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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06373-01

Fecha
2 de marzo de 2023
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-06373-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Revocar la sentencia impugnada del 16 de diciembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera y, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor José Edilberto Guzmán Bachiller contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. 2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-06373-01

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

2 de marzo de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2022-06373-01
Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-06373 -01
Demandante: JOSÉ EDILBERTO GUZMÁN BACHILLER
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra medio de control de
reparación directa – caducidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la
providencia del 16 de diciembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo de la referencia, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

(…)”.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor José Edilberto Guzmán Bachiller interpuso acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia y los principios de seguridad jurídica,
buena fe y prevalencia del derecho sustancial. En consecuencia, formuló la
siguiente pretensión:

“PRIMERO: Honorables Magistrados, le solicito revocar en todas y cada una de sus partes,
la sentencia providencia proferida el día veintiséis (26) de octubre de 2022, y notificada por
correo electrónico el día primero (01) de noviembre de 2022, emitida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” Magistrado ponente José
Elver Muñoz Barrera Magistrado Fernando Iregui Camelo y Magistrada María Cristina
Quintero Facundo”.

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

El señor José Edilberto Guzmán Bachiller ejerció demanda de reparación directa
contra la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios causados con la
mora injustificada en realizar el nombramiento en el cargo de Profesional de
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Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

Gestión II, para el que participó y fue elegido en el marco de la Convocatoria No.
004 del Concurso Abierto de Méritos del Área Administrativa de la Fiscalía General
de la Nación1.

El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá, en sentencia del 18 de febrero
de 2020, accedió a las pretensiones de la demanda porque encontró acreditado
que el demandante fue privado de la posibilidad de ser nombrado en periodo de
prueba oportunamente, porque, pese a que había sido incluido en la lista definitiva
de elegibles -publicada el 13 de julio de 2015- y que la entidad accionada contaba con
20 día hábiles para efectuar el nombramiento -hasta el 12 de agosto de 2015-, lo cierto
es que fue nombrado solo hasta el 9 de febrero de 2017, lo cual acreditó el retardo
injustificado de 7 meses y 28 días para el nombramiento, por lo tanto, se acreditó
que se causó un daño antijurídico imputable a la entidad accionada, que
comprometió la responsabilidad patrimonial, al quedar demostrada la falla en el
servicio.

Las partes presentaron recurso de apelación, la parte actora para solicitar que fuera
reconocido el daño emergente y la parte demandada, para señalar que la entidad
actuó de forma diligente en el nombramiento y posesión al demandante, conforme
con las normas y las leyes aplicables para el momento del concurso de méritos del
2008, en el estricto orden de elegibilidad y de acuerdo con la metodología planteada
para el efecto.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en
sentencia del 26 de octubre de 2022, declaró de oficio la caducidad del medio de
control de reparación directa, porque la demanda debió presentarse dentro de los
dos años siguientes a la concreción del daño, es decir, pasados los 20 días hábiles
siguientes a la firmeza de la lista de elegibles, que prevé el artículo 40 del Decreto
20 de 2014, por lo tanto, concluyó que el término empezó a correr el 14 de agosto
de 2015 y finalizó el 14 de agosto de 2017, no obstante, el demandante radicó la
solicitud de conciliación prejudicial el 27 de septiembre de 2017, cuando ya había
operado el fenómeno de la caducidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora, la caducidad del medio de control de reparación directa
inicia a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho, omisión u acción causante
del daño, sin embargo, en los eventos en que su conocimiento no sea concurrente
con su acaecimiento, el término debe contarse a partir de su conocimiento y, en
cualquier caso, el plazo es de 2 años.

Con fundamento en lo anterior, afirmó que mediante Resolución 0315 del 9 de
febrero de 2017 se efectuó el nombramiento en período de prueba en la planta
global de la Fiscalía General de la Nación, por lo que el plazo de 2 años de que
trata el artículo 164 del CPACA, comenzó a contar a partir del día siguiente, es
decir, el 10 de febrero de 2017, lo que significa que tenía hasta el 10 de agosto de
2019 para presentar la demanda de reparación directa, en ese sentido, afirmó que
como la radicó el 4 de diciembre de 2017, lo hizo dentro del término legal. Agregó
1
En el año 2008 la Comisión Nacional de Administración de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación convocó a concurso
abierto de méritos mediante las Convocatorias del 01 al 15 de 2008 del área administrativa de la Fiscalía General de la
Nación y expidió las listas de elegibles por conducto de la Comisión Especial de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación
mediante los Acuerdos número 0026 a 0040 del 13 de julio de 2015.
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que, se acreditó el agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial, el cual fue radicado el 27 de septiembre de 2017, dentro del término
legal.

