Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00105-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00105-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00105-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
31 de marzo de 2022
Radicación:11001-03-15-000-2022-00105-00
Demandante: ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00105-00
Demandante: ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO Y JUZGADO
QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA
Temas: Tutela contra fallo de la misma naturaleza. Requisitos para su
procedencia contenidos en la sentencia SU-627 de 2015.
Análisis de la cosa juzgada fraudulenta
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio, a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla, en la que pide el amparo
constitucional de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo
vital, a la protección de los derechos de los adultos mayores y a la dignidad
humana, vulnerados, supuestamente, por las sentencias de 6 de diciembre y 25
de octubre de 2021, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas
declararon la improcedencia de la acción de tutela que promovió contra las
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, Colfondos y
Colpensiones, por falta del requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
El accionante afirmó que es un adulto mayor de 75 años y que presentó acción de
tutela para que se le protegieran los derechos a la seguridad social, al mínimo vital
y el buen trato por ser persona de la tercera edad, en la que como pretensiones
solicitó que se declarara la nulidad de su afiliación a la Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Porvenir, que se ordenara a Colfondos realizar su
traslado del régimen de ahorro individual con solidaridad al régimen de prima
media con prestación definida, y a Colpensiones que admitiera dicho traslado, de
la que conoció en primera instancia el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito
de Barranquilla.
Sostuvo que, en sentencia de 25 de octubre de 2021, se declaró la improcedencia
de la acción luego de considerar que incumplía el requisito de la subsidiariedad,
en tanto en la actualidad se encuentra en curso una demanda ordinaria laboral
promovida por el accionante ante el Juzgado 15 Laboral del Circuito de
Barranquilla, por los mismos hechos que sustentaban la acción de tutela.
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Demandante: ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO
Por último, indicó que, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo del
Atlántico confirmó la decisión de tutela, bajo el argumento de que si bien podría
sostenerse que el actor es un sujeto de especial condición, en razón a su edad, no
era menos cierto que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
habilitara la intervención del juez constitucional, más aún cuando se encontraba en
trámite una demanda ordinaria laboral por los mismos hechos y pretensiones de la
solicitud de amparo presentada.
2. Fundamentos de la acción
Aun cuando el accionante no es explícito en la solicitud, de la misma se puede
extraer que considera que las sentencias de 6 de diciembre y 25 de octubre de
2021, mediante las cuales las autoridades judiciales accionadas declararon la
improcedencia de la acción de tutela que promovió contra las Administradoras de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir, Colfondos y Colpensiones, por falta
del requisito de subsidiariedad, incurren en desconocimiento del precedente
judicial, contenido en la “Sentencia T-047/15 y la ley 2055 de 2020, que define
como persona mayor: aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine
una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años.
Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor”.
Luego de citar apartes de las sentencias T-047 de 2015 y T-844 de 2014, respecto
de la definición de “persona de la tercera edad”, adujo que “para los juzgadores de
instancias, no basta ser viejos y personas consideradas con debilidad manifiestas
en razón de su viejera, sino que como ellos mismo lo afirman: si bien podría
sostenerse que el actor es un sujeto de especial condición, en razón de su
edad, no es menos cierto que, no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que habilitara la intervención del juez constitucional. Es decir que,
para los juzgadores el que pretenda que se le reconozca un derecho a través de
una acción de tutela, debe demostrar además que es viejo, que está en la miseria,
Enfermo o en total abandono”.
Afirmó que las autoridades judiciales accionadas se apartan en las providencias
objetadas de las disposiciones contenidas en la Convención Interamericana sobre
la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en sus
artículos 6, 17 y 31 señala que toda persona mayor tiene derecho a la seguridad
social que la proteja para llevar una vida digna, y que la persona mayor tiene
derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por
un juez o tribunal competente, independiente e imparcial.
