Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11765-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11765-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2021-11765-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
24 de febrero de 2022
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Demandante: Juan Carlos Monsalve Toledo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A”
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Demandante: JUAN CARLOS MONSALVE TOLEDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN “A”
Tema: Tutela contra providencia judicial – niega – defectos fáctico y
desconocimiento del precedente – reparación directa por
privación injusta de la libertad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Juan Carlos
Monsalve Toledo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección
Tercera - Subsección “A”, de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y, en el Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Juan Carlos Monsalve Toledo, en nombre propio, presentó acción de
tutela1 con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la “tutela judicial
efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica, acceso a la administración de justicia,
igualdad, debido proceso y presunción de inocencia”.
Las mencionadas garantías constitucionales las estimó vulneradas por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, con ocasión
de la sentencia de 12 de agosto de 2021, mediante la cual se confirmó la decisión
de 2 de diciembre de 2019 dictada por el Juzgado! Sesenta y Dos (62)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las pretensiones del
medio de control de reparación directa promovido por el señor Juan Carlos
Monsalve Toledo y otros, contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación; proceso que se
identificó con el radicado 11001-33-43-062-2018-00045-00/01.
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1
Con escrito presentado el 15 de diciembre de 2021 a través de la ventanilla virtual del Consejo de
Estado, según se señala en el índice 2 de SAMAI.
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Radicado: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Demandante: Juan Carlos Monsalve Toledo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A”
1.2 Petición de amparo constitucional
La pretensión de la demanda de tutela es la siguiente:
“De la manera más comedida demando que se me tutelen mis derechos
fundamentales y en consecuencia, se dejen sin efectos las sentencias proferidas por
el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección 3- Subsección A, los días 2 de diciembre de 2019 y 12 de
agosto de 2021, respectivamente, dentro del proceso 11001-3343-062-2018-00045-
01, y en su lugar se profiera una nueva sentencia, favorable a las suplicas de la
demanda de reparación directa instaurada” (sic a toda la cita)
1.3. Hechos
De la solicitud de tutela, se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:
• Se indicó que el señor Juan Carlos Monsalve Toledo y otros2 presentaron
demanda de reparación directa contra la Nación- Rama Judicial y la Fiscalía
General de la Nación, por la presunta privación injusta de la libertad que padeció
con ocasión del proceso penal adelantado por el delito de secuestro extorsivo
agravado.
• El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado! Sesenta y Dos (62)
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que el 2 de diciembre 2019 negó las
pretensiones del medio de control y condenó en costas a la parte demandante. Lo
anterior al concluir que la detención privativa no fue injusta, comoquiera que el
ente acusador3 contaba con el material probatorio suficiente para adoptar la
medida de aseguramiento, sumado a que fue determinante la conducta de unos
terceros, lo que ocasionó la ruptura del nexo causal entre el actuar de la Fiscalía
General de la Nación y el daño.
• Además, el juez de primera instancia declaró la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Rama Judicial, dado que esta no tuvo injerencia en la privación de
la libertad, toda vez que el proceso penal fue adelantado conforme a los
postulados de la Ley 600 de 2000. Decisiones que fueron apeladas por la parte
demandante.
• En segundo grado, el 12 de agosto de 2021, la Subsección “A” de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el fallo de su a quo.
Lo anterior, al considerar que el estudio de ese asunto debía hacerse a la luz del
régimen de responsabilidad subjetivo, de cara a la necesidad de establecer si la
!
2
Los señores Alba Yanith Villamizar Sanguino, Obdilia Toledo Valderrama, Jorge Monsalve Ardila,
Cristhian Santiago Monsalve Gómez, Juan Camilo Monsalve Ardila, Marlon Alexander Monsalve
García, Carlos Adrián Monsalve García, Juan Sebastián Monsalve Gómez, Lady Catherine
Monsalve Saavedra, Claudia Milena Monsalve Saavedra, Karol Julieth Monsalve Saavedra, María
Fernanda López Monsalve, Juan Sebastián López Monsalve, Sara Nikol Monsalve Saavedra,
Karina Andrea Mendoza Monsalve, Danna Camila Herrera Monsalve, Dulce María Herrera
Monsalve, Fabián Andrés Álvarez Monsalve, Sharik Alejandra Esparza Monsalve, Jorge Nel
Monsalve Toledo y Sandra del Pilar Monsalve Toledo.
