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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00274-01

Caducidad de la acción de reparación directa

Fecha
8 de mayo de 2019
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
6 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2012-00274-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 20 de junio de 2014, por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: SIN condena en costas TERCERO: En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 76001-23-31-000-2012-00274-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

8 de mayo de 2019

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa. Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad. NOTA DE RELATORÍA: En relación con el conteo del término de caducidad de la acción de reparación directa en eventos de privación injusta de la libertad, ver sentencia de 14 de febrero de 2002, Exp. 13622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 21801, M.P. Hernán Andrade Rincón.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 44

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA / EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

[N]o basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica tres pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. (…) [E]l juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991. Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse la culpa exclusiva de la víctima. NOTA DE RELATORÍA: El criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, en relación con los presupuestos para la configuración de responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad fue modificado recientemente en sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, Exp. 46947, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Igualmente ver la sentencia de unificación de la Corte Constitucional SU 072 de 2018, la cual guarda relación con las consideraciones hechas en la citada sentencia del Consejo de Estado.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 / DECRETO LEY 2700 DE 1991 - ARTÍCULO 414

DERECHO A LA LIBERTAD / LIMITACIÓN LEGÍTIMA DEL DERECHO A LA LIBERTAD / PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / ORDEN DE CAPTURA PARA INDAGATORIA / LEGALIDAD DE LA CAPTURA / FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN / PENA / DETENCIÓN PREVENTIVA / PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD / PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD DEL PODER PUNITIVO

[L]a libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente principal de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo la reconoce de manera principalísima como un principio. Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias. Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado encuentra otro límite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular la medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible.

CRITERIOS DEL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD

[L]as sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90

FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / FACULTADES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ETAPAS DEL PROCESO PENAL / ETAPA DE INVESTIGACIÓN / ACUSACIÓN / JUZGAMIENTO / ETAPA DEL JUICIO ORAL / PROCEDENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA / REQUISITOS DE LA ORDEN DE CAPTURA / PROCEDENCIA DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / IMPOSICIÓN DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / REQUISITOS DE LA DETENCIÓN PREVENTIVA / FACULTADES DEL JUEZ DE CONTROL DE GARANTÍAS / HOMICIDIO AGRAVADO / INEXISTENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

El presente caso está gobernado por la Ley 906 de 2004, con la expedición de dicha ley -Código de Procedimiento Penal- el legislador articuló el proceso penal de tal manera que buscó fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, e instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar dentro de la acción penal, por lo que, suprimió del ente investigador -Fiscalía- la facultad jurisdiccional, la cual venía ejerciendo por disposición de los antiguos Códigos de Procedimiento Penal -Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000-. El artículo 297 de la Ley 906 de 2004 señala que para “la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados”, decisión que, de manera excepcional, podrá ser adoptada por la Fiscalía General de la Nación, en los términos previstos en el artículo 300 del mismo ordenamiento. A su vez, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal establece que los jueces penales con funciones de control de garantías se encuentran facultados para resolver, a petición del ente acusador o de la víctima, sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento. Si bien la detención preventiva requiere de una petición previa del ente acusador o de la víctima, no es menos cierto que tal presupuesto no puede considerarse como la causa exclusiva y determinante de la privación de la libertad, porque carecen de la suficiencia para afectar este derecho, pues para esto se requiere de un mandato judicial proferido por el Juez de Control de Garantías, autoridad a la que le corresponde: i) valorar la evidencia física o los elementos materiales probatorios aportados por el solicitante y, ii) verificar si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la Ley 906 de 2004. (…) [E]l artículo 308 de la referida normativa procesal penal estableció que el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado pudo ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga. (…) [L]a Sala encuentra que el delito que le fue atribuido al demandante principal fue el de homicidio agravado, previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley 599 de 2000, el cual contemplaba una pena cuyo mínimo excedía de cuatro (4) años de prisión, circunstancia que permite interpretar como legal la solicitud de la medida restrictiva de la libertad, de conformidad con el precitado artículo 313 del C.P.P.

FUENTE FORMAL: LEY 906 DE 2004 - ARTÍCULOS 297 Y 308 / LEY 600 DE 2000 / LEY 599 DE 2000 - ARTÍCULOS 106 Y 107

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 76001-23-31-000-2012-00274-01(52188)

Actor: ALEXANDER MUÑOZ VALLEJO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / absolución de responsabilidad penal porque la conducta no fue cometida por el procesado - RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD - Análisis de la falla en el servicio / proceso penal tramitado en vigencia de la Ley 906 de 2004 / IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO - Rama Judicial - Jueces de Control de Garantías / La solicitud y decreto de la medida de aseguramiento fue legal, razonable y proporcional.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 20 de junio de 2014, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Cuarta de Decisión, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación–Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación por la privación de la libertad que padeció el señor Alexander Muñoz Vallejo, con ocasión de la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, los cuales se le imputaron en virtud del asesinato del señor Carlos Alberto Torres Agudelo cometido el 12 de julio de 2008, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.

En fase de juicio oral, la Fiscalía General de la Nación solicitó la preclusión de la investigación por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del acusado ante el homicidio del testigo principal y el desistimiento de otra deponente por amenazas de muerte. El Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, mediante providencia del 25 de marzo de 2010, accedió a esa solicitud y ordenó la libertad inmediata del sindicado.

ANTECEDENTES

1. La demanda

En escrito presentado el 6 de marzo de 2012 (f. 37-54, c.1), los señores Alexander Muñoz Vallejo, Erika Ortega Hincapié en nombre propio y en representación de sus hijos menores de edad Camila Muñoz Ortega y Nicolás Ortega Hincapié, Juan Carlos Muñoz Vallejo y Rubén Andrés Muñoz Vallejo, por conducto de apoderado judicial (f. 1-4, c.1), interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación-, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con motivo de la supuesta privación injusta de la libertad que soportó el primero de los mencionados entre el 29 de abril de 2009 y el 25 de marzo de 2010.

Los demandantes solicitaron que se efectuaran, en resumen, las siguientes declaraciones y condenas:

2.1. Declárese a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial, administrativamente responsables de la totalidad de los perjuicios morales y materiales ocasionados a nuestros poderdantes por la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor Alexander Muñoz Vallejo, acusado del injusto de homicidio agravado (artículos 103 y 104 inciso 7 Código Penal) en concurso con el de porte ilegal de armas (artículo 365 del Código Penal), en hechos ocurridos desde el día 29 de abril de 2009 hasta el día 25 de marzo de 2010, fecha en la cual le fue otorgada la libertad, detención que se prolongó por espacio de 11 meses.

2.2. Condenar como consecuencia de la declaración anterior a la Nación-Fiscalía General de la Nación y a la Nación-Rama Judicial, a pagar a mis poderdantes, el monto actualizado de los siguientes valores:

2.2.1. Lucro cesante

El señor Alexander Muñoz Vallejo, al momento de su detención, se dedicaba al comercio de zapatillas de marca y ropa para dama, caballero y niño, percibiendo ingresos mensuales de dos millones de pesos ($2.000.000) (…) perjuicio que estimo en la suma de veintidós millones de pesos ($22.000.000), la cual deberá ser indexada, teniendo en cuenta que estuvo privado de la libertad por espacio de 10 meses y 25 días.

2.2.1.2. Daño emergente o perjuicios patrimoniales directos

Los gastos correspondientes a la prestación de los servicios profesionales de abogado que lo asistió durante el proceso penal, la manutención que tuvo que asumir su núcleo familiar durante el lapso de tiempo de la injusta preclusión, los costos de servicios públicos, transportes y pago de seguridad social para su núcleo familiar durante el lapso de tiempo de la injusta reclusión, los cuales estimo en doce millones de pesos ($12.000.000).

2.2.1.3. Daño en la vida de relación

La Nación colombiana por intermedio de la: Fiscalía General de la Nación y la Nación-Rama Judicial, deberán reconocerle al señor Alexander Muñoz Vallejo o a quien su derecho represente al momento del fallo la cantidad de trescientos salarios mínimos legales mensuales vigentes (300) o más según se pruebe en el proceso por concepto de daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que como consecuencia de la privación injusta, se generaron padecimientos físicos, morales, injustamente soportados, así como las secuelas físicas debido a la regular alimentación y al encierro, de igual forma la dolencia psicológica y del alma que presenta en la actualidad, padeciendo un daño permanente psicológico de miedo, y de relación con el entorno (social o de goce), pues ha perdido totalmente la confianza en sus dirigentes, la justicia y la sociedad (…).

2.2.2. Por Perjuicios Morales

De acuerdo con la prueba documental que se anexa en la presente solicitud, así como por cercanías afectivas, relación de convivencia, ayuda mutua y familiaridad existente entre el privado injustamente de la libertad y los actores, relación que se desprende del parentesco, pero que también se establecerá en las declaraciones testimoniales que se solicitan en el acápite de pruebas de esta demanda (…)

• Trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el señor Alexander Muñoz Vallejo.
• Doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Erika Ortega Hincapié, compañera permanente del señor Alexander Muñoz Vallejo.
• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para los menores Camila Muñoz Ortega y Nicolás Ortega Hincapié, la primera hija producto de la unión con la señora Erika Ortega Hincapié y el segundo hijo de esta última, quien identifica al señor Alexander Muñoz Vallejo como su padre dado al afecto y manutención que le ha brindado desde sus primeros años de vida ya que nunca fue reconocido por su padre biológico.
• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Juan Carlos Muñoz Vallejo, hermano del señor Alexander Muñoz Vallejo.
• Cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes para Rubén Andrés Muñoz Vallejo, hermano del señor Alexander Muñoz Vallejo.

