Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00140-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-00140-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-00140-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
16 de junio de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00140-01
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00140-01
Demandante: YURI XIMENA LOZADA ANAYA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CAQUETÁ
Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que se declaró probada la
prescripción de algunos periodos en los que se reconocieron la
existencia de un contrato realidad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Yuri Ximena Lozada Anaya
contra la sentencia del 7 de marzo de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, que denegó las pretensiones de la acción de tutela.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. En ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, la señora Yuri Ximena
Lozada Anaya pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, que estimó vulnerados por la
sentencia del 14 de julio de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo de Caquetá.
En concreto, formuló textualmente las siguientes pretensiones:
PRIMERA. TUTELAR mis derechos constitucionales fundamentales al debido proceso, el acceso
a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, vulnerados por el Tribunal Contencioso
Administrativo del Caquetá, a través de la Sentencia de Segunda Instancia N° 01-07-80-
21/ORD.80-01 fechada 14 de julio de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado N° 18-001-3333-40-004-2016-00852-00.
SEGUNDA. DEJAR SIN EFECTO la Sentencia de Segunda Instancia N° 01-07-80-21/ORD.80-
01 fechada 14 de julio de 2021, proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho radicado N° 18-001-3333-40-004-2016-00852-00.
TERCERA. ORDENAR al Tribunal Contencioso Administrativo del Caquetá, que dentro del
término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del fallo, profiera la
sentencia de segunda instancia, respetando mis derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la seguridad jurídica, en los términos
expuestos en el presente líbelo.
2. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. La señora Yuri Ximena Lozada Amaya estuvo vinculada en el Establecimiento de
Sanidad Militar del Batallón de Apoyo y Servicios Para el Combate -BASER 12-,
adscrito a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, ubicado en la ciudad de
Florencia, Caquetá, como Auxiliar de Odontología, mediante contratos de prestación
de servicios, desde el 1° de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015.
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Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
2.2. La señora Lozada Anaya solicitó al Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, el
pago de las prestaciones sociales y demás derechos laborales a que tenía derecho,
como consecuencia de la relación laboral que adujo sostener con dicha entidad.
Mediante oficio 1123/MDN-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-DIADQ-CADCO-
CENACFLORE-SECCION-ASJ del 7 de junio de 2016, la entidad denegó la solicitud.
2.3. En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la actora
demandó la nulidad del anterior acto administrativo y, a título de restablecimiento del
derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales,
los aportes a la Caja de Compensación Familiar y el cómputo del tiempo laborado para
efecto del sistema de seguridad social en pensión, entre otras pretensiones.
2.4. La demanda correspondió al Juzgado 4 Administrativo de Florencia, que, por
sentencia del 19 de diciembre de 2018, accedió a las pretensiones. En concreto, la
autoridad judicial estimó que quedaron probados los requisitos exigidos para
demostrar la existencia de una verdadera relación laboral (prestación personal del
servicio, remuneración y subordinación o dependencia administrativa). En cuanto a la
prescripción, la declaró probada respecto de las prestaciones causadas con
anterioridad al 20 de mayo de 2013, con fundamento en la sentencia de unificación de
25 de agosto de 2016 del Consejo de Estado.
2.5. La parte actora y la entidad demandada presentaron recurso de apelación contra
la anterior decisión y el Tribunal Administrativo de Caquetá, por sentencia del 14 de
julio de 2021, la confirmó, por las mismas razones que expuso el a quo.
3. Argumentos de la acción de tutela
3.1. La señora Yuri Jimena Lozada Anaya, de manera preliminar, manifestó que la
solicitud de amparo cumple los requisitos para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales.
3.2. En cuanto al fondo del asunto, la actora alegó que la sentencia cuestionada
desconoció el precedente jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, respecto de la forma en que analizó la prescripción, pues no tuvo en cuenta
que hubo continuidad en cada uno de los contratos de prestación de servicios, pues
la interrupción no fue superior a 15 días hábiles.
3.3. Que el Consejo de Estado ha establecido que la solución de continuidad de la
relación contractual se configura por las interrupciones superiores a 15 días hábiles.
Para el efecto, citó como desconocidas las sentencias del 25 de agosto de 2016 (Rad.