3
La Sala destaca que en este caso se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
Nación – Rama Judicial.
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Demandante: Juan Carlos Monsalve Toledo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A”
decisión fue injusta4 y realizar “un análisis razonable y proporcionado de las
circunstancias que derivaron en la decisión restrictiva del derecho a la libertad persona
(sic)5”, en donde concluyó que la Fiscalía General de la Nación contaba con las
pruebas suficientes para proferir la medida restrictiva de la libertad.
• La sentencia de segunda instancia se notificó a las partes el 13 de agosto de
2021 y la solicitud de tutela se radicó el 15 de diciembre de 2021.
1.4. Fundamentos de la solicitud
El tutelante consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos:
fáctico y desconocimiento del precedente.
Señaló que en la sentencia controvertida se configuró un defecto fáctico, para lo
cual indicó que no se realizó una valoración en conjunto de las pruebas.
Particularmente, hizo énfasis en que los testimonios de los señores William
Marroquín Gaitán y David Perea Mena siempre fueron incoherentes y falaces, los
cuales no debieron considerarse de insumo para proferir la medida restrictiva de la
libertad en su contra.
Además, advirtió que si bien su privación se fundó en “doce pruebas”, de estas se
deben descartar los testimonios en mención, y los reconocimientos fotográficos
por ser “ilegales”. En cuanto a los demás medios probatorios, precisó que estos
eran “intrascendentes”.
Luego, puntualizó que si se hubiesen descartados esos medios de prueba, la
medida no seria proporcional, gradual o razonada.
Por otra parte, también indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente así:
“H.-VÍA DE HECHO POR DESCONOCIMIENOT DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIA, (…)
En las sentencias tutelas (sic), se desconocieron los precedentes jurisprudenciales
que establecen el carácter objetivo de la responsabilidad por privación injusta de la
libertad.
Sin excluir muchas otras, considero pertinente citar la sentencia de la Corte
Constitucional SU-363/2115, que contiene el análisis histórico y actual sobre el
tema” así como la del Consejo de Estado de 17 de octubre de 2013, radicado
52001233100019967459-01, 14 de julio de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-
01350-00 y 15 de noviembre de 2019, radicado 11001031500020190016901.” (sic
a toda la cita)
!
4
En este punto la sentencia hizo énfasis en al sentencia C-037 de 1996.
5
Para lo cual citó la sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
identificada con el radicado No. 18001-23-31-000-2010-00303-01(60731). M.P. Jaime Enrique
Rodríguez Navas!
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Demandante: Juan Carlos Monsalve Toledo
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A”
1.5. Trámite de la acción
Mediante auto de fecha 11 de enero de 2022, el magistrado ponente admitió la
acción de tutela y ordenó notificar al tutelante, y como accionada al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”. Asimismo,
como terceros con interés en las resultas del proceso, vinculó al Juzgado Sesenta
y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, y a los demandantes en el proceso ordinario.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. El Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, por intermedio del juez titular de ese despacho, solicitó declarar la
improcedencia de la acción constitucional o en su defecto negarse,! &en tanto que
sus fundamentos únicamente dan cuenta de un desacuerdo de la parte demandante con
las decisiones de la jurisdicción, sin que ello necesariamente se traduzca en una
vulneración a los derechos fundamentales del accionante”.
