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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00654-02

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2013-00654-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia de fecha 20 de abril de 2020 que condenó al Ministerio de Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio a reconocer y pagar sanción moratoria desde el 14 de mayo al 17 de octubre de 2011 y demás ordinales de dicho proveído, excepto los ordinales sexto y décimo en los cuales condenó en costas a la parte vencida y ordenó compulsar copias del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura para que investigara la posible conducta disciplinaria de los apoderados de la parte actora, los cuales se revocan conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído. SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia, previa las anotaciones en el sistema de gestión judicial.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 17001-23-33-000-2013-00654-02

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2022.

Radicación: 17001233300020130065402.
No. Interno: 1289-2020
Demandante: Adriana Cardona Idarraga
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Asunto: Sanción moratoria – cesantías definitivas – no cobradas en
fecha de consignación sino con posterioridad- prescripción.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
I. ASUNTO

La Sala decide1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas de fecha 20 de abril de
2018 mediante la cual declaró la nulidad del acto causado, condenó al Ministerio de
Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio a reconocer y
pagar sanción moratoria desde el 14 de mayo al 17 de octubre de 2011, esto es, día
anterior al desembolso del pago de las cesantías definitivas de la actora, condenó en
costas a la demandada y compulso copias al Consejo Superior de la Judicatura para
que se investigue la posible conducta disciplinaria del apoderado de la parte
demandante.
ANTECEDENTES

La demanda.

2. La señora Adriana Cardona Idarraga presentó demanda2 contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio con el objeto de solicitar la nulidad del acto ficto que se configura por el
silencio administrativo negativo respecto de la petición de fecha 9 de abril de 2013 a
través de la cual pretendió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías definitivas.

1 El proceso tiene nota secretarial de fecha 24 de agosto de 2021, según folio 302 y recibido en el despacho el 14 de febrero de

2022.
2
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011

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Expediente:1289-2020
Demandante: Adriana Cardona Idarraga
Demandados: Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

3. En consecuencia y como restablecimiento del derecho, solicita se declare que tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 244
de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006; la actualización de la condena con base
en el artículo 187 del CPACA y el cumplimiento del fallo en los términos del artículo
192 ibídem.

Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos que se extraen de
la demanda y de los documentos aportados con esta 3:

4. La demandante manifiesta que por haber laborado como docente oficial al servicio
del Ministerio de Educación Nacional4 y afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, el día 3 de febrero de 2011 solicitó el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas, las cuales fueron reconocidas a través de la Resolución
No 3214 del 23 de junio de esa misma anualidad, siendo canceladas en fecha 30 de
noviembre de 2012.

5. Indica que el 9 de abril de 2013 solicitó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías reconocidas mediante Resolución No
3214 de 2011 sin que haya obtenido respuesta alguna a la mencionada petición.

Concepto de la violación.

6. Sostiene que de conformidad con los artículos 15 y 26 de la Ley 244 de 1995 es
claro que entre la solicitud de reconocimiento y el pago de las cesantías sean parciales
o definitivas, existe un término perentorio de 65 días hábiles para que la entidad
proceda a ello. Sin embargo, el Fondo cancela la prestación social por fuera de los
términos fijados por la ley, caso en el cual ante el no cumplimiento del mismo acarrea
una sanción moratoria.

3 Folio 5 y 6 del expediente.
4 Sin indicar desde que fecha.
5
Artículo 1º.- Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de la liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal deberá expedir la Resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la Ley.
6 Artículo 2º.- La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la fecha

de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las Cesantías Definitivas del servidor público,
para cancelar esta prestación social.
Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las
mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste.

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Demandante: Adriana Cardona Idarraga
Demandados: Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

Contestación de la demanda.

7. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presentó escrito de
contestación a la demanda7 y se opone a las súplicas. Como sustento de la oposición
expone que la Ley 91 de 1989 es el procedimiento especial aplicable al caso de las
prestaciones sociales del magisterio, por lo que mal se haría en aplicar lo establecido
en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 pues difiere del procedimiento fijado en la ley
que rige a los docentes, y menos aún hacer extensiva una sanción consagrada en una
norma general para un procedimiento que se encuentra regulado en norma especial
que no contempla la penalidad. Formula las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, inexistencia de la obligación y prescripción.