23001-23-33-000-2013-00260-01), del 4 de mayo de 2017 (Rad. 08001-23-31-000-
2007-00062-01), del 31 de octubre de 2019 (Rad. 11001-03-15-000-2019-03691-01), del 10
de septiembre de 2020 (Rad. 25000-23-42-000-2012-00805-01), del 20 de mayo de
2021 (Rad. 17001- 2333-000-2015-00153-01), del 23 de junio de 2016 (68001-23-33-
000- 2013-00174-01) y del 9 de septiembre de 2021 (Rad. 05001-2333-000- 2013-
01143-01).
4. Intervenciones
4.1. El apoderado del Ministerio de Defensa Nacional solicitó denegar las pretensiones
de la acción de tutela, en razón a que no se cumplen los requisitos específicos de
procedencia de la acción de tutela, ni se acreditó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
4.2. El Tribunal Administrativo de Caquetá y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Florencia no se pronunciaron pese a que fueron debidamente notificados.
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5. Sentencia impugnada
5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 7 de
marzo de 2022, denegó las pretensiones de la demanda de tutela, pues, a su juicio, la
sentencia cuestionada incurrió en el defecto endilgado, ya que aplicó el precedente de
la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 25 de
agosto de 2016.
5.2. Además, explico que “respecto a la contabilización de términos para aquellos
contratos en los que se presentaron interrupciones, para la fecha en la que se adoptó
la decisión, no existía una providencia de unificación que resultara vinculante para el
operador judicial accionado. De hecho, se evidenció que el Consejo de Estado en
algunas ocasiones contabilizó el término independientemente para cada contrato y, en
otras, indicó que existía un vínculo contractual continuo. Razón por la cual, en virtud
de la autonomía judicial, era viable que los jueces de lo contencioso administrativo
optaran por una u otra tesis”.
6. Impugnación
6.1. La señora Lozada Anaya impugnó la sentencia del 7 de marzo de 2022. Expuso
que la autoridad judicial accionada aplicó equivocadamente la sentencia de unificación
del 25 de agosto de 2016, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, por
cuanto “dicha providencia ordenó computar la prescripción a partir de la finalización de
cada contrato de prestación de servicios cuando existan interregnos e interrupciones
que puedan considerarse como solución de continuidad de la relación laboral”.
6.1.1. Que, tal como lo dijo en el escrito de tutela, la relación laboral que sostuvo con
la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional no tuvo interrupciones relevantes que
pudieran ser consideradas como solución de continuidad, ya que no fueron superiores
a 15 días y, por tanto, a su juicio, el término de prescripción debe computarse a partir
de la finalización del último contrato de prestación de servicios.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela contra providencias judiciales
1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, se
precisó que la acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias
judiciales dictadas por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86
de la Constitución Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.
1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los
medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.
1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.
1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.
1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el
Consejo de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de
órganos de cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha
establecido un requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía
de tal entidad que exija la imperiosa intervención del juez constitucional»3.
2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico
2.1. La Sala coincide con el a quo en que la demanda de tutela cumple los requisitos
generales para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En consecuencia, se resolverá el asunto de fondo.
2.2. Ahora bien, en los términos de la impugnación, el problema jurídico consiste en
determinar si la sentencia de tutela de primera instancia acertó al concluir que la
providencia acusada aplicó correctamente la sentencia de unificación del 25 de agosto
de 2016, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación.
3. Solución al problema jurídico
3.1. Grosso modo, cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma
en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que sirve como referente
para decidir otros conflictos semejantes, esto es, los conflictos en los que exista
identidad jurídica y fundamentalmente identidad fáctica. Ese precedente, por su
pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de decidir el nuevo caso.
3.2. La Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del precedente judicial implica
que4: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de
fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii)
si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la
pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha
evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho
para su aplicación».
3.3. Ahora bien, el precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las
decisiones que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
3.4. El precedente horizontal incluye las decisiones que dictó el mismo juez u otro de
igual jerarquía. En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que
el respeto por las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía —y, en
especial, de los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones— no constituye
una facultad discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
3 SU-573 de 2017.
4 Sentencia T-158 de 2006.
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a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.
3.4.1. Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme
con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano de cierre de cada jurisdicción,
a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse
del precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la
misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, vulnera el
derecho a la igualdad.
3.5. No obstante la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta,
pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial.
Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad
jurídica para que asuntos con supuestos fácticos y jurídicos idénticos se decidan de la
misma forma.
