Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05306-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-05306-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-05306-00
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
28 de octubre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de octubre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Referencia: Acción de tutela
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.
TESIS: DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR NO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD. LA
PARTE ACTORA NO ACREDITÓ SIQUIERA SUMARIAMENTE LA
EXISTENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE O DE UNA
SITUACIÓN DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE
HAGA PROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA CONTROVERTIR
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE RINDIERON CONCEPTO
NEGATIVO SOBRE LA SOLICITUD DE TRASLADO PRESENTADA POR
EL SEÑOR JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ.
DERECHOS FUNDAMENTALES: TRABAJO, DEBIDO PROCESO,
FAMILIA, IGUALDAD, ACCESO AL DESEMPEÑO DE FUNCIONES Y
CARGOS PÚBLICOS Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por los
actores contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA1 y la
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL2.
I – ANTECEDENTES
1
En adelante el Consejo.
2
En adelante la Unidad.
2
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Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.
I.1. La Solicitud
Los señores JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ y
JESSICA PAOLA LAMILLA RÚGELES, actuando en nombre propio,
está última acude también en representación de su hija menor de
edad AVOL3, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus
derechos fundamentales al trabajo, al debido proceso, a la familia, a
la igualdad, al acceso al desempeño de funciones y cargos públicos y
al principio de legalidad, los cuales estiman vulnerados por el
CONSEJO y la UNIDAD al proferir el Oficio CJO22-3040 de 9 de
agosto y la Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022,
mediante los cuales se resolvió desfavorablemente la solicitud de
traslado formulada por el señor MENDOZA RODRÍGUEZ el 5 de julio
de 2022.
I.2. Hechos
Manifestaron que el señor JEIDER LEONARDO MENDOZA
RODRÍGUEZ participó en el concurso de méritos para empleados de
Tribunales, Juzgados y Centro de Servicios de la Rama Judicial,
3
La Sala se reserva el nombre por protección a los menores de edad.
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Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.
optando para el cargo de oficial mayor de Juzgado Municipal en la
seccional Cundinamarca.
Señalaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ superó la prueba
de conocimientos sumando un total de 663.45 puntos, por lo que
obtuvo el puesto número 4 de la lista de elegibles para el cargo de
oficial mayor de Juzgado Municipal.
Indicaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ fue nombrado en
propiedad a través de la Resolución No. 012 del 27 de octubre de
2021 en el cargo de oficial mayor del Juzgado 3 Civil Municipal de
Girardot Cundinamarca, cargo del que tomó posesión el 13 de enero
de 2022.
Afirmaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ solicitó la concesión
de una licencia no remunerada por dos años a fin de ejercer en
provisionalidad el cargo de oficial mayor en el Juzgado Cuarto Civil
del Circuito de Ibagué, empleo que desempeñó desde el 14 de enero
de 2022 hasta el 31 de marzo de 2022.
Revelaron que el señor MENDOZA RODRÍGUEZ se reintegró en el
cargo en propiedad el pasado 1o. de abril de 2022 y, el 5 de julio de
2022, presentó ante la UNIDAD solicitud de traslado para el cargo
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Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.
de oficial mayor o sustanciador del Juzgado Octavo Civil Municipal de
Ibagué.
Aseguraron que la UNIDAD emitió concepto desfavorable a la
solicitud de traslado a través del Oficio CJO22-3040 de 9 de agosto
de 2022, al considerar que la solicitud no cumplió con el requisito
relacionado con el aporte del formato de calificación de servicios
anual respecto del cargo y del despacho del cual solicita el traslado.
Anotaron que contra la anterior decisión interpusieron recurso de
reposición y, en subsidio apelación, los cuales fueron resueltos por la
UNIDAD que, mediante Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre
de 2022, rechazó por improcedente el recurso de apelación y, decidió
no reponer el concepto desfavorable de traslado.
I.3 Fundamentos de la solicitud
Manifestaron que los actos administrativos que resolvieron de
manera desfavorable la solicitud de traslado vulneran sus derechos
fundamentales, por cuanto al no aceptar el traslado a la ciudad de
Ibagué se pone en riesgo la unidad del núcleo familiar del señor
MENDOZA RODRÍGUEZ, el cual está compuesto por su compañera
permanente y su hija de crianza.
