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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00119-01

Fecha
22 de abril de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-00119-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO. – MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022, por la Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-00119-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

22 de abril de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / Tercera Instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate jurídico al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado del señor José
Carlos Santacoloma Villegas, en contra de la sentencia de 10 de febrero de 2022,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, mediante la cual se resolvió:

<<PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto al defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo respecto al defecto sustantivo por falta de
aplicación del artículo 841 del ET por no cumplir con el requisito establecido en el literal e establecido en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: NEGAR el amparo interpuesto por el señor José Carlos Santacoloma Villegas, en lo referente al
defecto sustantivo por indebida aplicación de una norma jurídica y al defecto sustantivo por falta de aplicación de
una norma jurídica, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de
1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia>> (negrilla propia del texto)

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 6 de enero de 2022, el señor José Carlos Santacoloma Villegas, actuando a
través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sección Cuarta
del Consejo de Estado, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales al
debido proceso y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados,
al proferir la sentencia de 9 de julio de 20211, que revocó la decisión adoptada el 7

1
Decisión que fue notificada el 16 de julio de 2021.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-23-33-000-2014-00524-01
(24859), que promovió contra el Municipio de Dosquebradas.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:

<<Se ruega amparar los derechos fundamentales ya determinados y en consecuencia,
dejar sin efecto la sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado, y en firme la sentencia
de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda o en su lugar
ordenar el proferimiento de una sentencia de reemplazo por el H. Consejo de Estado,
atendiendo los verdaderos parámetros del derecho fundamental al debido proceso,
ordenando la restitución del bien al accionante>>.2

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:

3.1.- En el año 2004, la Secretaría de Hacienda del Municipio de Dosquebradas,
inició trámite de cobro coactivo en contra del señor José Carlos Santacoloma
Villegas, propietario del predio identificado con ficha catastral No.
010700090229000, ubicado en el Lote 2 de la Zona Industrial “La Macarena”, lugar
donde también opera la empresa Moduplast S.A. de la cual es representante legal el
demandante, destacándose que: i) mediante Oficio No. 354 de 2004, el ente
municipal decretó la medida de embargo, ii) el 28 de diciembre siguiente, mediante
Resolución TA1298-885552, la Oficina de Ejecuciones Fiscales acordó con el
accionante un plazo de 60 meses para el pago de la obligación, y iii) el obligado
canceló 54 cuotas, quedando pendientes 5 correspondientes a los meses de julio a
noviembre de 2009, por valor de $1.015.090.

3.2.- Ante el incumplimiento del demandante, mediante Resolución No. 7003 del 11
de octubre de 2007, la administración local constituyó título ejecutivo en su contra,
frente al cual procedía el recurso de reconsideración en el término de 2 meses a
partir de la notificación personal o por correo electrónico, acorde con lo dispuesto en
el artículo 720 del Estatuto Tributario, trámite que al no cumplirse impidió su
interposición. Así, menciona el actor que, en octubre de 2007, le fue remitida citación
por intermedio de la empresa de correos “Envía”, al “LT2 Zona Industrial La
Macarena”, dirección que no corresponde a la registrada en el RUT, que es la “ZN
Industrial La Macarena BG 15”.

3.3.- Sin embargo, 10 meses después de la errada notificación, el 14 de agosto de
2008, el ente territorial expidió constancia de ejecutoria del título ejecutivo, mismo
día en el que, por intermedio de la misma empresa de mensajería remitió la

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Expediente digital, folios 27 y 28 del escrito de demanda.
2

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

notificación de este nuevo acto administrativo a la “Zona Industrial La Macarena
Variante Turín La Popa”, persistiendo en el error de notificación.

3.4.- Seguidamente, menciona que, el 14 de agosto de 2008, la administración local
también expidió auto de mandamiento de pago No. 5189, emitiendo dos oficios, a
saber: “el primero por intermedio de la empresa “Postal Express” al “LT2 Zona
Industrial La Macarena”… devuelto por dirección incompleta; y, el segundo por la
misma empresa “Postal Express”, a la “Zona Industrial La Macarena Variante Turín
La Popa”… recibido extrañamente por el señor Orlando Ocampo el 30 de septiembre
de 2008”, con quien reconoce no tener relación alguna. A su vez, relata que obra
igualmente recibido del mandamiento de pago por el señor Hector Álvarez con guía
de la empresa de correos “Aero Marítima”, dirigido al demandante a la “Zona
Industrial La Macarena Variante Turín La Popa”, nuevamente incurriendo en error de
notificación, desconociendo la dirección registrada en el RUT, lugar donde considera
debió ser notificado atendiendo lo previsto en los artículos 565 y 826 del Estatuto
Tributario, según los cuales, se ordena la notificación personal del mandamiento de
pago para que el obligado comparezca en el término de 10 días y de no hacerlo,
deberá notificársele por correo3.

3.5.- Con todo, el municipio expidió la Resolución No. 644 de 2012 en la que dejó en
firme la resolución de mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la
ejecución.

3.6.- Cabe aclarar que el bien inmueble objeto del tributo fue embargado mediante
la Resolución No. 3030 del 15 de agosto de 2008, y luego de practicada la diligencia
de secuestro, la entidad territorial ordenó realizar su avalúo mediante auto del 9 de
septiembre de 2013. Acto seguido, se realizó remate del bien el 14 de marzo de
2014, siendo adjudicado al señor Carlos Julián Cano Salazar, diligencia que fue
aprobada mediante auto del 19 de marzo de la misma anualidad. Así, una vez
proferido el auto de aprobación del remate y realizado el traslado de los saldos a
favor, mediante Auto No. 04 del 1 de abril de 2014, el municipio confirmó el pago de
las obligaciones fiscales y los gastos incurridos dentro del proceso de cobro,
procediendo a la terminación y archivo del proceso. No. 7003.

3.7.- El accionante solicitó copia del expediente de cobro coactivo que le fue
entregada el 10 de abril de 2014, y el 15 de mayo siguiente presentó demanda de
tutela en contra del municipio de Dosquebradas en la que alegó la violación a su
derecho fundamental al debido proceso por la indebida notificación de los actos
proferidos en el trámite de cobro coactivo. Dicha demanda fue conocida en primera
instancia por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Dosquebradas, despacho que
concedió el amparo solicitado por el actor, decisión que fue confirmada por el
Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en sentencia del 3 de julio de 2014,

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Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

disponiendo: i) dejar sin efectos la actuación surtida por la Secretaría de Hacienda y
Finanzas del Municipio de Dosquebradas en el proceso de jurisdicción coactiva
adelantado contra el señor Santacoloma Villegas, a partir de la Resolución 644 de
noviembre de 2012, y consecuentemente, ii) ordenó proferir nuevo acto
administrativo en el que se siguiera adelante con la actuación, el cual debía ser
notificado en estricto cumplimiento de las formalidades legales, para que el actor
pudiera interponer la respectiva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
dentro del término de caducidad.

3.8.- En cumplimiento de lo anterior, el municipio de Dosquebradas profirió la
Resolución No. EF-499 del 21 de julio de 2014 en la que ordenó seguir adelante con
la ejecución, acto que fue notificado personalmente al demandante el 6 de agosto de
2014.

3.9.- Por lo anterior, el señor José Santacoloma presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho solicitando que se declarara nulo todo el proceso de
cobro coactivo tramitado por el municipio de Dosquebradas en su contra, a partir de
la Resolución 7003 del 11 de octubre de 2007, por medio de la cual se constituye un
título ejecutivo, hasta el auto No. 04 del 1 de abril de 2014, por medio del cual se
ordenó la terminación y archivo del proceso. En consecuencia, solicitó la nulidad de
todos los actos administrativos proferidos en virtud del proceso de cobro coactivo No.
7003 de 2007 y en consecuencia, le fuera restituido el lote objeto del gravamen o la
restitución por equivalencia del mismo, reconociéndose su valor comercial
incluyendo las mejoras. A su vez, pidió ordenar al municipio demandado el pago de
los perjuicios morales causados.

