Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00005-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00005-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-00005-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
24 de febrero de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00005-00
Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-00005-00
Demandante MAYERLIN OBANDO OBANDO Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales
y especiales de procedibilidad. Defecto orgánico. Violación
directa a la Constitución. Medio de control de reparación directa.
Privación injusta de la libertad. Razonabilidad de la medida de
aseguramiento.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Mayerlin Obando Obando y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 16 de diciembre de 20211, Mayerlin Obando Obando quien actúa en nombre
propio y en representación de su hija menor Xiomara García Obando, Luis Alberto
Cardona Bedoya, Beatriz Cardona Bedoya, Diana Patricia Cardona Bedoya, Julián
David Cardona Cardona y Andrés Fabián Cardona Cardona interpusieron acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por considerar vulnerado
su derecho fundamental al debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
En consecuencia, formularon la siguiente pretensión2:
“Solicito se proteja el derecho fundamental al debido proceso y a la presunción de inocencia,
el cual se encuentra siendo vulnerado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Víctor Alfonso García Bedoya fue capturado “en flagrancia” el 28 de
febrero de 2013 por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico y
porte de armas.
El Juzgado Tercero Penal con Funciones de Control de Garantías de Cartago
Valle del Cauca, el 1° de marzo de 2013, adelantó audiencia en la que legalizó
captura, avaló la formulación de imputación y decretó medida preventiva
intramural en centro carcelario del señor García Bedoya.
1 La acción de tutela se radicó a través de la plataforma tutela en línea de la Rama Judicial y fue el trámite fue
identificado con la radicación Nro. 645690.
2 Página 14 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Consultado a través del sistema de gestión judicial
del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
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Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
Posteriormente, el 8 de agosto de 2013, el Juzgado Segundo Penal del Circuito
de Cartago decretó la preclusión de la investigación en aplicación del principio
de in dubio pro reo, en razón a que el ente investigador no logró demostrar que
el señor García Bedoya fuera el autor de los delitos que se le imputaron.
También se ordenó la libertad inmediata del investigado.
Víctor Alfonso García Bedoya permaneció privado de su libertad desde el 28
de febrero hasta el 8 de agosto del año 2013.
Contra la decisión penal no se interpusieron recursos.
2.2. Mayerlin Obando Obando y otros promovieron medio de control de reparación
directa contra la Nación Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para
que se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial y, en
consecuencia, se les condenara al pago de indemnización con ocasión de los
perjuicios derivados de la privación de la libertad de la que fue objeto el señor
García Bedoya.
2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado
Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago (Valle del Cauca)
que, en sentencia del 18 de octubre de 2019, declaró la responsabilidad de las
entidades demandadas por la privación injusta de la libertad objeto de litigio.
Por lo anterior, las condenó al pago de los perjuicios morales causados a los
demandantes y al pago de las costas del proceso. El proceso fue identificado
con la radicación Nro. 76147-33-33-001-2015-00848-00/01.
En la parte motiva de la sentencia se explicó que el investigado en el proceso
penal fue privado de la libertad en virtud de imposición de medida de
aseguramiento y, posteriormente, absuelto por sentencia que declaró la
preclusión del proceso penal. Circunstancias debidamente probadas en el
proceso. Es por lo anterior que en aplicación del régimen objetivo de
responsabilidad debía condenarse a las entidades demandadas.
Las partes interpusieron recurso de apelación contra la decisión.
2.4. En sentencia del 31 de mayo de 2021, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca revocó la decisión de primera instancia para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión expuso que la medida de aseguramiento
estuvo debidamente sustentada conforme a los requisitos de los artículos 306
y 308 de la Ley 906 de 2004, dado que el juez con función de control de
garantías contaba con elementos materiales probatorios que le permitían
inferir que el investigado era partícipe de la conducta delictiva por la que fue
procesado, cumpliendo así con los requisitos legales requeridos para imponer
la medida privativa de la libertad.
En ese orden, concluyó que la decisión no evidencia discrecionalidad atribuible
al juzgador sino una decisión adoptada con apego a la ley y a la evidencia que
se aportó al proceso para justificar la medida.
La sentencia de segunda instancia fue notificada a las partes a través de
mensaje de datos enviado a sus correspondientes buzones electrónicos, el 28
de junio de 20213.
