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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00176-00

Fecha
17 de marzo de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-00176-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Roberth Hernández Merchán, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Tercero:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-00176-00

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

17 de marzo de 2022

Ra d ic a d o: 1 1 0 01 - 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 0 17 6- 0 0
Ac c io n a nt e: R o ber th H ern á n dez M erc h án

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de marzo de dos mil veintidós (2022)

F.T: 83
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00176-00
Accionante: ROBERTH HERNÁNDEZ MERCHÁN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial de reparación directa,
en la que se revocó la decisión de primera instancia y se declaró la caducidad del
medio de control instaurado por la presunta responsabilidad de la Fiscalía General
de la Nación, derivada del retardo injustificado en el nombramiento de un
funcionario de carrera administrativa. Ausencia de los defectos invocados.

FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de
tutela, decide la acción de la referencia.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de reparación directa

El 22 de marzo de 2019 el señor Roberth Hernández Merchán instauró demanda
de reparación directa en contra de la Nación, Fiscalía General de la Nación, con el
fin de lograr la declaratoria de responsabilidad por el retardo injustificado en su
nombramiento, en período de prueba, en el cargo de auxiliar administrativo, grado
I, de la Subdirección de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana, en el que resultó
elegido, al superar todas las etapas de la Convocatoria 15, Grupo 02, dentro del
concurso de méritos.

El 4 de septiembre de 2020 el Juzgado Treinta y Dos Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá negó la excepción previa de caducidad propuesta por la
Fiscalía General de la Nación. Por lo anterior, la entidad mencionada interpuso
recurso de apelación en contra de ese proveído. El 10 de junio de 2021 el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, revocó la

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decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la caducidad del medio de
control.

b) Inconformidad

El accionante Roberth Hernández Merchán consideró que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, vulneró sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia y desconoció el principio constitucional de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal. Para el efecto, señaló que aquel incurrió en
las siguientes causales específicas de procedencia de la acción de tutela en
contra de providencias judiciales:

1. Defecto sustantivo, porque sustentó su decisión en una norma inaplicable al
caso concreto e interpretó, de manera incorrecta, el artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, al concluir que la caducidad del medio de control debía
contabilizarse desde el 13 de agosto de 2015, fecha en la que la Fiscalía
General de la Nación publicó la lista de elegibles del cargo, y no desde que
se efectuó su nombramiento, esto es, el 9 de febrero de 2017, pues fue en
ese momento en que cesó el daño y se enteró de la existencia de algunos
fallos de tutela en los que los aspirantes del concurso de méritos solicitaron
el pago de la indemnización por el retardo injustificado.

2. Defecto fáctico, al no valorar todas las pruebas allegadas al proceso, con
las cuales pretendió demostrar la responsabilidad de la entidad demandada
por el retardo injustificado en realizar su nombramiento y, en ese sentido,
no tuvo en cuenta las fechas en que acontecieron los hechos. Así, explicó
que el 13 de agosto de 2015 la entidad debió notificar el nombramiento y
realizar la posesión en el empleo, pero esa situación se materializó solo
hasta el 23 de febrero de 2017, razón por la cual la caducidad del medio de
control debió computarse desde el día siguiente, comoquiera que en ese
momento cesó el retardo; además, indicó que el 7 de febrero de 2019
solicitó a la Procuraduría General de la Nación convocar a conciliación
judicial a la Fiscalía; el 18 de marzo de esa misma anualidad expidió la
constancia de conciliación fallida y, finalmente, el 22 del mismo mes y año
instauró la demanda de reparación directa, por lo que ejerció su derecho de
acción dentro del término legal.

3. Defecto procedimental, comoquiera que el accionado actuó al margen del
procedimiento y se apartó de las normas procesales aplicables, más aún
cuando otros tribunales administrativos decidieron contabilizar el término de
caducidad a partir de la fecha de posesión de los empleados afectados.

4. Error inducido por parte de la Fiscalía General de la Nación, el cual conllevó
declarar probada la excepción propuesta, a pesar de que existían
pronunciamientos judiciales previos de otros jueces, en los cuales se

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determinó que la caducidad se computaba desde la posesión de los
demandantes y no desde la fecha de la publicación de la lista de elegibles.

5. Decisión sin motivación, debido a que el accionado incumplió su obligación
de motivar la providencia objeto de cuestionamiento.

