Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06947-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06947-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-06947-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
3 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-06947-01
Demandante: Omaira Arcila Hernández
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-06947-01
Demandante OMAIRA ARCILA HERNÁNDEZ
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE QUINDIO
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Desconocimiento del
precedente. Medio de control de nulidad y restablecimiento. Sanción
moratoria por reconocimiento y pago tardío de las cesantías. Docente
oficial.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Omaira Arcila Hernández
contra la sentencia de 31 de enero de 2025, proferida por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B que dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: NIÉGASE la solicitud de amparo presentada por Omaira Arcila Hernández.
SEGUNDO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación presentada por el Juzgado Segundo
Administrativo de Armenia y La Fiduprevisora S.A.».
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 17 de diciembre de 20241, mediante apoderado judicial, la señora Omaira Arcila
Hernández instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso
a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita)
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO – SALA TERCERA DE
DECISIÓN, en la sentencia proferida el día 8 de noviembre de 2024, en el expediente radicado
No. 63001-3333-002-2021-00141-00, transgredió los derechos fundamentales transgredió los
derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, PREVALENCIA DE LO SUSTANCIAL
SOBRE LO FORMAL, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA Y DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL de la parte
accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de
la ley y la postura del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL QUINDÍO- SALA TERCERA DE DECISIÓN, DEJAR SIN EFECTOS la providencia
judicial referida en el numeral anterior y, en su lugar, PROFERIR nueva decisión haciendo un
estudio de fondo sobre la controversia sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
por el pago tardío de las cesantías en consonancia con amplio derrotero jurisprudencial que
reconoce la responsabilidad en esta materia a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Samai, índice 2.
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Demandante: Omaira Arcila Hernández
2.1. El 26 de marzo de 2019, la señora Omaira Arcila Hernández solicitó a la
Secretaría de Educación de Armenia, en su calidad de docente oficial, el
reconocimiento y pago de cesantías parciales para reparación de vivienda.
Mediante Resolución 1473 del 22 de julio de 2020 se accedió a la solicitud,
cuyo pago se hizo el 8 de octubre de 2020.
2.2. El 29 de octubre de 2020, la accionante presentó reclamación administrativa
ante la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Armenia para que se
reconociera el pago de la sanción moratoria por el retardo en el desembolso
de las cesantías parciales.
2.3. En el año 2021, la señora Omaira Arcila Hernández presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), con el fin de que obtener la declaratoria de
nulidad del acto administrativo ficto mediante el cual se negó la sanción
moratoria y el pago de esta última.
2.4. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo
de Armenia bajo el radicado Nro. 63001-33-33-002-2021-00141-00, que
mediante sentencia del 18 de agosto de 2023 accedió a las pretensiones de
la demanda.
El Juzgado sustentó su decisión en que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio incurrió en un retardo al expedir el acto administrativo
que liquidó las cesantías parciales de la docente Omaira Arcila Hernández.
Explicó que la petición de la prestación social se radicó el 26 de marzo de
2019; por lo tanto, el plazo de los 15 días hábiles previsto en el artículo 4 2 de
la Ley 1071 de 2006 feneció el 16 de abril de 2019. Aun así, la Resolución
1473 solo se expidió hasta el 22 de julio de 2020, es decir 323 días hábiles
después de la solicitud.
Recordó que de acuerdo con la Sentencia de Unificación CE-SUJ-SII-012-
2018 del 18 de julio de 2018 el término para el cómputo de la sanción
moratoria empieza 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento: 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (art. 4 de la Ley 1071 de 2006); 10 días hábiles del término de
ejecutoria de la decisión (arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011); y 45 días
hábiles a partir del día en que quedó en firme el acto administrativo (art. 5 de
la Ley 1071 de 2006).
Indicó que de acuerdo con la fecha en que se radicó la solicitud de retiro de
cesantías parciales (26 de marzo de 2019), la sanción moratoria se causó a
partir del 11 de julio de 2019, esto es, al día siguiente del vencimiento de los
70 días hábiles con que contaba el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio para el reconocimiento y pago de la prestación aludida. Mora
que se generó hasta el 18 de septiembre de 2020, día anterior a la fecha en
que se hizo efectivo el pago de la suma reconocida (19 de septiembre de
2020). En suma, el Juzgado aseguró que «se causó un período de mora desde el 11
de julio de 2019 hasta el 18 de septiembre de 2020, es decir, 436 días»
Por último, resaltó que el 21 de junio de 2022 el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconoció a la señora Omaira Arcila
Hernández, en forma extrajudicial, la suma de $22.735.936 por concepto de
2
Ley 1071 de 2006. Artículo 4: «Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud
de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos
los requisitos determinados en la ley».
