Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00114-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-00114-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
3 de junio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., tres (3) de junio de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2022-00114-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: HOOVER HENRY RODRÍGUEZ CARVAJAL Y OTROS.
TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. EN EL PRESENTE
CASO LA PARTE ACTORA NO CUMPLIÓ CON LA CARGA
ARGUMENTATIVA MÍNIMA PARA IMPUGNAR LA DECISIÓN
PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIA, ASÍ COMO TAMPOCO SE
ADVIRTIÓ NINGUNA JUSTIFICACIÓN PARA SU OMISIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: IGUALDAD Y DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por los actores contra la
sentencia de 18 de marzo de 2022, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente el amparo solicitado.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
1
En adelante Sección Tercera.
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Actores: HOOVER HENRY RODRÍGUEZ CARVAJAL Y OTROS
Los señores HOOVER HENRY RODRÍGUEZ CARVAJAL, LIZ
MARISOL PEÑARANDA APARICIO, LINDA DANIELA y HENRY
JOSEPH RODRÍGUEZ PEÑARANDA, actuando a través de
apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitan la protección de sus
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, los cuales
estiman vulnerados por el JUZGADO VEINTIDÓS
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
MEDELLÍN 2 y el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
– SALA TERCERA DE ORALIDAD-3, al haber proferido las
sentencias de 3 de noviembre de 2016 y 27 de agosto de 2021,
respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 050013333022 2015 01352 01.
I.2.- Hechos
Manifestaron que el señor HOOVER HENRY RODRÍGUEZ
CARVAJAL ingresó al servicio de la NACIÓN- MINISTERIO DE
DEFENSA - POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA4 en el cargo de
2
En adelante Juzgado.
3
En adelante Tribunal.
4
En adelante Policía Nacional
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Subteniente y, posteriormente, en virtud de la Resolución No. 4514
del 28 de noviembre de 2008, ascendió al grado de Mayor, cargo que
ostentó hasta el momento de su retiro.
Señalaron que debido a su excelente desempeño profesional, le
fueron otorgados reconocimientos en los que se incluyó la medalla
“José Prudencio Padilla” en la categoría “Honor al mérito” y una
licencia remunerada para estudiar durante un año fuera del país.
Arguyeron que una vez culminada la licencia, la Dirección de Talento
Humano de la Policía Nacional le informó que las Juntas de Evaluación
y Clasificación y de Generales de la Policía Nacional y del Ministerio
de Defensa, decidieron no recomendarlo para el concurso de
capacitación para ascenso.
Afirmaron que en virtud del Decreto núm. 0694 de 16 de abril de
2015, se llamó al señor HOOVER HENRY RODRÍGUEZ CARVAJAL
a calificar servicios y, por ende, fue retirado de la Policía Nacional al
contar con más de 20 años de servicio, siendo acreedor de una
asignación mensual de retiro.
Precisaron que promovieron el medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho contra la POLICÍA NACIONAL con la
finalidad de solicitar la nulidad del acto administrativo de retiro, el
reintegro al cargo de Mayor y el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales dejadas de percibir junto con los perjuicios
causados.
Indicaron que el proceso referido fue identificado con el número único
de radicación 050013333022 2015 01352 01 y atribuido para su
trámite al JUZGADO que, mediante sentencia de 3 de noviembre de
2016, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que el
acto administrativo de retiro gozaba de legalidad.
Afirmaron que presentaron el recurso de apelación respectivo ante el
TRIBUNAL que, a través de sentencia de 27 de agosto de 2021,
confirmó la decisión de primera instancia.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Manifestaron que las providencias cuestionadas incurrieron en el
defecto sustantivo al desconocer las normas constitucionales y
legales, así como los criterios jurisprudenciales relacionados con los
actos de retiro discrecional de los miembros activos de la Policía
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Nacional.
Señalaron que de acuerdo con la sentencia SU-053 de 2015, el acto
de retiro debe cumplir con los requisitos de proporcionalidad y
razonabilidad lo que permita la coherencia y concordancia con las
finalidades perseguidas por la institución.