Sentencia apelada.

8. El Tribunal Administrativo de Caldas mediante sentencia de fecha 20 de abril de
2018 declaró la nulidad del acto causado, condenó al Ministerio de Educación- Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio a reconocer y pagar sanción
moratoria desde el 14 de mayo al 17 de octubre de 2011, esto es, día anterior al
desembolso del pago de las cesantías definitivas de la actora, condenó en costas a la
demandada y compulso copias al Consejo Superior de la Judicatura para que se
investigue la posible conducta disciplinaria del apoderado de la parte demandante.

9. Como sustento de la decisión, indicó que de acuerdo a las preceptivas legales y
jurisprudenciales, una vez radicada la petición, la administración cuenta con 15 días
hábiles para expedir la resolución, 5 días – si la petición fue incoada antes del CPACA-
o 10 días hábiles - si fue en vigencia del CPACA- que corresponden a ejecutoria y 45
días hábiles para proceder al pago de la prestación social, encontrando que la petición
de reconocimiento de las cesantías fue elevada en fecha 3 de febrero de 2011 y la
administración le reconoció la prestación social mediante Resolución No 3214 del 23
de junio de 2011. El pago de la cesantía quedó a disposición según certificación
expedida por la Fiduprevisora el 18 de octubre de 2011 y mediante petición de fecha
9 de abril de 2013, la parte actora reclamó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de sus cesantías definitivas.

7 Folios 66 al 75 del expediente.

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10. Conforme lo anterior, considera que se configuró la penalidad durante el periodo
comprendido entre el 14 de mayo de 2011 y el 17 de octubre de 2011 – día anterior al
desembolso de los dineros correspondiente al pago de las cesantías – teniendo como
base para liquidar la penalidad el salario percibido en el año 2011.

11. Así mismo, ordenó compulsar copia al Consejo Seccional de la Judicatura en
atención a la conducta asumida por los apoderados de la parte demandante respecto
del yerro en el que quisieron inducir a esa corporación respecto de la fecha de pago
de las cesantías de la demandante, afirmando y aportando recibo con una fecha
posterior a la que en realidad la entidad puso a disposición el dinero.

Solicitud de nulidad de la sentencia y negación de la misma por parte del
Tribunal Administrativo de Caldas.

12. La parte demandante invocó la existencia de una nulidad procesal que tenía la
sentencia, al considerar que las pruebas decretadas de oficio están sujetas a
contradicción de las partes, sin que en el presente proceso se haya llevado a cabo la
audiencia para contradecir la prueba decretada de oficio. El Tribunal Administrativo
de Caldas, mediante auto de fecha 14 de agosto de 2018 8 resolvió no dar trámite al
incidente de nulidad propuesto por la parte actora, al considerar por una parte, que la
situación planteada por la nulidicente no se ajusta al listado que consagra el artículo
133 del CGP, razón por la que la misma se torna improcedente. Además, indicó que
de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 213 de CPACA 9 en concordancia con lo
Dispuesto en el inciso segundo del artículo 110 del CGP 10, es claro que las pruebas
que fueron allegadas al proceso estuvieron a disposición de las partes por los menos,
los días 15, 16, 20, 21 y 22 de marzo de 2018, lapso durante el cual se surtió el traslado

8 Folios 259 al 260.
9 «Artículo 213. Pruebas de oficio

En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias
para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se
practiquen las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un
término de hasta diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por
una sola vez, nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales
pruebas, según el caso, serán practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete».
10 ARTÍCULO 110. TRASLADOS. Cualquier traslado que deba surtirse en audiencia se cumplirá permitiéndole a la parte

respectiva que haga uso de la palabra.
Salvo norma en contrario, todo traslado que deba surtirse por fuera de audiencia, se surtirá en secretaría por el término de tres
(3) días y no requerirá auto ni constancia en el expediente. Estos traslados se incluirán en una lista que se mantendrá a
disposición de las partes en la secretaría del juzgado por un (1) día y correrán desde el siguiente.

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sin necesidad de auto que lo ordene, por tanto, no es cierto que a la parte actora no
se le permitió la contradicción de las pruebas decretadas de oficio.

Recurso de apelación.