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Señalaron que se encuentran en una constante zozobra o temor ante
la ocurrencia de un accidente que ponga en riesgo la vida del señor
MENDOZA RODRÍGUEZ, quien debe trasladarse diariamente desde
la ciudad de Ibagué a la ciudad de Girardot a cumplir con las labores
propias del cargo, por lo que la preocupación por la ocurrencia de un
accidente que pueda poner en riesgo su vida ha generado tensiones
dentro del núcleo familiar.
Señalaron que las decisiones cuestionadas carecen de legalidad por
cuanto el requisito relacionado con el formato de calificación de
servicios no constituye un requisito sine qua non para determinar la
viabilidad del traslado.
Afirmaron que la exigencia de ese requisito no está prevista en la Ley
270 de 1996 y, que si bien dicho criterio fue regulado en el artículo
13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 modificado por el Acuerdo
PCSJA22-11956 de 2022, en ningún aparte se dispone que la
calificación de servicios debe ser la anual, por el contrario, se refiere
a la última calificación en firme.
Señalaron que para su situación particular, con la solicitud de
traslado fue aportado el formato de calificación de servicios emitida
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por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Ibagué, despacho judicial en
el que laboró el señor MENDOZA RODRÍGUEZ para el período
comprendido entre el 14 de enero al 31 de marzo de 2022, en el
cargo de oficial mayor en provisionalidad.
Aseguraron que la UNIDAD actuó fuera del ordenamiento legal al
imponer requisitos diferentes de los previstos en la ley, pues las
funciones de la entidad se ciñen a la verificación de la existencia del
cargo en vacancia definitiva, la calidad de empleado de carrera de
quien lo solicita y la afinidad del cargo solicitado en traslado, es decir,
que está facultada para dar el visto bueno de acuerdo con los únicos
requisitos impone la Ley Estatutaria de Administración de Justicia.
Finalmente, indicaron que no cuentan con otro mecanismo de
defensa para procurar la defensa de sus garantías constitucionales y
que el uso de los mecanismos ordinarios resultarían ineficaces, pues
para el momento de la resolución existiría un daño consumado y la
pérdida de la oportunidad del estudio del traslado por parte del
nominador.
I.4. Pretensiones
Los actores solicitan que se amparen sus derechos fundamentales
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invocados como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Declare que la Unidad de Administración de Carrera Judicial
se encuentra vulnerando nuestros derechos fundamentales al
mérito y al acceso a ejercer cargos públicos, al trabajo, al debido
proceso, a la familia, a la igualdad y a la legalidad.
2. En concordancia a lo anterior, se ampare los derechos
fundamentales previamente relacionados.
3. Ordenar dejar sin efecto el oficio CJO22-3040 del 9 de agosto de
2022 y la Resolución CJR22-0397 del 27 de septiembre de 2022,
mediante las cuales se emitió concepto desfavorable de traslado
por mi solicitado al cargo de Oficial Mayor del Juzgado 8° Civil
Municipal de Ibagué, esto por cuanto para su resolución se
solicitaron requisitos no contenidos en el artículo 134 de la Ley 270
de 1996.
4. Se ordene a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de La Judicatura que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a emitir nuevo
concepto del traslado teniendo para ello únicamente en cuenta los
requisitos contenidos en el artículo 134 de la Ley 270 de 1996.
5. Se exhorte a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del
Consejo Superior de La Judicatura que, en lo sucesivo, evite seguir
requiriendo el cumplimiento de requisitos inconstitucionales para
las solicitudes de traslado de empleados de carrera de la rama
judicial, pues con ello se esta desconociendo derechos
fundamentales y laborales de los empleados públicos, lo que
constituye una vulneración directa del artículo 29 y 125 de la
Constitución Política de Colombia.[…]”.
I.5. Defensa
I.5.1. La UNIDAD adujo que en el asunto no se han vulnerado los
derechos fundamentales objeto de amparo, pues los actos
administrativos proferidos por su dependencia gozan de legalidad, en
tanto el empleado judicial no cumplió con el requisito de la
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calificación integral del cargo y despacho desde el que solicita
traslado en los términos exigidos por el reglamento.
