Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2014-00524-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 66001-23-33-000-2014-00524-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 66001-23-33-000-2014-00524-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutiérrez Argüello
9 de julio de 2021
NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Forma / NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Competencia / NOTIFICACIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Dirección de notificación / NOTIFICACIÓN POR CORREO DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Irregularidad / IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN POR CORREO DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Efectos jurídicos / NOTIFICACIÓN POR CONDUCTA CONCLUYENTE DEL MANDAMIENTO DE PAGO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Configuración
El artículo 7 del Decreto Municipal 455 del 31 de octubre de 2007, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, establece que el procedimiento de cobro coactivo se adelantará de acuerdo con el procedimiento regulado por el Estatuto Tributario. El artículo 826 de ese estatuto dispone que el mandamiento de pago debe notificarse personalmente, previa citación para que el interesado comparezca para surtir esa diligencia en el plazo de diez días. Si esto no ocurre, procede la notificación del acto por correo. Según el artículo 9 del Decreto Municipal 455 de 2007, esta actuación debe surtirse por el profesional especializado de ejecuciones fiscales, por lo que no le asiste la razón a los actores cuando afirman que es competencia del tesorero municipal. En cuanto a la dirección de notificación, el Decreto Municipal 455 de 2007 no establece ninguna regla especial. En consecuencia, es aplicable el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002, compilado por el artículo 332 del Decreto 205 de 2006, en concordancia con la redacción original del artículo 563 del Estatuto Tributario (ambas normas vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos de la demanda). (…) Los actores no alegan que la notificación del mandamiento de pago fue realizada en una dirección distinta a la registrada ante la Secretaría Administrativa y Financiera. Además, no hay prueba de que cumplieron con su obligación de constituir un domicilio fiscal suministrando su dirección de notificación al municipio. En la demanda, los actores se limitaron a señalar que no se utilizó la dirección registrada en el RUT (Registro Único Tributario de los Impuestos Nacionales). No obstante, como no existe dirección registrada ante la entidad territorial, ella estaba habilitada para indagarla por otros medios, según lo indica el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002. En la Resolución Nro. 7003 del 11 de octubre de 2007, por medio del cual se constituyó el título ejecutivo, consta que el contribuyente Santacoloma Villegas José Carlos, aparece registrado como propietario del predio ubicado en «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Así mismo, las facturas del impuesto predial tienen como dirección registrada del predio y dirección de cobro el «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Es decir, que la entidad accionada utilizó como primera dirección de notificación la información que constaba en sus bases de datos para lo cual, se reitera, estaba habilitada por no existir dirección registrada. En el expediente está probado que la primera citación para notificar personalmente el mandamiento de pago se remitió a la dirección «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Sin embargo, fue devuelta por estar incompleta. Debido a esto, como lo indicó la apelante, la entidad estaba habilitada para indagar alguna otra dirección en la que pudiera surtir la notificación del demandante. La demandada afirmó, en la apelación, que obtuvo como dirección de notificación la «ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VARIANTE TURÍN POPA» mediante la consulta en la base de datos del IGAC, que es la misma utilizada en la demanda. Sin embargo, en el expediente no obra ningún documento que acredite esta afirmación. Por el contrario, en el certificado expedido por el IGAC el 13 de noviembre de 2013, consta como dirección del predio la «Cs 2 Zn INDUSTRIAL LA MACARENA». Además, en la demanda de la referencia se informó como dirección de notificación la «zona industrial la macarena bodega 15». En consecuencia, la notificación por correo fue irregular. No obstante, se precisa que cualquier error en la notificación del mandamiento de pago no tiene como consecuencia la nulidad de los actos administrativos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo. Para decretar su nulidad, es necesario que la irregularidad en la notificación del mandamiento de pago amenace el derecho al debido proceso del ejecutado. Por ejemplo, esto ocurre cuando se le niega la oportunidad de formular excepciones en su contra.
En este sentido, se destaca que el contribuyente obtuvo copia de todo el expediente de cobro coactivo el 10 de abril de 2014. Es decir, antes de que presentara la solicitud de amparo de tutela, el 15 de mayo del mismo año, a la que anexó copia del «Expediente contentivo del proceso coactivo, tal como lo entregó la A.M.». Además, en la constancia de entrega de la copia del expediente, el actor no hizo ninguna salvedad en relación con el mandamiento de pago. Así las cosas, aunque la notificación por correo fue irregular, el mandamiento de pago fue notificado por conducta concluyente el 10 de abril de 2014. Lo expuesto demuestra que, contrario a lo dicho por el Ministerio Público, el contribuyente pudo presentar las excepciones cuando fue notificado por conducta concluyente, según lo ordena el artículo 830 del Estatuto Tributario. En consecuencia, no fue vulnerado su derecho al debido proceso.
