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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05306-00

Fecha
28 de octubre de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05306-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-05306-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.

TESIS: DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA
PARTE ACTORA NO ACREDITÓ SIQUIERA SUMARIAMENTE LA
EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE O DE UNA
SITUACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE
HAGA PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RINDIERON CONCEPTO
NEGATIVO SOBRE LA SOLICITUD DE TRASLADO PRESENTADA POR
EL SEÑOR JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ.

DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO, DEBIDO PROCESO,
FAMILIA, IGUALDAD, ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y
CARGOS PÚBLICOS Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los

actores contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL2.

I – ANTECEDENTES

1
En adelante el Consejo.
2
En adelante la Unidad.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.

I.1. La Solicitud

Los señores JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ y

JESSICA PAOLA LAMILLA RÚGELES, actuando en nombre propio,

está última acude también en representación de su hija menor de

edad AVOL3, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo

86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus

derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la familia, a

la igualdad, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y

al principio de legalidad, los cuales estiman vulnerados por el

CONSEJO y la UNIDAD al proferir el Oficio CJO22-3040 de 9 de

agosto y la Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022,

mediante los cuales se resolvió desfavorablemente la solicitud de

traslado formulada por el señor MENDOZA RODRÍGUEZ el 5 de julio

de 2022.

I.2. Hechos

Manifestaron que el señor JEIDER LEONARDO MENDOZA

RODRÍGUEZ participó en el concurso de méritos para empleados de

Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios de la Rama Judicial,

3
La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad.

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optando para el cargo de oficial mayor de Juzgado Municipal en la

seccional Cundinamarca.

Señalaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ superó la prueba

de conocimientos sumando un total de 663.45 puntos, por lo que

obtuvo el puesto número 4 de la lista de elegibles para el cargo de

oficial mayor de Juzgado Municipal.

Indicaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ fue nombrado en

propiedad a través de la Resolución No. 012 del 27 de octubre de

2021 en el cargo de oficial mayor del Juzgado 3 Civil Municipal de

Girardot Cundinamarca, cargo del que tomó posesión el 13 de enero

de 2022.

Afirmaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ solicitó la concesión

de una licencia no remunerada por dos años a fin de ejercer en

provisionalidad el cargo de oficial mayor en el Juzgado Cuarto Civil

del Circuito de Ibagué, empleo que desempeñó desde el 14 de enero

de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022.

Revelaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ se reintegró en el

cargo en propiedad el pasado 1o. de abril de 2022 y, el 5 de julio de

2022, presentó ante la UNIDAD solicitud de traslado para el cargo

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de oficial mayor o sustanciador del Juzgado Octavo Civil Municipal de

Ibagué.

Aseguraron que la UNIDAD emitió concepto desfavorable a la

solicitud de traslado a través del Oficio CJO22-3040 de 9 de agosto

de 2022, al considerar que la solicitud no cumplió con el requisito

relacionado con el aporte del formato de calificación de servicios

anual respecto del cargo y del despacho del cual solicita el traslado.

Anotaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de

reposición y, en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la

UNIDAD que, mediante Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre

de 2022, rechazó por improcedente el recurso de apelación y, decidió

no reponer el concepto desfavorable de traslado.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestaron que los actos administrativos que resolvieron de

manera desfavorable la solicitud de traslado vulneran sus derechos

fundamentales, por cuanto al no aceptar el traslado a la ciudad de

Ibagué se pone en riesgo la unidad del núcleo familiar del señor

MENDOZA RODRÍGUEZ, el cual está compuesto por su compañera

permanente y su hija de crianza.

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Señalaron que se encuentran en una constante zozobra o temor ante

la ocurrencia de un accidente que ponga en riesgo la vida del señor

MENDOZA RODRÍGUEZ, quien debe trasladarse diariamente desde

la ciudad de Ibagué a la ciudad de Girardot a cumplir con las labores

propias del cargo, por lo que la preocupación por la ocurrencia de un

accidente que pueda poner en riesgo su vida ha generado tensiones

dentro del núcleo familiar.

Señalaron que las decisiones cuestionadas carecen de legalidad por

cuanto el requisito relacionado con el formato de calificación de

servicios no constituye un requisito sine qua non para determinar la

viabilidad del traslado.

Afirmaron que la exigencia de ese requisito no está prevista en la Ley

270 de 1996 y, que si bien dicho criterio fue regulado en el artículo

13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 modificado por el Acuerdo

PCSJA22-11956 de 2022, en ningún aparte se dispone que la

calificación de servicios debe ser la anual, por el contrario, se refiere

a la última calificación en firme.