13. La parte demandante interpone recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia y aduce que de haberse analizado las pruebas de oficio arrimadas
al expediente el aquo hubiera arribado a una conclusión diferente respecto del cálculo
de los días de mora en que incurrió la parte accionada, puesto que al revisar el oficio
de fecha 23/02/2018 resulta evidente que la Fiduprevisora no demostró que le hubiera
informado a la demandante la fecha en la que puso a disposición el dinero
correspondiente a la cesantías reconocidas en el anunciado acto administrativo. En
otras palabras, cuestiona la parte recurrente no haber tenido acceso a la información
de que la suma de dinero dispuesta en su favor por concepto de cesantías reconocidas
mediante Resolución No 3214 del 23 de junio de 2011 estuvo disponible por ventanilla
en la fecha del 18 de octubre de 2011. Conforme lo anterior, aduce que la pretensión
de reconocimiento de la sanción moratoria debió ser reconocida por el valor reclamado
en la demanda, esto es, 559 días de mora.

14. Por otra parte, controvierte la orden de compulsar copias para que el Consejo
Seccional de la Judicatura valore la conducta de los apoderados de la parte actora y
de ser necesario, investigue su proceder. Al respecto aduce que la pretensión
formulada corresponde a una propuesta e interpretación de una norma de derecho,
esto es, el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, pues está demostrado que
el pago efectivo de las cesantías reconocidas mediante Resolución No 3214 del 23 de
junio de 2011 se materializó en junio 30 de 2012, fecha en la cual cesó la sanción
moratoria y no el 18 de octubre de 2011 y segundo, por cuanto no se llevó a cabo
ningún estudio respecto de las pruebas de oficio dispuestas en el auto de fecha 12 de
diciembre de 2017. Al acudir a la teoría del pago de las obligaciones, quien debe
probar el pago oportuno de una deuda es el deudor y en el caso concreto es claro que
el pago de las cesantías se efectuó el 30 de junio de 2012.

Alegatos de Conclusión.

15. La parte demandante y la entidad demandada guardaron silencio y el Ministerio
Público no emitió concepto en el presente asunto.

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CONSIDERACIONES

Análisis del asunto.

16. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante y sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran
el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a
plantear el siguiente:

Problema jurídico. -

17. Establecer si el extremo final de la sanción moratoria reconocida por el aquo es el
30 de junio de 2012, fecha en que fue cobrada por la parte actora las cesantías
definitivas reconocidas mediante Resolución 3214 del 23 de junio de 2011 o si por el
contrario, es el 17 de octubre de 2011 día anterior en la cual la Fiduciaria la Previsora
S.A. puso a disposición el pago de la aludida prestación social sin que haya sido
cobrada para esa época por la demandante y dando lugar a reprogramar el pago.
También corresponderá determinar a la sala si hay lugar a que se revoque la orden
de compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura hoy comisión seccional
disciplinaria para que se valore la conducta de los apoderados de la demandante,
respecto del yerro en el que quisieron inducir al aquo respecto de la fecha de pago de
las cesantías de la demandante.

18. Para resolver el anterior problema jurídico, procede la Sala a realizar el
correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente
correcta respecto del caso concreto.

19. El auxilio de cesantías es una prestación social a la que todos los empleados del
Estado tienen derecho, cuya finalidad primaria consiste en «[…] cubrir o prever las
necesidades que se originan para el trabajador con posterioridad al retiro de una
empresa, por lo que resulta un ahorro obligado orientado a cubrir el riesgo de
desempleo»11, que actualmente también promueve el acceso de los trabajadores a
los componentes de educación y vivienda.

11 Corte Constitucional, sentencia C-823 de 4 de octubre de 2006, M. P. Jaime Córdoba Triviño.

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20. De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros
establecidos por el artículo 15 (numeral 3) de la Ley 91 de 1989, norma que distingue
entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes
les es aplicable el de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad,
así:

«[…] 3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente
a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos
tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las
cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que
de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que
pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden
nacional».