FUENTE FORMAL: DECRETO MUNICIPAL 455 DE 2007 – ARTÍCULO 7 / LEY 1066 DE 2006 – ARTÍCULO 5 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 826 / DECRETO MUNICIPAL 455 DE 2007 – ARTÍCULO 9 / ACUERDO MUNICIPAL 037 DE 2002 – ARTÍCULO 327 / DECRETO 205 DE 2006 – ARTÍCULO 332 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 563 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 830
EXCEPCIÓN DE FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO - Oportunidad para formular excepciones / EXCEPCIÓN DE FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO – Alcance. Ante la supuesta indebida notificación de la Resolución Nro. 7003 de 2007, pudo proponer la excepción de falta de título ejecutivo. Pero, se reitera, esto no ocurrió, por lo que no puede alegar este hecho como causal de nulidad del acto que ordenó seguir adelante con la ejecución / IRREGULARIDAD EN LA NOTIFICACIÓN DEL TÍTULO EJECUTIVO – Subsanación con la notificación por conducta concluyente
Esta Sección precisó que, cuando se controvierte la legalidad de este tipo de actos, la excepción de falta de título ejecutivo debe interponerse dentro de la oportunidad legal para hacerlo. Según se expuso, en el caso bajo examen el contribuyente pudo formular excepciones al ser notificado del mandamiento de pago por conducta concluyente. Así las cosas, ante la supuesta indebida notificación de la Resolución Nro. 7003 de 2007, pudo proponer la excepción de falta de título ejecutivo. Pero, se reitera, esto no ocurrió, por lo que no puede alegar este hecho como causal de nulidad del acto que ordenó seguir adelante con la ejecución. En consecuencia, le asiste la razón a la apelante al afirmar estaba habilitada para continuar con el procedimiento de cobro. En todo caso, cualquier irregularidad en la notificación del título ejecutivo también fue subsanada con la notificación por conducta concluyente, pues el contribuyente obtuvo copia de todo el expediente de cobro coactivo el 10 de abril de 2014. Pese a esto, no hay prueba de que haya interpuesto el recurso de reconsideración o alguna demanda que controvierta la legalidad de la Resolución Nro. 7003 de 2007.
REMATE DEL PREDIO OBJETO DEL IMPUESTO PREDIAL – Efectos jurídicos sentencia de tutela del 3 de julio de 2014 / REMATE DEL PREDIO OBJETO DEL IMPUESTO PREDIAL – No pronunciamiento / EMBARGO, SECUESTRO Y AVALÚO DEL PREDIO OBJETO DEL IMPUESTO PREDIAL – No pronunciamiento
En cuanto al remate, como se expuso anteriormente, la sentencia de tutela del 3 de julio de 2014 dejó sin efectos el auto del 19 de marzo del mismo año, que aprobó el remate. Debido a esto, y a que retrotrajo el procedimiento de cobro hasta el acto que ordena seguir adelante con la ejecución, el análisis de este acto administrativo no hace parte del objeto del litigio, por lo que no se realizará un pronunciamiento al respecto. Además, respecto a las irregularidades en el embargo, el secuestro y avalúo del predio, la Sala destaca que el Tribunal, al admitir la demanda, rechazó las pretensiones de nulidad de los actos que el demandante identificó relacionados con estos puntos. Además, dicha decisión se encuentra ejecutoriada y, por lo tanto, no puede ser objeto de análisis.
DEBATE SOBRE LEGALIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO EN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO – Improcedencia
[E]l artículo 829-1 del Estatuto Tributario establece que en el trámite de cobro coactivo no puede debatirse la legalidad del título ejecutivo. De acuerdo con esta norma, el contribuyente no está habilitado para alegar las supuestas irregularidades contenidas en la Resolución Nro. 7003 de 2007 en el proceso de la referencia, sino que debió ejercer el recurso de reconsideración o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, lo cual no hizo, según se expuso anteriormente.
FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 829-1
DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN Y NO LIQUIDACIÓN DE INTERESES EN EL MANDAMIENTO DE PAGO – Alcance. En el mandamiento de pago consta que se liquidaron los intereses por las obligaciones correspondientes a los años 2004 por $4’484.397, de 2005 por $529.898 y de 2006 por 1’567.580.
En la demanda se sostuvo que el Mandamiento de Pago Nro. 5189 de 2008 determinó la obligación en $12’584.202, pero no liquidó los intereses para ese momento. En consecuencia, la obligación contenida en ella no es expresa, clara ni exigible. Empero, se pone de presente que esa afirmación no es cierta, pues en el mandamiento de pago consta que se liquidaron los intereses por las obligaciones correspondientes a los años 2004 por $4’484.397, de 2005 por $529.898 y de 2006 por 1’567.580. Además, sobre las demás falencias que invoca el demandante respecto del mandamiento de pago, se reitera que dado que se encontró que fue notificado por conducta concluyente podía controvertirlo.
CONDENA EN COSTAS EN SEGUNDA INSTANCIA – Improcedencia. Por falta de prueba de su causación
No habrá condena en costas procesales porque no fue demostrada su causación, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
FUENTE FORMAL: LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 365 / LEY 1437 DE 2011 (CPACA) – ARTÍCULO 188
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera ponente: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D. C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 66001-23-33-000-2014-00524-01 (24859)
Actor: JOSÉ CARLOS SANTACOLOMA VILLEGAS Y OTRO
Demandado: MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
FALLO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 7 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, que decidió:
«1. DECLÁRASE la nulidad de la Resolución No. 644 del 22 de noviembre de 2012 por medio de la cual se deja en firme una resolución de mandamiento de pago y se ordena seguir adelante con la ejecución; del auto de fecha 09 de noviembre (sic) de 2013 que deja en firme la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución y ordena el avalúo; del auto de aprobación del remate del 19 de marzo de 2014 y de la Resolución No. EF-499 del 21 de julio de 2014, por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela y se ordena seguir adelante la ejecución, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS, restituir al señor José Carlos Santacoloma Villegas, el Lote 2 ubicado en la zona industrial «La Macarena», área urbana del Municipio de Dosquebradas, identificado con ficha catastral No. 07-07-0296-0010-000 y certificado de tradición No. 294-43471, para lo cual se DEJA SIN EFECTOS la protocolización de la diligencia del remate efectuada a través de Escritura Pública No. 1.112 del 22 de abril de 2014 de la Notaría Única de Dosquebradas y la respectiva anotación efectuada en el folio de matrícula inmobiliaria 239-43471 (anotación #9 del 8 de abril de 2014).
3. Por secretaría remítase copia del presente fallo a la Notaría Única de Dosquebradas y a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Dosquebradas, para los efectos que consideren pertinentes, de acuerdo a con (sic) sus competencias.
