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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11697-00

Fecha
3 de febrero de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2021-11697-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2020-05062-01. M.P. Hernando Sánchez Sánchez. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de julio de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 18 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11697-00 Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2021-11697-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

3 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., tres (3) de febrero de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11697-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

TESIS: DECLARA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR
NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA
ACTORA NO ACREDITÓ SIQUIERA SUMARIAMENTE LA EXISTENCIA
DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE O DE UNA SITUACIÓN DE
ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE HAGA
PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR LOS
ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RINDIERON CONCEPTO NEGATIVO
SOBRE SU TRASLADO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
TRABAJO Y FAMILIA.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la

actora contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11697-00
Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

La señora DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo

y a la familia, los cuales estima vulnerados por el CONSEJO

SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL al haber expedido

esta última autoridad el Oficio núm. CJO21-4008 de 14 de

septiembre y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de noviembre de

2021, que rindieron concepto desfavorable respecto de su solicitud de

traslado a los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas

Laborales del Circuito de Bogotá.

I.2.- Hechos

Manifestó que se desempeña en propiedad en el cargo de secretaria

del Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas y Competencia

Múltiple de Medellín.

Indicó que en el mes de agosto de 2021, solicitó al Consejo

Seccional de la Judicatura de Bogotá su traslado como servidora de

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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

carrera a los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas

Laborales del Circuito de Bogotá.

Señaló que la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL mediante Oficio núm. CJO21-4008 de 14 de septiembre

de 2021, rindió concepto desfavorable respecto de su solicitud de

traslado por cuanto no cumplía con los requisitos establecidos en el

artículo 134 de la Ley 270 de 19961 y en el Acuerdo PCSJA17-10754

de 20172, en especial, los referentes a que el cargo al que se

solicitara el traslado fuera afín al que desempeñaba en propiedad y

que allegará el formato de calificación de servicios correspondiente al

año 2020.

Manifestó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

reposición, el cual fue resuelto a través de la Resolución núm.

CJR21-1065 de 16 de noviembre de 2021, en el sentido de confirmar

la decisión recurrida.

Indicó que se vulneraron sus derechos fundamentales por cuanto la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL no
1
“ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”.
2
“Por el cual se compilan los reglamentos de traslados de los servidores judiciales y se dictan otras
disposiciones en la materia”.

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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

interpretó debidamente lo establecido en el artículo 134 de la Ley

270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017, toda vez que

al momento de estudiar su solicitud de traslado no tuvo en cuenta

que acreditó haberse desempeñado en otros cargos de especialidad

laboral y que el cargo que ostenta en propiedad incluye todas las

especialidades.

Señaló que si bien es cierto, con la solicitud de traslado no allegó el

formato de calificación de servicios en los términos requeridos por

la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL,

dicha circunstancia no le es atribuible, toda vez que dicho

documento fue solicitado a su nominador y expedido el 1o. de

septiembre de 2021, un mes después de que radicó su petición.

Sostuvo que pese a lo anterior, dicho documento obra en la

actualidad en el trámite administrativo, toda vez que fue allegado

con el recurso de reposición que interpuso contra el Oficio núm.

CJO21-4008 de 14 de septiembre de 2021.

Afirmó que la solicitud de traslado a Bogotá se fundamenta en que

“[…] en esta ciudad donde conformé mi familia y requiero hacer uso

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de las herramientas dispuestas por la norma para el traslado de

empleados y servidores, con el fin de garantizar mi sustento y

contribuir con el de mi familia […]”.

I.3.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como violados y, en consecuencia, pidió que:

“[…] solicito que una vez se establezca la vulneración de mis
derechos, se le ordene a la accionada emitir concepto favorable
de traslado del puesto de secretaria, que ocupo en propiedad,
en el Juzgado Sexto Municipal de Pequeñas Causas y
Competencia Múltiple de Medellín a los Juzgados Tercero o
Sexto de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, escogidos
mediante solicitud radicada el 6 de agosto de 2021, y continuar
con el trámite respectivo […]”.

I.4.- Defensa

I.4.1.- La UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA

JUDICIAL solicitó declarar improcedente la solicitud de tutela por

no cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Indicó que la actora cuenta con la posibilidad de acudir ante la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de solicitar como

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medida cautelar la suspensión provisional de los efectos del Oficio

núm. CJO21-4008 de 14 de septiembre y de la Resolución núm.

CJR21-1065 de 16 de noviembre de 2021, para proteger los derechos

que invoca.

Manifestó que las inconformidades expuestas por la actora

corresponden a asuntos de mera legalidad que no ameritan la

intervención del juez de tutela de manera transitoria, además,

porque no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que

haga procedente la acción de forma excepcional.

