Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01718-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-01718-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01718-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01718-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
29 de mayo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN (E)
Bogotá D.C., veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: LUZ ESTELA DELGADO MEJÍA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Desconocimiento
del precedente. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, sanción moratoria por reconocimiento y pago tardío
de las cesantías de docente oficial.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada, por intermedio de apoderado, por la
señora Luz Estela Delgado Mejía contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 21 de marzo de 2025, la señora Luz Estela Delgado Mejía, interpuso acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA SÉPTIMA DE
ORALIDAD, en la sentencia proferida el día 30 de octubre de 2024, en el expediente
radicado No. 05001-33-33-001-2020-00307-01, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA
JUDICIAL EFECTIVA de la parte accionante, por considerar que las razones de la
decisión no se ajustan a los postulados de la ley y, a la jurisprudencia constitucional y del
órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión
haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías en consonancia con amplio derrotero
jurisprudencial que reconoce la responsabilidad en esta materia a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –
Fomag».
2. Hechos
Del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
La actuación administrativa que dio origen al medio de control que se cuestiona
El 2 de julio de 2019 la señora Luz Estela Delgado Mejía solicitó al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en calidad de docente oficial, el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales con destino a compra de vivienda.
Mediante la Resolución núm. 201900004422 del 31 de julio de 2019, el ente previsional
accedió a la solicitud, cuyo pago se hizo efectivo el 21 de octubre de 2019.
El 4 de diciembre de 2019, la accionante presentó reclamación administrativa ante el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para que le
reconociera el pago de la sanción moratoria por el retardo en el desembolso de las
cesantías parciales. Sin embargo, la solicitud no fue contestada.
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Delgado Mejía ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo
ficto o presunto resultado del silencio administrativo negativo de la administración y,
en consecuencia, se ordenara el pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006.
El conocimiento del proceso en primera instancia correspondió al Juzgado Primero
Administrativo Oral de Medellín bajo radicado número 05001-33-33-001-2020-
000307-00 que, en sentencia del 30 de julio de 2021, declaró la nulidad del acto ficto
o presunto negativo configurado el 4 de marzo de 2020 y, en consecuencia, condenó
al Ministerio de Educación Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar la sanción moratoria causada durante el período comprendido entre
el 11 de octubre de 2019 y el 20 de octubre de 2019.
Indicó que de acuerdo con la fecha en que se radicó la solicitud de retiro de cesantías
parciales (2 de julio de 2019), la sanción moratoria se causó a partir del 11 de octubre
de 2019, esto es, al día siguiente del vencimiento de los 70 días hábiles con que
contaba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para el
reconocimiento y pago de la prestación aludida. Mora que se generó hasta el 20 de
octubre de 2019, día anterior a la fecha en que se hizo efectivo el pago de la suma
reconocida (21 de octubre de 2019). En suma, el Juzgado aseguró que «se causó un
período de mora entre el 11 de octubre de 2019 y el 20 de octubre de 2019»
Contra la anterior providencia el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional
de Prestaciones del Magisterio presentó recurso de apelación basado en que, de
conformidad con el artículo 57, parágrafo de la Ley 1955 de 2019 «La entidad territorial
será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en
los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos
para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación
territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las
cesantías.».
Por lo tanto, consideró que la sanción moratoria se debe contabilizar del 11 de octubre
de 2019 al 15 de octubre de 2019, toda vez que la fecha efectiva de pago fue el 16 de
octubre de 2019 y que, en consecuencia, el Juzgado condenó por un tiempo superior
al cual debe responder y pagar.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 30 de octubre de 2024,
revocó la decisión de primera instancia y en su lugar, negó las pretensiones de la
demanda, porque en primer lugar, señaló que solo transcurrieron 7 días de retardo en
el pago de las cesantías, esto es, entre el 8 y el 15 de octubre de 2017. Además, la
mora que dio lugar a la sanción tuvo origen en la actuación de la entidad territorial, la
cual desconoció los términos legales para reconocer y pagar las cesantías.
