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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01718-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2025-01718-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de febrero de 2025, proferida por el Consejo de Estado-Sección Cuarta y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela incoada por Luz Estela Delgado Mejía contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 18 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021 19 Corte Constitucional SU 282 de 2019 12 Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01718-01 Accionante: Luz Estela Delgado Mejía Resuelve impugnación TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2025-01718-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 11001-03-15-000-2025-01718-01
Accionante: LUZ ESTELA DELGADO MEJÍA
Autoridad: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Proceso: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido
el 29 de mayo de 2025 por el Consejo de Estado-Sección Cuarta, que negó la acción
de tutela interpuesta por la accionante contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 21 de marzo de 2025, Luz Estela Delgado Mejía, por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, para que se
amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración
de justicia y a la tutela judicial efectiva, que considera vulnerados por la autoridad
accionada al haber expedido la sentencia del 30 de octubre de 2024, mediante la cual se
revocó la sentencia de primera instancia y se negaron las pretensiones de la demanda,
en el marco del proceso con Radicado No. 05001-33-33-001-2020-00307-01.

Los accionantes plantearon las siguientes pretensiones (se transcriben, incluso con
errores):
« 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA- SALA
SÉPTIMA DE ORALIDAD, en la sentencia proferida el día 30 de octubre de
2024, en el expediente radicado No. 05001-33-33-001-2020-00307-01,
transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA de la
parte accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01718-01
Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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los postulados de la ley y, a la jurisprudencia constitucional y del órgano de
cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra
vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA-SALA SÉPTIMA DE ORALIDAD dejar sin
efectos la providencia referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR
nueva decisión haciendo un estudio de fondo sobre la controversia sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías en consonancia con amplio derrotero jurisprudencial que reconoce la
responsabilidad en esta materia a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag».

2. Hechos relevantes

El 2 de julio de 2019, la accionante solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), en calidad de docente oficial, el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales con destino a compra de vivienda. Mediante la Resolución núm.
201900004422 del 31 de julio de 2019, el ente previsional accedió a la solicitud, cuyo
pago se hizo efectivo el 21 de octubre de 2019.

El 4 de diciembre de 2019, la accionante presentó una reclamación administrativa ante
el FOMAG, para que le reconociera el pago de la sanción moratoria por el retardo en el
desembolso de las cesantías parciales. Sin embargo, la solicitud no fue contestada.

La accionante presentó una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio-, con el fin de que se declarara la nulidad del acto
administrativo ficto o presunto resultado del silencio administrativo negativo de la
administración y, en consecuencia, se ordenara el pago de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

El asunto, identificado con radicado número 05001-33-33-001-2020-00307-00,
correspondió, en primera instancia, al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Medellín. En sentencia del 30 de julio de 2021, declaró la nulidad del acto ficto o presunto
negativo configurado el 4 de marzo de 2020 y, en consecuencia, condenó al Ministerio
de Educación Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la
sanción moratoria causada durante el período comprendido entre el 11 de octubre de
2019 y el 20 de octubre de 2019.

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Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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Contra la anterior providencia el Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio presentó recurso de apelación basado en que, de
conformidad con el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la entidad territorial
sería responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías cuando
el pago extemporáneo se genere por incumplimiento de los plazos por parte de la
Secretaría de Educación territorial.

El Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Séptima de Oralidad, revocó la providencia
de primera instancia, por considerar que a partir del 25 de mayo de 2019, la
responsabilidad del pago de la sanción por mora recae en cabeza de la entidad territorial
y de la Fiduprevisora S.A. El ad quem expuso que, de acuerdo con el parágrafo del
artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, la entidad territorial será responsable del pago de la
sanción moratoria cuando la dilación se haya generado como consecuencia del
incumplimiento de los términos otorgados para la radicación de la solicitud de pago de
cesantías por parte de las secretarías de educación territoriales ante el FOMAG. Al
encontrar probado dicho supuesto fáctico, concluyó que la causante de la mora fue la
Secretaría de Educación de Bello, que no fue demandada en ese entonces.

