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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04269-00

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-04269-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio contra los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado; Ministros de Justicia y del Derecho y del Trabajo y presidentes de la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. y de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, conforme a la motivación. 2º. Reconócese personería al abogado Fredy Alberto Lara Borja, identificado con cédula de ciudadanía 7ʼ426.321 y tarjeta profesional 185.823 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro de las presentes diligencias en representación del actor. 3º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-04269-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

1 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., primero (1º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-04269-001
Actor : Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio
Demandados : Magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado, Ministros de Justicia y del Derecho y del
Trabajo y presidentes de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), del Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S. A. y de Colfondos S. A. Pensiones y
Cesantías
Tema : Tutela contra providencia judicial: derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, seguridad social, mínimo vital
y vida digna

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por el señor Alfonso
Gabriel Eckardt Martínez Aparicio, por la presunta vulneración de sus
derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, seguridad social,
mínimo vital y vida digna.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. El señor Alfonso Gabriel Eckardt Martínez
Aparicio, por conducto de apoderado, presenta acción de tutela con el fin de
obtener la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia,
presuntamente quebrantadas por los señores magistrados de la subsección C
de la sección tercera del Consejo de Estado, Ministros de Justicia y del
Derecho y del Trabajo y presidentes de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A.
y de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías.

Como consecuencia de lo anterior, pide se (i) deje sin efectos el fallo de 17 de
junio de 2022, mediante el cual el Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera) confirmó el de 31 de marzo del año en curso, con el que esta
Corporación (sección cuarta) declaró improcedente la tutela 11001-03-15-
000-2022-00105-00; (ii) ordene a los señores Ministros de Justicia y del

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

Derecho y del Trabajo y presidentes de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A.
y de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías que adelanten los trámites
pertinentes para que sus aportes a pensión sean trasladados del régimen de
ahorro individual con solidaridad al de prima media con prestación definida; y
(iii) disponga que el señor presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías
Porvenir S. A. debe expedir, dentro de los 48 horas siguientes a la
notificación de la providencia que así lo estipule, el «acto administrativo» de
reconocimiento de la pensión de vejez.

1.2 Hechos. Relata el accionante que tiene 75 años de edad e incoó acción
de tutela contra los señores presidentes de Colpensiones, del Fondo de
Pensiones y Cesantías Porvenir S. A. y de Colfondos S. A. Pensiones y
Cesantías (expediente 08001-33-33-005-2021-00227-00), con el propósito de
obtener el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales a la
seguridad social, mínimo vital y dignidad humana y, en consecuencia, el
envío de sus aportes a pensión del régimen de ahorro individual con
solidaridad al de prima media con prestación definida y el reconocimiento de
la respectiva prestación.

Que del aludido asunto constitucional conoció el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo de Barranquilla, que el 25 de octubre de 2021 lo declaró
improcedente al no colmar la exigencia de subsidiariedad, toda vez que se
adelantaba una demanda ordinaria2 en la que se discutía el traslado entre
regímenes pensionales, y no se evidenciaba un perjuicio irremediable,
decisión que impugnó y que confirmó el 6 de diciembre siguiente el Tribunal
Administrativo del Atlántico (sección C), con fundamento en el mismo
argumento empleado en primera instancia.

Dice que formuló solicitud de amparo contra los señores Juez Quinto (5º)
Administrativo de Barranquilla y magistrados de la sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico (expediente 11001-03-15-000-2022-00105-00),
orientada a que se dejaran sin efectos las determinaciones judiciales señaladas
en el párrafo precedente, acción de la que conoció el Consejo de Estado
(sección cuarta), que el 31 de marzo de 2022 la declaró improcedente, al
estimar que no era factible controvertir por conducto de la tutela sentencias
proferidas en un trámite de la misma naturaleza, providencia confirmada el 17
2
No la identifica.

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

de junio siguiente por esta Corporación (subsección C de la sección tercera),
que, además, indicó que el hecho de tener la condición de persona de la
tercera edad, no lo releva de la obligación de agotar los instrumentos
ordinarios instituidos para acceder a derechos pensionales.