4. Se NIEGAN las demás súplicas de la demanda.
(…)».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El Municipio de Dosquebradas y José Carlos Santacoloma Villegas celebraron, el 28 de diciembre de 2004, un acuerdo de pago del impuesto predial por el periodo gravable 2004. Este tributo fue causado por ser el propietario de un predio en el que opera Moduplast S.A.S., cuyo representante legal también es el demandante.
José Carlos Santacoloma Villegas incumplió el acuerdo de pagos y no realizó el pago total del impuesto predial causado en los años 2005 y 2006. En consecuencia, la entidad territorial profirió el acto constitutivo del título ejecutivo por esos tres periodos, mediante la Resolución Nro. 7003 del 11 de octubre de 2007. La entidad expidió constancia de su ejecutoria el 14 de agosto de 2008.
El Municipio de Dosquebradas inició procedimiento de cobro coactivo en contra del contribuyente mediante el Mandamiento de Pago Nro. 5189 del 14 de agosto de 2008. En él invocó como título ejecutivo la Resolución Nro. 7003 de 2007. La entidad envió dos citaciones al interesado para surtir la notificación personal de este acto administrativo. La primera, dirigida a la dirección «LT 2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA» fue devuelta con la anotación de dirección incompleta. La segunda fue recibida en la dirección «ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VARIANTE TURÍN LA POPA». La notificación por correo fue realizada en la segunda dirección.
El contribuyente no formuló excepciones en contra del mandamiento de pago. No obstante, la entidad territorial declaró en firme el mandamiento de pago y ordenó seguir con la ejecución, mediante la Resolución Nro. 644 del 22 de noviembre de 2012.
El inmueble objeto del tributo fue embargado mediante la Resolución Nro. 3030 del 15 de agosto de 2008. Luego de practicada la diligencia de secuestro, la entidad territorial ordenó realizar su avalúo mediante auto del 9 de septiembre de 2013. El remate del bien fue realizado el 14 de marzo de 2014, donde se adjudicó a Carlos Julián Cano Salazar. Esta diligencia fue aprobada mediante auto del 19 de marzo de 2014.
Una vez proferido el auto de aprobación del remate y realizado el traslado de los saldos a favor, mediante Auto No. 04 del 1 de abril de 2014, el municipio confirmó el pago de las obligaciones fiscales y los gastos incurridos dentro del proceso de cobro, procediendo a la terminación y archivo del proceso No. 7003.
El ejecutado solicitó copia del expediente de cobro coactivo, que le fue entregada el 10 de abril de 2014. Luego, presentó acción de tutela en contra de la entidad territorial, en la que alegó la violación de su derecho al debido proceso por la indebida notificación de los actos proferidos en el trámite de cobro coactivo. El Juez Civil del Circuito de Dosquebradas profirió la sentencia de tutela de segunda instancia del 3 de julio de 2014. En ella concedió el amparo solicitado, dejó sin efectos la actuación administrativa a partir de la Resolución Nro. 644 del 22 de noviembre de 2012, inclusive, y ordenó proferir un nuevo acto que ordene seguir adelante con la actuación para que el actor pueda presentar demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término de caducidad.
El Municipio de Dosquebradas profirió la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014, mediante la cual cumplió la sentencia de tutela y ordenó seguir adelante con la ejecución. Este acto fue notificado personalmente al deudor el 6 de agosto de 2014.
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplada en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), José Carlos Santacoloma Villegas y Moduplast S.A.S. formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Declarar la Nulidad de todo el proceso de cobro coactivo tramitado por el Municipio de Dosquebradas contra José Carlos Santacoloma Villegas, a partir de la resolución 7003 del 11 de octubre de 2007, por medio de la cual se constituye un título ejecutivo, hasta el auto número 04 del 1 de abril de 2014 por medio del cual se ordena la terminación y archivo del proceso.
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la Tesorería Municipal de Dosquebradas- Oficina de Juicios Fiscales, en virtud del proceso de cobro coactivo número 7003 de 2007:
1. Resolución 7003 del 11 de octubre de 2007, por medio de la cual se constituye un título ejecutivo.
2. Constancia de ejecutoria de la resolución por medio de la cual se constituye el título ejecutivo de fecha agosto 14 de 2008.
3. Auto de mandamiento de pago número 5189 del 14 de agosto de 2008.
4. Resolución de embargo número 3030 de agosto 15 de 2008.
5. Resolución número 644 de noviembre 22 de 2012, por medio de la cual se deja en firme una resolución de mandamiento de pago y se ordena seguir adelante la ejecución.
6. Oficio EF-1201, por medio del cual se ordena el secuestro del bien inmueble ubicado en el lote 2 zona industrial la macarena.
7. Diligencia de secuestro del bien inmueble de fecha 21 de junio de 2013.
8. Auto que deja en firme la providencia que ordena seguir adelante la ejecución y ordena el avalúo, con fecha 9 de septiembre de 2013.
9. Avalúo del predio realizado conforme al artículo 516 CPC.
10. Liquidación oficial del impuesto predial unificado número 18912 del 8 de agosto de 2012.
11. Resolución de mandamiento de pago 3999 del 26 de noviembre de 2012.
12. Aviso de remate del predio distinguido con la matrícula inmobiliaria 294-43471 y ficha catastral 010702960010000.
13. Aviso de remate con fecha de publicación del 15 de diciembre de 2013.
14. Diligencia de remate del 10 de enero de 2014.
15. Aviso de remate de febrero 12 de 2014 del predio distinguido con la matrícula inmobiliaria 294-43471 y ficha catastral 01072960010000.
16. Auto que liquida el crédito y las costas de marzo 11 de 2014.
17. Acta de diligencia de remate del predio distinguido con la matrícula inmobiliaria 294-43471 y ficha catastral 01072960010000 del 14 de marzo de 2014.
