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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00201-00

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-00201-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por parte del ICBF teniendo en cuenta lo expuesto en esta sentencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional promovido por la señora Amparo Saavedra Goyeneche, en atención a lo señalado en esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-00201-00

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

24 de marzo de 2022

Demandante: Amparo Saavedra Goyeneche
Demandados: Tribunal Administrativo de Boyacá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-00201-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-00201-00
Demandante: AMPARO SAAVEDRA GOYENECHE
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ Y OTRO

Tema: Inexistencia del defecto invocado.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela ejercida por la
señora Amparo Saavedra Goyeneche, en nombre propio, contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Sogamoso.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. El 12 de enero de 2022, la señora Amparo Saavedra Goyeneche, en nombre
propio, ejerció acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Sogamoso y el Tribunal Administrativo de Boyacá, con el fin de
obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo,
a “una vida digna y a la imparcialidad en el juicio y contradicción”.

2. En sentir de la parte accionante, la trasgresión de las citadas garantías
constitucionales se presentó en las sentencias dictadas por las referidas
autoridades judiciales el 23 de febrero de 2021 y el 14 de julio de 2021. En esta
última se revocó la decisión de haber denegado las pretensiones de la demanda,
para en su lugar, declarar la caducidad del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho No. 15759-33-33-002-2019-00005-00/1.

1.2. Pretensión

3. A título de amparo constitucional, la parte actora no señaló un acápite propio
donde se evidencie una petición, pero de la lectura de su escrito se extrae que

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pretende dejar sin efecto las mentadas providencias y se dicte decisión de
reemplazo en el que se acceda a sus solicitudes ordinarias.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia1:

4. La señora Amparo Saavedra Goyeneche laboró para el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar (en adelante ICBF) – Centro Zonal Sogamoso desde octubre
de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2016 como Profesional Universitario Grado 07
y, el cargo desempeñado era como Trabajadora Social.

5. La actora adujo que para el año 2015, la señora Luz Fabiola Velandia
Sepúlveda, quien se desempeñaba como coordinadora del Centro Zonal de
Sogamoso, inició en su contra una serie de hostigamientos, que fueron la causa
para que solicitara su comparecencia al Comité de Convivencia Laboral del ICBF,
en el cual se llegó a la conclusión que, en efecto, los argumentos de la tutelante
tenían fundamento y, por tal razón, la mencionada funcionaria debía dar
cumplimiento a lo pactado, que era, entre otras cosas, el cambio de sus funciones,
de oficina y de elementos de trabajo, así como el ofrecimiento de disculpas frente a
todo el centro zonal por las aseveraciones que había hecho en su contra.

6. Señaló la accionante que, a pesar de lo anterior, la señora Velandia
Sepúlveda reincidió en la persecución a la demandante, enviándole memorandos y
señalando que era un “elemento que le generaba mal clima laboral frente a sus
compañeros y público en general, enviándole nuevamente otro memorando”, sin
corroborar que había cumplido lo solicitado. Además, que la misma funcionaria, el
3 de marzo de 2016 envió otro memorando con traslado al director Regional del
ICBF, quien pidió las explicaciones del caso, y dicha funcionaria requirió a la
demandante para que explicara las razones por las cuales no se ofrecía un servicio
de calidad en relación con la información y orientación al usuario. En respuesta a
este, la actora manifestó que para esa fecha no se encontraba laborando.

7. Que, “al darse cuenta de su error”, la señora Luz Fabiola Velandia decidió
renunciar a su cargo. No obstante, en días posteriores, los señores Jean Marcel
Cabrera (coordinador Administrativo de la Regional Boyacá) y Junior Adrián Franco
(director Regional Boyacá) decidieron realizar otra reunión para respaldar a dicha
funcionaria en la coordinación, sin permitir que se aclararan los hechos frente a los
llamados de atención.

8. En virtud de esta situación, la actora, en compañía de Rosa Dalia Guío,
decidió elaborar una bitácora y una planilla para que los usuarios calificaran los

1 Los cuales se construyen a partir del escrito de tutela y de la sentencia de segunda instancia del

medio de control aquí controvertida.

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servicios como profesional “y a la vez se les hiciera un seguimiento a las historias
de los usuarios las cuales curiosamente antes de esta situación se extraviaban”.