Citó la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, dentro del
expediente número: 11001334306320190025701 e indicó que “los anteriores
argumentos también fueron acogidos por la Sala de Sección en sentencias proferidas el 19
de junio de 2019 en el proceso No. 2017-311, demandante Belisario Castellanos Carvajal,
M.P. Henry Aldemar Barreto Mogollón; del 24 de septiembre de 2020, radicado 2018-199,
demandante: Beatriz Torres Chávez; del 22 de julio de 2020, radicado: 2018-00281,Mp,
Franklin Pérez Camargo y en la sentencia del 26 de noviembre de 2020, radicado 2018-
00049, MP. Franklin Pérez Camargo, radicado: 2017 0343 01, demandante Edilberto
Ballesteros Rojas sentencia del 11 de febrero de 2021, entre otros”.

4. Trámite Previo

El Consejo de Estado, Sección Primera, en auto del 1 de diciembre de 2022, admitió
la acción de tutela, ordenó notificar a los magistrados de la Sección Tercera,
Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al agente del Ministerio
Público delegado ante esa Sección y vincular a la Nación – Fiscalía General de la
Nación y al Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá, como terceros con
interés en el resultado del proceso.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
allegó informe en el que señaló que el asunto carece de evidente relevancia
constitucional, porque la parte actora se limitó a transcribir precedentes del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca frente a la aplicación del presupuesto de
caducidad de la acción, sin explicar de qué forma en concreto la decisión judicial es
ostensiblemente arbitraria o caprichosa y, en consecuencia, resulta de relevancia
constitucional.

Indició que, aunque los derechos invocados por la parte actora se relacionan con
la garantía de derechos fundamentales, no por ello debe entenderse superado el
requisito de relevancia constitucional, pues, no es suficiente que el escrito se
adecue a la narrativa de los derechos fundamentales, sino que debe explicarse de
forma clara y concreta por qué la decisión judicial controvertida es lesiva de
aquellos, de cara a las razones de hecho y de derecho desarrolladas por el juez.

En relación con el desconocimiento del precedente judicial alegado, dijo que la
parte actora invoca decisiones de una Sala de decisión distinta a la accionada, en
concreto, de la Subsección B, con fundamento en lo cual afirmó que, no se trata de
una decisión anterior adoptada por la misma autoridad judicial colegiada y, por
ende, no se configura el desconocimiento del precedente judicial cuando se
presenta este tipo de escenarios en los que se alega el distanciamiento de una
decisión judicial proferida por distintas autoridades de un mismo nivel jerárquico.

Precisó que en la misma sentencia acusada se advirtió que no ha sido pacífica la
línea relacionada con el conteo de la caducidad en los casos donde se demanda a
la Fiscalía General de la Nación por la omisión en el nombramiento de una persona
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Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

que integra la lista de elegibles, debido al presunto incumplimiento de las normas
que regulan la materia -Decreto Ley 20 de 2014 y Ley 938 de 2004-.

Al efecto, señaló que existen dos posturas y, por ello, se acogió lo que decidió el
Consejo de Estado en sede de tutela 2, quien en un caso similar concluyó que “(...)De
esta manera, el alegado desconocimiento del precedente judicial horizontal no tiene vocación de
prosperidad, puesto que, ante las diferencias de criterios entre las salas del mismo Tribunal, los
magistrados que las integran pueden optar por las decisiones que, en ejercicio de su autonomía e
independencia judicial, determinen, siempre y cuando apliquen en debida forma para la resolución
de los casos, la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia vigente, sin vulnerar los derechos
fundamentales”.

Solicitó declarar improcedente la acción constitucional de la referencia, o en su
lugar, negar las pretensiones.