Como concepto de la violación alegó, que: i) hubo errores en la determinación de la
obligación, pues en la Resolución No. 7003 de 2007, que liquidó oficialmente el valor
a cargo por concepto del impuesto predial, no se identificó adecuadamente el
inmueble objeto del tributo porque no indicó sus linderos, ni su área, así como
tampoco citó un número de matrícula inmobiliaria errónea, e igualmente, no tuvo en
cuenta el pago parcial de la obligación durante la vigencia del acuerdo de pagos
celebrado en diciembre de 2004, ii) se produjo indebida notificación de los actos
proferidos durante el proceso de cobro coactivo por la entidad demandada, aspecto
en el que hizo énfasis, especificando que las citaciones y notificaciones de los autos
y resoluciones se hicieron a direcciones ajenas a la registrada en el RUT, en adición
a que en ellos tampoco se identificó adecuadamente el bien inmueble, y iii) señaló
varias irregularidades acontecidas en el embargo, secuestro, avalúo y remate del
bien, desconocimiento de lo previsto en el artículo 838 del Estatuto Tributario,
principalmente.

3.10.- El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 7 de febrero de 2019,
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, considerando que, los

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

artículos 565 y 826 del Estatuto Tributario establecen que los actos proferidos en el
procedimiento de cobro coactivo deben notificarse personalmente o por correo, para
lo cual debe utilizarse la dirección inscrita en el RUT y en el expediente consta que
la citación para notificar personalmente la Resolución No. 7003 de 2007 fue enviada
a una dirección que no coincide con la consignada en dicho registro, por lo que coligió
que el título ejecutivo no adquirió firmeza y no podía adelantarse el respectivo cobro
coactivo.

Seguidamente, expuso que, a pesar de la indebida notificación del título ejecutivo, la
entidad profirió una constancia de ejecutoria del 14 de agosto de 2008, cuya
notificación se surtió en una dirección diferente a la inscrita en el RUT del actor,
siendo recibida por un tercero. Con todo, al considerar que el mandamiento de pago
no fue notificado debidamente y haberse impedido al actor ejercer la respectiva
defensa, declaró la nulidad de: i) la Resolución No. 644 de 2012 por medio de la cual
se dejó en firme la resolución de mandamiento de pago y se ordenó seguir adelante
con la ejecución, ii) el auto de aprobación de remate del 19 de marzo de 2014 y iii)
de la Resolución No. EF-499 del 21 de julio de 2014, en la que se dio cumplimiento
al fallo de tutela.

3.11.- Contra la anterior decisión, el municipio de Dosquebradas presentó recurso de
apelación y solicitó que se negara la totalidad de las pretensiones del accionante
aduciendo que, acorde con lo dispuesto en los artículos 823, 825, 833-1 y 836 del
Estatuto Tributario, si el deudor no propone excepciones en contra del mandamiento
de pago, no se opone al título ejecutivo y no realiza el pago, la administración puede
continuar con la ejecución y ordenar el embargo y secuestro. Igualmente, alegó que
el Estatuto autoriza a la autoridad tributaria para notificar los actos administrativos
proferidos en el proceso de cobro en la dirección establecida en bases de datos
oficiales, y que en el caso en concreto el mandamiento de pago se notificó en el “LT
2 Zona Industrial La Macarena” porque esa era la dirección suministrada por el IGAC,
en adición a que en el expediente constaba que dicho acto administrativo fue
notificado por la empresa de correos pues existe constancia de entrega a esa
dirección.

Adicionalmente, adujo que, la entidad territorial adelantó todos los mecanismos a su
disposición para garantizar el debido proceso del accionante, por lo que envió oficio
del 13 de mayo de 2008 comunicándole el inicio del proceso de cobro coactivo en su
contra, el cual fue recibido por María Claudia Hincapié, que si bien el accionante dice
no tener relación con aquella, registró como número telefónico el mismo que consta
en el certificado de existencia y representación legal de Moduplast S.A.S., por lo que,
a su juicio, estaba probado que el demandante tuvo conocimiento de esos actos. A
su turno, expuso que la Resolución No. 644 de 2012 fue recibida por Jhon Edison
Castaño Morales, quien también atendió la diligencia de secuestro el 21 de junio de
2013, y que, si existió algún error de notificación al interesado, este fue subsanado

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

por la notificación personal del Oficio No. EF-499 de 2014, teniendo el demandante
la posibilidad de haber formulado excepciones y ejercer su derecho a la defensa.

3.12.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado, en sentencia de segunda instancia
del 9 de julio de 2021, revocó la decisión adoptada por el A quo, y negó las
pretensiones de la demanda, considerando que, acorde con el Decreto Municipal
455 de 2007, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, el
procedimiento de cobro coactivo debía adelantarse acorde a lo dispuesto en el
Estatuto Tributario, y si bien sobre la dirección de notificación dicho decreto no
estableció ninguna regla especial, era aplicable lo dispuesto en el artículo 327 del
Acuerdo Municipal 037 de 2002, compilado por el artículo 332 del Decreto 205 de
2006, en concordancia con la redacción original del artículo 563 del Estatuto
Tributario, por ser las normas vigentes al momento de ocurrencia de los hechos de
la demanda, según los cuales, se entiende por dirección fiscal la registrada o
informada en la Secretaría Administrativa y Financiera por el sujeto pasivo en su
última declaración o mediante formato oficial de cambio de dirección.

Así, al no haber sido alegado por el demandante que la notificación del mandamiento
de pago fue realizada en dirección distinta a la registrada ante la Secretaría
Administrativa y Financiera, ni haber probado que cumplió con su obligación de
constituir un domicilio fiscal suministrando su dirección de notificación al municipio,
limitándose solamente a señalar en la demanda que no se notificó a la dirección
registrada en el RUT, y estando demostrado que en la Resolución No. 7003 de 2007
el señor José Santacoloma era propietario del predio ubicado en “LT2 Zona Industrial
La Macarena”, y haberse proferido las facturas del impuesto predial en dicha
dirección, estaba demostrado que la entidad accionada utilizó como dirección de
notificación aquella que constaba en sus base de datos, lo cual podía hacer en
atención a lo dispuesto en el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002.

Seguidamente, señaló que si bien la demandada alegó que utilizó la dirección que
para el efecto señaló el IGAC no hubo prueba de ello y, por el contrario, en un
certificado del año 2013 expedido por dicha entidad, estaba consignada la dirección
del predio como “Cs 2 Zn Industrial La Macarena”. Además, puso de presente que si
bien había señalado que en la demanda se puso como dirección de notificación a la
que se habían comunicado en su mayoría los actos administrativos expedidos por la
administración local, lo cierto es que en el accionante había referido otra dirección.

Con todo advirtió que si bien la notificación por correo fue irregular, dicho yerro no
tiene como consecuencia la nulidad de los actos administrativos proferidos en el
procedimiento de cobro coactivo, pues para ello es necesario que la irregularidad en
la notificación del mandamiento de pago amenace el derecho al debido proceso del
ejecutado, destacando que, el contribuyente obtuvo copia del expediente de cobro
coactivo el 10 de abril de 2014, es decir, antes de interponer la acción de tutela

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

respectiva, con la cual anexó copia del expediente ejecutivo, siendo notificado el
mandamiento de pago por conducta concluyente en dicha fecha. Al respecto,
igualmente resaltó que, en la constancia de entrega de la copia del expediente, el
actor no hizo ninguna salvedad en relación con el mandamiento de pago.

Acorde con lo anterior, aseveró que era evidente que el contribuyente pudo presentar
las excepciones cuando fue notificado por conducta concluyente, según lo ordena el
artículo 830 del Estatuto Tributario, sin que se haya vulnerado entonces su derecho
al debido proceso.