9. Manifestó que, en repetidas oportunidades, solicitó al director regional, se
aclararan los últimos hechos del llamado de atención, toda vez que esto quedaría
en el Sistema de Información Misional (SIM) del ICBF como una queja no resuelta,
lo cual acarrearía situaciones disciplinarias, sin embargo, nunca se obtuvo
respuesta y se dio por terminado el contrato en diciembre de 2016. Lo anterior, por
cuanto, conforme a la Resolución No. 11182 de 2015, último acto administrativo
laboral, si una vez concluido el término de vinculación, el nombramiento no era
prorrogado, quien lo ocupara, quedaba retirado del servicio automáticamente, como
en efecto ocurrió, pues la demandante se desvinculó a partir del 1 de enero de 2017.

10. Inconforme con ello, decide interponer demanda de reparación directa cuyo
proceso se identificó con el No. 15759-33-33-002-2019-00005-00/1, y en sentencia
de 23 de febrero de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Sogamoso resolvió negar lo pretendido ante la inexistencia del lucro cesante y
del daño emergente.

11. Ante este escenario presentó recurso de apelación, el cual fue desatado por
el Tribunal Administrativo de Boyacá que, en sentencia de 14 de julio de 2021, en
virtud del artículo 328 del Código General del Proceso2 y de una providencia del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A de 23 de febrero de 2017 (no
precisó el radicado), expuso que si bien el superior no puede pronunciarse sobre
aspectos que no fueron objeto del recurso de alzada, existe excepción frente a las
decisiones que deba adoptar de oficio, por lo que resolvió declarar la caducidad del
medio de control procedente.

12. Para arribar a esta conclusión, expuso que adecuaba la reparación directa a
un trámite de nulidad y restablecimiento del derecho puesto que el daño que se
reclamaba no devenía de un hecho, omisión u operación administrativa, sino de un
acto administrativo, teniendo en cuenta que, en aquella oportunidad se debatía el
retiro del servicio de la señora Amparo Saavedra Goyeneche, el cual según se
indicó, devino del acoso laboral que padeció. Por tanto, encontró que todo se
derivaba de la inconformidad frente al acto administrativo de retiro y la presunta
configuración del cargo de nulidad de desviación de poder.

13. En ese orden, al adecuar el medio de control al de nulidad y restablecimiento
del derecho, encontró que el término de caducidad de cuatro meses estuvo vencido,
toda vez que el retiro efectivo de la demandante ocurrió el 1 de enero de 2017 y la
demanda fue presentada hasta el 14 de diciembre de 2018.

2 “Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. (…)”

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1.4. Sustento de la vulneración

14. Defecto fáctico: La parte actora presentó reproches con relación a las
sentencias dictadas en ambas instancias para lo cual precisó que estas “omitieron,
desestimaron minimizaron y/o hicieron análisis erróneos [las] pruebas contundentes
que daban como resultado la demostración que la génesis u origen de la
desvinculación se dio fue por el acoso laboral”.

15. Tratándose de lo ocurrido en la segunda instancia, expuso que aquella
providencia desconoció que, para el mes de mayo de 2017, aún después de
encontrarse retirada del servicio, el Comité de Convivencia Laboral continuaba
llevando a cabo reuniones “como si aun estuviera laborando”, lo que a su juicio
permitía superar el término de la caducidad del medio de control pues “5 meses
después [de la terminación del contrato] se estaban presentando hechos nuevos”.

1.5. Actuaciones procesales relevantes

1.5.1. Trámite de admisión

16. Mediante auto de 19 de enero de 2022, el magistrado ponente resolvió
inadmitir la acción de tutela por cuanto del escrito inicial de tutela no se evidenciaba:
i) claridad en los fundamentos fácticos que dan lugar a la interposición de la acción
de tutela, ii) la identificación del proceso que pretende controvertir en esta sede, iii)
la fecha de las providencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas, y
iv) la señalización de los defectos que considera configurados con ocasión de las
sentencias aquí cuestionadas, así como los derechos fundamentales vulnerados.

17. No obstante, dicha situación fue subsanada el 24 de enero de 2022 y con
proveído de 2 de febrero se resolvió admitir la acción de tutela, ordenándose
notificar en calidad de demandadas al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Sogamoso y al Tribunal Administrativo de Boyacá, y como tercero con interés al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF – Regional Boyacá.