1.6.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de un profesional experto
de la Dirección de Asuntos Jurídicos de esa entidad, requirió que se declarara
improcedente este asunto, por cuanto no se cumplen las causales generales de
procedencia de tutela contra providencia judicial, para lo cual hizo énfasis en que
la aquí demandada analizó todo el material probatorio aportado al expediente y
concluyó, con apego en la Ley, que la dependencia que representa no era
responsable por la privación del señor Monsalve Toledo y; por último, porque el
fallo es acorde con el precedente jurisprudencial.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por el señor Juan Carlos Monsalve Toledo contra la Subsección “A” de
la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad
con lo establecido en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021 y el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales advertidos por el accionante, por parte
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”,
como autoridad judicial accionada, con ocasión de la sentencia proferida en
segunda instancia el 12 de agosto de 2021.
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Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii)
generalidades de los defectos alegados y; (iv) el caso en concreto.
2.3. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20126
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión de los derechos fundamentales a la “tutela
judicial efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica, acceso a la administración de
justicia, igualdad, debido proceso y presunción de inocencia”, ante la posible
configuración del defecto fáctico y desconocimiento del precedente.
En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por el tutelante ante la notoria tensión entre los
derechos fundamentales invocados y la decisión judicial objeto de reproche, por lo
!
6 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
7 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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que la Sala superará esta causal, y pasará a verificar si se cumplen los demás
presupuestos generales de procedibilidad.
2.4.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la parte accionante no cuenta con otro mecanismo distinto a la tutela
para conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a
sus derechos fundamentales. Esto, toda vez que contra la providencia proferida
por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca no procede ningún recurso, y que los cargos alegados no se
encuadran en las causales de procedencia de los recursos extraordinarios de
revisión, ni de unificación de jurisprudencia.
2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 12 de agosto de 2021 y se
notificó el 13 de agosto de esa anualidad, mientras que la acción de tutela fue
radicada el 15 de diciembre de 2021, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de
la ejecutoria, la acción de tutela se presentó dentro de los seis meses que esta
Sección considera como plazo prudencial para acudir a esta instancia
constitucional.
2.4.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que se promovió en contra de la Nación – Fiscalía General de la
Nación y la Rama Judicial con radicado No. 11001-33-43-062-2018-00045-00/01.
Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos fáctico
y por desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5. De las generalidades de los defectos alegados
2.5.1. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201510 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia del defecto
fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión así:
i) omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad
de los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas
con violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
Omisión de resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
decreto y práctica fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario
!
10
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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de pruebas de negar pruebas que no atiendan los requisitos de
indispensables conducencia, pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es
para fallar el importante considerar que no toda negativa a un decreto de
asunto pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto, ya
que este procederá cuando se rechace el decreto y práctica
de la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
parámetros arriba señalados.
De esta manera, se requiere que:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada
era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por
Desconocimiento el fallador ordinario. En este punto, se requiere que de forma
del acervo específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
probatorio pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
determinante para desconocidas por el juez.
identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal
y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para
la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos
para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Requiere entonces que:
Valoración a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
irracional o objeto de indebida valoración por el juez
arbitraria de las b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
pruebas aportadas consideración del operador judicial se aleja de las reglas
de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo
en relación con la conclusión a la cual arribó el juez de
instancia, de ninguna manera puede ser razón para
ordenar el amparo constitucional por este aspecto.
Aceptar lo contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
Dictar sentencia asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
con fundamento legales para su producción o introducción al proceso. Así las
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en pruebas cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
obtenidas con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para
violación del decidir el problema jurídico que le fue planteado, al ser esta
debido proceso una prueba que desconoce el debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde señalar:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
Como se observa de los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad
jurídica, la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la
Constitución Política.
Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la medida en
que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre sí, de tal
manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma prueba,
como suele ocurrir, pues es desacertado.
2.5.4. En lo referente al desconocimiento del precedente, esta Sección precisa
que el precedente es aquella regla creada por una Alta Corte como órgano de
cierre en determinada materia para solucionar un conflicto jurídico en particular,
sin que sea necesario un número plural de decisiones en el mismo sentido para
que aquella sea considerada como precedente. También se considera que
constituyen precedente las sentencias de constitucionalidad y las de unificación,
expedidas tanto por la Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.