Con respecto a lo dicho por el Tribunal frente a la indebida notificación de la
Resolución No. 7003 de 2007 al no haberse comunicado dicho acto administrativo
en la dirección registrada en el RUT, aseveró la Sección Cuarta de esta Corporación
que el acto bajo control en el caso objeto de examen era la Resolución No. EF-499
de 2014, y dicha Sección en su jurisprudencia4 había precisado que cuando se
controvierte la legalidad de este tipo de actos, la excepción de falta de título ejecutivo
debía interponerse dentro de la oportunidad legal para hacerlo y reiteró que, el
contribuyente pudo formular excepciones al ser notificado del mandamiento de pago
por conducta concluyente. Al respecto, indicó que ante la supuesta indebida
notificación de la Resolución No. 7003 de 2007, pudo proponer la excepción de falta
de título ejecutivo, pero al no haberlo hecho, no podía alegar ahora ese como causal
de nulidad de dicho acto administrativo, y consideró que el municipio si estaba
habilitado para continuar con el procedimiento de cobro.

Finalmente, volvió a mencionar que cualquier irregularidad en la notificación del título
ejecutivo también fue subsanada con la notificación por conducta concluyente, pues
el demandante obtuvo copia de todo el expediente de cobro coactivo el 10 de abril
de 2014, y pese a esto, no se probó que haya interpuesto el recurso de
reconsideración o alguna demanda que controvierta la legalidad de la Resolución
No. 7003 de 2007.

4.- Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que la autoridad
judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales, al haber incurrido en
defecto sustantivo y procedimental, con base en los siguientes argumentos:

4.1.- Empezó por indicar que a lo largo del recuento de hechos expuesto en el escrito
de tutela, se pusieron de presente las gravísimas irregularidades registradas en la
notificación del acto administrativo de mandamiento ejecutivo, yerros que fueron
advertidos por el Consejo de Estado pero que equivocadamente los justificó al
considerar que dicho acto administrativo se notificó “supuestamente… por conducta

4
Cita original: En este sentido ver: i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta
Proceso: 08001-23-31-000-2006-01083-01 (19188). Sentencia del 1° de agosto de 2013. CP: Carmen Teresa
Ortiz de Rodríguez; y ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, Proceso:
25000-23-37-000-2016-01544-01 (24301). Sentencia del 20 de agosto de 2020. CP: Julio Roberto Piza (E).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
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Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

concluyente, dada la obtención del expediente el 10 de abril de 2014, habilitando la
posibilidad de formular excepciones, conforme al artículo 830 del ET, que pudo ser
la falta de título ejecutivo”, omitiendo el Alto Tribunal que: i) el proceso de jurisdicción
coactiva se encontraba terminado e incluso el bien ya había sido adjudicado a otra
persona, producto del remate, y ii) que el demandante no hizo ninguna salvedad ni
manifestación en relación con el mandamiento de pago, procediendo a instaurar
acción de tutela el 15 de mayo de 2014.

4.2.- Así, pasó a afirmar que la Sección Cuarta del Consejo de Estado tergiverso o
interpretó irrazonablemente lo dispuesto en los artículos 330 del CPC y 48 del CCA,
hoy 301 del CGP y 72 del CPACA, con respecto a la notificación por conducta
concluyente. En su sentir, considerar que la obtención de las copias del proceso
ejecutivo, cuando este ya estaba terminado, lo habilitaba para revivir términos,
resultaría vulneratorio del derecho fundamental a la defensa, tal como lo adujo la
Corte Constitucional en sentencia T-081 de 2009. Con todo, pasó a explicar las tres
modalidades de notificación por conducta concluyente consagradas en las normas
del CPC y CGP previamente referidas, arguyendo que, no se cumplieron las
exigencias que dichas normas, vigentes para la época de los hechos, establecen
para que se de la conducta concluyente, en los siguientes términos:

<<1. Por la manifestación de una de las partes al funcionario judicial – art. 301 C.g.p., e inciso 1 del
artículo 330 del C.p.c., resultando necesario que la providencia proferida en el curso de un proceso o
en actuación judicial previa, no haya sido notificada por otros medios o que, mediante escrito o
manifestación verbal, la parte mencione la providencia, quedando constancia en el acta o en el escrito
correspondiente.

2. El Código de Procedimiento Civil en el art. 330, prescribía una modalidad especial, cuando una de
las partes retiraba el expediente de la secretaría del despacho judicial en los casos autorizados por
la ley. En este evento, la parte quedaba notificada, al vencimiento del término de traslado de las
providencias proferidas hasta ese momento. Sin embargo, viable aclarar que los eventos en que podía
retirarse el expediente de la Secretaría, fueron derogados por el Decreto 2282 de 1989, quedando
vigente como único traslado el relativo al recurso extraordinario de casación… que no es el caso que
nos ocupa.

En esta eventualidad, deben cumplirse los siguientes requisitos: (i) que exista un proceso en curso en
el que se hubiera proferido una o varias providencias, que no hayan sido notificadas en legal forma a
las partes; (ii) que como una etapa propia del proceso, se surta el traslado y en consecuencia, pueda
retirarse el expediente de la secretaría; (iii) que efectivamente se retire el expediente, en cuyo caso,
la notificación se considera producida “desde el vencimiento del término para su devolución”.

El defecto sustantivo resulta ostensible, manifiesto, por cuanto el obligado jamás hizo manifestación
verbal o escrita en momento procesal alguno, mucho menos al retirar las copias del expediente
coactivo, con el claro objetivo de formular acción de tutela.

El expediente jamás fue retirado de la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del municipio de
Dosquebradas, durante su trámite, limitándose el ejecutado, a la obtención de copias, cuando el
proceso ya estaba terminado, quedando como único camino, la protección de los derechos
constitucionales conculcados mediante acción de tutela. (…)

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

A su turno, el artículo 48 del C.c.a., determinada que esa modalidad de notificación, operaba cuando
“… la parte interesada, dándose por suficientemente enterada…” conviniera en ella o utilizara en
tiempo los recursos legales, que no es el caso>>5 (Se resalta).

Con todo, precisó que, no podía desconocerse que el mandamiento de pago había
sido proferido el 14 de agosto de 2008, mientras que las copias del proceso coactivo,
fueron obtenidas el 10 de abril de 2014, seis años después, resultando imposible la
habilitación de términos para ejercer los respectivos mecanismos de defensa.

4.3.- Acto seguido, alegó que el Consejo de Estado incurrió en defecto sustantivo por
inaplicación del artículo 841 del Estatuto Tributario, norma según la cual, el proceso
ejecutivo no podía reanudarse, “dada la existencia de garantías, que debieron ser
verificadas y exigidas, a efecto de determinar si eran o no suficientes para cumplir
con las cinco (05) cuotas adeudadas”6.

4.4.- A su vez, refirió que estaba más que demostrado en el presente asunto que las
notificaciones no fueron surtidas en debida forma al no haberse allegado las mismas
a la dirección registrada en el RUT, inaplicándose por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, el parágrafo 1 del artículo 565 y el artículo 826 del Estatuto Tributario,
con lo cual, se hubiera confirmado la decisión del A quo, considerando que el
municipio, ante la indebida notificación del mandamiento de pago, no podía expedir
constancia de ejecutoria de título ejecutivo alguno, ni constituirlo y ejecutarlo, pues
reitera, los oficios fueron recibidos por ciudadanos extraños al demandante, “como
lo fueron Orlando Ocampo y Héctor Álvarez”7.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- Mediante auto del 19 de enero de 2022, la Sección Primera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y, en
calidad de terceros con interés, al Tribunal Administrativo de Risaralda, a la Nación
– Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Sexta Delegada ante el Consejo
de Estado y a Carlos Julián Cano Salazar.