Asimismo, tomaron como referencia algunos pronunciamientos de
esta Corporación indicando que, en casos similares de retiro se […]
estudia la hoja de vida del actor en los años inmediatamente
anteriores a la decisión que toma el Gobierno Nacional, todo ello
buscando que la discrecionalidad no se confunda con la arbitrariedad.
[…].
Finalmente, precisaron que las decisiones objetadas desconocen el
precedente jurisprudencial, vulnerando sus derechos fundamentales
a la igualdad incurriendo en una vía de hecho.
I.4.- Pretensiones
Los accionantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales
invocados como violados, en los siguientes términos:
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“[…] PRIMERO: Mediante la acción que interpongo PERSIGO que
esa Honorable Corporación TUTELE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO,
consagrados en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política
de 1991, los cuales fueron violados por el JUZGADO VEINTIDÓS
(22) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE
MEDELLÍN y el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
– SALA TERCERA DE ORALIDAD, por las sentencias del 3 de
diciembre de 2016 y 27 de agosto de 2021, primera y segunda
instancia respectivamente, proferidas dentro del medio de
Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, radicada
bajo el No. 05001 33 33 022 2015 01352 01, adelantada en
contra de LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL –
POLICIA NACIONAL, por la expedición del Decreto 0694 del 16
de abril de 2015, por medio del cual se produjo mi retiro del
servicio activo de como miembro de la Policía Nacional, mediante
la figura de “Llamamiento a calificar servicios”, toda vez que las
sentencias cuestionadas al negar las pretensiones de la
demanda desconocieron los derechos fundamentales a la
igualdad y debido proceso de mis representados, por constituir
un defecto sustantivo o material.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, PRETENDO que
esa Honorable Corporación Revoque o nulite las sentencias del
3 de diciembre de 2016 y 27 de agosto de 2021, primera y
segunda instancia respectivamente, proferidas por el JUZGADO
VEINTIDÓS (22) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE MEDELLÍN y el H. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA – SALA TERCERA DE ORALIDAD (1ª y 2ª instancia
respectivamente), dentro de la acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho, radicado No. 05001 33 33 022
2015 01352 01, adelantada en contra de LA NACION –
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – POLICIA NACIONAL, por
la expedición del Decreto 0694 del 16 de abril de 2015, por
medio del cual se produjo mi retiro del servicio activo de como
miembro de la Policía Nacional, mediante la figura de
“Llamamiento a calificar servicios”, y en su lugar se ordene al
fallador de segunda instancia se ACCEDAN A LAS
PRETENSIONES DE LA DEMANDA. […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que en el presente asunto no se
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satisfacen los presupuestos de procedibilidad, al considerar que el
mecanismo constitucional no puede convertirse en una instancia
adicional para controvertir una decisión judicial.
Agregó que la providencia fue proferida con observancia del debido
proceso de conformidad con la normatividad vigente en el caso
concreto, verificando los argumentos de la demanda, lo que llevó a
concluir que no se encontraron probados los cargos de nulidad
planteados.
I.5.2.- El JUZGADO solicitó denegar las pretensiones de amparo,
pues consideró que no incurrió en la vía de hecho dentro del proceso
que cursó en el despacho.
Señaló que el fallo proferido tuvo en cuenta todos los elementos
probatorios aportados al expediente, asimismo aplicó estrictamente
la normatividad aplicable al caso concreto y determinó que el acto
administrativo de retiro se encontró ajustado a derecho, en tanto, no
adoleció de vicios de nulidad y se sustentó en la facultad discrecional.
I.6.- Interviniente
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I.6.1. La NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA
NACIONAL manifestó que la parte actora cofunde al despacho
alegando una falsa motivación y la desviación de poder como hechos
generadores del retiro.
Arguyó que la causa de la desvinculación fue por llamamiento a
calificar servicios por cuanto cumplió con el tiempo mínimo para ser
beneficiario de la asignación mensual de retiro y, de acuerdo con la
facultad discrecional la entidad, decidió retirarlo bajo los criterios
señalados en las sentencias SU-091 de 2016, SU- 217 de 2016 y SU-
237 de 2019.