Indicó que en caso de que se conozca de fondo sobre el asunto,

debe denegarse el amparo solicitado, toda vez que la solicitud de

traslado de la actora no cumple con los requisitos establecidos en el

artículo 134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754

de 2017, en especial, el correspondiente a la afinidad entre el cargo

que ocupa en propiedad y el cargo al que aspira ser trasladada.

Manifestó que en el caso de la referencia, la actora pretende el

traslado de un cargo que conoce asuntos en materia civil y de familia

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a uno con conocimiento de procesos laborales, circunstancia que

descarta el cumplimiento del requisito de afinidad mencionado.

Precisó que el requisito de afinidad corresponde a un elemento

objetivo que se examina en la solicitud de traslado, el cual es

independiente de las aptitudes del empleado para desempeñar el

cargo al cual solicita ser traslado.

Señaló que en el caso de los traslados no existe disposición que

autorice una equivalencia de experiencia en los casos que los

cargos no sean afines, circunstancia por la que mal podría

accederse a la petición de la actora únicamente con fundamento en

su experiencia laboral.

Afirmó que no vulneró el derecho al debido proceso de la actora,

toda vez que dentro del trámite que concluyó con la expedición de

los actos administrativos que dieron concepto desfavorable para su

solicitud de traslado, todas las actuaciones le fueron debidamente

notificadas y tuvo la oportunidad de interponer los correspondientes

recursos.

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I.4.2.- El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pese a ser

debidamente notificado, guardó silencio.

I.5.- Interviniente

I.5.1.- El JUZGADO SEXTO MUNICIPAL DE PEQUEÑAS

CAUSAS Y COMPETENCIA MÚLTIPLE manifestó que mediante

Resolución núm. 017 de 6 de octubre de 2020, concedió licencia a

la actora para ocupar en provisionalidad el cargo de escribiente en

la Sala Cuarta de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de

Justicia con sede en Bogotá, lugar en el que en la actualidad debe

residir.

Señaló que el CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE

ANTIOQUIA a través de los acuerdos núms. CSJANTA18-93 de 7

de febrero de 2018 y CSJANTA19-205 de 24 de mayo de 2019,

ordenó la remisión de 600 procesos de especialidad laboral al

Juzgado Sexto de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de

Medellín y de 200 procesos ejecutivos laborales a los juzgados 1°,

5° y 6° de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín.

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Indicó que la actora tramitó y realizó proyectos en los asuntos

laborales asignados a través del Acuerdo núm. CSJANTA18-93 de 7

de febrero de 2018.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de

30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo

número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del

Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de

tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12

de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el

conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 3. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso, la parte actora pretende obtener el amparo de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al

trabajo y a la familia, que le fueron presuntamente vulnerados por

el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL al haber expedido

esta última autoridad el oficio núm. CJO21-4008 de 14 de septiembre

y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de noviembre de 2021, que

rindieron concepto desfavorable respecto de su solicitud de traslado a

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“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.

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los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas Laborales del

Circuito de Bogotá.

Señaló, en síntesis, que se vulneraron sus derechos por cuanto la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL no tuvo

en cuenta que sí cumplía con los requisitos previstos en el artículo

134 de la Ley 270 de 1996 y en el Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017,

en especial, los relativos a que el cargo al que se solicita el traslado

sea afín al que se ostenta en propiedad y que se allegue la

correspondiente calificación de servicios del año anterior.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si en el presente caso se cumple con los

requisitos de procedencia de la acción de tutela contra actos

administrativos de contenido particular y concreto, específicamente,

los que resuelven la solicitud de traslado de servidores de carrera

administrativa de la Rama Judicial y, de ser así, ii) determinar si las

accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados, con

ocasión de la expedición del oficio núm. CJO21-4008 de 14 de

septiembre y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de noviembre de

2021, por medio de los cuales se emitió concepto desfavorable de

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traslado del cargo de secretaria desempeñado en el Juzgado Sexto

Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Medellín

al mismo cargo en los juzgados Tercero o Sexto de Pequeñas Causas

Laborales del Circuito de Bogotá.

De la procedencia de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos por medio de los cuales se ordena o
deniega el traslado de servidores de carrera administrativa
de la Rama Judicial

Por regla general, de conformidad con el artículo 6º del Decreto

2591 de 1991, este mecanismo constitucional no resulta

procedente para controvertir actos administrativos de caracter

particular y concreto por carecer del requisito de subsidiariedad,

comoquiera que para ello, el legislador previó el medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo de

defensa judicial para desvirtuar su legalidad.

Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 4 en reiteradas

oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos

administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el

4
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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juez constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto

de fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente

arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean

afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En

efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el

particular de la siguiente manera:

“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio,
la acción procedente para controvertir actos relacionados
con el traslado, es la acción ordinaria respectiva, no
obstante, de manera excepcional ha señalado que podrá
hacerlo el juez de tutela cuando el traslado: «[…] (i) sea
ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de fundamento
alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa
los derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar
[…] »5.