3 Documento denominado “10EjecutoriaOficioEnvío” que hace parte del expediente digitalizado del medio de
control de reparación directa Nro. 76147-33-33-001-2015-00848-00/01. Samai, índice 16.
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Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
3. Fundamentos de la acción
Los accionantes acusan que, el caso individual debe ser analizado en aplicación del
régimen objetivo de responsabilidad, el cual exige demostrar (i) la medida de
privación de libertad que soportó la víctima, (ii) que dicho proceso terminó con
providencia favorable a su inocencia y (iii) los daños derivados de la medida
preventiva, para emitir sentencia condenatoria en contra del Estado a quien le
correspondía indemnizar a los demandantes en el proceso de reparación directa
sub examine. Más aún considerando que el procesado no incurrió en ninguna
conducta inapropiada o irregular que pudiera catalogarse como la causa del daño
sufrido, en los términos del artículo 63 del Código Civil.
Derivado de lo anterior, reprochan y acusan como errada la tesis del tribunal
accionado que defiende la aplicación del régimen subjetivo para resolver la litis bajo
el título de imputación de falla en el servicio.
De ahí que consideren que la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca de revocar la decisión de condena de primera instancia vulneró los derechos
fundamentales de los demandantes al debido proceso y presunción de inocencia “al
declarar probada la presunta culpabilidad en los hechos que dieron origen a la demanda de
reparación directa, como causal exagerativa (sic) de responsabilidad patrimonial del Estado, no
obstante, está probado que fue absuelto penalmente por el funcionario judicial competente, en
sentencia ejecutoriada.”4
En el acápite de “Fundamentos legales y jurisprudenciales”, los demandantes
relacionaron apartes de la sentencia SU 363 de 2021, proferida por la Corte
Constitucional, con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 14 de enero de 2022, el despacho requirió a la parte accionante
para que (i) indicara cuales son las causales especiales de procedibilidad que
atribuye a la sentencia del 31 de mayo de 2021; y (ii) para que precisara si los
señores Xiomara García Obando y Julián David Cardona Cardona actuaban
como parte demandante en la acción de tutela.
4.2. La parte accionante aportó escrito de subsanación calendado del 21 de enero
de 2022, en el que expuso que la sentencia del 31 de mayo de 2021, comporta
defecto orgánico debido a que la autoridad judicial accionada asumió
competencias que no le correspondían al analizar la responsabilidad penal del
señor García Bedoya, y defecto por violación directa a la Constitución porque
la motivación de la sentencia desconoció el derecho al debido proceso y de
presunción de inocencia de los hoy accionantes.
También aclaró que Xiomara García Obando es menor de edad y está
representada en el proceso por su madre Mayerlín Obando Obando. Respecto
del señor Julián David Cardona Cardona explicó que por error involuntario se
omitió firmar la acción de tutela con su rúbrica, pero que se corregía la omisión
en este documento.
4.3. En auto del 28 de enero de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela que interpusieron Mayerlin Obando Obando quien actúa en nombre
propio y en representación de su hija menor Xiomara García Obando, Luis
Alberto Cardona Bedoya, Beatriz Cardona Bedoya, Diana Patricia Cardona
Bedoya, Julián David Cardona Cardona y Andrés Fabián Cardona Cardona,
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Página 4 de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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quienes actúan en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
Asimismo, ordenó notificar a las partes y vinculó, en calidad de terceros, a la
Nación, Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, quienes actuaron
como demandados en el proceso ordinario y al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cartago, autoridad que profirió el
fallo de primera instancia en el proceso de reparación directa Nro. 76147-33-
33-001-2015-00848-01.
4.4. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de abogada de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la entidad, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora
es retrotraer las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió
su trámite, lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela,
más aún cuando no se demuestra la vulneración de derecho fundamental
alguno.
Finalmente, destacó que de la providencia atacada se extracta que el juzgador
de la segunda instancia respetó en todo momento el derecho al debido proceso
de las partes y decidió el asunto conforme al marco jurídico aplicable y a la
valoración razonable de los medios de prueba. No aparece acreditado que el
Tribunal hubiese incurrido en defecto orgánico o violación directa a la
Constitución, pues ni siquiera se expusieron a la luz de las pruebas
pertinentes, los argumentos que soportaban tales acusaciones.