18. Auto de aprobación del remate del 19 de marzo de 2014.
19. Acta de entrega número 021 del 22 de abril de 2014.
20. Acta número 04 por medio de la cual se ordena la terminación y archivo del proceso con fecha abril 1 de 2014.
21. Resolución EF-499 de julio 21 de 2014, por medio de la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela y ordena seguir adelante la ejecución.
TERCERA: Como consecuencia de la Nulidad y a Título de Restablecimiento del derecho, ordenar al Municipio de Dosquebradas y a favor de mi mandante la restitución del lote distinguido con la matrícula inmobiliaria 294-43471 y ficha catastral 010702960010000, ubicado en la zona industrial la macarena lote 2. O la restitución por equivalencia, esto es el valor comercial del bien incluyendo sus mejoras.
CUARTA: Ordenar el pago de los perjuicios morales ocasionados a mi mandante por el daño causado al despojarlo del derecho de dominio de su bien inmueble, por valor de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
QUINTA: Ordenar al Municipio de Dosquebradas que el dinero no recibido por José Carlos Santacoloma Villegas, como excedente del remate, que reposa en la cuenta de depósitos judiciales a favor de la Alcaldía de Dosquebradas, desde el 15 de julio de 2014 por valor de $330.315.664, sea reintegrado a la tesorería municipal para que ésta entregue la suma o el excedente del remate a quien corresponda».
El Tribunal solo admitió la demanda en cuanto a la pretensión de nulidad de la Resolución Nro. 644 del 22 de noviembre de 2012 (que ordenó seguir adelante la ejecución), del auto del 9 de septiembre de 2013 (que ordenó avaluar el predio objeto de remate), del auto del 19 de marzo de 2014 (que aprobó el remate) y de la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014 (que cumplió la sentencia de tutela y ordenó seguir adelante con la ejecución). La pretensión de nulidad de los demás actos fue rechazada porque no son actos susceptibles de control judicial, mediante auto del 18 de marzo de 2015.
El demandante invocó como normas violadas los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución; los artículos 98 y 100 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; los artículos 488, 498 y 505 del Código de Procedimiento Civil; y los artículos 563 a 570, 814, 814-3, 826, 830 a 831, 838 y 863 del Estatuto Tributario.
El concepto de la violación se sintetiza así:
Errores en la determinación de la obligación.
La Resolución Nro. 7003 de 2007, que liquidó oficialmente el valor a cargo por concepto del impuesto predial, no identificó adecuadamente el inmueble objeto del tributo porque no indicó sus linderos, no señaló su área y citó un número de matrícula inmobiliaria errónea. Además, este acto no tuvo en cuenta el pago parcial de la obligación durante la vigencia del acuerdo de pagos celebrado en diciembre de 2004. Es cierto que el contribuyente no cumplió oportunamente con todos los pagos pactados, sin embargo, la entidad territorial no profirió un acto que dejara sin efectos la facilidad de pago y no liquidó de nuevo el tributo de forma previa al inicio del procedimiento de cobro coactivo.
El Mandamiento de Pago Nro. 5189 de 2008 determinó la obligación en $12’584.202, pero no liquidó los intereses para ese momento. En consecuencia, la obligación contenida en ella no es expresa, clara ni exigible. Además, no indicó la cuantía ni el concepto de la obligación, no señaló cuando quedó ejecutoriada la Resolución Nro. 7003 de 2007, no invocó la norma que otorga la competencia del funcionario que lo expidió y la suma total adeudada.
Indebida notificación de los actos proferidos por la entidad demandada.
En los antecedentes administrativos consta que la entidad profirió una citación para surtir la notificación personal de la Resolución Nro. 7003 de 2007. Ese aviso de citación fue enviado mediante una empresa de correos, pero no hay constancia de que haya sido recibido por el contribuyente ni alguna persona relacionada con él.
La entidad territorial envió un comunicado del 8 de mayo de 2008, en el que informaba al interesado la existencia del procedimiento de cobro coactivo. Sin embargo, dicho acto no identifica adecuadamente el inmueble objeto del impuesto porque comete un error en su código catastral. Además, el aviso de citación no le fue entregado al contribuyente, sino a María Úrsula Hincapié, quien no tiene ninguna relación con el demandante ni con la sociedad Moduplast S.A.S., que opera en el predio desde 1980.
De forma similar ocurrió con el Mandamiento de Pago Nro. 5189 de 2008. En efecto, se envió aviso de citación, el cual fue recibido por Orlando Ocampo, quien es un desconocido para el contribuyente. Además, la dirección de notificación utilizada (Zona Industrial La Macarena variante Turín La Popa) no corresponde a la del RUT del contribuyente (Zona Industrial La Macarena Bodega 15). Y el código catastral no coincide con el del predio objeto del remate. Luego fue enviada una notificación por correo, que fue recibida por Héctor Álvarez, pero que incurrió el mismo error en la dirección.
En un mismo día fueron enviados dos avisos de citación para notificar el mandamiento de pago. Uno fue suscrito por la tesorera del municipio y el otro por el profesional de ejecuciones fiscales, pero solo la primera es competente para adelantar el cobro coactivo. Entonces, cualquier notificación surtida por el profesional de ejecuciones fiscales carece de validez.
Por lo anterior, fue vulnerado el derecho al debido proceso del demandante, pues no se le permitió interponer recursos ni proponer excepciones en contra del mandamiento de pago.
Irregularidades en el embargo, el secuestro, avalúo y el remate del inmueble.
En el año 2004, la entidad territorial ordenó el embargo del predio objeto del impuesto durante la fase de cobro persuasivo. Esta medida cautelar debió ser levantada en virtud del acuerdo de pago celebrado el 28 de diciembre de ese mismo año. Sin embargo, esto no ocurrió, por lo que en el procedimiento de cobro coactivo se mantuvo una medida decretada con anterioridad a su inicio.