6. Intervención de los terceros interesados

La Nación – Fiscalía General solicitó declarar improcedente la acción de tutela
que ejerció el señor José Edilberto Guzmán Bachiller, por considerar que no se han
vulnerado los derechos fundamentales invocados, toda vez que no se cumplen las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, específicamente, “el requisito de subsidiariedad”, ni se vulnera el
precedente jurisprudencial.

El Juzgado Treinta y Cinco Administrativo de Bogotá y el Ministerio Público
guardaron silencio.

7. Sentencia de primera instancia

La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 16 de diciembre de
2022, declaró improcedente el amparo solicitado porque no cumplió con el requisito
general de relevancia constitucional, en el entendido que la argumentación que
expuso la parte actora para acreditar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales en que incurrió la autoridad judicial accionada contiene serias
deficiencias justificativas que hacen imposible que el juez constitucional aborde el
estudio de fondo de su solicitud de amparo.

8. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión de primera instancia, para lo cual solicitó
revocar la decisión, comoquiera que “la excepcionalidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, en donde se debe acompasar, por un lado, la seguridad jurídica y la autonomía
e independencia de los jueces y, por el otro, la supremacía de la constitución y la justicia material”.

Adujo que del material probatorio allegado al expediente se evidencia que la
cuestión que se discute tiene relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta violación de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia, alegato que, en caso de prosperar,
incidiría en el reconocimiento de ciertos derechos de carácter prestacional.

2
Sentencia de Tutela de 17 de marzo de 2022; núm. de radicación 11001-03-15-000-2022-00176-00. Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A., M.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

Reiteró los argumentos en que basó el cargo por desconocimiento del precedente
judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y agregó que a pesar de que
“en sentencia del 18 de diciembre de 2020 (Exp. 11001-33-43- 063- 2018-00351-01) negó
las pretensiones. Y en sentencia de 30 de marzo de 2022 (Rad. 11001-33-43-061-2018-
00368-01) declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Fiscalía
General de la Nación por los daños sufridos por el señor Orlando Javier Paz Dávila como
consecuencia del retardo injustificado en su nombramiento en el cargo de Profesional de
Gestión II”.

Explicó que las Subsecciones B y C del Tribunal accionado declararon la
responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación bajo el entendido que la Ley
938 de 2004 no consagraba un término para que la entidad, aun existiendo lista de
elegibles, efectuara el nombramiento, pese a que el artículo 40 del Decreto Ley 020
de 2014 que en principio podría decirse no regula la Convocatoria 004 del 2008,
resulta aplicable por analogía, por cuanto determina el plazo que las normas
anteriores no contemplaban para la designación de quienes se encuentran en el
registro de elegibles.

Que esa postura fue avalada en la jurisprudencia del Consejo de Estado 3, de la
Corte Suprema de Justicia 4 y la Corte Constitucional 5.

Afirmó que, debido a que no hay jurisprudencia uniforme del órgano de cierre y
porque hay posiciones disimiles entre la Subsecciones de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para este asunto, debió acogerse al
precedente mayoritario de esa Corporación para resolver el mismo, esto es, el
manifestado por el Consejo de Estado en sentencia del 13 de septiembre de 2016,
C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado número: 25000-23-37-000-2016-
01254-01 (AC) y en aplicación del principio de favorabilidad previsto en el artículo
53 de la Constitución Política que prevé que se debe aplicar la “situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

3
Sentencia del 13 de septiembre de 2016, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 25000-23-37-000-2016-01254-01 (AC).
4
Sentencia de tutela de 30 de marzo de 2016 dentro del proceso No. 480084.
5
Sentencia de unificación SU-446 del 2011.
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Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
6
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
7 8
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Como se indicó, en el trámite de primera instancia el a quo determinó que la
solicitud de amparo no cumplió con el requisito general de relevancia constitucional
porque no cumplió con una carga mínima argumentativa, en tanto del escrito de
tutela no fue posible evidenciar las razones en que la parte actora sustentó la
inconformidad.