Señaló que en el caso en particular, una vez verificados los
documentos y la información aportada con la solicitud, se evidenció
la calificación aportada por el empleado para el período laborado
desde el 14 de enero de 2022 al 31 de marzo de 2022, sin embargo,
dicho formato no cumplió con lo establecido en el Acuerdo PSAA16-
10618 de 2016, porque no corresponde al período de calificación para
empleados, que está comprendido entre el primero (1o.) de enero y
el treinta y uno (31) de diciembre del respectivo año.
Adujo que la solicitud de traslado se estudió como servidor de carrera
con fundamento en el numeral 3º del artículo 134 de la Ley 270 de
1996, tal y como se formuló en el escrito de petición.
Agregó que no se efectuó por razones de seguridad como lo
argumentan los actores y, advirtió que […] tratándose de traslado
por razones de seguridad, tanto la Ley Estatutaria de Administración
de Justicia como el reglamento, han sido claros al determinar cuáles
son las condiciones para su procedencia, la dependencia ante la cual
se debe presentar la solicitud, y el trámite para el estudio del riesgo.
En ese sentido, cuando se presenten hechos o amenazas graves
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que atenten contra la vida o integridad personal del servidor judicial
le corresponde a este presentar la petición ante la Oficina Asesora
para la Seguridad de la Rama Judicial, dependencia técnica de la
Corporación, que evalúa la solicitud, verifica y determina la situación
de riesgo y las recomendaciones del caso, en coordinación con los
organismos y entidades de seguridad del Estado […]” (Negrilla
pertenece al texto).
Por último, sostuvo que la acción de tutela es improcedente por la
existencia de otro mecanismo judicial para controvertir la legalidad
de los actos administrativos acusados y, además, concluyó que los
actores no probaron la existencia de un perjuicio irremediable.
I.5.2. El CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA pese a ser
notificado en debida forma, guardó silencio.
I.6.- Intervinientes
I.6.1.- El JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE
GIRARDOT, vinculado como tercero interesado en las resultas de la
presente acción, presentó informe relacionado con los hechos de la
acción de tutela, efectuando una relación fáctica de las actuaciones
ejecutadas por el despacho judicial respecto al nombramiento y la
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posesión del señor JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ
en el cargo en propiedad.
Señaló que el actor ha cumplido a cabalidad las funciones propias de
su cargo desde el 1o. de abril de 2022 y, afirmó que el empleado se
traslada todos los días en motocicleta desde la ciudad de Ibagué
hasta la sede judicial.
Aseguró que el Consejo Seccional de la Judicatura, mediante
Resolución No. CSJCUR22-330 de 9 de junio de 2022, le concedió al
empleado judicial una autorización para residir en la ciudad de
Ibagué en donde tiene su vivienda propia y, reside junto con su
núcleo familiar.
Asimismo, consideró que le asiste razón al empleado judicial cuando
asegura que cuenta con una calificación de servicios parcial, pues el
Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagué el día 16 de junio de
2022, le notificó la calificación durante el período comprendido entre
el 14 de enero de 2022 y el 31 de marzo de 2022, otorgándole un
puntaje de 96 puntos sobre 100.
I.6.2.-El JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE IBAGUÉ,
vinculado como tercero interesado en las resultas de la presente
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acción, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de
conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de
11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y
del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma
Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de
tutela.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o
particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley
2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como
4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
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instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el
afectado no dispone de otros medios de defensa judiciales, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio
irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que
se deje sin efecto el Oficio CJO22-3040 de 9 de agosto y la
Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022, actos
administrativos proferidos por la UNIDAD, mediante los cuales se
resolvió desfavorablemente la solicitud de traslado formulada por el
señor JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ el 5 de julio de
2022.
A los citados actos administrativos se les atribuye la vulneración de
los derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a juicio
de los actores, las decisiones cuestionadas carecen de legalidad por
cuanto el requisito relacionado con el formato de calificación de
servicios no constituye un requisito sine qua non para determinar la
viabilidad del traslado.