Afirmó que la presente acción es improcedente, teniendo en cuenta
la inexistencia de un perjuicio irremediable que amerite la protección
de los derechos deprecados y el reconocimiento de las pretensiones.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 18 de marzo de 2022, la SECCIÓN TERCERA
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional.
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Para tal efecto, señaló que no basta con que el accionante enuncie
los derechos presuntamente vulnerados y el defecto en que el
presuntamente incurrió la autoridad judicial accionada, sino que la
vulneración debe contener una mínima carga argumentativa en la
que se expresen los motivos de la vulneración del precedente,
requisito que no cumplió la parte accionante.
Agregó que, además, “[…] la providencia acusada no se erige en una
actuación arbitraria, caprichosa o abusiva de la autoridad judicial
demandada, por el contrario, se encuentra que la misma fue
proferida de conformidad con la Constitución y la ley, dentro del
marco de autonomía e independencia judicial, sustentándose en
disposiciones claramente aplicables al caso concreto, con apoyo del
material probatorio aportado al proceso y ajustado al procedimiento
establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para este tipo de asuntos.[…]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora, impugnó la sentencia proferida en primera instancia,
mediante escrito allegado el día 4 de abril de 20225. No obstante, no
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Aplicativo Samai
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expuso ningún argumento tendiente a controvertirla.
Para el efecto, señaló lo siguiente:
“[…] concurre ante esa Honorable Corporación con el fin de
IMPUGNAR el fallo de primera instancia proferido el pasado 18
de marzo de 2022.
Para efectos de la sustentación de la presente impugnación, esa
se hará llegar oportunamente al Despacho del Honorable
Consejero que le corresponda en segunda instancia el
conocimiento de la presente acción de tutela […]”6.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre
de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de
2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula
DD1A76F3%20B610D44B02AFB36F%206F9A0FBEC22A2B48%206A3AEE6EEBFEF24A%20110010315
000202200114001100103
6
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/downloader.aspx?guid=3B001C1
D34D495E4%205EAAD31183B374E2%20EBD19B0CDD8B61BB%207F2E9EFF1F835240%201100103
15000202200114001100103
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la distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
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Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
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se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
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absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
Análisis del caso concreto
En el presente caso los actores pretenden que se dejen sin efecto las
sentencias de 3 de noviembre de 2016 y 27 de agosto de 2021,
mediante las cuales el JUZGADO y el TRIBUNAL denegaron las
pretensiones presentadas dentro del medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho, identificado con el número único de
radicación 050013333022 2015 01352 01.
Como fundamento de la solicitud de amparo, los actores
manifestaron que las autoridades judiciales accionadas incurrieron
en defecto sustantivo al desconocer la normatividad y el precedente
jurisprudencial aplicable al caso concreto, relacionados con los actos
de retiro discrecional de los miembros activos de la Policía Nacional.
En el curso de la primera instancia, la SECCIÓN TERCERA de esta
Corporación declaró improcedente el amparo constitucional por falta
de relevancia constitucional, al considerar que la parte actora no
cumplió con el requisito de la carga argumentativa en la que se
expresen los motivos de la vulneración.
Los actores impugnaron la sentencia proferida en primera instancia,
sin aducir motivos de inconformidad con la misma.
Frente a la carencia argumentativa en el recurso de impugnación,
esta Sala7, ha precisado lo siguiente:
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001-03-15-000-2018-03163-
01.
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“[…] 40. Ahora bien, como última cuestión, y referente al
tema bajo estudio, la Sala debe establecer unas sub reglas
en relación con la carga argumentativa que se debe
exigir en las impugnaciones dentro del marco de la
acción de tutela:
40.1 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de
tutela contra autoridades públicas, la parte que impugne la
sentencia de tutela proferida en primera instancia, no se le
exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que no
habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación,
donde basta que el impugnante lo presente dentro del término
legal correspondiente en los términos del artículo 31 del
Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo
trámite del mismo, teniendo el ad quem, el deber
constitucional de resolver el fondo del asunto; i) analizando
los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el
expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción
de tutela contra providencias judiciales, la parte que
impugne la sentencia de tutela proferida en primera
instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por
medio de apoderado especial, debe cumplir con una carga
argumentativa mínima, en donde exponga las razones
jurídicas por las cuales una autoridad judicial, incurrió en los
defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv)
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii)
desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la
Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial,
que fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia de 31 de
julio de 2012, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha
carga argumentativa, toda vez que el Estado tiene que
adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales,
especialmente, el acceso a la administración de
justicia[…]”. (Destacado fuera del texto).