El artículo 838 del Estatuto Tributario establece que el embargo no puede exceder el doble del valor de la deuda y sus intereses. Según el título ejecutivo, la obligación era de solo $12’584.202, por lo que el embargo no podía exceder los $25’168.404. Pero esta norma no fue cumplida porque el embargo fue por el valor total del predio, que supera el doble del monto de la obligación.
El acto de secuestro del predio comete varios errores: son erróneos los números de matrícula inmobiliaria, de código catastral y de escritura pública del predio; fundamenta el secuestro en el embargo hecho en 2004 y no en 2008; y no identificó el predio por sus linderos.
De forma previa al remate, fue notificado por estado el avalúo del predio. Pero no se cumplió con el artículo 838 del Estatuto Tributario, que ordena surtir su notificación personal de ese acto administrativo. Además, dicho avalúo se fundamentó en el valor catastral del predio, no en el comercial.
En cuanto al aviso de remate, se hace alusión a un desenglobe del predio que no es real; confunde, de nuevo, los números de código catastral y matrícula inmobiliaria; y no identifica al predio por su ubicación y sus linderos.
Oposición a la demanda
El Municipio de Dosquebradas se opuso a las pretensiones con base en los siguientes argumentos:
Las citaciones para notificación personal enviadas al demandante desde el año 2007 fueron recibidas por María Claudia Hincapié. Cuando ella da constancia de recibo de la citación, informa el mismo número telefónico que el inscrito en la cámara de comercio por Moduplast S.A.S., empresa familiar del demandante. Esto demuestra que el contribuyente fue debidamente notificado de las citaciones. En todo caso, los avisos fueron enviados a la dirección catastral del predio, por lo que fueron dirigidos a la dirección correcta.
En cuanto a la citación recibida por Orlando Ocampo, no tiene sentido que, si fue entregada en la dirección del predio, el contribuyente no se haya enterado de su existencia.
El solo hecho de que la diligencia de secuestro se haya realizado en el interior del inmueble, con autorización de los demandantes, y de que las personas que estaban en ese lugar recibieran las citaciones, revelan que el interesado conoció los actos acusados.
Los supuestos errores sobre inconsistencias en los números de códigos catastrales y matrícula inmobiliaria tienen sustento en que fueron modificados por la actualización catastral que realizó el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (en adelante IGAC).
Los demás cargos relacionados con la determinación de la obligación y el remate del bien no son objeto de las pretensiones, por lo que no deben ser analizados.
Intervención del tercero
Carlos Julián Cano Salazar, vinculado como tercero por ser adjudicatario del predio en el remate mediante auto del 21 de septiembre de 2015, se opuso a las pretensiones de la demanda porque la finalidad de los demandantes es entorpecer la entrega del inmueble al adjudicatario del remate, quien actuó de buena fe y, por lo tanto, no puede ser perjudicado por el resultado del proceso.
Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente las pretensiones de la demanda con base en las siguientes consideraciones:
Los artículos 565 y 826 del Estatuto Tributario establecen que los actos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo deben notificarse personalmente o por correo, para lo cual debe utilizarse la dirección inscrita en el RUT.
En el expediente consta que la citación para notificar personalmente la Resolución Nro. 7003 de 2007 fue enviada al «LT 2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Sin embargo, esta dirección no coincide con la inscrita en el RUT de los demandantes, que es la «ZN INDUSTRIAL LA MACARENA BG 15». En consecuencia, el título ejecutivo no adquirió firmeza, por lo que no pudo adelantarse el cobro coactivo con fundamento en él.
A pesar de la indebida notificación del título ejecutivo, la entidad profirió una constancia de ejecutoria el 14 de agosto de 2008. Dicho acto fue enviado para su notificación a la «ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VAIRANTE TURIN LA POPA». Pero esta dirección tampoco coincide con la registrada en el RUT de los demandantes.
En el proceso de cobro coactivo, se enviaron dos citaciones para notificar personalmente el mandamiento de pago, de conformidad con el artículo 826 del Estatuto Tributario. La primera fue enviada a «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA», pero fue devuelta porque la dirección era incompleta. La Segunda fue dirigida a la «ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VARIANTE TURIN LA POPA», es decir, que fue remitida a una dirección diferente a la inscrita en el RUT, por lo que no fue recibida por el contribuyente, sino por un tercero.
En el expediente también consta que se trató de surtir la notificación por correo dirigido a la «ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VARIANTE TURIN LA POPA». Pero esta dirección tampoco corresponde a la inscrita en el RUT. Además, dicho correo tampoco fue recibido por el contribuyente, sino por un tercero al que afirma desconocer.
Lo expuesto demuestra que el mandamiento de pago fue indebidamente notificado, lo que le impidió al demandante ejercer su derecho de defensa formulando excepciones en su contra.
Recurso de apelación
El Municipio de Dosquebradas presentó recurso de apelación y solicitó que se negaran la totalidad de las pretensiones con base en lo siguiente:
La entidad es competente para adelantar el procedimiento de cobro coactivo con base en las normas del Estatuto Tributario porque así lo disponen los artículos 823, 825, 833-1 y 836. Destacó que, de acuerdo con estas normas, si el deudor no propone excepciones en contra del mandamiento de pago, no se opone al título ejecutivo y no realiza el pago, la administración puede continuar con la ejecución y ordenar el embargo y secuestro de sus bienes.
El mismo Estatuto autoriza a la administración tributaria para notificar los actos administrativos en la dirección establecida mediante bases de datos oficiales. En este caso, el mandamiento de pago fue notificado en el «LT 2 Zona Industrial La Macarena» porque es la dirección suministrada por el IGAC. Además, en el expediente consta que dicho acto fue debidamente notificado por la empresa de correos, pues existe constancia de entrega en esa dirección.