18. Posteriormente, en decisión de 24 de febrero, luego de revisar la sentencia
de segunda instancia del proceso ordinario, se evidenció que aquél medio de control
fue interpuesto por la aquí demandante, así como por las señoras Andrea Valentina
Agudelo Saavedra y Alcira Saavedra Goyeneche, hija y hermana de la accionante
respectivamente, y que, además, tuvo la intervención del procurador 43 Delegado
ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, debiéndose vincularles en calidad de
terceros con interés.

19. En esa misma providencia se dispuso a ordenar: i) al ICBF, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso y al Tribunal
Administrativo de Boyacá, que comunicaran la existencia de esta acción de tutela a
la persona que ocupa el cargo de la actora, así como a los terceros e intervinientes

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en el medio de control enjuiciado; ii) a la Secretaría General del Consejo de Estado
que requiriera, por segunda vez, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Sogamoso para que envara el expediente ordinario.

1.5.2. Intervenciones

20. Remitidos los oficios del caso, por correo electrónico, se recibieron, las
siguientes:

1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Boyacá

21. La magistrada ponente de la decisión censurada se opuso a la prosperidad
de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la acción de tutela es
improcedente, pues la demandante pretende constituir una instancia adicional del
proceso ordinario.

22. En cuanto al fondo del asunto, indicó que el hecho que originó la demanda,
provino de un acto administrativo de retiro, el cual presuntamente adoleció de
nulidad por la causal de desviación de poder; en ese sentido sostuvo que la
Resolución No. 11182 de 2016, por la cual se realizó un nombramiento en el cargo
que venía desempeñando la tutelante y no se continuó con su vinculación, produjo
sus efectos desde el 31 de diciembre de 2016, en consecuencia, el acto debió
estudiarse por la administración de justicia hasta el 2 de mayo de 2017 (4 meses),
con el fin de no configurarse la caducidad del medio de control.

23. Sin embargo, expuso que como la demanda se presentó el 14 de diciembre
de 2018, se concluyó que fue presentada fuera de la oportunidad consagrada por el
legislador en la Ley 1437 de 2011.

24. Adicional a ello, adujo que, dado que no se encontró superado el requisito de
procedibilidad del ejercicio oportuno del medio de control, aquella sala de decisión
resolvió declarar la configuración de la caducidad, en consecuencia, al no cumplirle
con dicho presupuesto para acudir a la administración de justicia, no se continuó
con el análisis probatorio.

25. Resaltó que, en todo caso, la anterior decisión no se discute en la presente
acción de tutela, sino que al contrario, la tutelante debate el material probatorio que
se practicó en primera instancia, pero no ejerció algún cuestionamiento sobre la
configuración de la caducidad, lo que a su juicio permite inferir que el mecanismo
constitucional está siendo utilizado como una tercera instancia, inexistente en el
ordenamiento jurídico, en razón que utiliza argumentos nuevos que no fueron
contenidos en la sentencia de segunda instancia del 14 de julio de 2021.

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1.5.2.2. ICBF

26. Como primera medida solicitó la declaratoria de falta de legitimación en la
causa por pasiva para esa entidad por cuanto los reproches de la tutela no versan
sobre acción u omisión de esta sino de las autoridades judiciales accionadas.

27. Pese a ello, expuso que con el escrito de la actora no se evidencia una carga
mínima argumentativa y los reparos hechos son someramente una repetición de lo
plasmado en el recurso de apelación del medio de control, lo que torna la acción de
tutela improcedente.

28. Consideró que no se configuran los requisitos especiales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

1.5.2.3. Andrea Valentina Agudelo Saavedra

29. Precisó que la no contratación de su madre hizo que retardara la terminación
de su carrera universitaria por cuanto en varias ocasiones no le fueron otorgados
los créditos educativos ni tuvo posibilidad de recaudar el dinero para pagar
oportunamente el semestre, ocasionándole un perjuicio.

1.5.2.4. El Juzgado Segundo Administrativo de Sogamoso, el procurador
43 Delegado ante el Tribunal Administrativo de Boyacá y la señora Alcira
Saavedra Goyeneche, así como a la persona que ocupa el cargo de la actora, pese
a habérseles notificado en debida forma, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

30. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela ejercida por la
señora Amparo Saavedra Goyeneche contra el Tribunal Administrativo de Boyacá
y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el
artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 20193 de la Sala Plena
de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

31. La parte actora cuestionó tanto la sentencia de 23 de febrero de 2021 del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso, como aquella
del 14 de julio de 2021 del Tribunal Administrativo de Boyacá.