Por otro lado, indicó que a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1955 de 2019, el
Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, no puede asumir con recursos propios
ningún tipo de indemnización económica reconocida por vía judicial o administrativa,
siendo radicada la financiación de la sanción moratoria en el pago de las cesantías en
cabeza de las entidades territoriales y la Fiduprevisora S.A.
Entidades que no fueron vinculadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, en esa medida, concluyó que, la causante de la mora fue la Secretaría de
Educación del Municipio de Bello y, por lo tanto, las accionadas no eran las llamadas
a cumplir con las pretensiones de la demanda.
3. Argumentos de la acción de tutela
La parte actora aseguró que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales invocados, porque incurrió en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, según el cual el FOMAG es el responsable del
pago de la sanción moratoria del personal docente.
Específicamente, manifestó que el tribunal accionado desconoció la Sentencia de
Unificación SUJ-012-2018 del 18 de julio de 2018, en el cual la Sección Segunda del
Consejo de Estado dispuso que la entidad responsable de realizar el pago de la
sanción moratoria es el FOMAG.
Asimismo, manifestó que en la sentencia del 8 de julio de 2021, radicado 05001-23-
33-000-2016-01673-01 (1606-19), la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado ordenó al FOMAG pagar la sanción moratoria por consignación extemporánea
de las cesantías y adicionó la sentencia apelada en el sentido de «declarar probada la
excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Medellín
(Antioquía)».
También se refirió a las sentencias del 12 de septiembre de 2022, radicado número
66001-23 33-000-2017-00072-01 y de 6 de marzo de 2024 en las que se expone la
responsabilidad de pago en cabeza del FOMAG y no en las entidades delegadas o
fiduciarias.
Agregó que se desconoció el precedente judicial horizontal, para lo cual mencionó que
las sentencias del 6 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y del 24 de mayo de 2019 en el expediente con radicado número 1700-33-
39 007-2016-00288-02 del Tribunal Administrativo de Caldas, se falló con el mismo
argumento.
Concluyó que de conformidad con el precedente vertical y horizontal, FOMAG tiene a
su cargo el pago de la sanción moratoria. Por lo tanto, sostuvo que la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia se apartó del precedente
aplicable, sin ofrecer una justificación que respaldara la tesis adoptada.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
4. Trámite previo
El 27 de marzo de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela y ordenó
notificar a la demandante y a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia,
en calidad de demandados, asimismo, al Juzgado Primero Administrativo de Medellín
y a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en calidad de terceros con interés.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se niegue el amparo de los
derechos invocados con la acción de tutela porque la decisión judicial impugnada se
profirió de acuerdo con la normatividad y los precedentes judiciales aplicables a su
caso.
A su vez, el Despacho 022 del Tribunal Administrativo de Antioquia, pidió que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no intervino en las
providencias judiciales cuestionadas, por pertenecer a la Sala Octava de decisión.
6. Intervención de los terceros con interés
La Fiduprevisora S.A, en escrito radicado el 3 de abril de 2025, solicitó que se declare
la nulidad de todo lo actuado porque se vulneró su derecho de contradicción, porque
no se remitió el auto admisorio ni se allegó el traslado de la acción de tutela, por lo que
desconoce la situación fáctica y jurídica en que se sustenta la acción constitucional.
El Ministerio de Educación Nacional manifestó que el caso no es de relevancia
constitucional, porque no involucra vulneraciones a las garantías procesales y
fundamentales y no se compromete gravemente la existencia o supervivencia de la
accionante. Agregó que no se evidencia violación alguna a los derechos de la
accionante, lo cual constituye una causal de improcedencia de la acción constitucional.
Por lo tanto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
El Juzgado Primero Administrativo de Medellín remitió el expediente digital.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (expediente ac-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. de ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de
2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (se
destaca).
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
2 3
mediante el empleo de las causales generales y específicas de procedencia de la
acción de tutela.