3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora aseguró que la autoridad judicial demandada vulneró los derechos
fundamentales invocados, porque incurrió en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente.

Alegó que el tribunal accionado desconoció la Sentencia de Unificación SUJ-012-2018
del 18 de julio de 2018, en la cual la Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso
que la entidad responsable de realizar el pago de la sanción moratoria es el FOMAG.
Asimismo, manifestó que en la sentencia del 8 de julio de 2021, radicado 05001-23-33-
000-2016-01673-01 (1606-19), la Sección Segunda-Subsección B del Consejo de Estado
ordenó al FOMAG pagar la sanción moratoria por consignación extemporánea de las
cesantías y adicionó la sentencia apelada en el sentido de «declarar probada la excepción
denominada falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Medellín
(Antioquia)».

También se refirió a las sentencias del 12 de septiembre de 2022, radicado número
66001-23-33-000-2017-00072-01, y del 6 de marzo de 2024, radicado número 47001-23-

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01718-01
Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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33-000-2021-00216-01, en las que se expone la responsabilidad de pago en cabeza del
FOMAG y no en las entidades delegadas o fiduciarias.

Adicionalmente, adujo que se desconoció el precedente judicial horizontal, para lo cual
mencionó que las sentencias del 6 de diciembre de 2023 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena y del 24 de mayo de 2019 en el expediente con radicado
número 1700-33-39-007-2016-00288-02 del Tribunal Administrativo de Caldas, se falló
con el mismo argumento.

Concluyó que de conformidad con el precedente vertical y horizontal, el FOMAG tiene a
su cargo el pago de la sanción moratoria. Por lo tanto, sostuvo que el Tribunal accionado
no justificó adecuadamente su decisión de apartarse del precedente jurisprudencial, lo
cual constituye una violación al principio de igualdad, seguridad jurídica y debido proceso.
La decisión judicial impugnada se basó en una interpretación aislada de la Ley 1955 de
2019, sin demostrar que la mora fuera atribuible a la Secretaría de Educación del
Municipio de Bello.

4. Trámite de primera instancia

El asunto correspondió, en primera instancia, al Consejo de Estado-Sección Cuarta.
Mediante auto del 27 de marzo de 20251, se admitió la acción de tutela, se ordenó la
notificación a los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia-Sala Séptima de
Decisión, como demandados, así como al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Medellín y a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en calidad de terceros con interés.

En su escrito de contestación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del
magistrado ponente de la sentencia enjuiciada2 solicitó que se niegue el amparo. Analizó
el precedente invocado por la accionante y concluyó que, como no se aplicaba la Ley
1955 de 2019 en esos casos, no podía esgrimirse como desconocido. Bajo ese
entendido, el accionado manifestó que la decisión del 30 de octubre de 2024 obedeció a
las normas y al criterio jurisprudencial vigente que para el caso resultaba aplicable.

1 SAMAI, índice 5 de primera instancia.
2 SAMAI, índice 12 de primera instancia.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01718-01
Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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El Juez Primero Administrativo del Circuito de Medellín remitió el expediente digital del
proceso enjuiciado, sin rendir informe sobre los hechos3.

Por su parte, la Fiduprevisora S.A., como vocera y defensora jurídica del FOMAG4, allegó
un memorial en el que solicitó la nulidad de lo actuado, basada en que no se le había
notificado el auto admisorio de la acción, por lo cual se le había vulnerado su derecho de
contradicción.

Finalmente, el Ministerio de Educación 5 solicitó que declare improcedente la acción.
Manifiesta que el caso no es de relevancia constitucional, porque no involucra
vulneraciones a las garantías procesales y fundamentales y no se compromete
gravemente la existencia o supervivencia de la accionante. Agregó que no se evidencia
violación alguna a los derechos de la accionante, lo cual constituye una causal de
improcedencia de la acción constitucional.