Sin embargo, resulta necesario advertir que «…debe aceptarse que no todas las
decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla, pues
son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin una
actividad creadora del juez.»”11
2.6. Caso concreto
Como viene de explicarse, el accionante controvierte la sentencia de 12 de agosto
de 2021, proferida por la Subsección “A” de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de reparación directa 11001-
33-43-062-2018-00045-00/01, interpuesto por el aquí demandante y otros en
contra de la Nación - Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, que
confirmó la decisión de 2 de diciembre de 2019, proferida por el Juzgado Sesenta
!
11
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.
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Sección Tercera – Subsección “A”
y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las
pretensiones de la demanda.
En efecto, el demandante advierte una indebida valoración probatoria de los
testimonios de los señores William Marroquín Gaitán y David Perea Mena,
declaraciones que en su sentir siempre fueron incoherentes y falaces, las cuales
no debieron considerarse de insumo para proferir la medida restrictiva de la
libertad en su contra.
Además, advirtió que si bien su privación se fundó en “doce pruebas”, de las
que debieron descartarse los testimonios en mención, los reconocimientos
fotográficos por ser “ilegales”. En cuanto a los demás medios probatorios,
precisó que estos eran “intrascendentes”.
Por otra parte, también indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente, que en su sentir establece el carácter objetivo de
la responsabilidad por el título de imputación de privación injusta de la libertad,
para lo cual, citó la “SU-363/2115 (sic), que contiene el análisis histórico y actual sobre
el tema” así como la del Consejo de Estado de 17 de octubre de 2013, radicado
52001233100019967459-01, 14 de julio de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-01350-
00 y 15 de noviembre de 2019, radicado 11001031500020190016901”.
2.6.1. Frente a este último punto, la Sala anticipa que negará el cargo por
desconocimiento del precedente por las siguientes razones:
En primer lugar, esta Colegiatura advierte que si bien el accionante identificó la
presunta regla desatendida que a su juicio contienen las cuatro providencias en
mención, cabe destacar que la SU-363/2015 no fue posible ubicarla en la
relatoría de la H. Corte Constitucional de lo cual se infiere que dicho proveído
fue relacionado de forma incorrecta.
En lo referente a los fallos con radicado 11001-03-15-000-2016-01350-00 y
11001031500020190016901 dictados por esta Corporación, se evidencia que
estos fueron emitidos al interior de acciones de tutela, que no tienen efectos
vinculantes, dado que son decisiones proferidas de cara a la situación particular
de los tutelantes, lo que a su vez no se acompasa a los parámetros que tiene esta
Sección en cuanto al concepto de precedente.
Ahora, restaría realizar el estudio del proveído dictado dentro del proceso con
radicado No. 52001233100019960745901, sin embargo, esta Colegiatura destaca
que, si bien en esa providencia se pudo establecer el régimen de responsabilidad
objetiva, ello no es óbice para que la aquí accionada esté obligada a aplicarlo, ya
que la selección de uno u otro (subjetivo u objetivo), para el análisis del caso, le
corresponde al juez natural de la causa, tesis que se encuentra acorde con los
últimos pronunciamientos12 de la Corte Constitucional13 y el Consejo de Estado14
!
12
Atendiendo a que por regla general, las sentencias de unificación proferidas por las altas cortes
surten efectos hacia el futuro, razón por la que pueden afectar las situaciones jurídicas que se
encuentran en trámite al momento en que se dicta la decisión.
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Demandante: Juan Carlos Monsalve Toledo
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Sección Tercera – Subsección “A”
en la materia, lo cual implica que en estos asuntos no existe una fórmula
sacramental para su estudio, donde prima la autonomía judicial del funcionario que
conoce el proceso ordinario.
