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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00140-00

Fecha
7 de marzo de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00140-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Yuri Ximena Lozada Anaya, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-00140-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D. C., 7 de marzo de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL/ Contrato realidad/
Desconocimiento del precedente jurisprudencial / Niega.

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado de declarar probada la excepción de prescripción de las
prestaciones, dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que tuvo
como objeto declarar la existencia de una relación laboral (contrato realidad).

De conformidad con la competencia asignada1, procede la Sala a
resolver, en primera instancia, la acción de tutela presentada por Yuri
Ximena Lozada Anaya contra el Tribunal Administrativo de Caquetá.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 12 de enero de 2022, Yuri Ximena Lozada Anaya presentó acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caquetá, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y
acceso a la administración de justicia, tras considerar que dicha autoridad
judicial desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado,
en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No.
18001-33-40-004-2016-00852-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte demandante solicitó (se
trascribe):

“1. TUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso,
el acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, vulnerados
por el Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, a través de la

1 Artículo 86 de la Constitución Política, los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015 y 1983 de 2017 y el

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

Sentencia de Segunda Instancia No. 01-07-80-21/ORD.80-01 fechada 14 de
julio de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado No. 18-001-3333-40-004-2016-00852-00.

2. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda Instancia No. 01-07-80-
21/ORD.80-01 fechada 14 de julio de 2021, proferida dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho radicado No. 18-001-3333-40-004-2016-
00852-00.

3. ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, que dentro
del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación
del fallo, profiera la sentencia de segunda instancia, respetando mis derechos
constitucionales fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia y a la seguridad jurídica, en los términos expuestos
en el presente líbelo”.

3. Como hechos relevantes fueron narrados los siguientes:

4. 1) Yuri Ximena Lozada Anaya laboró en el Establecimiento de
Sanidad Militar del Batallón de Apoyo y Servicios para el combate -BASER
12- (adscrito a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional) del 1 de
febrero de 2011 al 31 de diciembre de 2015, mediante sucesivos contratos
de prestación de servicios para desempeñar funciones como auxiliar de
odontología.

5. 2) El 17 de mayo de 2016, la señora Lozada Anaya solicitó el
reconocimiento y pago de las acreencias laborales producto de la
existencia de una verdadera relación laboral encubierta en contratos de
prestación de servicios, durante 4 años y 11 meses. Dicha petición fue
negada mediante Oficio No. 1123/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-
COLOG-DIADQ-CADCO-CENACFLORE-SECCION-ASJ de 7 de junio de 2016.

6. 3) La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho y, mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2018, el
Juzgado 4 Administrativo de Florencia (Caquetá) encontró probada la
existencia de una relación laboral con la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional. Adicionalmente, declaró probada la
excepción de prescripción de las prestaciones causadas antes del 20 de
mayo de 2013, con fundamento en la Sentencia de Unificación de 25 de
agosto de 2016 del Consejo de Estado2 (se trascribe)

“En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de
permanencia en el servicio”.

2 Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

7. 4) Contra la referida providencia, la accionante interpuso recurso de
apelación3 y, a través de Sentencia de 14 de julio de 2021, el Tribunal
Administrativo de Caquetá confirmó la decisión de primer grado. Como
sustento de su decisión, el Tribunal señaló (se trascribe):

“La prescripción extintiva debe empezar a partir de la finalización de cada
uno de los diferentes contratos de prestación de servicios, por lo cual se
concluye que el término para reclamar los derechos prestacionales derivados
de los periodos de vinculación laboral comprendidos entre el 01 de febrero
de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013, se encuentran prescritos, teniendo
en cuenta que la petición se radicó el día 20 de mayo de 2016.”

8. El fundamento de la vulneración radicó en que el juzgador de
segunda instancia desconoció el precedente jurisprudencial contenido en
las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado proferidas el
25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01), 4 de mayo de
2017 (Rad. 08001-23-31-000-2007-00062-01 (1736-15)), 31 de octubre de 2019
(Rad. 11001-03-15-000-2019-03691-01), 10 de septiembre de 2020 (Rad.
25000-23-42-000-2012-00805-01 (1048-19)), 20 de mayo de 2021 (Rad. 17001-
23033-000-2015-00153-01 (5767-18)), 23 de junio de 2016 (68001-23-33-000-
2013-00174-01(0881-14)) y 9 de septiembre de 2021 (Rad. 05001-23033-000-
2013-01143-01 (1317-16)), al aplicar la prescripción trienal a partir de la
terminación de cada vinculo contractual, sin tener en cuenta que existió
continuidad en la relación contractual.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros4

9. El Ministerio de Defensa Nacional solicitó que se nieguen las
pretensiones de la solicitud de amparo, comoquiera que no se cumplieron
los requisitos específicos de procedencia de la acción de tutela, ni se
acreditó la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

10. El Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado 4 Administrativo
de Florencia guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Identificación de derechos. 2.2. Fijación de la controversia. 2.3.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2.4. Verificación de
defectos y/o afectación a derechos fundamentales 2.5. Conclusiones.

