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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11765-01

Fecha
28 de abril de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2021-11765-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 24 de febrero de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, para en su lugar disponer: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela respecto del desconocimiento del precedente. NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo en cuanto al defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva. 15 Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00 Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ Consejero de Estado Consejero de Estado Presidente Salva voto NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ Consejera de Estado Consejero de Estado CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P(15)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2021-11765-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

28 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de abril de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-01
Accionante: JUAN CARLOS MOLSALVE TOLEDO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
modifica la sentencia impugnada para en su lugar declarar
improcedente la presente acción de tutela respecto del
desconocimiento del precedente; y negar las pretensiones de la
acción de tutela en relación la supuesta configuración de un
defecto fáctico

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Juan Carlos Monsalve
Toledo en contra de la sentencia de 24 de febrero de 2022, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Juan Carlos Monsalve Toledo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales «a la tutela efectiva, confianza legítima, seguridad jurídica, acceso
a la administración de justicia, igualdad, debido proceso y presunción de
inocencia», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 12 de agosto de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera –
Subsección A, dentro del medio de control de reparación directa núm. 11001-33-
43-062-2018-00045-01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 21 de septiembre de 2012 fue privado de la libertad en virtud
de la orden de captura emitida por la Fiscalía Primera Penal Especializada por el
delito de secuestro extorsivo agravado, a lo que agregó que la medida de
aseguramiento que se le impuso debía cumplirla en establecimiento carcelario.

2.2. Señaló
que, mediante sentencia de 28 de octubre de 2016, el Juzgado
Segundo Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca lo absolvió del delito

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

que le fue imputado en aplicación del principio de in dubio pro reo, y que esta
decisión fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cundinamarca – Sala Penal.

2.3. Sostuvo que permaneció privado de la libertad por el término de cuarenta y
nueve meses y dieciocho días, ya que la detención se produjo el 21 de septiembre
de 2012 y culminó el 10 de noviembre de 2016.

2.4. Relató que, con base en lo anterior, promovió junto a su grupo familiar el medio
de control de reparación directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la
Nación y de la Nación – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con
miras a que fueran reparados los daños padecidos por la privación injusta de la
libertad que padeció.

2.5. Señalóque, mediante sentencia de 2 de diciembre de 2019, el Juzgado
Sesenta y Dos Administrativo del Circuito de Bogotá negó las pretensiones de
la demanda por no encontrarse acreditados los elementos de la responsabilidad
del Estado por privación injusta de la libertad.

2.6. Indicóque contra la decisión de primera instancia presentó recurso de
apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
– Sección Tercera – Subsección A, mediante sentencia de 12 de agosto de
2021, la cual confirmó el fallo de primera instancia.

2.7. Afirmó que la providencia aquí enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales
porque incurrió en un defecto fáctico debido a que no efectuó una valoración
integral de los medios de prueba; en una violación directa de los artículos 29 y
229 constitucionales por transgredir los principios de cosa juzgada, juez natural y
presunción de inocencia, y sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la confianza legítima; y en un
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU – 363 de 2015
de la Corte Constitucional, y la sentencias de 17 de octubre de 2013, de 14 de julio
de 2016 y 15 de noviembre de 2019, proferidas por la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

III. PRETENSIONES

3. El extremo accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] De la manera más comedida demando que se me tutelen mis derechos
fundamentales y en consecuencia, se dejen sin efectos las sentencias
proferidas por el Juzgado 62 Administrativo de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección 3- Subsección A, los días 2 de
diciembre de 2019 y 12 de agosto de 2021, respectivamente, dentro del
proceso 11001-3343-062-2018-00045-01, y en su lugar se profiera una nueva
sentencia, favorable a las suplicas de la demanda de reparación directa
instaurada” […].