Sin embargo, en el escrito de impugnación la parte actora precisó que la acción de
tutela sí cumple con el requisito general de procedencia, toda vez que, invoca la
protección de derechos de carácter fundamental, cuyo posible amparo tendría
incidencia en “derechos de carácter prestacional”, al tiempo que, insistió en los
argumentos en que sustentó el defecto por desconocimiento del precedente judicial.

A partir de lo anterior, la Sala determinará si corresponde confirmar o no la decisión
de tutela de primera instancia, para cual estudiará si la solicitud de amparo cumple
con el requisito general de relevancia constitucional y, solo en caso afirmativo,
procederá con el estudio del defecto por desconocimiento del precedente judicial
invocado.

Del cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el caso
concreto

Como se anticipó, en el trámite de la primera instancia de la acción de tutela el a
quo determinó que la acción de tutela no cumple con el requisito general de
6 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento

de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca)
7 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la

cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte ac tora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
8 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los

siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
6
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relevancia constitucional, por no cumplir con la carga mínima argumentativa, no
obstante, de la lectura del escrito de tutela es posible advertir que la inconformidad
de la parte actora radica específicamente en el desconocimiento del precedente
horizontal del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en materia de caducidad
en los casos donde se demanda a la Fiscalía General de la Nación por la omisión
en el nombramiento de una persona que integra la lista de elegibles.

En ese sentido, se evidencia que el argumento en que la parte actora basa su
inconformidad se encuentra suficientemente claro, por lo que la Sala dará por
superado el requisito general y, por lo tanto, pasa a estudiar el defecto por
desconocimiento del precedente judicial invocado.

Del desconocimiento del precedente judicial 9 en el caso concreto

La parte actora invoca desconocidas las sentencias del: (i) 24 de septiembre de
2021, expediente número: 11001334306320190025701; (ii) 19 de junio de 2019,
expediente número: 2017-311; (iii) 24 de septiembre de 2020, expediente número:
2018-199, (iv) 22 de julio de 2020, expediente número: 2018-00281; (v) 26 de
noviembre de 2020 expediente número: 2018- 00049 y, (vi) del 11 de febrero de
2021, expediente número: 2017-0343-01, proferidas por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, es decir, por una Subsección
distinta a la que pertenece la autoridad judicial acá demandada.

De la lectura de la providencia cuestionada, se observa que en la sentencia 26 de
octubre de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C, como fundamento de la decisión de declarar la caducidad
del medio de control acá cuestionado, adoptó la tesis, según la cual, «el daño
antijurídico alegado tiene lugar desde el vencimiento del término previsto legalmente para que la
entidad demandada realice el nombramiento, es decir, una vez culminado el término de 20 días
hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles, consagrado en el artículo 40 del Decreto Ley 020
de 2014», con base en los argumentos que se pasan a transcribir:

“(…)

En este panorama, surgió como controversia determinar el término para efectuar el nombramiento de
quienes se encuentran en una lista de elegibles (originada en las convocatorias del 2008), pues la
normativa vigente, Ley 938 del 2004, mantenía un vacío al respecto, limitándose a especificar que la
vigencia de las listas era de 2 años.

Al respecto, en varias oportunidades el Consejo de Estado10 tuvo la oportunidad de pronunciarse
aclarando:

9
Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y
que sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado
por el juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos : (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior
jerarquía, en especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el
órgano de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del
precedente. Cuando un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos
supuestos de hecho, incurre en la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del
precedente judicial, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se pue de
desconocer la libertad de interpretación que rige la actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios
de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el
funcionario judicial puede apartarse de su propio precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique
de manera expresa, amplia y suficiente las razones por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga
argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, fallo del 13 de septiembre de 2016,

C.P. Gabriel Valbuena Hernandez (E), Rad. 25000-23-37-000-2016-01254-01(AC), reiterado en: Sección Segunda Subsección A,
sentencia del 23 de febrero del 2017, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad. 25000-23-36-000-2016-02324-01(AC) y sentencia del
6 de marzo del 2017, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, Rad, 25000-23-42-000-2016-06064-01(AC).
7
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Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

` (...) la Ley 909 de 2004 `por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones ́, en su artículo 3 prevé que las disposiciones
en ella contenidas se aplican, en forma supletoria, cuando existen vacíos normativos, entre otras, en las
carreras especiales, como la de la Fiscalía General de la Nación.

