RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2021-00216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00216-01

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2021-00216-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Modificar los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 24 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar: «TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a través de la Fiduprevisora S.A., pague al señor Jorge Humberto Pertuz Orozco, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.594.341, la sanción moratoria por pago tardío del auxilio de cesantía reconocida mediante Resolución 275 del 20 de febrero de 2020, esto es un día de salario por cada día de retardo, desde el 13 de noviembre de 2019 hasta 12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la asignación básica para el momento de la causación de la mora. Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá descontar del valor a cancelar por la sanción moratoria reconocida en el proceso, las sumas dinerarias que hayan sido efectivamente pagadas por el mismo concepto al señor Jorge Humberto Pertuz Orozco, en la forma expuesta en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: Ordenar la actualización del valor total de la sanción desde la fecha en que cesó la mora, 13 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de 2022 (fecha en la que se efectuó el abono por este mismo concepto) y del 12 de abril de 2022 a la fecha de ejecutoria de la sentencia, en los términos expuestos en la parte considerativa de esta providencia. Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada. Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente expuesto. Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2021-00216-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

6 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)
Demandante: Jorge Humberto Pertuz Orozco
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio - departamento del
Magdalena
Tema: Sanción moratoria cesantías parciales. Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio contra la sentencia proferida el 24 de agosto
de 2022 por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que accedió parcialmente a
las pretensiones.

ANTECEDENTES

El señor Jorge Humberto Pertuz Orozco en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de
2011, formuló, las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad del acto presunto negativo configurado el 10 de febrero
de 2021 con ocasión de la petición presentada el 10 de noviembre de 2020, en
cuanto negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora.

Que, a título de restablecimiento del derecho, se condene a la Nación – Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

pagar la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; dar
cumplimiento al fallo que se dicte en los términos del artículo 192 del CPACA; hacer
los ajustes de valor a que haya lugar con motivo de la disminución del poder
adquisitivo de la penalidad, teniendo en cuenta para ello el IPC, desde la fecha en
que se realizó el pago de las cesantías hasta la ejecutoria de la sentencia que ponga
fin al proceso; cancelar los intereses moratorios sobre los valores adeudados; y
pagar las costas procesales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

Que el 30 de julio de 2019 solicitó el pago de las cesantías parciales, prestación
reconocida por medio de la Resolución 0275 del 20 de febrero de 2020 y cancelada
el 4 de noviembre de la misma anualidad.

Que el término fijado en la Ley 1071 de 2006 para el respectivo desembolso, se
cumplió el 12 de noviembre de 2019, por lo que transcurrieron 358 días de mora.

Que elevó petición el 10 de noviembre de 2020 ante la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para
obtener el reconocimiento de la sanción moratoria, entendiéndose negada por el
silencio administrativo de la entidad.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

Mediante auto del 6 de agosto de 2021 el juez de primera instancia dispuso admitir
la demanda y vincular al departamento del Magdalena, quien no se pronunció. El
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio indicó que en virtud de la Ley 1955 de 2019, la responsabilidad frente al
pago de la penalidad es compartida, y solo responderá por la mora causada hasta
el 31 de diciembre de 2019; el tiempo posterior a dicha fecha deberá ser asumido
por la entidad territorial.

El 1° de marzo de 2022 se fijó el litigio y se corrió traslado para alegar de conclusión
a las partes y al Ministerio Público.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo del Magdalena mediante sentencia del 24 de agosto de
2022, declaró la existencia y nulidad del acto administrativo ficto producto de la
petición radicada por el demandante el 10 de noviembre de 2020 y, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Nación – Ministerio de Educación
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer la
sanción moratoria desde el 13 de noviembre de 2019 inclusive hasta el 19 de
octubre de 2020, la cual debe liquidarse con la asignación básica percibida para el
momento de la causación de la penalidad; y se abstuvo de condenar en costas.

Como fundamente de lo anterior, indicó que FOMAG incurrió en mora tanto en el
reconocimiento, como en el pago del auxilio de cesantías reclamado por el
demandante, dado que los 70 días de que trata la Ley 244 de 1995 modificada por
la Ley 1071 de 2006, se cumplieron el 12 de noviembre de 2019; sin embargo, el
valor se puso a su disposición el 13 de marzo de 2020 y al no ser cobrado se
reprogramó para el 20 de octubre del mismo año.