Respecto de la procedencia de la presente acción, sostuvo que es un adulto
mayor de 75 años, y que en las decisiones cuestionadas lo han sometido a un
proceso judicial ordinario laboral que, si bien es idóneo, no es eficaz por su
duración.
Finalmente, citó apartes jurisprudenciales sobre los principios constitucionales de
igualdad, de protección a personas de la tercera edad y el principio de solidaridad.
3. Pretensiones
El accionante plantea las siguientes:
“1) Tutelar los derechos fundamentales constitucionales a la seguridad social, al
mínimo vital, a la protección de los derechos de las personas adultos mayores y a
la dignidad del señor ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO,
identificado con cedula de ciudanía No 7.434.994 de Barranquilla-Atlántico.
2) Ordenar dejar sin efectos jurídicos las providencias de primera y segunda
instancias dictadas por jueces el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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Demandante: ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO
DEL ATLÁNTICO SALA C, conformada por los magistrados JAVIER EDUARDO
BORNACELLY, JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO Y CESAR AUGUSTO
TORRES ORMAZA y el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE BARRANQUILLA DR. NESTOR ARMANDO DE LEÓN LLANOS.
3) Dictar una nueva providencia mediante la cual se accedan a las pretensiones de
la demanda de tutela primigenia”.
4. Pruebas relevantes
Al trámite de la tutela se allegó copia digital de las sentencias de primera y
segunda instancia proferidas en el marco de la acción de tutela radicada con el Nº
2021-00227-01, actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martinez Aparicio.
5. Trámite procesal
Por auto de 19 de enero de 2022, el despacho admitió la solicitud de tutela. En la
misma decisión se ordenó notificar al accionante, a las autoridades judiciales
accionadas, así como a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir, Colfondos y Colpensiones, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
12351 a 12359, todas de 7 de febrero de 2022, con el fin de darle cumplimiento a
la referida decisión1.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Barranquilla
El titular del despacho rindió informe en el que solicitó que se denegaran las
pretensiones de la solicitud por cuanto, indicó, “aceptando en gracia de discusión
que la tutela supera los requisitos de procedibilidad, pues nos encontramos frente
a una tutela contra una decisión proferida en un trámite de tutela, pienso
respetuosamente que, contrario a lo afirmado por el accionante, la providencia
atacada por esta vía Constitucional y proferida por este despacho se ajusta a
derecho, por lo que las pretensiones deben ser negadas”.
6.2. Respuesta de la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías,
Colfondos
A través de apoderado, la entidad solicitó que se denegaran las pretensiones de la
solicitud, por cuanto, señaló, i) resulta improcedente conmutar la acción de tutela
para buscar a través de ella brindar trámite al cumplimiento de una sentencia
dentro de la justicia ordinaria, ii) las pretensiones implican la existencia de un
conflicto jurídico que no puede ser dilucidado por el juez de tutela, en tanto su
labor se circunscribe a la protección de los derechos fundamentales, iii) el
escenario natural para debatir y postular pretensiones de este tipo es el proceso
ordinario laboral de primera instancia, y iv) las garantías fundamentales que se
alegan transgredidas se encuentran incólumes.
Sostuvo que, en todo caso, la presente acción de tutela debe declararse
improcedente por no cumplir con el requisito de subsidiaridad, pues, señaló, la
1 La notificación se efectuó a las siguientes direcciones electrónicas: fredyalbertolaraborja@hotmail.com;
diputadoeckardt@hotmail.com, sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co, notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, procesosjudiciales@colfondos.com.co,
notificacionesjudiciales@porvenir.com.co 3
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tutela opera en caso de no existir un mecanismo principal al cual el ciudadano
pueda acudir y sobre el cual no exista otro medio para lograr la protección de un
derecho, lo que no ocurre en el presente trámite.