21. En todo caso, corresponde al Fomag liquidar y reconocer el auxilio de cesantía
parcial o definitiva de los docentes oficiales, actividad que en virtud de la «prestación
descentralizada de los servicios» consagrada en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 y
de la delegación de que trata el artículo 9 ibídem, desarrolla a través de las secretarías
de educación de los entes territoriales. Mientras que el pago de la prestación debe ser
efectuado a través de la sociedad fiduciaria que administre los recursos del fondo, que
en la actualidad es la Fiduprevisora SA.

22. El pago de dicha prestación estaba sometida al trámite previsto en el Decreto 2831
de 200512, que instituyó un procedimiento administrativo caracterizado por la división
de responsabilidades y cargas administrativas entre las secretarías de educación y la
fiduciaria, y la adopción de términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos
que, en conjunto, superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición

12
«Por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3 y el numeral 6 del artículo 7 de la Ley 91 de 1989, y el artículo 56 de
la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».

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del acto administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos13.

23. En efecto, debe recordarse que, en lo concerniente al reconocimiento y pago del
auxilio de cesantías, el artículo 1° de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de
las Cesantías Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes,
la entidad patronal deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4° de la
Ley 1071 de 2005, legislación que (i) diversificó la tipología de sujeto destinatario de
la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad patronal», sino a «la entidad
empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías», (ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de cesantías definitivas y (iii) extendió tal deber
también a las solicitudes de cesantías parciales.

24. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que establecía
el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías definitivas (45 días
hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la
liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público) y consagró una
sanción moratoria por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado por el artículo
5 de la Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:

«Artículo 5º. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este».

25. No obstante, como las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no se contrajeron, en
concreto, al reconocimiento de cesantías del personal docente, la interpretación de

13
Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia
de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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los funcionarios judiciales en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago extemporáneo de esa prestación no fue uniforme. Pero tal dificultad
interpretativa también fue materia de estudio por esta sección en fallo CE-SUJ-SII-
012-201814, oportunidad en la cual sostuvo que «los docentes integran la categoría de
servidores públicos prevista en el artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque
el estatuto de profesionalización los defina como empleados oficiales 15, lo cierto es
que en ellos concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el
concepto de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la
regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica de la
Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para la
inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se encuadran
dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior y
desarrollado a través de la ley», y unificó su jurisprudencia, así:

«[…] PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado, para señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es
aplicable la Ley 244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción
moratoria por mora en el pago de las cesantías.

De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de la
sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en el
marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento en el
que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto
ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y
términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de cuándo, en cada
caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación, según las siguientes
reglas:

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales
se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la
resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez
se verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si
el acto no fue notificado, para determinar cuando corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley 16 para que la entidad intentara
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la
notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso,
y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando
14 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio

de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01. M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
15
Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a los trabajadores oficiales.
16 Artículo 69 CPACA.

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el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos
casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador como
computables para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para
el pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

26. Por último, la Sala de sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin perjuicio
de la actualización de la respectiva condena) así:

« […] TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo
de Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que
se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías
parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica
vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el
tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187
del CPACA».

27. A partir de lo anterior, la Sala concluye que los docentes oficiales afiliados al
Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las Leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de derecho detallado
en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte Constitucional
(sentencia SU-336 de 201717) y por la sección segunda de esta Corporación (fallo CE-
SUJ-SII-012-201818); de manera que la gestión administrativa necesaria para resolver
todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de cesantías formuladas ante el
Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones contenidos en esas normas y, en
consecuencia, resulta claro que la referida sanción empieza a generarse en caso de
retardo en el pago de la prestación, según las circunstancias de cada situación
particular y con independencia de si se trata de cesantías definitivas o parciales.

Análisis del caso concreto.

28. El aquo condenó a la accionada a reconocer y pagar la sanción moratoria causada
desde el 14 de mayo al 17 de octubre de 2011, esto es, día anterior al desembolso del
pago de las cesantías definitivas de la actora realizado por la Fiduciaria la Previsora

17
Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
18
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio
de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.

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Expediente:1289-2020
Demandante: Adriana Cardona Idarraga
Demandados: Ministerio de Educación Nacional- FOMAG

S.A, así mismo, condenó en costas a la demandada y compulsó copias al Consejo
Superior de la Judicatura para que se investigue la posible conducta disciplinaria del
apoderado de la parte demandante.