La reparación integral y equitativa de este daño, deberá sujetarse a lo señalado en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y en reciente jurisprudencia del Consejo de Estado (…).

2.3. Condenar a las entidades demandadas al pago de todos los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que resulten demostrados.

2.4. Todo pago se imputará primero a intereses y se tendrá en cuenta el contenido de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, artículo 1517 del Código Civil y se reconocerán los intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria de la sentencia hasta que se dé cumplimiento a la misma.
Como fundamentos fácticos de la demanda se narraron los siguientes acontecimientos por la parte accionante:

El 28 de abril de 2009 fue capturado el señor Alexander Muñoz Vallejo, con base en una orden expedida por el Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, Valle del Cauca. Al día siguiente, dicho procedimiento fue legalizado por el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Villagarzón, Putumayo. En la misma fecha y ante tal despacho judicial, la Fiscalía le formuló imputación por los punibles de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego, con ocasión de la muerte violenta del señor Carlos Alberto Gómez Agudelo, materializada en hechos acaecidos el 12 de julio de 2008 en la ciudad de Cali.

Ante tal señalamiento, el procesado no aceptó los cargos, por lo que el ente investigador solicitó que se le impusiera medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro carcelario. La referida petición fue acogida por el juez de control de garantías, por lo que se ordenó el traslado del señor Alexander Muñoz Vallejo a la cárcel de Mocoa, Putumayo.

El 2 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación por los mismos injustos ante el Juzgado 13 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Cali. El día 16 siguiente se surtió la audiencia preparatoria en el mismo despacho judicial.

En audiencia de juicio oral llevada a cabo el 25 de marzo de 2010, ante el Juzgado 13 Penal del Circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Cali, se profirió auto interlocutorio, sin que contra este se interpusiera recurso alguno, por medio del cual se decretó la preclusión de la investigación, de acuerdo con lo dispuesto al artículo 332 numerales 1 y 6 del Código de Procedimiento Penal, por cuanto la Fiscalía General de la Nación no pudo desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. En consecuencia, se ordenó liberar en forma inmediata al señor Muñoz Vallejo.

Durante el trámite de la referida audiencia, el Ministerio Público puso de presente que el Estado omitió proteger a los testigos y hacer todo lo posible para que estos comparecieran a juicio. Hizo énfasis en que la Fiscalía conocía desde el 2 de septiembre de 2009 que la madre de la víctima del homicidio no iba a declarar en el proceso y que el testigo directo de los hechos había sido asesinado; sin embargo, tal entidad no hizo nada para hacer cesar la privación de la libertad del señor Alexander Muñoz Vallejo, la cual se prolongó hasta el 25 de marzo de 2010.

La restricción del derecho a la libertad privó al ciudadano Muñoz Vallejo de seguir adelantando la actividad de vendedor de calzado, labor que desempeñó hasta el 28 de abril de 2009, día de la captura.

Finalmente, el 21 de noviembre de 2010, el accionante principal fue retenido por miembros de la Policía Nacional durante más de 24 horas, hasta que se verificó que sobre el señor Alexander Muñoz Vallejo no pesaba orden de captura alguna. Dicha situación, según el actor, configuró una nueva privación injusta de su libertad.

2. Trámite en primera instancia

La demanda fue admitida mediante providencia del 30 de marzo de 2012, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca (f. 63-64, c. 1). El inicio del trámite procesal se notificó en debida forma al Ministerio Público (f. 64 reverso, c. 1) y a las entidades demandadas (f. 68-69, c. 1), por lo que se fijó en lista el 3 de septiembre de 2012 (f. 71 reverso, c. 1).

La Nación-Rama Judicial contestó la demanda dentro del término habilitado para ello, se opuso a la prosperidad de las pretensiones y formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva, “inexistencia de perjuicios” y la genérica (f. 77-83, c. 1).

Al respecto, señaló que no existió falla en el servicio, toda vez que tanto la Fiscalía General de la Nación, al solicitar la preclusión, como el juez de conocimiento al aceptarla, se habían apegado estrictamente a los parámetros legales vigentes. En similar sentido, expuso que, al haberse respetado el sistema procesal penal y sus normas rectoras, era claro que el asociado demandante tenía el deber de soportar la carga pública que implicaba comparecer ante la administración de justicia.

En segundo lugar, estimó que, al declararse la preclusión de la investigación por “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, resultaba evidente que el régimen de imputación aplicable era el subjetivo, por cuanto tal causal de exoneración de responsabilidad penal no se encontraba dentro de los tres supuestos contenidos en el antiguo artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, eventos en los cuales, según el Consejo de Estado, habría lugar a aplicar el régimen objetivo de responsabilidad de la administración.

Finalmente, argumentó que la Fiscalía General de la Nación tiene autonomía presupuestal y administrativa, por lo cual, de encontrarse responsable al Estado, era aquella la que debía responder con su propio peculio, pues la Rama Judicial solo se limitó a aceptar la solicitud de preclusión emanada del ente acusador.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación dio contestación a la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal, en la cual se opuso a las pretensiones formuladas y propuso las excepciones de “culpa exclusiva de la víctima” y la innominada (f. 94-101, c. 1).

Como razones de su defensa manifestó, en primer lugar, que se materializó el eximente de responsabilidad denominado hecho exclusivo y determinante de la víctima, toda vez que esta omitió el deber de interponer los recursos de ley en contra de la providencia que ordenó la medida de aseguramiento de detención preventiva, tal como lo disponía el artículo 70 de la Ley 270 de 1996.

En segundo término, arguyó que la solicitud de medida de aseguramiento había cumplido con todos los requisitos normativos y, por ende, no se había incurrido en falla alguna por parte del ente investigador.

Mediante providencia del 23 de noviembre de 2012 (f. 103-104, c. 1), el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas y por medio de auto del 21 de agosto de 2013, notificado por estado del día 6 de septiembre del mismo año (f. 112, c. 1), dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

En esta oportunidad, la Nación-Fiscalía General de la Nación (f. 113-121, c. 1) argumentó que la decisión de privar de la libertad al accionante principal fue tomada por el juez de control de garantías y no por el ente acusador, razón que impedía endilgarle responsabilidad alguna ante una evidente falta de legitimación en la causa por pasiva.

Por su parte, el extremo demandante, luego de realizar un recuento del material probatorio practicado a lo largo del proceso, manifestó que estaban acreditados todos los elementos que la jurisprudencia del Consejo de Estado había desarrollado en relación con la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, así como los perjuicios que se produjeron como consecuencia de la misma, motivo por el cual debía accederse a todas las pretensiones elevadas por el señor Alexander Muñoz Vallejo y su grupo familiar (130-134, c. 1).

En lo concerniente a la Nación-Rama Judicial, esta reiteró los argumentos expuestos en la contestación al libelo introductorio (f. 135-136, c. 1).

En esa oportunidad el Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Cuarta de Decisión, mediante sentencia de 20 de junio de 2014, notificada por edicto desfijado el 9 de julio del mismo año (f. 222, c. ppl.), denegó las pretensiones de la demanda bajo un análisis de responsabilidad subjetiva (f. 156-189, c. ppl.).

Al respecto, el a quo consideró que la jurisprudencia constitucional era clara al interpretar el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, pues sostenía que el régimen de responsabilidad por privación injusta de la libertad debía ser de carácter subjetivo, por cuanto, solo se abriría paso una sanción al Estado, si la actuación examinada fue abiertamente desproporcionada o violatoria de los procedimientos legales.

En lo atinente al caso concreto, manifestó que la Fiscalía General de la Nación y el juez de control de garantías no habían incurrido en falla del servicio alguna al momento de solicitar e imponer la medida restrictiva de la libertad, respectivamente, en razón a que se cumplieron para ello todos los requisitos del ordenamiento procesal penal, como lo eran: (i) que se contara con elemento material probatorio que relacionara al imputado con el crimen, el cual se cumplió con la declaración de Sebastián Gómez Agudelo quien señaló al hoy demandante como autor del hecho; (ii) que el procesado constituyera un peligro para la sociedad o para las víctimas, -lo cual se acreditó con las amenazas que denunció el testigo directo de los hechos- y, (iii) que el delito fuera investigable de oficio y tuviera una pena mínima mayor a 4 años de prisión.

Asimismo, estimó que la Nación-Rama Judicial tampoco cometió ningún yerro, toda vez que la decisión de preclusión era inevitable ante la ausencia total de pruebas en contra del señor Alexander Muñoz Vallejo. Lo anterior, como consecuencia del homicidio del señor Sebastián Gómez Agudelo, testigo principal y hermano de la víctima primigenia del reato y la no comparecencia de la madre de los occisos por temor a represalias en su contra.