3 La demandante solicitó a la autoridad judicial, analizar la continuidad entre los contratos de prestación de

servicios celebrados, con el fin de desvirtuar la configuración de la excepción de prescripción, probada en la
sentencia de primera instancia y, como consecuencia, reconocer, liquidar y pagar a título de indemnización la
totalidad de emolumentos causados a lo largo de la relación laboral.
4 Mediante Auto de 18 de enero de 2022, el despacho sustanciador resolvió admitir la acción de tutela de la

referencia, tener como demandado al Tribunal Administrativo de Caquetá y vincular en calidad de terceros al
Juzgado 4 Administrativo de Florencia y a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejercito Nacional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

2.1. Identificación de derechos

11. Pese a que la accionante señaló en su solicitud de amparo como
violados varios derechos fundamentales, esta Sala centrará su análisis en la
vulneración del derecho al debido proceso, pues ante una presunta
vulneración de garantías constitucionales en el marco de una actuación
judicial, cobra relevancia estudiar si este derecho fue lesionado durante el
desarrollo del trámite judicial ordinario. Aunado a ello, la vulneración de los
derechos constitucionales invocados surge como consecuencia de la
misma afrenta al debido proceso. En consecuencia, en el evento de
encontrar lesionado este derecho, existirá razón suficiente para conceder
el amparo.

2.2. Fijación de la controversia

12. Corresponde determinar, luego de verificados los requisitos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, si el
Tribunal Administrativo de Caquetá desconoció el precedente del Consejo
de Estado contenido en las providencias relacionadas en el párrafo 8,
sobre la prescripción trienal de cara a contratos sucesivos de prestación de
servicios.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial5

13. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedibilidad de
la acción de tutela porque no existe recurso idóneo y eficaz que permitiera
al demandante alegar los reparos planteados vía tutela y procurar la
defensa del derecho presuntamente vulnerado. Hubo un plazo
razonable entre la fecha que en que se profirió la providencia enjuiciada
(14/7/21) y la de interposición de la presente acción de tutela (12/1/22). No
se enjuició un fallo de tutela, pues la controversia se relacionó con la
sentencia de segunda instancia dictada en el marco de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho. Se identificaron de manera clara,
detallada y comprensible los hechos y la presunta vulneración derivada de
ellos. Por último, se advierte que la controversia tiene relevancia
constitucional por tratarse de la presunta afectación de derechos
fundamentales con ocasión de una providencia judicial, de segunda
instancia, cuyo debate central giró en torno al desconocimiento del
precedente y la excepción de prescripción trienal. Aunado a ello, no se
advierte que los argumentos formulados en el escrito de tutela hayan sido
una reproducción de aquellos planteados durante el trámite ordinario.

5 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-066 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia
Decisión: Niega
______________________________________________________________________________________________________________

2.4. Verificación de defectos y/o afectación a derechos fundamentales

14. La Sala negará la solicitud de amparo por las razones que pasan a
explicarse:

15. La parte accionante consideró que se desconoció el precedente
contenido en las sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado
proferidas 25 de agosto de 2016 (Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01), 4 de
mayo de 2017 (Rad. 08001-23-31-000-2007-00062-01(1736-15)), 31 de
octubre de 2019 (Rad. 11001-03-15-000-2019-03691-01), 10 de septiembre
de 2020 (Rad. 25000-23-42-000-2012-00805-01 (1048-19)), 20 de mayo de
2021 (Rad. 17001-23033-000-2015-00153-01 (5767-18)), 23 de junio de 2016
(Rad. 68001-23-33-000-2013-00174-01(0881-14)) y 9 de septiembre de 2021
(Rad. 05001-23033-000-2013-01143-01 (1317-16)).

16. Para la Sala, este defecto no se configuró, toda vez que, en primer
lugar, se dio aplicación al precedente de la Sentencia de Unificación
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25 de agosto
de 2016 (Rad. 23001-23-33-000-2013-00260-01), en la que se dispuso (se
trascribe):

“En aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de
interrupción, frente a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a
partir de sus fechas de finalización, puesto que uno de los fundamentos de la
existencia del contrato realidad es precisamente la vocación de permanencia
en el servicio”.