En sentencia del 29 de mayo de 20256, el Consejo de Estado-Sección Cuarta negó el
amparo. Consideró que, si bien se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial, no se desconoció el precedente
aplicable al asunto.

El a quo constitucional expresó que todas las sentencias que la accionante alegó como
desconocidas, salvo la del 6 de marzo de 20247, no tenían relevancia para el caso, porque
se referían a supuestos de hecho anteriores a la Ley 1955 de 2019. Esta ley introdujo la
regla que fundamentó la sentencia enjuiciada por vía de tutela, relativa a que si la entidad
territorial es quien causa la mora, está llamada a responder por la sanción derivada de la
tardía consignación de las cesantías. Esta regla fue empleada, en la sentencia del 6 de
marzo de 2024, invocada por el demandante.

Además de las consideraciones de fondo respecto del amparo, la Sección Cuarta negó
la solicitud de nulidad presentada por Fiduprevisora S.A., al encontrar probada la
notificación del auto admisorio a sus canales digitales.

3 SAMAI, índice 14 de primera instancia.
4 SAMAI, índice 15 de primera instancia.
5 SAMAI, índice 18 de primera instancia.
6 SAMAI, índice 20 de primera instancia. Notificada por correo electrónico el 5 de junio siguiente. SAMAI, índice 23 de

primera instancia.
7 Radicado No. 47001-23-33-000-2021-00216-01

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Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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Mediante memorial del 10 de junio de 20258, la parte accionante impugnó la decisión,
argumentando que la consideración de que las sentencias invocadas no presentan
similitud fáctica con su caso es errónea. Adujo que las sentencias invocadas, expedidas
con posterioridad a la vigencia de la Ley 1955 de 2019, fijan una «regla jurisprudencial
orientadora» en estos casos, consistente en que la responsabilidad por su satisfacción
recae, exclusivamente, en el FOMAG. Considera que la intervención de la entidades
territoriales en el manejo operativo de las cesantías constituye una delegación, que no
exime a dicha cartera de las consecuencias jurídicas del retardo en la gestión ni de la
responsabilidad por su obligación legal de pagar las prestaciones sociales a los docentes
oficiales.

El recurso fue concedido mediante auto del 18 de junio de 20259.

II. CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
29 de mayo de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que negó
el amparo solicitado por la accionante.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de primera
instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el
Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede excepcionalmente
contra providencias judiciales, si se advierte la afectación manifiesta y grosera de un
derecho constitucional fundamental10. De conformidad con su jurisprudencia, la tutela

8 SAMAI, índice 26 de primera instancia.
9 SAMAI, índice 28 de primera instancia. Notificado el 19 del mismo mes. SAMAI, índice 31 de primera instancia.
10 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01718-01
Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) que
la controversia tenga relevancia constitucional; (ii) que el afectado haya agotado todos
los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que
se configure un perjuicio irremediable; (iii) que la tutela se formule con inmediatez; (iv) si
se trata de una irregularidad procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; (v)
que la solicitud señale con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta
vulneración; vi) que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de
tutela11.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una prueba;
falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un precepto; error
inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del «precedente»
constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación directa de la
Constitución.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado, desde 2014, los siguientes elementos
para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional12: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo cual
no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se deben
expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto
de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que la tutela no
constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la
providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto constitucional y no
meramente legal y/o económico.

Adicionalmente, en sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que los
elementos antes expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de
relevancia constitucional. Sostuvo que «la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

11 Ibidem.
12 Consejo de Estado. Sala Plena. Sentencia del 5 de agosto de 2014. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Rad.

11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron origen
a la controversia judicial». Precisó que el requisito de relevancia constitucional es
consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad de los
jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional. Además de
lo anterior, la Corte indicó que:
«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones;
(ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la
preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la
protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la
prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los
procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

El extremo accionante plantea que la sentencia enjuiciada es violatoria de su derecho
fundamental al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la tutela
judicial efectiva, con base en el desconocimiento del precedente judicial aplicable al
asunto.