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la sanción moratoria causada entre el 11 de julio de 2019 y el 31 de diciembre
de 2019 equivalente a 174 días de penalidad. En virtud de lo anterior,
descontó del total de la sanción moratoria (436 días) dicho pago parcial
equivalente a 174 días. Por lo tanto, concluyó que quedaron pendientes 262
días de penalidad correspondientes al tiempo transcurrido entre el 1° de enero
de 2020 y el 18 de septiembre de 2020.
En consecuencia, dispuso lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la existencia del acto ficto suscitado por falta de respuesta de la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
a la solicitud presentada por la señora Omaira Arcila Hernández el 29 de octubre de 2020, y
en consecuencia declárese su nulidad.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada
día de retardo desde el 1° de enero de 2020 al 18 de septiembre de 2020, a título de la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, liquidable con
base en la ASIGNACIÓN BÁSICA devengada por la señora Omaira Arcila Hernández en la
anualidad de 2019, atendiendo las consideraciones anotadas en este proveído».
2.5. La anterior providencia fue apelada por la Nación, Ministerio de Educación
Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sostuvo
que según el artículo 57, parágrafo de la Ley 1955 de 2019 «La entidad territorial
será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos
eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento
de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por
parte de la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será
responsable únicamente del pago de las cesantías.» Por lo tanto, consideró que la
sanción moratoria causada a partir del 1° de enero de 2020 debía ser asumida
por la entidad territorial y que, en consecuencia, el Juzgado condenó por un
tiempo superior al cual debe responder y pagar.
2.6. Mediante sentencia del 8 de noviembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Tercera de Decisión modificó la decisión de primera instancia,
en el sentido de condenar al FOMAG a pagar la mora generada únicamente
hasta el 31 de diciembre de 2019. Así lo dispuso la autoridad judicial:
«Primero: Declarar la nulidad parcial del acto ficto suscitado por falta de respuesta de la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
a la solicitud presentada por la señora Omaira Arcila Hernández el 29 de octubre de 2020.
Segundo: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, condenar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, al reconocimiento y pago de la suma de tres
millones trescientos noventa y siete mil doscientos treinta y siete pesos moneda corriente
($3.397.237,oo.), por el saldo insoluto adeudado a la demandante señora Omaira Arcila
Hernández, que corresponde a la sanción moratoria del periodo que va desde el 11 de julio
de 2019 al 31 de diciembre del mismo año, lo anterior atendiendo las consideraciones
anotadas en este proveído».
3. Fundamentos de la acción
Tras considerar que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, la parte actora argumentó que la autoridad
judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente según el cual el FOMAG es el responsable del pago de la sanción
moratoria del personal docente.
Específicamente, manifestó que el Tribunal accionado desconoció la Sentencia de
Unificación SUJ-012-2018 del 18 de julio de 2018, en la cual la Sección Segunda
del Consejo de Estado dispuso que la entidad responsable de realizar el pago de la
sanción moratoria es el FOMAG.
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Asimismo, manifestó que en la sentencia del 8 de julio de 2021, radicado Nro. 05001-
23-33-000-2016-01673-01 (1606-19), la Sección Segunda – Subsección B ordenó al
FOMAG pagar la sanción moratoria por consignación extemporánea de las
cesantías y adicionó la sentencia apelada en el sentido de «declarar probada la
excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Medellín
(Antioquía)». También se refirió a las sentencias del 12 de septiembre de 2022,
radicado Nro. 66001-23 33-000-2017-00072-01 y de 6 de marzo de 2024 en las que
se expone la responsabilidad de pago en cabeza del FOMAG y no en las entidades
delegadas o fiduciarias.
Por último, mencionó las sentencias del 6 de diciembre de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo del Magdalena y del 24 de mayo de 2019 Nro. 1700-33-39
007-2016-00288-02 del Tribunal Administrativo de Caldas, en las que se falló con el
mismo argumento.