3

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 11 de
enero de 2022, admitió la presente acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección A.
Asimismo, se vincularon, como terceros con interés directo en los resultados del
proceso, «al Juzgado Sesenta y Dos (62) Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá (…), a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y la Fiscalía General de la Nación (…) y a los señores Alba Yanith
Villamizar Sanguino, Obdilia Toledo Valderrama, Jorge Monsalve Ardila, Cristhian
Santiago Monsalve Gómez, Juan Camilo Monsalve Ardila, Marlon Alexander
Monsalve García, Carlos Adrián Monsalve García, Juan Sebastián Monsalve
Gómez, Lady Catherine Monsalve Saavedra, Claudia Milena Monsalve Saavedra,
Karol Julieth Monsalve Saavedra, María Fernanda López Monsalve, Juan
Sebastián López Monsalve, Sara Nikol Monsalve Saavedra, Karina Andrea
Mendoza Monsalve, Danna Camila Herrera Monsalve, Dulce María Herrera
Monsalve, Fabián Andrés Álvarez Monsalve, Sharik Alejandra Esparza Monsalve,
Jorge Nel Monsalve Toledo y Sandra del Pilar Monsalve Toledo». Igualmente,
solicitó remitir, en calidad de préstamo, el expediente de contentivo del medio de
control.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a las vinculadas,
se produjeron las siguientes intervenciones:

5.1. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de la dirección de asuntos
jurídicos, rindió informe en el que se opuso a la prosperidad de las pretensiones
de la presente acción de amparo, ya que en su criterio «la parte accionante no
sustenta las causales específicas de procedibilidad para que la acción de tutela
sea procedente».

5.2. Asimismo, indicó que la accionante busca retrotraer las discusiones que se
surtieron en el marco del proceso de reparación directa a la presente acción de
tutela «lo cual es inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan
especial mecanismo constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito
de tutela se demuestra vulneración a derecho fundamental alguno».

5.3. La Jueza Sesenta y Dos Administrativa del Circuito de Bogotá señaló que
«no vulneró derecho fundamental alguno del accionante, comoquiera que la
sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso 11001-3343-062-
2018-00045-00 se dictó debidamente motivada y con base en el acervo probatorio
que reposaba en el expediente, así como en las normas y la jurisprudencia que
regulan la materia».

5.4. Aunado a lo anterior destacó lo siguiente:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

[…] [E]l Despacho consideró que la privación injusta alegada por la parte
demandante no resultaba atribuible a las entidades demandadas bajo dos
principales argumentos. Por un lado, expuso que la medida de aseguramiento
impuesta al hoy accionante obedeció a lo dispuesto en la norma penal y de
procedimiento aplicable al caso en concreto. En segundo lugar, consideró
configurada la causal del hecho de un tercero comoquiera que la imposición
de la medida de aseguramiento en mención tuvo como sustento los
testimonios de dos personas ajenas al proceso […].

VI. FALLO IMPUGNADO

6. LaSección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia de 24 de
febrero de 2022, negó las pretensiones de la presente acción de amparo con base
en los siguientes argumentos:

6.1. En primer lugar, indicó que no se encontraba configurado el desconocimiento
del precedente contenido en la sentencia SU – 363 de 2015 de la Corte
Constitucional porque la referida providencia no existía. En cuanto a los fallos de
14 de julio de 2016 y 15 de noviembre de 2019, proferidos por la Sección Tercera
del Consejo de Estado, el a quo señaló que «estos fueron emitidos al interior de
acciones de tutela, que no tienen efectos vinculantes, dado que son decisiones
proferidas de cara a la situación particular de los tutelantes, lo que a su vez no se
acompasa a los parámetros que tiene esta Sección en cuanto al concepto de
precedente».

6.2. Respecto del desconocimiento del precedente contenido en la sentencia de 17
de octubre de 2013 indicó que el precedente contenido en dicha providencia fue
modificado por la Corte Constitucional en el fallo SU-072 de 2018.

6.3. Ensegundo lugar, señaló que el Tribunal accionado había efectuado una
valoración probatoria razonable de los elementos materiales que obraban en el
expediente, ya que las pruebas obrantes en el plenario permitían concluir que la
medida privativa de la libertad no fue desproporcional, irrazonable ni arbitraria.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. El accionante impugnó la decisión del juez constitucional en primera instancia,
en síntesis, por las siguientes razones:

7.1. Indicó
que en la sentencia de primera instancia incurrió en muchas
«consideraciones subjetivas, alejadas de la aplicación del derecho».

7.2. Señaló que el a quo pasó por alto que el juez contencioso administrativo usurpó
las funciones del juez penal, lo que claramente constituye una violación a sus
garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso, juez natural, cosa
juzgada y presunción de inocencia.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

7.3. Manifestó que la administración de justicia al momento de ordenar la medida
privativa de la libertad no contaba con los dos indicios de responsabilidad
previstos en la ley procesal de la época. Asimismo, señaló que era injusto que «un
ciudadano tenga que soportar una carga pública de estar privado de la libertad por
más de 49 meses, por el mero capricho o necesidad de mostrar resultado».

