLARA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA
ACTORA NO ACREDITÓ SIQUIERA SUMARIAMENTE LA EXISTENCIA
DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE O DE UNA SITUACIÓN DE
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE HAGA
PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RINDIERON CONCEPTO NEGATIVO
SOBRE SU TRASLADO.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
TRABAJO Y FAMILIA.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la
actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA
La señora DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo
y a la familia, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL al haber expedido
esta última autoridad el Oficio núm. CJO21-4008 de 14 de
septiembre y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de noviembre de
2021, que rindieron concepto desfavorable respecto de su solicitud de
traslado a los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas
Laborales del Circuito de Bogotá.
I.2.- Hechos
Manifestó que se desempeña en propiedad en el cargo de secretaria
del Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas y Competencia
Múltiple de Medellín.
Indicó que en el mes de agosto de 2021, solicitó al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bogotá su traslado como servidora de
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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA
carrera a los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas
Laborales del Circuito de Bogotá.
Señaló que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL mediante Oficio núm. CJO21-4008 de 14 de septiembre
de 2021, rindió concepto desfavorable respecto de su solicitud de
traslado por cuanto no cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 134 de la Ley 270 de 19961 y en el Acuerdo PCSJA17-10754
de 20172, en especial, los referentes a que el cargo al que se
solicitara el traslado fuera afín al que desempeñaba en propiedad y
que allegará el formato de calificación de servicios correspondiente al
año 2020.
Manifestó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm.
CJR21-1065 de 16 de noviembre de 2021, en el sentido de confirmar
la decisión recurrida.
Indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL no
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“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
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“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”.
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interpretó debidamente lo establecido en el artículo 134 de la Ley
270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, toda vez que
al momento de estudiar su solicitud de traslado no tuvo en cuenta
que acreditó haberse desempeñado en otros cargos de especialidad
laboral y que el cargo que ostenta en propiedad incluye todas las
especialidades.
Señaló que si bien es cierto, con la solicitud de traslado no allegó el
formato de calificación de servicios en los términos requeridos por
la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL,
dicha circunstancia no le es atribuible, toda vez que dicho
documento fue solicitado a su nominador y expedido el 1o. de
septiembre de 2021, un mes después de que radicó su petición.
Sostuvo que pese a lo anterior, dicho documento obra en la
actualidad en el trámite administrativo, toda vez que fue allegado
con el recurso de reposición que interpuso contra el Oficio núm.
CJO21-4008 de 14 de septiembre de 2021.
Afirmó que la solicitud de traslado a Bogotá se fundamenta en que
“[…] en esta ciudad donde conformé mi familia y requiero hacer uso
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de las herramientas dispuestas por la norma para el traslado de
empleados y servidores, con el fin de garantizar mi sustento y
contribuir con el de mi familia […]”.
I.3.- Pretensiones
La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados como violados y, en consecuencia, pidió que:
“[…] solicito que una vez se establezca la vulneración de mis
derechos, se le ordene a la accionada emitir concepto favorable
de traslado del puesto de secretaria, que ocupo en propiedad,
en el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Medellín a los Juzgados Tercero o
Sexto de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, escogidos
mediante solicitud radicada el 6 de agosto de 2021, y continuar
con el trámite respectivo […]”.
I.4.- Defensa
I.4.1.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Indicó que la actora cuenta con la posibilidad de acudir ante la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de solicitar como
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medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del Oficio
núm. CJO21-4008 de 14 de septiembre y de la Resolución núm.
CJR21-1065 de 16 de noviembre de 2021, para proteger los derechos
que invoca.
Manifestó que las inconformidades expuestas por la actora
corresponden a asuntos de mera legalidad que no ameritan la
intervención del juez de tutela de manera transitoria, además,
porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de forma excepcional.
Indicó que en caso de que se conozca de fondo sobre el asunto,
debe denegarse el amparo solicitado, toda vez que la solicitud de
traslado de la actora no cumple con los requisitos establecidos en el
artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754
de 2017, en especial, el correspondiente a la afinidad entre el cargo
que ocupa en propiedad y el cargo al que aspira ser trasladada.