Que, para efectos de determinar el límite de la penalidad, debe considerarse la fecha
de reprogramación (20 de octubre de 2020) pues, el Fondo no demostró que le
hubiera comunicado al beneficiario sobre el primer desembolso.

Que, aunque la petición de reconocimiento de la prestación se presentó en vigencia
de la Ley 1955 de 2019, la obligación de la sanción debe ser asumida por el Fondo
dado que no se acreditó el incumplimiento de los plazos previstos en el Decreto
1272 de 2018 en las gestiones que estaban a cargo del ente territorial y, la demora
en la expedición del acto administrativo pudo ser por cuenta de cualquiera de las
entidades intervinientes.

Que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio podrá descontar la
suma que haya sido efectivamente pagada por concepto de la sanción. Lo anterior
en atención a la certificación expedida por la Fiduprevisora S.A en la que consta
que se realizó un desembolso en un total de $6.402.649 por la mora ocasionada.

Que no procede la indexación, pero sí es viable la actualización del valor total que
se cause de aquella sanción a partir del 21 de octubre de 2020 hasta el 12 de abril
de 2022 (fecha en la que se realizó el abono). Deducido tal valor, el resto de la
penalidad deberá ser ajustada del 13 de abril de 2022 a la fecha de ejecutoria de la
sentencia en los términos del artículo 187 del CPACA.

Que no sobrevino el fenómeno de la prescripción, por cuanto la reclamación se
presentó dentro de los 3 años siguientes a la exigibilidad del derecho.

RECURSO DE APELACIÓN

El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio alegó la inexistencia de
la obligación, expresando que se encuentra autorizado para pagar de sus propios
recursos las respectivas indemnizaciones solo cuando el docente demuestre que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

las cesantías no le fueron consignadas. En el caso concreto la entidad cumplió con
tal deber y es hasta ese momento que llega su responsabilidad.

Citó la sentencia del 22 de julio de 2021 1 y afirmó que la fecha a tener en cuenta
para efectos de liquidar la sanción moratoria, es aquella en la que el valor de las
cesantías se puso a disposición del interesado y no la de reprogramación.

Que el 11 de abril de 2022 realizó un pago por concepto de sanción moratoria en
un total de $6.402.649 correspondiente a 49 días comprendidos entre el 13 de
noviembre de 2019 y el 31 de diciembre del mismo año. Por lo que, el Fondo no
puede asumir el pago de una penalidad que no le corresponde, pues afectaría al
erario público.

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, el ente
territorial es responsable de la mora causada a partir del 1° de enero de 2020. Esto
al incumplir los términos señalados en la Ley 1071 de 2006, por cuanto expidió el
acto administrativo el 20 de febrero de 2020; procedió a notificar el 28 del mismo
mes y año; y remitió para el pago solo hasta el 4 de marzo de 2020. Lo cual ocasionó
demora en el proceso del desembolso de las cesantías.

Que, no es aplicable el ajuste de que trata el artículo 187 del CPACA dado que
implica la indexación de la sanción moratoria, de las que se predica
incompatibilidad. Aunado a que genera una situación más gravosa para la
administración, ya que además de cubrir la actualización monetaria es superior a
dicho valor.

Que es improcedente la condena en costas porque los argumentos de defensa
fueron eminentemente jurídicos y no se acreditó alguna actuación de la entidad que
desvirtúe la presunción de buena fe.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Mediante auto del 2 de junio de 2023 se admitió el recurso. Las partes guardaron
silencio.

El Ministerio Público emitió concepto de fondo en el cual solicitó modificar la
sentencia, dado que de conformidad con lo previsto en el parágrafo del artículo 57
de la Ley 1955 de 2019, el ente territorial debe asumir el pago de la sanción
moratoria del año 2020 en adelante.

Se resolverá previas las siguientes,

1
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Expediente: 05001-23-33-
000-2017-02996-01 Demandante: Alejandro Vélez Marín.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

CONSIDERACIONES

El problema jurídico se resume en determinar qué entidad debe asumir el pago total
de la sanción moratoria producto de la consignación tardía de las cesantías
parciales del señor Jorge Humberto Pertuz Orozco y si es procedente modificar el
extremo final del período de la penalidad.