29. Al examinar la Sala las pruebas arrimadas al expediente, encuentra que obra la
Resolución No 3214 del 23 de junio de 2011 19 a través de la cual el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio ordenó reconocer y pagar cesantías
definitivas a la docente Cardona Idárraga Adriana de acuerdo a la petición incoada en
fecha 3 de febrero de 2011, en cuantía de trece millones novecientos noventa y cinco
mil novecientos setenta y ocho pesos ($13.995.978.oo), suma que será cancelada por
medio de la Fiduciaria la Previsora S.A., acto administrativo que le fue notificado a la
titular del derecho en fecha 29 de junio de 2011.

30. Reposa también en el proceso el desprendible de pago del banco BBVA
correspondiente al pago efectivo realizado el día 30 de noviembre de 201220 a la
señora Cardona Idárraga Adriana por el valor indicado en el párrafo precedente.
Igualmente, obra la petición21 elevada por la señora Adriana Cardona Idarraga por
conducto de apoderada ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en fecha 9 de abril de 2013 a través de la cual solicita se ordene el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 1071 de 2006
por el pago tardío de las cesantías definitivas.

31. Se observa igualmente, que el tribunal mediante auto de fecha 3 de mayo de
201722 ordenó incorporar como pruebas las aportadas por las partes con la
presentación de la demanda y su contestación. Así mismo, decretó como prueba de
oficio se requiriera «en todos los casos (1, 2 y 3) a la Secretaría de Educación
competente, para que remita la constancia de pago de las cesantías en estos asuntos
[…]». La Fiduciaria la Previsora mediante Oficio 1778 del 30 de junio de 2017 23 y
dando respuesta a lo solicitado por el tribunal emitió la siguiente certificación:

«[…] En atención a la solicitud allegada a este Fondo a través del radicado No
20170321521232 mediante el cual requiere constancia del pago de las cesantías a la
señora ADRIANA CARDONA IDÁRRAGA identificada con cédula de ciudadanía
30.327.461.

19
Folios 21 al 23 del expediente.
20 Folio 24 del plenario.
21
Folios 28 al 30.
22
Folios 165 al 169.
23 Folio 176 y 177 del expediente.

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Se remite certificación suscrita por la Directora de Afiliaciones y Recaudo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del pago de cesantías definitivas
reconocidas a la docente por la secretaria de educación de Caldas.

RESOLUCION No FECHA RESOLUCION VALOR FECHA EN LA QUE
QUEDÓ A
DISPOSICION EL
PAGO
3214 Cesantías 23 de junio de 2011 $13.995.978 18 de octubre de
definitiva 2011 no fue
cobrado, se
reprogramó 30 de
noviembre de 2012

Para su conocimiento y trámite legal pertinente […]»

32. Se aprecia del expediente que mediante diligencia celebrada en fecha 26 de julio
de 201724 el Tribunal Administrativo de Caldas indicó que las pruebas decretadas de
oficio habían sido atendidas a folios 103 al 113 del expediente, en consecuencia,
reanudó la audiencia y le concedió la palabra a la apoderada de la parte actora quien
manifestó «que se atendieron los requerimientos probatorios». El magistrado
conductor de la audiencia incorporó las pruebas e indicó que serán valoradas en la
sentencia. Sin más pruebas que practicar, dio por agotada la etapa probatoria.

33. También se observa que mediante auto de fecha 12 de diciembre de 2017 25
decretó nuevas pruebas de oficio, para lo cual, ordenó a la Fiduprevisora S.A. allegara
constancia o acto administrativo mediante el cual se informó a la señora Adriana
Cardona Idárraga que el pago de las cesantías reconocidas mediante Resolución
3214 de 2011 las puso a disposición el 18 de octubre de 2011, tal como lo certificó en
oficio de 21 de junio de 2017. Así mismo, allegara copia de la solicitud de cesantías
definitivas elevada por la señora Adriana Cardona Idárraga el 3 de febrero de 2011.