Concluyó que, de conformidad con el precedente vertical y horizontal, FOMAG tiene
a su cargo el pago de la sanción moratoria. Por lo tanto, sostuvo que la decisión
adoptada por el Tribunal Administrativo del Quindío se apartó del precedente
aplicable, sin ofrecer una justificación que respaldara la tesis adoptada.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 14 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la señora Omaira Arcila Hernández contra el Tribunal
Administrativo del Quindío; se ordenó notificar en calidad de terceros a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al Juzgado Segundo Administrativo Oral de Armenia;
se reconoció personería al abogado Yobany Alberto López Quintero como
apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso efectuar las
notificaciones correspondientes.
4.2. El Juzgado Segundo Administrativo de Armenia aseguró que carece de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que los reproches de la parte
actora se dirigen contra el Tribunal que fungió como segunda instancia.
4.3. La Fiduprevisora S.A sostuvo que la parte actora no acreditó el cumplimiento
de las causales genéricas y específicas de procedibilidad, que no tiene
legitimación en la causa por pasiva debido a que la tutela se dirige contra el
Tribunal Administrativo del Quindío y que de su parte no ha existido
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante.
Por lo tanto, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela y
su desvinculación del trámite.
4.4. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que el caso no es de
relevancia constitucional, porque no involucra vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales y no se compromete gravemente la existencia o
supervivencia de la accionante. Agregó que no se evidencia violación alguna
a los derechos de la accionante, lo cual constituye una causal de
improcedencia de la acción constitucional. Por lo tanto, solicitó la declaratoria
de improcedencia de la acción de tutela.
4.5. El Tribunal Administrativo de Quindío remitió el expediente digital.
5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 31 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B negó el amparo, por considerar que el tribunal accionado no
incurrió en el defecto propuesto.
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Con relación a la Sentencia de Unificación SUJ-012-2018 del 18 de julio de 2018,
el juez de tutela sostuvo que el tribunal accionado sí se refirió ampliamente a esa
decisión en la sentencia controvertida para determinar la procedencia del
reconocimiento de la sanción moratoria a favor de la accionante. A su vez, sostuvo
que lo sostenido por el tribunal no contradice tal precedente porque en esa
sentencia de unificación no hubo un pronunciamiento sobre la aplicación de la Ley
1955 de 2019. Además, esta última fue proferida en una fecha anterior a la
publicación de la Ley 1955 de 2019, la cual introdujo como entidad responsable del
pago de la sanción moratoria a las entidades territoriales.
De otra parte, el juez de tutela manifestó que las otras sentencias proferidas por
ambas Subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado no tienen
identidad fáctica con el caso de la accionante. Sobre la sentencia del 6 de marzo
de 2024, proferida por la Subsección A, el juez de tutela manifestó que en ese caso
no se acreditó la falta de diligencia de la entidad territorial y esa fue la razón por la
que la sanción fue impuesta en su totalidad a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG.
Sumado a lo anterior, el juez de primera instancia resaltó que, si bien la accionante
alegó haber presentado la reclamación para solicitar el pago de la sanción
moratoria tanto a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – FOMAG como al
Municipio de Armenia, lo cierto es que omitió presentar la demanda contra el
municipio y la dirigió solamente contra el primero de estos. En ese sentido,
manifestó que dicha omisión no se puede subsanar por vía de la acción de tutela.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia de primera instancia. Expresó su
inconformidad con que el juez de tutela haya manifestado que las sentencias
invocadas no presentan similitud fáctica con su caso.
Sostuvo que en las providencias invocadas del Consejo de Estado, particularmente
en las de 8 de julio de 2021 (Radicado Nro. 05001-23-33-000-2016-01673-01) y 12 de
septiembre de 2022 (Radicado Nro. 66001-23 33-000-2017-00072-01), se realizó un
análisis exhaustivo sobre las competencias atribuidas a la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - FOMAG, en virtud del cual se concluye que la entidad
responsable del reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
1071 de 2006 es, precisamente, la Nación. Esta conclusión se basa en la Ley 91
de 1989 que establece que la garantía de las prestaciones sociales de los docentes
corresponde al FOMAG.
En dichas providencias también se aclara que las entidades territoriales cumplen
únicamente un rol de intermediación en el trámite administrativo de radicación,
proyección del acto administrativo y su notificación, mientras que la sociedad
fiduciaria Fiduprevisora S.A. se encarga de administrar los recursos públicos del
FOMAG para tales fines.