En conclusión, el Tribunal consideró que la privación de la libertad reclamada no tenía el carácter de injusta, ya que la imposición de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva fue resultado de la confluencia de los requisitos consagrados en el estatuto procesal penal de 2004.

4. El recurso de apelación

La parte demandante presentó recurso de alzada contra la sentencia de primera instancia. Solicitó que se revocara dicho proveído y que, en su lugar, se accediera a la totalidad de las pretensiones elevadas (f. 201-220, c. ppl.).

En primer lugar, resaltó que en el plenario no obraban pruebas que acreditaran que la señora María Dioselina Agudelo, madre de la persona asesinada por la cual se inició la investigación en contra del señor Alexander Muñoz Vallejo, hubiera sido víctima de amenazas que le impidieran declarar en juicio. De igual forma, sostuvo que tampoco se probó que la muerte del testigo Sebastián Gómez Agudelo fuera producto de las supuestas amenazas recibidas en el marco del proceso penal que dio origen a la privación de la libertad objeto de disputa.

En segundo término, afirmó que no era cierto que se cumplieran todos los requisitos legales para la imposición de medida de aseguramiento en contra del actor principal, puesto que no existían pruebas que lo relacionaran con el hecho delictivo y mucho menos que acreditaran que era un peligro para la sociedad, tanto así que en todas las audiencias se declaró inocente de los cargos endilgados en su contra y, al final, ello fue reafirmado con la declaratoria de preclusión de la investigación.

Como tercer y cuarto argumento, el extremo recurrente cuestionó que el a quo no hubiere efectuado valoración probatoria alguna relacionada con la acreditación de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad del señor Muñoz Vallejo y que empleara un régimen de responsabilidad subjetivo, desconociendo los parámetros establecidos para tópicos como el examinado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

Finalmente, el apelante efectuó el recuento del material probatorio practicado a lo largo de la controversia con el fin de soportar la existencia del daño, los perjuicios y la imputación a las entidades demandadas, derivada de la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al accionante principal.

La impugnación fue concedida en el efecto suspensivo por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de auto de 25 de julio de 2014 (f. 223, c. ppl.).

5. El trámite en segunda instancia

El recurso fue admitido por esta Corporación el 24 de octubre de 2014 (f 227-228, c. ppl.). Posteriormente, por intermedio de providencia del 4 de diciembre de ese mismo año (f. 230, c. ppl.), notificada por medio de estado del 14 de enero de 2015, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto, si lo consideraba pertinente.

En esta oportunidad, la Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos expuestos a lo largo de la presente acción, atinentes a la ausencia de cualquier ilegalidad en su conducta. Insistió en que la medida adoptada cumplió con todos los parámetros exigidos por el estatuto procesal penal de 2004 (f. 231-244. c. ppl).

De igual forma, hizo énfasis en que la decisión de dictar medida de aseguramiento en contra del señor Alexander Muñoz Vallejo fue tomada, bajo el nuevo esquema de la Ley 906 de 2004, en forma exclusiva por un juez de control de garantías y no por el ente acusador, lo que implicaba que la legitimación en la causa por pasiva solo pudiera recaer, eventualmente, sobre la Rama Judicial.

La Nación–Rama Judicial, la parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio en esa etapa procesal, tal como se plasmó en la constancia secretarial obrante en el folio 263 del cuaderno principal.

Por medio de proveído de 16 de agosto de 2018 (f. 284, c. ppl.), la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación decretó como prueba de oficio, entre otras, la incorporación al plenario del material audiovisual contentivo de la audiencia de juicio oral surtida el 25 de marzo de 2010, ante el Juzgado Trece Penal del Circuito con función de Conocimiento de Cali, en el marco de la cual se decretó la preclusión de la investigación en favor del señor Alexander Muñoz Vallejo.

En cumplimiento de dicha determinación, la Secretaría de la Sección Tercera del Consejo de Estado ofició a la unidad judicial en mención para que remitiera la prueba documental requerida (f. 285, 288, 376 y 377, c. ppl.). Al respecto, el referido juzgado comunicó a esta Corporación que no contaban con el contenido de la audiencia celebrada el 25 de marzo de 2010 ni con backup o copia de seguridad de la misma, por lo que se limitó a enviar una copia del acta levantada luego de surtida dicha diligencia (f. 378-379, c. ppl.).

El 11 de enero de 2019, en cumplimiento de lo prescrito por la Sala de Subsección, el despacho sustanciador del litigio ordenó a la parte demandante que allegara al expediente, de tenerlo en su poder, copia del CD donde se registró la audiencia de juicio oral celebrada el 25 de marzo de 2010 (f. 388, c. ppl.). Sin embargo, el extremo actor guardó silencio (f. 390, c. ppl.).

II. CONSIDERACIONES

1. Prelación de fallo

La Sala decide el presente caso en virtud del acta Nº 10 del 25 de abril de 2013, en la cual la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó que los eventos de privación injusta de la libertad podrán fallarse por las Subsecciones, sin sujeción al turno respectivo, pero respetando el año de ingreso al Consejo de Estado.

2. Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Cuarta de Decisión, el 20 de junio de 2014, habida cuenta de que, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y la interpretación de la Sala Plena del Consejo de Estado en auto de 9 de septiembre de 2008, la competencia para conocer de las acciones de reparación directa que se instauren por error jurisdiccional, privación injusta de la libertad o defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, se encuentra radicada en los Tribunales Administrativos en primera instancia y en el Consejo de Estado en segunda instancia, sin consideración a la cuantía del proceso.

3. El ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, de la omisión, de la operación administrativa o de la ocupación permanente o temporal de inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa.

Tratándose de acciones de reparación directa por la privación injusta de la libertad, la jurisprudencia reiterada de esta Sección del Consejo de Estado ha considerado que el término de caducidad se empieza a contar a partir del día siguiente a la ejecutoria de la providencia que precluyó la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, momento a partir del cual se configura el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad.

En el proceso obra copia del acta de audiencia de juicio oral del 25 de marzo de 2010, celebrada en el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, en la que se precluyó la investigación penal a favor del señor Alexander Muñoz Vallejo (f. 27-28, c. 1), por lo que, al haberse presentado la demanda el 6 de marzo de 2012, resulta que la acción se ejercitó dentro del término bienal previsto para ello.

4. La legitimación en la causa

El demandante Alexander Muñoz Vallejo fue la víctima directa del daño alegado, esto es, la persona privada de la libertad; la señora Erika Ortega Hincapié afirmó ser la compañera permanente del primero; la menor Camila Muñoz Ortega compareció al proceso como hija biológica del actor principal; el menor Nicolás Ortega Hincapié, se presentó al litigio como hijo de crianza del investigado penalmente; y, los señores Juan Carlos y Rubén Andrés Muñoz Vallejo, afirmaron ser hermanos de señor Alexander Muñoz Vallejo, de donde se infiere que todos tendrían un interés para solicitar la indemnización por los perjuicios supuestamente causados, por tanto, se concluye que cuentan con legitimación formal en la causa por activa.

Respecto de la legitimación formal en la causa por pasiva, se verifica que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones adelantadas por la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación- las cuales se acusan de ser las causantes de los perjuicios cuya indemnización reclama la parte actora.

5. Consideración previa

Previo al inicio del estudio de la causa concreta, la Sala debe resaltar que le dará pleno valor probatorio al acta de audiencia de juicio oral del 25 de marzo de 2010 (f. 27-28, c. 1 y f. 381-381, c. ppl.), en la cual se decretó la preclusión de la investigación a favor del señor Alexander Muñoz Vallejo, en atención a que, a pesar de haberse realizado todos los esfuerzos procesales, el recaudo de la prueba audiovisual contentiva de dicha diligencia se hizo imposible, tal como se evidencia en varios proveídos y constancias secretariales obrantes en el plenario y referidas previamente en esta providencia.

Así las cosas, en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia de la parte demandante, ante el evidente incumplimiento del deber de custodia de los archivos por parte de la Rama Judicial, esta Corporación le dará plena validez probatoria al acta citada y tendrá en cuenta su contenido como el reflejo de lo sucedido en tal audiencia de juicio oral y en la consecuente preclusión de la investigación punitiva en ella decretada.

6. La responsabilidad del Estado por la privación de la libertad con fundamento artículo 90 de la Constitución Política

6.1. La Sección Tercera venía sosteniendo que en los casos en que una persona era detenida preventivamente, por disposición de una autoridad judicial, y luego recuperaba la libertad, bien porque resultaba absuelta bajo supuestos de que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no era constitutiva de hecho punible o en aplicación del principio in dubio pro reo, inmediatamente surgía un daño que esa persona no estaba en la obligación de soportar y que, por tanto, el Estado era patrimonialmente responsable, en aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad bajo el título de daño especial. Esto, sin importar si el agente judicial actuó o no conforme a la ley, por cuanto estaban en juego derechos y principios de estirpe constitucional como la libertad personal y la presunción de inocencia, la cual, al no ser desvirtuada por el Estado, tornaba en injusta la privación la privación.