Que los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado advirtieron que es un sujeto de especial protección
constitucional, sin embargo, no accedieron al amparo deprecado en el
expediente 11001-03-15-000-2022-00105-00, lo que hubiere conllevado
reconocerle su pensión, omisión que trasgrede sus garantías superiores. De
igual modo, en esas diligencias no resultaba dable exigirle la demostración de
un perjuicio irremediable, porque exponer sus condiciones de vulnerabilidad
quebrantaría la prerrogativa a la intimidad personal.

Sostiene que el ordenamiento jurídico permite el traslado de las cotizaciones a
pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima media
con prestación definida, premisa en virtud de la cual se debe ordenar a las
autoridades accionadas que regentan los respectivos fondos de pensiones que
remitan sus aportes a Colpensiones, con el fin de que esta le conceda la
correspondiente prestación.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 10 de agosto de 2022, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera
del Consejo de Estado; Ministros de Justicia y del Derecho y del Trabajo y
presidentes de Colpensiones, del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.
A. y de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías y dispuso vincular a los
señores magistrados de la sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico
y Juez Quinto (5º) Administrativo de Barranquilla, en los términos del
artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.

Adicionalmente, en el aludido proveído se requirió del señor Fredy Alberto
Lara Borja, quien dice actuar como apoderado del tutelante, allegar el poder a
él otorgado para instaurar la tutela de la referencia, adosado el 16 de agosto de
2022, motivo por el cual se le reconocerá personería jurídica.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor presidente de Colpensiones, por conducto de la señora directora
de la dirección de acciones constitucionales del ente, afirma que el 10 de
diciembre de 2020 el actor pidió el traslado de régimen pensional, lo que le
fue negado porque no cumplía las exigencias legales3, lo que derivó en la
presentación de la acción de tutela 11001-03-15-000-2022-00105-00, sin
embargo, tanto el Juzgado Quinto (5º) Administrativo de Barranquilla como
el Tribunal Administrativo del Atlántico (sección C) la declararon
improcedente, en razón a que no colmaba el requisito de subsidiariedad, dado
que debía promoverse la respectiva demanda ordinaria.

Que las decisiones emitidas en el referido trámite constitucional atienden la
jurisprudencia de la Corte Constitucional4, según la cual, en casos como el
discutido, debe demostrarse la ocurrencia de un perjuicio irremediable para
que el juez de tutela estudie de fondo la controversia, presupuesto que no se
satisface en el sub lite, por tanto, no es procedente emitir un pronunciamiento
sobre las súplicas del actor.

Aduce que en la tutela de la referencia se configura el fenómeno procesal de
la cosa juzgada, porque la pretensión atañedera al traslado de régimen
pensional del demandante fue expuesta y desestimada en el expediente
08001-33-33-005-2021-00227-00, en consecuencia, no es factible volverla a
plantear en el presente asunto constitucional.

2.1.2 Los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado, por intermedio del ponente del fallo que desató, en
segunda instancia, la acción de amparo 11001-03-15-000-2022-00105-00,
aseveran que ese trámite era improcedente, por cuanto en él se controvirtieron
las sentencias que desataron la tutela 08001-33-33-005-2021-00227-00, de
manera que como ese mecanismo constitucional no procede contra decisiones
emitidas en diligencias de la misma naturaleza, la providencia por ellos
proferida atiende el marco jurídico.

2.1.3 El señor Ministro de Justicia y del Derecho, a través del señor director
jurídico de la cartera que regenta, indica que carece de legitimación en la
causa por pasiva, pues las súplicas del accionante no están relacionadas con

3
Omite determinar cuáles.
4
Sentencia T-821 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

las funciones que le impone el sistema normativo. Además, una vez
consultadas las bases de datos del organismo, se evidenció que no tiene ni
tuvo vínculo alguno con el actor.

2.1.4 La señora Ministra del Trabajo, mediante la señora jefe de la oficina
asesora jurídica del ente que dirige, afirma que no le asiste interés alguno en
esta acción, puesto que los hechos y pretensiones expuestos en el escrito de
tutela no atañen a las tareas que le atribuye el ordenamiento jurídico,
comoquiera que el traslado entre regímenes pensionales debe decidirlo los
correspondientes fondos privados y Colpensiones, del cual no es superior
funcional.