6. Desconocimiento del precedente fijado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en casos similares al suyo, en los que resolvió sobre la
caducidad en un sentido diferente. Citó como soporte de ese aserto la
sentencia del 19 de junio de 2019, expediente 2017-311; 14 de octubre de
2021, expediente 2019-00330 y la del proceso 2017-0343 de la misma
anualidad y las siguientes proferidas en el 2020: 28 de mayo, expediente
2019-00187; 22 de julio, expediente 2018-00281; 20 de agosto, expediente
2019-00297 y 24 de septiembre, expediente 2018-00199.

7. Violación directa del artículo 13 de la Constitución Política, puesto que la
corporación accionada otorgó un trato diferencial con relación a los casos
decididos en los pronunciamientos invocados en el párrafo anterior, a pesar
de que su situación fáctica es similar.

PRETENSIONES

El solicitante de la salvaguarda requirió, de un lado, amparar los derechos
fundamentales antes mencionados y, de otro, dejar sin efectos la providencia del
10 de junio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C. En consecuencia, solicitó ordenar a la accionada
dictar una nueva decisión, en la que confirme la negativa frente a la configuración
de la excepción propuesta por la entidad demandada.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

El magistrado Fernando Iregui Camelo, ponente de la decisión cuestionada, indicó
que la acción constitucional es improcedente, pues lo pretendido por el accionante
es utilizarla como una tercera instancia, para reiterar los argumentos que expuso
en el recurso de apelación y, de esta forma, obtener una decisión favorable a sus
intereses.

En todo caso, se refirió al fondo del asunto y precisó que no se configura ninguna
de las causales específicas de procedencia contra providencias judiciales, menos
aun cuando la decisión frente a la caducidad del medio de control de reparación
directa estuvo sustentada en la sentencia de tutela del 12 de agosto de 2019,
expediente 2019-03281, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, en la que concluyó que la posición de la corporación allí accionada,
relativa a que el referido término debía contabilizarse desde el día siguiente al

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vencimiento de los veinte días, contados a partir de la publicación de la lista de
elegibles, con los que contaba la Fiscalía General de la Nación para efectuar los
respectivos nombramientos de los empleados que quedaron en el orden de
elegibilidad, no adolecía de un defecto sustantivo, por indebida interpretación
normativa.

Asimismo, adujo que, en el sub judice, coligió, de acuerdo con las pruebas
allegadas al proceso, que el medio de control de reparación directa se presentó de
forma extemporánea, teniendo en cuenta que el término de los dos años inició el
14 de agosto de 2015, día siguiente al vencimiento de los veinte días de que trata
el artículo 40 del Decreto 020 de 2014 y corrió hasta el 14 de agosto de 2017, pero
el señor Hernández Merchán radicó la solicitud de conciliación prejudicial el 7 de
febrero de 2019, cuando ya había fenecido el término para interponer la demanda,
instaurándola finalmente el 22 de marzo de esa misma anualidad. Por último,
precisó que el señor Hernández Merchán no planteó ningún argumento tendiente
a probar que para esa fecha no tenía conocimiento del daño o que se encontraba
en alguna situación que le imposibilitó presentar la demanda a tiempo.

Fiscalía General de la Nación

La señora Pilar Amparo Romero Guarnizo, profesional especializado de la Unidad
de Defensa Jurídica de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía, indicó que
la acción de la referencia es improcedente por varios motivos: la parte accionante
no explicó la razón por la cual no utilizó los otros mecanismos judiciales idóneos
de los que dispone; tampoco sustentó las causales específicas que habilitan el
ejercicio legítimo de la acción de tutela contra providencias judiciales ni acreditó la
transgresión del derecho fundamental al debido proceso. Por ende, solicitó
denegar el amparo invocado.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la
competente para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021 1, el
cual regula que: «[…] [l]as acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o
Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada […]».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

1 Por medio del cual se modificaron los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015 referente a las reglas de reparto de la acción de tutela.