La entidad territorial adelantó todos los mecanismos a su disposición para garantizar el debido proceso del contribuyente. Fue por esto que le envió el oficio del 13 de mayo de 2008, en el que le comunicó el inicio del procedimiento de cobro coactivo en su contra. Este oficio fue recibido por María Claudia Hincapié, quien registró como número telefónico el mismo que consta en el certificado de existencia y representación legal de Moduplast S.A.S. Entonces, está probado que los demandantes tuvieron conocimiento de estos actos, pues conocen a la persona que lo recibió. Conclusión que se refuerza en que el oficio fue entregado en el lugar en el que funciona su empresa familiar.
Además, los diferentes actos enunciados fueron enviados a la misma dirección de notificación que fue informada al juez en la demanda, lo que ratifica que era la correcta.
De otro lado, la Resolución Nro. 644 de 2012 fue recibida por Jhon Edison Castaño Morales, quien también atendió la diligencia de secuestro el 21 de junio de 2013. Entonces, el contribuyente no puede alegar que no conocía la existencia del procedimiento de cobro coactivo.
En gracia de discusión, si existió algún error en la notificación del interesado, fue subsanado por la notificación personal del Oficio Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014. Así las cosas, el contribuyente tuvo la oportunidad de formular excepciones y ejercer su derecho de defensa en el caso bajo examen.
Alegatos de conclusión
Los demandantes y la entidad territorial reiteraron lo dicho en la demanda y su contestación, respectivamente.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia apelada. Sostuvo que el juez de tutela amparó el derecho de defensa del demandante y ordenó proferir un nuevo acto que fuera notificado al actor de tutela para que pudiera presentar su demanda ante el juez ordinario. En virtud de lo anterior, la entidad profirió un acto que ordenó seguir adelante con la ejecución, pero en esa etapa del procedimiento no era posible formular excepciones en contra del mandamiento de pago. Debido a lo anterior, persiste la violación del derecho al debido proceso del demandante.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014, que cumplió la sentencia de tutela del 3 de julio de 2014 y ordenó seguir adelante con la ejecución en contra del demandante, según los argumentos propuestos en el recurso de apelación.
De forma previa, la Sala debe precisar el alcance del problema jurídico planteado. Para esto, se destaca que el Tribunal declaró la nulidad de cuatro actos administrativos: i) la Resolución Nro. 644 del 22 de noviembre de 2012 (que ordenó seguir adelante la ejecución), ii) el auto del 9 de septiembre de 2013 (que ordenó avaluar el predio objeto de remate), iii) el auto del 19 de marzo de 2014 (que aprobó el remate) y iv) la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014 (que cumplió la sentencia de tutela y ordenó seguir adelante con la ejecución).
El Juez Civil del Circuito de Dosquebradas profirió la sentencia de tutela de segunda instancia del 3 de julio de 2014. En ella concedió el amparo al derecho al debido proceso del solicitante y, en consecuencia, ordenó «DEJAR SIN EFECTOS la actuación surtida por la Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Dosquebradas, en el proceso que por jurisdicción coactiva adelantó en contra del señor JOSÉ CARLOS SATANCOLOMA (sic) VILLEGAS, a partir de la Resolución 644 del 22 de noviembre de 2012, inclusive». Además, ordenó a la entidad territorial «que profiera un nuevo acto administrativo que ordene seguir adelante la ejecución, con fundamento en lo obrante en el expediente, y lo notifique al interesado con estricto cumplimiento de las formalidades legales, para que éste pueda interponer la acción contenciosa de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del término previsto en el art. 138 de la Ley 1437 de 2011».
En otras palabras, el juez de tutela dejó sin efectos a la Resolución Nro. 644 del 22 de noviembre de 2012, al auto del 9 de septiembre de 2013 y al auto del 19 de marzo de 2014. En principio, esta decisión no impide al juez ordinario el estudio de su legalidad. Sin embargo, los efectos del acto que ordenó seguir adelante con la ejecución fueron subsumidos por la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014. Además, el juez constitucional retrotrajo el procedimiento de cobro coactivo al ordenar proferir un nuevo auto que ordenara seguir adelante con la ejecución.
En consecuencia, en el caso de la referencia, solo procede el estudio de validez de la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014, por lo que solo se hizo referencia a este acto administrativo al momento de determinar el problema jurídico que será resuelto en esta providencia.
La apelante sostiene que el mandamiento de pago fue debidamente notificado en la dirección obtenida en la base de datos del IGAC, que es la misma utilizada en la demanda de la referencia. Además, señaló que, aunque dicha dirección no coincide con la inscrita en el RUT, es válida porque el Estatuto Tributario autoriza el uso de la dirección obtenida de bases de datos oficiales.
El artículo 7 del Decreto Municipal 455 del 31 de octubre de 2007, en concordancia con el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, establece que el procedimiento de cobro coactivo se adelantará de acuerdo con el procedimiento regulado por el Estatuto Tributario.
El artículo 826 de ese estatuto dispone que el mandamiento de pago debe notificarse personalmente, previa citación para que el interesado comparezca para surtir esa diligencia en el plazo de diez días. Si esto no ocurre, procede la notificación del acto por correo. Según el artículo 9 del Decreto Municipal 455 de 2007, esta actuación debe surtirse por el profesional especializado de ejecuciones fiscales, por lo que no le asiste la razón a los actores cuando afirman que es competencia del tesorero municipal.
En cuanto a la dirección de notificación, el Decreto Municipal 455 de 2007 no establece ninguna regla especial. En consecuencia, es aplicable el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002, compilado por el artículo 332 del Decreto 205 de 2006, en concordancia con la redacción original del artículo 563 del Estatuto Tributario (ambas normas vigentes para el momento de la ocurrencia de los hechos de la demanda). Este artículo dispone lo siguiente:
«ARTÍCULO 332º. DIRECCIÓN FISCAL PARA NOTIFICACIÓN
Se entiende por dirección fiscal, la registrada o informada a la Secretaría de Administrativa y Financiera por los sujetos pasivos, contribuyentes, responsables, agentes retenedores, perceptores y declarantes, en su última declaración, o mediante formato oficial de cambio de dirección. La dirección de la cual disponga la Secretaria Administrativa y Financiera para el contribuyente se entenderá vigente durante el primer (1) mes siguiente a la fecha de información de la nueva.