2.1.5 El señor presidente del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A.,
por conducto de la señora directora de asuntos constitucionales de esa
sociedad, señala que el actor no está afiliado a la compañía, sino a Colfondos
S. A. Pensiones y Cesantías, por ende, este es el llamado a pronunciarse sobre
las súplicas de aquel. Asimismo, esta acción deviene en improcedente, porque
el marco jurídico contempla otros mecanismos judiciales para que el tutelante
obtenga el reconocimiento de la pensión de vejez en las condiciones que
desea, como la «demanda ordinaria laboral», máxime cuando no se acredita
la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

2.1.6 Los señores presidente de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías, Juez
Quinto (5º) Administrativo de Barranquilla y magistrados de la sección C del
Tribunal Administrativo del Atlántico guardaron silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
el accionante, quien aduce quebranto de sus derechos constitucionales
fundamentales a la igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida digna.

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. En atención a lo expuesto en la acción de tutela de
la referencia, a las pruebas adosadas y a lo indicado por las autoridades
accionadas en las contestaciones del escrito de amparo, la Sala considera
oportuno determinar si en el sub lite acaeció el fenómeno procesal de la cosa
juzgada, respecto de algunas de las pretensiones formuladas por el
demandante.

En ese orden de ideas, debe indicarse que la Corte Constitucional, en
sentencia T-123 de 20165, se pronunció acerca de los presupuestos que se
deben tener en cuenta para dilucidar si acaece o no la cosa juzgada, en los
siguientes términos:

Para la Corte, esta disposición [artículo 38 del Decreto 2591 de 1991]
limita la libertad de acudir sucesiva e indefinidamente ante los jueces de
tutela para promover reclamos por los mismos hechos y basándose en
los mismos derechos, cuando ya han obtenido un pronunciamiento
definitivo por la justicia constitucional. Esto parte de la necesidad de
preservar la seguridad jurídica requerida para el buen funcionamiento de
la administración de justicia y el tráfico de las relaciones jurídicas;
pretende salvaguardar el carácter subsidiario de la acción de tutela, y se
orienta a garantizar la eficacia de las decisiones judiciales adoptadas en
sede jurisdiccional, todo lo cual se eliminaría si los debates sobre los
derechos fundamentales de una persona pudieran permanecer abiertos
indefinidamente.

7. En este contexto, la Corte ha reiterado que cuando el juez
constitucional ya se pronunció sobre un asunto iusfundamental, y ya
se surtió todo el trámite de la acción de tutela, incluyendo una
decisión sobre la eventual revisión de la Corte –y en caso de que la
Corte haya decidido revisarlo, que ya se haya proferido la sentencia de
tutela correspondiente- este pronunciamiento hace tránsito a cosa
juzgada.

En tal virtud, si una persona instaura una o varias acciones tutela
sobre un asunto sobre el que pesa la cosa juzgada constitucional, el
juez debe declarar improcedentes estas acciones posteriores al

5
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

primer fallo definitivo. Y solo si se desvirtúa debidamente la
presunción de buena fe del actor (CP art. 83), puede declararse la
temeridad de que trata el segundo inciso del artículo 38 del Decreto
2591, e imponer entonces las consecuencias establecidas en la ley.

8. Para llegar a la conclusión de que una misma demanda de tutela se ha
instaurado varias veces, con infracción de la prohibición prevista en el
artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 o con desconocimiento de la cosa
juzgada constitucional, es indispensable acreditar que en la tutela
concurren: (i) identidad de partes; (ii) identidad de causa petendi, o lo
que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo de la acción se
fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa; e (iii)
identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción
de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental.

9. Adicionalmente, es necesario verificar que no existe una razón válida
que justifique un nuevo pronunciamiento por parte de la jurisdicción
constitucional en relación con los mismos hechos, porque por ejemplo
surgieron nuevas pruebas que antes era imposible haber allegado al
proceso. Así, la sentencia T-185 de 2013 señaló que existen varios
eventos en los que queda desvirtuada la cosa juzgada entre acciones de
tutela, como son “i) una nueva solicitud de amparo que se fundamenta
en hechos nuevos, que no habían sido tenidos en cuenta con
anterioridad por el juez; y ii) alegar nuevos elementos fácticos o
jurídicos que fundan la solicitud, los cuales fueron desconocidos por el
actor y no tenía manera de haberlos conocido en la interposición de la
primera acción de tutela” [destaca la Sala].