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Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura
reiterada y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido
admitir su procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos
generales de procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de
procedencia (defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez,
concluyó que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y
cuando se respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los
requisitos generales y específicos precisados por la Corte Constitucional.
Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de
la vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute
tiene relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa
judicial con los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de
inmediatez; (iv) cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser
decisiva en la sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v)
se expresaron de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la
providencia bajo estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue
dictada dentro de una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales
puede incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico,
que se presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b)
defecto procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa
completamente al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto
ocurre cuando: el juez carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente
equivocada o no tiene en cuenta el material probatorio obrante en el expediente

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-

1009 de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999,
T-814 de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de
2004, T-807 de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018
de 2008, T-051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-
074 de 2012, T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de
2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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para proferir la decisión; d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando
exista un error judicial ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca
lineamientos constitucionales y/o legales, específicamente ocurre cuando: se
decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía
de ellas o exista una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; e) error inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por
terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación; g) desconocimiento del precedente
judicial y h) violación directa de la Constitución Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

Antes de plantear el problema jurídico, se aclara que, si bien el accionante señaló
que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C,
incurrió en los defectos procedimental, decisión sin motivación y error inducido, lo
cierto es que los argumentos que expuso para sustentarlos se subsumen en el
defecto sustantivo, causal que también invocó, en tanto que cuestiona la decisión
adoptada frente a la caducidad y la adecuada interpretación de la disposición que
fija el término para instaurar el medio de control de reparación directa, por lo que
se estudiará la referida causal.

Así las cosas, y dado que en el caso concreto se cumplen los requisitos generales
de procedibilidad, la parte motiva se ocupará de las causales específicas, que,
para el asunto bajo examen, se centran en el análisis del defecto sustantivo, la
violación directa de la Constitución Política y el desconocimiento del precedente
judicial.

El problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las siguientes
preguntas:

1. ¿La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca acogió una interpretación indebida del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, respecto a la caducidad del medio de control de reparación
directa?

2. ¿La corporación mencionada estaba obligada a aplicar los
pronunciamientos invocados por el señor Roberth Hernández Merchán,
para resolver la controversia que aquí se analiza y, de esta forma,
transgredió el artículo 13 de la Constitución Política?

Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
defecto sustantivo, (II) análisis de la decisión adoptada por la corporación
accionada, (III) desconocimiento del precedente judicial, (IV) violación directa de la

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Constitución Política y (V) estudio de los pronunciamientos invocados en el caso
concreto. Veamos:

• Primer problema jurídico

¿La Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca acogió una interpretación indebida del artículo 164 de la Ley 1437
de 2011, respecto a la caducidad del medio de control de reparación directa?

I. Defecto sustantivo

En diferentes pronunciamientos5, la Corte Constitucional ha denominado el
defecto sustantivo como una condición de procedibilidad de la acción de tutela
contra las providencias judiciales. Al respecto, ha señalado que se presenta por
las siguientes razones6:

1. La decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al
caso concreto, bien sea, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no se
encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

2. La interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto,
desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance.

3. Se fija el alcance de una norma desatendiendo otras disposiciones aplicables al
caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática.

4. La norma pertinente es inobservada y, por ende, inaplicada.

5. Se aplica una norma que a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a ésta, por ejemplo, se le
reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.

6. Evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

7. Insuficiencia en la sustentación o argumentación que afecte los derechos
fundamentales.

II. Análisis de la decisión adoptada por la corporación accionada

El solicitante del amparo sostuvo que la Subsección C de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca realizó una interpretación inadecuada
del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en tanto que, en su caso, dicho término no podía computarse

5 Ver entre otras sentencias T-364 de 2009, T-189 de 2005, T-205 de 2004, T-800 de 2006, SU-159 de 2002.
6 Corte Constitucional, Sentencia T-781 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

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desde el 14 de agosto de 2015, como lo concluyó aquella, sino desde el momento
en que cesó el hecho al que le atribuía el daño, esto es, el retardo injustificado en
su nombramiento, lo cual sucedió el 9 de febrero de 2017, fecha en la que fue
nombrado, en período de prueba, en el cargo de auxiliar I en la Subdirección de
Fiscalías y de Seguridad Ciudadana. Aunado a lo anterior, precisó que solo en ese
momento tuvo conocimiento de las acciones de tutela que promovieron otros
participantes relativas a los nombramientos e indemnizaciones por el retraso en el
acceso a los cargos de carrera.

En cuanto a ello, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, en el pronunciamiento del 10 de junio de 2021,
determinó que el término de caducidad del medio de control de reparación directa
debía contabilizarse desde el momento en el que el demandante tuvo certeza de
la ocurrencia de la omisión causante del daño antijurídico del que pretendía
reparación, esto es, a partir del día siguiente al vencimiento del plazo que tenía la
entidad para nombrarlo en el cargo.