Debe aclararse, en todo caso, que la Sección Tercera del Consejo de Estado no descartaba la aplicación de la falla del servicio para la declaración de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad. Así lo ha declarado en asuntos donde resulta evidente que se trata de una detención ilegal o arbitraria, en eventos de homonimia o cuando se trata de capturas realizadas para efectos de indagatoria, surtidas las cuales, no se dicta una medida de aseguramiento en contra del imputado.

6.2. Dicho criterio jurisprudencial, sin embargo, fue modificado recientemente en la sentencia de unificación del 15 de agosto de 2018, proferida por la Sala Plena de esta Sección, en la cual se concluyó que no basta con probar la restricción de la libertad y la posterior ausencia de condena, sino que es menester analizar si el daño derivado de la privación de la libertad es o no antijurídico, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, lo que implica varios pasos: i) si el privado de la libertad incurrió en dolo o culpa grave; ii) cuál es la autoridad llamada a reparar y, iii) en virtud del principio iura novit curia, encausar el asunto bajo el título de imputación que se considere pertinente y, claro está, de acuerdo con el caso concreto y expresando de forma razonada los fundamentos de la decisión. La Sala señaló en la mencionada sentencia:

Así las cosas y como al tenor de los pronunciamientos de esta Sala la privación de la libertad de una persona puede ser imputada al Estado siempre y cuando ella no haya incurrido, bajo la perspectiva de lo civil, en culpa grave o dolo civil, es menester determinar si, a la luz del artículo 63 del Código Civil, la conducta de quien fue privado de la libertad se puede considerar como tal y si, por consiguiente, fue esa persona quien dio lugar a la apertura del respectivo proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva cuyos perjuicios subsecuentes pretende le sean resarcidos.

En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en relación con los casos cuya litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo, cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar la antijuridicidad del daño.

Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva.

Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.

El funcionario judicial, en preponderancia de un juicio libre y autónomo y en virtud del principio iura novit curia, puede encausar el análisis del asunto bajo las premisas del título de imputación que considere pertinente, de acuerdo con el caso concreto y deberá manifestar de forma razonada los fundamentos que le sirven de base para ello.
6.3. Las consideraciones anteriores no resultan contradictorias con las conclusiones de la sentencia de unificación de la Corte Constitucional, SU 072/18, sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos de privación injusta de la libertad.

En efecto, la Corte precisa que, ni el artículo 90 de la Constitución Política, como tampoco el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad como un evento resarcible, así como la sentencia C-037 de 1996, que determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen específico de responsabilidad patrimonial del Estado en eventos de privación injusta de la libertad.

En ese sentido se reitera que en materia de reparación directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las particularidades de cada caso y que definir de manera rigurosa el título de imputación en estos eventos contraviene la interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de contera el régimen general de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política.

En el mismo sentido precisa que en determinados eventos, entre los cuales hace referencia a la absolución por in dubio pro reo, no se acreditó el dolo o se declaró atipicidad subjetiva, la aplicación automática de un régimen de responsabilidad objetiva, sin que medie un razonamiento sobre si la privación de la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria vulnera el precedente constitucional con efectos erga omnes, esto es la sentencia C-037 de 1996.

De acuerdo con la providencia, el juez puede escoger entre un título de imputación subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y agrega que la nominación de las causales de privación injusta de la libertad no se agota en las que prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991.

Por último, en lo que tiene que ver con la unificación de la Corte Constitucional, en el mismo sentido de la sentencia de unificación de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en todos los casos en los que se reclame por un evento de privación injusta de la libertad debe considerarse el hecho exclusivo de la víctima.

6.4. Para llegar a las anteriores conclusiones, la Corte Constitucional puso de presente que la libertad es uno de los bastiones del Estado social de derecho de carácter multidimensional, como valor, principio y derecho fundamental, como se deduce del preámbulo y los artículos 1, 2 y 28 de la Constitución política, entre otros, bajo el entendido que valores tales como la democracia, el pluralismo y la dignidad humana no pueden ser entendidos sino tienen como punto de partida la libertad.

Sin embargo, la libertad, como otros derechos, no tiene carácter ilimitado y puede ceder en casos excepcionalísimos al disfrute de los derechos por parte de otros individuos o a la búsqueda del bienestar general. La fuente primordial de esas restricciones es el derecho punitivo, que al mismo tiempo lo reconoce de manera especialísima como un principio.

Esas restricciones excepcionales a la libertad, además de los límites constitucionales, están sometidas de manera superlativa a estrictas reglas de competencia, de tiempo para verificar su legalidad, así como a la posibilidad de revisar la pertinencia de la restricción. En el mismo sentido debe hacerse una diferenciación tajante entre dos figuras, pena y detención preventiva, y que esta no puede implicar, de ninguna manera, una vulneración al principio de presunción de inocencia y que, conforme al bloque de constitucionalidad, se encuentran sometidas al criterio irreductible de que sean absolutamente necesarias.

Pero además de la necesidad, ese ejercicio punitivo preventivo del Estado está encuentra otro limite, como es el principio de proporcionalidad, que permite desde el ámbito constitucional examinar y neutralizar los excesos de la potestad de configuración del legislador penal, en particular las medidas cautelares dirigidas a afectar la libertad personal de una persona imputada por un hecho punible. La regla de proporcionalidad impone que los beneficios de las medidas preventivas deben ser superiores o razonablemente equivalentes a las restricciones que imponen a los afectados por ellas.

Bajo los anteriores parámetros, la Corte Constitucional, en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad, reconoce que el Consejo de Estado, en aras del principio de seguridad jurídica, ha acudido tanto a un régimen responsabilidad subjetivo como objetivo en determinados eventos, lo cual no contradice, en principio, la jurisprudencia constitucional en cuanto a la interpretación integral del artículo 90 de la Constitución Política.

Sin embargo, señala que en cuatro eventos de absolución, como son que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o porque se aplicó el principio del in dubio pro reo, se ha aplicado el título objetivo de imputación del daño especial.

Con fundamento en todo lo anterior, se concluyó que, cualquiera que sea el régimen a aplicar, la calificación de injusta de una privación de la libertad, implica necesariamente “definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de su conformidad a derecho”. Frente a este punto prescribe:

En este punto se precisa que esa comprensión fue plasmada como condicionamiento de dicho artículo, al consignar en el numeral tercero de la parte resolutiva que se declaraban exequibles “pero bajo las condiciones previstas en esta providencia, (…)”, entre otros, el artículo 68, sobre el cual en la parte considerativa se había determinado que las reflexiones transcritas eran las condiciones para declararlo exequible.

Ahora bien, la Corte señala que las normas que contienen los diferentes supuestos en los que procede la detención preventiva en los ordenamientos procesales penales, vigentes desde la vigencia del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, le son inherentes el juicio de razonabilidad y de proporcionalidad. Sin embargo, los requisitos para imponer la medida de aseguramiento han variado de uno a otro de acuerdo el grado de convicción probatoria requerida, mientras el Decreto Ley 2700 de 1991 y la Ley 600 de 2000, solicitaban de uno o dos indicios graves de responsabilidad, respectivamente, la Ley 906 exige de una inferencia razonable de autoría o participación del imputado.

La Corte insiste en que para una interpretación adecuada del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, el juez administrativo a la hora de definir si una privación de la libertad es injusta o no, independientemente del título de imputación que se elija aplicar, debe considerar si las decisiones adoptadas por el funcionario judicial se enmarcan en los presupuestos de “razonabilidad, proporcionalidad y legalidad”. Al respecto concluye:

Lo anterior significa que los adjetivos usados por la Corte [razonabilidad, proporcionalidad y legalidad] definen la actuación judicial, no el título de imputación (falla del servicio, daño especial o riesgo excepcional), esto es, aunque aquellos parecieran inscribir la conclusión de la Corte en un régimen de responsabilidad subjetivo; entenderlo así no sería más que un juicio apriorístico e insular respecto del compendio jurisprudencial que gravita en torno del entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, en tanto, debe reiterarse, la Corte estableció una base de interpretación: la responsabilidad por la actividad judicial depende exclusivamente del artículo 90 de la Constitución, el cual no establece un título de imputación definitivo, al haberse limitado a señalar que el Estado responderá por los daños antijurídicos que se le hubieren causado a los particulares.

Luego insiste en que el elemento común que exige el artículo 90 de la Constitución Política es la existencia de un daño antijurídico y que la responsabilidad patrimonial se define a partir de cualquiera de los títulos de imputación, frente a lo cual señala que, la sentencia C-037 de 1996 es consecuente con ese razonamiento a partir de la interpretación del artículo 65 de la Ley 270 de 1996, que es la cláusula general de responsabilidad del Estado en lo que tiene que ver con la actividad judicial, en la que no se adscribió a ningún título de imputación específico. Y en lo que tiene que ver con la privación injusta de la libertad señaló:

De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.

La Corte señala que lo anterior no impide que se creen reglas en pro de ofrecer homogeneidad en materia de decisiones judiciales, pero estas deben fundamentarse en un análisis concienzudo de las fuentes del daño y no en generalizaciones normativas, que no tomen en cuenta las posibilidades que giran en torno a esas fuentes.