3 Reglamento interno de la Corporación.

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32. En todo caso, así hubiese reparos contra la decisión de primer grado, el
análisis se hace respecto de la providencia que puso fin al proceso ordinario.

2.3. Legitimación en la causa

33. El inciso 1 del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene toda
persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos resulten
amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y sumario.

34. En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 19914, en los artículos 1, 10, 46 y
49, precisa que el mecanismo de amparo puede ser presentado por cualquier
persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea i) por sí
misma; ii) a través de representante; iii) apoderado; o iv) por medio de la agencia
oficiosa, cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de
promover su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores
del pueblo y los personeros municipales5.

35. Con fundamento en el marco conceptual expuesto6, la Sala advierte que la
señora Amparo Saavedra Goyeneche, es la titular de los derechos fundamentales
que reclama, en razón a que es la parte demandante dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho en el que se cuestiona la providencia aquí enjuiciada.

36. En consecuencia, la entidad accionante goza de legitimación en la causa por
activa, presupuesto procesal que al superarse permite el estudio sobre los requisitos
de procedibilidad y la supuesta vulneración de los derechos invocados.

37. Asimismo, la demanda se dirigió contra el Tribunal Administrativo de Boyacá,
entidad que profirió la providencia objeto de censura, razón por la cual, se encuentra
legitimada por pasiva.

38. Finalmente, con relación a la solicitud de desvinculación del ICBF por carecer
de legitimación en la causa por pasiva, esta será denegada en atención que su
calidad en este trámite constitucional es de tercero con interés.

2.4. Problemas jurídicos

39. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, el
defecto formulado, el material probatorio recaudado y los informes presentados, los
problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

4 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
5 Corte Constitucional, Sentencia T-793 de 2007.
6 Cabe destacar que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

ha venido aplicando la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, estudiando en las acciones
de tutela la legitimación en la causa por activa y por pasiva. Al respecto, véase, entre otras, sentencia
de 10.02.22. M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00332-00.

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• ¿Se superan en el caso bajo estudio los requisitos de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
40. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

• El Tribunal Administrativo de Boyacá, ¿vulneró los derechos invocados,
por presuntamente incurrir en el defecto fáctico, al proferir la sentencia
del 14 julio de 2021, mediante la cual modificó la emanada del Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sogamoso, para lo cual
adecuó el medio de control de reparación directa a uno de nulidad y
restablecimiento del derecho y con ello declaró su caducidad?
41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencia judicial; ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad
adjetiva y de superarse lo anterior; iii) nociones del defecto invocado y; iv) el análisis
del caso concreto.

2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20127. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema8. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales9.

43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201410. En esta sentencia se

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de

2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.

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establecieron seis requisitos adjetivos de procedencia11 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial12.

44. Es importante resaltar que esta Sección, en aras de una metodología más
clara para las personas que acceden a la administración de justicia vía amparo
constitucional, determinó que los requisitos generales de procedencia cuarto y
quinto de la sentencia de unificación del 2014 serán estudiados de manera conjunta
con los requisitos especiales.

45. Por tanto, de manera reiterada se han analizado los siguientes requisitos
generales de procedencia i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela
contra tutela; iii) inmediatez y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los
requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no
observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara improcedente
la acción de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

46. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura
uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial. Justamente en este estudio la Sección analizará
la carga argumental alegada por la parte actora. A su vez, cuando se invoca el
defecto procedimental absoluto se estudiará que la irregularidad procesal tenga un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna.

11 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014

son: i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable;
iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
12 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el

funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento
del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa
de la Constitución.

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47. En este mismo sentido, la sala ha establecido que, para la prosperidad o
negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

48. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.6. Estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.6.1. Relevancia constitucional

49. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado
por cuanto en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia del 14 de julio de 2021 comoquiera que, a su juicio, incurrió en el defecto
fáctico. Por tanto, considera que su proceso debía mantener la naturaleza jurídica
de reparación directa y, con ello, entender que no se había configurado la caducidad
del medio de control.

50. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues
en efecto, la parte actora considera vulnerados sus derechos al debido proceso, al
trabajo, a “una vida digna y a la imparcialidad en el juicio y contradicción”.

51. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste la presunta violación
o amenaza a unos derechos fundamentales, pilares del sistema judicial, como lo
son los invocados en la presente acción de amparo.

52. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas.

2.6.2. Tutela contra sentencia de tutela

53. La Sala observa que no existe reparo alguno en relación con este juicio de
procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de la misma
naturaleza, pues la providencia judicial demandada fue proferida en el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió la señora
Amparo Saavedra Goyeneche y otros contra el ICBF.

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2.6.3. Inmediatez

54. En relación con el acatamiento del requisito de inmediatez, no se advierte
ningún reproche, toda vez que la parte actora considera vulnerados sus derechos
fundamentales debido proceso, al trabajo, a “una vida digna y a la imparcialidad en
el juicio y contradicción”, con ocasión de la sentencia de 14 de julio de 2021,
notificada por correo electrónico el 19 siguiente y cuya ejecutoria se dio el 27 de
aquel mes y año, proferida al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. En consecuencia, la Sala considera que la acción de tutela contra
providencia judicial radicada el 12 de enero de 2022, se presentó dentro de un
término razonable.

55. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200514, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial, y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir
y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con
ocasión de providencias judiciales.

2.6.4. Subsidiariedad

56. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial para
obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora considera
vulnerados, la Sala precisa que la sentencia censurada resolvió el recurso de
apelación que era el único que procedía contra el fallo de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.

57. Asimismo, frente a los argumentos de la accionante, se advierte que no es
procedente, por un lado, el recurso extraordinario de revisión, pues los motivos que
lo sustentan no encuadran en los requisitos y causales establecidos en la ley, y por
otro, el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, en la medida que en
la situación bajo estudio no se cumplen los presupuestos previstos en los artículos
258 y 270 de la Ley 1437 de 2011.

58. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
máxime si se tiene que todos los argumentos planteados en esta sede constitucional

13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 5 de agosto de

2014, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión,
se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

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también fueron puestos de presente en el trámite ordinario, motivo por el cual se
pasará, en un primer momento, a realizar una explicación general del defecto
invocado, y posteriormente, el estudio del caso concreto.

2.7. Nociones del defecto invocado

2.7.1. Defecto fáctico

59. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201515, precisó los alcances
y requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión.

60. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar
o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos alegados
por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas aportadas; y iv)
dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con violación del debido
proceso, los cuales tienen las siguientes características:

Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos
que alega, solicitó al juez el decreto de una prueba
relevante para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que
no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
Omisión de decreto posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
y práctica de procederá cuando se rechace el decreto y práctica de
pruebas la prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con
indispensables para los parámetros arriba señalados.
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:

a) Identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Exponga las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la
decisión hubiere sido otro.
Desconocimiento Se presenta cuando, obrando los elementos de
del acervo convicción en el expediente, y estos resultan
probatorio decisivos frente a los hechos que se pretenden

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta Sentencia del
12.11.15., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.

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Evento Características
determinante para probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
identificar la ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
veracidad de los específica, se concrete en el escrito de amparo, cuales
hechos alegados pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
por las partes desconocidas por el juez.

Así las cosas, se configura siempre que el interesado:

a) Identifique los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Señale las razones por las cuales eran relevantes
para la decisión
d) Precise, razonadamente, la incidencia de estos
para variar el sentido del fallo.

Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador
resulta manifiestamente equivocada o arbitraria, y
por ello, el peso otorgado a la prueba se entiende
alterado.

Se requiere entonces que la parte:

a) Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto
de indebida valoración por el juez
b) Identifique la razón del por qué, en cada caso en
Valoración particular, la consideración del operador judicial se
irracional o aleja de las reglas de la lógica, la experiencia y la
arbitraria de las sana crítica.
pruebas aportadas
El segundo de los elementos señalados resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, en ninguna manera
puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo
contrario, implicaría una sustitución arbitraria
del juez natural.

c) Refiera la incidencia de la prueba en el fallo
atacado

Dictar sentencia Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia
con fundamento decide el asunto con base en pruebas que no
en pruebas observaron los requisitos legales para su producción o
obtenidas con introducción al proceso. Así las cosas, el juez no ignora
violación del la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra
debido proceso al haberla tenido en cuenta para decidir el problema

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Evento Características
jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba que
desconoce el debido proceso de las partes.

Para su configuración corresponde:

a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29
constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción
fueron el sustento de la decisión.

61. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

62. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable
para lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra
una providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Constitución Política.

63. Asimismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera confusión.

2.8. Caso concreto

64. La parte actora presentó reproches con relación a las sentencias dictadas en
ambas instancias para lo cual precisó que estas “omitieron, desestimaron
minimizaron y/o hicieron análisis erróneos [las] pruebas contundentes que daban
como resultado la demostración que la génesis u origen de la desvinculación se dio
fue por el acoso laboral”.

65. Al respecto, la Sala ve la necesidad de clarificarle a la accionante que la
mención citada previamente resulta excluyente entre sí puesto que no será posible
alegar una omisión al tiempo que una indebida valoración respecto de una misma
prueba, pues es desacertado y contradictorio.

66. En ese orden, de la lectura del escrito constitucional se extrae que en realidad
se trata de una omisión probatoria por lo que esta Sección la analizará desde esta
óptica.

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67. Tratándose de lo ocurrido en la segunda instancia, expuso que aquella
providencia desconoció que, para el mes de mayo de 2017, aún después de
encontrarse retirada del servicio, el Comité de Convivencia Laboral continuaba
llevando a cabo reuniones “como si aun estuviera laborando”, lo que a su juicio
permitía superar el término de la caducidad del medio de control pues “5 meses
después [de la terminación del contrato] se estaban presentando hechos nuevos”.

68. Sobre el particular, la Sala establece que la misma no resulta pertinente ni
conducente para desvirtuar el estudio hecho por parte de la autoridad accionada en
relación con el término de caducidad y su declaratoria en su caso concreto como
pasa a explicarse.

69. En efecto, los mentados documentos aluden a actas adelantadas por el
Comité de Convivencia Laboral y mencionan a la señora Saavedra Goyeneche. Sin
embargo, es que en nada tiene incidencia para alterar la decisión adoptada por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, pues lo que la autoridad indicó es que, al revisar
lo pretendido por la actora, esta buscó revertir el acto tácito de desvinculación, el
cual se generó a partir de la no renovación de la demandante en su cargo. En
concreto adujo:

La demanda pretende se declare responsable al ICBF por los hechos, acciones y
omisiones que le causaron daño a la señora Amparo Saavedra Goyeneche, con ocasión
del retiro del servicio, pues no le fue renovada su “contratación”. Esta, sostuvo, que tal
situación devino del acoso laboral del que era víctima por parte de Luz Fabiola Velandia
Sepúlveda, Coordinadora del Centro Zonal de Sogamoso que pertenecía al ICBF.

70. Seguido a ello, indicó que, mediante la Resolución 11182 de 3 de diciembre
de 2015, se prorrogó el vínculo laboral de la demandante hasta el 31 de diciembre
de 2016, y además extrajo el siguiente apartado:

ARTÍCULO SÉPTIMO: Dispóngase que si una vez concluido el término de vinculación
que establecen los artículo 1, 2, 3 y 4 de la presente resolución, el nombramiento no es
prorrogado, quien lo ocupe quedará retirado del servicio automáticamente, por lo que
es deber de los servidores allí relacionados, entregar a la Coordinación Administrativa
o de Gestión Humana de la Regional, el Formato de Bienes y Rentas debidamente
diligenciado, y el carné que acredita su vinculación al Instituto, además de efectuar el
traslado y/o reintegro de los bienes a su cargo, cumpliendo con las demás obligaciones
que con ocasión de la terminación de la vinculación se generen.

71. Con todo esto, mencionó que la actora, desde aquel momento, tenía claro
que, ante la ausencia de prórroga de ese acto, quedaría retirada del servicio, lo cual
ocurrió a partir del 1 de enero de 2017 como consecuencia de la falta de
nombramiento en la planta transitoria del personal. Por ello, indicó que si bien, al
finalizar la prórroga de nombramiento no se le comunicó a la demandante sobre su
retiro del servicio, (día después a la finalización de dicha prórroga) “fue expedido un
acto administrativo tácito por el cual se adoptó la decisión de no volverla a vincular
al servicio, pues, se reitera, desde la Resolución No. 11182 de 2015, se anunció
sobre la posibilidad de que no fuera renovado su vínculo”.