Luego de hacer un recuento de la relación existente entre Colfondos y el actor, del
que resaltó que este presenta una cuenta activa con fecha de solicitud 19 de
marzo de 2003 y con fecha de efectividad 1º de mayo de 2003, producto de un
traslado de Fondo, y que en el mes de octubre de ese mismo año la entidad fue
notificada de la tutela presentada por el accionante en el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Barranquilla en la cual solicitaba “declarar la
Ineficacia y/o Nulidad de la Afiliación con la AFP PORVENIR S.A. y
consecuentemente con la AFP COLFONDOS S.A.", señaló que Colfondos S.A. no
tiene la competencia legal para declarar la nulidad de una afiliación, ni proceder
con el traslado si el fondo de pensiones al que se quiere trasladar el afiliado no lo
solicita.
Finalmente, concluyó que la presente acción de tutela se torna improcedente en lo
que respecta a Colfondos, “dado que no es posible determinar la acción u omisión
en la que incurrió esta administradora, en tanto que es el accionante quien debe
demostrar la afectación a los derechos fundamentales que depreca”.
6.3. Respuesta de la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones
A través de apoderado judicial, la entidad solicitó que se declarara la
improcedencia de la solicitud, por cuanto, señaló, el actor inició un proceso
ordinario laboral por las mismas pretensiones que soportan la presente acción
constitucional, correspondiendo su trámite al Juzgado Quince Laboral del Circuito
de Barranquilla con el radicado 08001310501520210000800, el cual actualmente
se encuentra en curso, situación que, además, ya fue analizada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico dentro de la acción de tutela 2021-00227, en la que se
declaró la improcedencia de la solicitud por no cumplir el requisito de la
subsidiariedad.
Sostuvo que el actor pretende desnaturalizar la acción de tutela al proponer que
por medio de un proceso caracterizado por la inmediatez y la subsidiaridad, sean
reconocidos derechos que son de conocimiento del juez ordinario competente a
través de los mecanismos legales establecidos para ello, aclarando que ya el
accionante acudió a esta vía y actualmente se encuentra en trámite.
Agregó que la solicitud de amparo que promueve la parte actora no es procedente
desde el punto de vista formal, en la medida en que el proceso judicial ordinario
aún se encuentra en curso, pues no se ha dictado sentencia que se encuentre
ejecutoriada, circunstancia que, adujo, conllevaría la desnaturalización de este
mecanismo de protección subsidiario y residual de los derechos fundamentales
que no puede ser propuesto de manera paralela a los procedimientos ordinarios,
pues ello conduciría al desconocimiento de la precitada norma constitucional.
Finalmente, refirió que no puede pasarse inadvertido que el proceso judicial solo
se encontrara culminado cuando se haya proferido una sentencia definitiva que
haga tránsito de cosa juzgada, pues “de otra manera, la entidad se encontraría
ante un imposible fáctico para dar cumplimiento a una orden judicial, lo que
conduce a la improcedencia de este mecanismo constitucional”.
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6.4. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP
A través de apoderado judicial, la entidad solicitó su desvinculación del presente
trámite, toda vez que, indicó, no está legitimada para cuestionar la validez de los
actos y pronunciamientos proferidos por las autoridades judiciales demandadas,
ya que no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y las
pretensiones descritos por el actor.
Por último, señaló que el accionante no efectúa un señalamiento concreto frente a
esa entidad, y que de los hechos y pretensiones se puede establecer que la UGPP
no ha incurrido en vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados,
no ha desarrollado ningún tipo de intervención frente a los acontecimientos
expuestos y carece de toda competencia para responder por lo pretendido o para
efectuar algún tipo de actuación frente a lo reseñado en la tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si las sentencias de tutela de 6 de diciembre y
25 de octubre de 2021, proferidas, en su orden, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla, mediante
las cuales declararon la improcedencia de la acción de tutela que el accionante
promovió contra las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir, Colfondos y Colpensiones, por falta del requisito de subsidiariedad,
incurren en desconocimiento del precedente judicial, contenido en “la Sentencia
T-047/15 y la ley 2055 de 2020, que define como persona mayor aquella de 60
años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor,
siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros,
el de persona adulta mayor”.