6.- El Tribunal Administrativo de Risaralda8, solicitó rechazar la demanda o en su
defecto, negar las pretensiones del actor, teniendo en cuenta que, no se alegó ni
probó defecto alguno frente a la decisión adoptada por dicha instancia judicial el 7
de febrero de 2019, en adición a que, respecto a los cargos que se le endilgan al Ad
quem, “la presente acción no resulta procedente por cuanto la interpretación que
realizó la Sección Cuarta… está dentro de las interpretaciones válidas, dada la

5
Expediente digital, folios 15 a 17 del escrito de demanda
6
Expediente digital, folio 19 del escrito de demanda.
7
Expediente digital, folio 23 del escrito de demanda.
8
Expediente digital, intervención contenida en 20 folios.
9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

independencia y autonomía del juez, es decir, no se trata de un grosero
quebrantamiento del orden jurídico sino que, se reitera, fue dentro de la autonomía
judicial”. Con todo, aseguró que, el demandante presenta una respetable visión de
los hechos y la contrasta con la decisión adoptada en segunda instancia, para
concluir que su postura es la más adecuada, sin embargo, ese análisis es propio de
una tercera instancia y no de la acción de tutela contra providencias judiciales,
“donde se debe acreditar con suficiencia que la única posibilidad que tenía el fallador
es la indicada por el accionante”, lo que no ocurre en el presente asunto.

7.- La Magistrada ponente de la decisión objeto de demanda de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado9 pidió declarar la improcedencia del amparo constitucional
por falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional o, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda. Empezó por precisar que, tal como se
determinó en el fallo demandado, solo se analizó la legalidad de la Resolución Nro.
EF499 del 21 de julio de 2014, pues los demás actos administrativos demandados
por el actor [i) la Resolución Nro. 644 del 22 de noviembre de 2012 (que ordenó
seguir adelante la ejecución), ii) el auto del 9 de septiembre de 2013 (que ordenó
avaluar el predio objeto de remate), iii) el auto del 19 de marzo de 2014 (que aprobó
el remate) y iv) la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014 (que cumplió la
sentencia de tutela y ordenó seguir adelante con la ejecución)], no solo no surtían
efectos al haber sido retrotraído el procedimiento de cobro coactivo por parte del juez
de tutela que protegió los derechos del accionante dejándolos sin efectos, sino que
fueron subsumidos en la resolución referida. Por ende, indicó que, contrario a lo
dicho por el actor, la sentencia acusada no convalidó el remate y la adjudicación del
inmueble de su propiedad, sino que se limitó a verificar si el Municipio de
Dosquebradas cometió una irregularidad en el trámite previo a la expedición de la
Resolución Nro. EF-499 de 2014, concretamente en lo relacionado con la notificación
del mandamiento de pago.

7.1.- A continuación, refirió que la solicitud de amparo carece de relevancia
constitucional porque el actor busca convertir la acción de tutela en una instancia
adicional del proceso en la medida en que los argumentos en ella esgrimidos y
relacionados con la utilización de la dirección del RUT, son los mismos que ya fueron
analizados y resueltos por el juez ordinario. Igualmente, puso de presente que, el
actor con la acción de tutela trató de subsanar su actuar omisivo dentro del proceso
contencioso administrativo, al alegar únicamente hasta esta instancia judicial que no
fue analizado el contenido del artículo 841 del Estatuto Tributario, sin haberlo hecho
ante el juez natural de la causa.

7.2.- Seguidamente, se expusieron los argumentos para desestimar la configuración
de los defectos alegados por la parte actora, a saber: i) en la sentencia demandada
se indicó que la notificación por correo del mandamiento de pago fue irregular

9
Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.
10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

porque, aunque el Municipio de Dosquebradas afirmó utilizar la dirección registrada
en el IGAC, no probó su dicho. No obstante, indicó la Sala que, la indebida
notificación de un acto administrativo no afecta su validez, sino su eficacia, y trajo a
colación lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencias del 22 de febrero de
2018 (Rad. 20466) y 12 de junio de 2019 (Rad. 24214), en las que se puso de
presente que la indebida notificación de un acto administrativo solo da lugar a su
nulidad cuando, con ocasión de ello, se viola el derecho al debido proceso del
demandante. Así, en el caso concreto, se encontró demostrado que el señor
Santacoloma conoció el contenido del mandamiento de pago al retirar las copias del
expediente de cobro coactivo el 10 de abril de 2014, fecha para la cual no estaba
vigente el artículo 48 del CCA, sino el artículo 72 del CPACA, norma que señala que
el acto administrativo indebidamente notificado no produce efectos legales a menos
que el interesado revele que lo conoce. Por lo anterior, se consideró que operó la
notificación por conducta concluyente y se considera, no se incurrió en ninguno de
los defectos invocados por el actor porque, al aplicar las normas que regían el caso,
es válido y constitucionalmente legítimo concluir que operó este tipo de notificación;
ii) sobre la aplicación de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia T-
081 de 2009, se advirtió que por las diferencias fácticas de los casos, no es un
precedente aplicable al caso concreto, iii) la interpretación de las normas aplicables
en el caso examinado en la sentencia del 9 de julio de 2021 no constituyó una
violación al debido proceso ni de defensa de la entidad tutelante, sino que
correspondió a la interpretación válida del juez natural y especializado en la materia,
con apoyo en el precedente jurisprudencial del mismo órgano de cierre, y iv) no se
cumplió con el requisito adicional de procedencia de la acción de tutela contra
sentencias de Alta Corte, esto es, que se evidencie una anomalía jurídica de tal
magnitud, que exija la intervención del juez constitucional.

8.- El apoderado del Municipio de Dosquebradas, solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela o negar lo pretendido por el accionante, dado que: i) consideró
razonable y debidamente sustentada la posición adoptada por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en relación con la acreditación de la notificación por conducta
concluyente por parte del accionante al retirar las copias del proceso de cobro
coactivo, ii) la empresa MODUPLAST S.A.S, inició proceso verbal de pertenencia en
contra del señor Carlos Julián Cano Salazar el cual cursa actualmente en el Juzgado
Civil del Circuito de Dosquebradas bajo el radicado No.
66170.31.03.001.2021.00224.00 en el que “se pretende a toda costa el predio que
compro en pública subasta el señor Cano Salazar sobre el proceso de cobro activo
que ya decidido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado donde se negaron las
pretensiones del señor José Carlos Santacoloma”. Sobre este proceso recalcó que,
en los hechos que sustentan la demanda se señala que la interesada en adquirir el
predio es la empresa MODUPLAST y “se enuncia que el señor Santacoloma Villegas
no tiene intereses sobre el predio en cuestión, consideran que existe una
contradicción y… mala fe entre el proceso civil y la presente acción de tutela al

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

establecer por un lado que no existe interés sobre el predio pero por otro se pretende
la declaratoria de nulidad del proceso coactivo y la consecuente devolución del bien
rematado”. Es así como, indicó que se están adelantado las respectivas
investigaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación para indagar sobre el
presunto punible de fraude procesal en contra del señor Santacoloma Villegas por el
reiterado desacato a las decisiones de los jueces y de la Secretaría de Hacienda del
Municipio de Dosquebradas en cuanto a la legalidad del proceso administrativo y la
titularidad del bien a nombre de Carlos Cano.

8.1.- Finalmente, arguyó que del estudio de los argumentos expuestos en la
demanda de tutela, era evidente que lo pretendido con su interposición era reabrir el
debate jurídico dado frente al juez natural de la causa, con respecto a las presuntas
irregularidades de notificación en el proceso de cobro coactivo. A su vez, alegó la
falta de cumplimiento del requisito de inmediatez y relevancia constitucional.

9.- El señor Carlos Cano guardó silencio.