En consecuencia, la responsabilidad por el pago de la sanción moratoria recae en
el Ministerio de Educación Nacional, cuya función es asegurar el cumplimiento
efectivo de las obligaciones prestacionales.
Agregó que «en sentencia emitida con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1955 de
2019 -8 de julio de 2021» se señaló que «el cumplimiento de la condena impuesta en la
providencia apelada está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que
paga las prestaciones sociales que son reconocidas por la Nación, a través del Ministerio de
Educación Nacional, y es el ente encargado del reconocimiento y cancelación de las cesantías de
los docentes afiliados. En consecuencia, se declarará probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del ente territorial, pues resulta claro que no es el obligado legalmente a
satisfacer lo dispuesto en este fallo, comoquiera que no funge como ordenador de los recursos del
Fomag».
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Demandante: Omaira Arcila Hernández
En consecuencia, aseguró que de las sentencias alegadas como desconocidas se
desprende que aunque las entidades territoriales y la Fiduprevisora S.A. intervienen
en la gestión administrativa del reconocimiento y pago de cesantías, la obligación
de pago recae exclusivamente en la Nación - Ministerio de Educación Nacional MEN
a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG, al ser
el encargado de velar por los derechos laborales de los docentes.
Por lo tanto, insistió en que el Tribunal accionado incurrió en desconocimiento del
precedente vertical del Consejo de Estado sobre la materia.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin
embargo, es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, la Sala determinará si le asistió razón al
juez de primera instancia al negar el amparo solicitado.
Adicionalmente, se adverte el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencia judicial. Esto obedece a que se
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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expusieron los hechos y los motivos por los cuales se considera que la autoridad
judicial accionada incurrió en yerros al modificar la decisión de primera instancia, el
asunto no se trata de una tutela interpuesta contra una providencia de tutela; la
acción de tutela se presentó en un término razonable; la parte actora no cuenta con
otros mecanismos judiciales de defensa idóneos para exponer los cargos
desarrollados en el escrito de tutela; no podría entenderse que la tutela se está
empleando como una instancia adicional pues no fue la parte actora la que ejerció
el recurso de apelación en el medio de control; y la tutela interpuesta persigue la
protección de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia
presuntamente vulnerados con ocasión del desconocimiento del precedente.
Así las cosas, la Sala determinará si al proferir la sentencia de 8 de noviembre de
2024, en el marco del proceso disciplinario bajo el radicado Nro. 63001-33-33-002-
2021-00141-01 el Tribunal Administrativo del Quindío, Sala Tercera de Decisión,
incurrió en el defecto propuesto por la parte actora.
4. Alcance del desconocimiento del precedente
El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese
precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de
decidir el nuevo caso. De esa forma se busca armonizar y salvaguardar los
principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos idénticos se decidan
de la misma forma y así se garantice el debido proceso del ciudadano.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los) caso(s)
del pasado, sólo i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a
los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, ii) si la consecuencia jurídica aplicada a
los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y iii) si la regla
jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que
modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».
Para la Sala es posible plantear la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y
jurídica con el caso en que se solicita su aplicación (existencia del precedente); (ii)
que tales decisiones (precedentes) sean vinculantes para la autoridad judicial
demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante
suficiente (vinculatoriedad); (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de
tutela sea contraria al precedente vinculante (contradicción con el precedente
vinculante); (iv) que el juez de instancia no presente una justificación razonable para
apartarse del precedente vinculante (inexistencia de justificación razonable para
separarse del precedente).
El desconocimiento del precedente constitucional es una causal autónoma y
específica de procedibilidad, que se configura, entre otros motivos: (i) cuando se
contraría la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad y/o (ii) cuando se
desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado a través de la ratio
decidendi de sus sentencias de tutela, mucho más cuando se trata de sentencias
de unificación.
Al referirse al defecto por desconocimiento del precedente y los requisitos para
apartarse válidamente de este, la Corte Constitucional ha precisado que deben
cumplirse con los requisitos de transparencia y suficiencia, en virtud de los cuales
el juez de la causa no solo debe identificar y referirse a la decisión judicial de la que
se aparta, sino también explicar los motivos por los que decide apartarse del
precedente existente. Entonces, es insuficiente ofrecer argumentos en un sentido
contrario al del precedente, pues además se debe demostrar con argumentos
7
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Demandante: Omaira Arcila Hernández
sólidos que el precedente vigente no es válido, correcto o suficiente para resolver el
caso sometido a decisión.