En palabras de la entidad:
“En el presente asunto no se acredita el defecto orgánico, toda vez que se observa que
la autoridad judicial que asumió la competencia dentro del proceso de reparación
directa, lo hizo en cumplimiento del principio constitucional de juez natural y del respeto
al debido proceso, es decir que el asunto ha sido tramitado por una autoridad judicial
que tiene la competencia para ello.
En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación encuentra que en el caso examinado
no se cumplen satisfactoriamente las condiciones constitucional y jurisprudencialmente
reconocidas para el ejercicio legítimo de la acción de tutela contra providencia judicial;
toda vez que se incumple en estos términos, el requisito de la acreditación del defecto
orgánico alegado como causal de procedencia de la tutela impugnada.
Por tal motivo, se concluye que el juez de tutela debe declarar la improcedencia de la
presente acción, por cuanto la parte actora no sustentó la configuración del presunto
defecto en el que habría incurrido la autoridad judicial accionada, a pesar de que tenía
la carga de la prueba.”5
4.5. El Juzgado Primero Administrativo de Cartago (Valle del Cauca), por
conducto del titular del despacho, resaltó que las acusaciones expuestas en el
escrito de tutela refieren a providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca. Lejos de atacar la sentencia de reparación
directa de primera instancia lo que buscan los accionantes es que se mantenga
la decisión de condena.
En esa línea, adujo que acogería la decisión que adopte el juez constitucional
frente al proceso de reparación directa sub examine.
Adicional a lo anterior, relacionó el enlace para acceder al expediente
digitalizado del proceso de reparación directa Nro. 76147-33-33-001-2015-
00848-00.
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Página 5 del informe de la Fiscalía General de la Nación. Samai, índice 17.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19916, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales7
y especiales8 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional9 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
En este caso están acreditados los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque (i) la acción de tutela se
presentó en un término razonable, dado que fue radicada el 16 de diciembre de
2021 y la sentencia que se acusa fue notificada el 28 de junio de ese mismo año;
(ii) en el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y en el escrito
de subsanación se explican los defectos de los que la parte actora considera que
6 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
7 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
8 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
9 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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adolece la providencia; (iii) contra la sentencia acusada no procede algún recurso
ordinario o extraordinario que permita la protección de los derechos que se estiman
desconocidos; (iv) la acción de amparo no se presenta contra una sentencia de
tutela; y (v) el caso comporta relevancia constitucional, porque se aduce la
vulneración de derechos fundamentales que tienen como presunta causa una
providencia judicial. Asimismo, y relativo al alegato de improcedencia de la Fiscalía
General de la Nación, no se observa que se tome la acción de tutela como una
instancia adicional, pues los cargos se dirigen, específicamente, contra la sentencia
de segunda instancia y no tiene por propósito prolongar la discusión sobre aspectos
ya resueltos por el juez natural.
Establecido lo anterior, corresponde a la Sala determinar si al proferir la sentencia
del 31 de mayo de 2021, en el marco del medio de reparación directa tramitado bajo
el radicado 76147-33-33-001-2015-00848-01, el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca incurrió en desconocimiento del derecho al debido proceso y presunción
de inocencia de los hoy accionantes.
4. Análisis del caso concreto
4.1. El estudio de la demanda de tutela y del escrito de subsanación arroja que la
inconformidad de los accionantes con la sentencia del 31 de junio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, se sustenta en tres
argumentos principales: (1) el caso concreto debió analizarse bajo el régimen
objetivo de responsabilidad. Escenario que conllevaría una decisión de
condena en tanto la parte demandante probó la privación de la libertad en
virtud de medida de aseguramiento y la posterior decisión penal absolutoria;
(2) el tribunal accionado usurpó la competencia del juez penal y desconoció la
sentencia absolutoria dictada en esa jurisdicción, al afirmar que el daño que
se pretende resarcir tuvo su causa en la conducta de la víctima (defecto
orgánico). En este punto solicitó la aplicación de la sentencia SU 363 de 2021
y de la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019; y (3) el tribunal violó
los derechos de los accionantes al debido proceso y presunción de inocencia,
porque se pronunció sobre un asunto penal ya resuelto por autoridad
competente en sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada (violación directa a
la Constitución).