3. Improcedencia general de la acción de tutela contra providencias de la
misma naturaleza
La Sala, en principio, había sostenido que la acción de tutela contra fallos de la
misma naturaleza era improcedente, en virtud de las diferentes sentencias de la
Corte Constitucional que tuvieron como sustento la sentencia SU-1219 de 2001.
Sobre el particular, esa Corporación judicial en la sentencia T-272 de 20142,
indicó:
“3.1. La Corte Constitucional ha consolidado una extensa línea de
precedentes, en donde ha fundamentado la posibilidad de interponer una
acción de tutela contra providencias judiciales cuando éstas vulneran
derechos fundamentales, especialmente el debido proceso o el acceso a la
administración de justicia.
(…)
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M. P. María Victoria Calle Correa. 5
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3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado
que la posibilidad de interponer una acción de tutela contra providencias
judiciales no incluye aquellos casos en los cuales la providencia judicial es
otra tutela. Es decir, los precedentes han establecido que la acción de
tutela dirigida contra otra tutela no es procedente. El criterio unificado de la
Corte frente a la improcedencia general de la acción de tutela contra fallos
de tutela fue precisado en la sentencia SU-1219 de 2001. En dicha
providencia se reiteraron las razones constitucionales por las cuales no
procede la acción de tutela contra fallo de tutela.
En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la tutela
contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un recurso
adicional para insistir en la revisión de tutelas que con anterioridad no
fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena interminable de
demandas, con lo cual resultaría afectado el principio de seguridad jurídica,
(iii) se afectaría el mecanismo de cierre hermenéutico de la Constitución,
confiado a la Corte Constitucional, y (iv) la tutela perdería su efectividad,
pues “quedaría indefinidamente postergada hasta que el vencido en un
proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo
que le fue adverso para buscar que su posición coincida con la opinión de
algún juez. En este evento, seguramente el anteriormente triunfador
iniciará la misma cadena de intentos hasta volver a vencer”.
3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada,
precisó que cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la
Constitución, incurre en una arbitrariedad o afecta el debido proceso por
configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en el proceso de
eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el artículo
241 Superior. En otras palabras, una interpretación errada o incompleta de
la Constitución puede ser ajustada en sede de revisión”.
(…)
Con posterioridad, en la sentencia SU-627 de 20153 la Corte Constitucional,
rectificó su jurisprudencia e indicó que, excepcionalmente, la acción de tutela
procede contra sentencias de tutela cuando se adviertan casos de fraude,
supuesto que se agrega a los dos que habían sido contemplados por la
jurisprudencia: irregularidad grave en el curso de una acción de tutela e incidente
de desacato, con la precisión de que la improcedencia absoluta, sin ninguna
excepción, recae en las sentencias de tutela que dicte la Sala Plena o las Salas de
Revisión de esa Corporación. En esa ocasión, la Corte expresó:
“4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata
de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o
posterior a ella.
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la
de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de
tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
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Sentencia de 1º de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. 6
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adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude
(Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación.
4.6.3. Si la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela
diferentes a la sentencia, se debe distinguir si éstas acaecieron con
anterioridad o con posterioridad a la sentencia.
4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.
4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional.”
Con fundamento en lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia T-313 de
20184, consideró que la acción de tutela es procedente, entre otros, contra la
providencia que rechaza la impugnación en un trámite de la misma naturaleza. Al
respecto, sostuvo:
“En el asunto que se examina, la acción de tutela no se dirige contra un fallo de
tutela, sino contra ciertos autos proferidos en el curso del trámite de amparo. La
Corte Constitucional unificó su jurisprudencia en la sentencia SU-627 de 2015,
en la que consideró que la tutela sí era procedente frente a actuaciones
arbitrarias de los jueces de tutela, que se hubieran realizado antes o después
de proferir el fallo, por lo que este requisito de procedencia se encuentra
superado”.