Los contribuyentes están obligados a constituir domicilio fiscal registrando la dirección en la Secretaría Administrativa y Financiera, la que se tendrá en cuenta para efectos de notificaciones, comunicaciones, citaciones y en general todas las actuaciones FiscoContribuyente. Cuando el contribuyente no hubiere informado una dirección a la Secretaría Administrativa y Financiera, la actuación administrativa correspondiente se podrá notificar a la que establezca ésta Secretaría mediante verificación directa o mediante la utilización de guías telefónicas, directorios y en general de información oficial, comercial o bancaria.
Cuando no haya sido posible establecer la dirección del contribuyente, responsable, agente retenedor o declarante por alguno de los medios señalados u otros igualmente eficaces, los actos administrativos se entenderán notificados con su publicación en un diario de amplia circulación local o en la Gaceta Oficial del Municipio de Dosquebradas". (Acuerdo 037 de 2002, Art. 327º)».
Los actores no alegan que la notificación del mandamiento de pago fue realizada en una dirección distinta a la registrada ante la Secretaría Administrativa y Financiera. Además, no hay prueba de que cumplieron con su obligación de constituir un domicilio fiscal suministrando su dirección de notificación al municipio. En la demanda, los actores se limitaron a señalar que no se utilizó la dirección registrada en el RUT (Registro Único Tributario de los Impuestos Nacionales). No obstante, como no existe dirección registrada ante la entidad territorial, ella estaba habilitada para indagarla por otros medios, según lo indica el artículo 327 del Acuerdo Municipal 037 de 2002.
En la Resolución Nro. 7003 del 11 de octubre de 2007, por medio del cual se constituyó el título ejecutivo, consta que el contribuyente Santacoloma Villegas José Carlos, aparece registrado como propietario del predio ubicado en «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Así mismo, las facturas del impuesto predial tienen como dirección registrada del predio y dirección de cobro el «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Es decir, que la entidad accionada utilizó como primera dirección de notificación la información que constaba en sus bases de datos para lo cual, se reitera, estaba habilitada por no existir dirección registrada.
En el expediente está probado que la primera citación para notificar personalmente el mandamiento de pago se remitió a la dirección «LT2 ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA». Sin embargo, fue devuelta por estar incompleta. Debido a esto, como lo indicó la apelante, la entidad estaba habilitada para indagar alguna otra dirección en la que pudiera surtir la notificación del demandante.
La demandada afirmó, en la apelación, que obtuvo como dirección de notificación la «ZONA INDUSTRIAL LA MACARENA VARIANTE TURÍN POPA» mediante la consulta en la base de datos del IGAC, que es la misma utilizada en la demanda. Sin embargo, en el expediente no obra ningún documento que acredite esta afirmación. Por el contrario, en el certificado expedido por el IGAC el 13 de noviembre de 2013, consta como dirección del predio la «Cs 2 Zn INDUSTRIAL LA MACARENA». Además, en la demanda de la referencia se informó como dirección de notificación la «zona industrial la macarena bodega 15».
En consecuencia, la notificación por correo fue irregular. No obstante, se precisa que cualquier error en la notificación del mandamiento de pago no tiene como consecuencia la nulidad de los actos administrativos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo. Para decretar su nulidad, es necesario que la irregularidad en la notificación del mandamiento de pago amenace el derecho al debido proceso del ejecutado. Por ejemplo, esto ocurre cuando se le niega la oportunidad de formular excepciones en su contra.
En este sentido, se destaca que el contribuyente obtuvo copia de todo el expediente de cobro coactivo el 10 de abril de 2014. Es decir, antes de que presentara la solicitud de amparo de tutela, el 15 de mayo del mismo año, a la que anexó copia del «Expediente contentivo del proceso coactivo, tal como lo entregó la A.M.». Además, en la constancia de entrega de la copia del expediente, el actor no hizo ninguna salvedad en relación con el mandamiento de pago. Así las cosas, aunque la notificación por correo fue irregular, el mandamiento de pago fue notificado por conducta concluyente el 10 de abril de 2014.
Lo expuesto demuestra que, contrario a lo dicho por el Ministerio Público, el contribuyente pudo presentar las excepciones cuando fue notificado por conducta concluyente, según lo ordena el artículo 830 del Estatuto Tributario. En consecuencia, no fue vulnerado su derecho al debido proceso.
Po lo anterior, prospera este cargo de la apelación.
El Tribunal sostuvo que la Resolución Nro. 7003 de 2007 fue indebidamente notificada porque no se citó para realizar la notificación personal al contribuyente en la dirección registrada en el RUT. Al respecto, la apelante sostuvo que si el demandante no se opuso al título ejecutivo ni propuso excepciones teniendo la oportunidad para hacerlo, la administración puede continuar con el trámite de cobro coactivo.
Para decidir este punto, se reitera que el acto objeto de control en el caso bajo examen es la Resolución Nro. EF-499 del 21 de julio de 2014, que ordenó seguir adelante con la ejecución. Esta Sección precisó que, cuando se controvierte la legalidad de este tipo de actos, la excepción de falta de título ejecutivo debe interponerse dentro de la oportunidad legal para hacerlo.