7.4. Adujo que por un error de digitación colocó el número incorrecto de radicado de
la sentencia desconocida, la cual corresponde a la SU-363 de 2021, en la que la
Corte Constitucional realizó un análisis minucioso la responsabilidad del Estado
por privación injusta de la libertad.

7.5. También señaló que la decisión impugnada incurrió en una valoración
probatoria incorrecta, al igual que la providencia tutelada, porque «los testimonios
mendaces que sirvieron de base para un funcionario estatal privase de su libertad
a un ciudadano inocente no constituyen la causa del daño, en tanto y en cuanto no
fueron resistibles para el funcionario público omisivo».

7.6. Asimismo,indicó que «los funcionarios de la Fiscalía incumplieron su deber
legal de hacer una valoración seria y ponderada sobre los fines de la preventiva,
en tanto y en cuanto, no se probó ni se explicó, por qué razones yo podría colocar
en peligro a la comunidad, me encontraba en potencialidad de entorpecer la
actividad probatoria o llegaría a dejar de comparecer al proceso».

7.7. Aunado a todo lo anterior, el actor transcribió los argumentos que motivaron su
escrito de tutela.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

8. Esta Sala de Decisión es competente para conocer la impugnación presentada
por la parte actora, en virtud de lo previsto en el artículo 32 del Decreto Ley 2591
de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333
de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 80 de 2019, respecto de la
distribución de negocios al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

9. De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado3, la Sala debe establecer:

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, determinar:

b) Si la providencia acusada y que fue proferida dentro del proceso de
reparación directa núm. 11001-33-43-062-2018-00045-01, vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante por haber
incurrido, supuestamente, en un defecto fáctico, en una violación directa
de la Constitución y en un desconocimiento del precedente
jurisprudencial.

10. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii)
resolver el caso concreto, siempre y cuando se superen los requisitos generales
y/o exigencias adjetivas.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

11. En sentencia de 31 de julio de 20124, la Sala Plena del Consejo de Estado
cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de
tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos
fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y
su propia jurisprudencia.

12. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

13. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación
clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

14. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial5, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin

4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.

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Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución6.
15. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.

16. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

17. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

18. El ciudadano Juan Carlos Monsalve Toledo solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales «a la tutela efectiva, confianza legítima, seguridad
jurídica, acceso a la administración de justicia, igualdad, debido proceso y
presunción de inocencia», cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 12 de
agosto de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera – Subsección A, dentro del medio de control de reparación
directa núm. 11001-33-43-062-2018-00045-01.

19. Elaccionante adujo que la sentencia objeto de tutela incurrió en un defecto
fáctico, en desconocimiento del precedente y en una violación directa de la
Constitución. En este punto debe resaltarse que los argumentos que sustentan

6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2021-11765-00
Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

esta la causal de violación directa de la Constitución se adecúa al defecto fáctico,
en tanto que el actor sostuvo que la violación de los artículos 29 y 229
constitucionales se produjo con ocasión de la incorrecta valoración de las pruebas
obrantes en el expediente. Por este motivo, la causal de violación directa de la
constitución se abordará desde la órbita del defecto fáctico.

20. En resumen, la Sala estudiará el caso desde la órbita del defecto fáctico y del
desconocimiento del precedente.

VI.4.1.2. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela

21. En relación con el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala observa lo siguiente:

21.1. Respecto del requisito de relevancia constitucional, la Sala pone de relieve
que este presupuesto se entiende satisfecho cuando se acredita que el asunto gira
en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental8 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones9.

21.2. Descendiendo al sub examine, se observa que el actor aduce que la decisión
tutelada incurrió en un defecto fáctico y en un desconocimiento del precedente
contenido en la sentencia SU – 363 de 2015 de la Corte Constitucional, y las
sentencias de 17 de octubre de 2013, de 14 de julio de 2016 y 15 de noviembre de
2019, proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado.

21.3. En cuanto al defecto de desconocimiento del precedente, la Sala considera
que no supera el requisito de relevancia constitucional por no cumplir con la carga
argumentativa mínima, ya que el actor se limitó a enlistar las sentencia que
supuestamente fueron desconocidas sin exponer cuáles eran las reglas
jurisprudenciales que presuntamente fueron desatendidas.