El citado criterio jurisprudencial ha sido acogido por esta Sala, teniendo en cuenta
que la unificación realizada por la Corte Constitucional trasciende del caso
concreto y fija reglas de derecho que deben ser acatadas por todas las
autoridades públicas.
De este modo, se concluye que la jurisprudencia constitucional ha establecido las
subreglas que determinan la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias que se dicten dentro de un trámite tutelar, a saber: (i) cuando la
providencia acusada haya sido proferida por otro juez o tribunal diferente a la
Corte Constitucional y que ésta configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta; (ii) cuando con anterioridad a la sentencia de tutela el juez omite su
deber de informar, notificar o vincular a los terceros que resulten afectados por la
demanda de tutela y, por último, (iii) cuando se trata de obtener la protección de
un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite incidental de
desacato.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. En el presente caso, el accionante considera que las sentencias de tutela de 6
de diciembre y 25 de octubre de 2021, mediante las cuales las autoridades
judiciales accionadas declararon la improcedencia de la acción de tutela que
promovió contra las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir, Colfondos y Colpensiones, por falta del requisito de subsidiariedad,
4
M.P. Carlos Bernal Pulido. 7
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incurren en desconocimiento del precedente judicial, contenido en la “Sentencia T-
047/15 y la ley 2055 de 2020, que define como persona mayor: aquella de 60 años
o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre
que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de
persona adulta mayor”.
4.2. Del análisis de las razones que soportan la solicitud de amparo, la Sala
observa que la misma es improcedente, en tanto en el caso no se observa la
existencia de una cosa juzgada fraudulenta, lo que desatiende los requisitos de
procedibilidad de la tutela contra una decisión de esa misma naturaleza,
desarrollados en la jurisprudencia constitucional en la sentencia SU-627 de 2015,
acogidos por esta Corporación.
Esta Sala ha precisado5 que, en los términos de la Corte Constitucional6, un
comportamiento puede calificarse como fraudulento cuando una actuación que en
apariencia se ajusta a la prescripción normativa, en realidad conlleva una
situación manifiestamente contraria a un principio del ordenamiento superior. En
este sentido, el fraude se presenta como un supuesto de infracción indirecta de la
ley, por dos razones: “por una parte, los actos realizados en fraude a la ley no
impiden la debida aplicación de la norma que se hubiese tratado de eludir. Por
otra, producen una situación que atenta contra el orden constitucional y los
principios que inspiran el reconocimiento de un derecho previsto por una
disposición particular, la cual es empleada para obtener el resultado no deseado
por el legislador”7.
En el caso concreto, la Sala no advierte fraude en la determinación del Tribunal
Administrativo del Atlántico y el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Barranquilla concerniente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad en la
primera acción de tutela que el actor inició, conforme con la cual dicho requisito se
hallaba incumplido, en tanto en la actualidad se encuentra en curso un proceso
ordinario laboral promovido por el actor con la misma pretensión, es decir, que se
anule su afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad y, en
consecuencia, pueda retornar al régimen de prima media con prestación definida
administrado por Colpensiones. Aunado al hecho de que, si bien el actor es un
sujeto de especial protección constitucional, no acreditó encontrarse en una
situación de vulnerabilidad, ni evidenció la existencia de un perjuicio irremediable
en los términos que ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En efecto, de las pruebas aportadas al presente trámite constitucional, la Sala
observa que el análisis del tribunal accionado frente al incumplimiento del referido
requisito se realizó a partir de las afirmaciones hechas por el mismo actor, quien
sostuvo que presentó demanda ante la justicia ordinaria laboral por los mismos
hechos pero que consideraba que no era un trámite idóneo dada su edad y del
tiempo que puede tomar en resolverse.