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72. Clarificado este escenario, acotó que si la demandante consideraba que su
retiro o, mejor, la omisión en la prórroga del nombramiento, se produjo por
situaciones de acoso laboral, lo procedente era que acudiera a través de medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y alegara la causal de nulidad de
desviación de poder por la persecución que supuestamente sufrió, pues, su
inconformidad estribaba en que no le fue prorrogado su vínculo con el ICBF, pero
por razones diferentes a la voluntad misma de la entidad, esto es, por conflictos de
índole personal con Luz Fabiola Velandia Sepúlveda.
73. En ese sentido precisó que, comoquiera que la fuente primigenia del daño
fue la decisión de no prórroga su vinculación y no el acoso laboral (en sí mismo
considerado), pues, en la demanda ordinaria hizo alusión a que la desvinculación
obedeció a aquel (el acoso laboral), ya que sus compañeros sí fueron vinculados y
ella no; esto, en realidad, bajo la interpretación de la accionada, es un cargo de
nulidad bajo la causal de desviación de poder.

74. Para fortalecer lo expuesto trajo a colación sentencias del Consejo de Estado
de las Secciones Segunda y Tercera en la que se han referido a la procedibilidad e
idoneidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
tratándose de asuntos de acoso laboral. Por ello, dado que el asunto debatido
versaba sobre la decisión de retiro de la accionante con ocasión del acoso laboral y
no de un tema en el que se concretara exclusivamente la reparación por este
suceso, la autoridad aquí demandada extrajo que la causal de nulidad de desviación
de poder era procedente, pues si bien no se pretendió en este escenario su
reintegro, nada impedía que el medio de control referido solicitara el pago de los
perjuicios causados.

75. De esta manera fue clara en señalar que para aquel proceso debía realizarse
el conteo de la caducidad, conforme a lo referido en el artículo 164 CPACA16 a partir
del 1 de enero de 2017, lo cual venció el 2 de mayo de 2017. Por tanto, dado que
la solicitud de conciliación extrajudicial (17 de octubre de 2018) como la demanda
(14 de diciembre de 2018), fueron presentadas extemporáneamente. Y si bien
precisó que el juez a quo debió adecuar el medio de control de reparación directa al
de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos del artículo 171 del
CPACA17, lo cierto es que, en todo caso, estaría caducado, pues, la demandante
tenía conocimiento de su retiro desde el 1 de enero de 2017.

76. Así, la prueba que pretende alegar como desatendida no tiene incidencia
para variar la situación fáctica aquí plasmada pues finalmente en aquellas actas del
Comité de Conciliación únicamente se refirieron a las actuaciones administrativas

16 ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser

presentada: d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las
excepciones establecidas en otras disposiciones legales.
17 ARTÍCULO 171. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El juez admitirá la demanda que reúna los

requisitos legales y le dará el trámite que le corresponda aunque el demandante haya indicado una
vía procesal inadecuada, mediante auto en el que dispondrá:

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tendientes a que rindiera su declaración con ocasión a la presunta situación de
acoso laboral en la que se vio inmersa, lo que en todo caso no repercute en la
finalización tácita de su contrato.

77. Lo anterior por cuanto como bien lo adujo la autoridad accionada, el vínculo
laboral feneció el 31 de diciembre de 2016 ante la ausencia de prórroga en los
términos de la Resolución 11182 de 2015, motivo por el cual entre el 1 de enero de
2017 y el 2 de mayo de aquella anualidad tuvo la oportunidad para iniciar el trámite
de demanda correspondiente sin que esto ocurriera, pues como lo expuso la
demandada, no podía tratarse de un medio de control de reparación directa teniendo
en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado donde se ha mencionado que el
mecanismo idóneo es la nulidad y restablecimiento del derecho.

78. Con todo este panorama, esta Magistratura concluye que no se configuró el
defecto alegado porque la prueba que alegó la demandante como desatendida, en
realidad lo que permitiría reforzar es la idea del presunto acoso laboral y no del
término de caducidad, situación que puso fin al proceso ordinario. Por lo tanto, se
concluye que no existe afectación de las garantías constitucionales invocadas por
la parte actora, razón por la cual, más allá de configurarse el yerro planteado, lo que
se advierte es una inconformidad de su parte con el fallo adverso a sus
pretensiones.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
3. FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación por parte del ICBF teniendo en
cuenta lo expuesto en esta sentencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo constitucional promovido por la señora
Amparo Saavedra Goyeneche, en atención a lo señalado en esta providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, enviar el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con lo
establecido por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

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LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012”.

18
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