21.4. Cabe destacar que esta Sección en la sentencia de 19 de abril de 202110,
precisó que en aquellos eventos en los que se alega el desconocimiento del
precedente no basta con citar o referenciar las sentencias que se alegan
desconocidas, sino que es necesario que la parte actora identifique con claridad: i)
las reglas y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las providencias que se
aducen desatendidas; ii) las situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o similares; argumentación
que en el sub examine no se satisface.

8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, Magistrado ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
9
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 Magistrado ponente Alberto Rojas Ríos y T-458 de 2016,
Magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva.
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente
número 11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.

9

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

21.5. Por su parte, y en lo concerniente al defecto fáctico, la Sala considera que el
asunto puesto a consideración es de relevancia constitucional, en tanto que: a) el
accionante identificó las garantías constitucionales que alega vulneradas por parte
de la Corporación accionada; b) el actor no se limitó a invocar el derecho
constitucional vulnerado, sino que la presunta transgresión de los mismos fue
suficientemente explicada y fundamentada desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a este bien jurídico superior; c) la discusión planteada no
gira en torno a una inconformidad respecto de un asunto de mera legalidad, y d) se
cumplió con la carga argumentativa exigible contra providencia judicial.

21.6. La parte accionante no tiene otro medio de defensa para solicitar la protección
de los derechos fundamentales que estima vulnerados con la decisión proferida,
en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera - Subsección A, pues se agotaron todos los recursos ordinarios
establecidos en el procedimiento común.

21.7. La acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, dado que la
providencia censurada fue notificada el 13 de agosto de 2021, mientras que esta
solicitud de amparo fue radicada el 15 de diciembre de 2021.

21.8. La situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales
fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela.

21.9. Nose alega la existencia de una irregularidad procesal en el trámite de la
tutea, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto.

21.10. La
acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un
proceso de idéntica naturaleza y/o índole.

VIII.4.2. Análisis de los requisitos específicos en la presente acción de tutela

22. Encontrándose satisfechos los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela, la Sala abordará el estudio de los requisitos especiales frente a la
presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados
por la parte accionante por la configuración de un defecto fáctico.

VI.4.2.1. Análisis del defecto fáctico

23. De conformidad con lo previsto en la sentencia T-008 de 2019 de la Corte
Constitucional, este defecto se presenta cuando el operador jurídico decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados, y resuelve a su
arbitrio el asunto jurídico sometido a su consideración, o cuando aprecia una
prueba allegada al proceso que se encuentra viciada. También se configura
cuando la autoridad judicial omite considerar y valorar elementos probatorios, o no
los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la
decisión respectiva, y en el caso concreto resulta evidente que, de haberse

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

realizado su análisis y valoración, la solución del asunto jurídico debatido variaría
sustancialmente.

24. Descendiendo al sub judice, se advierte que la idea central del accionante
consiste en que la autoridad judicial valoró incorrectamente los medios de pruebas
obrantes en el expediente, en tanto que los únicos medios de convicción en los
que se sustentó la medida privativa de la libertad del actor fueron los testimonios
«mendaces» de los señores William Mallorquín y Darío Perea Mena y, en ese
sentido, la medida cautelativa no satisfacía los requisitos exigidos en los artículos
355, 356 y 357 de la Ley 600 de 2000.

25. Además de lo anterior, indicó que la medida de privación de la libertad nunca
se sustentó el interés o la finalidad por la cual se imponía. Es decir, si con ella se
buscaba «conservar las pruebas, evitar la continuación de la actividad delictual o
la protección de la comunidad».

26. Por último, indicó que las decisiones absolutorias proferidas por la justicia penal
permiten constatar que la privación de la libertad sí revistió el carácter de injusta.

27. Por otra parte, en la sentencia de 12 de agosto de 2021, la autoridad judicial
explicó que la medida privativa de la libertad del hoy accionante se sustentó en
siguiente material probatorio:

[…] 18. En el caso, los medios de prueba dan cuenta de que el 21 de
septiembre de 2012 por orden de la fiscalía fue capturado el señor Juan
Carlos Monsalve Toledo. Como consecuencia de lo anterior, se decretó
medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario, decisión
confirmada por la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá – Sala Penal.

19. Las razones que conllevaron a la medida de aseguramiento impuesta, se
ciñeron a los siguientes elementos materiales probatorios:

(i) Denuncia No. 075 del 22 de mayo de 2003 y ampliación de esta del 25 de
junio del mismo año.