En este punto resulta importante destacar que la implementación del régimen
objetivo o subjetivo, no implica una condena per se del juez contencioso, ya que,
según las sentencias SU-072 de 201815 y la C-037 de 199616 de la Corte
Constitucional, el análisis que debe hacer el juez contencioso debe enfocarse en
la razonabilidad y proporcionalidad de la medida privativa de la libertad, e inclusive
debe tenerse en cuenta la conducta de la víctima al interior del proceso penal,
luego no es plausible, a la luz de lo dispuesto por el máximo órgano de la
jurisdicción constitucional, que estos asuntos impliquen una declaratoria de
responsabilidad administrativa y extracontractual automática porque no se logró
desvirtuar la presunción de inocencia.
2.6.2. Resuelto lo anterior, a esta Sección le resulta pertinente, para resolver el
cargo fundado en el defecto fáctico, hacer alusión a las pruebas que tuvo en
cuenta la autoridad judicial demandada para concluir que de conformidad con el
acervo arrimado por la Fiscalía General de la Nación, existía el sustento probatorio
suficiente para proferir la medida de aseguramiento. Al respecto, se tiene:
“19. Las razones que conllevaron a la medida de aseguramiento impuesta, se
ciñeron a los siguientes elementos materiales probatorios:
!
13
Sentencias SU-363 de 2021, M.P. Alberto Rojas Ríos y SU-072 de 2018, M.P. José Fernando
Reyes Cuartas.
14
Sentencia del 6.8.2020, M.P. José Roberto Sáchica Méndez, Rad: 66001-23-31-000-2011-
00235-01 (46.947).
15
Ver al respecto, sentencia SU-072 de 2018: “Asimismo, de manera casi uniforme, se prevé
como asunto de obligatorio estudio, la eventual participación de la víctima como causa
efectiva del daño. Sobre este punto debe anotarse que, a pesar de existir ese parámetro, se
advierten providencias en las cuales no se estudia de manera profunda dicho aspecto.”
16
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-037, 05.02.96, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
“ARTICULO 68. PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD. Quien haya sido privado injustamente
de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios.
(…)
Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se
encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término
“injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los
procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha
sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese
así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona fuese privada
de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta,
procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el
patrimonio del Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de
la norma que se examina y la consecuente declaración de la responsabilidad estatal a propósito de
la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo
siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en
que se ha producido la detención” (Negrita y subrayado fuera del texto).
Corte Constitucional, sentencia SU-072 de 2018, en la cual se consideró: “…121. Determinar,
como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución por no haberse
desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en
otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad subjetiva,
el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir de un título de imputación
objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la decisión a través de la cual se
restringió preventivamente la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes, concretamente la sentencia
C-037 de 1996” (Negrita y subrayado fuera del texto)
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Demandante: Juan Carlos Monsalve Toledo
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(i) Denuncia No. 075 del 22 de mayo de 2003 y ampliación de esta del 25 de
junio del mismo año.
(ii) Orden de batalla de la cuadrilla 45 “Atanasio Girardot” de las FARC.
(iii) Declaración rendida por Jairo Antonio Álvarez Silva.
(iv) Transcripción del contenido de un cassette.
(v) Diligencia de reconocimiento fotográfico realizada con Jairo Antonio Álvarez
Silva y Wilmer Ricardo Silva Plata.
(vi) Indagatoria de David Perea Mena, William Marroquín Gaitán, Jorge Nelson
Monsalve Toledo y Juan Carlos Monsalve Toledo.
(vii) Reconocimiento fotográfico realizado por David Perea Mena y William
Marroquín Gaitán.” (fol. 4 y 5 de providencia controvertida).
Según el material probatorio en mención, la autoridad judicial accionada,
concluyó:
“22. Bajo ese contexto, la sala no comparte los argumentos del apelante,
referentes a que i) la medida de aseguramiento omitió un análisis ponderado e
integral de la prueba y que iii) no se valoraron de forma conjunta, pues como se
evidenció anteriormente, se tuvieron en cuentas varias pruebas aportadas por la
fiscalía que para ese momento dieron cuenta de la incidencia del ahora
demandante en el hecho delictivo.