Cuestión previa – solicitud de nulidad
La Fiduprevisora S.A., en escrito radicado el 3 de abril de 2025, solicitó que se declare
la nulidad de todo lo actuado por indebida notificación del auto admisorio, pues
aseguró que en el correo electrónico en el cual se le informó sobre la existencia del
recurso de amparo no se le remitió la providencia ni se allegó el escrito de tutela, por
lo que desconoce la situación fáctica y jurídica que soporta la acción constitucional.
Sin embargo, la Sala advierte que la solicitud no está llamada a prosperar, porque
según se evidencia en el sistema de consulta de procesos SAMAI, en el índice 8 del
expediente de la presente acción de tutela, el 31 de marzo de 2025 mediante
notificación núm. 39434, la Secretaría General de esta Corporación remitió correo de
notificación al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Específicamente, a las direcciones electrónicas: tutelas_fomag@fiduprevisora.com.co
y notjudicial@fiduprevisora.com.co 4, en el que se le informó que podía consultar y
visualizar el expediente en el sistema de información SAMAI, además se anexaron 2
documentos que incluían la demanda de tutela y el auto admisorio de la misma.
Aunado a lo anterior, la Secretaría General de la Corporación, el 1 de abril de 2025,
volvió a enviar el correo electrónico con notificación núm. 40376 y 4 archivos anexos,
entre ellos, el escrito de tutela y el auto admisorio, tal como puede verse en el índice
11 del expediente de la presente acción de tutela, que obra en el sistema de consulta
de procesos SAMAI. Tal como se advierte de la siguiente captura de pantalla:
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte
actora; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y,
(vi) que no se trate de sentencias de tutela.
3
la configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la constitución.
4
Correo electrónico que, en todo caso, coincide con el publicado en la página web de la entidad, para efecto de notificaciones
judiciales, como puede verificarse de la consulta en el link https://old.fiduprevisora.com.co/correo-electronico-para-notificaciones-
judiciales/.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
Por lo tanto, no le asiste razón a la parte actora, pues no existió la alegada indebida
notificación y, por lo tanto, no se desconoció el derecho de contradicción en el curso
de esta acción.
En consecuencia, se negará la solicitud de nulidad propuesta por la Fiduprevisora S.A.
Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el
demandante, con el fin de dejar sin efecto la sentencia del 30 de octubre de 2024,
dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que revocó la decisión de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de reconocimiento de la sanción
moratoria por pago tardío de cesantías parciales como docente oficial.
A pesar de que la parte actora alegó los defectos sustantivo y por desconocimiento del
precedente judicial, todos los argumentos se dirigen a cuestionar la falta de
aplicaciones de posturas jurisprudenciales, por lo que se estudiarán de manera
conjunta a partir del denominado defecto por desconocimiento del precedente judicial.
La Sala anticipa que denegará el amparo pretendido, porque la providencia
cuestionada no adolece del defecto por desconocimiento del precedente, pues fue
dictada con aplicación de la jurisprudencia y las normas vigentes del ordenamiento
jurídico en la materia.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la
legitimación en la causa por pasiva, (ii) la verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad y, finalmente, (iii) analizará el caso concreto.
(i) La legitimación en la causa por pasiva
El Despacho 022 del Tribunal Administrativo de Antioquia solicitó que se declare la
falta de legitimación en la causa por pasiva. La Sala accederá a dicha solicitud,
teniendo en cuenta que la providencia cuestionada fue proferida por la Sala Séptima
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y ese despacho pertenece a la
Sala Octava.
(ii) Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela
(i) Requisito general de relevancia constitucional. La Sala anota que la acción de tutela
cumple con el referido requisito general porque el asunto no se emplea como una
instancia adicional, si se tiene en cuenta que la decisión de primera y segunda
instancia varió en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria por pago
tardío de cesantías parciales, no alude a una discusión de orden legal o económico,
pues recae sobre el restablecimiento de derechos relacionados con las cesantías,
siendo esta una prestación de carácter laboral y cumple con el presupuesto de carga
argumentativa. Por lo tanto, si se configurar los errores que alega la parte actora, se
estarían vulnerando sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social.