Si bien, verificado el articulado de la ley general de carrera administrativa, tampoco se prevé un término
perentorio para realizar los nombramientos, una vez conformado el registro de elegibles, ese término sí
está previsto en el artículo 32 del Decreto 1227 de 2005, reglamentario de aquella, cuyo tenor literal es
el siguiente:

`Artículo 32. En firme la lista de elegibles la Comisión Nacional del Servicio Civil enviará copia al jefe
de la entidad para la cual se realizó el concurso, para que dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al envío de la lista de elegibles y en estricto orden de mérito se produzca el nombramiento
en periodo de prueba en el empleo objeto del concurso, el cual no podrá́ ser provisto bajo ninguna
otra modalidad, una vez recibida la lista de elegibles. ́

Con fundamento en lo anterior, al aplicar la norma supletoria, se puede concluir que sí existe un término
perentorio para que se produzcan los nombramientos, una vez conformada la lista de elegibles.

(...) Al respecto, la Sala debe precisar que, en norma posterior al Concurso de que trata la acción de
tutela, el Presidente de la República, en uso de facultades especiales, profirió el Decreto Ley 020 de
2014, por el cual estableció en Régimen de Carrera de la Fiscalía General de la (...).

Si bien es cierto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Ley 020 de 2014, esa disposición
no rige para los concursos que estaban en marcha al momento de su expedición, como el que nos ocupa,
la Sala considera que como el legislador -así sea en forma posterior- ha considerado que veinte (20) días
es un término razonable para que se produzcan nombramientos en periodo de prueba al interior de la
entidad demandada, mal podría esa misma entidad, alegar razones de traumatismos o trámites internos,
para no realizar los nombramientos en ese preciso término, el que se ha considerado por el legislador,
como suficiente para ese efecto.

Consecuentes con lo anterior, la Sala concluye que el término con que cuenta la Fiscalía General de la
Nación para nombrar en periodo de prueba, en estricto orden descendente de los registros de elegibles
conformados para las Convocatorias 008 y 013 de 2008, es de veinte (20) días hábiles´.

En este sentido, concluye esta Sección Tercera que “(...) la Ley 938 del 2004 no consagra un término para
que la Fiscalía, existiendo la lista de elegibles, efectúe el nombramiento, no obstante el artículo 40 del Decreto Ley
020 del 2014, que en principio podría decirse que no regula la Convocatoria No 004 del 2008, resulta aplicable por
analogía, por cuanto determina el plazo que las normas anteriores no contemplaban, a saber, el plazo para la
designación de quienes se encuentran en el registro de elegibles”.

2.4. Del precedente frente a la contabilización del término de caducidad en los casos
relacionados con la mora en el nombramiento en los cargos convocados mediante concurso
de méritos por la Fiscalía General de la Nación.

No ha sido pacífica la línea relacionada con el conteo de la caducidad en los casos donde se demanda
a la Fiscalía General de la Nación por la omisión en el nombramiento de una persona que integra la
lista de elegibles, debido al presunto incumplimiento de las normas que regulan este tema (Decreto
Ley 20 de 2014 y Ley 938 de 2004).

Al respecto, se encuentra la postura donde se sostiene que el daño antijurídico en estos casos de
mora injustificada en el nombramiento de una persona que integra la lista de elegibles para la provisión
de cargos vacantes es continuado o de naturaleza sucesiva, dado que se trata de una omisión en la
que incurre la entidad pública, y por ende, la caducidad se debe contar cuando cese la referida
omisión, es decir cuando se realice el respectivo nombramiento11.