En el mismo sentido, en sentencia de 28 de febrero de 20208, con
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero
de 2020, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-000-2019-
04314-01.
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Número único de radicación: 110010315 000 2022 00114 01
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ponencia del Consejero Roberto Augusto Serrato Valdés, esta Sala
señaló:
“[…] La Sección Primera del Consejo de Estado, en diferentes
oportunidades, ha sostenido que, en el caso específico de tutela
contra providencia judicial, el deber de sustentar el recurso
de impugnación adquiere una connotación aún más
rigurosa y exigente, en tanto que quien impugna el fallo
que resuelve la acción de tutela, debe cumplir con la carga
argumentativa en cuestión, señalando las razones que
sustentan su impugnación e identificando y justificando
por qué se configura la causal específica de procedibilidad
que fue desvirtuada por la primera instancia.
Esta carga permite conciliar la obligación de proteger los
derechos fundamentales que la parte actora manifiesta
vulnerados, con los principios constitucionales de seguridad
jurídica y autonomía judicial, los cuales se verían
desproporcionadamente afectados si se utiliza la acción de tutela
como una tercera instancia judicial y no como un mecanismo
residual y subsidiario.
Por ello, esta Sala ha indicado que a pesar de que el trámite de
la acción de tutela debe desarrollarse con arreglo a los principios
de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia
(artículo 3 Decreto 2591 de 1991), interpretación judicial de los
derechos protegidos (artículo 4 ibídem) y prevalencia de la
informalidad en la solicitud de amparo (artículo 14 ibídem),
dicha situación no exonera al recurrente de explicar las
razones que motivan su disentimiento con la decisión
judicial recurrida.
En este mismo sentido se resalta que la Sala Plena de esta
Corporación, al estudiar el alcance del inciso 2° del artículo 32
del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual dispone que el Juez que
conozca de la impugnación “[…] estudiará el contenido de la
misma cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo […]”,
advirtió que la impugnación debe contener los
fundamentos de la inconformidad del impugnante con el
fallo respectivo, puesto que en ausencia de tales
razonamientos o motivos, el juez carece de materia para
cotejar y pronunciarse.
Con base en lo anterior, la Sala concluye que el deber de
sustentar el recurso de impugnación en el caso específico
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de tutela contra providencia judicial, se convierte en un
mecanismo de control del ejercicio de las potestades del
juez constitucional en esta materia para que no actúe
como una tercera instancia, lo cual estaría en contravía
de los principios constitucionales de seguridad jurídica y
autonomía judicial, en los términos del artículo 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991 […]”.
Así las cosas, comoquiera que los actores no argumentaron los
motivos de su inconformidad frente a la sentencia proferida en
primera instancia, en la que fue declarada improcedente la solicitud
de amparo, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un
estudio de fondo del asunto, habida consideración que, por un lado,
en su escrito de impugnación no cumplieron con la carga
argumentativa mínima que diera cuenta de los reparos respecto de
la decisión adoptada; y, por el otro, no se advirtió ninguna razón
válida que justifique tal desatención, razón por la que no se
encuentran los elementos necesarios para revisar si la providencia
objeto de controversia en el caso sub examine está ajustada a
derecho.
Consecuente con lo anterior, esta Sala confirmará el fallo impugnado,
como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
providencia.
Por último, es pertinente señalar que esta Sala en sentencias de 30
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de septiembre de 20219 y 19 de junio de 202010, se pronunció en el
mismo sentido.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en precedencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 30 de
septiembre de 2021, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
01090-01.
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de junio
de 2020, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00309-
01.
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y aprobada por la Sala en la sesión del día 3 de junio de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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