4.2. Establecido lo anterior, la Sala se referirá en primera medida al alegato sobre
el régimen de responsabilidad a la luz del cual deben analizarse los eventos
de privación injusta de la libertad cuando en el curso del proceso penal se
impone medida de aseguramiento y, posteriormente, se profiere decisión
absolutoria.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia SU 072 de 2018, recordó,
acudiendo a la ratio de la sentencia C-037 de 1996, que los artículos 90 de la
Constitución Política de Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no definen un
régimen de imputación específico aplicable a los eventos de privación injusta
de la libertad. Es por lo anterior, que las altas corporaciones han aceptado que
sea el juez natural de la causa, en aplicación del principio iura novit curia y
conforme a las particularidades del caso concreto, quien establezca el régimen
de imputación a la luz del cual debe analizarse el caso puesto en su
consideración.
En esa medida, señaló el Tribunal Constitucional que definir una fórmula
rigurosa que exija la aplicación del régimen objetivo de responsabilidad en
todos los casos en los que el ente investigador no logró desvirtuar la
presunción de inocencia del investigado, prescindiendo en cualquier caso del
análisis de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida,
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Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
desconoce el precedente constitucional establecido en la sentencia C-037 de
1996.
Establecido este marco jurídico, se observa que en la sentencia censurada el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca contiene un capítulo denominado
“4. Marco normativo” en el cual expone que la responsabilidad extracontractual
del Estado tiene fundamento en el artículo 90 constitucional. Acto seguido se
refiere al desarrollo de la jurisprudencia contenciosa sobre los títulos de
imputación, concentrándose en aquellos que se han utilizado para estudiar los
eventos de privación injusta de la libertad.
Relativo a este último asunto, analizó las sentencias SU 072 de la Corte
Constitucional y la sentencia del 8 de mayo de 201910, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en las que se
comparte que “(…) tratándose de privación injusta de la libertad, no se determina un
régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. No obstante, cualquiera sea el que se
aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y
proporcionada.”11
Dado este marco normativo, el tribunal accionado expuso lo siguiente:
“Cuando la absolución de se da por aplicación del principio universal de in dubio pro reo
la injusticia de la medida privativa de la libertad, no puede ser estudiada bajo un régimen
objetivo de responsabilidad de daño especial, porque se corre el riesgo de imponer una
condena automática al Estado y, ese no es el correcto entendimiento del artículo 90 de
la Constitución Política. El título de imputación aplicable en esos eventos siguiendo los
actuales lineamientos jurisprudenciales, es la falla del servicio, que exige demostrar que
la medida haya sido desproporcionada o irrazonable. Empero, en el proceso no
aparecen pruebas que permitan inferir que, la medida de aseguramiento impuesta al
accionante, pueda catalogarse de ese modo.
[…]
Lo cual se traduce en que, la medida cautelar restrictiva de la libertad impuesta al señor
Víctor Alfonso, mirada con el prisma del régimen subjetivo de la responsabilidad de falla
del servicio, no resulta ni irrazonable, ni ilegal, ni desproporcionada, tal como así lo
exige el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, para poder imputar la responsabilidad
patrimonial del Estado por su detención o por lo menos así no quedó demostrado dentro
del expediente de la referencia.
El fundamento jurídico de la demanda y de la sentencia de primera instancia se cimentó
en que el daño deviene en atribuible a los entes demandados bajo un régimen objetivo
de responsabilidad, porque el proceso penal terminó por aplicación del principio
universal de in dubio pro reo.
Esta Sala de Decisión, no discute que por vía jurisprudencial se venía sosteniendo que
con tan sólo demostrar que una persona fue privada de la libertad y luego absuelta por
duda razonable, el daño resultaba imputable al Estado, en tanto no se logró desvirtuar
la presunción de inocencia, máxime cuando se compromete un derecho fundamental
como es la libertad.
Pero esa línea de pensamiento cambió con la expedición de la sentencia SU-072 de
2018, la cual definió que, resulta abiertamente injusto e inequitativo condenar al Estado
por el solo hecho de que el actor haya terminado absuelto por aplicación del principio in
dubio pro reo.