C. Sentencia de primera instancia

10.- Mediante sentencia del 10 de febrero de 2022, la Sección Primera del Consejo
de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo en lo referente al: i) defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial con respecto a lo dispuesto
por la Corte Constitucional en Sentencia T-081 de 2009, por no cumplir con el
requisito de relevancia constitucional y carecer de carga argumentativa al no haberse
hecho explícito por el actor las razones de hecho y de derecho que hacían de dicha
decisión judicial, precedente aplicable al caso concreto y ii) defecto sustantivo por
falta de aplicación del artículo 841 del Estatuto Tributario, por constituir un argumento
nuevo, que no fue alegado ante los jueces naturales de la causa.

10.1.- Además, negó el amparo constitucional en lo referente al defecto sustantivo
por interpretación irrazonable de los artículos 30 del Código de Procedimiento Civil,
302 del Código General del Proceso, 48 del CCA y 72 del CPACA. En concreto,
aclaró que el estudio del cargo se limitaría a la indebida interpretación del referido
artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, teniendo en cuenta la delimitación del objeto de
estudio efectuada por el juez natural de la causa en la sentencia objeto de demanda,
y al ser esta la norma vigente y aplicable al caso. Tras reiterar los argumentos
esgrimidos por la instancia judicial demandada sobre la notificación por conducta
concluyente, determinó que la interpretación que se realizó de dicha norma, no era
arbitraria o irrazonable, en la medida en que, precisamente, fue conforme el
contenido del artículo 72 del CPACA que advirtió que, en atención a lo probado en
el proceso ordinario, era posible establecer que el actor había tenido conocimiento
del mandamiento de pago expedido dentro del proceso coactivo, al retirar copias del
proceso administrativo de cobro.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10.2.- Igualmente, negó la acción de tutela en lo referente al defecto sustantivo por
falta de aplicación de los artículos 565 y 826 del Estatuto Tributario, al analizar el
texto del fallo demandado y advertir que la Sección Cuarta del Consejo de Estado sí
tuvo en cuenta dichas normas, siendo asunto distinto que resolvió aplicar lo
dispuesto en “el artículo 237 del Acuerdo Municipal 037 del 2002, compilado por el
artículo 332 del Decreto 2305 de 2008, en concordancia con la redacción original del
artículo 563 del Estatuto Tributario”. Además, advirtió que, si en gracia de discusión
se aceptara que dichas normas no fueron aplicadas o tenidas en cuenta por la
autoridad judicial demandada, lo cierto es que aquello no tendría incidencia alguna
en la sentencia cuestionada, toda vez que, más allá de la presunta indebida
notificación, el fundamento de lo resuelto por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado correspondió a que, en el caso concreto, se configuró una notificación por
conducta concluyente.

D. La impugnación

11.- En desacuerdo con lo anterior, el apoderado del accionante impugnó el fallo de
tutela de primera instancia. Empezó por precisar que no planteó como causal de
procedibilidad del amparo el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, extrañamente analizado. A continuación, mencionó que, el defecto
procedimental no fue abordado ni decidido por el juez de tutela, circunscribiéndose
al defecto material o sustantivo, “por la indebida contemplación de la norma jurídica,
razón para que en esta oportunidad se insista nuevamente en su declaración, por
constituir causa de la violación del debido proceso”. Al respecto, reiteró la indebida
notificación de los diversos actos administrativos expedidos dentro del proceso de
cobro coactivo iniciado en su contra por el Municipio de Dosquebradas, el
reconocimiento que de ello se hizo en el fallo demandado y la inaplicación que el
artículo 830 del Estatuto Tributario tiene en su caso particular.

11.1.- Igualmente, reiteró que no era admisible considerar que, el retiro de copias del
expediente del proceso de cobro coactivo podía servir de presupuesto para acreditar
la notificación por conducta concluyente del mandamiento de pago dictado en su
contra, dejando de lados los artículos 48 del CCA y 330 del CPC, aplicándose
erróneamente el artículo 72 del CPACA, poniendo de presente que, desde el año
2004 se decretó la medida de embargo, en 2007 fue proferido el título ejecutivo mal
notificado, denotando con estas y otras actuaciones del ente territorial, que el caso
inició antes de la vigencia del CPACA y por ende, para dichos actos debían
atenderse las normas vigentes de notificación.

II.- C O N S I D E R A C I O N E S

E. Competencia

13

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

12.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199110.

F. Análisis del caso concreto

13.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado que declaró
improcedente y negó el amparo esgrimido por el señor Santacoloma Villegas, al
considerar que la demanda de tutela en ciertos aspectos sobre el alegado defecto
sustantivo carece de relevancia constitucional y en otros, los temas fueron
debidamente abordados por el juez natural de la causa.

G. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

14.- Sobre la relevancia constitucional del asunto, la Sala Plena del Consejo de
Estado ha expresado que para determinar si una acción de tutela cumple con dicho
requisito es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber11:

• Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que tal vulneración
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

• Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación

10
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
11
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
14

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

15.- Respecto al reproche efectuado por el demandante contra la providencia
acusada referente a la indebida notificación de los actos administrativos proferidos
durante el proceso de cobro coactivo que se adelantó en su contra por el Municipio
de Dosquebradas, se advierte que este fue alegado durante el proceso contencioso
administrativo, tal como se advierte del contenido de la demanda, el recurso de
apelación y los alegatos de conclusión en ambas instancias, sumado a que, frente a
este, se hizo el respectivo análisis judicial, sin que se advierta la necesidad de
intervención del juez de tutela.

15.1.- En efecto, en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, con
respecto a la indebida notificación de los diversos actos administrativos proferidos
por el Municipio de Dosquebradas en el proceso de cobro coactivo, se adujo lo
siguiente:

<<14- Con respecto a la citación de octubre de 2007, aparece un recibo de la empresa ENVÍA del 13
de noviembre de 2007 No. 3977 enviado a Santacoloma Villegas José Carlos al Lote 2 Zona Industrial
La Macarena, sin que se encuentre firmada por ninguna persona, es decir, no hay un responsable de
su recibido (folio 2 del expediente de cobro coactivo).

15- A pesar de no seguir el procedimiento establecido en la Ley, y dentro del mismo expediente
aparece una comunicación del 8 de mayo de 2008, dirigida al señor Santacoloma al Lote 2 Zona
Industrial La Macarena, una comunicación, firmada por la Tesorería Municipal de Dosquebradas,
donde se indica que contra él cursa un proceso de Cobro Coactivo radicado bajo el No. E-2879 de
2003 (…)
La citación aparece como recibida por la señora María Úrsula Hincapié, el día 13 de mayo del año
2008, a las 7:45 AM, persona completamente desconocida y que no tiene ninguna relación, ni con el
señor José Carlos Santacoloma ni con la empresa MODUPLAST SAS, empresa que funciona en un
local del lote 3 desde hace más de 34 años, la cual fue creada… como una empresa familiar.

(…)

17- El auto de mandamiento de pago firmado por la tesorera municipal, enviado por correo a
través de la empresa aeromarítima, a la dirección zona industrial la macarena variante Turín la
popa, registrado como producto el 172470, sin indicar a que lote pertenece, el cual es firmado
por Héctor Álvarez identificado con cédula 10.028.342 y un número 3300658 que no se sabe a
qué corresponde y fue remitido a la zona industrial La Macarena variante Turín La Popa, sin
que se tuviera la prueba de la imposibilidad de la notificación personal (folios 19 y 20). Esta no
es la dirección del contribuyente.