En esos términos, explicó que el señor Hernández Merchán participó en la
Convocatoria 015 de 2008, grupo 2, para acceder al empleo de auxiliar I de la
Subdirección de Fiscalías y de Seguridad Ciudadana de Chocó; superó las etapas
del concurso y quedó en el puesto 84 del registro de elegibles. Además, indicó que
el 13 de julio de 2015 la entidad convocante publicó la lista de elegibles definitiva
conformada para la provisión de los cargos ofertados, dentro de ellos, al que
aspiró el demandante y, dado que debía realizar el nombramiento dentro de los
veinte días hábiles siguientes, en los términos previstos en el artículo 40 del
Decreto 020 de 2014, la omisión causante del daño acaeció el 13 de agosto de
2015, por lo que la contabilización de la caducidad iniciaba a partir del día
siguiente.

Asimismo, se denota que la autoridad accionada precisó que el referido término
feneció, en el caso bajo estudio, el 14 de agosto de 2017 y el demandante
presentó la solicitud de conciliación prejudicial el 7 de febrero de 2019 y la
demanda el 22 de marzo de la misma anualidad, por lo que la solicitud era
extemporánea.

Efectuado el anterior recuento y dilucidados los argumentos expuestos por el
Tribunal accionado, la Subsección advierte que el artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que el
término para presentar la demanda de reparación directa es de dos años a partir
del día siguiente de la acción u omisión causante del daño, o desde que el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo, siempre y cuando
demuestre la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha en que acaeció.

Así, en el caso bajo estudio el conocimiento del menoscabo, objeto de reclamo en
el medio de control de reparación directa, en los términos en los que la autoridad
judicial lo concluyó, tuvo lugar cuando el señor Hernández Merchán advirtió que la

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entidad no había efectuado su nombramiento dentro del plazo máximo con el que
contaba, pues en ese momento pudo constatar la afectación a sus intereses.

Por tanto, la Subsección considera que el Tribunal accionado analizó la situación
fáctica conforme a la normativa relacionada con el término para presentar la
demanda de reparación directa y razonadamente coligió que dicho cómputo debía
iniciarse a partir de la fecha límite en que debió nombrarse al demandante,
comoquiera que en ese momento este tuvo conocimiento del daño objeto de
reclamación.

Asimismo, no se evidencia que la interpretación acogida por la corporación
accionada sea inadecuada o resulte irrazonable, pues, a partir del análisis de los
supuestos fácticos y normativos aplicables al caso, determinó que el señor
Roberth Hernández Merchán presentó la demanda de reparación directa fuera de
la oportunidad legal con la que contaba, teniendo en cuenta que conoció el daño
frente al cual buscaba un resarcimiento desde el 13 de agosto de 2015, fecha en
la que venció el término de veinte días que tenía la Fiscalía General de la Nación
para nombrarlo en el cargo, después de la publicación de la lista de elegibles
definitiva conformada dentro de la Convocatoria 015 de 2008.

En esa medida, no puede afirmarse que la corporación accionada desconoció los
derechos que asisten al accionante, distinto es que aquel no esté de acuerdo con
la interpretación de la autoridad judicial accionada y pretende, a través del
presente mecanismo constitucional imponer la exegesis que considera correcta o
que le resulta favorable a sus intereses. Colofón de lo anterior es que no se
configuró el defecto sustantivo analizado en esta instancia.

• Segundo problema jurídico

¿La corporación mencionada estaba obligada a aplicar los pronunciamientos
invocados por el señor Roberth Hernández Merchán, para resolver la controversia
que aquí se analiza y, de esta forma, transgredió el artículo 13 de la Constitución
Política?

III. Desconocimiento del precedente judicial

La Corte Constitucional ha sostenido que el desconocimiento del precedente
jurisprudencial constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela 7,
pues si bien es cierto los jueces gozan de autonomía para adoptar la decisión a
que haya lugar, también lo es que la misma tiene unos límites como es el respeto
por el precedente judicial. Debe precisarse que ese respeto no puede ser
entendido de manera absoluta, ya que se trata de armonizar y salvaguardar los
principios constitucionales. De allí que se ha admitido la separación de este

7 Ver entre otras sentencias: T-446/13, T-360/14 y T-309/15.

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siempre que se expongan las razones por las cuales se aparta.