3.5.1. Por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su
propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que
explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su
posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del
caso resuelto con anterioridad.
4. Del caso concreto.
4.1. Como se dijo al inicio de las consideraciones, la demandante señala que la
providencia cuestionada aplicó equivocadamente la sentencia de unificación del 25 de
agosto de 2016, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación, en lo que tiene
que ver con la prescripción de las acreencias laborales, pues la computó a partir de la
finalización de cada contrato de prestación de servicios, cuando las interrupciones, a su
juicio, no implicaron solución de continuidad en la relación laboral.
4.2. Para resolver, la Sala, como primera medida, se referirá a la sentencia de
unificación del 25 de agosto de 2016, proferida por la Sala Plena de la Sección
Segunda, que, en cuanto al tema de la prescripción, estableció que:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios (…).
4.2.1. En virtud de lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso las
siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del
principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos
dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo
contractual.
ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los
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derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.
(…)
vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una
vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que
esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al
sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible,
aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad
del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).
vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya
deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el
demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una
decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad
de los derechos del trabajador.
4.2.2. Como se ve, la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016 estableció las
reglas jurisprudenciales que se debían tener en cuenta en los casos en los que se
determinara la existencia de una verdadera relación laboral. Específicamente,
respecto de la prescripción anotó que en aquellos casos en los que entre uno y otro
contrato haya interrupción, se debe analizar la prescripción a partir de la fecha de
finalización de cada contrato. Sin embargo, como se puede ver de las reglas de
unificación, no se estableció cual era el interregno de tiempo que debía pasar para
entender que no hubo solución de continuidad.
4.3. Ahora, en la sentencia cuestionada del 14 de julio de 2021, dictada por el Tribunal
Administrativo de Caquetá, respecto a la prescripción concluyó:
4.2. DE LA PRESCRIPCIÓN.
La prescripción está consagrada en el artículo 102 del Decreto 1848 del 04 de noviembre de
1969, reglamentario del Decreto 3135 del 26 de diciembre de 1968, el cual establece lo siguiente:
(…)
En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial
CE-SUJ2 No. 5 de 2016, con ponencia del Magistrado Carmelo Perdomo Cuete, estableció las
siguientes reglas para la configuración del fenómeno de la prescripción en los contratos realidad:
(…)
Teniendo en cuenta lo establecido por el Consejo de Estado, y atendiendo que la ejecución de
los contratos tiene un lapso de interrupción, se permite demostrar en la siguiente tabla, como
opera la figura de prescripción para cada uno de los contratos celebrados entre la señora Yuri
Ximena Lazada Anaya y la entidad demandada:
Contrato Fecha de Fecha de Interrupción Término Plazo para
inicio terminación Reclamar
016 01-02-2011 31-07-2011 n.a. 01 de agosto de
2014
Adicional 26-06-2011 31-08-2011 n.a. 01 de septiembre
016 de 2014
019 19-09-2011 31-12-2011 Del 01 al 15 de 15 días 01 de enero de
septiembre de 2015
2011
031 16-01-2012 31-12-2012 Del 01 al 15 de 15 días 01 de enero de
enero de 2015 2016
029 16-01-2013 31-12-2013 Del 01 al 15 de 15 días 01 de enero de
enero de 2013 2017
041 16-01-2014 15-07-2014 n.a. 16 de julio de
2017
105 16-07-2014 31-12-2014 n.a. 01 de enero de
2018
018 15-01-2015 14-04-2015 Del 1 al 14 de 14 días 15 de abril de
enero de 2015 2018
216 16-07-2015 31-12-2015 Del 15 de abril al 3 meses y 1 01 de enero de
15 de julio de 2015 día 2019
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Del cuadro anterior, y al tratarse de vinculaciones interrumpidas al servicio público, el término
para contar la prescripción extintiva debe empezar a partir de la finalización de cada uno de los
diferentes contratos de prestación de servicios, por lo cual se concluye que el término para
reclamar los derechos prestacionales derivados de los periodos de vinculación laboral
comprendidos entre el 01 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013, se encuentran
prescritos, teniendo en cuenta que la petición se radicó el día 20 de mayo de 2016.