De acuerdo con el derrotero jurisprudencial citado en precedencia, la cosa
juzgada se configura cuando entre la tutela bajo estudio y una decidida con
antelación por la jurisdicción constitucional existe identidad de partes, hechos
y pretensiones.

En el caso sub examine se observa que el actor promovió acción de tutela
contra los señores presidentes de Colpensiones, del Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S. A. y de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías
(expediente 08001-33-33-005-2021-00227-00), encaminada a que se
ampararan sus garantías superiores a la seguridad social, mínimo vital y
dignidad humana y se ordenara a las autoridades accionadas (i) pasar sus
aportes a pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad al de
prima media con prestación definida y (ii) se le concediera la prestación.

Del anterior asunto constitucional conoció el Juzgado Quinto (5º)
Administrativo de Barranquilla, que el 25 de octubre de 2021 lo declaró
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

improcedente, porque no satisfacía la exigencia de subsidiariedad, dado que
se adelantaba un proceso ordinario6 en el que se discutía el traslado
pretendido y el reconocimiento de la pensión de vejez al accionante,
determinación judicial impugnada por este y confirmada el 6 de diciembre
siguiente por el Tribunal Administrativo del Atlántico (sección C).

El demandante instauró otra tutela contra los señores Juez Quinto (5º)
Administrativo de Barranquilla y magistrados de la sección C del Tribunal
Administrativo del Atlántico (expediente 11001-03-15-000-2022-00105-00),
con el propósito de que se dejaran sin efectos los fallos aludidos en el párrafo
precedente y se accediera a las súplicas formuladas en el trámite 08001-33-
33-005-2021-00227-00, asunto del que conoció el Consejo de Estado (sección
cuarta), que el 31 de marzo de 2022 lo declaró improcedente, por cuanto la
acción de amparo no era dable emplearla para controvertir sentencias emitidas
en diligencias de la misma naturaleza, providencia que confirmó el 17 de
junio del año en curso esta Corporación (subsección C de la sección tercera).

Ahora bien, en la tutela de la referencia el demandante pide se (i) deje sin
efectos el mencionado fallo de 17 de junio de 2022, (ii) ordene el traslado de
sus aportes a pensión del régimen de ahorro individual con solidaridad al de
prima media con prestación definida y (iii) le conceda la pensión de vejez, no
obstante, la Sala estima que sobre las dos (2) últimas pretensiones se
configura el fenómeno procesal de la cosa juzgada, puesto que, se reitera,
fueron planteadas en el expediente 08001-33-33-005-2021-00227-00 y
desestimadas al no colmarse la exigencia de subsidiariedad, de manera que no
resulta factible emitir un nuevo pronunciamiento sobre el particular, máxime
cuando no se acreditó que haya acontecido algún hecho adicional que
modifique en algo la situación fáctica previamente analizada.

Así las cosas, la Sala centrará su estudio en establecer si la presente acción
procede para dejar sin efectos la sentencia de 17 de junio de 2022, por medio
de la cual el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) confirmó
la de 31 de marzo anterior, con la que esta Corporación (sección cuarta)
declaró improcedente la tutela 11001-03-15-000-2022-00105-00.

3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional

6
No se identifica en la providencia.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

fundamental que pueda comportar el fallo de 17 de junio de 2022, por cuyo
conducto el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) confirmó
el de 31 de marzo del año en curso, con el que esta Corporación (sección
cuarta) declaró improcedente la acción de amparo 11001-03-15-000-2022-
00105-00; y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores a
la igualdad, seguridad social, mínimo vital y vida digna invocadas en la
solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.

La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.

La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.

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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.

Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.

Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.

Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales7, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20128, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos9.
7
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
8
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
9
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de

11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa
que: (i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae
sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad,
seguridad social, mínimo vital y vida digna del actor; (ii) contra el fallo objeto
de censura no procede recurso alguno, dado que se emitió en segunda
instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; y (iv) la
exigencia de inmediatez se satisface, toda vez que la decisión atacada se
profirió el 17 de junio de 2022 y la solicitud de amparo se instauró el 5 de
agosto siguiente, es decir, dentro de un término prudencial (1 mes y 18 días).

No obstante, se advierte que no se cumple el requisito de que la tutela no se
formule contra una providencia que decida una acción de esa naturaleza, pues
la sentencia objeto de censura fue dictada dentro del trámite constitucional
11001-03-15-000-2022-00105-00, promovido por el aquí actor contra los
señores Juez Quinto (5º) Administrativo de Barranquilla y magistrados de la
sección C del Tribunal Administrativo del Atlántico.

La jurisprudencia constitucional10, en principio, indicó que la tutela no es
procedente para controvertir fallos adoptados dentro de otras acciones de ese
tipo, por cuanto se afectaría su naturaleza y se originaría inseguridad jurídica
y desconocimiento del principio de cosa juzgada, puesto que las controversias
conocidas por la autoridad judicial nunca serían decididas definitivamente
ante la posibilidad de instaurar, de manera concadenada, varias solicitudes de
amparo. Al respecto, la Corte Constitucional11 sostuvo:

3.2. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional también ha precisado
que la posibilidad de interponer una acción de tutela contra
providencias judiciales no incluye aquellos casos en los cuales la
providencia judicial es otra tutela. Es decir, los precedentes han
establecido que la acción de tutela dirigida contra otra tutela no es
procedente. El criterio unificado de la Corte frente a la improcedencia
general de la acción de tutela contra fallos de tutela, fue precisado en la

febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
10
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2003, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
11
Sentencia T-272 de 2014, M. P. María Victoria Calle Correa.

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

sentencia SU-1219 de 200112. En dicha providencia se reiteraron las
razones constitucionales por las cuales no procede la acción de tutela
contra fallo de tutela.

En síntesis, en esa decisión la Corte indicó que no es procedente la
tutela contra tutela porque de lo contrario (i) implicaría instituir un
recurso adicional para insistir en la revisión de tutelas que con
anterioridad no fueron seleccionadas, (ii) supondría crear una cadena
interminable de demandas, con lo cual resultaría afectado el principio
de seguridad jurídica, (iii) se afectaría el mecanismo de cierre
hermenéutico de la Constitución, confiado a la Corte Constitucional, y
(iv) la tutela perdería su efectividad, pues “quedaría indefinidamente
postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no
insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para
buscar que su posición coincida con la opinión de algún juez. En este
evento, seguramente el anteriormente triunfador iniciará la misma
cadena de intentos hasta volver a vencer”.

3.3. Así mismo, la sentencia de unificación de la Corte antes citada,
precisó que cuando un juez de tutela falla en la interpretación de la
Constitución, incurre en una arbitrariedad o afecta el debido proceso
por configurar una vía de hecho, éstos pueden resolverse en el proceso
de eventual revisión ante la Corte Constitucional, consagrado en el
artículo 241 Superior.13 En otras palabras, una interpretación errada o
incompleta de la Constitución puede ser ajustada en sede de revisión.
12
(MP. Manuel José Cepeda Espinosa). La posición unificada que contiene esta sentencia ha sido reiterada
por las diferentes Salas que han integrado esta Corporación: T-174 de 2002 (MP. Rodrigo Escobar Gil), T-
192 de 2002 (MP. Eduardo Montealegre Lynnet), T-217 de 2002 (MP. Jaime Córdoba Triviño), T-354 de
2002 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-444 de 2002 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-200 de 2003
(MP. Rodrigo Escobar Gil), T-536 de 2004 (MP. Clara Inés Vargas Hernández), T-059 de 2006 (MP. Álvaro
Tafur Galvis), T-104 de 2007 (MP. Álvaro Tafur Galvis), T-210 de 2008 (MP. Jaime Araujo Rentería), T-
282 de 2009 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), T-137 de 2010 (MP. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-151 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla), y T-813 de 2010 (MP. María Victoria Calle Correa).
13
Artículo 241: A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la
Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes
funciones: 9.revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción
de tutela de los derechos constitucionales. Por su parte, el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991 “por el cual
se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución,” señala: revisión por la
Corte Constitucional: La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin
motivación expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier
Magistrado de la Corte, o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido
por éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio
grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su recepción,
deberán ser decididos en el término de tres meses. Sobre el propósito de la eventual revisión ante la Corte
Constitucional, en la sentencia SU-1219 de 2001 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Clara Inés Vargas
Hernández) la Sala Plena explicó: “(…) el deber de remisión de todos los fallos de tutela a la Corte
Constitucional obedece a la necesidad de que sea un órgano centralizado al cual se le confió la guarda de la
integridad y supremacía de la Constitución el que finalmente determine cuáles son los fallos de tutela que
representan una aplicación adecuada de los derechos constitucionales y así ejerza la tarea de unificación
jurisprudencial en materia de derechos fundamentales y de desarrollo judicial de la Constitución. Con esta
decisión el Constituyente ha creado el mecanismo más amplio, y a la vez eficaz, para evitar que los derechos
fundamentales no obtengan la protección que merecen como principios medulares de la organización
política colombiana. Es así como la Corte Constitucional debe mirar la totalidad de las sentencias de tutela,