(ii) Orden de batalla de la cuadrilla 45 “Atanasio Girardot” de las FARC.

(iii) Declaración rendida por Jairo Antonio Álvarez Silva.

(iv) Transcripción del contenido de un cassette.

(v) Diligencia de reconocimiento fotográfico realizada con Jairo Antonio
Álvarez Silva y Wilmer Ricardo Silva Plata.

(vi) Indagatoria de David Perea Mena, William Marroquín Gaitán, Jorge
Nelson Monsalve Toledo y Juan Carlos Monsalve Toledo.

(vii) Reconocimiento fotográfico realizado por David Perea Mena y William
Marroquín Gaitán.

20. En el presente caso, el artículo 74 de la Ley 600 de 2000 norma
vigente para la época de los hechos, prevé que a la Fiscalía General de

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

la Nación le corresponde dirigir, realizar y coordinar la investigación e
instrucción penal.

21. El ente investigador encausó su solicitud en armonía con las normas
porque (i) se basó en la presencia de indicios graves (ii) según la
información recolectada que, para ese momento, ofrecía serios motivos
de credibilidad; y (iii) aquellos elementos probatorios orientaron el
requerimiento.

22. Bajo ese contexto, la sala no comparte los argumentos del apelante,
referentes a que i) la medida de aseguramiento omitió un análisis
ponderado e integral de la prueba y que iii) no se valoraron de forma
conjunta, pues como se evidenció anteriormente, se tuvieron en cuentas
varias pruebas aportadas por la fiscalía que para ese momento dieron
cuenta de la incidencia del ahora demandante en el hecho delictivo.

23. Tampoco comparte la inconformidad respecto de que ii) el Estado debió
demostrar la necesidad de imponer la medida y que iv) ésta no se ajustó a los
limites materiales de la excepcionalidad, proporcionalidad, necesidad y
gradualidad, pues las autoridades justificaron sus decisiones en el material
probatorio suficiente, la legalidad y proporcionalidad de la medida y la debida
valoración probatoria al momento de imponerla. Es decir que las pruebas
aportadas por el ente acusador ofrecieron un contexto de realidad fáctico que
permitió la imposición de la medida de aseguramiento […].

28. En este punto, resulta relevante señalar que el artículo 356 de la Ley 600 de
2000 preveía que la medida de aseguramiento procedía «cuando aparezcan por lo
menos dos indicios graves de responsabilidad con base en las pruebas legalmente
producidas dentro del proceso».

29. Como se puede apreciar de la cita anterior, el juez contencioso puso de relieve
que en contra del señor Juan Carlos Monsalve Toledo existían no solamente dos
testimonios -rendidos por los señores David Perea Mena y William Marroquín Gaitán- que lo
relacionaban con la comisión del hecho delictivo investigado, sino que también
obraban en su contra los siguientes medios de prueba: (i) la denuncia interpuesta
por el señor Claudio Javier Silva Otálora el 22 de mayo de 2003 y la ampliación de
esta el 25 de junio de 2003; (ii) la declaración rendida el 30 de agosto de 2003 por
el señor Jairo Álvarez Silva -empleado del señor Claudio Javier Silva Otálora-; (iii) la
declaración del menor Wilmer Ricardo Silva Plata -víctima del delito-; (iv) la diligencia
de reconocimiento fotográfico de los señores Wilmer Ricardo Silva Plata y Jairo
Álvarez Silva; (v) la diligencia de reconocimiento fotográfico de los señores David
Perea Mena y William Marroquín Gaitán -autores materiales del delito-; y (vi) la
declaración de Jorge Nel Monsalve Toledo.

30. En ese orden de ideas, importa destacar que en el auto de 27 de septiembre de
2012, proferido por la Fiscal Primera Delegada Especializada, a través del cual se
resolvió la situación jurídica del accionante e impuso la medida de privación de la
libertad, expresamente se señaló lo siguiente:

[…] En cuanto al aspecto subjetivo o de la responsabilidad de los sindicados;
tenemos que contra los acá implicados concurren en primer lugar los
señalamientos directos que hacen WILLIAM MARROQUIN GAITAN y

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

DAVID PEREA MENA al situarlos en el teatro de los acontecimientos,
como las personas que se encargaban de suministrar la información de
ubicación y condición económica de la víctima, en este caso el menor
WILMER RICARDO SILVA PLATA, ya que debe analizarse en este estadio
procesal emergen indicios en contra de los incriminados que llevan a
establecer su presunta participación en el plagio del infante. Nótese,
como no solamente existe contradicción frente a la circunstancia del
momento en que se conoció a WILLIAM MARROQUIN GAITAN, ya que
JORGE NEL indica lo fue en la ciudad de Bucaramanga cuando se
dedicaba a la venta de platería y muy por el contrario JUAN CARLOS lo
dice fue en Bogotá en la Avenida Primera de Mayo cuando estaban
comprando vehículos.