Alega que el Tribunal se apartó de lo dicho en la Sentencia de Unificación SUJ-012-2018
del 18 de julio de 2018, dictada por la Sección Segunda de esta Corporación13, entre
otras providencias proferidas por sus subsecciones14 y por los Tribunales Administrativos
de Caldas15 y Magdalena16, en las cuales se indica que la responsabilidad por el pago de
las prestaciones sociales del magisterio recae en el FOMAG. Adicionalmente, en su
escrito de impugnación, puso de presente que la delegación que hizo el Ministerio de
Educación a las entidades territoriales no eximía al FOMAG del cumplimiento de su
obligación de pagar las prestaciones sociales a los docentes oficiales.

La Sala, al analizar los argumentos de la demanda de tutela, de las contestaciones y de
la impugnación, en concordancia con lo consignado en el expediente, modificará la
sentencia de primera instancia, dado que encuentra improcedente la acción al no revestir
relevancia constitucional para abrir el debate en sede constitucional. Esto se deriva de
que la accionante plantea un mero desacuerdo con la decisión de del Tribunal, al punto

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 18 de julio de 2018. Rad. 73001-23-33-000-2014-00580-01.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 8 de julio de 2021, Rad. 05001-23-33-000-2016-01673-01;

sentencia del 12 de septiembre de 2022, Rad. 66001-23-33-000-2017-00072-01; sentencia del 6 de marzo de 2024,
Rad. 47001-23-33-000-2021-00216-01.
15 Tribunal Administrativo de Caldas. Sentencia del 24 de mayo de 2019.
16 Tribunal Administrativo del Magdalena. Sentencia del 6 de diciembre de 2023.

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que pretende la aplicación de una regla jurídica distinta a la que advirtió el ad quem y que
en derecho está vigente. A pesar de que en cualquier litigio estén principios
constitucionales en juego, más aun tratándose del debido proceso, la diferencia de criterio
jurídico con los jueces de instancia no suscita una discusión relevante para el juez
constitucional.

En ese sentido, la Sala advierte que los argumentos presentados por la parte accionante
no acreditan una vulneración o amenaza de derechos fundamentales, sino que se
encaminan a volver sobre la controversia decidida por los jueces de conocimiento y
cuestionar el análisis de las normas y jurisprudencia aplicables al asunto adelantado por
el juez de instancia. Además de ello, revisados los fundamentos jurídicos que motivaron
la decisión, la Sala estima que provienen de una interpretación no solamente razonable,
sino coherente con lo consignado en las Leyes 1955 de 2019, el Decreto 942 de 2022 y
en el precedente judicial invocado por el mismo accionante.

Así, el Tribunal puso de presente que el Decreto mencionado modificó el artículo
2.4.4.2.3.2.28 del Decreto 1075 de 2015, en el siguiente sentido:

«ARTÍCULO 2.4.4.2.3.2.28. Sanción moratoria. La Entidad Territorial
Certificada en Educación y la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán las
responsables del pago de la sanción por mora en el pago tardío de las
cesantías, en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere
como consecuencia del incumplimiento de los términos previstos para cada una
de ellas en los artículos 2.4.4.2.3.2.22 y 2.4.4.2.3.2.27 del presente decreto, así
como de los términos aplicables para la notificación y la resolución de recursos
de acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.

Los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solo
podrán destinarse para garantizar el pago de las prestaciones económicas,
sociales y asistenciales a sus afiliados docentes, pensionados y beneficiarios.
La sanción moratoria no afectará los recursos del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y, en caso de presentarse, su pago será
responsabilidad de la entidad que la genere.

PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable de pagar la sanción por
mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago
extemporáneo de la prestación se generó como consecuencia del
incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la
solicitud de pago de cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En caso de que se presenten demoras en el pago de las cesantías
imputables a la sociedad fiduciaria encargada de la administración de los
recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que
ocasionen sanción moratoria, deberá ser cubierta con el patrimonio de la
sociedad fiduciaria.