34. Por su parte, la Fiduprevisora a través de Oficio No 177 del 23 de febrero de
201826 dio respuesta a lo solicitado por el aquo indicando lo siguiente:

«[…] El medio utilizado por Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para informar a los docentes de que
fue incluido en nómina, se realiza por medio de la página de internet
http://www.fomag.gov.co, cumpliendo de esta forma con el principio de publicidad.
Es de aclarar que, según la información suministrada por el área Gerencia de
Mercadeo, Servicio al Cliente y Comunicaciones, los archivos de pagos a las cesantías

24
Folios 180 a 181.
25
Folios 190 al 192.
26 Folio 223 del expediente.

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de las vigencias anteriores se encuentran escondidos dentro de la página, por un
concepto de seguridad de la información…».

35. De las pruebas anteriormente relacionadas, se desprende que (i) la señora
Adriana Cardona Idárraga solicitó el reconocimiento de sus cesantías definitivas a
través de petición de fecha 3 de febrero de 2011; (ii) las cuales le fueron concedidas
por medio de Resolución No Resolución No 3214 del 23 de junio de 2011 ; (iii) la
entidad accionada puso a disposición los dineros para el pago de las cesantías
definitivas de la reclamante en fecha 18 de octubre de 2011 sin que las mismas hayan
sido cobradas por su titular; (iv) que ante el no cobro de la prestación social
reprogramó pago para el 30 de noviembre de 2012; (v) debido al pago tardío de las
cesantías definitivas la demandante reclamó ante la entidad accionada el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria en fecha 9 de abril de 2013, petición
que no fue resuelta por la autoridad administrativa y en virtud del cual, se constituyó
el acto ficto objeto del presente medio de control.

36. Para resolver el asunto bajo estudio, esta Sala advierte que su competencia en
esta instancia está limitada a los argumentos de la apelación que corresponden por
una parte, al extremo final del cálculo de la sanción moratoria y las circunstancias en
virtud de las cuales, presuntamente, la accionante no retiró la suma reconocida por
cesantías definitivas y en segundo lugar, a las razones que tuvo el tribunal para
ordenar compulsar copia al Consejo Seccional de la Judicatura para que valoraran la
conducta de los apoderados de la parte actora.

37. En ese entendimiento, de conformidad con el marco jurídico sobre la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas, no hay duda de que según el
artículo 5 (parágrafo) de la Ley 1071 de 2006, su contabilización será «hasta que se
haga efectivo el pago», situación que debe revisarse de acuerdo con las
circunstancias que puedan presentarse, puesto que debe no solo analizarse cuándo
se sufragó la prestación, sino también el momento desde que estuvo disponible para
su cobro, por cuanto puede acontecer que el particular deje trascurrir tiempo por
descuido o intencionalmente, si sabe que con ello la sanción moratoria se
incrementaría.

38. Aduce la parte recurrente que al revisar el oficio de fecha 23/02/2018 resulta
evidente que la Fiduprevisora no demostró que le hubiera informado a la demandante
le fecha en la que puso a disposición el dinero correspondiente a las cesantías

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reconocidas. En otras palabras, la parte recurrente cuestiona no haber tenido acceso
a la información de que la suma de dinero dispuesta en su favor por concepto de
cesantías reconocidas mediante Resolución No 3214 del 23 de junio de 2011 estuvo
disponible por ventanilla en la fecha del 18 de octubre de 2011. En su sentir, el pago
efectivo de la prestación social solo se realizó el 30 de noviembre de 2012 y no como
lo determinó el aquo, esto es, el 18 de octubre de 2011.

39. Al respecto, se precisa que de conformidad con lo previsto en el artículo 167 del
Código General del Proceso (CGP)27, «incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen», por lo que,
contrario a lo alegado en la alzada, era la actora quien tenía el deber procesal de
acreditar que había adelantado toda la gestión para el cobro de su prestación y que,
a pesar de ello, la entidad se abstuvo de pagarle o incurrió en mora sobre esa
actuación, circunstancia que no ocurrió en este caso, sino que, según las pruebas
allegadas, el dinero estuvo disponible para pago el 18 de octubre de 2011 y al no ser
retirado, se reprogramó para una fecha posterior, valga decir, 30 de junio de 2012.