Así mismo, JORGE NEL quiere desconocer sus venidas a la ciudad de
Bogotá, al señalar estas fueron esporádicas y en el año 1996 para acompañar
a su señora esposa a quien aquejaba un cáncer que le causó la muerte y
JUAN CARLOS manifiesta venían con mucha frecuencia a la ciudad de
Bogotá, ya que lo acompañaba a comprar automóviles, por ser muy hábil en
lo que tiene que ver con experticia mecánica.

De igual manera, el indicio de mala justificación que pretende JUAN
CARLOS dar a las afirmaciones de su vinculación por parte de los
partícipes WILLIAM y DAVID, al considerar es un acto de retaliación por
la desaparición del hermano MIRO de MARROQUIN o la búsqueda de
beneficios, donde debe esta Delegada destacar como desde el año 2009
viene siendo escuchado WILLIAM MARROQUIN y afirmado por este el
jefe intelectual de la organización lo eran los hermanos MONSALVE
TOLEDO, encargados de suministrar la información de ubicación y
condición económica de las víctimas, sin vislumbrar animo alguno de
venganza, con el solo propósito de establecer la verdad e impedir se
genere impunidad por el execrable crimen de que fue objeto el menor
WILMER RICARDO, ya que no debemos olvidar dicho diligenciamiento
se encontraba en archivo provisional desde el año 2004 y sin
vinculación alguno de participe del ilícito.

De igual manera milita el indicio de oportunidad y capacidad para
delinquir, ya que es el propio JUAN CARLOS MONSALVE quien señala la
cercanía con los hermanos MARROQUIN GAITAN, hasta el punto de
compartir cumpleaños, celebrar navidades juntos, tener amigos mutuos
como el caso de ALEJANDRO MONTOYA MORALES, conocer los
negocios propios, a más de ello, no debe desconocerse que JORGE NEL
actualmente se encuentra en prisión domiciliaria por una condena en su
contra como coautor de los delitos de concierto para delinquir en
concurso con Hurto y JUAN CARLOS lo fue como autor del punible de
HOMICIDIO y ha tenido varias sindicaciones por estafas y receptación.

Si bien es cierto, no existe prueba que los sindique directamente como
quienes retuvieron al menor, lo llevaron y trasladaron hasta el municipio de
Tame Arauca y lo entregaron a sus captores, no menos cierto es que deberán
responder a título de COAUTORES, en la medida que, los hechos estuvieron
precedidos de un acuerdo, una planificación, una coordinación para lograr un
resultado como era el del secuestro de WILMER RICARDO SILVA PLATA,
pero para el éxito de su fin criminal era indispensable contar con la
información y los vínculos que se tengan con el grupo guerrillero, que solo
contaban en tal sentido los MONSALVE TOLEDO.

Comportamiento que se desplega de forma consiente, voluntaria, con
conocimiento de lo antijurídico del mismo, y que bien podemos endilgar a la

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

fecha a los ciudadanos JORGE NEL MONSALVE TOLEDO y JUAN CARLOS
MONSALVE TOLEDO a título de coautores.

Es por ello, que la suscrita operadora judicial, da plena credibilidad a lo
manifestado por los testigos WILLIAM MARROQUIN GAITAN y DAVID
PEREA MENA, quienes en forma directa igualmente participaron en el
desarrollo de los hechos, escenario en el cual identificaron a los
hermanos JORGE NEL y JUAN CARLOS MONSALVE TOLEDO, quienes
cumplieron un papel determinante para la perpetración del plagio, por
cuanto los testigos resultan conocedor de los sucesos que aquí fueron
objeto de investigación y sus circunstancias, ya que si bien es cierto
también desconocieron la validez del orden jurídico penal, también lo es,
cuentan con elementos de convicción de toda credibilidad, pues como
se dijo anteriormente han contado la verdad y han procurado impedir se
genere la impunidad en este caso concrete.