La sanción moratoria por el pago inoportuno de las cesantías parciales o
definitivas

La Ley 1071 de 2006 2 reglamentó el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales o definitivas de los servidores públicos, y ante el incumplimiento de los
términos que señaló para tal fin, dispuso una sanción moratoria equivalente a un
día de salario por cada día de retardo, así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (Subrayas propias).

2
«Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales
a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación».
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

En ese sentido, y una vez presentada la solicitud de cesantías, la administración
cuenta con 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento. Sin
embargo, de encontrar incompleta la petición deberá manifestarlo así al interesado
dentro de los 10 días siguientes a su radicación, indicando los requisitos de que
adolece, para que una vez los allegue, pueda emitir el acto que reconozca la
prestación en el término inicialmente señalado.

En firme el acto de reconocimiento, el empleador tiene 45 días para hacer el
desembolso, por lo que la inobservancia de los plazos mencionados conllevará a
que se cause la penalidad económica equivalente a un día de salario por cada día
de retardo hasta que se haga efectivo el pago, sanción que deberá asumir con sus
propios recursos.

Caso concreto

El Tribunal Administrativo del Magdalena encontró probada la tardanza en el
reconocimiento del auxilio y señaló que, según lo preceptuado en el parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, tal responsabilidad debe ser asumida por el
FOMAG, por cuanto no se demostró el incumplimiento de los plazos previstos en la
norma por parte de la secretaría de educación territorial. Ordenó al Fondo cancelar
la penalidad desde el 13 de noviembre de 2019 hasta el 19 de octubre de 2020 y
descontar del respectivo valor, las sumas efectivamente pagadas.

Decisión recurrida por el FOMAG quien alegó la inexistencia de la obligación en
consideración al pago realizado por la mora discutida desde el 13 de noviembre al
31 de diciembre de 2019. Indicó que la carga de la penalidad desde el 1° de enero
de 2020 es del departamento del Magdalena dado que excedió el plazo para el
reconocimiento de las cesantías, cuyo acto administrativo expidió 20 de febrero de
2020; notificó el 28 del mismo mes y año; y remitió para el pago solo hasta el 4 de
marzo de 2020. Lo cual ocasionó demora en el proceso del desembolso de las
cesantías.

Se encuentra probado que el señor Jorge Humberto Pertuz Orozco radicó solicitud
el 30 de julio de 2019, tendiente a obtener el pago de las cesantías parciales, y que
mediante Resolución 0275 del 20 de febrero de 2020,3 la Secretaría de Educación
del Magdalena reconoció la prestación en un total de $40.000.000. Valor que fue
puesto a disposición del interesado el 13 de marzo de 2020, y al no ser cobrado fue
reprogramado para el 20 de octubre del mismo año.4

3
SAMAI. Índice 2. Archivo. (ED_DEMANDA_ONEDRIVE_20230515(.zip) NroActua 2) (pdf.01) (folios 16 y 17) del expediente
digital.
4
SAMAI. Índice 2. Archivo. (ED_DEMANDA_ONEDRIVE_20230515(.zip) NroActua 2) (pdf.07) (folio 66) del expediente digital.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

Según certificación emitida por la Fiduprevisora, 5 se evidencia que el 11 de abril de
2022 fue consignado el valor de $6.402.649 a través del Banco BBVA por concepto
de sanción moratoria.

Que el 10 de noviembre de 2020, el demandante solicitó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006.

Resulta necesario señalar que la carga en el pago de las prestaciones sociales de
los docentes es del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, según
lo dispuesto en los artículos 4.° y 5.° de la Ley 91 de 1989, por lo que, en caso de
retardo en el reconocimiento y desembolso de las mismas, es esta entidad la
llamada a responder por la consecuente sanción.

Y aunque las entidades territoriales, colaboran en la gestión para el reconocimiento
de tal auxilio, dicha labor es adelantada por virtud de la delegación conforme lo
prevé el artículo 9 de la referida normativa. No obstante, la obligación legal de dichos
derechos prestacionales y las implicaciones del incumplimiento siguen en cabeza
de la Nación – Ministerio de Educación Nacional a través del FOMAG.