Según se expuso, en el caso bajo examen el contribuyente pudo formular excepciones al ser notificado del mandamiento de pago por conducta concluyente. Así las cosas, ante la supuesta indebida notificación de la Resolución Nro. 7003 de 2007, pudo proponer la excepción de falta de título ejecutivo. Pero, se reitera, esto no ocurrió, por lo que no puede alegar este hecho como causal de nulidad del acto que ordenó seguir adelante con la ejecución. En consecuencia, le asiste la razón a la apelante al afirmar estaba habilitada para continuar con el procedimiento de cobro.
En todo caso, cualquier irregularidad en la notificación del título ejecutivo también fue subsanada con la notificación por conducta concluyente, pues el contribuyente obtuvo copia de todo el expediente de cobro coactivo el 10 de abril de 2014. Pese a esto, no hay prueba de que haya interpuesto el recurso de reconsideración o alguna demanda que controvierta la legalidad de la Resolución Nro. 7003 de 2007.
Por lo anterior, este cargo de la apelación también prospera.
Los argumentos anteriores son suficientes para revocar la sentencia apelada. Empero, el Tribunal no analizó la totalidad de los cargos de nulidad propuestos por los actores, en consecuencia, esos otros cargos deben ser estudiados para garantizar los principios de congruencia y de igualdad de las partes.
En la demanda se afirmó que existieron irregularidades en el embargo, en el secuestro, avalúo y el remate del predio objeto del impuesto.
En cuanto al remate, como se expuso anteriormente, la sentencia de tutela del 3 de julio de 2014 dejó sin efectos el auto del 19 de marzo del mismo año, que aprobó el remate. Debido a esto, y a que retrotrajo el procedimiento de cobro hasta el acto que ordena seguir adelante con la ejecución, el análisis de este acto administrativo no hace parte del objeto del litigio, por lo que no se realizará un pronunciamiento al respecto.
Además, respecto a las irregularidades en el embargo, el secuestro y avalúo del predio, la Sala destaca que el Tribunal, al admitir la demanda, rechazó las pretensiones de nulidad de los actos que el demandante identificó relacionados con estos puntos. Además, dicha decisión se encuentra ejecutoriada y, por lo tanto, no puede ser objeto de análisis.
Este cargo de la demanda no prospera.
En cuanto a la determinación del monto de la obligación, la demanda sostuvo que la Resolución Nro. 7003 de 2007 no identificó adecuadamente el inmueble objeto del tributo porque no indicó sus linderos, no señaló su área y citó un número de matrícula inmobiliaria errónea. Además, afirmó que este acto no tuvo en cuenta el pago parcial de la obligación durante la vigencia del acuerdo de pagos celebrado en diciembre de 2004.
Al respecto, el artículo 829-1 del Estatuto Tributario establece que en el trámite de cobro coactivo no puede debatirse la legalidad del título ejecutivo. De acuerdo con esta norma, el contribuyente no está habilitado para alegar las supuestas irregularidades contenidas en la Resolución Nro. 7003 de 2007 en el proceso de la referencia, sino que debió ejercer el recurso de reconsideración o el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en su contra, lo cual no hizo, según se expuso anteriormente.
Por lo anterior, este cargo tampoco prospera.
En la demanda se sostuvo que el Mandamiento de Pago Nro. 5189 de 2008 determinó la obligación en $12’584.202, pero no liquidó los intereses para ese momento. En consecuencia, la obligación contenida en ella no es expresa, clara ni exigible.
Empero, se pone de presente que esa afirmación no es cierta, pues en el mandamiento de pago consta que se liquidaron los intereses por las obligaciones correspondientes a los años 2004 por $4’484.397, de 2005 por $529.898 y de 2006 por 1’567.580.
Además, sobre las demás falencias que invoca el demandante respecto del mandamiento de pago, se reitera que dado que se encontró que fue notificado por conducta concluyente podía controvertirlo.
Este cargo de nulidad tampoco prospera.
No habrá condena en costas procesales porque no fue demostrada su causación, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
En conclusión, la Sala revocará la sentencia apelada y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Revocar la sentencia apelada, proferida el 7 de febrero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
Negar las pretensiones de la demanda.
Sin condena en costas.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
(Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
(Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Folio 280 del cuaderno principal 2.
Folios 2 a 4 del cuaderno principal 1.
Folios 65 a 67 del cuaderno principal 1.
Folios 379 a 380 del cuaderno de pruebas 2-1.
Folio 380 del cuaderno de pruebas 2-1.
Folio 472 del cuaderno de pruebas 2-2.
Folio 473 del cuaderno de pruebas 2-2.
Este acto administrativo puede fue compilado por el Decreto Municipal 2005 de 2006 y puede ser consultado en el siguiente enlace:
HYPERLINK "https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/home/ediles/download/126-decretos-2006/123-decreto-205-de-2006" https://www.dosquebradas.gov.co/web/index.php/home/ediles/download/126-decretos-2006/123-decreto-205-de-2006
Folio 65 del cuaderno principal 2.
Folios 42 a 61 del cuaderno principal 2.
Folios 11 a 12 de los antecedentes.
Folio 12 de los antecedentes.
Folios 53 a 54 de los antecedentes.
Folio 60 del cuaderno principal 1.
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 15001-23-33-000-2012-00173-01 (20466). Sentencia del 22 de febrero de 2018. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 15001-23-33-000-2016-00906-01 (24214). Sentencia del 12 de junio de 2019. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
Folio 106 del cuaderno de cobro coactivo.
Folio 279 del cuaderno de pruebas 2-1.
Folio 277 del cuaderno de pruebas 2-1.
El mandamiento de pago obra a folio 9 del cuaderno de cobro coactivo.
En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-31-000-2006-01083-01 (19188). Sentencia del 1° de agosto de 2013. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-37-000-2016-01544-01 (24301). Sentencia del 20 de agosto de 2020. CP: Julio Roberto Piza (E).
Folio 9 de los antecedentes.
Radicado: 66001-23-33-000-2014-00524-01 (24859)
Demandante: José Carlos Santacoloma Villegas y otro
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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