Congruente con los anteriores planteamientos, tenemos que en este
momento procesal, existe la prueba mínima que reclama la norma,
articulo 356 de la Ley 600 de 2000, pues la conducta acá imputada a
JORGE NEL MONSALVE TOLEDO y JUAN CARLOS MONSALVE
TOLEDO, se encuentra demostrada con los elementos probatorios
arrimados al plenario, consistentes en las diferentes manifestaciones
hechas por WILLIAM MARROQUIN GAITAN y DAVID PEREA MENA,
reconocimiento fotográfico e indicios que se constituyen en prueba
contundente, fehaciente de su participación en la comisión del punible.
(…)
Sobre los fines de la medida tenemos que frente a la naturaleza de la
conducta investigada, los cuestionados evadían la acción de la justicia,
seguirán en su actividad delictiva y concederle el beneficio de la libertad
implicaría que la tarea para buscar elementos se dificultarán, pues tendrán la
posibilidad de borrarla o de evitar que las personas declaren ante esta
Delegada, aunado que este tipo de hechos, además de ser catalogados de
lesa humanidad, ponen en peligro a la comunidad y están contemplados y
catalogados de los más graves y que los sindicado, no tuvieron para nada en
cuenta, al momento de hacerse participes en la empresa criminal y cometer el
plagio, ni siquiera de mirar su entorno familiar y social, sino su único objetivo
como el de los demás integrantes era obtener los beneficios económicos […].

31. Enatención al anterior contexto, la Sala no concuerda con los argumentos
expuestos por el accionante en la presente acción de tutela, puesto que no se
observa que la autoridad judicial accionada hubiese efectuado una valoración
probatoria irrazonable de los medios de convicción obrantes en el plenario.

32. En efecto, tal como lo reseñó el Tribunal accionado, la medida privativa de la
libertad del accionante se sustentó en suficiente material probatorio que, a su vez,
permitía entender como acreditados los requisitos para imponer la medida cautelar
adoptada por la Fiscal Primera Especializada.

33. Cabe poner de relieve que, para la época en que se adoptó la medida privativa
de la libertad la investigación penal se encontraba archivada, y fue en virtud de las
declaraciones rendidas por los señores William Mallorquín y Darío Perea Mena -
en la que reconocieron su responsabilidad en los hechos referidos e indicaron que el accionante
había tenido participación en los mismos- que se desarchivó la misma y se ordenó la
captura del accionante.

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

34. Ahora bien, al margen de las dudas que puso de manifiesto el Juzgado
Segundo Penal del Circuito de Cundinamarca en la sentencia absolutoria sobre
dichas declaraciones, la Sala debe resaltar que el grado de convicción que
transmitían las declaraciones de los señores William Mallorquín y Darío Perea
Mena resultaba suficiente para tener por acreditados los requisitos de la medida
cautelar, en tanto que la norma penal vigente establecía como requisito para
decretar la medida de aseguramiento la existencia de al menos dos indicios de
responsabilidad

35. Significa
lo anterior que, aunque las declaraciones en comento resultaban
suficientes para que válidamente se ordenara la medida de aseguramiento,
resaltando el hecho consistente en que para dar aplicación a la misma no se exige
el grado de certeza necesario para proferir sentencia condenatoria.

36. En virtud de lo anterior, la Sala considera que el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección A valoró razonablemente las
pruebas obrantes en el proceso cuando concluyó que la decisión de privar de la
libertad al procesado no fue desproporcional, irrazonable ni arbitraria.

37. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la presente acción de tutela,
habida cuenta de que no observa que el juez contencioso hubiese incurrido en el
defecto fáctico denunciado.

38. En conclusión, la Sala modificará la sentencia de 24 de febrero de 2022,
proferida por el Consejo de Estado – Sección Quinta, para en su lugar declarar
improcedente la presente acción de tutela respecto del desconocimiento del
precedente; y negar las pretensiones de la acción de tutela en relación la supuesta
configuración de un defecto fáctico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 24 de febrero de 2022, proferida por el
Consejo de Estado – Sección Quinta, para en su lugar disponer:

DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela respecto del
desconocimiento del precedente.

NEGAR las pretensiones de la presente acción de amparo en cuanto al
defecto fáctico, por las razones expuestas en la parte motiva.

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Accionantes: Juan Carlos Monsalve Toledo

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de
1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Salva voto

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
P(15)

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