Por otro lado, existe la postura, que ha sido acogida por esta Subsección12, respecto a que el inicio

11 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 22 de julio de 2020, M.P. Franklin Pérez

Camargo, Rad. No. 11001333606120180028101, demandante Alvaro Illera Dodino – demandada Nación-Fiscalía General de la
Nación; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, auto del 4 de febrero de 2021, M.P. Alfonso
Sarmiento Castro, Rad. 11001-33- 43-060-2019-00200-01, demandante: María Nidia Losada Gutiérrez – demandado: La Nación –
Fiscalía General de la Nación; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 19 de junio
de 2019, C.P. Henry Aldemar Barreto Mogollón, Rad. 11001-33-36-031-2017-00311-01, Belisario Castellanos Carvajal vs. Nación –
Fiscalía General de la Nación; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de
septiembre de 2020, M.P. Franklin Pérez Camargo, Rad. 11001-33-36-031- 2018-000199-01, Beatriz Torres Chávez vs. Nación –
Fiscalía General de la Nación; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de
noviembre de 2020, M.P. Franklin Pérez Camargo, Rad. 11001-33-36-037-2018-00049-01, Gustavo Adolfo Rocha Durán vs. Nación
– Fiscalía General de la Nación; Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de
febrero de 2020, M.P. Clara Cecilia Suárez Vargas, Rad. 11001-33-36-034-2017-00343-01, Edilberto Ballesteros Rojas vs. Nación –
Fiscalía General de la Nación.
12 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 20 de abril de 2022, C.P. María Cristina

Quintero Facundo, Rad. 11001-33-43-061-2018-00368-01; auto del 22 de abril de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. M.P. Fernando Iregui Camelo, núm. de radicación: 11001333603320190030301 y
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-06373-01
Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

del cómputo del término de caducidad se debe realizar a partir de la configuración del evento causante
del daño, al tratarse de un daño instantáneo ya que se trata de un concurso de méritos que se
encuentra regulado por una normatividad específica y, por lo tanto, se trata de un procedimiento
reglado, en el que es posible advertir cuando se concretó el daño antijurídico, esto es, desde el
vencimiento del término previsto legalmente para que la entidad demandada realizara el
nombramiento (siempre que se encuentra dentro de las vacantes ofertadas) 13, es decir, una vez
culminado el término de 20 días hábiles siguientes al recibo de la lista de elegibles, consagrado en el
artículo 40 del Decreto Ley 020 de 2014.

Ahora, frente a la existencia de diferentes posturas para efectos de contabilizar el término de
caducidad en los casos de mora en el nombramiento de personas que integran la lista de elegibles, el
Consejo de Estado14, ha sostenido:

` “(...) la Subsección considera que el Tribunal accionado la situación fáctica conforme a la normativa
relacionada con el término para presentar la demanda de reparación directa y razonadamente coligió que
dicho cómputo debía iniciarse a partir de la fecha límite en que debió nombrarse al demandante,
comoquiera que en ese momento este tuvo conocimiento del daño objeto de reclamación.

Asimismo, no se evidencia que la interpretación acogida por la corporación accionada sea inadecuada o
resulte irrazonable, pues, a partir del análisis de los supuestos fácticos y normativos aplicables al caso,
determinó que el señor Roberth Hernández Merchán presentó la demanda de reparación directa fuera
de la oportunidad legal con la que contaba, teniendo en cuenta que conoció el daño frente al cual buscaba
un resarcimiento desde el 13 de agosto de 2015, fecha en la que venció el término de veinte días que
tenía la Fiscalía General de la Nación para nombrarlo en el cargo, después de la publicación de la lista
de elegibles definitiva conformada dentro de la Convocatoria 015 de 2008.

En esa medida, no puede afirmarse que la corporación accionada desconoció los derechos que asisten
al accionante, distinto es que aquel no esté de acuerdo con la interpretación de la autoridad judicial
accionada y pretende, a través del presente mecanismo constitucional imponer la exegesis que considera
correcta o que le resulta favorable a sus intereses.

(...) en cuanto al desconocimiento del precedente horizontal judicial alegado se evidencia que cada una
de las salas de decisión desarrolló sus criterios independientes, los cuales fundamentaron en el análisis
fáctico, jurídico y probatorio en los expedientes asignados y, a partir del examen de las disposiciones
legales y constitucionales, llegaron a una conclusión distinta frente al momento a partir del cual debe
iniciarse el cómputo de la caducidad.