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En el evento en que la sanción por mora resulte imputable a las dos entidades
antes enunciadas, ésta deberá calcularse y pagarse de forma proporcional
según los días de retraso en el reconocimiento o el pago que corresponda para
cada entidad».

Con base en esa modificación normativa, el Tribunal concluyó que:

• «La sanción moratoria deprecada por la parte actora se encuentra
configurada entre el 8 de octubre de 2019 y el 15 de octubre de 2019, para
un total de 7 días calendario.

• La mora que dio lugar a la sanción reclamada tuvo su origen en la actuación
de la entidad territorial, la cual desconoció los términos legales para expedir
el proyecto de acto administrativo de reconocimiento de las cesantías.

• La entidad demandada, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a partir de la vigencia de la Ley 1955 de 2019, no
puede asumir con recursos propios ningún tipo de indemnización
económica reconocida por vía judicial o administrativa, siendo radicada la
financiación de la sanción moratoria en el pago de las cesantías en cabeza
de las entidades territoriales y la Fiduprevisora S.A., según el caso –demora
en los términos de expedición y notificación del acto administrativo o retardo
en el término para poner a disposición el valor reconocido por concepto de
cesantías–, entidades que en el presente proceso no fueron llamadas por
la parte actora a integrar la Litis

En consecuencia, toda vez que la entidad demandada no es la llamada a
cumplir con las pretensiones de la demanda en la medida que la entidad
causante de la mora fue la Secretaría de Educación del Municipio de Bello, la
Sala de Decisión procederá a REVOCAR la decisión apelada y, en su lugar,
negar las pretensiones de la demanda».

La misma regla fue aplicada en la sentencia del 6 de marzo de 202417, proferida por la
Sección Segunda-Subsección A de esta Corporación y la única invocada por la
accionante en su escrito de tutela que abordaba un trámite bajo la vigencia de la Ley
1955 de 2019, al establecer que:

«La Subsección precisa que aun cuando la radicación de las cesantías se
presentó bajo la vigencia de la Ley 1955 de 2019 -10 de noviembre de 2020-
y esta permite analizar la intervención del ente territorial a fin de endilgarle
responsabilidad, es necesario que se cumpla el supuesto previsto en la norma
consistente en el incumplimiento de este frente a los términos para la
entrega de la solicitud de pago al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio».

Como el Tribunal encontró probado que la Secretaría de Educación de Bello fue la
responsable de la mora, concluyó que se encontraba frente al supuesto normativo
enunciado, lo cual no resulta arbitrario ni irrazonable. Por ello, al no advertirse una

17 Rad. 47001-23-33-000-2021-00216-01

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Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
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actuación caprichosa por parte de la autoridad judicial accionada, resulta improcedente
que el juez de tutela revise o evalúe la interpretación y alcance dado por el juez natural
del asunto. La acción de tutela no es una instancia adicional al proceso ordinario, ni está
prevista para desconocer la autonomía e independencia que caracteriza las actuaciones
judiciales. Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia atinente a la relevancia constitucional. Por eso, la sentencia será
modificada para, en lugar de negar, declarar improcedente la acción de amparo.

Además de lo expuesto, la acción de tutela enjuicia una providencia judicial por concepto
de una sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Esta pretensión, netamente
económica, escapa de la órbita del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o
amenaza de derechos fundamentales. Por demás, la jurisprudencia constitucional ha
señalado que ese tipo de pretensiones "deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes18.Circunstancia que refuerza la falta de
relevancia constitucional. Como lo ha establecido la Corte Constitucional “la relevancia
constitucional requiere que la cuestión tenga trascendencia Superior y no solamente
legal, contractual o de otra naturaleza, como sería la exclusivamente económica”19

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 17 de febrero de 2025, proferida por el Consejo
de Estado-Sección Cuarta y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de
tutela incoada por Luz Estela Delgado Mejía contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

18 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021
19 Corte Constitucional SU 282 de 2019

12
Expediente No. 11001-03-15-000-2025-01718-01
Accionante: Luz Estela Delgado Mejía
Resuelve impugnación

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
vf

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