Manifestó que en el caso de la referencia, la actora pretende el
traslado de un cargo que conoce asuntos en materia civil y de familia
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a uno con conocimiento de procesos laborales, circunstancia que
descarta el cumplimiento del requisito de afinidad mencionado.
Precisó que el requisito de afinidad corresponde a un elemento
objetivo que se examina en la solicitud de traslado, el cual es
independiente de las aptitudes del empleado para desempeñar el
cargo al cual solicita ser traslado.
Señaló que en el caso de los traslados no existe disposición que
autorice una equivalencia de experiencia en los casos que los
cargos no sean afines, circunstancia por la que mal podría
accederse a la petición de la actora únicamente con fundamento en
su experiencia laboral.
Afirmó que no vulneró el derecho al debido proceso de la actora,
toda vez que dentro del trámite que concluyó con la expedición de
los actos administrativos que dieron concepto desfavorable para su
solicitud de traslado, todas las actuaciones le fueron debidamente
notificadas y tuvo la oportunidad de interponer los correspondientes
recursos.
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I.4.2.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pese a ser
debidamente notificado, guardó silencio.
I.5.- Interviniente
I.5.1.- El JUZGADO SEXTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS
CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE manifestó que mediante
Resolución núm. 017 de 6 de octubre de 2020, concedió licencia a
la actora para ocupar en provisionalidad el cargo de escribiente en
la Sala Cuarta de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de
Justicia con sede en Bogotá, lugar en el que en la actualidad debe
residir.
Señaló que el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE
ANTIOQUIA a través de los acuerdos núms. CSJANTA18-93 de 7
de febrero de 2018 y CSJANTA19-205 de 24 de mayo de 2019,
ordenó la remisión de 600 procesos de especialidad laboral al
Juzgado Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Medellín y de 200 procesos ejecutivos laborales a los juzgados 1°,
5° y 6° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.
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Indicó que la actora tramitó y realizó proyectos en los asuntos
laborales asignados a través del Acuerdo núm. CSJANTA18-93 de 7
de febrero de 2018.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de
30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo
número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del
Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de
tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el
conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
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derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso, la parte actora pretende obtener el amparo de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
trabajo y a la familia, que le fueron presuntamente vulnerados por
el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL al haber expedido
esta última autoridad el oficio núm. CJO21-4008 de 14 de septiembre
y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de noviembre de 2021, que
rindieron concepto desfavorable respecto de su solicitud de traslado a
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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas Laborales del
Circuito de Bogotá.
Señaló, en síntesis, que se vulneraron sus derechos por cuanto la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL no tuvo
en cuenta que sí cumplía con los requisitos previstos en el artículo
134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,
en especial, los relativos a que el cargo al que se solicita el traslado
sea afín al que se ostenta en propiedad y que se allegue la
correspondiente calificación de servicios del año anterior.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si en el presente caso se cumple con los
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos
administrativos de contenido particular y concreto, específicamente,
los que resuelven la solicitud de traslado de servidores de carrera
administrativa de la Rama Judicial y, de ser así, ii) determinar si las
accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados, con
ocasión de la expedición del oficio núm. CJO21-4008 de 14 de
septiembre y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de noviembre de
2021, por medio de los cuales se emitió concepto desfavorable de
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traslado del cargo de secretaria desempeñado en el Juzgado Sexto
Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín
al mismo cargo en los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas
Laborales del Circuito de Bogotá.
De la procedencia de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos por medio de los cuales se ordena o
deniega el traslado de servidores de carrera administrativa
de la Rama Judicial
Por regla general, de conformidad con el artículo 6º del Decreto
2591 de 1991, este mecanismo constitucional no resulta
procedente para controvertir actos administrativos de caracter
particular y concreto por carecer del requisito de subsidiariedad,
comoquiera que para ello, el legislador previó el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo de
defensa judicial para desvirtuar su legalidad.
Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 4 en reiteradas
oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos
administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el
4
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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juez constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto
de fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente
arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean
afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En
efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el
particular de la siguiente manera:
“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados
con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no
obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá
hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea
ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento
alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa
los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar
[…] »5.
Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de
su núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico
requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador
es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia
necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no
suponga simplemente una separación transitoria u originada
en factores distintos al traslado o a circunstancias
superables; (iii) cuando quede demostrado que el traslado
pone en serio peligro la vida o la integridad personal del
servidor púbico o de su familia. En los anteriores eventos, la
Corte ha enfatizado que no toda implicación de orden
familiar y económico del trabajador causada por el traslado,
tiene relevancia constitucional y amerita la procedencia del
5
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.
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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA
amparo transitorio. Las circunstancias completas deben
revestir particular gravedad, de manera tal que sea
necesario el concurso del juez constitucional para conjurar
un perjuicio irremediable […]”6.
Al respecto, la Sala en sentencia de 11 de junio de 20207, dio por
cumplido el requisito de subsidiariedad, en un caso en que estaba
probada la condicion de grave enfermedad en la que se encontraba
la tutelante, por lo que dispuso la procedencia de la acción y analizó
de fondo la medida de traslado solicitada como servidora de carrera
administrativa de la Rama Judicial.
En esa medida se tiene que, aun en presencia de otros mecanismos
de protección, el juez constitucional se encuentra facultado para
estudiar la acción de tutela cuando a partir de los hechos probados
sea posible inferir una amenaza o violación irremediable y grave a
los derechos del funcionario o de su núcleo familiar.
Ahora bien, en el presente caso, la actora pretende que se dejen sin
efectos las decisiones adoptadas por la UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por medio de las
6
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio
de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación número 11001-03-15-000-2020-00386-01 (AC).
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cuales se emitió concepto desfavorable en relación con la solicitud
de traslado del cargo de secretaria desempeñado en el Juzgado
Sexto Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de
Medellín al mismo cargo en los juzgados Tercero o Sexto de
Pequeñas Causas Laborales del Circuito de Bogotá.
Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de tutela es
improcedente habida cuenta que la parte actora tiene a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir la legalidad del oficio núm. CJO21-4008
de 14 de septiembre y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de
noviembre de 2021 y solicitar como medida cautelar la suspensión
provisional de sus efectos, además, debe tenerse en cuenta que el
derecho de traslado no es de contenido constitucional sino de
naturaleza legal.
Ahora bien, la Sala advierte que no se encuentra acreditado dentro
del proceso de la referencia que exista una circunstancia de
especial protección constitucional que amerite un estudio de fondo
del asunto como mecanismo transitorio o definitivo para la
protección de los derechos invocados.
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En efecto, de la revisión del escrito de tutela y de las pruebas
anexadas al expediente, no se observa que la decisión de denegar
el traslado solicitado por la actora afecte gravemente su situación o
la de su núcleo familiar, en tanto que no demostró siquiera
sumariamente que con ella i) se afecte de manera alguna su
condición de salud o la de su núcleo familiar; ii) corresponda a una
decisión intempestiva o arbitraria o, iii) se ponga en riesgo su vida
o integridad personal.
Al respecto, se pone de presente que si bien la actora afirma que su
solicitud de traslado se fundamentó adicionalmente en que es la
ciudad donde conformó su familia, lo cierto es que no demostró
siquiera sumariamente quien conforma su núcleo familiar y como se
vería gravemente afectado de manera permanente ante la decisión
de no acceder a su solicitud.
En ese entendido, al revisar el caso sub examine, la Sala considera
que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ni
que la actora haya allegado prueba alguna encaminada a demostrar
dicha circunstancia.
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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA
En el mismo sentido, se pone de presente que la Sala mediante
sentencias de 18 de marzo de 20218 y de 15 de julio de 20219,
declaró la improcedencia de la acción de tutela en casos análogos
en los cuales no se acreditó una circunstancia de especial
protección constitucional o la existencia de un perjuicio irremediable
que hiciera procedente la acción de tutela como mecanismo
transitorio o definitivo para la protección de los derechos invocados.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por la parte actora, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de
marzo de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2020-05062-01.
M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de julio
de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00. M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA
constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de
2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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