En esa medida, la Subsección considera que esa situación no puede instituirse como un desconocimiento
del precedente porque cada juez y, para el presente asunto, cada sala de decisión, bajo el principio de
la autonomía judicial, dirimió el conflicto en los términos que consideró pertinentes. Así, en la situación
del señor Hernández Merchán la corporación aquí accionada, como se explicó en el capítulo precedente,
consideró el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y, a partir del análisis de los supuestos
fácticos y probatorios del caso, determinó que el término de dos años de que trata la disposición debía
iniciarse a partir del día siguiente a la fecha límite en que la Fiscalía General de la Nación debió realizar
el nombramiento del demandante, toda vez que, en ese momento, tuvo conocimiento de la omisión de la
que derivaba el daño objeto de reclamación en la demanda y, por esa razón, declaró probada la
excepción de caducidad propuesta por la entidad mencionada´.

(…)”.

Quiere decir lo anterior que, en relación el computo del término de caducidad en los
casos donde se demanda a la Fiscalía General de la Nación por la omisión en el
nombramiento de una persona que integra la lista de elegibles, al interior del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, existen dos tesis
posibles y, en el caso que se cuestiona por esta vía, la Subsección C adoptó la que
consideró se ajustaba de mejor manera al ordenamiento jurídico. Lo que de entrada
permite señalar que, al no haber un criterio unánime, no es posible plantear un
desconocimiento de una línea jurisprudencial determinada 15.

auto del 10 de junio de 2021 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. M.P.
Fernando Iregui Camelo, núm. de radicación: 11001333603220190006901.
13 Se advierte que la Sala no aplica este conteo de caducidad cuando el demandante pese a estar dentro de la lista de elegibles, el

puesto que ocupó no estaba dentro de los cargos vacantes ofertados, ver sentencia del 20 de octubre de 2022, C.P. María Cristina
Quintero Facundo, radicado No. 110013343061201900211-01
14 Sentencia de Tutela de 17 de marzo de 2022; núm. de radicación 11001-03-15-000-2022-00176-00. Consejo de Estado, Sala de

lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A., M.P. William Hernández Gómez.
15
Al respecto, ver sentencias del: 30 de agosto de 2016, radicado número 11001-03-15-000-2016-01017-01 (AC) C.P Jorge
Octavio Ramirez Ramirez; 21 de julio de 2016, radicado número 2016-01121-01 C.P Martha Teresa Briceño de Valencia; del
23 de mayo de 2016, radicado número 11001-03-15-000-2016-01121-00, C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez, entre otras.
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Dicho de otro modo, no es posible predicar el desconocimiento del precedente
judicial por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que, la
autoridad judicial demandada aplicó la postura que consideró se ajusta a las
normas y previsiones que regulan lo concerniente al nombramiento de cargos de la
lista de elegibles del Concurso Abierto de Méritos del Área Administrativa de la
Fiscalía General de la Nación, lo anterior, porque en ejercicio de la autonomía
judicial, el tribunal demandado podía acoger uno de los criterios interpretativos
posibles sobre la materia, como en efecto ocurrió en la providencia cuestionada con
la decisión de emitir pronunciamiento frente a la condena en costas.

Al respecto, debe decirse que, tal como lo ha dicho esta Sección en sentencia del
25 de junio de 2020 16, cuando se trata de precedente horizontal, la observancia no
es tan rigurosa como la que se predica del precedente vertical, pues, es apenas
comprensible que, en virtud de la autonomía judicial, entre jueces de igual nivel
funcional existan criterios de interpretación y decisión distintos frente a casos
análogos.

En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su
criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse en los límites de la razonabilidad. Al
respecto, la Corte Constitucional ha dicho que «cuando el término de comparación
no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros despachos
judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el
de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es
enteramente libre e independiente de obrar de conformidad con su criterio» 17.

En ese orden, el hecho de que la autoridad judicial aquí demandada hubiese
asumido un criterio diferente al que han adoptado las Subsecciones A y B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, no involucra, per se,
vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues se trata de jueces
distintos y de igual jerarquía, que, razonablemente, pueden llegar a conclusiones
diversas. Como se dijo, en virtud de la autonomía judicial, dos jueces de igual
jerarquía pueden tener criterios diferentes al momento de proferir una providencia,
siempre que se trate de decisiones con una carga argumentativa razonable y
suficiente, tal y como ocurre en este caso18.