5. Análisis del caso
5.1. Explicado lo anterior, la Sala se referirá a las motivaciones de la sentencia de
8 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo del
Quindío, Sala Tercera de Decisión modificó la providencia de primera
instancia, por considerar que el FOMAG solo estaba obligado a pagar la
sanción moratoria generada hasta el 31 de diciembre de 2019.
El Tribunal accionado expuso que de acuerdo con el parágrafo del artículo 57
de la Ley 1955 de 2019 la entidad territorial será responsable del pago de la
sanción moratoria cuando la dilación se haya generado como consecuencia
del incumplimiento de los términos otorgados para la radicación de la solicitud
de pago de cesantías por parte de las secretarías de educación territoriales
ante el FOMAG. Esto significa que a partir de la vigencia de la mencionada ley
(25 de mayo de 2019) la responsabilidad del pago de la sanción por mora no
recae exclusivamente el FOMAG, como lo establecían las normas anteriores
a la Ley 1955 de 2019.
Con base en lo anterior, el Tribunal dispuso las siguientes reglas:
(i) A partir de la vigencia de la Ley 1955 de 2019 (25 de mayo de 2019), la entidad
territorial correspondiente responderá por la mora que le sea imputable, la cual
se genera cuando se expide el acto administrativo en el que se concede la
cesantía con posterioridad al plazo de 15 días hábiles que preceptuó el artículo
4º de la Ley 1071 de 2006.
(ii) El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
responderá por la mora que se cause hasta el 31 de diciembre de 2019, por el
incumplimiento del término de 45 días hábiles para realizar el pago de las
cesantías reconocidas, de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley
1071 de 2006.
(iii) La Fiduciaria la Previsora S.A. responderá por la mora en el pago de las
cesantías a partir de 1 de enero de 2020, de acuerdo con lo señalado en el art.
5 de la Ley 1071 de 2006.
Añadió que la responsabilidad de las entidades es individual y divisible, lo cual
genera un litis consorte facultativo entre estos. En consecuencia, aseguró que
si no se demanda al causante de la mora habrá que negar las pretensiones
sin ser necesario realizar ninguna vinculación o pronunciamiento adicional al
respecto.
Por lo expuesto, coincidió con el juez de primera instancia, frente a que la
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción por mora
«por el periodo comprendido entre el 11 de julio de 2019 (Día siguiente al fenecimiento del
plazo para pagar) hasta el 18 de septiembre de 2020 (día anterior al pago de las cesantías),
para un total de 436 días de mora». Sin embargo, manifestó que la obligación del
FOMAG de asumir el pago de la sanción moratoria se limitaba «hasta el 31 de
diciembre de 2019 y a partir 1 de enero de 2020 es la Fiduciaria la Previsora S.A., quien
responderá por la mora en el pago de dichas prestaciones».
Precisó que, si bien la petición de reconocimiento de las cesantías se radicó
el 26 de marzo de 2019, es decir con anterioridad a la expedición de la Ley
1955 de 2019, lo cierto es que la sanción se causó el 10 de julio de 2019 y el
plazo de pago de los 45 días hábiles feneció cuando esa norma ya había
entrado en vigencia (25 de mayo de 2019). De manera que «el trámite legal
relativo al reconocimiento y pago se surtió cuando ya estaba vigente la disposición
mencionada». Entonces, teniendo en cuenta que la Ley 1955 de 2019 es
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Demandante: Omaira Arcila Hernández
aplicable al caso, aseguró que era imprescindible (i) analizar el cumplimiento
de las obligaciones por parte de cada una de las entidades a cargo, es decir
de los entes territoriales y del FOMAG; y (ii) no pasar por alto que FOMAG
solo respondería hasta el 31 de diciembre de 2019 y a partir 1 de enero de
2020 tal carga recaería en la Fiduciaria la Previsora S.A.
Así las cosas, el Tribunal aseguró que al FOMAG solo le era exigible la mora
causada hasta 31 de diciembre de 2019. Por lo tanto, consideró que la
sentencia de primera instancia debía modificarse en el sentido de condenar al
FOMAG únicamente por lo adeudado hasta esa fecha.