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Afirmaron que la exigencia de ese requisito no está contemplada en
la Ley 270 de 1996 y, que si bien dicho criterio fue regulado en el
artículo 13 del Acuerdo PCSJA17-10754 de 2017 modificado por el
Acuerdo PCSJA22-11956 de 2022, en ningún aparte de dicho acuerdo
se establece que la calificación de servicios debe ser anual.
Manifestaron que los actos administrativos que resolvieron de
manera desfavorable la solicitud de traslado vulneran sus derechos
fundamentales, por cuanto al no aceptar el traslado a la ciudad de
Ibagué se pone en riesgo la unidad del núcleo familiar del señor
MENDOZA RODRÍGUEZ, el cual está compuesto por su compañera
permanente y su hija de crianza.
Señalaron que se encuentran en una zozobra o temor ante la
ocurrencia de un accidente que ponga en riesgo la vida del señor
MENDOZA RODRÍGUEZ, quien debe trasladarse diariamente desde
la ciudad de Ibagué a la ciudad de Girardot a cumplir con las labores
propias del cargo, por lo que la preocupación por la ocurrencia de un
accidente que pueda poner en riesgo su vida ha generado tensiones
dentro del núcleo familiar.
Por lo anterior, la Sala debe i) determinar si en el presente caso se
cumple con los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra
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actos administrativos de contenido particular y concreto,
específicamente, los que resuelven la solicitud de traslado de
servidores de carrera administrativa de la Rama Judicial y, de ser así,
ii) establecer si la UNIDAD vulneró los derechos fundamentales
deprecados al emitir el Oficio CJO22-3040 de 9 de agosto y la
Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022.
De la procedencia de la acción de tutela para controvertir
actos administrativos por medio de los cuales se ordena o
deniega el traslado de servidores de carrera administrativa de
la Rama Judicial
Por regla general, de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2591
de 1991, este mecanismo constitucional no resulta procedente para
controvertir actos administrativos de caracter particular y concreto
por carecer del requisito de subsidiariedad, comoquiera que para ello,
el legislador previó el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad.
Con todo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional 5 en reiteradas
oportunidades ha reconocido que cuando se controviertan actos
administrativos referentes al traslado de servidores judiciales, el juez
5
Sentencias T-060 de 13 de febrero de 2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-302 de 10 de
julio de 2019, M.P. Alejandro Linares Cantillo.
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constitucional de manera excepcional podrá analizar el asunto de
fondo, siempre que tal pronunciamiento resulta ostensiblemente
arbitrario, que fuera adoptado de forma intempestiva o que se vean
afectados directamente los derechos fundamentales invocados. En
efecto, el Alto Tribunal Constitucional ha discurrido sobre el particular
de la siguiente manera:
“[…] La Corte Constitucional ha sostenido que, en principio, la acción
procedente para controvertir actos relacionados con el traslado, es
la acción ordinaria respectiva, no obstante, de manera excepcional
ha señalado que podrá hacerlo el juez de tutela cuando el traslado:
«[…] (i) sea ostensiblemente arbitrario, es decir, carezca de
fundamento alguno en su expedición, (ii) fuere adoptado en forma
intempestiva y, (iii) afecte en forma clara, grave y directa los
derechos fundamentales del actor o de su núcleo familiar […] »6.
Esto último sucede cuando la decisión de la administración amenace
de manera grave la situación del trabajador o de su núcleo familiar,
porque «[…] (i) el traslado tenga como consecuencia necesaria la
afectación de la salud del servidor público o de alguno de los
miembros de su núcleo familiar, especialmente porque en la
localidad de destino no existan condiciones adecuadas para
brindarle el cuidado médico requerido; (ii) cuando la decisión de
trasladar al trabajador es intempestiva y arbitraria y tiene como
consecuencia necesaria la ruptura del núcleo familiar, siempre que
no suponga simplemente una separación transitoria u originada en
factores distintos al traslado o a circunstancias superables; (iii)
cuando quede demostrado que el traslado pone en serio peligro la
vida o la integridad personal del servidor púbico o de su familia. En
los anteriores eventos, la Corte ha enfatizado que no toda
implicación de orden familiar y económico del trabajador causada
por el traslado, tiene relevancia constitucional y amerita la
procedencia del amparo transitorio. Las circunstancias completas
deben revestir particular gravedad, de manera tal que sea necesario
el concurso del juez constitucional para conjurar un perjuicio
irremediable […]”7.