No ocurrió lo mismo con los periodos de vinculación comprendidos a partir del 16 de enero de
2014 al 31 de diciembre de 20155, por cuanto la reclamación administrativa fue presentada
dentro de los tres años siguientes a la finalización de dicho contrato.
De conformidad con los razonamientos precedentes, considera esta Sala que la señora Yuri
Ximena Lazada Anaya se le deberán reconocerán los emolumentos por concepto de
prestaciones sociales y demás a que haya lugar, desde el 16 de enero de 2014 hasta el 31 de
diciembre de 2015, tal como lo ordenó el a quo.
Ahora bien, conforme a la sentencia de unificación anteriormente citada, el fenómeno de la
prescripción no podrá aplicarse a los aportes que por pensión se debían realizar por parte del
empleador, conforme a lo expuesto en sentencia de primera instancia emitida por el Juzgado
Cuarto Administrativo de Florencia.
4.3.1. De conformidad con lo anterior, la Sala advierte que la providencia cuestionada
aplicó en debida forma la sentencia de unificación del Consejo de Estado del 25 de
agosto de 2016, pues tuvo en cuenta la regla jurisprudencial de aplicar la prescripción
cuando se presentara un interregno de tiempo entre la finalización de un contrato y la
suscripción de otro.
4.3.2. Ahora, el análisis realizado en cuanto a si solo se debe entender que hubo
suspensión del tiempo cuando se superaron 15 días, no genera una indebida
aplicación de la sentencia, pues, se insiste, sobre dicho asunto la sentencia de
unificación no determinó ninguna regla al respecto y dejó que la decisión se analizará
en cada caso particular por el juez.
4.3.3. En otras palabras, si bien el tribunal demandado concluyó que en el caso de la
señora Lozada Anaya hubo interrupción entre uno y otro contrato independientemente
de los días que transcurrieron, lo cierto es que, a juicio de la Sala, el análisis jurídico
efectuado por la sentencia acusada es razonable y se ajusta a los criterios
jurisprudenciales vigentes. En realidad, lo que se advierte es que la inconformidad de
la demandante no es por aplicación indebida de la sentencia de unificación, sino que
dicha interpretación no fue favorable a sus pretensiones, lo cual de manera alguna
genera que se haya incurrido en el defecto por desconocimiento del precedente
planteado.
4.4. Finalmente, en relación con las sentencias proferidas por la Sección Segunda de
esta Corporación, aludidas por la demandante, para sustentar la aplicación indebida
del precedente, la Sala encontró que:
➢ La sentencia del 23 de junio de 2016 proferida la Subsección A, MP, Luis Rafael
Vergara Quintero, expediente 68001-23-33-000-2013-00174-01. En esta
providencia se reiteró que, si bien “(…) el derecho a reclamar las prestaciones
derivadas de un contrato realidad solo se hace exigible a partir de la sentencia que
declara la existencia de la relación laboral; también lo es que el particular debe
5 La Sala advierte que si bien el tribunal demandado señaló erróneamente las fechas de prescripción de los
derechos laborales de la demandante, lo cierto es que confirmó lo decidido en primera instancia, que había
decretado la prescripción así: “En tal sentido, es necesario considerar que la accionante, solicitó el reconocimiento
de la relación laboral mediante escrito de fecha 20/05/2016 (fl. 5), por lo que habría operado la prescripción de los
derechos reclamados causados con antelación al 20/05/2013 (…)” y así lo dispuso en la parte resolutiva de la
providencia. Ahora, la Sala no pasa por alto que bajo la línea de entendimiento que aplicaron las autoridades
judiciales demandadas debieron decretar la prescripción respecto de las acreencias laborales anteriores al 31 de
diciembre de 2012 (pues el contrato que suscribió en el año 2013 finalizó el 31 de diciembre de ese año, por lo que,
los 3 años para reclamar vencían el 1 de enero de 2017 y, como se dijo, la petición data del 20 de mayo de 2016).
Sin embargo, como dicho asunto no fue objeto de discusión ni en el proceso ordinario ni en el de tutela, la Sala se
abstendrá de hacer pronunciamiento alguno al respecto.
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Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
reclamar de la administración y del juez el reconocimiento de su relación laboral,
dentro de un término prudencial que no exceda la prescripción de los derechos que
reclama”. Respecto de esta providencia, la Sala debe advertir que fue proferida con
anterioridad a la sentencia presuntamente desconocida, esto es, la SU del 25 de
agosto de 2016, razón por la cual no se estudiará para determinar si en el presente
asunto no se aplicó en debida forma la aludida sentencia de unificación.