Lo anterior es violatorio de manera flagrante de los artículos 563, 564, 565, 566-1, 567, 568, 569
y 579 del estatuto tributario…

18- El actor no suministró un correo electrónico ni una dirección para la notificación, por ello
hay lugar a la aplicación del inciso tercero del parágrafo 1 del artículo 565 ET que dice: …
“Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único

15

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación
del acto” …

En ningún momento se corrigió por parte del Municipio de Dosquebradas – Secretaría de
Hacienda, los errores cometidos en la notificación…

(…) 23- Como se ha dicho a lo largo de esta demanda, aparecen informando las citaciones, terceras
personas que no tienen vinculo laboral ni empresarial, ni mucho menos personal, con José Carlos
Santacoloma, razón por la cual no aparecen devoluciones de notificación, que le permitieran a la
administración recurrir a la notificación por aviso, pero tampoco aparecen las notificaciones en debida
forma. (…) Ya he señalado como el juzgado tercero civil municipal de Dosquebradas, tuteló el
derecho al debido proceso y al derecho de defensa, por falta de la notificación personal que de por sí
y ante sí, hace nulo el proceso de cobro coactivo, ya que la administración no dio cumplimiento a la
tutela en la forma indicada en ella y continuó el trámite prácticamente con fraude a resolución judicial.

24- Como no se hizo la notificación personal en debida forma, ni se entregaron las copias del acto
administrativo, el actor no tuvo oportunidad de interponer los recursos de ley, ni mucho menos
presentar excepciones y es por ello que se demanda la nulidad de todo el procedimiento de cobro
coactivo…

25- De acuerdo con lo visto en el expediente se tiene que la administración ha manejado como
direcciones para procurar la notificación del contribuyente, las siguientes:

1. Lote 2 zona industrial la macarena
2. Zona industrial la macarena variante Turin la popa
3. Dirección para notificación Casa 2 zona industrial La Macarena Bodega 15

¿Entonces, cual es la dirección oficial? ¿Cuál es la dirección que le garantizó el derecho de
defensa al demandante? Hasta el momento no aparece certificación de que fue verificada la
última dirección dada por el contribuyente.

25- En los oficios de envío por correo certificado, no existe constancia de quien recibe, en el
sentido de si conocen al señor José Carlos Santacoloma o si esa es la dirección; tampoco
existe constancia de que, si es la dirección, pero que él no se encuentra.

Lo anterior debió concluir a que la administración decidiera ordenar el auto para la notificación
por aviso. Lo cual debió surtirse antes de dictar la Resolución 644 de noviembre 22 de 2012
(…) pertinente es en este punto significar que la orden de llevar adelante la ejecución es
consecuencia del silencio del demandado en el término para excepcionar…

28- A folio 11 del expediente, aparece Orden de situación de agosto 14 de 2008 dirigida a Lote
2 Zona industrial la macarena, proceso de cobro coactivo de la ficha catastral 010700090229000
teniendo como fuente y título el numero 7003, firmada por la tesorera municipal. No aparece
firma de quien lo recibe….

29- A folio 13 del expediente aparece nueva citación de agosto 14 de 2008, dirigida… a la
dirección “zona industrial la macarena variante Turin la popa”… firmada recibida por Orlando
Ocampo y con un registro 2201227 que no se sabe a qué corresponde en la guía 03509078 de
Postal Express S.S… Consultada la página web de postal express SS arroja como resultado
que la guía es inexistente.

(…)

16

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

44- (…) 1. Con base en que se dicta un auto para dejar en firme un mandamiento de pago cuando
frente a este no se ha interpuesto ningún recurso, por falta de la notificación que nunca recibió mi
representado, lo cual es una evidente violación al derecho de defensa.
2. Es falso que la resolución 5189 del 14 de agosto de 2008 haya sido notificada personalmente,
prueba de ello se encuentra en la acción de tutela que ordenó a la administración, hacer la notificación
personal.
3. No se interpusieron excepciones del mandamiento de pago por cuanto se reitera no hubo
oportunidad de ejercer el derecho de defensa ni el debido proceso, que permitiera tal actuación
procesal.
4. ¿Al fin de qué mandamiento de pago se habló en el proceso para llegar hasta el remate? ¿con
base en qué título? ¿Con base en qué liquidación?...>>12 (Se resalta)

15.2.- Los mismos argumentos sobre la indebida notificación de los actos
administrativos dentro del proceso de cobro coactivo fueron reiterados en los
alegatos de conclusión presentados ante los jueces de primera13 y segunda
instancia14, frente a los cuales, la Sección Cuarta del Consejo de Estado efectuó el
siguiente análisis:

15.3.- Al enunciar los hechos que sustentaban la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, mencionó que: i) el municipio de Dosquebradas inició
procedimiento de cobro coactivo contra el actor mediante mandamiento de pago No.
5189 de 2008 invocando como título ejecutivo la Resolución No. 7003 de 2007, para
lo cual, envió dos citaciones al interesado para surtir la notificación personal de este
acto administrativo, “la primera, dirigida a la dirección “LT 2 ZONA INDUSTRIAL LA
MACARENA” fue devuelta con la anotación de dirección incompleta. La segunda, fue
recibida en la dirección “ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VARIANTE TURÍN LA
POPA”. La notificación por correo fue realizada en la segunda dirección”, y ii) el
accionante solicitó copia del expediente de cobro coactivo, que le fue entregada el
10 de abril de 2014, luego, presentó acción de tutela en contra del municipio
alegando la violación de su derecho al debido proceso por la indebida notificación de
los actos proferidos en el trámite de cobro coactivo, proceso en el cual se ampararon
sus derechos fundamentales, y en segunda instancia, se ordenó dejar sin efectos la
actuación administrativa a partir de la Resolución No. 644 de 2012, y se impuso la
obligación de proferir un nuevo acto administrativo que ordenara seguir adelante con
la actuación para que el actor pudiera presentar demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad.

12
Expediente digital, folios 9 a 26 del Cuaderno No. 1 del expediente No. 66001-23-33-000-2014-00524-01
(24859)
13
Expediente digital, folios 214 y a 235 del Cuaderno No. 1-1 del expediente No. 66001-23-33-000-2014-00524-
01 (24859)
14
Expediente digital, folios 321 a 342 del Cuaderno No. 1-1 del expediente No. 66001-23-33-000-2014-00524-
01 (24859)
17

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

15.4.- Dentro del concepto de la violación expuesto en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, la Sección Cuarta del Consejo de Estado hizo directa
alusión a los argumentos esgrimidos por el actor sobre la indebida notificación de los
actos proferidos por la entidad demandada en el proceso de cobro coactivo porque
no se efectuó notificación alguna a la dirección consagrada en el RUT del
contribuyente15.

15.5.- Señaló que según el municipio de Dosquebradas el mandamiento de pago fue
debidamente notificado en la dirección obtenida en la base de datos del IGAC, que
es la misma utilizada en la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Así
mismo, indicó que, aunque dicha dirección no coincidía con la inscrita en el RUT, era
válida porque el Estatuto Tributario autorizaba el uso de la dirección obtenida de
bases de datos oficiales.

Sostuvo que acorde con el artículo 7 del Decreto Municipal 455 del 31 de octubre de
2007, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, el procedimiento de
cobro coactivo se adelantará de acuerdo con el procedimiento regulado por el
Estatuto Tributario, artículo 826, el cual prevé que el mandamiento de pago debe
notificarse personalmente, previa citación para que el interesado comparezca para
surtir esa diligencia en el plazo de 10 días y si esto no ocurre, se notificara el acto
por correo. Además, indicó que según el artículo 9 del Decreto Municipal 455 de
2007, esta actuación debía surtirse por el profesional especializado de ejecuciones
fiscales, por lo que le asistía la razón a los actores cuando afirmaban que es
competencia del tesorero municipal.

A continuación, en cuanto a la dirección de notificación, explicó que el Decreto
Municipal 455 de 2007 no estableció ninguna regla especial, por lo que era aplicable
el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002, compilado por el artículo 332 del
Decreto 205 de 2006, en concordancia con la redacción original del artículo 563 del
Estatuto Tributario (normas vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos
de la demanda).