Es por ello que, a partir de esta providencia en mención no basta con acreditar la causal
de absolución, sino además que la Fiscalía General de la Nación o la Rama Judicial al
momento de la imposición de la medida de aseguramiento, hayan incurrido en una falla
del servicio. Empero, cómo quedó visto, tanto la Fiscalía General de la Nación como la
Rama Judicial, a la hora de imponer la medida de aseguramiento cumplieron con todas
10 Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00274-01 (52188) C.P. María Adriana Marín.
11 Página 10 de la sentencia de 31 de mayo de 2021. Archivo denominado “09SentenciaSegundaInstancia”
dentro del expediente digitalizado del proceso de reparación directa Nro. 76147-33-33-001-2015-00848-01.
Samai, índice 13.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00005-00
Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
las exigencias formales y materiales que exige la normatividad penal para poder
restringir en debida forma el derecho a la libertad.” 12 (Sic para toda la cita)
4.3. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso concreto el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca cumplió con el deber de motivar su
sentencia en relación con el régimen de responsabilidad que estimaba era el
aplicable para resolver el litigio. En la providencia censurada, como se dejó
visto, se expusieron las razones por las que se prefirió el régimen subjetivo de
responsabilidad bajo el título de imputación de falla en el servicio, sobre el
régimen objetivo. Análisis que se fundamentó en las particularidades del caso
individual y en el marco jurídico pertinente.
En relación con el marco jurídico, se expusieron los fundamentos legales
adecuados (artículo 90 C.P. y 68 de la LEAJ) y las reglas de decisión vigentes
para eventos de privación injusta de la libertad que están determinadas, entre
otras, por las sentencias SU 072 de 2018 y C 037 de 1996.
Conforme a lo expuesto, se tiene que la aplicación para el caso concreto del
régimen subjetivo de responsabilidad atiende a (i) las reglas establecidas por
la jurisprudencia constitucional y contenciosa vigente y aplicable al caso
concreto; (ii) a la aplicación razonable y motivado del principio iura novit curia;
y (iii) a la debida consideración de las particularidades del caso concreto.
Luego, esta determinación no comporta la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte demandante.
4.4. Ahora, los cargos 2 y 3 de la acción de tutela enmarcados por el accionante
en lo que denominaron defecto orgánico y violación directa a la Constitución
coinciden en cuestionar que el juzgador de segunda instancia concentrara su
análisis en cuestiones que ya fueron decididas por el juez penal, dado que
implica usurpar competencias e ignorar los efectos de las providencias
proferidas en la jurisdicción penal. Como fundamento de sus acusaciones
relacionaron la sentencia SU 363 de 2021 proferida por la Corte
Constitucional13 y la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, el 15 de noviembre de 201914.
La Sala descarta la prosperidad de las anteriores acusaciones, principalmente,
por tres razones. La primera es que la motivación de la sentencia acusada no
refiere como lo indican los accionantes en la demanda al análisis del hecho de
la víctima como eximente de responsabilidad del Estado. Por el contrario, el
Tribunal se concentró en el análisis de la razonabilidad de la medida de
aseguramiento solicitada por el ente investigador e impuesta por el juez penal
con funciones de control de garantías. Este análisis se realizó a través de la
consideración de los presupuestos de la medida cautelar, como lo son la
legalidad, la razonabilidad y la necesidad de la detención preventiva. En esa
vía es clara la impertinencia del alegato relativo a la usurpación de la
competencia del juez penal por el indebido análisis del comportamiento de la
víctima.
Relativo al análisis de la falla en el servicio, el Tribunal expuso lo siguiente:
12 Página 6, 13 y 14 de la sentencia de 31 de mayo de 2021. Archivo denominado
“09SentenciaSegundaInstancia” dentro del expediente digitalizado del proceso de reparación directa Nro.
76147-33-33-001-2015-00848-01. Samai, índice 13.
13 Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos. Al momento de proferir este fallo no se había publicado el
texto de la sentencia, pero las principales razones que la sustentan se encuentran en el comunicado de
prensa 39 del 22 de octubre de 2021.
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia de
tutela con radicación 11001031500020190016901. M.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00005-00
Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
“Por último, accedió a imponer la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía
General de la Nación, basado en un requisito objetivo consistente en que el delito
imputado trae una pena mínima superior a los 4 años, de conformidad con el artículo
313 numeral segundo de la Ley 906 de 2004 y con soporte en un requisito subjetivo
condensado en el numeral 2º del artículo 308 Ibidem, en tanto constituyen un peligro
para la comunidad; decisión que no fue recurrida por la apoderada de los imputados y
por tanto quedó en firme.