6.5. De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional señala que en dos eventos establecidos por el Consejo de Estado, resulta factible aplicar un régimen objetivo de responsabilidad, estos son cuando el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica, en ambas situaciones la privación de la libertad resulta irrazonable y desproporcionada, por lo que “el daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos”.

En criterio de la Corte, desde el inicio de la investigación, el fiscal o juez deben tener claro que el hecho sí se presentó y que es objetivamente típico, ya que disponen de las herramientas necesarias para definir con certeza estos dos presupuestos. En el primer caso el funcionario judicial debe tener en claro esa información desde un principio y en el segundo se trata de una tarea más sencilla, que consiste en el cotejo entre la conducta que se predica punible y las normas que la tipifican como tal.

Las dos causales anteriores se contrastan con las absoluciones consistente en que el procesado no cometió el delito y la aplicación del principio in dubio pro reo, la Corte considera que estas requieren de mayores disquisiciones por parte de los fiscales o jueces para vincular al imputado con la conducta punible y presentarlo como autor de la misma. En un sistema como el acusatorio no resulta exigible al fiscal y la juez con función de garantías que en etapas tempranas de la investigación penal definir si el imputado ejecutó la conducta, pues será en etapas posteriores que el funcionario judicial definirá tales asuntos, que solo se pueden definir en la contradicción probatoria durante un juicio oral.

Lo mismo pasaría respecto de eventos de absolución en los que concurre una causal de justificación o una de ausencia de culpabilidad, en los que la conducta resulta objetivamente típica, pero no lo era desde el punto de vista subjetivo.

6.6. En conclusión, las sentencias de unificación del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional, establecen que en eventos de privación injusta de la libertad no se determina un régimen único de responsabilidad subjetivo u objetivo. Sin embargo, cualquiera sea el que se aplique se debe tomar en cuenta, frente al caso concreto, si la medida fue legal, razonable y proporcionada.

En todo caso, deberá considerarse la configuración de una falla del servicio o la aplicación de un régimen objetivo de responsabilidad, bajo el título de imputación de daño especial. En la misma vía, en todos los eventos posibles, será necesario descartar si el imputado o sindicado con su conducta dolosa o gravemente culposa dio lugar a la medida de privación de la libertad.

Bajo esta óptica, la Sala procederá al análisis del caso concreto.

7. Problema jurídico

La Sala deberá decidir si en el presente caso se reúnen los presupuestos necesarios para declarar a la Nación-Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial- patrimonialmente responsables por los perjuicios sufridos por los demandantes con ocasión de la privación de la libertad del señor Alexander Muñoz Vallejo, ordenada dentro del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y que culminó, ante la ausencia de material probatorio en su contra, con decisión de preclusión ordenada por el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, con fundamento en que el procesado no cometió el delito.

8. El daño

Con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado. Una vez establecida la alegada afectación de los intereses de la parte demandante, se entrará a estudiar la posibilidad de imputarla a la demandada.

En el caso concreto, el menoscabo alegado por los demandantes es la privación de la libertad, por un período de 10 meses y 25 días, sufrida por el señor Alexander Muñoz Vallejo, en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por los punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

La Subsección considera que no hay duda de la existencia del daño alegado, pues se encuentra acreditado que el señor Muñoz Vallejo fue procesado penalmente y privado de su libertad desde el 28 de abril de 2009, tal como consta en la audiencia de legalización de captura (min 8:30-10:42, cd anexo a f. 153, c.1), hasta el 25 de marzo de 2010, cuando el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, resolvió declarar la preclusión de la investigación y ordenar su libertad inmediata (f. 27-28, c.1).

Al proceso concurrió, igualmente, la señora Erika Ortega Hincapié, invocando su calidad de compañera permanente del señor Alexander Muñoz Vallejo. Dicho vínculo se encuentra acreditado en el plenario con las declaraciones rendidas por los señores Elver Arturo Zamora Martínez (f. 105-107, c. 1) y Fernando Antonio Murillo Navia (f. 108-110, c. 1), quienes aseguraron que conocían a la pareja por cerca de una década y veintidós años, respectivamente. Además, resulta verificable el hecho de que existe una hija en común entre los referidos ciudadanos, tal como se acreditó a través del respectivo registro civil de nacimiento (f. 6, c. 1).

De acuerdo con lo anterior, la Sala encuentra también probado que la niña Camila Muñoz Ortega es hija del afectado directo con la privación de la libertad.

En cuanto a los señores Juan Carlos y Rubén Andrés Muñoz Vallejo, está acreditado que son hermanos del ciudadano Alexander Muñoz Vallejo, tal como lo demuestran los registros civiles de nacimiento obrantes en los folios 5, 9 y 11 del cuaderno 1.

Finalmente, en lo atinente al menor Nicolás Ortega Hincapié, hijo de la señora Erika Ortega Hincapié (f. 15, c. 1), compañera permanente del señor Alexander Muñoz Vallejo y de quien se alegó la condición de hijo de crianza del actor principal, la Sala estima que en el plenario no obra ningún medio de prueba contundente que permita crear el estado de certeza necesario para dar por acreditaba dicha relación familiar. En relación con este tipo vínculo afectivo esta Corporación ha concluido:

Tratándose de una relación de hecho, son las expresiones públicas y privadas que de esa relación se hagan, el elemento de convicción que ha de traerse al proceso para acreditar la aducida condición, sin que exista tarifa legal o solemnidad alguna que regule la materia. Tal relación debe probarse mediante elementos indiciarios traídos por algún instrumento de memoria al proceso, de la vida cotidiana de los sujetos en relación, que den cuenta de una forma de trato entre sus extremos, en sus actuaciones públicas y privadas, asimilable a la que, conforme a la experiencia, se prodigan la generalidad de los padres con sus hijos biológicos y viceversa.

Dicho trato debe trascender al universo social en el que se desenvuelve tal relación, de manera tal que se genere la convicción en ese medio, de la existencia de una comunidad de familia en la que, para el caso, Pedro Pablo Galvis, sea reputado como padre de Jaider Stiven García Pérez.

Tales manifestaciones de afecto filial deben difundirse, no sólo en el ámbito social, sino en el tiempo. Sobre el particular la jurisprudencia de la Subsección ha tomado como referente temporal de la duración que deben tener ese trato y esa reputación, para que constituya un indicio de la relación de crianza, el lapso de cinco (5) años que conforme al artículo 398 del código civil se exigen para la acreditación de la posesión notoria del estado civil de hijo.

(…)

Como puede observarse, ninguna razón dan los testigos acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que conocieron la asunción que de la referida paternidad de facto sobre Haider Steven, ni fluye de ellos un relato pormenorizado de las manifestaciones de afecto, o del trato que le dispensan Pedro Pablo y su familia a este, en cuya virtud puede entenderse, por vía indiciaria, que fungía como su padre de crianza.

Respecto del material probatorio incorporado y practicado en el expediente se precisa que la declaración extraproceso rendida ante notario, el 13 de abril de 2010, por parte de los señores Alexander Muñoz Vallejo y Erika Ortega Hincapié (f. 13, c. 1), en la cual sostienen que Nicolás Ortega Hincapié convive con ellos, no podrá ser valorada en esta instancia, toda vez que la misma no fue ratificada en el presente proceso contencioso administrativo.

Vale recordar que la Jurisprudencia reiterada de esta Corporación ha sostenido que este tipo de declaraciones que se practican sin citación de la parte contraria deben ser ratificadas en el litigio en el cual se pretenden hacer valer, so pena de carecer de eficacia probatoria, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil, salvo que esté destinada a servir de prueba sumaria en los casos en los que la ley autoriza la aducción de este medio probatorio[], dentro de los cuales no se encuentra el sub lite.

En lo atinente al testimonio de Elver Arturo Zamora Martínez (f. 105-106, c. 1), si bien este menciona que el niño Nicolás Ortega es hijo del actor principal y que “reconoce como padre al señor Alexander Muñoz Vallejo”, lo cierto es que no explica las razones para efectuar dicha afirmación, no da cuenta de actos o sucesos que demuestren el vínculo afectivo existente entre ambos sujetos ni pone de presente la razón de la ciencia de su dicho, lo cual produce que esta declaración no le genere credibilidad alguna a la Sala frente al tópico examinado.

En un sentido similar, otro de los testigos, el señor Fernando Antonio Murillo Navia (f. 108-109, c. 1), aunque también afirma que el grupo familiar del ciudadano Alexander Muñoz Vallejo estaba conformado, entre otros, por el joven Nicolás Ortega, lo cierto es que más adelante cuando fue cuestionado respecto el sufrimiento de los familiares del privado de la libertad, afirmó:

Se sentía mal, mantenía llorando por eso porque no podía ver a su hija. La muerte de su mamá también le afectó mucho, porque él era quien estaba pendiente de su mamá, era el que la mantenía económicamente y le compraba las medicinas para el corazón. Es todo.