De hecho, la sentencia T-446 de 2013, reconoce que el precedente horizontal
«implica el acatamiento al precedente fijado por el propio juez –individual o
colegiado- en casos decididos con anterioridad», esto es, predica la obligación de
seguir los pronunciamientos propios y no los de los jueces de igual jerarquía, como
lo pretende el accionante. Además, la Sala entiende que están armonizados los
principios de igualdad y de autonomía judicial, pues si bien la decisión cuestionada
difiere de otras adoptadas en casos similares, lo cierto es que está debidamente
justificada y razonada 19.

Es más, la Sección Tercera, Subsección del Tribunal Administrativo de

16
Al respecto, ver sentencia del 25 de junio de 2020, expediente número: 11001-03-15-000-2020-00894-01, M.P. Julio
Roberto Piza Rodríguez, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
17
Ibídem.
18
Ibídem.
19
Ibídem.
10
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Cundinamarca fue clara en señalar la existencia de dos posiciones y señaló con
suficiencia las razones por las que adoptó uno de los dos criterios, actuación que,
en todo caso, guarda coherencia con la postura de esa Subsección, lo cual, como
se explicó, no puede ser catalogado como el desconocimiento de un precedente
judicial.

Adicionalmente, aunque en el escrito de tutela la parte actora se limitó a invocar
desconocido el precedente judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
argumento que, como se vio no prospera por las razones anotadas en precedencia,
debe precisarse que las providencias que el actor adicionó en el escrito de
impugnación como desconocidas, que, valga la pena precisar, se trata de
precedentes judiciales similares a los que citó inicialmente, tampoco configuran el
alegado defecto por desconocimiento del precedente judicial, como se pasa a
explicar.

Pues bien, en cuanto a la sentencia del 13 de septiembre de 2016, proferida por la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, con ponencia del
Magistrado Gabriel Valbuena Hernández, dentro del expediente con radicado
número: 25000-23-37-000-2016- 01254-01, es un asunto que no tiene identidad de
presupuestos fácticos, en la medida en que, en esa oportunidad, se concedió
amparo de tutela a la allí accionante y se ordenó a la Fiscalía General de la Nación
efectuar el nombramiento de la actora en el cargo para el c ual concursó, en el
término de veinte días hábiles, en estricto orden de mérito y en forma descendente
de las personas que se encontraran en el registro de elegibles conformado para
proveer los 17 cargos de Asistente Administrativo II, hoy Asistente II.

En punto a la providencia del 20 de abril de 2022, dictada en el expediente con
radicado número: 11001-33-43-061-2018-00368-01 por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, tampoco puede ser considera
un precedente de la misma Subsección desconocido, si se tiene en cuenta que en
esa oportunidad la Corporación revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar dispuso «Declarar de oficio la caducidad del medio de control de reparación
directa (…)», con fundamento, entre otros, en que “Procede revocar la sentencia de
primera instancia, y en su lugar, declarar de oficio la caducidad del medio de control de reparación
directa, toda vez que el término de caducidad por pretensión indemnizatoria derivada de daño
antijurídico por causa de mora en el nombramiento de una persona que integra la lista de elegibles
de vacante por proveer se determina por la fecha del vencimiento del término previsto por la ley para
realizar el nombramiento”.

En suma, en el presente caso, no se encontró acreditado el defecto por
desconocimiento del precedente judicial y, por lo tanto, no se advierte que la
autoridad judicial demandada haya adoptado una decisión arbitraria, ni trasgresora
de los derechos fundamentales cuyo amparo aquí se reclama y, en ese orden, no
se encuentra vulnerado el derecho fundamental al debido proceso que invoca
vulnerado la parte actora.

Siendo así, se impone revocar la sentencia impugnada del 16 de diciembre de
2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Primera y, en su lugar, negar las
pretensiones de la acción de tutela que ejerció el señor José Edilberto Guzmán
Bachiller contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C.

11
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Demandante: José Edilberto Guzmán Bachiller

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA

1. Revocar la sentencia impugnada del 16 de diciembre de 2022, proferida por el
Consejo de Estado, Sección Primera y, en su lugar, negar las pretensiones de la
acción de tutela que ejerció el señor José Edilberto Guzmán Bachiller contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

12
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