13

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

Cabe destacar que el alto tribunal constitucional flexibilizó14 la postura de
improcedencia de la tutela contra sentencia de amparo en varios
pronunciamientos, al punto de que en el fallo SU-627 de 201515 dijo que a
ello hay lugar, siempre que se cumplan ciertos presupuestos, en los siguientes
términos:

4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se
trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se
dirige contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación
previa o posterior a ella.

4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la
regla es la de que no procede.

4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha
sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea
por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el
incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional.

4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de
manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante
el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando,
además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad
de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y
suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue
producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y
(iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación […] (se destaca).

Al aplicar las exigencias precisadas por la Corte Constitucional para que la
tutela sea procedente contra providencias que decidan otra de similar
raigambre, en el sub lite la Sala concluye que no se colman, pues no se
evidencia que la decisión reprochada corresponda a una situación de fraude,
es decir, que se configure lo que ese alto tribunal ha denominado cosa juzgada

bien sea para seleccionar las sentencias que ameritan una revisión o para decretar su no selección pero en
cualquiera de estos dos eventos debe estudiar el fallo de instancia y adoptar una decisión al respecto.”
14
Sentencias T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez, y T-951 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
15
M. P. Mauricio González Cuervo.

14

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

fraudulenta, entendida como la «[…] intención dolosa de servirse de la
justicia para alcanzar fines inicuos […]»16.

A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala declarará improcedente la
acción de la referencia, comoquiera que (i) operó el fenómeno de la cosa
juzgada respecto de las pretensiones de ordenar el traslado de los aportes a
pensión del demandante del régimen de ahorro individual con solidaridad al
de prima media con prestación definida y concederle la prestación, y (ii) no se
cumple el requisito de procedibilidad de que la tutela no sea incoada contra
una sentencia que haya decidido un trámite de la misma naturaleza, frente a la
súplica atañedera al fallo que decidió, en segunda instancia, el asunto
constitucional 11001-03-15-000-2022-00105-00.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Alfonso
Gabriel Eckardt Martínez Aparicio contra los señores magistrados de la
subsección C de la sección tercera del Consejo de Estado; Ministros de
Justicia y del Derecho y del Trabajo y presidentes de la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), del Fondo de Pensiones y
Cesantías Porvenir S. A. y de Colfondos S. A. Pensiones y Cesantías,
conforme a la motivación.

2º. Reconócese personería al abogado Fredy Alberto Lara Borja, identificado
con cédula de ciudadanía 7ʼ426.321 y tarjeta profesional 185.823 del Consejo
Superior de la Judicatura, para actuar dentro de las presentes diligencias en
representación del actor.

3º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

16
Sentencia T-218 de 2012, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.

15

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-04269-00
Actor: Alfonso Gabriel Eckardt Martínez Aparicio

4º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

16

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