Agregó que al no haber sido demandado ni el Municipio de Armenia, ni la
Fiduciaria la Previsora S.A. no era necesario realizar ninguna vinculación o
pronunciamiento adicional al respecto.
5.2. Expuestas las consideraciones que fundamentaron la decisión de la autoridad
judicial accionada, la Sala considera que en el caso el Tribunal Administrativo
de Quindío no incurrió en desconocimiento del precedente.
En cuanto a la Sentencia de Unificación SUJ-012-2018 del 18 de julio de 2018,
se advierte que en esta no existe pronunciamiento sobre la Ley 1955 de 2019,
que justamente fue la que introdujo la modificación respecto a la
responsabilidad de pago de la sanción moratoria no solo en cabeza del
FOMAG, sino de las entidades territoriales. En tal decisión no hubo análisis
sobre esa norma, en tanto que la Ley 1955 de 2019 se promulgó con
posterioridad a la fecha en que se profirió la sentencia de unificación
mencionada.
Tampoco se configura un desconocimiento del precedente contenido en las
sentencias de 8 de julio de 2021, radicado Nro. 05001-23-33-000-2016-01673
01(1606-19) y de 12 de septiembre de 2022 radicado Nro. 66001-23 33-000-
2017-00072-01, proferidas por las Subsecciones de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
La razón obedece a que los casos allí resueltos versaron sobre situaciones
fácticas previas a la expedición de la Ley 1955 de 2019 y, por ende, no
contienen pronunciamiento alguno sobre dicha norma. Así, en la primera de
estas providencias se resolvió un asunto en el que la solicitud de
reconocimiento de las cesantías ocurrió en el año 2013 y el pago se generó
en el 2015. Asimismo, en la sentencia de 12 de septiembre de 2022 se estudió
el caso de un docente que presentó la solicitud de reconocimiento de las
cesantías en el año 2011, cuyo pago se efectuó en el 2013.
En consecuencia, si bien las sentencias aludidas por la parte actora hacen
referencia a la sanción moratoria de docentes oficiales por el reconocimiento
y pago tardío de las cesantías, lo cierto es que en esos asuntos no se
emplearon las reglas introducidas por la Ley 1955 de 2019, debido a que esta
última no era aplicable en esos asuntos por tratarse de hechos que sucedieron
mucho antes de la expedición de esa norma. Por lo tanto, el motivo por el que
en esas providencias se estableció que el único responsable del pago de la
sanción es el FOMAG es porque en esos casos no era aplicable la Ley 1955
de 2019, dada la fecha en que ocurrieron los hechos. De ahí que se empleó la
normativa bajo la cual el responsable exclusivo del pago de la sanción
moratoria era el FOMAG.
Con relación a la sentencia de 6 de marzo de 2024, radicado Nro. 47001-23-
33-000-2021-00216-01, en la que sí se hizo análisis sobre la Ley 1955 de 2019,
se encuentra que la razón por la cual en esta se concluyó que la obligación de
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pago recaía exclusivamente en el FOMAG fue porque no se encontró prueba
del incumplimiento en cabeza de la entidad territorial. Así lo expresó la Sección
Segunda, Subsección A: «Al no probarse la falta de diligencia del departamento en la
gestión que debía asumir según su competencia, la sanción debe ser impuesta en su totalidad
con cargo a la Nación, Ministerio de Educación Nacional».
Con fundamento en lo expuesto, aunque las decisiones alegadas por la parte
actora fueron proferidas con posterioridad a la Ley 1955 de 2019, lo cierto es
que no comparten identidad fáctica con el caso de la accionante. Las primeras
tratan sobre hechos ocurridos antes de la vigencia de la Ley 1955 de 2019,
por lo que en esas no se hizo pronunciamiento sobre tal norma y los cambios
que introdujo en materia de pago de la sanción moratoria. Y la última de las
sentencias mencionadas, aunque sí estudia dicha ley por tratarse de hechos
ocurridos bajo su vigencia, tampoco es aplicable en el caso, debido a que la
razón por la que se condenó exclusivamente al FOMAG frente al pago de la
sanción moratoria obedeció a que no se acreditó incumplimiento de las
obligaciones en cabeza de la entidad territorial.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que el caso no se configura el defecto
por desconocimiento del precedente alegado por la parte actora. Por lo tanto, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada proferida el 31 de enero de 2025 por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
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