6
Corte Constitucional, sentencia T-109 de 2007.
7
Corte Constitucional, sentencia T-264 de 2005.
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Al respecto, la Sala en sentencia de 11 de junio de 20208, dio por
cumplido el requisito de subsidiariedad, en un caso en que estaba
probada la condicion de grave enfermedad en la que se encontraba
la tutelante, por lo que dispuso la procedencia de la acción y analizó
de fondo la medida de traslado solicitada como servidora de carrera
administrativa de la Rama Judicial.
En esa medida se tiene que, aun en presencia de otros mecanismos
de protección, el juez constitucional se encuentra facultado para
estudiar la acción de tutela cuando a partir de los hechos probados
sea posible inferir una amenaza o violación irremediable y grave a
los derechos del funcionario o de su núcleo familiar.
Ahora bien, en el presente caso, los actores pretenden que se dejen
sin efectos las decisiones adoptadas por la UNIDAD, por medio de
las cuales se emitió concepto desfavorable en relación con la solicitud
de traslado formulada por el señor JEIDER LEONARDO MENDOZA
RODRÍGUEZ del cargo de oficial mayor que desempeña en el
Juzgado 3 Civil Municipal de Girardot Cundinamarca al mismo cargo
o sustanciador del Juzgado Octavo Civil Municipal de Ibagué.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de junio
de 2020, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación número 11001-03-15-000-2020-00386-01 (AC).
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Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de tutela es
improcedente habida cuenta que la parte actora tiene a su
disposición el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho para controvertir la legalidad del Oficio CJO22-3040 de 9 de
agosto y la Resolución CJR22-0397 de 27 de septiembre de 2022 y
solicitar como medida cautelar la suspensión provisional de sus
efectos, además, debe tenerse en cuenta que el derecho de traslado
no es de contenido constitucional sino de naturaleza legal.
Ahora bien, la Sala advierte que no se encuentra acreditado dentro
del proceso de la referencia que exista una circunstancia de especial
protección constitucional que amerite un estudio de fondo del asunto
como mecanismo transitorio o definitivo para la protección de los
derechos invocados.
En efecto, de la revisión del escrito de tutela y de las pruebas
anexadas al expediente, no se observa que la decisión de denegar el
traslado solicitado por el señor JEIDER LEONARDO MENDOZA
RODRÍGUEZ afecte gravemente su situación o la de su núcleo
familiar, en tanto que no demostró siquiera sumariamente que con
ella i) se afecte de manera alguna su condición de salud o la de su
núcleo familiar; ii) corresponda a una decisión intempestiva o
arbitraria o, iii) se ponga en riesgo su vida o integridad personal.
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En ese entendido, al revisar el caso sub examine, la Sala considera
que no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio ni que la
parte actora haya allegado prueba alguna encaminada a demostrar
dicha circunstancia.
En el mismo sentido, se pone de presente que la Sala mediante
sentencias de 18 de marzo de 20219, de 15 de julio de 202110 y de
3 de febrero de 202211, declaró la improcedencia de la acción de
tutela en casos análogos en los cuales no se acreditó una
circunstancia de especial protección constitucional o la existencia de
un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio o definitivo para la protección de los
derechos invocados.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por la parte actora, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 18 de marzo
de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2020-05062-01. M.P.
Hernando Sánchez Sánchez.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 15 de julio
de 2021. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-03988-00. M.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
Consejo de Estado, Sala de lo contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 3 de febrero
de 2022. Proceso identificado con el núm. de radicación 11001-03-15-000-2021-11697-00. M.P. Nubia
Margoth Peña Garzón.
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19
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por
no cumplirse el requisito de subsidiariedad, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y
quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de octubre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
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20
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-05306-00
Actores: JEIDER LEONARDO MENDOZA RODRÍGUEZ Y OTRA.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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