En sentencia T-446/13, la Corte Constitucional sostuvo que para el efecto deben
cumplirse dos requisitos: (I) hacer una referencia expresa del precedente aplicado
a casos similares y (II) exponer las razones suficientes por las que considera que
el mismo no resulta ajustado al asunto estudiado. En ese orden de ideas, cuando
un juez se aleja del precedente judicial sin exponer los motivos para hacerlo, tal
actuación constituye una vulneración al derecho a la igualdad. Por último, debe
precisarse que el desconocimiento del precedente judicial puede ser vertical, esto
es, el que deben seguir los funcionarios judiciales que están en un nivel jerárquico
inferior de los órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción o puede ser
horizontal, el cual hace referencia a aquel que deben seguir los jueces de la
misma jerarquía.

IV. Violación directa de la Constitución Política

De acuerdo con el artículo 4.º de la Constitución Política, la misma es norma de
normas, por lo que en caso de incompatibilidad prevalecen las disposiciones
constitucionales y las autoridades se encuentran en la obligación de respetar y
garantizar su cumplimiento. En ese orden de ideas, la jurisprudencia
constitucional8 ha establecido que se presenta violación directa de la Constitución
Política, como causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, cuando el juez desconoce la carta política por: 1. No
aplicar una de sus disposiciones o 2. Aplicar la ley, sin tener en cuenta un
mandato constitucional.

En el primero de los casos ha definido tres subreglas a saber: a) cuando dejó de
interpretarse y aplicarse una disposición legal conforme al precedente
constitucional, b) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y el
juez no lo hace y c) el juez vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta la
interpretación de acuerdo con la Constitución Política. Así las cosas, a la autoridad
judicial corresponde determinar en cada caso concreto cuándo se presenta
violación directa de la Constitución Política dentro del proceso ordinario.

V. Estudio de los pronunciamientos invocados en el caso concreto

El señor Roberth Hernández Merchán sostuvo que la corporación accionada
transgredió sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia porque, al proferir el proveído del 10 de junio
de 2021, desatendió los pronunciamientos que ella misma emitió el 19 de junio de
2019, expediente 2017-00311; 28 de mayo, expediente 2019-00187; 22 de julio,
expediente 2018-00281; 20 de agosto, expediente 2019-00297 y 24 de
septiembre, expediente 2018-00199 y 26 de noviembre, expediente 2018-00049,

8
Ver entre otras: Corte Constitucional. Sentencias: T-949/03, SU198/13 y T-369/15.

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Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 0 17 6- 0 0
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todos del 2020; 14 de octubre de 2021, expediente 2019-00330 y la del proceso
2017-0343 de la misma anualidad, asuntos idénticos a su situación, en los cuales
determinó que la caducidad del medio de control debía contabilizarse desde la
fecha en la que los diferentes demandantes fueron nombrados en los cargos de
carrera, puesto que solo en ese momento cesó la omisión endilgada a la Fiscalía
General de la Nación.

Acerca de ello, en primer lugar, se advierte que el accionante no allegó las
decisiones adoptadas en los procesos radicados con los números 2017-00311,
2018-00281, 2018-00199, 2018-00049 y 2017-00343 y, en ese entendido, no
puede analizarse la configuración del presunto desconocimiento del precedente
horizontal frente a aquellos, pues no se cuenta con los elementos para determinar,
de un lado, si esos asuntos guardan identidad fáctica y jurídica con el caso bajo
estudio y, de otro, los fundamentos o la motivación de los jueces ordinarios y, con
ello, definir la existencia o no de criterios de comparación o de diferenciación.

En segundo término, en cuanto al desconocimiento del precedente horizontal
judicial alegado respecto de las decisiones proferidas el 20 de mayo de 2020, en
el proceso 2019-002979; 20 de agosto de la misma anualidad, en el expediente
2019-00187 y el 14 de octubre de 2021, en el proceso 2019-00297 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
lo primero que se advierte es que esos pronunciamientos fueron suscritos por los
tres magistrados que integran esa sala, esto son, Alfonso Sarmiento Castro, Juan
Carlos Garzón Martínez y Bertha Lucy Ceballos Posada, los cuales son diferentes
a los miembros de la Subsección C (Fernando Iregui Camelo, José Élver Muñoz
Barrera y María Cristina Quintero Facundo). Asimismo, se evidencia que cada una
de las salas de decisión desarrolló sus criterios independientes, los cuales
fundamentaron en el análisis fáctico, jurídico y probatorio en los expedientes
asignados y, a partir del examen de las disposiciones legales y constitucionales,
llegaron a una conclusión distinta frente al momento a partir del cual debe iniciarse
el cómputo de la caducidad.