Ahora, mediante la Ley 1955 de 2019, el legislador atribuyó responsabilidad a las
entidades territoriales en caso de que el pago de la prestación se genere de forma
tardía, como consecuencia de la inobservancia de los términos previstos para la
radicación o entrega de la solicitud de pago de las cesantías:

«[…] ARTÍCULO 57. EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS
DEL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO. Las cesantías definitivas y parciales de los docentes de que trata la
Ley 91 de 1989 serán reconocidas y liquidadas por la Secretaria de Educación de la
entidad territorial y pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

[…]

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte
de la secretaria de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías. […]». (Resalta
la Sala).

La Subsección precisa que aun cuando la radicación de las cesantías se presentó

5
SAMAI. Índice 2. Archivo. (ED_DEMANDA_ONEDRIVE_20230515(.zip) NroActua 2) (pdf.13) (folio 3) del expediente digital.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

bajo la vigencia de la Ley 1955 de 2019 -10 de noviembre de 2020- y está permite
analizar la intervención del ente territorial a fin de endilgarle responsabilidad, es
necesario que se cumpla el supuesto previsto en la norma consistente en el
incumplimiento de este frente a los términos previstos para la entrega de la solicitud
de pago al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Al respecto, se apunta que no reposa prueba que acredite la incidencia que tuvo
una u otra entidad en el trámite interno para la consignación de cesantías del
docente. Pues, tal y como lo advirtió el Tribunal se trata de una labor que implica la
actuación tanto de la secretaría de educación territorial como del FOMAG, y
cualquiera de ellas pudo omitir los plazos legales dispuestos para el reconocimiento
de la prestación.

Correspondía entonces al recurrente desvirtuar las razones del juez de primera
instancia en este punto. Sin embargo, se limitó a mostrar su inconformidad frente a
la responsabilidad de la penalidad con fundamento en la ley citada, señalando que
el departamento excedió los plazos para expedir el acto administrativo (20 de
febrero de 2020); notificar (28 de febrero de 2020); y remitir la orden de pago (4 de
marzo de 2020); sin demostrar la trazabilidad de la petición y su participación.

Al no probarse la falta de diligencia del departamento en la gestión que debía asumir
según su competencia, la sanción debe ser impuesta en su totalidad con cargo a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio por ser el principal obligado al pago de la prestación de
forma oportuna. Para efectos de la liquidación debe tenerse en cuenta el
desembolso realizado a nombre del señor Pertuz Orozco el 11 de abril de 2022
como lo dispuso el Tribunal.

El apelante también señaló que el límite de la mora se produjo en la fecha en que
se puso a disposición del demandante el valor reconocido, es decir, el 13 de marzo
de 2020; y no la que indicó el juez en consideración a la reprogramación (20 de
octubre de 2020).

Sobre el particular, la Sección 6 ha manifestado que la fecha a considerarse para
efectos de establecer el extremo final de la mora es aquella en que el dinero se pone
a disposición del beneficiario, aun cuando se haya reprogramado el desembolso.
Pues es el interesado quien debe estar atento sobre el estado del giro una vez se
reconocen las cesantías, ya que la norma no le exige a la entidad informar sobre tal
situación.

6
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 24 de marzo de
2022. Expediente: 17001-23-33-000-2013-00654-02. Demandante: Adriana Cardona Idarraga.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

«[…] En lo atinente a que la docente no tuvo conocimiento que el valor
correspondiente al pago de sus cesantías había estado a disposición desde el 18
de octubre de 2011, en la medida que no fue informada de ello por parte de la
entidad accionada, debe precisar la Sala que no existe norma alguna que imponga
la obligación de la entidad a carga del reconocimiento de las cesantías de informar
y menos aún de notificar el día en que pondrá a disposición de la respectiva entidad
bancaria los dineros correspondientes a la prestación social reconocida.

[…]

En tales condiciones, esta Corporación concluye que la contabilización de los
términos efectuada por el tribunal de instancia obedeció a la realidad procesal,
específicamente en lo atinente al extremo final de la penalidad que es lo debatido
por la parte actora en su recurso de alzada, como quiera que ello fue consecuencia
de lo acreditado dentro del expediente, de manera que, el límite de la sanción
moratoria reconocida por el a quo es el 17 de octubre de 2011, día anterior a la fecha
en que la Fiduciaria la Previsora S.A. puso a disposición los dineros para el pago de
las cesantía definitivas de la actora que fue el 18 de octubre de 2011 […]». (Resalta
la Sala).