➢ La sentencia del 4 de mayo de 2017 proferida la Subsección B, MP, Sandra Lisset
Ibarra Vélez, expediente 08001-23-31-000-2007-00062-01. Se trata de una
providencia dictada en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en la que se debatía la existencia de una relación laboral y que, respecto
a la prescripción, señaló que:
En ese orden, ha considerado la jurisprudencia para algunos casos que, en los
eventos donde se presentan interrupciones contractuales en virtud del cual, queda
cesante el contratista, habrá lugar al reconocimiento de las prestaciones sociales sin
solución de continuidad siempre y cuando entre la terminación de una orden de
servicio y el inicio de la siguiente haya trascurrido un término razonable, sin definir de
manera concreta límite temporal alguno. En otra decisión, se estimó que la
interrupción presentada no podía ser superior a 15 días6.
Por su parte, en la sentencia de unificación7, sobre el particular se indicó que «en
aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente
a cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de
finalización, puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad
es precisamente la vocación de permanencia en el servicio. Por consiguiente, le
corresponderá al juez verificar si existió o no la citada interrupción contractual, que
será excluida de reconocimiento y examinada en detalle en cada caso particular, en
aras de proteger los derechos de los trabajadores, que han sido burlados por las
autoridades administrativas al encubrir una relación laboral bajo contratos de
prestación de servicios».
➢ Sentencia del 31 de octubre de 2019 dictada por la Subsección B, MP, César
Palomino Cortés, expediente 11001-03-15-000-2019-03691-01(AC). En este caso
se trata de una tutela contra providencia judicial, en la cual se concluyó que la
providencia cuestionada no incurrió en desconocimiento del precedente al decretar
la prescripción de las acreencias laborales, explicando “que la sentencia de
unificación del Consejo de Estado, Sección Segunda, también indicó que en
aquellos contratos de prestación de servicios pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tienen un lapso de interrupción, se
deberá analizar la prescripción a partir de sus fechas de finalización”.
➢ Sentencia del 10 de septiembre de 2020 proferida la Subsección B, MP, Sandra
Lisset Ibarra Vélez, expediente 25000-23-42-000-2012-00805-01, proferida en el
marco de una controversia de contrato realidad contra el Fondo de Bienestar Social
de la Contraloría General de la República, en la que se analizó la prescripción de
manera independiente respecto de cada uno de los contratos suscritos con la
demandante y en la que se concluyó que había operado respecto del primero de
ellos, por lo que declaró la prescripción de las acreencias prestacionales anteriores
6 Ver sentencia de fecha 26 de junio de 2016, proferida por la Sección Segunda Subsección A , radicado No 68001-
23-33-000-2013-00174-01(0881-14) en la cual, se sostuvo lo siguiente: «… No sucede lo mismo con los contratos
070 de 2005, 020 de 2006 y 029 de 2007, por cuanto entre la finalización de este último (8 de enero de 2008) y la
celebración del siguiente, identificado con el No. 25 de 2008 (1 de febrero de 2008), hubo solución de continuidad 6
por presentarse una interrupción del servicio superior a 15 días hábiles, circunstancia que implicaba que el actor
dentro del término de prescripción trienal (hasta el 8 de enero de 2011) debía agotar la vía gubernativa para efectos
de reclamar el reconocimiento de los derechos prestacionales generados de los contratos previamente citados y
así evitar la prescripción trienal del derecho.
7 Ver sentencia de la Sección Segunda de fecha 26 agosto de 2016.
8
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-00140-01
Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
al 7 de marzo de 2009, al haberse presentado la reclamación administrativa el 7 de
marzo de 2012.
➢ Sentencia del 20 de mayo de 2021 proferida la Subsección B, MP, Sandra Lisset
Ibarra Vélez, expediente 17001-23-33-000-2015-00153-01. Se trata de una
providencia dictada en el marco de una acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, en aplicación a la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016,
declaró la prescripción de algunos periodos, por haber existido interrupciones de
más de 15 días entre los contratos.