40. Es importante indicar que del Oficio 1778 del 30 de junio de 2017 en el que se
indicó la fecha en que el dinero estuvo a disposición desde el 18 de octubre de 2011
expedido por la Fiduciaria la Previsora S.A. a través de la cual dio respuesta a la
prueba de oficio decretada por el Tribunal Administrativo de Caldas mediante auto de
fecha 3 de mayo de 2017, la parte actora tuvo pleno conocimiento de dicha prueba
documental, al punto que una vez reanudada la diligencia de prueba celebrada en
fecha 26 de julio de 201728 el Tribunal Administrativo de Caldas indicó que las pruebas
decretadas de oficio habían sido atendidas a folios 103 al 113 del expediente y le
concedió la palabra a la apoderada de la parte actora quien manifestó puntualmente
«que se atendieron los requerimientos probatorios», sin que haya controvertido y
mucho menos, desvirtuado lo aseverado por la Fiduprevisora en la susodicha prueba
documental.

41. En lo atinente a que la docente no tuvo conocimiento que el valor correspondiente
al pago de sus cesantías había estado a disposición desde el 18 de octubre de 2011,
en la medida que no fue informada de ello por parte de la entidad accionada, debe
precisar la Sala que no existe norma alguna que imponga la obligación de la entidad

27
Aplicable por la remisión expresa del artículo 306 del CPACA.
28 Folios 180 a 181.

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a carga del reconocimiento de las cesantías de informar y menos aún de notificar el
día en que pondrá a disposición de la respectiva entidad bancaria los dineros
correspondientes a la prestación social reconocida. La exigencia legal de notificar a la
parte reclamante de la aludida prestación se predica respecto del acto administrativo
que resuelve la petición de reconocimiento, puesto que de conformidad con el artículo
2° de la Ley 244 de 1995, establece que la entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de 45 días hábiles, a partir de la fecha de la cual quede en firme el acto
administrativo - entiéndase decisión debidamente notificada y si es del caso, resueltos
los recurso que contra tal decisión se hayan interpuesto - que ordena la liquidación de
las cesantías definitivas del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin
que la norma consagre deber alguno de informar la fecha en la cual quedará a
disposición de la parte el pago respectivo.

42. En tales condiciones, esta Corporación concluye que la contabilización de los
términos efectuada por el tribunal de instancia obedeció a la realidad procesal,
específicamente en lo atinente al extremo final de la penalidad que es lo debatido por
la parte actora en su recurso de alzada, como quiera que ello fue consecuencia de lo
acreditado dentro del expediente, de manera que, el límite de la sanción moratoria
reconocida por el aquo es el 17 de octubre de 2011, día anterior a la fecha en que
la Fiduciaria la Previsora S.A. puso a disposición los dineros para el pago de las
cesantía definitivas de la actora que fue el 18 de octubre de 2011, por lo que el extremo
final de la penalidad fue determinado de manera correcta por el a quo, conllevando
ello a confirmar la sentencia de fecha 20 de abril de 2020 en lo atiente a este punto
de derecho.

43. De otra parte, se controvierte la orden de compulsar copias para que el Consejo
Seccional de la Judicatura valore la conducta de los apoderados de la parte actora y
de ser necesario, investigue su proceder respecto del yerro en el que quisieron inducir
al tribunal con relación a la fecha de pago de las cesantías, aportando y afirmando
una fecha posterior a la que en realidad la entidad demandada puso a disposición los
dineros. Aduce la recurrente que la pretensión formulada corresponde a una
propuesta e interpretación de una norma de derecho, esto es, el parágrafo del artículo
5 de la Ley 1071 de 2006, pues está demostrado que el pago efectivo de las cesantías
reconocidas mediante Resolución No 3214 del 23 de junio de 2011 se materializó en
junio 30 de 2012, fecha en la cual cesó la sanción moratoria y no el 18 de octubre de
2011.

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44. La orden de compulsar copias representa un deber de los funcionarios judiciales
para poner en conocimiento de los órganos o autoridades competentes los actos u
omisiones que estimen podrían llegar a ser constitutivos de faltas. El argumento
central por el cual el tribunal ordena la compulsa de copias, es porque en su sentir,
los apoderados de la parte actora quisieron inducir a esa Corporación a error respecto
de la fecha de pago de las cesantías, afirmando y aportando recibo con una fecha
posterior a la fecha en que realidad la entidad puso a disposición el dinero de la
prestación social a pagar.