Se cumple con el (ii) Requisito general de subsidiariedad, porque los argumentos
invocados no se enmarcan en las causales del recurso extraordinario de revisión o de
algún otro medio de defensa idóneo para la defensa de los derechos que invoca
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
vulnerados. En igual sentido, el (iii) Requisito general de inmediatez se satisface, pues,
el ejercicio de la presente acción de tutela resulta oportuno, toda vez que la sentencia
de segunda instancia fue notificada por correo electrónico el 31 de octubre de 2024 y
la demanda de tutela fue radicada el 21 de marzo de 2025, esto es, 4 meses y 21 días
después, término que no supera los seis meses fijados por la Sala plena de esta
Corporación.
En lo demás, la Sala encuentra que están satisfechos los requisitos generales de
procedencia, si se tiene en cuenta que la accionante alega una (iv) irregularidad que
genera un efecto determinante y afecta los derechos fundamentales de la tutelante; (v)
la parte actora identificó de manera razonable los hechos que generaron la vulneración
y, (vi) no se está cuestionando sentencias de tutela.
Por lo que la Sala pasa a analizar si se configura el defecto alegado.
(iii) Caso concreto
La señora Luz Estela Delgado Mejía aseguró que la autoridad judicial accionada
incurrió en defecto por desconocimiento del precedente judicial5, porque no tuvo en
cuenta la Sentencia de Unificación SUJ-012-2018 del 18 de julio de 2018, las
sentencias del 8 de julio de 2021, radicado núm. 05001-23-33-000-2016-01673
01(1606-19) y de 12 de septiembre de 2022, radicado nro. 66001-23 33-000-2017-
00072-01, proferidas por el Consejo de Estado, Sección Segunda.
Igualmente, adujo desconocimiento del precedente horizontal, para lo cual citó las
sentencias del 6 de diciembre de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena y del 24 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo de Caldas.
Explicado lo anterior, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia de 30 de
octubre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Séptima de Decisión revocó la providencia de primera instancia, por considerar que a
partir del 25 de mayo de 2019, la responsabilidad del pago de la sanción por mora
recae en cabeza de la entidad territorial y de la Fiduprevisora S.A.
El Tribunal accionado expuso que de acuerdo con el parágrafo del artículo 57 de la
Ley 1955 de 2019 la entidad territorial será responsable del pago de la sanción
moratoria cuando la dilación se haya generado como consecuencia del incumplimiento
de los términos otorgados para la radicación de la solicitud de pago de cesantías por
parte de las secretarías de educación territoriales ante el FOMAG.
Esto significa que a partir de la vigencia de la mencionada ley (25 de mayo de 2019)
la responsabilidad del pago de la sanción por mora no recae exclusivamente en el
FOMAG, como lo establecían las normas anteriores a la Ley 1955 de 2019.
5 Cuando se hace referencia al precedente judicial se alude a la forma en que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y que
sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso. El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones que dictó el
mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en
especial, las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Dicho de otro modo: las situaciones fácticas iguales deben decidirse conforme con la misma solución jurídica que ha previsto el órgano
de cierre de cada jurisdicción, a menos que el juez competente exprese razones serias y suficientes para apartarse del precedente. Cuando
un juez no aplica la misma razón de derecho ni llega a la misma conclusión jurídica al analizar los mismos supuestos de hecho, incurre en
la violación al derecho a la igualdad. No obstante, la importancia de la regla de vinculación del precedente judicial, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional ha señalado que esa sujeción no es absoluta, pues no se puede desconocer la libertad de interpretación que rige la
actividad judicial. Simplemente se busca armonizar y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos
idénticos se decidan de la misma forma y, por esa razón, se ha advertido que el funcionario judicial puede apartarse de su propio
precedente o del precedente fijado por el superior jerárquico, siempre que explique de manera expresa, amplia y suficiente las razones
por las que modifica su posición, de ahí que al juez corresponde la carga argumentativa de la separación del caso resuelto con anterioridad.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
Destacó que la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por
mora «por el periodo comprendido entre el 8 de octubre de 2019 -día siguiente a la fecha en que
debieron pagarse las cesantías reconocidas- y el 15 de octubre de 2019 – fecha anterior a aquella en
que efectivamente se pusieron a disposición los recursos- transcurriendo un total de 7 días calendario».