Esto último sucede cuando la decisión de la administración
amenace de manera grave la situación del trabajador o de
su núcleo familiar, porque «[…] (i) el traslado tenga como
consecuencia necesaria la afectación de la salud del servidor
público o de alguno de los miembros de su núcleo familiar,
especialmente porque en la localidad de destino no existan
condiciones adecuadas para brindarle el cuidado médico
requerido; (ii) cuando la decisión de trasladar al trabajador
es intempestiva y arbitraria y tiene como consecuencia
necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que no
suponga simplemente una separación transitoria u originada
en factores distintos al traslado o a circunstancias
superables; (iii) cuando quede demostrado que el traslado
pone en serio peligro la vida o la integridad personal del
servidor púbico o de su familia. En los anteriores eventos, la
Corte ha enfatizado que no toda implicación de orden
familiar y económico del trabajador causada por el traslado,
tiene relevancia constitucional y amerita la procedencia del

5
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.

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amparo transitorio. Las circunstancias completas deben
revestir particular gravedad, de manera tal que sea
necesario el concurso del juez constitucional para conjurar
un perjuicio irremediable […]”6.

Al respecto, la Sala en sentencia de 11 de junio de 20207, dio por

cumplido el requisito de subsidiariedad, en un caso en que estaba

probada la condicion de grave enfermedad en la que se encontraba

la tutelante, por lo que dispuso la procedencia de la acción y analizó

de fondo la medida de traslado solicitada como servidora de carrera

administrativa de la Rama Judicial.

En esa medida se tiene que, aun en presencia de otros mecanismos

de protección, el juez constitucional se encuentra facultado para

estudiar la acción de tutela cuando a partir de los hechos probados

sea posible inferir una amenaza o violación irremediable y grave a

los derechos del funcionario o de su núcleo familiar.

Ahora bien, en el presente caso, la actora pretende que se dejen sin

efectos las decisiones adoptadas por la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL, por medio de las

6
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio
de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación número 11001-03-15-000-2020-00386-01 (AC).

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cuales se emitió concepto desfavorable en relación con la solicitud

de traslado del cargo de secretaria desempeñado en el Juzgado

Sexto Municipal de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de

Medellín al mismo cargo en los juzgados Tercero o Sexto de

Pequeñas Causas Laborales del Circuito de Bogotá.

Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de tutela es

improcedente habida cuenta que la parte actora tiene a su

disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho para controvertir la legalidad del oficio núm. CJO21-4008

de 14 de septiembre y la Resolución núm. CJR21-1065 de 16 de

noviembre de 2021 y solicitar como medida cautelar la suspensión

provisional de sus efectos, además, debe tenerse en cuenta que el

derecho de traslado no es de contenido constitucional sino de

naturaleza legal.

Ahora bien, la Sala advierte que no se encuentra acreditado dentro

del proceso de la referencia que exista una circunstancia de

especial protección constitucional que amerite un estudio de fondo

del asunto como mecanismo transitorio o definitivo para la

protección de los derechos invocados.

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En efecto, de la revisión del escrito de tutela y de las pruebas

anexadas al expediente, no se observa que la decisión de denegar

el traslado solicitado por la actora afecte gravemente su situación o

la de su núcleo familiar, en tanto que no demostró siquiera

sumariamente que con ella i) se afecte de manera alguna su

condición de salud o la de su núcleo familiar; ii) corresponda a una

decisión intempestiva o arbitraria o, iii) se ponga en riesgo su vida

o integridad personal.

Al respecto, se pone de presente que si bien la actora afirma que su

solicitud de traslado se fundamentó adicionalmente en que es la

ciudad donde conformó su familia, lo cierto es que no demostró

siquiera sumariamente quien conforma su núcleo familiar y como se

vería gravemente afectado de manera permanente ante la decisión

de no acceder a su solicitud.

En ese entendido, al revisar el caso sub examine, la Sala considera

que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que

haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ni

que la actora haya allegado prueba alguna encaminada a demostrar

dicha circunstancia.

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Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

En el mismo sentido, se pone de presente que la Sala mediante

sentencias de 18 de marzo de 20218 y de 15 de julio de 20219,

declaró la improcedencia de la acción de tutela en casos análogos

en los cuales no se acreditó una circunstancia de especial

protección constitucional o la existencia de un perjuicio irremediable

que hiciera procedente la acción de tutela como mecanismo

transitorio o definitivo para la protección de los derechos invocados.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la parte actora, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de
marzo de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2020-05062-01.
M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de julio
de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00. M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.

18

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-11697-00
Actora: DINA MARCELA BERMÚDEZ CORREA

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la

parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de febrero de

2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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