45. Pues bien, del acervo probatorio expuesto en líneas precedentes, se tiene que en
efecto, a folio 24 del expediente reposa desprendible de pago emitido por el banco
BBVA y en el cual se establece que las cesantías definitivas de la señora Adriana
Cardona fueron pagadas el 30 de noviembre de 2011. Con base en dicha prueba
documental, los apoderados de la parte actora reclamaron el reconocimiento de la
sanción moratoria desde el vencimiento de los 65 días hábiles después de haber
radicado la solicitud de las cesantías ante la entidad y «hasta cundo se hizo efectivo
el pago de la misma» pago que en su sentir, se efectuó el 30 de junio de 2012 de
acuerdo con la prueba documental antes mencionada.

46. Conforme a ello, considera la Sala que no se observa una maniobra de los
apoderados de la actora tendiente a inducir a error al tribunal respecto de la fecha que
debe tomarse para el cálculo de la penalidad, al existir una prueba documental con la
cual soportaba su pretensión, existiendo la posibilidad de desvirtuar dicha prueba a
cargo de la accionada lo cual, en principio no ocurrió en el caso bajo estudio, sino que
fue el mismo tribunal quien al decretar prueba de oficio solicitando que la entidad
certificara la fecha en la cual se había efectuado el pago de las cesantías a la
accionante, se hizo saber que la misma estuvo a disposición desde el 18 de octubre
de 2011 no siendo cobrada por su titular, lo cual conllevó a que se reprogramara pago
para el 30 de noviembre de 2012, fechas que son valoradas en la presente providencia
como aparece en los párrafos precedentes.

47. En consecuencia, se observa que la pretensión invocada por los apoderados de
la parte actora se tornaba plausible y ajustada a la prueba documental legítimamente
aportada al proceso con la presentación de la demanda, prueba que necesariamente
debía ser valorada como en efecto ocurrió por parte del aquo e inclusive, en esta
instancia sin que la misma fuera acogida por todas las razones ya expuestas, motivos

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por los cuales, se revocará el ordinal decimo de la sentencia de fecha 20 de abril de
2020 en cuanto en él se ordenó la compulsa de copias al Consejo Seccional de
Judicatura para que se valorara la conducta de los apoderados de la parte actora y se
encontrar merito, iniciar las investigaciones a que hubiese lugar.

48. En lo relacionado con la condena en costas y agencias en derecho impuestas en
la sentencia de primera instancia, la Sala estima que el a quo aplicó de manera
restrictiva lo dispuesto en el artículo 36529 del Código General del Proceso (CGP), por
remisión expresa del artículo 18830 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió
aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó
esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de
manera inexorable la imposición de tal condena. Por lo tanto, esta Sala considera que
la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en
costas, puesto que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida
y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le
fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener
certeza de que la conducta desplegada por aquella comporta temeridad o mala fe,
actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal
proceder de la parte demandante, no se impondrá condena en costas.

49. Con fundamento en lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la sentencia
de primera instancia de fecha 20 de abril de 2020 que condenó al Ministerio de
Educación- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el Magisterio a reconocer y
pagar sanción moratoria desde el 14 de mayo al 17 de octubre de 2011 y revocará
los ordinales sexto y décimo en los cuales condenó en costas a la parte vencida y
ordenó compulsar copias del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura para
que investigara la posible conducta disciplinaria de los apoderados de la parte actora,
respectivamente.

29 «En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las

siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación,
casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código.
Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones
previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…]».
30
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil».

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En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia de fecha 20
de abril de 2020 que condenó al Ministerio de Educación- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales el Magisterio a reconocer y pagar sanción moratoria desde el
14 de mayo al 17 de octubre de 2011 y demás ordinales de dicho proveído, excepto
los ordinales sexto y décimo en los cuales condenó en costas a la parte vencida y
ordenó compulsar copias del expediente al Consejo Seccional de la Judicatura para
que investigara la posible conducta disciplinaria de los apoderados de la parte actora,
los cuales se revocan conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al
tribunal de origen para lo de su competencia, previa las anotaciones en el sistema de
gestión judicial.

Notifíquese y cúmplase.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma Electrónica

CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firma Electrónica Firma Electrónica

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

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