Precisó que, la petición de reconocimiento de las cesantías se radicó el 2 de julio de
2019, es decir con posterioridad a la expedición de la Ley 1955 de 2019 y, la sanción
se causó el 8 de octubre de 2019, esto es al día siguiente a la fecha que se venció el
plazo de pago de los 45 días hábiles, en vigencia de la Ley 1955 de 2019 (25 de mayo
de 2019).
Entonces, concluyó que:
a) La sanción moratoria deprecada por la parte actora se encuentra configurada
entre el 8 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2019, para un total de 7 días
calendario;
b) La mora que dio lugar a la sanción reclamada tuvo origen en la actuación de
la entidad territorial, la cual desconoció los términos legales para expedir el
proyecto de acto administrativo de reconocimiento de las cesantías y,
c) La entidad demandada, esto es, el FOMAG a partir de la vigencia de la Ley
1955 de 2019, no puede asumir con recursos propios ningún tipo de
indemnización económica, siendo radicada la financiación de la sanción
moratoria en el pago de las cesantías en cabeza de las entidades territoriales y
la Fiduprevisora S.A., sin embargo, estas entidades no fueron llamadas al
proceso ordinario para integrar la litis.
Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Antioquia concluyó que el FOMAG no era
la llamada a cumplir con las pretensiones de la demanda porque la causante de la
mora fue la Secretaría de Educación del Municipio de Bello. Agregó que al no haber
sido demandada la Secretaría de Educación del Municipio de Bello, procedía revocar
la decisión y negar las pretensiones.
Expuestas las consideraciones que fundamentaron la decisión de la autoridad judicial
accionada, la Sala considera que en el caso el Tribunal Administrativo de Antioquia
no incurrió en desconocimiento del precedente, como se pasa a explicar:
En cuanto a la Sentencia de Unificación SUJ-012-2018 del 18 de julio de 2018, se
advierte que en esta no existe pronunciamiento sobre la Ley 1955 de 2019, que
justamente fue la que introdujo la modificación respecto a la responsabilidad de pago
de la sanción moratoria no solo en cabeza del FOMAG, sino de las entidades
territoriales.
En tal decisión no hubo análisis sobre esa norma, en tanto que la Ley 1955 de 2019
se promulgó con posterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia de unificación
mencionada.
Tampoco se configura un desconocimiento del precedente contenido en las sentencias
de 8 de julio de 2021, radicado núm. 05001-23-33-000-2016-01673 01(1606-19) y de
12 de septiembre de 2022 radicado núm. 66001-23 33-000-2017-00072-01, proferidas
por las Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
Lo anterior obedece a que los casos allí resueltos versaron sobre situaciones fácticas
previas a la expedición de la Ley 1955 de 2019 y, por ende, no contienen
pronunciamiento alguno sobre dicha norma. Así, en la primera de estas providencias
se resolvió un asunto en el que la solicitud de reconocimiento de las cesantías ocurrió
en el año 2013 y el pago se generó en el 2015. Asimismo, en la sentencia de 12 de
septiembre de 2022 se estudió el caso de un docente que presentó la solicitud de
reconocimiento de las cesantías en el año 2021, cuyo pago se efectuó en el 2013.
En consecuencia, si bien las sentencias aludidas por la parte actora hacen referencia
a la sanción moratoria de docentes oficiales por el reconocimiento y pago tardío de las
cesantías, lo cierto es que en esos asuntos no se emplearon las reglas introducidas
por la Ley 1955 de 2019, debido a que esta última no era aplicable en esos asuntos
por tratarse de hechos que sucedieron mucho antes de la expedición de esa norma.
Por lo tanto, el motivo por el que en esas providencias se estableció que el único
responsable del pago de la sanción es el FOMAG es porque en esos casos no era
aplicable la Ley 1955 de 2019, dada la fecha en que ocurrieron los hechos. De ahí que
se empleó la normativa bajo la cual el responsable exclusivo del pago de la sanción
moratoria era el FOMAG.