➢ Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del 9 de septiembre de 2021, proferida
por la Sala Plena de la Sección Segunda, MP. Rafael Francisco Suárez Vargas,
que, unificó en el tema de contrato realidad, entre otras, la prescripción de las
acreencias laborales, y explicó lo siguiente:
138. Ahora bien, en la actualidad, en la Sección Segunda del Consejo de Estado,
en los 26 tribunales y en los juzgados administrativos se emplean diferentes criterios
para computar la interrupción de los contratos estatales de prestación de servicio,
sin que exista consenso sobre el tiempo que debe transcurrir entre uno y otro para
determinar la solución de continuidad o un fundamento normativo claro que la
soporte.8 Tanta ha sido la heterogeneidad de las decisiones, que en algunas
providencias se han computado plazos que van desde «un día»,9 «15 días
hábiles»;10 y, unas menos, hasta más de un mes inclusive.11 De ahí la necesidad de
unificar la jurisprudencia de la Sección en torno a un término de referencia de
interrupción y a la definición del momento desde el cual debe iniciarse su cómputo,
con el objetivo de identificar si se produjo o no la ruptura de la unidad contractual y,
de concretarse esta, la consecuente prescripción de los derechos reclamados.
139. Sobre el particular, desde ahora se anticipa que la Sala acogerá un término de
treinta (30) días hábiles como límite temporal para que opere la solución de
continuidad entre los contratos de prestación de servicios. Un término que no debe
entenderse como «una camisa de fuerza» que impida tener en cuenta un mayor
periodo de interrupción, sino como un marco de referencia para la Administración,
el contratista y el juez de la controversia, de cara a determinar la no solución de
continuidad; en especial para este último, que en cada caso concreto habrá de
sopesar los elementos de juicio que obren dentro del plenario, cuando el tiempo
entre cada contrato sea más extenso del aquí indicado.
(…).
4.4.1. Analizadas las citadas sentencias, con excepción de la última, se tiene que en
todas se aplicó la sentencia de unificación del 25 de agosto en lo que tiene que ver
con el conteo del término prescriptivo de manera independiente, cuando se presentan
interregnos de tiempo entre la terminación de un contrato y la suscripción de otro. Pero
se advierte que, en cada caso, los jueces analizaron dicho tiempo de forma diferente,
en unos casos se tuvo como interrumpido el tiempo de servicio cuando se superaron
más de 15 días, en otros, independientemente del tiempo, por el solo hecho de haber
interrupciones se consideró que se debía aplicar el fenómeno prescriptivo.
4.4.2. Con lo anterior, se confirma que para el momento en que se dictó la sentencia
cuestionada no existía una regla de unificación que estableciera el tiempo que debía
8 Si bien, otrora, en algunas providencias se venía empleando como fundamento normativo el término de 15 días
que recoge el artículo 10 del Decreto 1045 de 1978, el hecho de que el precepto regule «el tiempo de servicios
para adquirir el derecho a vacaciones» le resta entidad suficiente para su aplicación analógica para determinar el
fenómeno prescriptivo.
9 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 18 de julio de 2018. Radicado 68001 23-
33-000-2013-00689-01(3300-14) C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 26 de julio de 2018. Radicado 68001-23-
31-000-2010-00799-01. C.P. César Palomino Cortés.
11 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B. Sentencia de 13 mayo de 2015. Radicado
680012331000200900636 01. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Yuri Ximena Lozada Anaya
existir entre la finalización y suscripción de un nuevo contrato para determinar si se
debía estudiar la prescripción de manera independiente o no.
4.4.2. La Sala no desconoce que lo anterior fue superado con la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021, dictada por la Sala Plena de la Sección
Segunda de la Corporación (que se trata de la última sentencia que se analizó en
precedencia), que, al advertir los diferentes criterios que venían adoptando los jueces
de la jurisdicción contencioso administrativa para efectos de determinar si procedía o
no la prescripción, estableció como regla jurisprudencial que serían 30 días hábiles el
límite temporal para que opere la solución de continuidad entre los contratos de
prestación de servicios. Pero esa sentencia no tiene la calidad de precedente judicial
para este caso, por cuanto fue proferida con posterioridad a la decisión cuestionada,
que data del 14 de julio de 2021.
4.5. Se resuelve, entonces, el problema jurídico propuesto: la sentencia de tutela de
primera instancia acertó al concluir que la providencia acusada no desconoció el
precedente judicial. Por lo tanto, se confirmará la decisión de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Salvo voto
10
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