23. Tampoco comparte la inconformidad respecto de que ii) el Estado debió
demostrar la necesidad de imponer la medida y que iv) ésta no se ajustó a los
limites materiales de la excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y
gradualidad, pues las autoridades justificaron sus decisiones en el material
probatorio suficiente, la legalidad y proporcionalidad de la medida y la debida
valoración probatoria al momento de imponerla. Es decir que las pruebas
aportadas por el ente acusador ofrecieron un contexto de realidad fáctico que
permitió la imposición de la medida de aseguramiento.” (sic a toda la cita)
De lo anterior, se concluye que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección “A”, en ejercicio de su autonomía judicial y bajo los
criterios de la sana crítica, consideró que la Fiscalía General de la Nación contaba
con las pruebas suficientes para decretar la medida de aseguramiento en contra
del señor Juan Carlos Monsalve Toledo.
Lo anterior, no solo fundado en los testimonios de William Marroquín Gaitán y
David Perea Mena, sino también en los siguientes medios de convicción: “(i)
Denuncia No. 075 del 22 de mayo de 2003 y ampliación de esta del 25 de junio del mismo
año, (ii) Orden de batalla de la cuadrilla 45 “Atanasio Girardot” de las FARC, (iii)
Declaración rendida por Jairo Antonio Álvarez Silva, (iv) Transcripción del contenido de un
cassette, (v) Diligencia de reconocimiento fotográfico realizada con Jairo Antonio Álvarez
Silva y Wilmer Ricardo Silva Plata, (vi) Indagatoria de Jorge Nelson Monsalve Toledo y
Juan Carlos Monsalve Toledo, (vii) Reconocimiento fotográfico realizado por David Perea
Mena y William Marroquín Gaitán.”, documentos y declaraciones que daban cuenta,
según el tribunal accionado, de la posible participación en los hechos de
secuestro extorsivo agravado, al haberse identificado por diferentes personas.
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Sumado a ello, la demandada también hizo alusión a las presuntas
contradicciones y falacias en los testimonios de los señores William Marroquín
Gaitán y David Perea Mena que expuso el aquí demandante tanto en el proceso
ordinario como en la presente tutela, en donde precisó que una valoración
probatoria de estos implicaría usurpar la competencia de la fiscalía que era la
encargada, para la fecha de los hechos, de “realizar dicha valoración al momento
imponer la medida de aseguramiento y no es ahora responsabilidad de los jueces
administrativos entrar en discusión de este tema.”. Análisis que esta Sala considera
acertado, máxime cuando esas declaraciones no fueron los únicos medios en los
que se fundó la medida de privación de la libertad, como ya se expuso.
En este orden de ideas, a esta Sala le resulta acertada y motivada la conclusión a
la que llegó el tribunal que consideró que sí existían medios de prueba suficientes
que fundaban, de manera razonable y proporcional, la medida privativa de la
libertad del señor Juan Carlos Monsalve Toledo, en consonancia con la conducta
punible denunciada, habida cuenta de que el ente acusador no podía pasar por
alto el amplio caudal probatorio en mención.
2.7. Conclusión
Así las cosas, se negará la solicitud de amparo de la referencia, al considerar que
no se configuraron los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente, que
se fundaron en una indebida valoración probatoria y en la inobservancia de la
implementación de un régimen objetivo en los casos de privación de la libertad,
comoquiera que la autoridad accionada sustentó su decisión en diferentes medios
de prueba y argumentó su providencia con base en su autonomía judicial y bajo
los criterios de la sana crítica, además de que aplicó el criterio jurisprudencial
vigente.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales deprecados por el
señor Juan Carlos Monsalve Toledo.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su
notificación, REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Sección Tercera – Subsección “A”
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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