Señalaron que para su situación particular, con la solicitud de

traslado fue aportado el formato de calificación de servicios emitida

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por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, despacho judicial en

el que laboró el señor MENDOZA RODRÍGUEZ para el período

comprendido entre el 14 de enero al 31 de marzo de 2022, en el

cargo de oficial mayor en provisionalidad.

Aseguraron que la UNIDAD actuó fuera del ordenamiento legal al

imponer requisitos diferentes de los previstos en la ley, pues las

funciones de la entidad se ciñen a la verificación de la existencia del

cargo en vacancia definitiva, la calidad de empleado de carrera de

quien lo solicita y la afinidad del cargo solicitado en traslado, es decir,

que está facultada para dar el visto bueno de acuerdo con los únicos

requisitos impone la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

Finalmente, indicaron que no cuentan con otro mecanismo de

defensa para procurar la defensa de sus garantías constitucionales y

que el uso de los mecanismos ordinarios resultarían ineficaces, pues

para el momento de la resolución existiría un daño consumado y la

pérdida de la oportunidad del estudio del traslado por parte del

nominador.

I.4. Pretensiones

Los actores solicitan que se amparen sus derechos fundamentales

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invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Declare que la Unidad de Administración de Carrera Judicial
se encuentra vulnerando nuestros derechos fundamentales al
mérito y al acceso a ejercer cargos públicos, al trabajo, al debido
proceso, a la familia, a la igualdad y a la legalidad.

2. En concordancia a lo anterior, se ampare los derechos
fundamentales previamente relacionados.

3. Ordenar dejar sin efecto el oficio CJO22-3040 del 9 de agosto de
2022 y la Resolución CJR22-0397 del 27 de septiembre de 2022,
mediante las cuales se emitió concepto desfavorable de traslado
por mi solicitado al cargo de Oficial Mayor del Juzgado 8° Civil
Municipal de Ibagué, esto por cuanto para su resolución se
solicitaron requisitos no contenidos en el artículo 134 de la Ley 270
de 1996.

4. Se ordene a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de La Judicatura que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a emitir nuevo
concepto del traslado teniendo para ello únicamente en cuenta los
requisitos contenidos en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996.

5. Se exhorte a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de La Judicatura que, en lo sucesivo, evite seguir
requiriendo el cumplimiento de requisitos inconstitucionales para
las solicitudes de traslado de empleados de carrera de la rama
judicial, pues con ello se esta desconociendo derechos
fundamentales y laborales de los empleados públicos, lo que
constituye una vulneración directa del artículo 29 y 125 de la
Constitución Política de Colombia.[…]”.

I.5. Defensa

I.5.1. La UNIDAD adujo que en el asunto no se han vulnerado los

derechos fundamentales objeto de amparo, pues los actos

administrativos proferidos por su dependencia gozan de legalidad, en

tanto el empleado judicial no cumplió con el requisito de la

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calificación integral del cargo y despacho desde el que solicita

traslado en los términos exigidos por el reglamento.

Señaló que en el caso en particular, una vez verificados los

documentos y la información aportada con la solicitud, se evidenció

la calificación aportada por el empleado para el período laborado

desde el 14 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, sin embargo,

dicho formato no cumplió con lo establecido en el Acuerdo PSAA16-

10618 de 2016, porque no corresponde al período de calificación para

empleados, que está comprendido entre el primero (1o.) de enero y

el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año.

Adujo que la solicitud de traslado se estudió como servidor de carrera

con fundamento en el numeral 3º del artículo 134 de la Ley 270 de

1996, tal y como se formuló en el escrito de petición.

Agregó que no se efectuó por razones de seguridad como lo

argumentan los actores y, advirtió que […] tratándose de traslado

por razones de seguridad, tanto la Ley Estatutaria de Administración

de Justicia como el reglamento, han sido claros al determinar cuáles

son las condiciones para su procedencia, la dependencia ante la cual

se debe presentar la solicitud, y el trámite para el estudio del riesgo.

En ese sentido, cuando se presenten hechos o amenazas graves

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que atenten contra la vida o integridad personal del servidor judicial

le corresponde a este presentar la petición ante la Oficina Asesora

para la Seguridad de la Rama Judicial, dependencia técnica de la

Corporación, que evalúa la solicitud, verifica y determina la situación

de riesgo y las recomendaciones del caso, en coordinación con los

organismos y entidades de seguridad del Estado […]” (Negrilla

pertenece al texto).