En esa medida, la Subsección considera que esa situación no puede instituirse
como un desconocimiento del precedente porque cada juez y, para el presente
asunto, cada sala de decisión, bajo el principio de la autonomía judicial, dirimió el
conflicto en los términos que consideró pertinentes. Así, en la situación del señor
Hernández Merchán la corporación aquí accionada, como se explicó en el capítulo
precedente, consideró el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, a partir
del análisis de los supuestos fácticos y probatorios del caso, determinó que el
término de dos años de que trata la disposición debía iniciarse a partir del día

9 En cuanto a esa decisión, se aclara que el accionante allegó el proveído del 27 de junio de 2019 a través del

cual el Juzgado Treinta y Cuatro Administrativo Oral de Bogotá, Sección Tercera, dio cumplimiento a la
decisión del 20 de mayo de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección A, en la cual pueden verificarse los argumentos de la providencia proferida por la corporación,
comoquiera que fueron transcritos en su mayoría.

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siguiente a la fecha límite en que la Fiscalía General de la Nación debió realizar el
nombramiento del demandante, toda vez que, en ese momento, tuvo conocimiento
de la omisión de la que derivaba el daño objeto de reclamación en la demanda y,
por esa razón, declaró probada la excepción de caducidad propuesta por la
entidad mencionada.

De esta manera, el alegado desconocimiento del precedente judicial horizontal no
tiene vocación de prosperidad, puesto que, ante las diferencias de criterios entre
las salas del mismo Tribunal, los magistrados que las integran pueden optar por
las decisiones que, en ejercicio de su autonomía e independencia judicial,
determinen, siempre y cuando apliquen en debida forma para la resolución de los
casos, la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia vigente, sin vulnerar los
derechos fundamentales.

En otras palabras, el Tribunal accionado, en virtud de los principios mencionados,
podía acoger la tesis que consideró adecuada, para decidir la controversia puesta
a su consideración, sin que pueda afirmarse que le dio un alcance equivocado al
precedente invocado en el presente asunto. En efecto, el deber de la corporación
judicial se circunscribía a examinar las particularidades del caso y, con
fundamento en ellas, determinar si había lugar o no a declarar probada la
excepción de caducidad, sin que pueda obligársele a la adopción de una postura
determinada, ya que, precisamente, en virtud de esas prerrogativas, el funcionario
judicial puede optar por la exegesis que, según su leal saber y entender, considere
más apropiada y frente a la cual le está vedado al juez constitucional cualquier
consideración.

En ese contexto, no puede afirmarse que la autoridad judicial accionada
desconoció los derechos que asisten al accionante, en especial, el previsto en el
artículo 13 de la Constitución Política, pues la decisión acusada la adoptó con
fundamento en la interpretación que consideró era la correcta respecto a la
caducidad del medio de control de reparación directa, siendo plausible que las
salas de decisión de los tribunales administrativos tengan un criterio jurídico
distinto frente a la resolución de las controversias puestas a su consideración, sin
que ello implique la configuración del desconocimiento del precedente.

Por último, la Subsección estima que no hay lugar a emitir ningún pronunciamiento
frente a la configuración del defecto fáctico, puesto que el señor Hernández
Merchán no individualizó las pruebas que, a su juicio, el Tribunal accionado dejó
de valorar o que analizó de manera incorrecta, lo que impide un estudio
pormenorizado de la causal de procedibilidad invocada, pues el juez constitucional
no puede entrar a revisar todos los elementos probatorios, so pena de invadir las
competencias del juez natural.

En consecuencia, al no encontrarse demostrada la configuración de las causales
específicas de procedencia de la tutela estudiadas, se negará el amparo
constitucional deprecado por el señor Roberth Hernández Merchán, a través de la

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acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por el señor Roberth Hernández Merchán, a
través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo: La presente decisión podrá ser impugnada dentro de los tres días
siguientes a su notificación (art. 31 Dcto. 2591 de 1991). Si esta providencia no
fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el expediente de la actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

Tercero: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica
LYGR

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