17. En segundo lugar, respecto a la contabilización de términos para
aquellos contratos en los que se presentaron interrupciones, para la fecha
en la que se adoptó la decisión, no existía una providencia de unificación
que resultara vinculante para el operador judicial accionado. De hecho, se
evidenció que el Consejo de Estado en algunas ocasiones contabilizó el
término independientemente para cada contrato6 y, en otras, indicó que
existía un vínculo contractual continuo7. Razón por la cual, en virtud de la
autonomía judicial, era viable que los jueces de lo contencioso
administrativo optaran por una u otra tesis.

18. En lo que respecta a las demás providencias invocadas, debe
indicarse:

6 Rad. (76001-23-31-000-2012-00251-01(0767-16)). Rad. (08001-23-31-000-2003-02224-01(1667-17)). Rad. (11001-03-

15-000-2019-04730-00(AC)), Rad. (85001-3333-001-2015-00138-01 (1736-15)). Rad. (20001-23-33-000-2012-00222-01).
7 Rad. 68001-23-31-000-2010-00799-01. Rad. 05001-23-31-000-2005-03008-01(1793-12). Rad. (76001-23-33-000-2014-

00260-01(1032-16)). Rad. (47001-23-33-000-2012-00016-01(3160-13)).

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia
Decisión: Niega
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19. Mediante Sentencia de 4 de mayo de 2017 (Rad. 08001-23-31-000-
2007-00062-01(1736-15)), el Consejo de Estado analizó la solución de
continuidad frente a los contratos sucesivos y concluyó que estaba
definido un limite temporal de manera concreta. Luego, tomo como
referente la Sentencia de 25 de agosto de 2016 y recalcó que la
prescripción en aquellos contratos que están interrumpidos debe analizarse
frente a cada uno de ellos a partir de sus fechas de finalización. Así las
cosas, sería contradictorio afirmar que la providencia enjuiciada
desconoció el precedente, pues fue coincidente con una de las líneas de
argumentación adoptada por esta Corporación.

20. En la Sentencia de 23 de junio de 2016 (Rad. 68001-23-33-000-2013-
00174-01(0881-14)), aunque se utilizó el término de los 15 días hábiles como
término razonable de interrupción entre la terminación de un contrato y la
celebración otro, no se fijó reglas de unificación aplicables al caso.

21. En la Sentencia de 31 de octubre de 2019 (Rad. 11001-03-15-000-
2019-03691-01), se advirtió que la autoridad judicial accionada, en ejercicio
de los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, dio
un alcance probatorio coherente y válido a los documentos allegados al
proceso ordinario. Es importante recalcar que se trató de un caso con
efectos inter partes y que responde a supuestos fácticos disímiles a los del
caso de la referencia. Adicionalmente, debe resaltarse que el juez de
tutela protegió la autonomía judicial e independencia del Tribunal.

22. Mediante Sentencia de 10 de septiembre de 2020 (Rad. 25000-23-42-
000-2012-00805-01 (1048-19)), se indicó que el juez de primer grado no
desconoció los lineamientos existentes para tener por interrumpida la
vinculación contractual. Sin embargo, dicha providencia tuvo como
fundamento el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978 y no a un criterio
establecido jurisprudencialmente. En condiciones exactas, la Sentencia de
20 de mayo de 2021 (Rad. 17001-23033-000-2015-00153-01 (5767-18))
reconoció el término de los 15 días como suficiente para decretar
interrupción de la vinculación contractual, a partir de las reglas contenidas
en el mismo decreto y, no a la luz de una línea jurisprudencial unificadora.

23. Por último, no es posible afirmar que se desconoció el precedente de
la Sentencia de Unificación de 9 de septiembre de 2021(Rad. 05001-23033-
000-2013-01143-01 (1317-16)) proferida por la Sección Segunda el Consejo
de Estado, en razón a que, fue posterior al fallo de segunda instancia y, en
esa medida, el juez de la nulidad y restablecimiento del derecho no
contaba con esta decisión vinculante.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-00
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
Demandado: Tribunal Contencioso Administrativo de Caquetá
Referencia: Acción de tutela. Primera Instancia
Decisión: Niega
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24. En atención a lo expuesto, se evidenció que el Tribunal Administrativo
de Caquetá no desconoció el precedente jurisprudencial.

2.5 Conclusión

25. Al no evidenciarse la configuración del defecto alegado por la parte
actora y, con ello, la vulneración del derecho fundamental al debido
proceso, la Sala negará la solicitud de amparo.

3. DECISIÓN

En merito de los expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el amparo de tutela solicitado por Yuri Ximena Lozada
Anaya, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin8.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑÓZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

8 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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