De acuerdo con lo expuesto, la Subsección constata que el testigo menciona el sufrimiento del actor principal por no compartir con su hija y por la muerte de su madre, pero no refiere ninguna aflicción por no ver al menor Nicolás. Tal circunstancia permite reiterar que las declaraciones traídas a colación no dan cuenta de una relación cercana, de afecto, amor y solidaridad entre el señor Alexander Muñoz Vallejo y el niño Nicolás Ortega, por lo cual, no se dará por probado que el segundo sea hijo de crianza del primero y, por tanto, que este sufrió un daño antijurídico que daba ser resarcido en este proceso judicial.

De igual forma, no existe ningún elemento de convicción que soporte la posible aflicción particular sufrida por parte de este demandante, lo cual impide que sea reconocido como tercero damnificado con el hecho dañoso objeto de estudio.

9. La imputación

Establecida la existencia del elemento daño es necesario verificar si el mismo es imputable o no a las demandadas, aspecto este que constituye el núcleo del recurso de apelación formulado. Según la parte actora, la privación de la libertad a la cual fue sometido el señor Alexander Muñoz Vallejo fue injusta y, como consecuencia, hay lugar a declarar la responsabilidad patrimonial de la Nación-Rama Judicial y la Nación-Fiscalía General de la Nación por los perjuicios que le hubiera podido causar tal medida.

El presente caso está gobernado por la Ley 906 de 2004, con la expedición de dicha ley -Código de Procedimiento Penal- el legislador articuló el proceso penal de tal manera que buscó fortalecer la función investigativa de la Fiscalía General de la Nación, e instituir una clara distinción entre los funcionarios encargados de investigar, acusar y juzgar dentro de la acción penal, por lo que, suprimió del ente investigador -Fiscalía- la facultad jurisdiccional, la cual venía ejerciendo por disposición de los antiguos Códigos de Procedimiento Penal –Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000-.

El artículo 297 de la Ley 906 de 2004 señala que para “la captura se requerirá orden escrita proferida por un juez de control de garantías con las formalidades legales y por motivos razonablemente fundados”, decisión que, de manera excepcional, podrá ser adoptada por la Fiscalía General de la Nación, en los términos previstos en el artículo 300 del mismo ordenamiento.

A su vez, el artículo 306 del Código de Procedimiento Penal establece que los jueces penales con funciones de control de garantías se encuentran facultados para resolver, a petición del ente acusador o de la víctima, sobre la procedencia de las medidas de aseguramiento.

Si bien la detención preventiva requiere de una petición previa del ente acusador o de la víctima, no es menos cierto que tal presupuesto no puede considerarse como la causa exclusiva y determinante de la privación de la libertad, porque carecen de la suficiencia para afectar este derecho, pues para esto se requiere de un mandato judicial proferido por el Juez de Control de Garantías, autoridad a la que le corresponde: i) valorar la evidencia física o los elementos materiales probatorios aportados por el solicitante y, ii) verificar si se cumplen o no los presupuestos de procedencia establecidos en los artículos 297 y 308 de la Ley 906 de 2004.

Ahora bien, en el presente caso se encuentra acreditado que el 4 de diciembre de 2008, en audiencia de carácter reservado, la Fiscalía General de la Nación solicitó al Juzgado Octavo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Cali, Valle del Cauca, se librara orden de captura en contra del señor Alexander Muñoz Vallejo, alias Guaraní, por la posible comisión de la conducta de homicidio agravado en contra del ciudadano Carlos Alberto Gómez Agudelo.

Como fundamento de tal petición el ente investigador puso de presente la declaración rendida por el hermano de la víctima, Sebastián Gómez Agudelo, quien afirmó haber sido testigo directo de los hechos en los siguientes términos (carpeta 6, cd anexo f. 153, c.1):

Yo me encontraba en la esquina de mi casa cuando yo vi que mi hermano Carlos Alberto Gómez Agudelo hoy fallecido cogió una motocicleta, yo vi que mi hermano arrancó por la cuadra del barrio subido en la moto de marca Biwiz de color zapote cuando yo veo que el señor Alexander a quien yo conozco con el apodo de Guaraní desde un segundo piso de su casa él tenía apuntando a mi hermano Carlos Alberto con una arma de fuego esa arma era una pistola calibre 7 milímetros color cromada, cuando mi hermano arrancó en esa moto al frente de mi hermano se le atravesó un carro el cual es de un ex policía llamado Rodrigo, pero no le sé el apellido, a este sujeto le dicen Gualo. Al momento de que Gualo le atraviesa el carro a mi hermano de inmediato frena entonces fue en ese momento cuando Alexander alias Guaraní le hizo un disparo a mi hermano pegándoselo en la cabeza, cuando yo veo que mi hermano cae al suelo de inmediato salgo corriendo a donde él y yo me tiré al suelo con él en ese momento yo veo que sale de su casa Guaraní con la pistola en la mano aun yo vi que tenía como intenciones de rematar a mi hermano enseguida yo me paré y este tipo de inmediato me apuntó con su arma entonces yo al verme en esa situación salgo corriendo de inmediato cuando yo salgo huyendo de ese sitio iba mirando hacia atrás y veo que Guaraní cogió para otro lado y de ahí en adelante no me di cuenta para donde cogió.

Eso es en sí lo que a mí me costa lo que yo vi en relación con la muerte de mi hermano Carlos Alberto Gómez Agudelo (…) El nombre de él es Alexander Muñoz Vallejo (…) La mujer de él se llama Erika, no se su apellido (…) Todo fue porque mi hermano cogió la motocicleta marca BWS la cual era de propiedad de un paisita, quien era amigo de mi hermano, pero no sé cuál es su nombre (…) Yo me encontraba en la esquina de una casa la cual queda al frente de la casa donde yo vivo junto con mis abuelos y mi mamá y la casa de Alexander queda a dos casas de la casa esquinera donde me encontraba en ese momento y fue desde el segundo piso de su vivienda de donde le dispararon a mi hermano, yo vi (…)

Sí, pasados cuatro días después de lo ocurrido con mi hermano yo recibí amenazas de muerte por parte de Alexander en las que me manda a decir que no puedo estar en el barrio porque me va a matar y eso lo dijo porque yo sé muchas cosas con relación a la muerte de mi hermano y otras cosas más graves.

La petición cautelar fue concedida por el juzgador de control de garantías, con base en la entrevista leída en la audiencia, en la cual Sebastián Gómez Agudelo afirmó que presenció los hechos y en la que señaló como responsable de la muerte de su hermano al señor Alexander Muñoz Vallejo. Así mismo, el operador judicial resaltó que la orden de captura era necesaria para proteger a la familia del occiso, en especial al testigo principal, víctima de amenazas, y que el homicidio agravado era una conducta investigable de oficio que superaba en forma ostensible los 4 años de prisión como pena mínima (carpeta 6, cd anexo f. 153, c.1).

El 29 de abril de 2009, el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías de Villagarzón, Putumayo, legalizó la captura del señor Alexander Muñoz Vallejo, la cual se efectuó el día anterior con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 297 y siguientes del C.P.P. En la misma fecha y ante tal despacho judicial, se efectuó la audiencia de formulación de imputación por los injustos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego, frente a los cuales el procesado se declaró inocente.

Los elementos de materiales probatorios y evidencia física que señaló el ente investigador para sustentar los cargos referidos fueron la declaración de Sebastián Gómez Agudelo y la necropsia realizada al cadáver de Carlos Alberto Gómez Agudelo (carpeta 7, cd anexo f. 153, c.1).

Inmediatamente después de la culminación del procedimiento de imputación, la Fiscalía General de la Nación, solicitó la imposición de medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural en contra del señor Muñoz Vallejo. Como fundamento probatorio inicial esgrimió que la madre del occiso, María Agudelo Sabogal, fue entrevistada por funcionarios de Policía Judicial el 19 de agosto de 2008, momento en que relató que por narraciones de vecinos se enteró de la muerte de su hijo y que estos no se atrevían a declarar por temor a represalias.

En segundo lugar, la Fiscalía puso de presente la entrevista recepcionada el 4 de septiembre de 2008, al ciudadano Sebastián Gómez Agudelo, quien dijo haber presenciado el crimen y en la que señaló como autor al señor Alexander Muñoz Vallejo. Así mismo, en relación con las amenazas supuestamente recibidas por parte del procesado, el entrevistado expuso (carpeta 8, cd anexo f. 153, c.1):

Con esto me estoy refiriendo a que los colegas de un primo de Alexander al quien le dicen “Guacha” son las personas que me lo dicen y sé que estas personas al igual que alias “Guacha” trabajan en una oficina de sicariato quienes además trabajan con los rastrojos (…). Sí, quiero decir que debido a la situación que estábamos viviendo con respecto a la muerte de mi hermano Carlos Alberto me he tenido que ir (…) mi mamá también ha sido amenazada de muerte por cuatro sujetos que yo sé que son mandados por alias “Guacha” quien es primo de Alexander.

En consecuencia, el juzgado de control de garantías accedió a la petición de medida de aseguramiento, pues encontró acreditados tanto los requisitos objetivos como subjetivos contenidos en el artículo 308 de la Ley 906 de 2004. Al respecto señaló, entre otros, que el procesado constituía un peligro para las víctimas y, además, podía obstruir la justicia al impedir que los testigos declaren en juicio, tal como lo denunciaron el señor Sebastián Gómez Agudelo y la madre de este (carpeta 8, cd anexo f. 153, c.1).