En relación con la sentencia de 6 de marzo de 2024, radicado núm. 47001-23-33-000-
2021-00216-01, en la que sí se hizo análisis sobre la Ley 1955 de 2019, se encuentra
que la razón por la cual en esta se concluyó que la obligación de pago recaía
exclusivamente en el FOMAG fue porque no se encontró prueba del incumplimiento
en cabeza de la entidad territorial.
Así lo expresó la Sección Segunda, Subsección A: «Al no probarse la falta de diligencia del
departamento en la gestión que debía asumir según su competencia, la sanción debe ser impuesta en
su totalidad con cargo a la Nación, Ministerio de Educación Nacional». Situación que varió en el
caso objeto de estudio, pues la mora acreditada resultó atribuible únicamente a la
Secretaría de Educación del Municipio de Bello.
Con fundamento en lo expuesto, no hay desconocimiento del precedente judicial
alegado, las decisiones alegadas por la parte actora fueron proferidas con
posterioridad a la Ley 1955 de 2019 y, por lo tanto, no comparten identidad fáctica con
el caso de la accionante.
Las primeras tratan sobre hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 1955 de
2019, por lo que en esas no se hizo pronunciamiento sobre tal norma y los cambios
que introdujo en materia de pago de la sanción moratoria y la última de las sentencias
mencionadas, aunque sí estudia dicha ley por tratarse de hechos ocurridos bajo su
vigencia, tampoco es aplicable en el caso, debido a que la razón por la que se condenó
exclusivamente al FOMAG frente al pago de la sanción moratoria obedeció a que no
se acreditó incumplimiento de las obligaciones en cabeza de la entidad territorial.
Ahora, en cuanto al desconocimiento del precedente horizontal, se debe indicar que
las sentencias proferidas por el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Tribunal
Administrativo de Caldas, no resultan vinculantes en el presente caso, pues se trata
de despachos judiciales diferentes y tribunales de diferente jurisdicción, con autonomía
e independencia judicial.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
Al respecto, debe decirse que, tal como lo ha dicho esta Sección 6, cuando se trata de
precedente horizontal, la observancia no es tan rigurosa como la que se predica del
precedente vertical, pues, es apenas comprensible que, en virtud de la autonomía
judicial, entre jueces de igual nivel funcional existan criterios de interpretación y
decisión distintos frente a casos análogos.
En otras palabras, cuando el precedente invocado no fue proferido por el superior
funcional (precedente vertical) ni por el propio funcionario (precedente horizontal
propio), la autoridad judicial puede decidir libremente el asunto, conforme con su
criterio, que, en todo caso, debe enmarcarse dentro de los límites de la razonabilidad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-446 de 2013 indicó que «cuando el
término de comparación no está dado por los propios precedentes del juez sino por el de otros
despachos judiciales, el principio de independencia judicial no necesita ser contrastado con el
de igualdad. El juez, vinculado tan sólo al imperio de la ley (CP art. 230), es enteramente libre
e independiente de obrar de conformidad con su criterio» 7.
Por las razones expuestas, la Sala concluye que el caso no se configura el defecto por
desconocimiento del precedente alegado por la parte actora. En consecuencia, se
negarán las pretensiones de la acción de tutela que ejerció la señora Luz Estela
Delgado Mejía contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta – Sala
de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar la solicitud de nulidad de la Fiduprevisora S.A.
2. Acceder a la solicitud de desvinculación del Despacho 022 del Tribunal
Administrativo de Antioquia, por falta de legitimación en la causa por pasiva.
3. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por la señora Luz Estela
Delgado Mejía contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
4. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
5. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
6. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente
6 Al respecto, ver sentencias: del 25 de junio de 2020, expediente número: 11001-03-15-000-2020-00894-01, M.P.
Julio Roberto Piza Rodríguez; del 2 de marzo de 2023, expediente número: 11001-03-15-000-2022-06373-01 M.P.
Milton Chaves García, Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, entre
otras.
7 Ibídem.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-01718-00
Demandante: Luz Estela Delgado Mejía
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.