Sobre el análisis del requisito de subsidiariedad, el Tribunal Administrativo del
Atlántico sostuvo que, de acuerdo con lo manifestado por el mismo accionante,
aquel ya había presentado demanda ante la justicia ordinaria laboral, la cual ya
había sido admitida, “sin embargo, a su juicio, aquel no resulta ser idóneo en
razón de su edad y de la posible demora en ver materializadas sus pretensiones,
en atención a los términos que conlleva un proceso judicial ordinario”. Sobre el
particular puntualizó:
“En este punto, para la Sala resulta importante precisar que los juicios orales
en la jurisdicción contencioso laboral se caracterizan por ser céleres y de
5
Sentencia de 15 de abril de 2021, exp. 2020-05097-01, M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
6
Sentencia T- 073 de 2019.
7
Ibidem. 8
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Demandante: ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO
pronta justicia, sin embargo, si el hoy demandante se encuentra inconforme
con el trámite impartido al interior de aquel proceso, debe a través de los
diferentes mecanismos previstos en la ley, solicitar se administre justicia
oportuna y eficazmente.
En este punto, es importante destacar que la subsidiariedad se debe analizar
en cada caso concreto y, en aquellos eventos en que el demandante sea un
sujeto de especial protección constitucional o se encuentre en condición de
vulnerabilidad, en algunos casos, la Corte Constitucional, ha determinado que
los mecanismos ordinarios, si bien pueden ser idóneos, no son eficaces, en la
medida en que la respuesta de la administración de justicia podría no ser
oportuna, como puede suceder, por ejemplo, cuando el demandante tiene
problemas de salud, es de escasos recursos económicos o es un adulto
mayor en condición de vulnerabilidad”.
Posteriormente, en la solución del caso concreto, señaló sobre la calidad de sujeto
de especial protección constitucional del demandante lo siguiente:
“En el presente asunto, se observa que, si bien el accionante es un sujeto de
especial protección constitucional, en razón de su edad, aquel no acreditó
encontrarse en una condición de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que no
manifestó ni se puede deducir con las pruebas allegadas al expediente que
tenga algún problema de salud ni tampoco puso de presente que atraviese
una situación socioeconómica difícil.
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el solo cumplimiento de la
edad de 74 años no implica que una persona pueda catalogarse de plano
como sujeto de especial protección constitucional. Entre los criterios que se
han tenido en cuenta para evidenciar que una persona puede requerir mayor
protección, además de la edad, se encuentre el hecho de que la persona se
encuentre expuesta a otras situaciones complejas de carácter cronológico,
fisiológico o social.
En el presente caso, si bien la demandante tiene 74 años, lo cierto es que no
manifestó estar expuesto a alguna condición de vulnerabilidad que exija
amparo inmediato por el ordenamiento jurídico, descuidando los mecanismos
de defensa judicial, idóneos y efectivos, que el legislador ha previsto para
este tipo de asuntos”.
Finalmente, el estudio del perjuicio irremediable lo realizó en los siguientes
términos:
“En cuanto hace a la evidencia el riesgo de consumación de un perjuicio
irremediable, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional un perjuicio para
tener la connotación de irremediable debe ser: "i) inminente, es decir, que se
trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ii) grave, esto es,
que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona
sea de gran intensidad; iii) las medidas que se requieren para conjurar el
perjuicio irremediable sean urgentes; y iv) la acción de tutela sea
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad".
Sin embargo, en el caso bajo análisis, ni los elementos fácticos mencionados
en el escrito de tutela, ni las pruebas allegadas al expediente, evidencian que
el demandante se encuentre expuesto a un riesgo inminente y grave, que
exija medidas urgentes e impostergables, al punto de que el juez
constitucional desplace la competencia del juez ordinario”.