Agregó el Juzgado Promiscuo Municipal de Villagarzón, Putumayo, que en el caso concreto se cumplió con los postulados del artículo 313 del C.P.P., toda vez que los delitos imputados eran investigables de oficio y el mínimo de la pena prevista por la ley excedía de cuatro años de prisión.

El 2 de julio de 2009, ante el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, se llevó a cabo la audiencia de acusación en contra de Alexander Muñoz Vallejo, trámite en el cual la Fiscalía General de la Nación descubrió como declarantes a la señora María Dioselina Agudelo Sandoval –madre del occiso- y a Sebastián Gómez Agudelo –testigo presencial-, así como las entrevistas recepcionadas a estos, en el curso de la investigación (carpeta 1, cd anexo f. 153, c.1).

El 10 de julio de 2009, la señora María Dioselina Agudelo rindió de nuevo entrevista ante la Fiscalía General de la Nación, en la cual denunció amenazas en contra suya y de su familia emanadas, supuestamente, de amigos del señor Alexander Muñoz Vallejo, alias Guaraní. Al respecto, sostuvo (f. 362, c. ppl.):

(…) yo estaba haciendo cola en la Fiscalía cuando quedaba en la trece con diez, y se me acercó un tipo y me dijo que si yo le colocaba demanda a Alexander Muñoz Vallejo apodado guaraní rodaban las cabezas de mi familia, me dijo que esperara una llamada y me llamó mi papá Arístides de Jesús Agudelo a mi celular y en ese mismo momento había un tipo con él y le tenía un revolver en la cabeza diciendo que si querían que rodara sangre eso pasaría (…). Preguntado: usted sabe a qué se dedicaba guaraní o Alexander Muñoz Vallejo. Contestó: transportaba droga, bolsas de cinco y de dos gramos, las trasportaba a los Juanitos, estos son de una oficina de sicarios del barrio, eran amigos de él, ahora son liebres o enemigos porque guaraní les mató al patrón de ellos el año pasado (…) esta información más otra la podemos aportar a la Fiscalía con mi hijo Sebastián. No es más.

La audiencia preparatoria se surtió el 29 de julio de 2009, ante el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, en la cual, además de las pruebas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación, se decretaron, a petición de la defensa técnica, los testimonios de los señores Francisco Ruiz Perea, Erika y Jorge Ortega Hincapié, todos supuestamente testigos presenciales del homicidio del señor Carlos Alberto Gómez Agudelo y quienes darían fe de que un año antes de su muerte, el hoy occiso intentó asesinar a Alexander Muñoz Vallejo (carpeta 3, cd anexo f. 153, c.1).

La audiencia de juicio oral se instaló el 29 de septiembre de 2009 (carpeta 4, cd anexo f. 153, c.1) y se continuó el día 11 de marzo de 2010, fecha en la cual la Fiscalía General de la Nación anunció que el 12 de enero del mismo año fue asesinado el testigo principal de cargo Sebastián Gómez Agudelo (carpeta 5, cd anexo f. 153, c.1).

El 25 de marzo de 2010, se reinició la audiencia de juicio oral, momento en que el ente acusador solicitó la preclusión de la investigación penal, con base en el artículo 332 numerales 1 y 6 del C.P.P., en atención a que carecía de elementos de convicción que hicieran factible continuar con el juicio. Lo anterior, en atención a que el señor Sebastián Gómez Agudelo fue asesinado y la otra testigo, la señora María Dioselina Agudelo, manifestó que no se presentaría a la diligencia por temor a que las amenazas contra ella se materializaran y la mataran como a sus hijos (f. 27-28, c. 1). Al respecto, afirmó el ente acusador:

Ante lo ya manifestado y en esta etapa mal haría la Fiscalía en seguir sosteniendo una acusación, ha caído el testigo principal, la Fiscalía carece de los elementos necesarios para demostrar responsabilidad y es por eso que de conformidad con el artículo 331 n.° 1 y 6 solicita la preclusión de la investigación. En este sentido pone a disposición el registro civil de defunción del testigo presencial, constancia de María Dioselina donde señala que no se presentará al juicio, además de no ser testigo principal, constancia que está firmada por la asistente de la Fiscalía 27 Seccional, también se pone a disposición el trámite realizado con relación al programa de víctimas y testigos.

Agregó la Fiscalía que, si bien intentó cobijar a ambos testigos con uno de sus programas de protección, lamentablemente ellos desistieron antes que se lograra su amparo.

Por su parte, la defensa, si bien no se opuso a la manifestación del ente investigador, resaltó que el testigo directo le había supuestamente comunicado su deseo de retractarse. Agregó que dicha entidad persistió en dilatar la audiencia de juicio oral a pesar que no le quedaba otra alternativa distinta a la de solicitar la preclusión del trámite (f. 27-28, c. 1).

Escuchados los extremos en contienda, el Juzgado Trece Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Cali, Valle del Cauca, accedió a decretar la preclusión de la investigación en contra del señor Alexander Muñoz Vallejo, al levantamiento de la medida de aseguramiento que pesaba en su contra y, como consecuencia, ordenó la libertad inmediata del procesado (f. 27-28, c. 1).

De acuerdo con lo expuesto, en este caso, debe analizar la Sala si las entidades demandadas deben responder bajo el título de imputación de falla del servicio.

Verificados los hechos probados en el plenario, la Sala resalta que el artículo 308 de la referida normativa procesal penal estableció que el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información legalmente obtenida, se pueda inferir razonablemente que el imputado pudo ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla con alguno de los siguientes requisitos:

1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia.

En el caso concreto, resulta plausible constatar, a partir de los elementos materiales probatorios recaudados durante la fase de investigación, que el señor Alexander Muñoz Vallejo pudo ser el autor del homicidio del señor Carlos Alberto Gómez Agudelo. Lo anterior, en razón a que la declaración de Sebastián Gómez Agudelo constituyó un relato creíble y detallado sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que supuestamente se materializó la muerte de su hermano.

De igual forma, es claro que el proveimiento cautelar resultó necesario en los términos del artículo 311 de la ley 906 de 2004, por cuanto el mismo testigo principal denunció amenazas contra su vida al parecer provenientes de personas cercanas al imputado, lo cual acredita la presencia de los supuestos de hecho contenidos en el numeral 2 de la referida norma denominado “peligro para la víctima o sus familiares”, tanto así que, el 11 de enero de 2010, el señor Sebastián Gómez Agudelo fue asesinado, aunque mal podría afirmarse que se encuentra probado que la causa de la muerte hubiera sido el proceso penal tramitado en contra del hoy demandante.

De la misma manera, considera la Subsección que se cumplieron las prescripciones del artículo 313 ibídem, conforma al cual, satisfechos los requisitos del artículo 308, la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario procederá en los siguientes casos:

1. En los delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados.
2. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años.
3. En los delitos a que se refiere el Título VIII del Libro II del Código Penal cuando la defraudación sobrepase la cuantía de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Bajo ese entendido, la Sala encuentra que el delito que le fue atribuido al demandante principal fue el de homicidio agravado, previsto en los artículos 106 y 107 de la Ley 599 de 2000, el cual contemplaba una pena cuyo mínimo excedía de cuatro (4) años de prisión, circunstancia que permite interpretar como legal la solicitud de la medida restrictiva de la libertad, de conformidad con el precitado artículo 313 del C.P.P.

Como quedó visto, la declaración de Sebastián Gómez Agudelo y la prueba de referencia de los señalamientos que efectuó la madre de los hermanos hoy occisos, dan cuenta de que los elementos materiales probatorios con los que contaba la Fiscalía General de la Nación y el Juzgado Penal con función de control de garantías para solicitar y proferir la imposición de una medida de aseguramiento, respectivamente, consistente en la detención preventiva en centro carcelario, contra el señor Alexander Muñoz Vallejo, eran suficientes para determinar como razonada y proporcional la limitación al derecho a la libertad del encartado, dado que de esas pruebas se podía inferir razonablemente que el imputado era el autor de la conducta delictiva reprochada.

En punto del argumento de apelación atinente a que el supuesto déficit de protección de los testigos de cargo ocasionó que los hechos objeto de investigación no fueran esclarecidos, la Sala estima que tal argumentación resulta ajena a la causa petendi del presente litigio, en razón a que no existe un nexo causal verificable entre la restricción al derecho a la libertad del señor Muñoz Vallejo y la muerte de Sebastián Gómez Agudelo.

Como fue analizado, la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural devino de una orden judicial, basada en la declaración de una persona que aseguró haber percibido el hecho objeto de investigación. La no comparecencia del testigo a la audiencia de juicio oral, debido a su muerte, más que perjudicar al hoy demandante, lo que hizo fue beneficiar indirectamente su condición de procesado detenido, por lo que mal haría la Sala si considerara que la muerte del que iba a ser deponente principal tuvo incidencia causal en el proferimiento del proveimiento cautelar, máxime si se trató de un hecho acaecido con posterioridad a la decisión judicial objeto de reproche.