Por último, sostuvo que la acción de tutela es improcedente por la

existencia de otro mecanismo judicial para controvertir la legalidad

de los actos administrativos acusados y, además, concluyó que los

actores no probaron la existencia de un perjuicio irremediable.

I.5.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pese a ser

notificado en debida forma, guardó silencio.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE

GIRARDOT, vinculado como tercero interesado en las resultas de la

presente acción, presentó informe relacionado con los hechos de la

acción de tutela, efectuando una relación fáctica de las actuaciones

ejecutadas por el despacho judicial respecto al nombramiento y la

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posesión del señor JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ

en el cargo en propiedad.

Señaló que el actor ha cumplido a cabalidad las funciones propias de

su cargo desde el 1o. de abril de 2022 y, afirmó que el empleado se

traslada todos los días en motocicleta desde la ciudad de Ibagué

hasta la sede judicial.

Aseguró que el Consejo Seccional de la Judicatura, mediante

Resolución No. CSJCUR22-330 de 9 de junio de 2022, le concedió al

empleado judicial una autorización para residir en la ciudad de

Ibagué en donde tiene su vivienda propia y, reside junto con su

núcleo familiar.

Asimismo, consideró que le asiste razón al empleado judicial cuando

asegura que cuenta con una calificación de servicios parcial, pues el

Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué el día 16 de junio de

2022, le notificó la calificación durante el período comprendido entre

el 14 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, otorgándole un

puntaje de 96 puntos sobre 100.

I.6.2.-El JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUÉ,

vinculado como tercero interesado en las resultas de la presente

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acción, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».

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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que

se deje sin efecto el Oficio CJO22-3040 de 9 de agosto y la

Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022, actos

administrativos proferidos por la UNIDAD, mediante los cuales se

resolvió desfavorablemente la solicitud de traslado formulada por el

señor JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ el 5 de julio de

2022.

A los citados actos administrativos se les atribuye la vulneración de

los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio

de los actores, las decisiones cuestionadas carecen de legalidad por

cuanto el requisito relacionado con el formato de calificación de

servicios no constituye un requisito sine qua non para determinar la

viabilidad del traslado.

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Afirmaron que la exigencia de ese requisito no está contemplada en

la Ley 270 de 1996 y, que si bien dicho criterio fue regulado en el

artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 modificado por el

Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, en ningún aparte de dicho acuerdo

se establece que la calificación de servicios debe ser anual.

Manifestaron que los actos administrativos que resolvieron de

manera desfavorable la solicitud de traslado vulneran sus derechos

fundamentales, por cuanto al no aceptar el traslado a la ciudad de

Ibagué se pone en riesgo la unidad del núcleo familiar del señor

MENDOZA RODRÍGUEZ, el cual está compuesto por su compañera

permanente y su hija de crianza.

Señalaron que se encuentran en una zozobra o temor ante la

ocurrencia de un accidente que ponga en riesgo la vida del señor

MENDOZA RODRÍGUEZ, quien debe trasladarse diariamente desde

la ciudad de Ibagué a la ciudad de Girardot a cumplir con las labores

propias del cargo, por lo que la preocupación por la ocurrencia de un

accidente que pueda poner en riesgo su vida ha generado tensiones

dentro del núcleo familiar.

Por lo anterior, la Sala debe i) determinar si en el presente caso se

cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra

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actos administrativos de contenido particular y concreto,

específicamente, los que resuelven la solicitud de traslado de

servidores de carrera administrativa de la Rama Judicial y, de ser así,

ii) establecer si la UNIDAD vulneró los derechos fundamentales

deprecados al emitir el Oficio CJO22-3040 de 9 de agosto y la

Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022.

De la procedencia de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos por medio de los cuales se ordena o
deniega el traslado de servidores de carrera administrativa de
la Rama Judicial

Por regla general, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591

de 1991, este mecanismo constitucional no resulta procedente para

controvertir actos administrativos de caracter particular y concreto

por carecer del requisito de subsidiariedad, comoquiera que para ello,

el legislador previó el medio de control de nulidad y restablecimiento

del derecho como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su

legalidad.

Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 en reiteradas

oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos

administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el juez

5
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto de

fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente

arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean

afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En

efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el particular

de la siguiente manera:

“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio, la acción
procedente para controvertir actos relacionados con el traslado, es
la acción ordinaria respectiva, no obstante, de manera excepcional
ha señalado que podrá hacerlo el juez de tutela cuando el traslado:
«[…] (i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de
fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa los
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar […] »6.

Esto último sucede cuando la decisión de la administración amenace
de manera grave la situación del trabajador o de su núcleo familiar,
porque «[…] (i) el traslado tenga como consecuencia necesaria la
afectación de la salud del servidor público o de alguno de los
miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la
localidad de destino no existan condiciones adecuadas para
brindarle el cuidado médico requerido; (ii) cuando la decisión de
trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como
consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que
no suponga simplemente una separación transitoria u originada en
factores distintos al traslado o a circunstancias superables; (iii)
cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la
vida o la integridad personal del servidor púbico o de su familia. En
los anteriores eventos, la Corte ha enfatizado que no toda
implicación de orden familiar y económico del trabajador causada
por el traslado, tiene relevancia constitucional y amerita la
procedencia del amparo transitorio. Las circunstancias completas
deben revestir particular gravedad, de manera tal que sea necesario
el concurso del juez constitucional para conjurar un perjuicio
irremediable […]”7.

6
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.
7
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.

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Al respecto, la Sala en sentencia de 11 de junio de 20208, dio por

cumplido el requisito de subsidiariedad, en un caso en que estaba

probada la condicion de grave enfermedad en la que se encontraba

la tutelante, por lo que dispuso la procedencia de la acción y analizó

de fondo la medida de traslado solicitada como servidora de carrera

administrativa de la Rama Judicial.

En esa medida se tiene que, aun en presencia de otros mecanismos

de protección, el juez constitucional se encuentra facultado para

estudiar la acción de tutela cuando a partir de los hechos probados

sea posible inferir una amenaza o violación irremediable y grave a

los derechos del funcionario o de su núcleo familiar.

Ahora bien, en el presente caso, los actores pretenden que se dejen

sin efectos las decisiones adoptadas por la UNIDAD, por medio de

las cuales se emitió concepto desfavorable en relación con la solicitud

de traslado formulada por el señor JEIDER LEONARDO MENDOZA

RODRÍGUEZ del cargo de oficial mayor que desempeña en el

Juzgado 3 Civil Municipal de Girardot Cundinamarca al mismo cargo

o sustanciador del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué.

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio
de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación número 11001-03-15-000-2020-00386-01 (AC).

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Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de tutela es

improcedente habida cuenta que la parte actora tiene a su

disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho para controvertir la legalidad del Oficio CJO22-3040 de 9 de

agosto y la Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022 y

solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de sus

efectos, además, debe tenerse en cuenta que el derecho de traslado

no es de contenido constitucional sino de naturaleza legal.

Ahora bien, la Sala advierte que no se encuentra acreditado dentro

del proceso de la referencia que exista una circunstancia de especial

protección constitucional que amerite un estudio de fondo del asunto

como mecanismo transitorio o definitivo para la protección de los

derechos invocados.

En efecto, de la revisión del escrito de tutela y de las pruebas

anexadas al expediente, no se observa que la decisión de denegar el

traslado solicitado por el señor JEIDER LEONARDO MENDOZA

RODRÍGUEZ afecte gravemente su situación o la de su núcleo

familiar, en tanto que no demostró siquiera sumariamente que con

ella i) se afecte de manera alguna su condición de salud o la de su

núcleo familiar; ii) corresponda a una decisión intempestiva o

arbitraria o, iii) se ponga en riesgo su vida o integridad personal.

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.

En ese entendido, al revisar el caso sub examine, la Sala considera

que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga

procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ni que la

parte actora haya allegado prueba alguna encaminada a demostrar

dicha circunstancia.

En el mismo sentido, se pone de presente que la Sala mediante

sentencias de 18 de marzo de 20219, de 15 de julio de 202110 y de

3 de febrero de 202211, declaró la improcedencia de la acción de

tutela en casos análogos en los cuales no se acreditó una

circunstancia de especial protección constitucional o la existencia de

un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela

como mecanismo transitorio o definitivo para la protección de los

derechos invocados.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de

amparo presentada por la parte actora, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo
de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2020-05062-01. M.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de julio
de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00. M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.

11
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de febrero
de 2022. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-11697-00. M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.

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19

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por

no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo

expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de octubre de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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