Como la petición se presentó el 30 de julio de 2019, se tiene que los 70 días de que
trata la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 se cumplieron así: 15
días para expedir la resolución (22 de agosto de 2019); 10 días de ejecutoria del
acto (5 de septiembre de 2019); y 45 días para efectuar el pago (12 de noviembre
de 2019).

Es decir, que la mora se generó desde el 13 de noviembre de 2019 hasta un día
antes de la fecha en la que el valor de la prestación reconocida quedó disponible
para su retiro, esto es, el 12 de marzo de 2020, y no aquella en la que se reprogramó
el giró.

Se procederá a modificar el período de tardanza, en el sentido de señalar que la
penalidad se generó hasta un día antes de la fecha en la que el monto de la
prestación reconocida quedó habilitado para su cobro.

El impugnante señaló, además, que el ajuste de que trata el artículo 187 del CPACA
no es aplicable en tanto que implica la indexación de la sanción moratoria, y que la
condena debe limitarse al pago de la penalidad. Sobre el particular la Subsección 7
ha manifestado:

«[…] en razón a que la indemnización moratoria constituye una penalidad ante
el incumplimiento de los plazos previstos en la ley para el reconocimiento y pago de
las cesantías, en consecuencia, no está sujeta a una indexación monetaria.

7
Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Expediente: 68001-23-33-000-
2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

[…]

Por lo tanto, a) mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá
indexarse. b) cuando termina su causación se consolida un valor total, ese
valor total sí es objeto de ajuste de valor, desde la fecha en que cesa la mora
hasta la ejecutoria de la sentencia […] y c) una vez queda ejecutoriada la condena
no procede indexación sino que se generan los intereses […]». (Negrita fuera de
texto).

Contrario a lo señalado por el demandado, el Tribunal atendió a la regla
jurisprudencial dispuesta en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues
fue claro en manifestar que no era procedente la indexación de la sanción moratoria
en el tiempo de su causación; sin embargo, la suma total generada si debe ajustarse
una vez cesa la tardanza.

No obstante, se modificarán los términos en los que quedó establecida tal
actualización, en consideración al período de mora corregido con anterioridad, así:
entre el 13 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de 2022 (fecha en la que se realizó
el abono) y del 12 de abril de 2022 a la fecha en la que quede ejecutoriada la
sentencia.

Finalmente, y respecto al último punto de la apelación, la Sala no emitirá
pronunciamiento, dado que el Tribunal se abstuvo de condenar en costas.

De la condena en costas

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandada en sus
escritos manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Modificar los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 24 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Magdalena, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su
lugar:

«TERCERO: Como consecuencia de la anterior declaración de nulidad y a título de
restablecimiento del derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para que a
través de la Fiduprevisora S.A., pague al señor Jorge Humberto Pertuz Orozco,
identificado con cédula de ciudadanía No. 7.594.341, la sanción moratoria por pago
tardío del auxilio de cesantía reconocida mediante Resolución 275 del 20 de febrero
de 2020, esto es un día de salario por cada día de retardo, desde el 13 de
noviembre de 2019 hasta 12 de marzo de 2020, teniendo en cuenta la asignación
básica para el momento de la causación de la mora.

Por su parte, el Ministerio de Educación Nacional- Fondo de Prestaciones Sociales
del Magisterio podrá descontar del valor a cancelar por la sanción moratoria
reconocida en el proceso, las sumas dinerarias que hayan sido efectivamente
pagadas por el mismo concepto al señor Jorge Humberto Pertuz Orozco, en la forma
expuesta en la parte considerativa de esta providencia.

CUARTO: Ordenar la actualización del valor total de la sanción desde la fecha en
que cesó la mora, 13 de marzo de 2020 hasta el 11 de abril de 2022 (fecha en la
que se efectuó el abono por este mismo concepto) y del 12 de abril de 2022 a la
fecha de ejecutoria de la sentencia, en los términos expuestos en la parte
considerativa de esta providencia.

Segundo: Confirmar en todo lo demás la sentencia impugnada.

Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente expuesto.

Cuarto: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 47001-23-33-000-2021-00216-01 (2944-2023)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.