Afirmó que la parte actora no alegó que la notificación del mandamiento de pago
hubiera sido efectuada en una dirección distinta a la registrada ante la Secretaría
Administrativa y Financiera del municipio, sumado a que, no se probó que hubiera
cumplido con su obligación de constituir un domicilio fiscal suministrando su dirección
de notificación al municipio, de lo cual resaltó que: “En la demanda, los actores se
limitaron a señalar que no se utilizó la dirección registrada en el RUT (Registro Único
Tributario de los Impuestos Nacionales). No obstante, como no existe dirección
registrada ante la entidad territorial, ella estaba habilitada para indagarla por otros
medios, según lo indica el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002”16.

15
Expediente digital, folio 5 del fallo de 9 de julio de 2021.
16
Expediente digital, folio 11 de la sentencia de 9 de julio de 2021.
18

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

A continuación, indicó que en la Resolución No. 7003 de 2007, por medio de la cual
se constituyó el título ejecutivo, consta que el señor Santacoloma Villegas, aparece
registrado como propietario del predio ubicado en “LT2 ZONA INDUSTRIAL LA
MACARENA”17 e igualmente, en las facturas del impuesto predial se tenía como
dirección registrada del predio y dirección de cobro el “LT2 ZONA INDUSTRIAL LA
MACARENA”18, es decir, “que la entidad accionada utilizó como primera dirección de
notificación la información que constaba en sus bases de datos para lo cual, se
reitera, estaba habilitada por no existir dirección registrada”19.

A su vez, la Sección Cuarta de esta Corporación indicó que en el expediente estaba
probado que la primera citación para notificar personalmente el mandamiento de
pago al accionante fue remitida a la dirección “LT2 ZONA INDUSTRIAL LA
MACARENA”, no obstante, fue devuelta por estar incompleta y debido a esto, reiteró
que, “la entidad estaba habilitada para indagar alguna otra dirección en la que
pudiera surtir la notificación del demandante”20.

Acto seguido, desvirtuó el argumento del Municipio de Dosquebradas sobre que,
obtuvo como dirección de notificación la “ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA
VARIANTE TURIN POPA” mediante la consulta en la base de datos del IGAC, misma
que fue utilizada en la demanda, en atención a que, en el expediente no obra ningún
documento que acredite esta afirmación y por el contrario, en el certificado expedido
por el IGAC el 13 de noviembre de 2013, constaba como dirección del precio la “Cs
Zn INDUSTRIAL LA MACARENA”, en adición a que en la demanda se incluyó otra
dirección de notificación.

Acorde con lo anterior, la Sección Cuarta afirmó que era evidente que la notificación
por correo fue irregular, sin embargo, precisó sobre el particular que, “cualquier error
en la notificación del mandamiento de pago no tiene como consecuencia la nulidad
de los actos administrativos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo. Para
decretar su nulidad, es necesario que la irregularidad en la notificación del
mandamiento de pago amenace el derecho al debido proceso del ejecutado” 21, lo
que ocurre, por ejemplo, cuando se le niega la oportunidad de formular excepciones
en su contra.

Sobre el particular, resaltó que el demandante obtuvo copia de todo el expediente de
cobro coactivo el 10 de abril de 2014, esto es, antes de que presentara la demanda
de tutela, el día 15 de mayo de la misma anualidad, a la cual anexó copia del

17
Cita original: Folio 65 del Cuaderno Principal 2.
18
Cita original: Folios 42 a 61 del cuaderno principal 2.
19
Expediente digital, folio 11 de la sentencia del 9 de julio de 2021.
20
Ídem.
21
Expediente digital, folios 11 y 12 de la sentencia del 9 de julio de 2021.
19

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

expediente, sumado a que, en la constancia de entrega de la copia del expediente,
el actor no hizo ninguna salvedad en relación con el mandamiento de pago, por lo
que determinó que, “aunque la notificación por correo fue irregular, el mandamiento
de pago fue notificado por conducta concluyente el 10 de abril de 2014” 22, pudiendo
entonces haber presentado excepciones cuando fue notificado de esta manera,
según lo ordena el artículo 830 del Estatuto Tributario.

Seguidamente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se pronunció sobre lo dicho
por el A quo con respecto a que la Resolución No. 7003 de 2007 fue indebidamente
notificada porque no se citó al actor para realizar la notificación personal de dicho
acto, en la dirección registrada en el RUT. Para resolver este punto, reiteró que “el
acto objeto de control en el caso bajo examen es la Resolución Nro. EF- 499 del 21
de julio de 2014, que ordenó seguir adelante con la ejecución. Esta Sección precisó
que, cuando se controvierte la legalidad de este tipo de actos, la excepción de falta
de título ejecutivo debe interponerse dentro de la oportunidad legal para hacerlo” 23.
Así, puso de manifiesto nuevamente que el en caso concreto el demandante pudo
formular excepciones al ser notificado del mandamiento de pago por conducta
concluyente, más específicamente la de falta de título ejecutivo, pero al no haberlo
hecho, consideró que no podía alegar esto como causal de nulidad del actor
administrativo, estando entonces legitimado el municipio para continuar con la
ejecución.

Finalmente, sostuvo que cualquier irregularidad en la notificación del título ejecutivo
también fue subsanada con la notificación por conducta concluyente, pues el
accionante obtuvo copia de todo el expediente de cobro coactivo el 10 de abril de
2014, pero pese a esto, no se probó que hubiera interpuesto el recurso de
reconsideración que procedía o alguna demanda controvirtiendo la legalidad de la
Resolución 7003 de 2007, por lo cual revocó el fallo de primera instancia.

16.- Acorde con lo anterior, esta Sala advierte que, el defecto procedimental alegado
por la parte actora, no es más que la reiteración de argumentos esgrimidos ante el
juez natural de la causa con respecto a las presuntas irregularidades en la
notificación de los actos administrativos expedidos en el curso del proceso de cobro
coactivo, en aras de surtir una instancia adicional a dicho proceso, para obtener una
decisión judicial favorable a la interpretación que sobre el caso realiza la parte
demandante, sin demostrar fehacientemente, vulneración alguna a sus derechos
fundamentales por parte de la Sección Cuarta del Consejo de Estado. Por ende, no
se considera necesaria la intervención del juez de tutela sobre el particular y se
declarará improcedente la acción de tutela al respecto.

22
Expediente digital, folio 12 de la sentencia del 9 de julio de 2021.
23
Ídem.
20

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

17.- Ahora bien, a igual conclusión se llega con respecto a lo alegado por el
accionante sobre la concreción del defecto sustantivo por inaplicación de los artículos
565 y 826 del Estatuto Tributario, puesto que fue un tema que el accionante arguyó
dentro del proceso ordinario y el cual sí fue estudiado por la autoridad judicial
demandada y desvirtuado al considerarse la ocurrencia de la notificación por
conducta concluyente por parte del accionante, siendo evidente que la demanda de
tutela tiene como propósito que se de un nuevo pronunciamiento judicial sobre la
indebida notificación al accionante en el proceso de cobro coactivo.

17.1.- Sobre el particular, se pone de presente que en la demanda contencioso
administrativa incoada por el accionante, sobre la vulneración de los artículos 565 y
826 del Estatuto Tributario el actor arguyó en los hechos 17 a 20 y 43 (algunos
previamente citados), lo siguiente:

<<17- (…) Lo anterior es violatorio de manera fragante de los artículos (…) 565… del estatuto
tributario…

18-El actor no suministró un correo electrónico ni una dirección para la notificación, por ello hay lugar
a la aplicación del inciso tercero del parágrafo 1 del artículo 565 ET que dice (…)

31- De las dos citaciones no se infiere quien tiene la competencia en el proceso de cobro coactivo
que venimos comentando, puesto que, mientras que la primera citación la firma la tesorera municipal,
la segunda, es firmada por el profesional de ejecuciones fiscales. (…)

La forma de notificar el mandamiento de pago se encuentra prevista en el artículo 826 del ET.
Los pasos que se deben seguir para efectuar la notificación son los siguientes…

(…)

43- El actor no tuvo oportunidad por falta de la notificación personal de indicar una dirección procesal,
por lo tanto, las notificaciones efectuadas a dirección diferente a la que aparece en el RUT, es nula.