En este punto, el tribunal accionado aclaró que negar la solicitud de traslado del
actor implicaría una eventual amenaza o vulneración de sus derechos
fundamentales si la amenaza estuviera por suceder al punto en que fuera
perentoria la intervención del juez constitucional, pero que, en el caso, se
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Demandante: ALFONSO GABRIEL ECKARDT MARTINEZ APARICIO
observaba que el accionante “ya cumplió la edad pensional y, de acuerdo con lo
manifestado por Colfondos el mismo ya cuenta con el capital suficiente para
acceder a pensión de vejez, aunado al hecho que, de acuerdo con el formulario
de solicitud de vinculación o traslado al fondo de pensiones obligatorias y al fondo
de cesantías BBVA Horizonte, hoy Porvenir S.A., el actor tuvo conocimiento en
aquel momento sobre las implicaciones del régimen al cual se trasladaba y su
derecho a retractarse. Por ende, no resulta procedente sostener que, en este
momento, aquel se encuentra expuesto a una amenaza inminente, que está por
suceder y que debe ser solucionada por este medio”.
Enseguida continuó explicando sobre la gravedad del perjuicio alegado:
“Adicionalmente, la situación expuesta por el accionante tampoco es grave al
punto que requiera la intervención inmediata del juez constitucional, si se
tiene en consideración que, según el estudio de la situación pensional del
actor, que él mismo allegó al proceso, el posible monto pensional que podría
recibir en ninguno de los dos regímenes corresponde a uno que, en principio,
pueda comprometer su mínimo vital.
En efecto, según el mencionado estudio o cálculo, en el régimen de prima
media con prestación definida el valor de la mesada pensional sería
$11.421.200, mientras que en el RAIS correspondería a $2.765.250. Por lo
que, para la Sala no se encuentra razones que permitan inferir que no
ordenar el traslado, en un término perentorio, expone al accionante a una
situación crítica, al punto que el juez constitucional deba intervenir,
desconociendo la naturaleza de la tutela y la competencia del juez ordinario.
Finalmente, y no menos importante, para la Sala la pretensión de esta acción
constitucional, tiene un trasfondo económico, pues no está en discusión el
derecho pensional en sí mismo, sino el traslado al régimen de prima media,
en el cual la demandante considera que el monto de la mesada pensional
sería más elevado cuando se reconozca el derecho, frente a lo cual, la tutela,
en razón de su naturaleza subsidiaria y residual, no es el mecanismo
adecuado para dirimir tal controversia". (Resaltado de la Sala).
De este modo, los argumentos propuestos por el accionante no demuestran que
se incurra en alguna de las circunstancias previstas en la sentencia SU-627 de
2015 para la procedencia excepcional de la tutela contra una providencia dictada
en otro proceso de tutela, pues se observa que la decisión que se objeta se
adoptó con base en las normas aplicables, relativas a la competencia funcional de
los jueces, y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la
subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela y el
perjuicio irremediable. De este modo, se descarta que se trate de una decisión
fraudulenta o que impida la aplicación de alguna norma jurídica constitucional o
legal, o que tenga como propósito obtener un resultado no deseado por el
legislador.
En realidad, se trata de una inconformidad respecto de la negativa por parte de
las autoridades judiciales a estudiar de fondo el debate planteado por encontrar
que la solicitud incumplió el requisito de la subsidiariedad, lo que no es suficiente
para que la Sala analice de fondo la sentencia cuestionada, pues, se insiste, no
se cumple con el requisito establecido por la Corte Constitucional para la habilitar
la procedencia excepcional de la acción de tutela contra una sentencia de tutela,
esto es, que exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa
juzgada fraudulenta.
Como se anotó, las providencias que se profieren en el trámite de tutela no
pueden cuestionarse mediante el mecanismo de la tutela, pues los principios de
seguridad y coherencia del ordenamiento jurídico impiden que las providencias del
juez de tutela se revisen por otro juez de tutela indefinidamente.
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Por las anteriores razones, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela promovida por el señor Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
RESUELVE:
Primero.- DECLÁRASE IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el
señor Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio, quien actúa por intermedio de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y el Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Barranquilla, por las razones expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual
revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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