De igual forma, la Subsección destaca que no existe prueba en el plenario que acredite la ocurrencia de la afirmación del extremo demandante consistente en que la Fiscalía General de la Nación prolongó en forma injustificada la fase de juicio oral, pues supuestamente conocía desde el 2 de septiembre de 2009 que el señor Sebastián Gómez Agudelo iba a retractarse de su declaración inicial.

En similar sentido, esta Corporación pone de presente la ausencia de elementos de convicción que permitan afirmar que el señor Muñoz Vallejo fue víctima de una segunda restricción de su derecho a la libertad por un término de 24 horas entre los días 21 y 22 de noviembre del año 2010, tal como lo afirmó el escrito de demanda en el hecho 3.17 (f. 49-49, c. 1).

Por tanto, resulta evidente que la parte apelante no cumplió con la carga de la prueba consagrada en el artículo 177 del C.P.C., el cual señala que incumbe a cada litigante probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que él persigue, por lo que hay lugar a darle aplicación a la regla de juicio consistente en resolver en contra de los intereses del sujeto procesal que alegue determinado hecho y no logre acreditar en la fase de instrucción su ocurrencia.

Asimismo, esta Corporación, a diferencia de lo afirmado por el impugnante en el recurso de alzada, estima que el Tribunal de primera instancia no omitió el análisis de los testimonios practicados en la contienda contenciosa administrativa respecto a la materialización del daño y de los perjuicios que de este se derivaron, por cuanto no era necesario el estudio del resarcimiento de los menoscabos supuestamente causados en razón a que el a quo concluyó que el agravio reclamado no había sido antijurídico ante lo razonado, legal y proporcionado de la medida. Por ende, cualquier consideración respecto a los perjuicios pretendidos habría constituido un clásico “dicho al pasar”.

Así las cosas, ante la no prosperidad de los argumentos expuestos en sede de apelación, se reafirma que la actuación de la Fiscalía General de la Nación al formular solicitud de imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, se ajustó a las pruebas obtenidas hasta ese momento de la investigación y a las disposiciones legales que regulaban dicha fase dentro del proceso penal acusatorio, valga decir, que fueron argumentos y pruebas acogidos en su integridad por el juez en función de control de garantías.

Por tanto, de acuerdo a la postura actual de la Sala en materia de responsabilidad extracontractual por privación injusta de la libertad, tales razonamientos resultan suficientes para que se mantenga la negativa a la solicitud de reparación reclamada por el demandante respecto de la imputación realizada a la Nación - Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación y, por ende, sea necesario confirmar en todas sus partes la sentencia objeto de alzada.

10. Condena en costas

Habida cuenta de que, para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 20 de junio de 2014, por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: SIN condena en costas
TERCERO: En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA
Vale destacar que mediante proveído de 13 de marzo de 2012 (f. 57-58, c. 1), el Tribunal inadmitió el libelo introductorio para que se arrimara el poder que facultara el ejercicio del derecho de acción en favor del menor Nicolás Ortega Hincapié. Tal carga fue cumplida mediante escrito obrante en los folios 60 y 61 del cuaderno 1. Auto del 9 de septiembre de 2008 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, expediente: 11001-03-26-000-2008-00009-00. M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente: 13.622, M.P. María Elena Giraldo Gómez, reiterada en sentencia del 11 de agosto de 2011 por la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente: 21.801, M.P. Hernán Andrade Rincón. También puede consultarse: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, auto de 19 de julio de 2010, expediente: 37.410, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. El artículo 169 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) establece que por regla general las providencias se notificarán a las partes en estrados. En el presente caso, el proveído que dispuso la preclusión examinada fue puesto en conocimiento de los intervinientes en audiencia del 25 de marzo de 2010, sin que las mismas presentaran ningún recurso de ley (f. 27-28, c. 1). Ello sin mencionar que el día 17 de agosto de 2011, la parte demandante suspendió el término de caducidad con la radicación de una solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación. Dicho trámite fue considerado fallido el 9 de noviembre de 2011, lo cual reanudó el período de caducidad, tal como consta en el acta correspondiente suscrita por la Procuraduría 165 Judicial II Administrativa con sede en Cali, Valle del Cauca (f. 36, c. 1). Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo del 2007, expediente No. 15463. Reiterada en sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del 6 de abril de 2011, expediente No. 21563. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre del 2006, expediente No. 13468. Reiterada en sentencia de unificación de 17 de octubre del 2013, expediente No. 23354. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al respecto, entre otras múltiples de la subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado se pueden consultar las siguientes sentencias: 19 de julio de 2017, exp. 45466, 14 de septiembre de 2017, exp. 47800, 12 de octubre de 2017, exp. 48048, 1 de febrero de 2018, expedientes 46817 y 45146, 10 de mayo de 2018, exp. 45358, 5 de julio de 2018, exp. 47854, 19 de julio de 2018, exp. 52399, 27 de septiembre de 2018, exp. 52404. Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación de 15 de agosto de 2018, expediente 46.947, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
“La ley distingue tres especies de culpa o descuido.
“Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”. Consideración que resulta congruente con la parte resolutiva del mismo fallo: PRIMERO:

MODIFÍCASE LA JURISPRUDENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA en relación con los casos en que la litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños irrogados con ocasión de la privación de la libertad de una persona a la que, posteriormente, se le revoca esa medida, sea cual fuere la causa de ello, y UNIFÍCANSE criterios en el sentido de que, en lo sucesivo, en esos casos, el juez deberá verificar: 1) Si el daño (privación de la libertad) fue antijurídico o no, a la luz del artículo 90 de la Constitución Política; 2) Si quien fue privado de la libertad actuó con culpa grave o dolo, desde el punto de vista meramente civil -análisis que hará, incluso de oficio-, y si con ello dio lugar a la apertura del proceso penal y a la subsecuente imposición de la medida de aseguramiento de detención preventiva (artículos 70 de la ley 270 de 1996 y 63 del Código Civil) y,
3) Cuál es la autoridad llamada a reparar el daño. En virtud del principio iura novit curia, el juez podrá encausar el análisis del asunto, siempre en forma razonada, bajo las premisas del título de imputación que, conforme al acervo probatorio, considere pertinente o que mejor se adecúa al caso concreto. Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas. Ibídem. Acápite 117 y 118. Ibídem, Acápites 119 y 120. Ibídem, Acápite 121. Ibídem, Acápite 124
Ibídem, Acápites 67 a 69. Ibídem. Acápites 69 y 70. Artículos 4 del Decreto Ley 2700 de 1991, 3 de la Ley 600 de 2000 y 2 de la Ley 906 de 2004. Acápite 70. Sentencia C-106 de 1994. Ibídem. Acápite 71. Ibídem. Acápite 101. Ibídem. Acápite 102. Ibídem. Acápite 102. La Corte hace referencia al Decreto Ley 2700 de 1991, artículos 355 y 356 de la Ley 600 de 2000 y 308 de la Ley 906 de 2004. Ibídem. Acápite 103. Ibídem. Acápite 104. Más adelante señala: 112. En suma, la aplicación de cualquier de los regímenes de responsabilidad del Estado mantienen incólumes la excepcionalidad y los juicios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, así como la presunción de inocencia que preceden a la imposición de una medida de aseguramiento (…)
Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 104. Ibídem. Acápite 105. Ibídem. Acápite 106. Ibídem. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 26 de febrero de 2018, exp. 41693, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de agosto de 2017, exp. 51676, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
[Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2010, exp. 17995, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 25 de enero de 2017, exp. 45351, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico]. Finalidades de la Ley 906 de 2004, Sentencia C-591 del 9 de junio de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Norma que para la época de ocurrencia de los hechos, esto es, sin las modificaciones introducidas por el artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011_pr001.html" \l "59" 59 de la Ley 1453 de 2011, señalaba:
“ARTÍCULO 306.

El fiscal solicitará al juez de control de garantías imponer medida de aseguramiento, indicando la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia, los cuales se evaluarán en audiencia permitiendo a la defensa la controversia pertinente.
“Escuchados los argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión.
“La presencia del defensor constituye requisito de validez de la respectiva audiencia” (Declarada condicionalmente exequible, mediante sentencia C-209 del 21 de marzo de 2007, “en el entendido de que la víctima también puede acudir directamente ante el juez competente a solicitar la medida correspondiente”.
“Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”.
“Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”.
“Se entenderá que la seguridad de la víctima se encuentra en peligro por la libertad del imputado, cuando existan motivos fundados que permitan inferir que podrá atentar contra ella, su familia o sus bienes”. Lo anterior, más si se tiene en cuenta que “[el hecho de] que ciertos elementos de conocimiento hayan sido suficientes para ordenar una medida de aseguramiento no significa que también lo sean para demostrar la responsabilidad penal del acusado” y ha aclarado que “[l]a presentación, contradicción y evaluación de los elementos de conocimiento que prevé el artículo 306 no buscan establecer la responsabilidad del imputado, como sí lo hacen las pruebas, sino la procedencia de una medida de aseguramiento que incide en los derechos del imputado”. Corte Constitucional, sentencia C-1154 de 2005. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

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