… “Art. 565. Formas de notificación de las actuaciones de la administración de impuestos.
-Modificado- Los requerimientos, autos que ordenen inspecciones….
Cuando el contribuyente, responsable agente retenedor o declarante, no hubiere informado una
dirección a la administración tributaria, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar
a la que establezca la administración mediante verificación directa o mediante la utilización de guías
telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria. Cuando no haya sido
posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, por
ninguno de los medios señalados, los actos de la administración le serán notificados por medio de
publicación en un periódico de circulación nacional.
Cuando la notificación se efectúe a una dirección distinta a la informada en el Registro Único
Tributario, RUT, habrá lugar a corregir el error dentro del término previsto para la notificación del acto.
Par 2. Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el
contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante, actúe a través de apoderado, la
notificación se surtirá a la última dirección que dicho apoderado tenga registrada en el Registro Único
Tributario, RUT.
Par 3. Las actuaciones y notificaciones que se realicen a través de los servicios informáticos
electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales como certificadora digital cerrada

21

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

serán gratuitos, en los términos de la Lev 527 de 1999 y sus disposiciones reglamentarias.” (…)>> 24
(Se resalta)

17.2.- Lo anterior, fue tenido en cuenta por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
tal como se puede observar al resumir los argumentos esgrimidos por el actor para
justificar la indebida notificación de los actos proferidos por la entidad demandada25
y lo dispuesto por el A quo26 en fallo del 7 de febrero de 2019. No obstante, la
autoridad judicial demandada no se pronunció sobre la presunta vulneración de
dichas normas por el municipio de Dosquebradas, en atención a que, dio aplicación
a lo dispuesto en el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002, compilado por
el artículo 332 del Decreto 205 de 2006, en concordancia con la redacción original
del artículo 563 del Estatuto Tributario, por estar vigente para la época de ocurrencia
de los hechos alegados. Acorde con lo anterior, se considera carente de relevancia
constitucional el cargo en comento.

18.- Sobre el defecto sustantivo por interpretación irrazonable de los artículos 330
del Código de Procedimiento Civil, 301 del Código General del Proceso, 48 del
Código Contencioso Administrativo y 72 del CPACA, es de advertir que, acorde con
la delimitación del estudio del caso concreto que hizo la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, la norma aplicable al caso era esta última y sobre ella profirió el fallo
demandado, sin que sea factible que el juez de tutela, modifique totalmente el objeto
de análisis fijado por el juez natural de la causa.

18.1.- En la sentencia de 9 de julio de 2021, la autoridad judicial demandada puso
de presente que solo decidiría lo correspondiente a la legalidad de la Resolución No.
EF-499 de 2014, proferida en cumplimiento del fallo de tutela del 3 de julio de 2014,
y mediante la cual se ordenó seguir adelante la ejecución contra el demandante, en
los siguientes términos:

<<1. De forma previa, la Sala debe precisar el alcance del problema jurídico planteado. Para esto, se
destaca que el Tribunal declaró la nulidad de cuatro actos administrativos: i) la Resolución Nro. 644
del 22 de noviembre de 2012 (que ordenó seguir adelante la ejecución, iii) el auto del 9 de septiembre
de 2013 (que ordenó avaluar el predio objeto de remate), iii) el auto del 19 de marzo de 2014 (que
aprobó el remate), y iv) la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014 (que cumplió la sentencia
de tutela y ordenó seguir adelante con la ejecución).

El Juez Civil del Circuito de Dosquebradas profirió la sentencia de tutela de segunda instancia del 3
de julio de 2014. En ella concedió el amparo al derecho al debido proceso del solicitante y, en
consecuencia, ordenó “DEJAR SIN EFECTOS la actuación surtida por la Secretaría de Hacienda y
Finanzas Públicas del Municipio de Dosquebradas, en el proceso que por jurisdicción coactiva
adelantó en contra del señor JOSÉ CARLOS SATANCOLOMA (sic)VILLEGAS, a partir de la

24
Expediente digital, folios 10 a 26 del Cuaderno No. 1 del expediente No. 66001-23-33-000-2014-00524-01
(24859)
25
Expediente digital, folio 5 de la sentencia de 9 de julio de 2021.
26
Expediente digital, folio 7 de la sentencia de 9 de julio de 2021.
22

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Resolución 644 del 22 de noviembre de 2012, inclusive”. Además, ordenó a la entidad territorial “que
profiera un nuevo acto administrativo que ordene seguir adelante la ejecución, con fundamento en lo
obrante en el expediente, y lo notifique al interesado con estricto cumplimiento de las formalidades
legales, para que éste pueda interponer la acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del
derecho, dentro del término previsto en el art. 138 de la Ley 1437 de 2011”.

En otras palabras, el juez de tutela dejó sin efectos a la Resolución Nro. 644 del 22 de
noviembre de 2012, al auto del 9 de septiembre de 2013 y al auto del 19 de marzo de 2014. En
principio, esta decisión no impide al juez ordinario el estudio de su legalidad. Sin embargo, los
efectos del acto que ordenó seguir adelante con la ejecución fueron subsumidos por la
Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014. Además, el juez constitucional retrotrajo el
procedimiento de cobro coactivo al ordenar proferir un nuevo auto que ordenara seguir
adelante con la ejecución.

En consecuencia, en el caso de la referencia, solo procede el estudio de validez de la
Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014, por lo que solo se hizo referencia a este acto
administrativo al momento de determinar el problema jurídico que será resuelto en esta
providencia>>27 (Se resalta)

18.2.- Así, teniendo en cuenta la fecha de expedición de la Resolución EF-499 de
2014 y ser este el acto administrativo cuya legalidad se revisaría, en virtud del fallo
de tutela que anuló lo anteriormente ejecutado por el municipio demandado, es
evidente que el CPACA era la normatividad que debía ser aplicada por el juez natural
de la causa, tal como lo hizo al analizar el caso concreto, por lo que, al tener en
cuenta lo dispuesto en el artículo 72 de dicho cuerpo legal, no se advierte por esta
Sala la ocurrencia del defecto sustantivo alegado, al no haberse aplicado las otras
disposiciones señaladas por el accionante, siendo improcedente dicho argumento
para que el juez de tutela intervenga en dicho aspecto sobre el caso bajo análisis.

19.- Por lo anterior, se evidencia que la parte accionante pretende con esta acción
constitucional abrir un debate, convirtiendo la acción de amparo en una instancia
adicional, al no estar de acuerdo con la decisión proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

20.- Por lo demás, no sobra mencionar que la jurisprudencia constitucional no ha
considerado factible la procedencia excepcional de la tutela contra providencias
judiciales, cuando quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio
jurídico, en una razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa
y en una valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así,
habría una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera
grave los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los
cuales, en forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal28.

27
Expediente digital, folio 9 de la sentencia de 9 de julio de 2021.
28
Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
23

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00119-01
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas
Demandado: Consejo de Estado – Sección Cuarta.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

21.- Visto lo anterior, estima esta Sala que las presuntas deficiencias alegadas
respecto de la decisión adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia valorativa sobre el
resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de admitirse como una
causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de interpretaciones
diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste
al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su
autonomía e independencia.

22.- Por lo expuesto anteriormente, se modificará la decisión adoptada por la
Sección Primera del Consejo de Estado en fallo del 10 de febrero de 2022,
declarándose la improcedencia general de la acción de tutela interpuesta por el
señor José Carlos Santacoloma Villegas, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

23. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III.- F A L L A

PRIMERO. – MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de febrero de 2022, por la
Sección Primera del Consejo de Estado, para en su lugar, DECLARAR
IMPROCEDENTE la acción de tutela, conforme a la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. - NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO. - ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE29
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

29
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

24

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