La medida de aseguramiento se apuntaló en los siguientes elementos materiales
probatorios: i) Informe de policía en casos de captura en flagrancia, ii) informe de
investigador de laboratorio del arma de fuego y de la munición y ii) el acta de incautación
de los elementos bélicos.
[…]
Además, el señor Víctor Alfonso en principio constituía un peligro para la comunidad
porque el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego se encuentra
dentro del capítulo II del Código Penal titulado como “DE LOS DELITOS DE PELIGRO
COMUN O QUE PUEDEN OCASIONAR GRAVE PERJUICIO PARA LA COMUNIDAD
Y OTRAS INFRACCIONES”
Es decir, estaban reunidos los presupuestos subjetivos previstos en el artículo 308 de
la Ley 906 de 2004, para cubrir con medida de aseguramiento al señor Víctor Alfonso
García Bedoya.
[…]
En resumen: las razones que llevaron al Juez de control de garantías a imponer la
medida de aseguramiento en contra del señor Víctor Alfonso García Bedoya fueron: i)
el delito de tráfico, fabricación, porte o tenencias de armas de fuego, comporta como
pena principal la pena privativa de la libertad ii) La pena mínima de ese delito es superior
a 4 años. iii) Los elementos materiales probatorios y evidencia física recopilados por
parte de la Fiscalía General de la Nación, permitían inferir razonablemente que el actor
pudo ser participe en la conducta investigada y; iv) en principio, constituía un peligro
para la comunidad porque portaba un arma de fuego.
De allí que, pueda afirmarse que el juez de control de garantías satisfizo los requisitos
legales necesarios para imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva,
porque se sujetó a las exigencias formales y materiales que la disposición arriba
transcrita prescribe.
Lo cual se traduce en que, la medida cautelar restrictiva de la libertad impuesta al señor
Víctor Alfonso, mirada con el prisma del régimen subjetivo de la responsabilidad de falla
del servicio, no resulta ni irrazonable, ni ilegal, ni desproporcionada, tal como así lo
exige el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, para poder imputar la responsabilidad
patrimonial del Estado por su detención o por lo menos así no quedó demostrado dentro
del expediente de la referencia.”15
Los extractos citados de la sentencia son útiles también para evidenciar, como
segundo argumento para desestimar los alegatos de los accionantes, que el
fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019 proferido por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado no se erige como antecedente para
resolver el caso concreto por una razón de falta de pertinencia.
Recuérdese que las reglas creadas en esta sentencia de tutela refieren, en lo
primordial, a los presupuestos de análisis de la eximente de responsabilidad
del Estado del hecho de la víctima en casos de privación injusta de la libertad,
pero en el asunto que se analiza la sentencia que negó las pretensiones de la
demanda de reparación directa se fundamentó, principalmente, en que la
medida de aseguramiento había reunido los requisitos exigidos en los artículos
308 y siguientes de la Ley 906 de 2004. Y en todo caso, el Tribunal acogió el
precedente que estimó aplicable al caso, como fueron las sentencias de la
Corte Constitucional y las de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
dictadas en procesos ordinarios.
15
Óp. Cit. 13.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00005-00
Demandante: Mayerlin Obando Obando y otros
Finalmente, como tercer argumento, esta Sala resalta que la sentencia SU 363
de 2021, anunciada por la Corte Constitucional en comunicado Nro. 39 del 22
de octubre de 2021, no constituye antecedente vigente y vinculante para el
tribunal accionado en aras de resolver el caso concreto, en razón a que esta
providencia no se había proferido al momento en que se decidió en la segunda
instancia la demanda de reparación directa sub examine.
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas en la acción de
tutela al considerar que la sentencia del 31 de mayo de 2021 no involucra una
vulneración de los derechos al debido proceso y presunción de inocencia de los
accionantes. También se descarta la configuración en la sentencia del defecto
orgánico y de violación directa a la Constitución.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Mayerlin Obando
Obando quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor
Xiomara García Obando, Luis Alberto Cardona Bedoya, Beatriz Cardona
Bedoya, Diana Patricia Cardona Bedoya, Julián David Cardona Cardona y
Andrés Fabián Cardona Cardona, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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